Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 69.203
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Respecto del actor R. O. R., modificar parcialmente la sentencia y elevar el monto de indemnización por el daño psicofísico, a la suma de $ 350.000 (pesos trescientos cincuenta mil); el monto de gastos terapéuticos para el tratamiento psicológico, a razón de una sesión semanal durante dos años, a la suma de $ 364.000 (pesos trescientos sesenta y cuatro mil); y el monto de indemnización por daño moral a la suma de $ 1.900.000 (pesos un millón novecientos mil).
2Respecto del actor M. S. J., modificar parcialmente la sentencia y elevar el monto indemnizatorio por daño moral a la suma de $ 600.000 (pesos seiscientos mil).
3Imponer las costas de alzada a los demandados, en su calidad de vencidos (art. 68 CPCC).
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967).
Causa nº: 2-69203-2022 "(O)R. R. O. C/ P. M. C. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) ACUMULA AL EXPTE 3356/20 "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los veintitrés días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintitrés, celebrando Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48, Ley 5.827), con la presencia del Sr. Secretario, para dictar sentencia única en los autos caratulados: “R., R. O. C/ P., M. C. Y Ots. S/ Daños Y Perjuicios” y su acumulado “J., M. S. c/E., A. y Otros s/Daños y Perjuicios”, (Causas Nº 69.203 y N°69.289), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. - ¿Procede el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 22/04/2022?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I). En sentencia única dictada en primera instancia en los expedientes N° 3397/2019 y N° 3356/2020 (numeración del Juzgado n° 1 de Olavarría), se condenó a la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual derivada de un hecho ilícito con sentencia penal firme, a los co-demandados M. C. P., A. E. y M. G. G., a abonar respectivamente a los actores: R. O. R., la suma de $ 352.000 y a M. S. J., la de $ 50.000, en concepto de daño patrimonial y extrapatrimonial.
Dicha condena consideró a los demandados como responsables de los daños y perjuicios sufridos por cada uno de los accionantes, en el hecho ilícito cometido por los tres demandados el día 15 de marzo de 2019, según surge de la sentencia penal firme dictada el día 1° de octubre de 2021 en la causa n°24/2019 tramitada por ante el Juzgado Correccional de la ciudad de Olavarría, (I.P.P. N°2086/19, ex I.P.P. n° 01-02-001390/19/00). En dicha oportunidad, los tres demandados incursionaron en la quinta en la que vivía el Sr. J. con su familia, en la que se encontraba de visita su suegro R., con intención de reclamarle una deuda y la devolución de 53 cabezas de ganado bovino que había entregado para su capitalización la Sra. P. al Sr. J., siendo condenados por los delitos de amenazas simples, violación de domicilio y coacción (P.); violación de domicilio, daño y lesiones graves(G.); violación de domicilio y privación ilegal de la libertad agravado por violencia ejercida contra la víctima (E.) y violación de domicilio y privación ilegal de la libertad agravado por violencia ejercida contra la víctima y coacción (E. R. Q., no demandado civilmente).
Para así resolver, consideró la aplicación del art. 1776 del CCCN, que establece que la sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito y de la culpa del condenado. Luego de analizar la posibilidad de una culpa concurrente en los términos del art. 1729 CCCN, repasó las distintas constancias de la causa penal, la filmación del hecho por parte del co-demandado G. de la que surge que J. fue inmovilizado y atado a un árbol –de donde fuera rescatado por la policía, previamente advertida por éste mediante una llamada al 911-, y el hecho que al intentar R. repeler la agresión a su yerno con una escopeta hallada en el interior de la vivienda, fue ferozmente golpeado por G. con una vara de hierro con una tuerca en la punta, en ambas muñecas y en el omóplato derecho, provocándole traumatismo y fractura en dos partes del pulgar derecho; lesiones que lo inhabilitaron laboralmente por más de treinta días, además de las secuelas que se demostrarían en el transcurso del juicio civil. Descartó toda posibilidad de culpa concurrente de ambas víctimas, cuestión que arriba firme a esta instancia.
II). La sentencia fue apelada por dos de los demandados, P. y G. (26/4/2022), no haciéndolo el demandado E.; y también por ambos accionantes (27/4/2022). Los recursos fueron concedidos con fechas 2/5/2022 y 3/5/202 y fundados por los actores M. J. y R. R., mediante escrito de su patrocinante y apoderado Dr. Barone con fechas 06/09/2022 y 22/9/2022; y los demandados P. y G. con patrocinio del Dr. Pablo Hernán Salerno con fecha 08/09/2022.
Advierto con relación al codemandado G., que en la sentencia de la causa penal respectiva su apellido figura escrito como “G.”, lo que constituye un simple error material y es en ambos casos la misma y única persona, identificada con DNI 28.507.467.
