Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 68.928
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada de fecha 23/3/2022, que hizo lugar a la demanda de autos, condenó a la demandada a pagar las sumas indicadas en los apartados III) y IV) y le impuso las costas del juicio por haber resultado vencida (art.68 del Cód. Proc.).
2Imponer las costas de alzada a la demandada, que ha resultado vencida en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.), más allá de que en este pronunciamiento se haya dejado en claro la aplicación al caso del Código Civil y Comercial de la Nación, tarea que, en rigor, sólo ha importado el cumplimiento del deber de “calificación jurídica” establecido en los arts.163 inciso 6 y 164 del C.P.C.C.
3Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal pertinente (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Con fecha 27 de Octubre de 2022, la Cámara Civil y Comercial (Sala II) de Azul, en la causa n°68928, Capitanich Construcciones SA c/ Ges Argentina SA y otros s/ Cobro Sumario Sumas Dinero”, confirmó la sentencia apelada que condenó a la demandada a pagarle a la actora los importes de las facturas reclamadas por trabajos de construcción, las cuales fueron recepcionadas y aceptadas por la empresa accionada, quien registró esas facturas en su libro de IVA compras (Libro de IVA Digital), sin haber efectuado ninguna rectificación a la información disponible del sistema de la AFIP, y tomó el correspondiente crédito fiscal a los fines de la liquidación del impuesto al valor agregado.
Causa nº: 2-68928-2022 "CAPITANICH CONSTRUCCIONES SA C/ GES ARGENTINA SA Y OTROS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los veintisiete días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintidós, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Sr. Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “Capitanich Construcciones SA c/ Ges Argentina SA y otros s/ Cobro Sumario Sumas Dinero” (causa n°68.928), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dres. Peralta Reyes y Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 23/3/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Capitanich Construcciones S.A. promovió demanda de cobro ordinario contra Ges Argentina S.A., a quien le reclama la suma de u$s 149.383, con más sus intereses compensatorios y moratorios -conforme los arts.767 y 768 del CCCN- y costas del juicio. Sostuvo la actora en su demanda, que fue contratada por la sociedad accionada para realizar distintos trabajos en la obra denominada “Construcción de la Subestación y Trabajos complementarios del Parque Eólico Los Teros”. Y prosiguió señalando la actora que, habiendo finalizado la obra y otorgado la accionada la recepción provisoria de total conformidad, se vio en la necesidad de cursar una carta documento intimando el pago de las facturas número A 00005- 00000213 y número A 00005-00000216, que se hallaban vencidas desde los días 19/5/2020 y 8/6/2020. Señaló la actora que “dicha misiva sólo fue respondida por mail, inventando incumplimientos de mi mandante para no proceder al pago -que arteramente coincidían con el monto reclamado-, luego de haber otorgado la recepción provisoria de total conformidad y haber utilizado el crédito fiscal de las facturas referidas” (ver escrito electrónico del 4/12/2020).
II. La aludida demanda fue contestada por Ges Argentina S.A., quien reconoció haber contratado a la firma actora para realizar distintos trabajos en la obra indicada en el párrafo precedente; pero en respaldo de su postura procesal destacó: “Capitanich Construcciones S.A. no cumplió con las obligaciones a su cargo respecto de las obras contratadas, dado que no ejecutó las mismas en la forma convenida, que ocasionó innumerables perjuicios a mi mandante, como se comprobará en la etapa procesal oportuna”. Negó adeudar a la actora las facturas reclamadas en el presente juicio, y señaló que no correspondía emitir las mismas, ya que “carecen de causa que las justifiquen” (lo destacado es propio). Prosiguió expresando la demandada, que cada vez que Capitanich Construcciones S.A. emitió una factura, las mismas fueron abonadas, salvo las que son objeto de reclamo en este proceso, que su parte no canceló “porque no se encuentra obligada a pagar los conceptos y sumas por prestaciones inexistentes conforme se desarrollará en el presente”. Seguidamente, negó haber respondido únicamente por mail la carta documento remitida por la actora, dado que antes de haberla recibido “ya había cuestionado el desempeño de la actora y por ello los conceptos expuestos, como se comprobará en la etapa probatoria”. Asimismo, negó haber inventado incumplimientos de la sociedad actora, remarcando que ésta incumplió con las obligaciones a su cargo; y dijo que dichos incumplimientos fueron reclamados por ella en la ejecución de la obra.
Admitió haber realizado la recepción provisoria de la obra, con las reservas señaladas en los mails que remitió, así como en la carta documento enviada al letrado de la accionante. Por ende, negó haber efectuado recepción de la obra de total conformidad, ya que formuló oportunamente los reclamos del caso. En un aspecto de la litis que merece destacarse, en atención a lo que emana de la prueba pericial contable producida en el proceso, en el escrito de responde se negó que “Ges Argentina S.A. haya computado a su favor el crédito fiscal de las facturas 00005-00000213 y/o 00005-00000216”. Abundando en consideraciones sobre el diferendo planteado entre las partes, adujo la demandada que: “Las diferencias respecto del cumplimiento por parte de Capitanich, a la luz de lo pactado en los Términos y Condiciones de las órdenes de compra, determinó que mi representada no abonara la factura de la actora de fecha 19.5.2020 nro. 00005-00000213 por el importe total de u$s 59.284,30, cuyo concepto es Certificado nro.20…Orden de compra 450000178202019”. Y continuó expresando que como ella no abonó dicha factura por los incumplimientos aludidos, la actora “dobló su apuesta y emitió una nueva factura con fecha 8.6.2020 por el importe de u$s 90.098,83 por el concepto ‘Diferencia por tipo de cambio’, concepto que nunca fue pactado por las partes” (ver escrito electrónico del 10/6/2021).
Habiendo contestado la accionante el traslado que se le corrió de la documental allegada por la contraria, se realizó la audiencia preliminar y se decretó la apertura a prueba de las actuaciones, proveyéndose los siguientes medios probatorios ofrecidos por las partes: por la parte actora, documental, pericial contable e informe a la AFIP; y por la parte demandada, solamente documental. Aquí es dable advertir que la prueba pericial contable fue ofrecida únicamente por la accionante Capitanich Construcciones S.A.
III. Presentada la pericia contable se cumplimentaron los demás pasos procesales de rigor, y se dictó la sentencia de la anterior instancia de fecha 23/3/2022, que ha llegado apelada a esta alzada por medio del recurso interpuesto por la parte demandada.
En este decisorio se hizo lugar a la demanda por cobro de pesos incoada por Capitanich Construcciones S.A. contra GES Argentina S.A., y se condenó a esta última a abonar la suma de u$s 149.383 -importe que surge de sumar las dos facturas impagas-, que podrá abonarse en la moneda de curso legal en este país, convirtiéndose al tipo de cambio vendedor (BNA), conforme a lo pactado en las facturas. Ello, dentro del plazo de diez días de quedar firme la sentencia, y bajo apercibimiento de iniciarse la correspondiente ejecución.
Asimismo, se resolvió en la sentencia en punto a la mora e intereses, que a las sumas debidas -estando expresadas en dólaresdeberán adicionarse intereses -en concepto de compensatorios y punitoriosa la tasa del 6% anual, desde el vencimiento de cada una de las facturas. Las costas del juicio se impusieron a la accionada vencida.
Los fundamentos dados en esta sentencia serán examinados en la parte medular de presente voto.
IV. La aludida sentencia fue apelada por la demandada GES Argentina S.A., quien expresó sus agravios por escrito del 14/6/2022. Entendió que en dicho pronunciamiento se incurrió en un yerro con respecto al derecho aplicable. Asimismo, consideró que las facturas son insuficientes para acreditar la existencia del crédito. También se expresó la apelante sobre la insuficiencia de la registración fiscal de las facturas para acreditar la existencia del crédito, y, más adelante, destacó la “falta de prueba de la remisión, entrega y recepción de las facturas”. Finalmente, aludió a la omisión de la juzgadora en valorar otras pruebas, y concluyó sosteniendo que la demanda debe ser rechazada, con costas.
Este escrito recursivo fue contestado por la parte actora con fecha 6/7/2022, tras lo cual se cumplimentaron los pasos procesales de rigor y se practicó el sorteo de ley, habiendo quedado las actuaciones en condiciones para el dictado del presente fallo.
V. En el pronunciamiento de la anterior instancia se delineó la cuestión litigiosa, y se señaló que Capitanich Construcciones S.A. solicitó se condene a Ges Argentina S.A. a abonarle la suma de u$s 149.383, con más intereses compensatorios y moratorios, en concepto de dos facturas (números A 00005-00000213 de fecha 19/5/2020 y A 00005-00000216 de fecha 8/6/2020), emitidas por distintos trabajos efectuados en la obra denominada “Construcción de la Subestación y Trabajos Complementarios del Parque Eólico Los Teros”. Y se sostuvo en esta sentencia que: “La accionada por su parte, desconoce la deuda reclamada, alegando que los trabajos en cuestión no fueron realizados”.
En la sentencia de grado se dijo que en el caso de autos no es de aplicación el Código Civil y Comercial de la Nación, pero esta afirmación es errónea porque la relación jurídica se constituyó durante la vigencia de dicho cuerpo legal, el cual deviene claramente aplicable al litigio motivante del presente proceso (art.7 del C.C.C.N.). De esta manera, doy respuesta favorable al primer planteo de la expresión de agravios de la demandada. Seguidamente, se analizó en dicha sentencia la prueba aportada a las actuaciones, recalándose en la pericia contable presentada con fecha 11/11/2021, que, como dije, fue ofrecida únicamente por la accionante (ver apartado II, último párrafo). Surge de esta pericia contable que ambas partes pusieron sus registros a disposición del experto, quien pudo compulsarlos y extraer las conclusiones que dejó claramente sentadas en su dictamen.
Así se tiene que la actora Capitanich Construcciones S.A. presentó sus libros IVA ventas e IVA compras por los períodos mayo y junio de 2020, así como las declaraciones juradas de IVA correspondientes a estos mismos meses, y la cuenta corriente de Ges Argentina S.A. (cliente n° 000104). Por su parte, la demandada Ges Argentina S.A. presentó sus libros de IVA compras y las declaraciones juradas de IVA por los períodos mayo y junio de 2020; así como también su libro diario digital de los años 2018 y 2019. Asimismo, la demandada acompañó variada documentación perteneciente a Bigues Energía Argentina S.A., a saber: Libro depósito de acciones registro de asambleas generales; Libro Diario n° 1; Libro de actas de asambleas generales n° 1; Libro Registro de acciones n° 1; Libro de actas de directorio n° 1; Libro Inventarios y balances n° 1 (ver parte introductoria de la pericia en examen).
Al abordar el único cuestionario propuesto por la parte actora - porque la demandada no ofreció este medio probatorio-, y con relación a los libros y documentación contable de la demandada, señaló el perito que: “En cuanto a su aspecto estrictamente formal, la empresa demandada, lleva sus Libros sociales y documentación contable en legal forma” (punto 1 del cuestionario). Ya incursionando en la temática central de este litigio, se le preguntó al perito que informe “si de la documentación contable de la actora surge la deuda reclamada en autos”, a lo cual respondió que: “En primer término, tenemos que decir que las facturas emitidas por Capitanich Construcciones S.A., tipo y números A 0005-00000213 de fecha 19 de mayo de 2020 y A 0005-00000216 de fecha 8 de junio de 2020, a Ges Argentina S.A. fueron realizadas en condición de venta ‘cuenta corriente’”.
Y prosiguió expresando el experto que: “Del resumen de cuenta corriente emitido por la empresa Capitanich Construcciones S.A. respecto del cliente Ges Argentina S.A. se constata que las facturas tipo y números A 0005-00000213 de fecha 19 de mayo de 2020 y A 005-00000216 de fecha 8 de junio de 2020, se encuentran impagas y que el resumen de cuenta corriente al día 29 de octubre de 2021, arroja un saldo deudor de $ 12.778.949,66” (punto 2 del cuestionario; lo destacado es propio). Habiendo dejado en claro que, en los registros contables de la sociedad accionante, aparecen como adeudadas las facturas reclamadas en este proceso (las cuales, a partir de ahora, denominaré con los números 213 y 216), se abocó el perito al análisis de la documentación contable de la demandada Ges Argentina S.A., que -como dije precedentementeacompañó sus libros de IVA compras por los períodos mayo y junio de 2020, las declaraciones juradas de IVA por los períodos mayo y junio de 2020, y el libro diario digital de los años 2018 y 2019 (punto 3 del cuestionario pericial contable).
Y de esta manera, sentó el experto una conclusión que ha resultado decisiva para la suerte del presente litigio, ya que se erige en el núcleo basal del pronunciamiento de la anterior instancia. Así señala la Jueza de grado, en alusión a los dichos del perito contador: “Por último, expone que conforme surge del análisis de los libros de IVA Compras de la demandada, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2020, se verifica que se ha tomado como crédito fiscal y declarados en las posiciones de impuesto al valor agregado las facturas emitidas por la actora, tipo y números A 005-00000213 de fecha 19 de mayo de 2020 por un importe total de $ 4.149.901,00 y A 005-00000216 de fecha 8 de junio de 2020 por un importe total de $ 6.351.967,52” (ver quinto párrafo del apartado III, punto 2, de la sentencia apelada; lo destacado en negrita corresponde al suscripto).
Luego de reproducir esta conclusión medular del dictamen pericial, en la sentencia apelada se le confirió pleno valor probatorio a este medio de prueba, señalándose que “la pericia contable no ha merecido objeciones de las partes (más allá de las explicaciones brindadas a la actora, que no varían el resultado arriba referido)”. Tras ello se citó doctrina de este Tribunal, según la cual, “si la pericia se ha llevado a cabo sin deficiencias procesales; cuenta con el debido fundamento científico; contiene conclusiones claras, firmes y lógicas; no existen otras pruebas que le resten eficacia, sus conclusiones son convincentes como consecuencia lógica de sus fundamentos; apreciados según las reglas de la sana crítica, no existe motivo para restarle valor probatorio” (esta Sala, causa n° 48.257, ”Arla”, sentencia del 6/10/2005, entre muchas otras; ver último párrafo del apartado III, punto 2, del pronunciamiento de primera instancia) (arts.384 y 474 del Cód. Proc.).
También se trató en la sentencia apelada otra temática que surge del planteo defensivo de la demandada, quien -al contestar la demanda- negó adeudar las facturas reclamadas en el presente juicio, y señaló que no correspondía emitir las mismas ya que “carecen de causa que las justifiquen”. En efecto, según la postura esgrimida por la accionada, “Capitanich Construcciones S.A. no cumplió con las obligaciones a su cargo respecto de las obras contratadas, dado que no ejecutó las mismas en la forma convenida, que ocasionó innumerables perjuicios a mi mandante, como se comprobará en la etapa procesal oportuna”. Pues bien, dando respuesta a estas aserciones que quedaron huérfanas de respaldo probatorio en el curso del proceso, aseveró la magistrada en la sentencia apelada: “3) Que cabe tener presente, que la accionada, pese a los desconocimientos efectuados en su escrito postulatorio, no ha ofrecido prueba alguna que tenga que ver con el incumplimiento de parte del actor, por ella alegado (art.375 del C.P.C.C.). 4) Que en consecuencia, y en base a la prueba producida por el actor, corresponde hacer lugar a la demanda, es decir, tener por acreditada la deuda aquí reclamada” (ver apartado III, puntos 3 y 4 de la sentencia de grado).
VI. 1. Sobre la base de las consideraciones efectuadas en el apartado anterior, se concluye que las facturas reclamadas por la parte actora (números 213 y 216), se encuentran registradas, en forma coincidente, en la documentación contable de ambos contendientes, lo que facilita la aplicación de las reglas sentadas en el art.330 del C.C.C.N., donde se aborda la eficacia probatoria de la contabilidad y de los estados contables.
Señala en su primer párrafo el citado artículo 330 del C.C.C.N.: “La contabilidad, obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio, como medio de prueba”. Y en su tercer párrafo dispone este mismo artículo: “La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en favor de quien la lleva, cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad, obligada o voluntaria, éste no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular”. En el presente caso, como ya lo señalé, ambos litigantes presentaron en el juicio sus registros contables, y en ambos aparecen registradas -en sentido coincidente- las facturas reclamadas por la actora -números 213 y 216-, siendo éste un elemento de singular valía para la dilucidación de la cuestión litigiosa. O sea que la contabilidad de la accionante se erige en un relevante medio de prueba de sus afirmaciones, porque sus contenidos son concordantes con los que emanan de los registros contables de la demandada; surgiendo tales conclusiones de la pericia contable que no ha merecido objeciones de ninguna índole (arts.375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.).
Y digo que la solución del presente caso resulta sencilla, en virtud de la plena coincidencia que se observa entre las registraciones contables de ambos litigantes, por lo que no se configura el supuesto de “asientos contrarios” previsto en el citado tercer párrafo del art.330 del C.C.C.N. Más aún, ni siquiera se presenta la hipótesis de “ausencia de asiento”, que este Tribunal ha abordado en un reciente pronunciamiento (esta Sala, causa n° 68.375, “Proveer Olavarría S.A.”, sentencia de 15/9/2022, con remisión a causa n° 63.275, “Radiodifusora Tandil S.R.L., sentencia del 28/2/2019).
2. Pues bien, la coincidencia de registraciones que vengo apuntando, está dada porque las facturas aquí reclamadas -números 213 y 216- se encuentran asentadas tanto en la documentación allegada por la actora (libros de IVA ventas y compras, declaraciones juradas de IVA y cuenta corriente de la contraria), como en la presentada por la parte demandada (libros de IVA compras, declaraciones juradas de IVA y libro diario digital). Ello surge, en forma inequívoca, del dictamen contable que se realizó con el debido fundamento científico y sin haber merecido cuestionamientos de ninguna naturaleza. Y tal como ya lo puse de relieve precedentemente, lo que resulta decisivo para sellar la suerte del presente litigio es que con los libros de IVA compras de la demandada, se verifica que Ges Argentina S.A. ha tomado como crédito fiscal y declarado en las posiciones del impuesto al valor agregado, las facturas emitidas por la actora números 213 y 214, por los respectivos montos de $ 4.149.901,00 y $ 6.351.967,52 (véase el sexto párrafo del anterior apartado V).
Este dato de por sí contundente, procura ser enervado por la demandada apelante, quien, en su escrito de expresión de agravios, vierte argumentos que de ningún modo pueden compartirse, porque no se adecuan a las normas impositivas que rigen en la especie. En efecto, en este escrito recursivo, la parte accionada comienza realizando diversas consideraciones acerca del sistema de cálculo del impuesto al valor agregado, y sobre la forma en que se determina la obligación de pago del contribuyente (que está dada por el saldo resultante del total del IVA ventas menos el IVA compras del período mensual). Seguidamente expresa la demandada: “Este sistema de cálculo que hasta no hace mucho era artesanal y se debía realizar comprobante por comprobante, hoy aparece en tiempo real en el perfil fiscal electrónico en web del contribuyente de que se trate.
Es decir que cualquier factura realizada por cualquier tercero al número de CUIT de GES ARGENTINA S.A. (v.gr) aparece on line en el sistema de la AFIP y ya registrada para ser incorporada en ese caso como IVA compras a los efectos de la rendición mensual ya explicada”. Pero luego de esta explicación se vislumbra el error conceptual de la apelante que -como dije- no se ajusta a las normas impositivas aplicables. En efecto, en esta parte de su relato pretende otorgarle al sistema de la AFIP -denominado Libro de IVA digital- una automaticidad que no es real, dado que el contribuyente se encuentra plenamente facultado para efectuar las rectificaciones que considere pertinentes, a los fines de que sus libros de IVA reflejen -con exactitud- las operaciones de compra y venta efectivamente realizadas.
Esto emana, con absoluta claridad, de las distintas disposiciones de la Resolución General AFIP n° 4597/2019, que en su artículo 1° establece “un régimen de registración electrónica de operaciones de venta, compra, cesiones, exportaciones e importaciones definitivas de bienes y servicios, locaciones y prestaciones, denominado ‘Libro de IVA Digital’, cuyos requisitos, plazos y condiciones se disponen por el presente título de esta resolución general”. En el art.2 de esta resolución se detallan los sujetos obligados y exceptuados de registrar electrónicamente sus operaciones a través del Libro de IVA digital, y en el art.4 se indican las operaciones comprendidas en el régimen. Asimismo, en el art.7 se alude a la información disponible, y se expresa que: “En el mencionado servicio ‘web’, se pondrá a disposición de los responsables la información de los comprobantes emitidos y recibidos que el contribuyente registre en las bases de datos de este Organismo”.
Hasta aquí podría entenderse lo argumentado por la apelante, acerca de la automaticidad de la registración electrónica de las operaciones que implica el nuevo régimen denominado “Libro de IVA Digital”. Pero lo que la demandada olvida puntualizar, es que esa automaticidad puede ser corregida por el contribuyente a efectos de que las registraciones reflejen -con exactitud- las operaciones de compra y venta que efectivamente realizó. Si así no fuera, el sistema en análisis sería notoriamente imperfecto y ocasionaría un sinnúmero de inexactitudes e inconvenientes de toda índole.
Y lo que vengo señalando se encuentra plasmado en el art.8 de la Resolución General AFIP n° 4597/2019, donde se regula la “incorporación, modificación y/o eliminación de la información”. Este artículo 8, que viene a complementar la información disponible indicada en el artículo 7, en su parte pertinente establece lo siguiente: “El contribuyente podrá, respecto de la información de los comprobantes emitidos y recibidos que se pone a disposición conforme a lo mencionado en el artículo anterior, efectuar los ajustes, modificaciones, incorporaciones y/o eliminación de aquellos datos y/o comprobantes que considere omitidos y/o erróneos. Asimismo, en la misma aplicación podrá ingresar los ajustes al crédito y débito fiscal expuestos que considere pertinentes. El ingreso de los ajustes, modificaciones, incorporaciones y/o eliminación de datos y/o comprobantes de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, podrá efectuarse a través de carga manual o importación de datos” (lo destacado es propio).
Queda en claro, entonces, la forma en que el contribuyente puede realizar las rectificaciones que considere pertinentes, con relación a la información que aparece disponible en la base de datos del organismo fiscal. De esta manera, se arriba a una correcta y certera generación del Libro de IVA digital, lo que se encuentra previsto en el art.9 de la Resolución General AFIP n° 4597/2019, que dispone lo siguiente: “Con la información de los comprobantes emitidos y recibidos disponible en el servicio ‘web’ referido en artículos anteriores y habiéndose efectuado, en caso de corresponder, las incorporaciones, modificaciones y/o eliminaciones pertinentes, el contribuyente y/o responsable deberá confirmar con carácter de declaración jurada en el sistema la registración de sus operaciones, a fin de generar y presentar el ‘Libro de IVA Digital’. El sistema emitirá un ‘Acuse de recibo’ como constancia de la información presentada, la que quedará sujeta a revisión posterior por parte de este Organismo” (lo destacado me pertenece).
Con las explicaciones precedentes relativas al actual sistema de Libro IVA digital, ha quedado evidenciada la improcedencia de las alegaciones de la demandada apelante, quien en forma errónea sostiene lo siguiente: “Dado que la falta de cómputo de una factura con más su IVA que ya aparezca en el portal del contribuyente puede acarrear per se complicaciones y múltiples sanciones por parte del organismo de control fiscal, lo que aparece en el total de la página de AFIP del contribuyente se debe tomar necesariamente como crédito o débito (según corresponda) a los efectos de las declaraciones juradas mensuales y de su registración en los Libros Fiscales -IVA ventas e IVA compras-”. Aquí debo precisar que lo destacado en negrita del párrafo transcripto, está mostrando a las claras el error de la recurrente, quien pretende darle al sistema una automaticidad que no es tal, dado que el contribuyente puede realizar las rectificaciones que estime pertinentes, tal como lo prevé el ya citado art.8 de la Resolución General AFIP n° 4597/2019.
contribuyente del mismo rango y podrá advertir que no existe restricción alguna para hacerlo y que la factura así generada aparece automáticamente como ‘compra con IVA’ en el portal de gestión AFIP del contribuyente hacia quien se hace la factura. Esto es ‘automático’ y por sistema de la AFIP. No existe forma que el destinatario de la factura pueda interrumpir u oponerse a este procedimiento”. La parte resaltada por el suscripto incurre nuevamente en el mismo error, ya que está olvidando las amplias posibilidades que tiene el contribuyente para efectuar los ajustes, modificaciones, incorporaciones o eliminación de aquellos datos y/o comprobantes que considere omitidos y/o erróneos (citado art.8 de la Resolución General AFIP n° 4597/2019).
VII. Con los fundamentos volcados en el anterior apartado VI, han sido refutados los argumentos basales de la expresión de agravios, habiendo quedado robustecida la eficacia probatoria de los registros contables de la parte actora, que, como señalé, son perfectamente coincidentes con los de la parte demandada (arts.320, 321, 322, 323, 325, 327, 330 y ccs. del C.C.C.N.). Por lo demás, esta documentación contable de ambos contendientes ha sido compulsada por el perito contador, quien ha producido un dictamen que no ha merecido ninguna clase de observaciones (arts.375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.).
De esta manera, carecen de asidero los agravios de la apelante al plantear “la insuficiencia de las facturas para acreditar la existencia del crédito”, y sostener que “la factura es un mero instrumento accesorio del contrato de compraventa y/o de cualquier otro al que se le aplique una utilización analógica”, y que “dicho instrumento per se no resulta suficiente para probar la existencia de un crédito en cabeza de quien lo reclame, menos aun cuando el supuesto deudor ha negado la existencia del crédito reclamado”. Más adelante, con cita del art.1145 del C.C.C.N. -cuya correcta aplicación al caso abordaré infra-, alega la apelante que “no es la registración de la factura lo que acredita la existencia y legitimidad de un crédito, sino su aceptación por el destinatario de la misma, luego de verificada la entrega de cada una de las facturas, conforme el art.1145 del Código Civil y Comercial de la Nación y la comprobación de una relación causal de fondo que avale la emisión de la misma” (lo destacado me pertenece).
Precisamente, partiendo de las mismas expresiones de la recurrente que destaqué en el párrafo anterior, puede afirmarse -sin ambages- que las facturas reclamadas por la actora -números 213 y 216- han adquirido pleno valor probatorio para dar sustento a la pretensión de autos. Y no sólo por haber cobrado operatividad la presunción contenida en el art.1145 del C.C.C.N., que a modo de lo que estatuía el derogado art.474 del Código de Comercio, prevé que: “La factura no observada dentro de los diez días de recibida se presume aceptada en todo su contenido”; sino también porque la registración de esas facturas por la demandada en su propia contabilidad, está implicando la aceptación de las mismas.
En efecto, esa falta de observación de las referidas facturas y, más aún, su aceptación por parte de la demandada, han quedado debidamente acreditadas con las registraciones coincidentes que se hicieron en la contabilidad de ambas empresas litigantes; siendo prueba cabal de ello que la demandada haya tomado el crédito fiscal proveniente de esas facturas a los fines de la liquidación del impuesto al valor agregado, conforme lo precisé en el anterior apartado VI. Con r prueba por excelencia del contrato de compraventa, también son medios de prueba genéricos de otros contratos comerciales por la analogía que pueda atribuirse a tales instrumentos atendiendo a su función, según el contrato de que se trate (compraventa, publicidad, locación de obra, de servicios, etc.).
En todo caso, las facturas son instrumentos privados emanados unilateralmente de un comerciante con los cuales se describe el objeto de su presentación en un negocio, el precio, el plazo para el pago -si lo hubiere- y el nombre del cliente. (Cám. Nac. de Apel. en lo Comercial, Sala A, “Química Erovne S.A....” del 15/09/21). En esa dirección, se ha expresado que “siendo la factura el instrumento usualmente destinado a comprobar la adquisición de mercaderías (doct. art. 474 del Código de Comercio), resulta asimismo un instrumento de singular importancia para demostrar la contratación de algunos trabajos de mano de obra (art. 208 inc. 3º del Cód. de Comercio; arts. 1190 y conc. del Código Civil).
De ahí que emitidos regularmente, constituyan el más eficaz medio probatorio del contrato y sus modalidades cuando éste no se celebra por escrito.” (Cám. Civ. y Com. de Pergamino, C 5285, “OSE SA c/ Municipalidad de Colón...”, del 31/03/2005), (esta Sala, causa n° 68.375, “Proveer Olavarría S.A.”, sentencia del 15/9/2022).
En esa misma causa n° 68.375 se trató -a continuación- lo relativo a la recepción de las facturas y a su aceptación -expresa o tácitapor la otra parte contratante. Y así se dijo que “por sí sola, una factura no determina la admisión de la pretensión del emisor ya que su virtualidad probatoria no se encuentra en su confección unilateral sino en la recepción por el comprador y en su aceptación en forma expresa o tácita (cfr. esta CNCom., esta Sala A, mi voto, in re "Domec Compañía de Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F. c/Alonso, Oscar, Julio s/Ordinario", 12.12.2006; en igual sentido, Sala B, in re "Bodega Tres Blasones S.R.L. c/Kapusta Manuel s/ordinario", 02.04.1990, entre muchos otros).” (Cám. Nac. de Apel. en lo Comercial, Sala A, “Química Erovne S.A....” del 15/09/21). En efecto, el art. 1145 CCCN, a modo de lo que estatuía el derogado art. 474 C. Com., prevé que “La factura no observada dentro de los diez días de recibida se presume aceptada en todo su contenido”. Pues bien, tal como ya fue señalado precedentemente, en el caso de autos ha quedado acreditada la recepción y aceptación de las facturas por parte de la demandada, quien las registró en su documentación contable incorporándolas al Libro IVA digital -en forma coincidente a la parte actora-, y tomó el correspondiente crédito fiscal a los fines de la determinación del impuesto al valor agregado (arts.320, 321, 322, 323, 325, 327, 330, 1145 y ccs. del C.C.C.N.; Resolución General AFIP n° 4597/2019; arts.163 inc.5, 375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.).
VIII. Acreditada, entonces, la aceptación de las facturas por parte de la demandada, aún le habría quedado a la demandada la posibilidad de demostrar los incumplimientos que le atribuyó a la empresa accionante, acerca de los cuales, claro está, no se ha allegado a la causa ningún elemento de prueba; habiéndose incumplido la carga probatoria que en este sentido recaía sobre Ges Argentina S.A. (art.375 del Cód. Proc.).
Tal como ya lo puntualicé, al contestar la demanda la accionada, sostuvo que “Capitanich Construcciones S.A. no cumplió con las obligaciones a su cargo respecto de las obras contratadas, dado que no ejecutó las mismas en la forma convenida, que ocasionó innumerables perjuicios a mi mandante, como se comprobará en la etapa procesal oportuno”. Sin embargo, esta faena probatoria que pesaba sobre la demandada no fue satisfecha en modo alguno, por lo que deviene inconmovible la conclusión sentada por la juzgadora, cuando aseveró que “la accionada, pese a los desconocimientos efectuados en el escrito postulatorio, no ha ofrecido prueba alguna que tenga que ver con el incumplimiento de parte del actor, por ella alegado (art.375 del C.P.C.C.)”, y agregó que “en consecuencia, y en base a la prueba producida por el actor, corresponde hacer lugar a la demanda, es decir, tener por acreditada la deuda aquí reclamada” (ver puntos 3 y 4 del apartado III de la sentencia apelada, lo destacado corresponde al suscripto).
Una vez más recurro al precedente de esta alzada en la citada causa n° 68.375, en el cual operó la presunción contenida en el art.1145 del C.C.C.N., y se expresó que “pesaba entonces sobre la empresa accionada la labor de acreditar que los servicios, obras, suministros o locaciones consignados en las facturas objeto de autos, no fueron prestados, o lo fueron deficientemente, o que el monto no fue el acordado, etc.; todo lo cual, anticipo, se encuentra desprovisto de toda prueba”. Y se prosiguió señalando que: “La accionada se abroqueló en una postura procesal meramente negatoria y distante de la buena fe, al punto de negar -no puede olvidarse- la existencia de operaciones y la recepción de servicios correspondientes a facturas que luego aparecieron asentadas en sus propios libros” (esta Sala, citada causa n° 68.375, Proveer Olavarría S.A., sentencia del 15/9/2022).
Sólo resta señalar que la conclusión de la sentencia relativa a la falta de prueba de los incumplimientos que la demandada le atribuyó a la empresa accionante, no ha sido pasible de crítica alguna en la expresión de agravios (art.260 del Cód. Proc.). En efecto, sobre esta temática, la demandada apelante se limitó a señalar que sólo recibió la obra en forma provisoria y, como tal, sujeta a verificación, sin que se haya suscripto un finiquito de obra de conformidad. Pero este aspecto meramente formal, en nada puede modificar la situación procesal de autos, dado que, como bien se puntualizó en el pronunciamiento de grado, hay una absoluta orfandad probatoria con relación a los supuestos incumplimientos que se le atribuyeron a la sociedad accionante (arts.330, 354, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
Con lo expuesto ha quedado suficientemente respondido el escrito recursivo, por lo que no abordaré otras aserciones marginales contenidas en el mismo; siendo un principio por demás conocido que el juez no tiene que ocuparse de todas las alegaciones de las partes, sino sólo de aquellas que sean conducentes para la solución del litigio (esta Sala, causa n°67.291, ”Iglesias de Pagliaro...”, sentencia del 8/03/2022, entre muchas otras).
IX. En consecuencia, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fecha 23/3/2022, que hizo lugar a la demanda de autos, condenó a la demandada a pagar la suma indicada en los apartados III) y IV) y le impuso las costas del juicio por haber resultado vencida (art.68 del Cód. Proc.). En cuanto a las costas de alzada, también deben imponerse a la demandada, que ha resultado sustancialmente vencida en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.), más allá de que en este pronunciamiento se haya dejado en claro la aplicación al caso del Código Civil y Comercial de la Nación, tarea que, en rigor, sólo ha importado el cumplimiento del deber de “calificación jurídica” establecido en los arts.163 inciso 6 y 164 del C.P.C.C.
La regulación de honorarios se diferirá para la oportunidad procesal pertinente (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fecha 23/3/2022, que hizo lugar a la demanda de autos, condenó a la demandada a pagar las sumas indicadas en los apartados III) y IV) y le impuso las costas del juicio por haber resultado vencida (art.68 del Cód. Proc.). 2) Imponer las costas de alzada a la demandada, que ha resultado vencida en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.), más allá de que en este pronunciamiento se haya dejado en claro la aplicación al caso del Código Civil y Comercial de la Nación, tarea que, en rigor, sólo ha importado el cumplimiento del deber de “calificación jurídica” establecido en los arts.163 inciso 6 y 164 del C.P.C.C.
3. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal pertinente (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 27 de Octubre de 2022.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fecha 23/3/2022, que hizo lugar a la demanda de autos, condenó a la demandada a pagar las sumas indicadas en los apartados III) y IV) y le impuso las costas del juicio por haber resultado vencida (art.68 del Cód. Proc.). 2) Imponer las costas de alzada a la demandada, que ha resultado vencida en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.), más allá de que en este pronunciamiento se haya dejado en claro la aplicación al caso del Código Civil y Comercial de la Nación, tarea que, en rigor, sólo ha importado el cumplimiento del deber de “calificación jurídica” establecido en los arts.163 inciso 6 y 164 del C.P.C.C. 3) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal pertinente (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia