Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I · Causa 69.021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia dictada el día 25.04.2022, 2) Desestimar la excepción de prescripción liberatoria opuesta en autos, 3) Desestimar la aplicación del art. 2459 del CCyC, 4) Hacer lugar a la demanda incoada de reducción con los alcances propuestos en el primer voto y difiriendo las restantes cuestiones para que sean abordadas en la instancia de origen, 5) Con costas a los co demandados perdidosos (art. 68 cpcc), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).-
Causa: 1-69021-2022 - "A. F. H. C/ S. E. I. Y OTROS S/ ACCION DE REDUCCION"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - AZUL
En la ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores , Lucrecia Inés Comparato, Esteban Louge Emiliozzi y Yamila Carrasco para dictar sentencia en los autos caratulados: "A. F. H. C/ S. E. I. Y OTROS S/ ACCION DE REDUCCION ", (Causa Nº 1-69021-2022), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores COMPARATO-CARRASCO- LOUGE EMILIOZZI.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia de fecha 25.04.2022?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION: la Señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
I.a. Se presenta el Sr. F. H. A. a interponer demanda de reducción contra E. I. S., N. M. A. S., e I. R. S., con el objeto que se integre la legítima que le corresponde en su carácter de heredero forzoso de H. M. S. Relata que su padre no lo reconoció en vida aunque le prodigó trato de hijo.- Que luego de su fallecimiento inició los autos "A., F. O. c/ Herederos de H. M. S. s/ Acción de filiación extramatrimonial", en los que se dictó sentencia reconociendo el estado pretendido. Que previamente había iniciado el expediente sucesorio de su padre, el que pudo continuar luego de la sentencia de filiación, asi es que se dicta la declaratoria de herederos el 20/08/2013, instituyéndose en tal carácter a I. R., M. A. y E. I. S. y M., F. H. S. A., y la viuda M. J. M. Refiere que, al intimar a sus coherederos a denunciar el haber sucesorio, estos manifestaron que no había bienes bajo titularidad del de cujus.
Denuncia la existencia de tres inmuebles de propiedad de su difunto padre, que fueron ofrecidos en donación a sus coherederos el 18/05/2004, siendo aceptada esta oferta el 22/12/2009, es decir, con posterioridad a la notificación de la demanda de filiación. Considera que los referidos actos fueron realizados de mala fe con la intención de preterirlo de su porción legítima, y como anticipo de herencia. Estima que le corresponde un 25% de los bienes gananciales del causante, y un 20 % de los bienes propios. Del mismo modo solicita se le abone un monto correspondiente a los frutos civiles que los bienes denunciados hayan producido o podido producir desde el momento de la muerte del causante, ya que califica como de mala fe a la posesión de los bienes por parte de los coherederos en la porción que le corresponde. Solicita medida cautelar de anotación de litis, ofrece prueba, y solicita se haga lugar a la demanda con costas a la contraria.
b) A fs. 83 contesta demanda la Sra. N. M. A. S..- Opone excepción de prescripción adquisitiva entendiendo que se aplica al caso el art. 2459 del Código Civil y Comercial (CCYC) que establece que la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez años desde la adquisición de la posesión. En ese sentido, señala que ha poseído los bienes donados por su padre desde la fecha de la oferta, es decir 18 de mayo de 2004, por lo que con fundamento en la norma antes citada opone la citada excepción. Posteriormente propone su versión de la cuestión motivo de disputa, indicando que su padre jamás les comentó sobre la existencia del actor, o del trato que había entre ellos. Reconoce la existencia del juicio de filiación con su resultado, como así también que el actor promovió el procedimiento sucesorio del padre de ambos. La misma actitud asume respecto de la denuncia de la donación del año 2004 y su aceptación posterior, aclarando que no existían bienes en el haber relicto al momento del dictado de la sentencia declaratoria de herederos. Cuestiona la calificación de mala fe efectuada en el postulatorio.
Advierte que el inmueble Circ. II, Sección B, Chacra 61, Parcela 1, Partida 006-000902--3, Mat. 753 fue transferido por ella y su hermano E. I. el 17/09/2015 al Sr. R. O. G. Aclara que el inmueble en cuestión había sido adjudicado a ella y a su hermano E. I. por escritura de división de condominio otorgada el 17/09/2015. Subsidiariamente declara su voluntad de impedir la resolución del acto, compensando el actor el eventual valor de la legítima de acuerdo a los bienes gananciales de propiedad del padre de ambas partes. Ofrece prueba, funda en derecho y solicita el rechazo de la demanda con costas al accionante.
c) A fs. 111 contesta demanda la Sra. I. R. S. Opone excepción de prescripción liberatoria, solicitando la aplicación del art. 4028 del Código Civil que establece un plazo de cuatro años para ejercer la acción de reducción en caso de que los ascendientes hayan efectuado una partición por donación; fijando el comienzo del cómputo de dicho plazo al momento de la muerte del causante de acuerdo al art. 3582 del mismo cuerpo normativo. Menciona que el Sr. S. falleció en enero del año 2005, por tanto, al haber interpuesto demanda en el año 2016 considera que la acción en responde se encuentra prescripta. En subsidio, solicita la aplicación del plazo decenal del art. 4023 del Cód. Civil.
Dice que jamás tuvieron conocimiento de la existencia de un hijo extramatrimonial, como así tampoco del trato habido entre su padre y el accionante. Se refiere a distintas circunstancias relacionadas con la vida del grupo familiar, para agregar que su padre realizó en el año 2004 una oferta de donación que aceptaron en el año 2009, con anterioridad a la sentencia de filiación y al dictado de la declaratoria de herederos. Explica que al momento de la donación se desconocía la existencia del demandante, y que con posterioridad a ella se realizó una adjudicación mediante una escritura de división de condominio quedando en cabeza de ella un inmueble sito en Salta 727 de Azul y una fracción de terreno identificada como sobrante fiscal denominado como parcela 11a. También señala que en estos inmuebles se realizaron mejoras, construyéndose un departamento, solicitando que, de hacerse lugar a la acción, se compute el valor de aquellos sin las referidas adiciones, como asimismo que la porción legítima se compute solo sobre los bienes gananciales y se la tome como una mejora de la porción disponible en los términos del art. 1805 del Cód. Civil. Peticiona que, de hacerse lugar a la acción, se tomen los valores de los bienes dados en vida al tiempo de apertura de la sucesión, estén o no en poder de los herederos, y se tenga en cuenta que ofrece compensar en dinero el valor proporcional de la legítima afectada. Se reconoce como poseedora de buena fe y en virtud de ello, se resiste a devolver los frutos como se pretende en el postulatorio, haciendo reserva de compensación de mejoras.
Funda en derecho, ofrece prueba, y solicita se dicte sentencia haciendo lugar a la excepción, rechazándose la demanda con costas a la contraria.
d) A fs. 125 contesta demanda el Sr. E. I. S., opone excepción de prescripción con los mismos fundamentos que la codemandada N. M. A. S., proponiendo idéntico plafón fáctico que ella, repitiendo la oferta de venta de bienes a un tercero para compensar la porción de legítima del peticionante sobre bienes gananciales. Ofrece prueba, funda en derecho, y solicita el rechazo de la demanda con costas a la contraria.
e) A fs. 165 se ordena la citación como tercero del Sr. R. O. G., en su carácter de tercer adquirente del inmueble matrícula 753, presentándose a fs. 179, invocando su condición de adquirente de buena fe a título oneroso del inmueble identificado como Circ. II; Sec. B; Ch. 61, Parc. 1, Partida inmobiliaria 902. Denuncia que desde la adquisición del bien tiene la posesión, lo trabaja, y tiene el poder de uso, goce y disposición sobre él, solicitando se deje sin efecto su citación por considerar que nada tiene que ver con los hechos de autos. Hace reserva de accionar por daños y perjuicios para el caso que se haya realizado una venta sin título perfecto. Adjunta copia de escritura de venta, solicita se lo exima de las costas de estos autos.
f) Corrido el traslado de las excepciones opuestas, contesta el actor con fecha 1.08.2018, explicando que en la cláusula cuarta de las escrituras de donación adjuntadas al responde se faculta a los donatarios a declararse en posesión de los bienes donados a partir de la aceptación, agregando que con anterioridad lo hicieron en carácter de herederos, considerando que la interversión de título a poseedores quedó operada con la aceptación de la donación en el año 2009. Así, entiende que desde esa fecha hasta el momento de promoción de la acción no transcurrieron 10 años. Sin perjuicio de ello considera que resulta aplicable el Cód. Civil, en el que no está previsto el plazo de 10 años establecido en el art. 2459 CCYC, más explica que la promesa de donación aceptada con posterioridad al fallecimiento del donante, no sería un acto válido en la actual normativa del art. 1545 CCYC. Con base en lo expuesto solicita el rechazo de las defensas cuyo traslado se le confiriera. Nada dice de la excepción de prescripción liberatoria opuesta por la co demandada I. R. S.-
g) Producida la prueba correspondiente, el Sr. Juez de la instancia de origen dicta sentencia con fecha 25.04.2022, allí resuelve que resulta aplicable el Código Civil Velezano, asimismo enuncia las excepciones de prescripción opuestas por los codemandados resolviendo luego sin hacer distinción alguna entre las mismas.- En síntesis resuelve: “Los codemandados N. M. A. y E. I. S., basan sus defensas en el art. 2459 CCYC; mientras que la coheredera Irma Ramona lo hace en el art. 4028 del Código Civil, y en subsidio, en el art. 4023 Cód. Civil, en ambos casos computa los respectivos plazos desde la muerte del causante. Tal como se dijo, se aplican al presente las disposiciones del Código vigente hasta el 01/08/2015, por lo que la defensa planteada se analizará a la luz de las prescripciones de dicho cuerpo normativo.
La doctrina es conteste en considerar a la acción de reducción como una acción personal puesto que se la dirige contra determinadas personas con el objeto de resolver un acto realizado por el causante en la parte en que sea inoficioso. En este sentido, la nota al art. 4023 menciona a la acción de reducción entre las que prescriben a los 10 años. El término comienza a correr desde el fallecimiento del causante (arg. art. 3955) (José Luis Pérez Lasala, "Curso de derecho Sucesorio", Segunda Edición Ampliada y Actualizada, Ed. Lexis Nexis, Pág. 746). De acuerdo al certificado que obra a fs. 5 del sucesorio de H. M. M., su fallecimiento se produjo el 05/01/2005 con la que la acción de protección de la legítima prescribió el 05/01/2015 (arg. art. 4023 Cód.
Civil). El actor promovió estos obrados el 14/06/2016 (ver cargo fs. 29), con lo que la acción en tratamiento se encuentra prescripta, y en consecuencia debe hacerse lugar a la defensa opuesta por los codemandados, disponiendo el rechazo de la demanda. IV.- En torno a las costas del presente y siguiendo el principio establecido en el art. 68, se impondrán a la actora vencida. En consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en los arts. 17 de la Constitución Nacional, 10 y ccdtes. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 7 Código Civil y Comercial, arts. 3570, 3591, 3593, 3601, 3714, 3955, y 4023 Cód. Civil; arts. 163, 165, 354, 374, 375, y concordantes del CPCC, doctrina y jurisprudencias citadas RESUELVO: 1) Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta y rechazar la demanda de reducción deducida por el Sr.
F. H. A. contra E. I. S., N. M. A. S., e I. R. S., como así también la citación de terceros del Sr. R. O. G. (art. 96 CPCC).
2. Imponer las costas a la actora vencida en orden al principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC)…” .-
h) La mentada sentencia es apelada por el actor, quien expresa agravios con fecha 11.07.2022 los que son contestados por E. y N. S. mediante presentación de fecha 3.08.2022 e I. S. mediante presentación de fecha 17.08.2022.-
Concluidos los pasos procesales pertinentes se realiza el sorteo de ley encontrándose los autos para resolver. -
II. Como antes señalara, el actor cuestionó la sentencia dictada que hizo lugar a la excepción de prescripción en orden a lo normado por el art. 4023 y arg. del art. 3955 del CC.- Dice en sus agravios que “La presente acción de reducción ha sido iniciada en tiempo y forma, y que el plazo de prescripción de diez (10) años no se encuentra vencido en el caso de autos. Ello así, por las consideraciones que paso a exponer. La regla que establece el cómputo del plazo de prescripción desde la muerte del causante se funda en el criterio sentado por el artículo 955 del Código Civil (artículo 2277 del Código Civil y Comercial), que dispone que al momento del fallecimiento opera de pleno derecho la apertura legal de la sucesión y la transmisión instantánea de los derechos sucesorios, dando origen a la indivisión hereditaria entre los coherederos legítimos. Este principio sucesorio no puede ser aplicado libremente, considerando que en el caso de autos no operó de pleno derecho sobre los derechos del actor quien al año 2005 no contaba con el carácter de heredero legítimo, pues aun no estaba reconocido judicialmente como hijo del causante”.- Explicita que no es posible comenzar el cómputo del plazo de prescripción de la acción cuando aún no se encontraba formalmente habilitado para incoar la misma.- Agrega que las promesas de donaciones fueron efectuadas por el causante en el año 2004 y la perfección de dichas operaciones se dio en forma posterior con la aceptación de las donaciones el día 22.12.2009, recién en ese momento se produjo la transmisión de los bienes donados.- Que el Registro de la propiedad Inmueble recién tomó nota de la operación de donación el 24.02.2010, de modo tal que antes de esa fecha no pudo tener conocimiento de lo que acontecía con los bienes de su padre.- Concluye que no es posible contabilizar el inicio del cómputo del plazo de prescripción desde la muerte del causante toda vez que el actor tuvo que afrontar de forma previa e ineludible el reconocimiento judicial de la filiación (año 2011) luego lograr la declaración de la calidad de heredero (año 2013) para luego poder reclamar la integración de su legítima.- En el caso de autos el inicio del cómputo del plazo debe establecerse desde aquel momento en el cual el actor tuvo la posibilidad real de instar la presente acción.-
III. En primer lugar es dable decir y coincidiendo con lo resuelto en la instancia de origen, que resulta aplicable al sub lite el Código Civil Velezano toda vez que la muerte del causante se produjo en el año 2005.- Así claramente lo señala Kemelmajer de Carlucci en su obra “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, al referirse precisamente a la normativa invocada por los co demandados E. y N. S.: “El art. 2459 del CCyC dispone: “Prescripción adquisitiva. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez años computados desde la adquisición de la posesión…” . La diferencia con el régimen vigente es que esos diez años se computan desde la muerte del causante. ¿Qué sucede con las donaciones realizadas antes de la entrada en vigencia del CCyC? Depende cuándo muere el donante-causante. Si el donante muere antes de la entrada en vigencia del CCyC, la norma transcripta no es aplicable, porque la ley no ha dispuesto su retroactividad. Simplemente, corresponde regirse por la regla de que el régimen sucesorio, entre otros aspectos, las legítimas, se rigen por la ley vigente al momento de la muerte del causante…” (ob.cit. pág. 169).- En el mismo sentido se refieren Mariana Iglesias- Adriana Krasnow en su obra “Derecho de las familias y las sucesiones”, pág. 1121/2: “Las donaciones anteriores a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y la aplicación del art. 2459 del CCyCN”. Hay opiniones encontradas sobre este tema. Sin embargo, estamos convencidos de que las donaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia del Código quedan alcanzadas por la nueva normativa si el causante falleció bajo el nuevo régimen. El fundamento de nuestra posición radica en que, con relación a este tema, lo importante no es la fecha en que se realizó la donación, sino el momento en que se fija la legítima —es decir, al tiempo de la muerte de la persona.-”
Si bien ambas citas se refieren en particular a la aplicabilidad del art. 2459 del CCyC, el fundamento es que todo lo referente a la legítima se rige por la fecha de la muerte del causante, de modo tal que la acción que aquí se incoó se rige por el Código Velezano.-
Resulta así que la excepción de prescripción adquisitiva por el término de 10 años de posesión del bien donado opuesta por los co demandados E. y N. no resulta procedente toda vez que, como claramente lo señalan las autoras antes citadas la norma que así lo prevé no resulta aplicable al sub lite en virtud de la fecha de muerte del causante.- Tal cuestión no fue abordada por el anterior sentenciante (solo se refirió a la ley aplicable en general), y resolvió respecto de la prescripción liberatoria opuesta por solo una co demandada y sabido es, tal como lo señalara en causa nº 62.241 “Fouquet…” del 27.11.2018 que: “la prescripción es una defensa que no pueden aplicar los jueces de oficio conforme doctrina legal de la SCBA, de lo contrario supondría suplir hechos que debían demostrarse (art. 3964 del CC y su nota, ver entre otros precedentes serie 21a. t. III, pág. 267; voto del doctor Acuña Anzorena en "Acuerdos y Sentencias": 1962-I-742 y el del doctor Borda en 1971-II-920; SCBA causas Ac. 43.811 y Ac. 45.912, ambas sents. del 2-VI-1992; C. 88.667, sent. del 7-X-2009; L. 98.724, sent. del 21-IV-2010; L. 102.345, sent. del 16-III-2011, C 102888 sent. del22/02/2012 “Di Sandro, Domingo; Di Sandro, María Laura y Di Sandro, Gustavo Ariel s/Concurso preventivo”, entre muchas otras)”.-
Ahora bien, el apelante nada dijo al respecto, no expresó agravios en relación a ello, no alegó respecto de la incongruencia de la sentencia cuestionada y tampoco realizó disquisición alguna en relación a los efectos de la prescripción liberatoria opuesta por uno de los herederos en relación a los restantes, de modo tal que por el principio de congruencia en la Alzada ello no será abordado en esta instancia resolviendo la cuestión atinente a la prescripción liberatoria en relación a todos los co demandados tal como lo hizo el Sr. Juez de la instancia de origen.-
En el mismo sentido, mi estimado colega Dr. Louge Emiliozzi en causa nº 60.596 “Modafari…” del 5.04.2016 señalaba: “Ahora bien, al margen de estas disquisiciones, es lo cierto que en el caso se presenta una situación atípica, ya que pese a que el demandado no opuso la excepción de prescripción en primera instancia ésta fue tratada en la sentencia, por lo que puede afirmarse que el decisorio fue incongruente (doctr. art. 163 inc. 6to. del C.P.C.C.). Frente a ello surge un interrogante que corresponde despejar para la solución de esta litis, el cual podría formularse en los siguientes términos: ¿cuál es el temperamento que debe adoptar la alzada cuando advierte que el pronunciamiento de primera instancia ha transgredido el principio de congruencia?
A primera vista, podría pensarse que la alzada debe atenerse a la materia sometida a consideración del juez de primera instancia, por lo que si éste se extralimita en su decisorio la cámara no debería abordar los temas que no habían sido propuestos a la decisión del “a quo”. Esta respuesta podría encontrar sustento en una interpretación literal de los arts. 266 y 272 del C.P.C.C., los cuales disponen, respectivamente, que “La sentencia (de Cámara) se dictará por mayoría, y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubieren sido materia de agravios”, y que “El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia.” Nótese que estas normas, destinadas a delimitar la materia que debe ser abordada por la alzada, se refieren a cuestiones “sometidas” o “propuestas” al Juez de primera instancia, y no a cuestiones “tratadas” por el juez de primera instancia, de lo que podría inferirse que la cuestiones no “propuestas” al juez de primera instancia no podrían ser abordadas por la alzada pese a que hubieran sido “tratadas” –indebidamente- por aquél.
Sin embargo, y contrariamente a lo que sugiere la interpretación literal de dichas normas, esta materia no escapa al principio dispositivo que gobierna el proceso civil en general, y que naturalmente proyecta sus efectos a la materia recursiva. Esto fue abordado en un muy esclarecedor fallo de la Excma. S.C.B.A., en el cual se sentó como doctrina que la eventual violación del principio de congruencia por parte del juez de primera instancia es un tema que las partes deben plantear como agravio ante a la alzada (C. 93.036, “Club Atlético y Deportivo Junior”, del 14.02.2007, citado por esta Sala en causas n° 59.658, “Barragán”, del 29.09.15. y n° 60.563, “Splendore”, del 22.03.16.)”.-
Sin perjuicio de lo expuesto es dable decir que, en orden a aquello que se propondrá al acuerdo, la incongruencia de la sentencia cuestionada no tendrá mayor relevancia.-
IV. Realizada la aclaración anterior y previo a introducirme en el tratamiento de los agravios, brevemente es dable recordar que la acción de reducción es (en la anterior legislación y en la actual) una acción tendiente a la protección de la legítima, que tiene como efecto principal resolver las liberalidades en la medida en que exceden los límites de la porción disponible, sin perjuicio que aún vigente el Código velezano la mayoría de la doctrina y jurisprudencia consideraba pertinente la compensación en dinero en lugar de la resolución de la donación. Por sus efectos reipersecutorios, en el supuesto de donaciones de inmuebles podía ser ejercida contra terceros subadquirentes, como surgía de lo dispuesto por el artículo 3955 del Código Civil (conf. Graciela Medina “Prescripción en el derecho sucesorio, Acción de reducción y colación” public. en Revista de Derecho Privado y Comunitario, 22 Prescripción Liberatoria, págs.. 137 y sstes.).- En palabras de Fornieles (conf. lo citan Perez Lasala-Medina en su obra “Acciones judicial en el derecho sucesorio”, pág. 76) el significado propio de reducir es disminuir limitar y en materia de donaciones, traerlas al límite en que pudieron hacerse, dejándolas sin efecto en cuanto al exceso.- Continúan diciendo: “reducir es tanto como declarar la ineficacia del acto violatorio de la legítima. Reducir equivale a “resolver” el acto violatorio… La acción de reducción tiene los siguientes caracteres: Es patrimonial, es transmisible, es renunciable, tiene efectos reales cuando se persigue el bien donado, es prescriptible por el término de 10 años a contar del fallecimiento del causante” (ob.cit. págs. 76/77).-
A modo ilustrativo he de agregar que el Código Civil y Comercial ha diversificado las acciones de protección de la legítima determinando específicamente cada una de ellas: la acción de entrega de la legítima, la de complemento, la de reducción de las disposiciones testamentarias y la reducción de las donaciones. Cada una tiene un objeto y una finalidad propios. Los arts. 2444 y 2445 —entre otros— obligan a respetar a los legitimarios una porción legítima de la herencia de la que no pueden ser privados por actos entre vivos (tal el caso de las donaciones) o mortis causa (el supuesto de los testamentos). Por su parte la acción de reducción de las donaciones se encuentra regulada en el art. 2453 del Cód. Civ. y Com., que dispone lo siguiente: "Si la reducción de las disposiciones testamentarias no es suficiente para que quede cubierta la porción legítima, el heredero legitimario puede pedir la reducción de las donaciones hechas por el causante. Se reduce primero la última donación, y luego las demás en orden inverso a sus fechas, hasta salvar el derecho del reclamante. Las de igual fecha se reducen a prorrata", los siguientes artículos tratan los efectos de dicha acción (conf. Iglesias Mariana “La modificación de normas relativas a la acción de reducción de donaciones y reipersecutoria del Código Civil y Comercial de la Nación: una reforma que aportará conflictos, pero no soluciones”, public. en: LA LEY 02/12/2020, 5 - LA LEY2020-F, 551 Cita: TR LALEY AR/DOC/3888/2020).-
Centrándome ahora en la cuestión atinente a la prescripción liberatoria en relación a la acción de reducción, resulta claro que se aplicaba el plazo de 10 años previsto en el art. 4023 del CC (recordemos que el causante falleció el día 5 de enero de 2005), así lo señalan claramente Perez Lasala y Medina en su obra “Acciones judiciales en el derecho sucesorio” (pág. 96) y la doctrina y jurisprudencia en forma unánime, más allá del efecto reipersecutorio en el caso de inmuebles enajenados a terceros, cuestión respecto de la que no me explayaré en orden a aquello que propondré al acuerdo.
A fin de ser más explícita, es dable decir que la norma antes mencionada resultaba aplicable toda vez que la acción de reducción se consideraba por la mayoría de la doctrina y jurisprudencia una acción personal que tenía como objeto la resolución de un contrato, esto es la donación hecha por el causante, siendo el derecho a perseguir la cosa un efecto accesorio de esa resolución (hoy resulta claro que puede integrarse el precio correspondiente en lugar de obligar a la resolución). Como antes señalé la doctrina sostenía la naturaleza personal de la acción de reducción, así podemos citar a Borda quien decía: “no obstante los efectos reipersecutorios de la acción de reducción, en sustancia, es una acción personal, puesto que su objeto es la resolución de un contrato, la donación hecha por el causante; el derecho a perseguir la cosa no es sino un efecto de esa resolución” (Tratado de Derecho Civil. Sucesiones II, Nº 1001, p. 1283). Pérez Lasala afirmaba que la acción de reducción es una acción personal, puesto que se dirige contra determinadas personas, con el objeto de resolver un acto realizado por el causante en la parte que resulte inoficioso (Derecho de Sucesiones, vol. II, Parte especial, p. 8774). Azpiri manifiesta que “se trata de una acción personal que tiene efectos reipersecutorios” (Manual de Derecho de Sucesiones, p. 3235). Ferrer coincidía en aceptar que “La acción de reducción es una acción personal, puesto que su objeto es la resolución de un contrato, la donación hecha por el causante, siendo el derecho a perseguir la cosa un efecto de esa resolución” (La acción de reducción, en Sucesiones, libro de homenaje a la Dra. Méndez Costa, Rubinzal-Culzoni, 1991, p. 235).-
En el nuevo Código, también se sostiene la naturaleza personal de la acción, el tema está regulado a partir del art. 2453 y contiene una modificación sustancial: la limitación al efecto reispersecutorio prevista en el art. 2459 (ref. por ley 27.587) y el acortamiento del plazo de la prescripción liberatoria, que pasa a ser de 5 años contados a partir de la muerte del donante (art. 2560).- El nuevo art. 2459 del CCyC ha recibido críticas de la doctrina en virtud de considerar que protege con mayor relevancia el tráfico comercial por sobre los derechos a la legítima, más como vimos antes no resulta aplicable dicha norma al presente de modo tal que no me explayaré al respecto.-
Reanudando la cuestión atinente a la prescripción liberatoria, el plazo antes mencionado de 10 años y conforme los arts. 3953 y 3955 del CC comienza a correr a partir de la muerte del causante.- Tal como lo señalan Medina y Perez Lasala, es lógico que el término de prescripción recién empiece a correr desde el momento de la muerte del causante, porque, como explica Grimaldi en el Derecho francés, es recién a partir de la muerte del disponente que los herederos pueden ejercer la acción de reducción. Hay que tener en cuenta que para los herederos legitimarios el derecho de pedir la reducción es un derecho propio y no un derecho que es recibido a título sucesorio, aunque nace con motivo de la muerte del causante. Antes de la muerte de éste no puede ejercerse la acción de reducción, y por ende tampoco puede correr con anterioridad el plazo de la acción.
Jurisprudencialmente se ha sostenido que: “El ejercicio de un derecho que se reclama en calidad de heredero futuro está supeditado a la muerte del contratante, y recién se puede demandar tras el deceso, pero el plazo de la prescripción comienza su curso desde el fallecimiento. El texto del artículo 3953 del Código Civil, al disponer que son prescriptibles las acciones desde la apertura de la sucesión, se está refiriendo al momento de la muerte del de cujus y no a la acepción procesal del término, en el sentido de disponerse judicialmente la apertura del juicio sucesorio.- Coincide con éste concepto, la mayoría de la doctrina y jurisprudencia (casi por unanimidad), esto es que el cómputo del plazo de prescripción para ejercer dicha acción comienza a correr desde la fecha de muerte del causante” (conf.
Medina en art. citado, Perez Lasala-Medina “Acciones judiciales en el derecho sucesorio” págs. 95/96, remitiéndome a la cita de doctrina y jurisprudencia allí relevada).- Ahora bien, es cierto aquello que señala el apelante, en cuanto que, la prescripción comienza a correr desde que se torna factible el ejercicio de la acción, así reiteradamente lo hemos resuelto permitiéndome citar lo dicho en causa “Fouquet…” (ya mencionada): “Es así que resulta necesario determinar exactamente el inicio del cómputo de la prescripción, al respecto tuve oportunidad de referirme en la causa nº 58.440 del 18.03.2014 “Papa….”, allí con la adhesión de mis estimados colegas de Sala resolvimos: “Conforme lo normado por el art. 3956 del Código Civil la prescripción de las acciones personales comienzan a correr desde la fecha del título de la obligación, una interpretación literal conllevaría a determinar que la prescripción comienza a correr desde que se ha conformado o concretado el hecho jurídico que constituye la fuente de la obligación, sin embargo correlacionado con el art. 3949 del mismo cuerpo normativo se advierte que la inacción del titular se vincula al ejercicio de la acción que acompaña a todo derecho creditorio, por lo tanto no puede sino interpretarse que solo desde el momento en que se torna factible el ejercicio de la acción puede empezar el curso de la prescripción.- En conclusión la prescripción no comienza su curso sino cuando la acción está expedita (conf.
Bueres-Mayo “Aspectos generales de la prescripción liberatoria” en Revista de Derecho Privado y Comunitario n° 22 Prescripción Liberatoria, pág. 345; Lafaille “Curso de Obligaciones” T° I, pág. 435).- Nuestro máximo Tribunal ha sentado dichos principios así: -“La prescripción liberatoria es inseparable de la acción, nace de ella y empieza a correr desde el momento en que aquélla surge”, - “El término de prescripción de las acciones comienza a correr, como resulta del artículo 3965 del Código Civil, desde que la obligación del deudor sea exigible para el acreedor, es decir, desde el día en que éste puede ejercer la acción correspondiente, pidiendo el pago de la deuda o el cumplimiento de la obligación”, -“El punto de partida de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer, o, en otros términos, desde que la acción quedó expedita”.
(fallos: 195:26; 193:359; J.A. 1942-III-1003; “Gimenez Zapiola Viviendas SA c/ Buenos Aires, Provincia de”, 13-8-98).-” Al respecto en la obra de Lopez Herrera “Tratado de la prescripción liberatoria” puede leerse: “Los principios generales que rigen el inicio de la prescripción son según Argañaraz, tres, que derivan de máximas romanas. El más importante es que la prescripción comienza a correr el día en que nace la acción. Quiere decir que la prescripción corre desde la formación de la obligación, salvo casos especiales, porque se considera que es exigible desde ese momento. Con claridad lo dice Boggi Bofero: “el plazo para prescribir comienza cuando el interesado estuvo en posibilidad jurídica de ejercer su potestad… o como dice la jurisprudencia desde que la acción puede ser ejercida.
El tiempo de la prescripción -dice Pothier- no pude empezar a correr sino desde el día en que el acreedor ha podido intentar su demanda” (ob.cit, TºI, pág. 132).-
Llegados a este punto, cabe preguntarnos si la acción de reducción en el sub lite se encontraba expedita desde la muerte del causante, adelanto mi opinión en cuanto que no se encontraba expedita, más no por no encontrarse dictada sentencia filiatoria a favor del actor sino por otro hecho señalado por el mismo, esto es porque los donatarios aceptaron la donación con posterioridad a la muerte del causante, desde allí y no antes resultaba factible iniciar una acción de reducción, es que hasta dicho momento la donación no se había perfeccionado y podían los donatarios no aceptarla lo cual haría irrelevante el inicio de estas actuaciones.- Abro un paréntesis para decir que ésta cuestión ya no se presentará en los casos que resulte aplicable el nuevo Código Civil y Comercial en orden a lo normado por el art. 1545 de dicho cuerpo normativo.-
Continuando con el inicio del cómputo de la prescripción en el sub lite y a fin de fundar lo antes dicho respecto de la posibilidad de iniciar la acción de reducción en los casos de aceptación de donación post morten he de citar lo resuelto por nuestra SCBA en cuanto al perfeccionamiento del contrato de donación en C. 97.616, "Lazzarini, Norma. Quiebra. Lazzarini, Amadeo. Quiebra. Incidente de verificación de créditos" del 7.10.2009: “Se ha señalado en torno a esta temática que Vélez adopta la postura de considerar a la donación como un contrato, y de regularlo como tal a partir del art. 1789, por ser un acto jurídico bilateral entre vivos. La confusión doctrinaria respecto a la naturaleza jurídica de la donación se remonta con anterioridad al Código Francés, siendo García Goyena, antecedente de nuestro artículo quien diferencia entre donación y disposiciones testamentarias. Vélez fue más allá, ya que trató a la donación entre la sociedad y el mandato, lejos de las normas contenidas en el Libro IV para las disposiciones testamentarias (conf. Bueres, Alberto, Highton, Elena "Código Civil", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2003, Tomo 4 D, págs. 1/2). Se ha entendido así, que la correcta ubicación metodológica de la donación entre los contratos parte del Código argentino, y es aceptada por la generalidad de los códigos posteriores. Si bien Borda pone en duda el acierto de caracterizar a la donación como un contrato, adhiriendo a la opinión de Puig Brutau quien entiende que la aceptación por el donatario no es suficiente para convertirla en tal, ya que se asemeja más a la aceptación de una herencia o legado; se halla muy aceptada la tesis que entiende que su naturaleza es convencional, lo que adquiere mucho más fuerza en nuestra legislación, que conforme se señalara ut supra, legisla la figura como un contrato, lo que ayuda a borrar dudas en el tema, sin que ello implique negar, como lo señala Compagnucci de Caso, que se trata de un contrato de características muy particulares (ver al respecto opiniones de Belluscio, Augusto, Zannoni, Eduardo, "Código Civil", Ed. Astrea, Bs. As., 2004, tomo 9, pág. 4, Bueres, Alberto, Highton, Elena, "Código Civil", op. cit. págs. 1/3, Lorenzetti, Ricardo Luis, "Tratado de los contratos", tomo III, ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2000, págs. 604/605, Compagnucci de Caso, Rubén H., "Naturaleza de la donación", "La Ley", 1997-B-1394, Spota, "Contratos", tomo VII, págs. 236/237).
Dentro de este marco, resulta entonces necesario aplicar las reglas generales del régimen contractual, y en consecuencia, reparar que para su perfeccionamiento es necesario el acuerdo de voluntades que resulta una consecuencia de la oferta y su aceptación.
Entiendo así que la disposición prevista en el art. 1792 "Para que la donación tenga efectos legales debe ser aceptada por el donatario, expresa o tácitamente, recibiendo la cosa donada", resulta complementaria de la definición del instituto regulada en el art. 1789, reparándose en tal análisis que la nota al art. 1792 el codificador señala "La aceptación de la donación no es otra cosa que el consentimiento en el contrato por parte del donatario, consentimiento que está sometido a las reglas generales de los contratos...". Definida entonces la necesidad de la aceptación de la donación derivada de su entidad contractual, queda por considerar la forma en que ésta debe realizarse.
Debe repararse en tal análisis que si bien en materia contractual tal aceptación puede ser expresa (manifestada verbalmente, por escrito o por signos inequívocos; art. 1145, C.C., parte segunda) o tácita; se entiende que distinta solución se impone en el caso de que se trate de una donación a la cual el art. 1810 impone como solemnidad absoluta la escritura pública (conf. Belluscio, Augusto, Zannoni, Eduardo, "Código Civil", Ed. Astrea, Bs., As., 2004, tomo 9, pág. 16).
Ello así, toda vez que el Código establece que deben ser hechas ante escribano público, en la forma ordinaria de los contratos y bajo pena de nulidad, las donaciones de bienes inmuebles y de prestaciones periódicas o vitalicias (art. 1810, Cód. Civil). En ambos casos la forma requerida es solemne, porque se exige para la celebración y existencia del acto y su incumplimiento acarrea la nulidad. Es absoluta porque no existe la conversión del negocio jurídico, ya que no se puede hacer bajo forma privada y exigir su elevación a escritura pública, por expresa prohibición del Código (arts. 1810 y 1185). Estas donaciones deben ser aceptadas en la misma escritura pública o en otra, si está ausente el donatario (art. 1186, Cód. Civil). Lo que debe constar en la escritura pública es el contrato, es decir, tanto la oferta como la aceptación (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, "Tratado de los contratos", tomo III, ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2000, págs. 604/605).
Ello deriva, en opinión de los autores, en que la importancia de las donaciones establecidas en el citado art. 1810 hace necesario que exista la misma formalidad para que sea válida la aceptación, que expresa la voluntad del donatario, perfeccionando el contrato, conforme lo dispone el art. 1792 del mismo cuerpo legal. Es decir que la aceptación, so pena de nulidad, debe hacerse en la misma forma auténtica en que consta la donación del bien inmueble. Ello concuerda con lo dispuesto por Freitas, que en el art. 2151 de su Esboço establecía: "La escritura pública de donación no se reputará aceptada por haberla aceptado el escribano que la extendiere a nombre del donatario ausente. Si no interviniere en ella el mismo donatario, o su legítimo representante, la aceptación, so pena de nulidad, no puede ser hecha sino por otra escritura pública" (conf. Bueres, Alberto, Highton, Elena, "Código Civil", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2003, tomo 4 D, pág. 77). A tenor de lo expuesto precedentemente surge claramente que, a diferencia de lo propuesto por el impugnante, en el caso que nos ocupa, la aceptación debió realizarse mediante escritura pública para que pueda considerarse perfeccionada la donación, su falta no puede considerarse suplida con la posesión ejercida sobre el inmueble.”.-
La claridad de los conceptos antes reproducidos del fallo emitido por nuestra SCBA me eximen de agregar otros fundamentos en lo que se refiere al perfeccionamiento del contrato de donación.- Es así que, habiendo aceptado los donatarios la oferta de donación con fecha 22.12.2009, es a partir de allí y no antes que la acción de reducción se encontraba expedita, de modo tal que a la fecha de inicio de las presentes actuaciones - 14.06.2016- no habían transcurrido aún los diez años previstos en el art. 4023 del CC.- Agrego, por otra parte que, no resulta aplicable el menor plazo previsto en el CCyC (esto es 5 años conforme art. 2560) toda vez que antes se cumpliría el plazo previsto por el código velezano conforme lo dispone el art. 2537 del CCyC.-
Si bien, lo antes dicho sella la suerte de la apelación (positivamente), no está demás decir que no es de recibo el argumento del apelante referido al inicio del cómputo de la prescripción desde que se notificó la sentencia de filiación.- Es que la falta de emplazamiento como hijo no implicaba que la acción de reducción no se encontrara expedita sino que solo se trataba de una imposibilidad de incoar la acción conforme lo normaba el art. 3980 del CC y en la actualidad el art. 2550 del CCyC (que amplía el plazo de tres a seis meses).- Respecto de la dispensa de la prescripción mi estimado colega Dr. Louge Emiliozzi en causa nº 64.619 “Supertrans…” del 4.02.2020 señalaba: “La dispensa de la prescripción es una de las vicisitudes que puede afectar el plazo de prescripción. Es la respuesta jurídica a la imposibilidad de obrar de hecho o de derecho. Se trata de un instituto distinto conceptualmente tanto de la suspensión como de la interrupción, que consiste en una excepcional causa de excusabilidad del transcurso del tiempo, por la existencia de algún impedimento legal o fáctico, por considerarse que la inactividad incurrida al tiempo de operarse la prescripción es inimputable (Edgardo López Herrera, “Tratado de la prescripción liberatoria”, cit., Capítulo VII, “Dispensa de la prescripción”, pág. 313 y sig.). El Código Civil derogado (pero aplicable al caso, conf. arts. 3 de dicho Código y 7 y 2.537 del CCyC) regulaba este instituto en el art. 3980, el cual disponía lo siguiente: “Cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al propietario, de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses. / Si el acreedor no hubiere deducido la demanda interruptiva de la prescripción por maniobras dolosas del deudor, tendientes a postergar aquélla, los jueces podrán aplicar lo dispuesto en este artículo.”.
En la obra “Tratado de la Prescripción”, Lopez Herrera señala la situación del hijo extramatrimonial reconocido por sentencia judicial precisamente en los casos de impedimento de derecho a fin de iniciar una acción de daños y perjuicios o como en el sub lite en su calidad de heredero (ob.cit. Tº I, págs. 391/392), citando el fallo de la CSJN que precisamente trató una cuestión con ciertas aristas aplicables a la cuestión en ciernes.- Asimismo en dicha obra se hace la distinción con la situación que se presenta frente a la imposibilidad de accionar por pendencia de otra acción.- Transcribo la parte pertinente para ser más explícita: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que la necesidad de entablar una demanda de filiación para poder reclamar por los daños sufridos por la muerte del padre (mutatis mutandi se aplica a la situación de autos) configura “una imposibilidad legal de accionar por reclamo de una indemnización que tiene como presupuestos necesarios un vínculo familiar, si no tiene el título que depende del emplazamiento del estado de hijo (CSJN 23.05.2006 “P.F., K.C. c/ Provincia de Mendoza y ots.” LL 2006-F-605 con nota de Trigo Represas “Dispensa de la prescripción por existencia de un impedimento legal o jurídico).- El impedimento de derecho no debe ser confundido con la imposibilidad de que se inicie la prescripción por pendencia de otra acción. Así Argañaraz menciona como ejemplo de imposibilidad de derecho “la subordinación de una acción a otra de juzgamiento previo; como sería la acción reivindicatoria subordinada al resultado de la acción previa de nulidad del acto de enajenación del inmueble subordinado”. En ese caso se trata de una actio non nata de la que hemos hablado en el capítulo III.- Lo mismo sucede con la demanda de alimentos por filiación extramatrimonial o por daños causados por negativa al reconocimiento voluntario de la paternidad. En esos casos la prescripción no corrió porque la acción no había nacido”.-
En apoyatura de lo antes dicho es dable citar (mutatis mutandi lo dicho por Iglesias, Mariana Beatriz y Krasnow, Adriana N. en su obra “Derecho de las familias y las sucesiones” pág. 1021 “En el caso del hijo extramatrimonial no reconocido en vida por el donante, mientras la acción de colación no se encuentre prescripta, deberá seguirse el mismo criterio que para aquellos reconocidos voluntariamente. En caso de que la filiación se inicie post mortem podrán iniciarse de manera conjunta —y a los efectos de evitar prescripción de las mismas—la acción de filiación y la petición de herencia, a las que podrán sumarse las de colación, reducción y simulación, según el caso concreto que se presente”.-
Antes de concluir el presente voto he de decir que no resulta aplicable al presente la prescripción liberatoria opuesta por I. R. S. con fundamento en el art. 4028 del CC toda vez que el causante no practicó una partición de bienes.- Claramente no resulta aplicable dicha normativa al sub lite.
Conforme lo expuesto corresponde revocar la sentencia dictada en la instancia de origen desestimándose la excepción de prescripción liberatoria con costas a los co demandados vencidos (art. 68 cpcc).- En relación al tercero citado, no habiendo actuado ante la Alzada y toda vez que la presente resolución se refiere esencialmente a la excepción de prescripción opuesta, no se le imponen costas, difiriendo su situación para el momento de la ejecución de sentencia y conforme se resuelva en la instancia de origen a su respecto.-
V. En orden a ello, y toda vez que la totalidad de los bienes del causante fueron donados precisamente a los demandados de autos tal como lo manifestaran en los autos sucesorios y en los presentes autos, que lo fueron al mismo tiempo como así también fue al mismo tiempo la aceptación de la oferta de donación, claramente prospera la acción de reducción incoada debiendo aportar los donatarios a prorrata la porción de la legítima en exceso recibida (conf. art. 3593 del CC) y a favor del actor (conf. arts. 1830, 3602, 3605, 3477 y cctes. del CC).-
Que por otra parte ha de tenerse presente que los co demandados pactaron “que cualquier reclamo que afecte la integridad de lo adjudicado, tanto en la escritura de división de condominio ya citada, como por el presente instrumento, será soportado solidariamente entre los tres firmantes, e independientemente de los bienes sobre los cuales se efectúe el reclamo” (cláusula décima del convenio adjuntado en copia a fs. 81/82).-
Asimismo los co herederos demandados subsidiariamente ofrecieron en lugar de la resolución de la donación la compensación al Sr. Arias del valor de la legítima, ello ha sido receptado favorablemente por la doctrina y jurisprudencia durante la vigencia del Código Velezano en orden a la interpretación armónica de los arts. 966,1857, 3924 y ccts. (conf. entre otros Fornieles, Tratado, Sucesiones, T II, n° 1000; Maffía, Jorge O. Tratado de las Sucesiones, T II, p. 540, n° 889; Zannoni, Derecho de las sucesiones T 2, p. 194, n° 975).- Tal cuestión hoy se encuentra prevista en el art. 2454 del CCyC el que puede tenerse en cuenta a fin de interpretar la norma anterior.- Así, estimo que para una mejor solución del presente en la instancia de origen y en el trámite de ejecución de la sentencia se aborden todas las cuestiones atinentes al valor de la compensación o resolución de las donaciones, el porcentaje que debe aportar cada donatario debiendo primero, claro está, determinar los bienes o el porcentaje que correspondían al causante, si resulta necesario compensar las mejoras o en su caso no se computarán en el valor de los bienes donados, en fin todos los planteos de las partes que no han sido abordados en el presente voto, todo ello podrá ser abordado en una audiencia a la que podrá convocar el Sr. Juez de la instancia de origen.-
En el mismo trámite deberá determinarse la situación del tercero citado adquirente de los bienes donados conforme se resuelva la situación entre los herederos.-
En cuanto a los frutos reclamados por el actor, y a fin de despejar dudas al momento de la ejecución de la sentencia, cabe decir que los mismos se deben desde la notificación de la presente demanda toda vez que hasta tanto el actor no reclamó su legítima los donatarios han de considerarse poseedores de buena fe, es que la acción de reducción es renunciable por lo tanto hasta tanto el heredero preterido no reclama los restantes herederos no tienen obligación de aportar o restituir lo recibido en exceso de su legítima.- Así lo exponen claramente Perez Lasala y Medina en la obra que vengo citando, págs.. 119/120: “El donatario tiene derecho a los frutos no sólo como poseedor de buena fe, sino como dueño de la cosa, mientras no sea resuelto su dominio.- En cuanto al momento de resolución del dominio del donatario -de especial importancia en materia de frutos-, caben dos posiciones una, que propugna la resolución de pleno derecho desde el día del fallecimiento del causante (es la postura que sostuvo García Goyena al comentar el art. 971 de su proyecto) y otra, que considera que el dominio queda resuelto desde el día de la notificación de la demanda de reducción (es la posición de Demolombe). En nuestra opinión, el dominio debe ser resuelto desde el día de la notificación de la demanda, no desde el día de la apertura de la sucesión, pues si bien a partir de ésta se puede ejercer la reducción, esa mera posibilidad nunca equivale al ejercicio efectivo.”
“El momento de la notificación de la demanda marca la línea divisoria, en cuanto al donatario, para empezar a considerarlo de mala fe. Hasta ese momento se lo considera poseedor de buena fe (además de dueño) y conforme el art. 590 hará suyos los frutos percibidos. A partir de la notificación de la demanda se lo considera poseedor de mala fe y, siguiendo las pautas del art. 590, deberá restituirle al reclamante los frutos que perciba después de ese momento. El régimen es justo, pues a partir de la demanda es cuando el donatario puede conocer si su beneficio está comprometido de inoficiosidad…”.-
VI. Por todo lo expuesto propongo al acuerdo revocar la sentencia dictada en la instancia de origen, desestimar los planteos de prescripción, hacer lugar a la demanda de reducción con los alcances antes mencionados todo ello con costas a los co demandados vencidos (art. 68 CPCC); difiriendo para la etapa de ejecución de la sentencia las cuestiones que antes se señalaron y que no fueron abordadas en el presente voto.- Por último ordenar que la situación del tercero citado se resuelva en la instancia de origen conforme se concluya la causa por compensación o por restitución (arts. 4023, 3953, 1792, 1795, 1830, 1831, 1832, 3601, 3602, 3604, 2361, 2362, arg. 3477 y cctes. del CC).-
Así lo voto.-
La Señora Jueza Doctora CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI, adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTION: La Señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo: 1) Revocar la sentencia dictada el día 25.04.2022, 2) Desestimar la excepción de prescripción liberatoria opuesta en autos, 3) Desestimar la aplicación del art. 2459 del CCyC, 4) Hacer lugar a la demanda incoada de reducción con los alcances propuestos en el primer voto y difiriendo las restantes cuestiones para que sean abordadas en la instancia de origen, 5) Con costas a los co demandados perdidosos (art. 68 cpcc), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).- Así lo voto.-
La Señora Jueza Doctora CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI, adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A -
POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC, se
1. Revocar la sentencia dictada el día 25.04.2022, 2) Desestimar la excepción de prescripción liberatoria opuesta en autos, 3) Desestimar la aplicación del art. 2459 del CCyC, 4) Hacer lugar a la demanda incoada de reducción con los alcances propuestos en el primer voto y difiriendo las restantes cuestiones para que sean abordadas en la instancia de origen, 5) Con costas a los co demandados perdidosos (art. 68 cpcc), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).- Regístrese, y notifíquese en forma electrónica (Resolución de Presidencia SP 10/20, art. 3 punto c) apartado 2) a los domicilios que seguidamente se consignan, y oportunamente devuélvase.
REVOCA
Fin de la sentencia