1.a.Los agravios del actor R. se refieren a los exiguos montos otorgados por una incorrecta valoración de la prueba, ya que el juzgador minimiza los padecimientos sufridos por el nombrado, considerando su edad al momento del hecho (78 años), sin tener en cuenta que gozaba de un estado de salud excelente, que fue quebrado definitivamente por el accionar de los demandados y tampoco tuvo en cuenta el porcentaje de incapacidad otorgado por los peritos intervinientes. Por lo que considera insuficientes tanto los montos pro incapacidad física como psíquica y por daño moral. 1.b. El actor J., se agravia del exiguo monto otorgado por daño moral, ya que no se consideró el doble daño sufrido, por una parte, por la violencia en su persona y por otra, por el escarnio provocado por la difusión del video con las imágenes obtenidas por el propio celular del agresor, en las redes sociales.
2. Los codemandados P. y G. se agraviaron por el porcentaje de incapacidad psicofísica que se consideró acreditada a R., por considerar que el juez no ha tenido en cuenta que el actor, de someterse a una intervención quirúrgica (liberación del nervio mediano a nivel del canal carpiano en la muñeca y descompresión del nervio cubital a nivel del codo), tendría mejoría en su miembro superior izquierdo reduciéndose así el porcentaje de incapacidad que presenta actualmente. Además, consideran que R. no ha demostrado el caudal económico o nivel de ingreso mensual que ostentaba, ni tampoco acreditó arte, profesión u oficio alguno. Por ello, en razón de dicha orfandad probatoria y la edad del actor, solicitan se reduzca la indemnización por incapacidad psicofísica otorgada de $ 100.000, a la de $ 50.000. Hacen referencia a los montos concedidos en caso similar a un jubilado (fallo del 10/7/2014 que citan).
En cuanto al daño psicológico, rechazan la pericia practicada que determinó una incapacidad de 50% y aconsejó un tratamiento psicodinámico (y tal vez psiquiátrico) a fin de revertirla, con una frecuencia semanal por el plazo de dos años, con un costo promedio (a fecha de la pericia) de $ 1.500 por sesión. Sostienen que después de tres años de dicha pericia el actor jamás realizó un tratamiento psicológico y que por su edad (78) como todos los jubilados del país tiene PAMI y si realmente hubiese experimentado tales padecimientos, hubiera realizado el tratamiento. Agregan además que si el actor no fue paciente de la perito, cómo puede ésta estimar la duración del tratamiento. En resumen, solicitan el rechazo del rubro indemnizatorio, por imprecisión del cálculo y carencia de fundamentación. Respecto al daño moral, solicita su reducción a $ 40.000, por similar pedido respecto al daño psicofísico y a la improcedencia del daño psicológico.
Como corolario sintetizan sus agravios en: 1) errónea valoración de la prueba de la parte actora (pericias médica y psicológica) y 2) monto desproporcionado ($ 352.000) como condena por daños psíquico, daño psicológico, daño moral y gastos médicos.
III). Luego de un detenido análisis de las constancias de autos y de la causa penal agregada por cuerda, al igual que la valoración de las pruebas, los montos asignados en la sentencia y la fundamentación de los agravios de las partes, anticipo que el recurso de los demandados no ha de prosperar, teniendo por el contrario favorable acogida el de la parte actora. En tanto los agravios de ambas partes se refieran a similares cuestiones, aunque con criterio opuesto, serán abordados en forma conjunta. 1.Como se dijo, el accionante R. O. R. se agravió por los exiguos montos otorgados tanto por incapacidad física como psíquica y por daño moral, que atribuye a una incorrecta valoración de la prueba. Considera que el juzgador minimiza los padecimientos sufridos por el nombrado, debido a su edad al momento del hecho (78 años); sin tener en cuenta que gozaba de un estado de salud excelente, quebrado definitivamente por el accionar de los demandados y que tampoco tuvo en cuenta los porcentajes de incapacidad otorgado por los peritos intervinientes.
1.1 El actor manifestó en su demanda haber sufrido, a raíz de la golpiza a que fue sometido por G. con una barra metálica, los siguientes daños: fractura del pulgar de la mano izquierda, golpes en la mano derecha, hombro y omóplato derecho y pierna derecha, teniendo como secuelas pérdida de fuerza y sensibilidad en la mano izquierda, dolor constante en el hombro derecho y la pierna derecha; y padecer momentos de angustia e inestabilidad emocional.
Con relación a la incapacidad psicofísica, la sentencia aborda en primer lugar las lesiones que surgen de la pericia médica realizada por la Dra. Mariana Pizella con fecha 18/8/2020 (que no fue objeto de impugnaciones), que diagnosticó: politraumatismo con fractura de la mano izquierda; herida en la mano derecha; Síndrome de Túnel Carpiano y neurodiscitis cubital. En base a ello le asigna una incapacidad conforme al baremo de Altube-Rinaldi y el método de la capacidad residual, de una incapacidad física del 23%. Destaca que según informa la perito, una intervención quirúrgica podría causarle mejoría y una reducción de dicha incapacidad, pero que, respecto al deterioro de su estado general tras el siniestro, estima como poco probable su recuperación, debido a las características del evento a la edad del paciente.
En cuanto al informe pericial de la psicóloga Dra. María Viviana Torres (21/5/2020), la sentencia refiere que ésta indica que el actor presenta rasgos que caracterizan a la neurosis traumática, con un incremento de mecanismos fobígenos y manifestaciones depresivas. Que el miedo, el temor, forman parte de su vida al momento del examen, observando en el peritado que la agresión le ha dejado trastornos emocionales tales como inhibición, depresión, dificultad para dormir, miedo o señal permanente de alerta; que ello determina una incapacidad del 50% y aconseja realizar un tratamiento psicodinámico / y tal vez psiquiátrico a fin de revertirla, con una frecuencia semanal por un plazo de dos años.
Por todo ello, la sentencia concluye que corresponde indemnizar la incapacidad física y psíquica del actor R., por la alteración de la dificultad a su salud y la afectación de su capacidad o aptitud intrínseca, con abstracción de que no trabajaba. Ahora bien, considerando que no resulta posible acudir al empleo de fórmulas matemáticas porque la edad del actor dificulta su uso, estima prudencialmente en $ 100.000 el daño psicofísico, considerando para ello la edad del actor al momento del hecho (78) y un ingreso mensual estimado en una jubilación mínima que a la fecha de la sentencia (marzo 2022), ascendía a $ 32.630.
1.2. Respecto a la incapacidad física de R., los demandados apelantes cuestionaron dos aspectos de la sentencia y solicitaron la reducción del monto a la mitad, por lo siguiente: a) porque el accionante podía haberse sometido a una intervención quirúrgica que, según la misma pericia médica, le hubiera permitido disminuir el daño; y b) porque R. no ha demostrado el caudal económico o nivel de ingreso mensual que ostentaba, ni tampoco acreditó arte, profesión u oficio alguno.
Este cuestionamiento nos lleva a analizar la posibilidad, cuantía y forma de calcular las indemnizaciones en caso de daños físicos que afectan la salud y la capacidad vital a personas de edad, o jubiladas, que se encuentran ya fuera del ciclo productivo propiamente dicho. Ello, además de la dificultad mencionada por la jueza, de aplicar fórmulas matemáticas que tienen en general como una de sus variables, la edad del retiro laboral, que esta misma Sala ha extendido al presente a 70 años.
En la doctrina y jurisprudencia en materia de daños, en particular en cuanto a las disminuciones psicofísicas de las personas, ya durante la vigencia del Código Civil se había dejado establecido que los daños a la salud y los beneficios económicos perdidos por un incapacitado –total o parcialmente- desbordan los puramente dinerarios y se propagan a otras utilidades frustradas. Así, por ejemplo, mencionaba Zavala de González como daño patrimonial los impedimentos o las limitaciones para el desenvolvimiento práctico de la existencia, aunque no signifiquen ninguna frustración de ingresos, sino que se limiten a las menores posibilidades patrimoniales genéricas (CNCiv., Sala G., 14/2/96, RepJA,2001-545, n°453). Citaba también otro fallo que describe: “…la incapacidad sobreviniente no se limita a la actividad económica directa, sino que abarca diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida, siendo innecesaria la prueba de la existencia de un lucro cesante “(CCiv.com rosario, Sala I, 14/2/00, LLLit, 2001-218, 254-S) (Zavala de González, Matilde, Tratado de daño a las personas, disminuciones psicofísicas, ed. Astrea, T.2, pg. 216/218). En este sentido, agregaba, no obstaría indemnizar por afectación de la genérica actividad económica-investida de utilidad no dineraria-, el hecho de que, incluso, se acredite que la clase de incapacidad sufrida por el reclamante no le obstaculiza proseguir con sus anteriores ocupaciones, ni sufre disminución alguna de sus ingresos (CCivComMar del Plata, Sala II, 17/3/98, RepJA, 2001-547, n°464). Empero, agregaba esta autora,” reviste importancia circunscribir los mentados daños materiales” no “laborativos” por incapacidad, a esferas sin embargo “productivas”, y descartando las que no ostentan ninguna significación con esta última característica, ni siquiera a nivel mediato, pues entonces procede su inserción sólo dentro de los detrimentos morales”.
Cita asimismo esta autora la opinión de Iribarne, quien enfatiza que debe descartarse la suposición de que todo lo que producimos gratis, para nosotros o para terceros, carezca de valor económico. Dice éste último que “hablar seriamente de reparación integral exige superar esa angosta visión, que restringe la economía a los circuitos monetarios, para poder ponderar todos los ´bienes´ y ´valores´ de la víctima que han sido dañados. Prepararse solo el desayuno a la mañana, lustrarse los zapatos, lavarse la ropa o pintar la casa, pueden ser bienes a los que accedo ´gratis si tengo salud, habilidad, ganas y tiempo para lograrlo por mi propio esfuerzo. Pero si mi incapacidad física o psíquica me impide efectuar algunas de esas áreas, y debo procurarlas en el mercado de trabajo, su ´gratuidad´ natural ha de trocar en indudable “onerosidad” (Zavala de González, Matilde, Indemnización por lesiones y por incapacidad. Pautas para su cuantificación, en Bueres-Kemelmajer de Carlucci (dirs.) “Responsabilidad por daños en el tercer milenio”, pg.301 y sigs.).
Así los había resuelto la jurisprudencia durante la vigencia del Cód. Civil:”…además las consecuencias del accidente se pueden proyectar en la actividad diaria que realiza el damnificado, traduciéndose en un mayor esfuerzo para la realización de las actividades domésticas, por ejemplo bañarse, lavar, cocinar, efectuar las compras, trasladarse, etc., ello…sin duda implica un perjuicio que debe ser indemnizado, menoscabo que no se confunde con el daño moral, que es el padecimiento espiritual que sufre la víctima, sino que es la repercusión que tiene al realizar las actividades que cualquier persona realiza….pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida…(Baldasso Leonel Raúl c/Cliba S.A. (Ingeniería Ambiental Benito Roggio e Hijos S.A:-Ormas Ambiental S.A. UTE ) y otros. Ordinario- Daños y Perj…- Rec. de Apelación.N°527823/36”-Cam- 8ª de Apel. Civ. y Com. Córdoba-29-06/2006(elDial.com – AA3885). Y también se dijo :”Para graduar la cuantía por este rubro debe apreciarse un cúmulo de circunstancias, entre las cuales, si bien asume relevancia lo que la incapacidad impide presuntivamente percibir durante el lapso de vida útil, también es preciso merituar la disminución de las posibilidades, edad de la víctima, cultura, estado físico, profesión, sexo; es decir, que el aspecto laboral es sólo un ingrediente a computar, pues el daño también se trasunta en la totalidad de la vida de relación de aquélla..(conf. esta sala, voto del dicente en c. 61.903 del 12-3-90 y sus menciones; voto del Doctor Dupuis en c. 45.623 del 22-5-89 y sus citas; votos del doctor Calatayud en c. 45.086 del 10-5-89, entre muchos otros), (en el caso se trataba de una anciana de 85 años, que era soltera y vivía en un departamento con su hija alquilado por ésta y percibía un haber jubilatorio mínimo) (“S.M. vs. Dupuytren Sanatorio Integral s. Daños y Perjuicios, CNCiv., Sala E, 26/8/2005, voto del Dr. Mirás; Rubinzal Online; RC J 17945/10).
Asimismo, se dijo que “…el daño resarcible no consiste en la lesión misma, sino en sus efectos” …de tal modo, el daño, con sustento en el art. 1067 del Cód. Civil,” el daño es la contrapartida de la reparación y debe congruentemente consistir en una consecuencia que pueda ser reparada en alguna forma, más o menos perfecto” (Matilde Zavala de González, Daños a las Personas – integridad Psicofísica, pág. 27). En el sub- examine deben tenerse en cuenta las condiciones personales de la víctima, tales como la edad a la época del accidente (78 años), su sexo masculino, su estado civil casado; el hecho que ala lesiones sufridas afectan su vida de relación, afectiva, deportiva, social y recreativa y que el cuadro fóbico que padece presenta muy escasa probabilidad de recuperación debido a factores dependientes de su etapa vital y la fijación traumática del evento que produjo el cuadro fóbico, a la par que estima que una recuperación parcial del cuadro depresivo que está sujeta a que no surjan nuevos imprevistos y en la medida que cumpla con el tratamiento que le sea administrado…”(Cam. Ap. Civ., Com. y de Garantías en lo Penal de Zárate-Campana, 19/12/2008, “Fenestraz, Eduardo Francisco c. Rodríguez, Norma Edith;
LLBA2009(marzo), 213.Cita: TR LA LEY AR/JUR/200016/2008).
En el nuevo CCCN, que ha reafirmado la división bipartita entre daños patrimoniales y extrapatrimoniales, cabe también efectuar la distinción entre los diversos daños patrimoniales (incapacidad psicofísica, daño emergente, lucro cesante, daño a la propia aptitud vital y a la salud) y extrapatrimoniales o daño moral, comprensivo éste de toda afectación a los bienes espirituales de la persona y sus derechos personalísimos (arts. 1738, 1739, 1740,1741,1746 y concs. CCCN). Hecha esta distinción, y en cuanto a la forma de acceder a su cuantificación en situaciones como el presente caso (víctima jubilada y de 78 años de edad), debemos remitirnos al art. 1746 en cuanto se refiere a la determinación de un capital cuyas rentas cubran “la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades…económicamente valorables…”. Son estas actividades las que deben ser reparadas cuando la incapacidad psicofísica sufrida por la víctima del daño excede la actividad productiva en sí misma, por haber alcanzado la edad de su retiro o jubilación, pero sin embargo el daño a su salud le impide continuar realizando otro tipo de actividades no remuneradas, pero sí económicamente valorables, que ya no podrá realizar o para las que necesitará ayuda de terceros. Las restantes repercusiones sobre su salud, su proyecto vital, su vida de relación, en caso de no resultar económicamente valorables, deberán ser indemnizadas como daño extrapatrimonial o daño moral.
Respecto al concepto de incapacidad permanente que recoge el art. 1746, recuerda Galdós que “La incolumidad humana tiene un valor indemnizable per se, ya que no sólo comprende las efectivas y concretas ganancias dejadas de percibir sino que además incluye la afectación vital de la persona en su ´mismidad´, individual y social, por lo que a la víctima se le debe resarcir el daño a la salud que repercute en su significación vital”(Galdós, Jorge M., La responsabilidad civil .análisis exegético, doctrinal y jurisprudencial: arts. 1708 a1780CCCN, Ed. Rubinzal-Culzoni, T.II, p.576 y ss., ; ver notas 989, 990, 991 ,992, sus citas y remisiones). También recuerda que el maestro Llambías decía: “La lesión de carácter permanente, ocasione o no un daño económico, debe ser indemnizada como valor del que la víctima se ve privada, puesto que la reparación comprende no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afectan a la personalidad” (Llambías, J.J., Tratado de Derecho Civil.Obligaciones.T. IV-A, p.116).
Más adelante expresa Galdós su opinión sobre la incapacidad sobreviniente como daño patrimonial, compatible con la inveterada jurisprudencia de la Corte nacional que sostiene que “cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva” (es decir, la capacidad laborativa o productiva) (ob.cit., pg. 579). De modo tal que “la afectación a la incolumidad corpórea abarca: 1) la incapacidad laborativa o productiva, o sea, la pérdida de ingresos o la minoración de la concreta aptitud productiva o generadora de ingresos, rentas o ganancias específicas; constituye un daño que debe ser probado, en función de sus ingresos o ganancias; 2) la capacidad vital o la aptitud y potencialidad genérica, es decir, la no estrictamente laboral (supuesto que…de cierta manera es equiparable al denominado daño biológico, trasladado desde el Derecho Italiano y concebido como la lesión misma de la integridad personal); se trata de un daño presumido; 3)el daño a la vida de relación o a la actividad social muy estrechamente vinculado con la capacidad intrínseca del sujeto y que también es presumido. Estos dos últimos rubros se presumen ya que partimos del presupuesto de que todos los hombres tienen capacidades innatas para su desenvolvimiento personal y social, por lo que incumbe al sindicado como responsable la prueba en contrario…” (aut. y ob. cit., p.578; los destacados me pertenecen).
Es por ello que, aun reconociendo que la distinción entre uno y otro tipo de daño: daño a la capacidad vital o la aptitud y potencialidad genérica (patrimonial) y daño moral (extrapatrimonial), en personas de avanzada edad, suele ser más difícil de diferenciar uno del otro y de valorizarlo , no por ello puede dejar de reconocerse la repercusión patrimonial de una incapacidad psicofísica en una persona que, a los 78 años, se encontraba en perfecto estado de salud y que a partir del hecho dañoso, no sólo ha quedado con una incapacidad, sino que, precisamente por su edad, ya no podrá recuperarse totalmente e inclusive, la operación que determinó el perito médico que “podría” aliviarle la disminución física, pero no necesariamente recuperarse íntegramente, conlleva riesgos quirúrgicos y dolorosos postoperatorios, que no puede pretender la parte demandada que el actor se arriesgue a afrontar, solamente para tener que indemnizar un porcentaje menor, como sostiene en sus agravios.
De modo que considero que corresponde confirmar el porcentual de incapacidad psicofísica del 23% asignado por el perito médico y receptado en la sentencia (arts. 163 inc. 5, 375, 384, 474 CPCC; 1737, 1738, 1739, 1740, 1744, 1746, 1749 y ccs. CCCN).
1.3 Ahora bien, anteriormente se han mencionado las dificultades-que también expresó la sentencia en revisión- de cuantificar la incapacidad psicofísica de una persona jubilada, de 78 años de edad. Considero que para ello, en este caso, bien puede utilizarse una fórmula matemática, que considere la disminución de esas aptitudes para su vida cotidiana que ya no podrá realizar por sí sólo y por ende requeriría el auxilio de otra persona, que deberá remunerar, sufriendo una consiguiente disminución de sus ingresos jubilatorios (ej.: asistente para las tareas domésticas, para ciertas tareas del hogar como reparaciones, pintura, mantenimiento, etc.,). Estimo necesario para ello un costo mínimo del 25% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil a la fecha actual (mes de mayo 2023), de $ 84.512 o sea la suma mensual de $ 21.128, importe que deberá multiplicarse por la cantidad de años que cabe presumir que el Sr. R. podría haberse desempeñado por sí solo, sin el apoyo de su familia o de terceros, la, que voy a estimar prudencialmente hasta los 85 años.
Es así que deberá ser indemnizado por la pérdida de esa capacidad vital y aptitud para realizar tareas económicamente valorables durante el plazo de siete años, considerando que tenía 78 años al momento de la agresión que le produjo los daños. Aplicando entonces la fórmula habitual que utiliza este tribunal para determinar la incapacidad psicofísica, se considerarán las siguientes variables: el 23% de incapacidad psicofísica, un monto ingreso mensual destinado a cubrir el salario de terceros que suplan sus dificultades motoras de $ 21.128 durante el plazo de siete (7) años, y una tasa de descuento del 4% anual:
Donde: “C” es el capital a determinar, “A” el ingreso anual potencialmente afectado, “i” la tasa de descuento anual, y “n” el número de períodos restantes hasta el límite de la edad productiva de la víctima.El importe resultante de la fórmula es de $ 349.999,49, cuyo ajuste por redondeo con más 51 centavos, arroja el importe de $ 350.000.
Corresponde en consecuencia elevar el monto de indemnización por el daño psicofísico, a la suma de $ 350.000 (pesos trescientos cincuenta mil).
Aclaro que la posibilidad –en este caso concreto-de adaptación de la fórmula de renta constante no perpetua que utiliza habitualmente este tribunal para los casos de incapacidades psicofísicas, no implica que en otros supuestos similares, de personas de avanzada edad, ello no sea posible y la indemnización deberá en tal caso calcularse prudencialmente por el juez, considerando las distintas variables de cada caso que han sido expuestas en el decurso de este voto y en particular en las citas de jurisprudencia y doctrina.
2. Abordando ahora los agravios relativos al costo del tratamiento psicológico aconsejado por la perito Torres –pericia impugnada por los demandados con apreciaciones subjetivas pero no científicas, que por ello cabe descartar- (art. 474 CPCC)-, si bien la Psicóloga manifestó que “su vida se ha visto perjudicada en un 50% y ha caído la posibilidad de disfrutar y hacer síntesis”, ello no debe interpretarse como la asignación de una incapacidad psicológica de carácter permanente, sino como una expresión que describe la imperiosa necesidad de un tratamiento psicológico para revertir el estado psicológico en la víctima.
Que el actor no haya realizado hasta el presente dicho tratamientono consta que lo haya realizado luego de la entrevista-, no impide que sea indemnizado con las sumas necesarias para afrontarlo, pues ello podría obedecer precisamente a la falta de medios. La conjetura de los demandados de que posee la obra social PAMI (ni ninguna otra) no está probada y aunque la tuviera, no necesariamente todos los psicólogos y/o psiquiatras trabajan por obras sociales, lo que es de público y notorio, en particular las obras sociales estatales (PAMI y IOMA; por caso); con las dificultades para obtener turnos para un tratamiento sostenido semanalmente que ello significa (arts. 163 inc.5, 384 CPCC).
Por otra parte, la elección del profesional –en el caso concreto de una terapia psicológica con mayor razón-es un derecho del paciente, quien debe tener plena confianza en la persona a la que confiará sus pensamientos y vivencias más íntimas; por lo que no corresponde rechazar el costo del tratamiento por la hipotética posibilidad de atenderse al azar por un profesional de la cartilla de su obra social.
Por consiguiente, propicio confirmar la indemnización del costo de un tratamiento psicológico, con un mínimo de una sesión semanal por un plazo de dos años, según lo aconsejado por la experta (art. 474 CPCC). En cuanto a la apelación relativa a su costo, el valor actual del mismo, según información recabada a profesionales de dicha especialidad al momento de esta sentencia, es de un mínimo de $ 3.500 por sesión (arts. 165CPCC), lo que hace un costo total del tratamiento de $ 364.000 (pesos trescientos sesenta y cuatro mil pesos).
3. Abordaré acto seguido el último agravio del Sr. R., que se refiere a la cuantificación del daño moral. La parte actora lo ha apelado por bajo y los demandados por alto. Ningún cuestionamiento ha sido efectuado por éstos respecto a la procedencia de los mismos, por lo que no necesitaré extenderme en nociones conceptuales sobre el daño moral, que ha sido receptado y calificado en numerosísimos fallos de esta Sala (causa n° 52.757, “N., A.M. c/ M., M.A. y ots. ..” sent. 13/8/09; causa n° 54.430, del 2/8/2011, “Torres, Elsa Haydée…”, “c. n°62.606, Naldo…”, sent. 20/02/2021; causa n° 66.148 “Bermay, “Elida Haydée…”, sent. 16/7/2021; causa n° 67.086 "Lardizábal Martha Patricia y Otros c/ C.E.C.O. y Otros. s/ Daños y Perjuicios” sent. marzo 2023; entre muchos otros).
Sin embargo, es conveniente recordar los efectos que esta agresión produjo en la víctima, que contaba con 78 años de edad, a quien los atacantes (que previamente habían violado el domicilio e ingresado con idea de presionar con uso de la fuerza para obligar al yerno de R. a firmar documentación atinente a su deuda con la Sra. P.) ,agredieron con un hierro con una tuerca en la punta (o sea, un arma casera evidentemente portada por el agresor), con la idea de desarmarlo cuando éste, ejerciendo legítima defensa, intentaba asustarlos para defender a su yerno que había sido sometido por la fuerza y atado a un árbol. Estas cuestiones, debatidas en sede penal, no impiden considerar la gravedad de la agresión, que fue mucho más allá de un intento de quitarle el arma que portaba, convirtiéndose en una tremenda golpiza ulterior que le causó las múltiples lesiones sufridas y las secuelas incapacitantes.
En la tarea de determinar la indemnización del daño moral, debe tenerse en consideración, como señala Pizarro (Daño Moral, Reparación, Prevención y Punición de las consecuencias no patrimoniales, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2021, t. II pg.3 y ss.), que valoración y cuantificación son dos operaciones distintas, aunque fuertemente relacionadas la una con la otra. Valorar el daño es determinar su entidad cualitativa (“aestimatio”) o, lo que es igual, “esclarecer su contenido intrínseco o composición material, y las posibles oscilaciones de agravación o de disminución, pasadas o futuras” (cit. Zavala de González, Resarcimiento de Daños. Presupuestos y funciones del derecho de daños, t.4, n.111, p.481).” El proceso de cuantificación del daño, continúa diciendo Pizarro, procura determinar cuánto debe pagarse en concepto de indemnización para alcanzar una justa y equilibrada reparación del detrimento. El problema es más delicado que en el caso del daño patrimonial, pues en éste, la cuantificación debe guardar razonable equivalencia con la disminución o merma económica producida a raíz del hecho generador de la responsabilidad civil. En cambio, en materia de daño moral falta “un común denominador para establecer la relación entre el padecimiento espiritual y la indemnización dineraria. Los intereses extrapatrimoniales afectados y la espiritualidad quebrantada no tienen una exacta traducción económica, aun cuando el daño sea reparado mediante el pago de una suma de dinero. No hay un mercado de bienes espirituales quebrantados…” (aut. y ob. cit., p. 5).
Sobre el particular se han elaborado distintos sistemas de cuantificación judicial del daño moral: las que valoran el daño moral por su relación con el daño patrimonial, la que valora el daño moral en base a criterios puramente subjetivos del juzgador, la que valora el daño moral en función de la gravedad de la falta cometida por el responsable (en la que la suma a pagar no tendría virtualidad resarcitoria o reparadora del daño, sino carácter de sanción ejemplar, que es lo que peticiona el actor en sus agravios); doctrinas estas ya superadas. Finalmente tenemos la doctrina que valora la entidad del daño moral en función de la gravedad objetiva del menoscabo causado y consecuentemente, en la mayoría de los casos, se debe atender al bienestar que razonablemente podría generar la indemnización. Esta doctrina, denominada de las “indemnizaciones sustitutivas”, es la que ha adoptado el CCCN en su art. 1741, en su tercer párrafo:” …El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.
En este sentido, afirma Pizarro,” el daño moral se determina en función de la entidad que asume la modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y por la repercusión que tal minoración determina en el modo de estar de la víctima, que resulta siempre anímicamente perjudicial. El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, etcétera, son sólo elementos que permiten aquilatarla entidad objetiva del daño moral padecido, Pero todo ello debe ser valorado prudencialmente por el juez, considerando las circunstancias objetivas del caso concreto”. “…No basta con una mera invocación genérica de la existencia del daño moral. Es menester que se especifique en qué consiste el mismo, cuáles son las circunstancias del caso, cómo incidió sobre la persona del perjudicado…” (aut. y ob. cit., p. 13/14).
En consecuencia, para fijar la indemnización por daño moral, aplicando estos conceptos al caso concreto, habré de tener en cuenta la descripción de las circunstancias en que se produjeron los daños y su consideración objetiva y no valorativa de la disputa preexistente entre el yerno del actor R. y los demandados, según surge de la sentencia dictada en sede penal ; la repercusión que estos daños han tenido en el actor, según lo explicado por la perito Psicóloga:”…El estudio de la entrevista realizada con el AL y confrontado con los estudios gráficos desiderativos, muestran a una persona que se ha estructurado en el camino de la neurosis a predominio histérico con defensas y manifestaciones fóbicas, en este momento….el miedo, el temor, forman parte de su vida…se visualizan aspectos depresivos, carece de energía, la preocupación parece absorber la energía de que dispone….Se trata de una persona de buen nivel que es sorprendido por agresores físicos que lo golpean violentamente con el objetivo de lograr someter a su yerno. Para un hombre de esa edad que ha tenido una vida en la que ha podido con sus cosas, es en suma frustrarte y se vive como una fuerte humillación que ha dejado como señales trastornos emocionales (inhibición, depresión, dificultad parar dormir, miedo o señal permanente de alerta) …”.
Todo lo cual me lleva a admitir el agravio del actor R., elevando la indemnización que deberán abonar los demandados en concepto de daño moral, a la suma de $ 1.900.000 (pesos un millón novecientos mil), para lo cual tengo en cuenta la realidad económica actual, y los parámetros utilizados por este Tribunal en casos análogos. Por lo demás, considero que dicha suma le podrá procurar goces o placeres tales como viajes, mejoras de confort en su casa, etc., que le compensen el daño moral sufrido y le ayuden a superar los sentimientos de inseguridad, miedo y humillación que le aquejan (arts. 1737, 1740, 1741, 1744 CCCN; arts. 163 inc. 5, 384 CPCC). IV). Indemnización por daño moral del actor M. S. J..
Recordemos que la sentencia única de primera instancia que ha llegado apelada, otorgó al actor mencionado, en concepto del daño moral causado, la suma de $ 50.000; que el accionante ha apelado por bajo, considerando que ella resulta insuficiente para compensar los trastornos sufridos: golpes, privación de la libertad, amenazas de muerte y en especial, el hecho que los agresores filmaron todo el episodio y lo expusieron con su nombre y apellido en las redes sociales, en semejante situación de sumisión y avasallamiento.
Dicha sentencia rechazó por el contrario el daño psicológico y tratamiento psicoterapéutico, que consideró no probado en base al informe de la perito Psicóloga Dra. María Viviana Torres; aspecto del fallo que ha llegado firme a esta instancia.
Teniendo en cuenta entonces, a los fines de valorar la indemnización del daño moral, los hechos admitidos en la sentencia penal, que sobre este aspecto tiene fuerza de cosa juzgada (art. 1776 CCCN), es evidente que, sin perjuicio de la mayor o menor incidencia de su propia conducta como deudor reticente, que no corresponde ser analizada en este ámbito, nada justifica recurrir a las vías de hecho ni a la violencia, como hicieron los demandados, pues ello ataca el basamento mismo de la vida en sociedad y las leyes fundamentales de la Nación y Provincias. De modo que, para cuantificar el daño moral sufrido por éste, voy a prescindir de toda la justificación que realizan los demandados al respecto.
Es indudable entonces, que los delitos de que fue víctima M. S. J., tales como invasión a su domicilio, privación de su libertad ambulatoria (atándolo con sogas a un árbol), golpes y amenazas, más la filmación y reproducción en redes sociales de todo el episodio, no resultan adecuadamente compensadas con la suma otorgada en primera instancia. Por lo cual, analizando las constancias de la causa y la falta de secuelas psicológicas ulteriores al episodio, considero prudente y razonable elevar la indemnización por daño moral a la suma de $ 600.000 (pesos seiscientos mil) (arts. 1737, 1740, 1741, 1744 CCCN; arts. 165 inc.5 CPCC).
Todo ello con más los intereses fijados en la instancia de origen, que no han sido apelados por las partes.
Así lo voto.
A la misma cuestión, el señor juez Dr. Peralta Reyes votó en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la señora jueza Dra. Longobardi dijo:
Visto el tratamiento de la cuestión anterior y lo allí decidido, Corresponde: 1) Respecto del actor R. O. R., modificar parcialmente la sentencia y elevar el monto de indemnización por el daño psicofísico, a la suma de $ 350.000 (pesos trescientos cincuenta mil); el monto de gastos terapéuticos para el tratamiento psicológico, a la suma de $ 364.000 (pesos trescientos sesenta y cuatro mil); y el monto de indemnización por daño moral a la suma de $ 1.900.000 (pesos un millón novecientos mil).2) Respecto del actor M. S. J., modificar parcialmente la sentencia y elevar el monto indemnizatorio por daño moral a la suma de $ 600.000 (pesos seiscientos mil).3)Imponer las costas de alzada a los demandados, en su calidad de vencidos (art. 68 CPCC). 4)Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
Así lo voto.
A la misma cuestión, el señor juez Dr. Peralta Reyes votó en igual sentido, por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente -S E N T E N C I A- Azul, 23 de Mayo de 2023
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C y arts. 12, 13, 15, 17, 22, 56 y concs L.Ch., se resuelve: 1) Respecto del actor R. O. R., modificar parcialmente la sentencia y elevar el monto de indemnización por el daño psicofísico, a la suma de $ 350.000 (pesos trescientos cincuenta mil); el monto de gastos terapéuticos para el tratamiento psicológico, a razón de una sesión semanal durante dos años, a la suma de $ 364.000 (pesos trescientos sesenta y cuatro mil); y el monto de indemnización por daño moral a la suma de $ 1.900.000 (pesos un millón novecientos mil). 2) Respecto del actor M. S. J., modificar parcialmente la sentencia y elevar el monto indemnizatorio por daño moral a la suma de $ 600.000 (pesos seiscientos mil). 3) Imponer las costas de alzada a los demandados, en su calidad de vencidos (art. 68 CPCC). 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia