Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 69.231
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAtento lo resuelto en el tratamiento de la cuestión anterior, Corresponde: 1) Revocar parcialmente la sentencia, haciendo lugar al daño psíquico como daño patrimonial (patología consolidada sólo parcialmente reversible), el que se estima en un 25% desde el inicio de su edad laborativa (18 años) y hasta los 70 años (fin de la etapa laboral de la persona), conforme lo explicitado en el Considerando IV.2. 2) Otorgar en concepto de daño psicológico (reversible e irreversible) la suma total de Pesos Cinco millones novecientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta y seis ($ 5.973.656), conforme la fórmula explicitada en el Considerando. …
Causa nº: 2-69231-2022 "F., M. C/ E., J. J. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC.
AUTOM./ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - AZUL
En la ciudad de Azul, a los dieciséis días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintitrés, celebrando Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48, Ley 5.827), con la presencia del Sr. Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "F., M. c/ E., J. J. s/ Daños y Perjuicios Extracontractual (Exc. Autom./Estado" (Causa Nº 69.231), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 06/05/2022?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I. Por intermedio de su apoderada, M. promovió juicio de daños y perjuicios por falta de reconocimiento de filiación contra J. J. E., su padre biológico, quien había sido declarado tal por sentencia firme de fecha 15/04/2013. Reclamó la suma total de $22.106.400, manifestando haberse anoticiado de la sentencia recién en el año 2020, ya que nunca fue notificada por la justicia ni por su madre. Es conveniente aclarar que el juicio de filiación había sido iniciado por su madre en el año 2009 ya que la actora aún era menor de edad (nació el 30/06/1992), pero al poco tiempo, al cumplir los 18 años, cesó la representación de su madre y del Ministerio Pupilar. En este juicio, al igual que en aquél, el Sr. E. no se presentó, por lo que quedó en rebeldía. Su única intervención en esta instancia se produjo con fecha 14/11/2022 haciendo saber que había tomado intervención en autos, solicitando el cese de la rebeldía y requiriendo la sustitución de las medidas cautelares trabadas sobre uno de los automotores de su propiedad por otro de adquisición más reciente, cuestión que fuera resuelta con carácter previo a la presente sentencia (resolución del 29/11/2022).
La actora reclamó indemnización por daño moral, daño psicológico (por incapacidad psíquica), gastos de tratamiento psicológico y daño patrimonial por falta de sustento económico y/o pago de una cuota alimentaria. Solicitó que al fallar, se lo hiciera con perspectiva de género, haciendo efectiva la igualdad que debe mediar por imperativo constitucional y supranacional, sin desconocer los patrones socio-culturales existentes. La sentencia, luego de producida toda la prueba, en especial la pericia psicológica de fs.119, el informe socio ambiental de fs. 104 y 109 y las testimoniales conforme acta de fecha 28/12/2021(audiencia de vista de causa) hizo lugar a la demanda, condenando al demandado a abonar dentro del plazo de diez días de quedar firme la sentencia, la suma total de $3.739.000, con más intereses a tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en caso de mora; ello, en razón de no haberse solicitado intereses en la demanda por el período anterior a la misma.
Dicho importe fue así distribuido: la suma $ 105.000 en concepto daño patrimonial por gastos de tratamiento psicológico, considerando que el tipo de lesiones psíquicas de M. pueden reparase con tratamiento psicológico, por lo que serán indemnizadas como daño extrapatrimonial; la suma de $ 2.500.000 en concepto de daño moral y la de $ 1.134.000 por pérdida de chance, recalificando la suma peticionada por la demandada por incumplimiento a las obligaciones alimentarias del progenitor, lo que le hubiese permitido gozar de un mejor nivel de vida, ya que sus necesidades fueron cubiertas únicamente por la madre con su sueldo de docente, estando demostrado que E. poseía un mejor nivel económico y que, de haber afrontado el padre su responsabilidad parental, ella hubiera tenido mejoras económicas o menos restricciones durante el transcurso de su vida.
II. La sentencia fue apelada por la actora, por considerar- sin perjuicio de expresar su beneplácito por la admisión del daño derivado de la falta de reconocimiento de paternidad del demandado-, que la sentencia había sido injusta en cuanto al otorgamiento de sumas ínfimas en relación a lo peticionado y a la falta de reconocimiento de algún rubro. En concreto, se agravió de lo siguiente:
1. La insuficiente y errónea calificación del daño psicológico sufrido, en razón de no haberse otorgado indemnización por el daño psicológico irreversible, que es el que no puede menguarse por el tratamiento, y que en tanto incapacidad tiene carácter patrimonial y debe ser indemnizado separadamente del daño moral. Afirma que la sentencia ha hecho una cualificación y cuantificación errónea o discrecional, que impide una suficiente indemnización.
2. En segundo término, se agravia del incorrecto análisis e insuficiente quantum indemnizatorio del daño psicológico referente a los gastos y costos del tratamiento psicológico para el daño reversible, o sea, lo que se considera "curable". Considera que en este daño, si es un daño de naturaleza transitoria, debe indemnizarse el perjuicio durante el lapso de tratamiento psicológico. Luego de transcribir en extensos fallos relativos al tema, manifiesta y cuantifica el daño psicológico, tanto el reversible (o gastos de tratamiento) como el irreversible, en la suma de $ 2.805.600 a la fecha de la expresión de agravios 18/7/2022.
3. En tercer lugar, se agravia por la insuficiente cuantificación del daño moral, solicitando su elevación por esta instancia en función de la gravedad objetiva del menoscabo causado, teniendo en cuenta la opinión -acerca de la valoración de este daño- del Prof. Ramón Pizarro. Sostiene que no puede hablarse de reparación plena si una hija, teniendo un padre millonario (sic), no puede al menos acceder al diez por ciento del valor de una vivienda, con la cuantificación que ha hecho del daño moral la anterior instancia. Estima que este rubro deberá alcanzar al menos la suma (también a la fecha de la expresión de agravios) de $ 23.165.000, que le permita a la apelante acceder a bienes de consumo compensatorios o sustitutivos que le permitan mitigar el padecimiento y desconsuelo sufridos.
4. En cuarto lugar, se agravia por la insuficiente fijación del quantum por disminución patrimonial por falta total de pago de cuota alimentaria. Sostiene que además de la pérdida de chance que determinó por este rubro la sentencia ($ 1.134.000), debe adicionarse la suma de $ 1.915.000 actualizada desde la promoción de la demanda, por compensación de todas las cuotas alimentarias que el padre no pagó y que la perjudica inclusive porque nadie la representó para reclamar dichos montos siendo menor.
5. En quinto lugar, se agravia por lo que considera falta de perspectiva de género en la sentencia, al no haberse realizado un correcto análisis de la violencia económica ejercida toda la vida por el padre ausente, en perjuicio de la hija no reconocida. Se explaya en el concepto de perspectiva de género, que define como la mirada que deben tener los operadores judiciales sobre determinados hechos ilícitos de los que participan, sea como víctimas o como imputados/as, diversos grupos vulnerables; como una metodología o mecanismo que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres (en el caso de autos), para así poder implementar acciones positivas sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio para avanzar en la construcción de la igualdad en la materia.
6. El sexto y último agravio versa sobre la falta de aplicación de intereses hasta el momento de la sentencia, por no haber sido solicitados en la demanda. El apelante se disconforma de este criterio, afirmando que la reparación debe ser plena y que jamás podría serlo, si solamente desde el momento de la interposición de la demanda hasta la presentación de los agravios, la inflación en nuestro país ha sido del 75 %. Encontrándose cumplidos todos los pasos procesales, se encuentran estos autos en condiciones de su estudio para el dictado de la pertinente sentencia.
III). Derecho transitorio: El art. 7 del Código Civil y Comercial establece que "...a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo...".
Aplicando esta norma (idéntica por otra parte al art. 3° del anterior Código Civil), corresponde aclarar que, si bien para la determinación de la existencia de daño corresponde aplicar las normas vigentes al momento en que se produjo el daño por la falta de reconocimiento de filiación (daño que comenzó en el momento mismo del nacimiento de la actora en el año 1992 y se extendió hasta el momento del dictado de la sentencia respectiva de filiación que hizo lugar a la demanda en 2013, aunque sus efectos se prolongan en el tiempo y persistirán en parte durante toda su vida),corresponde aplicar las normas vigentes en dicho período, con más el bloque de normas constitucionales (art.33 y 14 bis de la CNA) y el bloque de normas supraconstitucionales, esto es, los tratados internacionales (art. 75 inc. 22 CNA).
Por el contrario, para la cuantificación de los daños, en función del art. 7° del CCCN y por tratarse de "consecuencias no agotadas" o "no consumidas" de hechos ya sucedidos, habrá de aplicarse el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, conforme lo tiene unánimemente resuelto la doctrina y jurisprudencia. (S.C.B.A., Ac. C. 107.423, in re "Díaz, Manuel S. c/ Dirección de Educación Media y Técnica y Agraria s/ Daños y perjuicios", sentencia del 2 de marzo de 2011 en Cuadernos de Doctrina Legal, Número Tres, Aplicación de la nueva ley a situaciones y procesos en curso, La Plata, 2015, pp. 19 y ss.; Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La aplicación del Código Civil a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", segunda parte, Ed.
Rubinzal-Culzoni, 2016). Ello, sin perjuicio de considerar las normas del nuevo CCCN como una importante pauta interpretativa, como lo tiene resuelto esta Sala en innumerables fallos. IV). 1. Me abocaré a continuación al tratamiento de los agravios, comenzando por el último, esto es, el relativo a la falta de juzgamiento con perspectiva de género. Si bien la apelante no indica de qué manera puede haber influido en la calificación de los daños y montos otorgados, la supuesta falta de juzgamiento con perspectiva de género, pues no se advierte que el criterio de la sentencia anterior haya diferido de lo que en idéntica situación se hubiese otorgado a un hijo de otro género, es menester dejar sentado la posición de este Tribunal sobre dicho tópico.
Anticipo entonces, que la presente causa será juzgada no sólo con perspectiva de género, sino considerando los prejuicios socioculturales que en la época de nacimiento de la actora (1992) todavía subsistían en nuestra sociedad respecto de los "hijos de madre soltera" y que, treinta años después, afortunadamente y con la generalización y reconocimiento de los distintos tipos de familias que existen, incluso monoparentales, constituidas por dos progenitores del mismo género, o lo que es más frecuente en la actualidad, hijos de parejas convivientes que han decidido formar una familia sin contraer matrimonio, han desaparecido. Lo cual no impide tener en cuenta que la actora, en su más corta edad, puede haber sufrido discriminaciones en tal sentido.
A ello cabe añadir que juzgar con perspectiva de género es un deber impuesto a los jueces, con independencia del planteo de las partes. En este sentido, se ha dicho que: "El poder judicial tiene el deber de juzgar con perspectiva de género, el cual se desprende de una aplicación armónica de diversas normas internacionales y locales, entre las que se destacan la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ("Belem Do Pará"), y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ("CEDAW"), la ley 26.485 -destinada a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres- y el propio Código Civil y Comercial. Juzgar con perspectiva de género, implica, entonces, el esfuerzo intelectual de comprender la complejidad social, cultural y política que existe entre mujeres y varones para visualizar allí las situaciones de opresión de un género sobre otro, basadas en una relación de desigualdad. Como bien señala la doctrina especializada, la perspectiva de género debe ser aplicada aun cuando las partes involucradas en un caso no la hayan contemplado en sus alegaciones en el curso del proceso" (cfr. Cám. Civ. y Com., Mar del Plata, Sala 2, causa nro. 174.213, sent. del 29/12/2022 "Pérez c/ Sucesores").
De manera que la perspectiva de género constituye una insoslayable mirada en pos de desnudar -y en su caso compensar- la real asimetría que pueda subyacer entre las partes de un conflicto, "dejando de lado estereotipos socio-culturales fuertemente arraigados, que permita (…) arribar así a una justa composición del litigio que sea receptiva del nuevo paradigma en la materia (arts. 2, 5, 11, 16 y ccs. de la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" -C.E.D.A.W.-, ratificada por ley 23.179; art. 75 inc. 22, C.N.; arts. 1, 3 incs. c y j, 4, 5 inc. 4 y ccs. de la "Ley de Protección Integral a las Mujeres", n° 26.485)" (esta Sala, causa nro. 64827, "Risso Silvina Alejandra…", sent. del 17/03/20).
Este Tribunal, como no podía ser de otra manera, tiene en cuenta no sólo el cambio legislativo importantísimo producido en la materia por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994 , año 2015) a la hora de cuantificar el daño, y también como importante herramienta interpretativa para la consideración de la existencia de los daños, como se dijo en el considerando anterior, sino también la legislación supranacional incorporada a nuestra legislación por el art. 75 inc. 22 CNA citada ut supra y asimismo la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3 y concs .y el Pacto de San José de Costa Rica (art. 32).
2. Analizaré acto seguido, en forma conjunta, los dos primeros agravios referidos a la insuficiente y errónea calificación del daño psicológico y al incorrecto análisis e insuficiente quantum indemnizatorio del daño psicológico referente a los gastos y costos del tratamiento psicológico para el daño reversible, por tratarse de aspectos que se encuentran interrelacionados y que hacen a la cuestión de la calificación del daño psíquico como daño patrimonial y/o como daño extrapatrimonial.
a. Esta Sala desde antaño ha dicho que participa de la corriente que considera que el daño psíquico no es un "tertium genus", sino que sólo existen dos grandes tipos de daños: el patrimonial y el extrapatrimonial. El daño psíquico o psicológico, se indemnizará como daño patrimonial, integrante de la incapacidad psicofísica, en caso de generar una patología psicológica o psiquiátrica permanente e irreversible, o parcialmente irreversible y en lo que refiere al porcentaje de incapacidad que determinen las pericias psicológicas o psiquiátricas. El bien jurídico protegido es el equilibrio espiritual, pero con carácter patológico, como dice su definición (Daray, Hernán, El daño psicológico, Ed. Astrea, 1995, págs. 16/17; Galdós, Jorge M., "Acerca del daño psicológico", SJA,9/3/2005; JA,2005-I-1197); (esta Sala, causas n° 52.757, "N. A.M. c/M.,M.A. y ots…", sent. 13/8/09; n° 54.430, del 2/8/2011, "Torre, Elsa Haydée…"; n°63.066, "Terminiello Esteban …", Sent. 23/8/2018). El daño psíquico supone "una perturbación patológica de la personalidad, que altera el equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente del damnificado (cf. Zavala de González, Matilde, "Daños a las personas: integridad psicofísica", T. 2 a, pg. 231; Kraut., Alfredo J., "Los derechos de los pacientes", Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 1997, pg.140, n° 23). El daño psíquico, se añadió, constituye una afección de la personalidad o equilibrio emocional de la víctima que altera el funcionamiento del cerebro, del razonamiento o de las facultades intelectuales o de la mente de la persona, que produce un daño que debe ser traumático, patológico e irreversible, configurando una incapacidad parcial o permanente (cf. Taraborrelli, José N. "Daño psicológico", JA 1997-II-11; esta Sala, causa n° 60.631, "Mutuberría…",27/9/2016; N° 60.557, sent. 20/10/2016, "Córdoba…"; n° 63.458, "González María Elena…", sent. 28/02/2019, entre muchas otras). Sobre el particular, también se ha decidido que "el daño psicológico consiste en la modificación o alteración de la personalidad que se expresa a través de síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, etc., cuya forma más acabada de acreditación es el informe psicopatológico ( esta pauta interpretativa ha sido inveteradamente pregonada por la Corte Nacional (C.S., Fallos 315:2835 in re:1/12/1992 "Pose José c/Provincia de Chubut y ot."; Fallos 321:1225 in re: Zacarías Claudio c/Provincia de Córdoba).
Todas las restantes alteraciones del espíritu derivadas del sufrimiento ocasionados a las víctimas y/o familiares por el hecho dañoso, que no constituyen una patología, se indemnizarán como daño moral, dentro del rubro de daño extrapatrimonial.
Le asiste razón a la apelante cuando manifiesta que el daño psicológico irreversible, que ocasiona una incapacidad consolidada y definitiva, aunque pueda luego aminorarse mediante tratamiento psicológico, debe cuantificarse separadamente del daño moral. Por el contrario, su planteo resulta algo confuso cuando se refiere al incorrecto análisis e insuficiente quantum indemnizatorio del daño psicológico referente a los gastos y costos del tratamiento psicológico para el daño reversible, aunque es evidente que el agravio puede resumirse en la necesidad de indemnizar los gastos del tratamiento terapéutico y elevar el monto asignado en la sentencia por el mismo respecto del daño reversible, además de indemnizar el daño psíquico consolidado e irreversible; todo lo cual cuantifica en la suma de $ 2.805.600 a la fecha de expresar agravio (18/7/2022).
Para la correcta determinación y cuantificación, tanto del daño psíquico patológico, como del gasto de tratamiento psicológico, tomaré como punto de partida e importante elemento probatorio (arts. 384 y 474 CPCC), la pericia psicológica realizada en estos autos a la actora por la perito Lic. en Psicología Valeria Di Giano. y presentada el 20/12/2021. En ella, comienza por narrar las situaciones vivenciales que relata la actora y las que se desprenden de los tests y demás observaciones clínicas efectuadas por la psicóloga, algunos de cuyos párrafos y conclusiones me permitiré transcribir. Consideremos que la actora cuenta con 29 años a la fecha de la entrevista y ha padecido la ausencia y el no reconocimiento de su padre desde el nacimiento," ausencia" acentuada por el hecho de saber ella quién era su padre biológico desde que comenzó la escuela, por habérselo contado su madre para evitar que se enterara por terceras personas, al vivir en una pequeña comunidad donde todos se conocen y donde todos sabían que el Sr. E. era su padre. Narra que la figura paterna de su infancia fue un tío abuelo que era empleado de su padre, que fue despedido intempestivamente, sin explicación, y al poco tiempo su tío enfermó de cáncer y falleció. Que ella supone que lo culpó a su progenitor por la muerte de su tío, y eso la llevó a pedirle a su madre, cuando tenía 16 años, que iniciara el juicio de filiación. Refiere que en la actualidad no le interesa armar un vínculo con "esa persona", sino que el reclamo tiene que ver con la existencia de ella, que su padre sepa que ella existe, que está ahí, aun cuando para él es invisible. En otro párrafo narra haberse cruzado muchas veces con él sin que este hiciera signo alguno de reconocimiento; que lo mismo ocurría con la abuela paterna y la tía paterna, que trabajaban en el mismo secundario al que ella concurría. Que a su abuelo paterno lo solía cruzar en la calle y éste le preguntaba cómo estaba, pero no más. Que es una "X" para toda la familia paterna.
Que a pesar de ello siempre estuvo cuidada y acompañada por su madre, que es una figura fuerte que ha sobrellevado la crianza de ella y luchado siempre para que esté bien y feliz.
En el momento de la entrevista estudia Bioquímica en La Plata y no trabaja, pero lleva un retraso académico que atribuye a materias complicadas, que algunas ha rendido mal. Que le agarran lapsus, pánico, crisis y no se presenta, se bloquea. Que su madre la impulsa a seguir y le dice que se va a recibir, no importa lo que le cueste (en esfuerzo). Se autopercibe como dependiente en cosas que sabe que otro puede resolver, que le ha costado y le cuesta su independencia.
En cuanto a los puntos de pericia, la perito responde que es una joven con una estructura de personalidad a predominio neurótico, con algunos indicadores fóbicos. Al armarse su vida en base a una falta, una ausencia-presencia, una verdad velada, al seguir viviendo en el mismo pueblo, habitando los mismos espacios que su padre/familia paterna, fue armando un modo de estar en el mundo, un modo oculto de ser, transitar y habitar, algo prácticamente siniestro. Por ello la psicóloga observa una personalidad con muchas inseguridades y fragilidades a la hora de pensarse como adulto, con un proyecto propio. Utiliza mecanismos fóbicos y evitativos que le "permiten" quedar relegada, dependiente y al cobijo de figuras reaseguradoras, como su madre, o su tío (materno) en la infancia (respuesta al Punto uno).
Respecto a su personalidad, no observa trastornos y refiere no haber hecho nunca terapia, "no la ha necesitado". Sin embargo, la perito considera que un espacio terapéutico siempre suma a los sujetos, que en este caso le parece importante un espacio que le permita pensarse, pensar su historia, revisar lo que ha omitido respecto del análisis y también a lo que se ha acostumbrado como forma de vida. También que pueda trabajar sobre el duelo del tío materno que en alguna manera re elabora y es pantalla de un duelo anterior no elaborado ni simbolizado, como es el no reconocimiento paterno (Punto segundo). Considera que es importante un abordaje terapéutico a futuro, ya que es necesario que la sujeto pueda fortalecerse en su autoestima, personalidad y autonomía; que construya un proyecto propio, a expensas de la figura materna, que arme una red de contención por fuera de lo familiar y que pueda elaborar la pérdida de su tío que resignifica el "abandono" (Punto tercero).
Respecto a si existe daño psíquico, la perito enumera los elementos que deben cumplirse para determinarlo, que son: 1- Una enfermedad mental, o sea, la existencia de una configuración o estructuración patológica determinada nueva, que no se corresponda con la estructura de origen. Encuentra en ella una Neurosis Traumática, que ha modificado la estructura psíquica de origen con un rasgo de carácter permanente (autodesvalorización, dificultad en el reconocimiento de las propias potencialidades).2-Un nexo directo causal, a partir del evento: modificación de la estructura defensiva, desestimación del afecto, rasgos de carácter. 3-Un nexo indirecto concausal; en este caso a la falta de reconocimiento simbólico que es la causa directa, puede sumar todo lo que rodea y genera el carácter ominoso respecto de la identidad de otro.
En este aspecto encuentra fundamental la actitud del resto de la familia paterna que no quisieron ser lazo simbólico de origen (abuelos, tíos y demás sujetos). También hay un nexo concausal, que es la muerte del tío materno. 4.- También puede determinarse el temor a la persistencia del daño; en este caso, persiste todo el tiempo. El temor a dejar de existir, a no existir para el otro, es el temor que guía su demanda actual ya que quizás habite siempre en ella, más allá de las soluciones económicas que se reclaman. 5- Finalmente, agrega, es necesario probar la irreversibilidad del evento y su consolidación. Aclara que para que se considere consolidado, según el baremo de Castex, es necesario que hayan pasado dos años, y en este caso es toda la vida (punto cuatro).
En conclusión, encontrando la presencia de daño psíquico, y a efectos de determinar el porcentual de incapacidad, recurre a los baremos de Castex y Silva; estima que la categoría de estrés postraumático se queda corta, porque no es un episodio puntual de la vida de un sujeto, sino una serie de sucesos a lo largo de toda su vida, donde predomina la desestimación, el desprecio, la ausencia-presencia velada. Pero considera que de todas las categorías del baremo es la que más se ajusta y da por resultado un trastorno reactivo. Desde el punto de vista ético, considera que el daño es del 100%. Desde el punto de la lesión psíquica actual, y que podría necesitar psicoterapia de por vida, si lo requiriese o necesitase, puede pensarse en una incapacidad del 35% (punto quinto).
Como consecuencia del daño causado por su padre, considera que es probable que la vida de M. esté signada en gran medida por su incapacidad para relacionarse de forma adulta, comprometida y profunda con algunas personas. Hasta el momento de la entrevista (diciembre 2021) y con una edad adulta (29 años), no ha concretado un trabajo o una pareja. Considera que ello es un dato importante y se relaciona sin ninguna duda con su baja autoestima y sus dificultades para "existir", por miedo al daño y a la ausencia (punto sexto). En relación al costo de un tratamiento, estima en $ 2.000 el valor de la consulta psicológica al momento de la entrevista (Punto séptimo). En síntesis, teniendo en cuenta todas las fundamentaciones anteriores, el profundo impacto y daño psíquico consiguiente que ha tenido en la vida de la apelante la falta de reconocimiento paterno, incluso en el contexto de un pueblo pequeño donde se cruzaba con frecuencia con él, quien ni siquiera la miraba, recibiendo igual destrato de su tía y abuela paternas, y apenas un saludo del abuelo paterno, debe concluirse necesariamente en la presencia de un daño psíquico patológico e irreversible en gran medida, que la perito califica de estrés traumático y le asigna un porcentaje de incapacidad psíquica del 35%; ello podría menguarse con el adecuado tratamiento terapéutico, que estima tal vez necesario de por vida, pero que siempre estará presente pues ya se ha formado la estructura psíquica de la sujeto con ese daño y le ha forjado su personalidad con rasgos de desvalorización, baja autoestima, dependencia y dificultades tanto para su vida laboral como afectiva.
Este daño corresponde sea indemnizado como incapacidad dentro del daño patrimonial, a lo que deberá sumarse el costo de un tratamiento terapéutico prolongado (arts.163 inc. 5, 375,384,456,474 del CPCC).
Corresponde en consecuencia revocar parcialmente la sentencia apelada, en cuanto consideró que el daño psíquico en el presente caso sólo correspondía ser indemnizado en lo que hace al costo del tratamiento y luego ser considerado como daño moral; ya que está acreditado mediante la pericia psicológica referenciada, que existe un daño psíquico o psicológico irreversible, con un porcentaje de incapacidad del 35%, aunque podría menguar como efecto de un prolongado tratamiento terapéutico (arts. 384 y 474 CPCC). Este daño psíquico patológico, en consecuencia, debe ser admitido e indemnizado como daño patrimonial, por las repercusiones que representa en la integridad psicofísica de la actora y la repercusión en sus aptitudes laborales y demás potencialidades de la misma (arts. 247, 248, 251, 253 ,264, 265,1109 y concs. del Cód. Civil; arts. 1716, 1717, 1721, 1724, 1726,1736, 1737, 1738, 1741, 1746 y concs. del CCCN).
b. Respecto al porcentaje de incapacidad psíquica definitiva, la perito psicóloga la ha estimado al momento de la entrevista en un 35%; no obstante lo cual, ha dicho de la necesidad de una terapia, si la actora acepta el tratamiento - ya que al preguntarle al respecto manifestó no creer haberlo necesitado-, pese a lo cual la perito lo aconseja a futuro y que se continúe, tal vez de por vida.
En anteriores pronunciamientos se ha analizado la posibilidad de establecer un porcentaje de incapacidad definitivo, estimando el remanente de daño que pueda subsistir como daño consolidado e irreversible luego del tratamiento terapéutico o a pesar del tratamiento terapéutico. Así, por ejemplo, en la causa n° 61.309, "González Carlos Adrián…"(sent,14/02/2017), siguiendo conceptos de Zavala de González, se dijo sobre la disminución del porcentaje de incapacidad psíquica mediante la realización de una terapia aconsejada por la perito, que debía considerarse la chance de reversión como un factor determinante a la hora de fijar el porcentaje de incapacidad psíquica definitiva y residual a indemnizar, una vez transcurridos los dos años de tratamiento terapéutico indicados (en aquel caso) por la experta.
En palabras de la autora citada, se explica que "En general, una experiencia traumática con fuerte trascendencia patológica, no es erradicada por completo; quedará inexorablemente incorporada a la personalidad de la víctima, así sea a nivel inconsciente. Cada vez que se suscite un acontecimiento evocador, resucitarán los síntomas, en mayor o menor medida, o se anudará un insaludable mecanismo de represión. Sin embargo, y también como regla, tratamientos apropiados pueden suavizar efectos nocivos, a veces de manera significativa. Esta previsible aminoración del daño psíquico después de la terapia, debe disminuir correlativamente la indemnización por el desequilibrio existencial futuro (Matilde Zavala de González, Tratado de daños a las personas.
Disminuciones Psicofísicas, Ed. Astrea, Bs.As., 2009, pg.174). Aunque tampoco puede omitirse que el resultado de un tratamiento psicológico deviene particularmente incierto, como inclusive ya lo ha anticipado la perito en esta causa. Así, se ha señalado que "….puede ocurrir con frecuencia que una fuerte resistencia se interponga como obstáculo insalvable para llegar a buen puerto o para relativizar la acción del terapeuta. La sola iniciación del trabajo, aunque pueda resultar de la iniciativa del damnificado, no garantiza que esa voluntad se mantenga hasta la recta final …"(Hernán Daray, Daño psicológico, pg. 142/143). De allí que se haya dicho que "La incapacidad psíquica debe ser indemnizada, aunque se haya admitido que el tratamiento psicológico puede mejorarla, pues nadie puede garantizarle al damnificado la vuelta a su estado anterior" (Cám.
Civ. y Com. La Matanza, sala 2, causa N°638/2006, "Spósito Juan Carlos…"(causa "González Adrián…cit.).(los destacados me pertenecen).
A todo ello debe agregarse que en el caso que nos ocupa, la experta ha dicho que lo encuadra como estrés postraumático porque es -dentro del Baremo utilizado- la descripción que mejor se aproximada, pero no debe olvidarse que el daño en este caso comenzó desde el nacimiento de la actora , con la negativa de su padre a reconocer siquiera el embarazo de su madre, y se ha continuado durante toda su niñez, adolescencia, y ahora su vida adulta, es decir, se trata de un daño psicológico que la ha acompañado y la acompañará durante del resto de su vida. La terapia, es este caso, sólo podrá ayudarla a asumir la situación y mejorar sus mecanismos defensivos para lograr una mejor calidad y perspectivas de desarrollo de su personalidad en el futuro, en cuanto a sus proyecciones y relaciones tanto en el estudio/trabajo como en su vida personal.
Esta Sala, en anteriores oportunidades (causa cit. n° 61.309, "González Carlos Adrián…"), hizo el distingo entre el porcentaje total de la incapacidad psíquica anterior y posterior al tratamiento psicoterapéutico; en el presente caso, no obstante, por sus particulares características y según lo anticipado en la pericia, se considera que una vez finalizado éste, la incapacidad psíquica podrá disminuir en alguna medida, pero no significativamente (arts. 163 inc.5, 384, 474 CPCC).
En el caso de daños por no reconocimiento de filiación, tiene dicho nuestro Superior Tribunal que "Los padres tienen una serie de obligaciones y deberes con sus hijos, y éstos gozan de un conjunto de derechos, entre ellos el de la personalidad jurídica, el derecho al nombre, el derecho a conocer su identidad, etc., cuyo incumplimiento genera responsabilidad" (SCBA, LP Ac. 90255 S 19/09/2007). Por otra parte, puede admitirse sin lugar a dudas que el padre conocía la filiación y se negó automáticamente a reconocerla, es decir, actuó con dolo; lo que se evidencia con su negativa-no concurrencia- a la prueba biológica de paternidad, con su rebeldía en el anterior juicio de filiación y en el presente juicios por daños. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la perito indicó como causa del daño psíquico experimentado por la actora, al par que la falta de reconocimiento de la filiación por su padre, el duelo no realizado por la pérdida, cuando ella tenía 16 años, del tío abuelo paterno, que representó su figura paterna en la infancia y hasta el fallecimiento del mismo. También cabe considerar que la actora -con una personalidad dependiente, de desvalorización y baja auto-estima, se refugió siempre en la figura materna, que califica como "fuerte", y que a los 29 años de edad aún la sostiene-material y afectivamente- en una carrera universitaria, sin haberle sugerido nunca la posibilidad de insertarse laboralmente, todo lo cual ha contribuido seguramente a su falta de realización personal y a su dependencia, al menos en el aspecto laboral. Podríamos considerar, en consecuencia, que del porcentual del 35% asignado por la perito, existen concausas que inciden en dicho porcentaje, que no son íntegramente atribuibles al daño causado por el progenitor. De manera tal, que -sin perjuicio de la estimación final del 7% efectuada por la parte actora en la expresión de agravios y que pareciera provenir de un error material-, se considerará un porcentaje de incapacidad psíquica inicial indemnizable del 30%, que, tratamiento psicoterapéutico mediante, estimo podría reducirse a un 25% definitivo e irreversible (recordemos que la perito indicó la necesidad de un tratamiento terapéutico tal vez de por vida).
Este 25% es en consecuencia el porcentual de incapacidad psíquica final e irreversible que se asigna por el presente, siendo criterio de este Tribunal en anteriores pronunciamientos adaptar al caso concreto los resultados de la pericia psicológica, si existen factores que así lo justifican (art. 474 CPCC). (esa Sala, causas n° 6.914, 30/4/2019, "Lazarte…"; n° 61.309 cit.; n° 63.910, 11/6/2019, "Pérez Sandra Karina…."). A los fines de la cuantificación de los diversos rubros reclamados, tiene dicho esta Sala que "abierta la competencia revisora sobre la cuantificación de un rubro, la alzada se encuentra habilitada para revisar su justicia de conformidad con sus propios parámetros de cuantificación (arts. 165 y 272 CPCC)"; esta Sala, causa nº 63667, "Montes, César Andrés.", del 23/04/19, con cita de SCBA, C 117.926, "P., M.G. y Ots. c/ Cardozo...", del 11/02/15; en igual sentido, esta Sala causa n° 65.983, "Ibarra Américo Sixto...", del 31/03/2021, c. 66.891 "Mc Clelland…", sent. 21/12/2021, entre otras).
En este caso, la actora al momento del inicio de la causa y al de la realización de la pericia, era aún estudiante universitaria de Bioquímica, con ciertos problemas para avanzar en la carrera, algunos incluso atribuibles a su personalidad insegura. De tal modo, resulta difícil cuantificar cuál será su ingreso futuro a los fines de establecer el porcentaje de afectación como consecuencia de su incapacidad psíquica; por lo quesiguiendo los parámetros anteriores del tribunal-, se considerará un ingreso equivalente al salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha de esta sentencia, por tratarse de una deuda de valor (art. 772 CCCN).
Para cuantificar el daño psíquico voy a acudir a la fórmula polinómica habitual de uso en este Tribunal, teniendo en cuenta los porcentajes de incapacidad asignados conforme al párrafo anterior. Así, estimando una incapacidad psíquica irreversible del 25% como daño patrimonial, considerada desde el año 2010 (en que la accionante cumplió los 18 años de edad; inicio de edad productiva); con un Ingreso mensual estimado en 1 SMVM ($ 84.512 para el mes de mayo 2023 cf. Res. 5/23 CNEP y SMVM), -dado que al presente la joven aún es estudiante y se desconoce si tendrá finalmente posibilidades de recibirse y sus eventuales futuros ingresos-, y un ingreso anual esperado de $ 1.098.656; una edad de retiro de 70 años, en que habitualmente se finaliza esta actividad productiva y una tasa de interés de descuento del 4% anual, el resultado es el siguiente:
Donde: "C" es el capital a determinar, "A" el ingreso anual potencialmente afectado, "i" la tasa de descuento anual, y "n" el número de períodos restantes hasta el límite de la edad productiva de la víctima.
Por lo cual, el monto de indemnización por incapacidad psíquica, que por la presente se asigna, es la suma de Pesos Cinco millones novecientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta y seis (5.973.656).
c. Gastos de tratamiento psicológico: De acuerdo a lo aconsejado por la experta, teniendo en cuenta los valores actuales de una consulta psicológica en el interior de la Provincia de Buenos Aires en un mínimo de $ 3.500 (art. 165 CPCC) y considerando que la experta indicó en la pericia psicológica la posible necesidad de una terapia de por vida, o al menos un tratamiento prolongado, corresponde modificar el monto otorgado en la sentencia, fijando este rubro a valores actuales (art. 772 CCCN), en la suma de $ 1.820.000 (pesos Un millón ochocientos veinte mil). Por tratarse de gastos futuros, los mismos llevarán interés, en caso de mora, a partir de la fecha de esta sentencia y hasta el momento de su pago efectivo, a la tasa pasiva más alta que pague al Banco de la provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos de plazo fijo a treinta días, y si el plazo es inferior, el cálculo será diario.
3. Daño moral. La Suprema Corte provincial tiene dicho que el daño moral es "todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado" (S.C.B.A., causas L58812, 25/3/97, "Obregón", D.J.B.A. 152, 274-284; L65757, 23/2/2000, "Villagrán", D.J.B.A. 158, 85; L68063, 21/6/2000 "Montovio"). Más específicamente, ha señalado que "el daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral" (S.C.B.A. Ac. L55728, 19/9/95, "Toledo", A. y S. 1995 III, 635; Ac.53110, 20/9/94, "Colman", D.J.B.A. 147-299, J.A. 1995-III-183, A.y S. 1994-III-737; B 67408, 31/10/2016, "M., J. F..."; esta Sala, causas n° 45.193, sent. del 25-2-03, "Santillán"; n°47.417, del 28/10/04, "Escobar"; n° 54.862, del 23/10/11, "Miranda"; n° 59249, del 30/04/15, "Coz"; n° 60053, del 23/02/16, "Muñoz", nº 61.570, "González, Maximiliano Gastón...", del 09/03/17, entre otras tantas).
En la tarea de definir cuál es el criterio para tener acreditados los detrimentos de carácter extrapatrimonial que la omisión de reconocimiento es susceptible de acarrear, dice María Victoria Schiro (Responsabilidad por daños intrafamiliar, Ed. Astrea, p. 225 y ss.), que es claro que media en todos los casos de afectación de derechos de la personalidad del hijo, un interés no patrimonial. El ataque a la situación jurídica que se ocupa por razón de la filiación y el nombre, agrega, acarrea en los hechos, un daño moral directo, en palabras de Zannoni. Luego de pasar revista a los presupuestos de la responsabilidad civil, tales como la antijuridicidad y el daño, analiza los precedentes jurisprudenciales (a partir del fallo inicial que lo admitiera, Juzg.
Civ. Com. San Isidro n° 9, 9/3/1988, ED, 128-332), y sostiene el criterio de daño extrapatrimonial para el presente, ya que la falta de determinación del estado de hijo perturba en el goce de los derechos que dependen de esa determinación y de que tenga a su favor el correspondiente título, incluso el apellido. "Cualquier lesión, o ataque al derecho de la personalidad, que es el derecho al estado civil, es susceptible de originar daño extrapatrimonial (el cual se erigirá como directo) …", y cita: "Como esto se traduce en el menoscabo de un derecho que se confunde con la existencia de la persona (arg. art. 1075 Cód. Civil), pronto se hecha de ver su repercusión: el hijo, durante todo el lapso anterior al reconocimiento o a la declaración judicial de la filiación, se vio impedido de ejercer los derechos que son inherentes al estado de tal" (Méndez Costa, Josefa, "Sobre la negativa a someterse a la pericia hematológica y sobre la responsabilidad civil del progenitor extramatrimonial no reconociente", L.L., 1989-E-563).
Asimismo, menciona Schiro (ob. cit., p. 228/229) la distinción que efectúa la doctrina entre los aspectos subjetivo y objetivo del daño extrapatrimonial, trae a colación la distinción efectuada por Brebbia, para quien el aspecto subjetivo está formado por aquellos bienes personales que el sujeto posee en razón de su característica individual biológica y psíquica, como las afecciones legítimas, la integridad física, etc., cuyo grado de conculcación sólo puede ser constatado por los demás de una manera indirecta; mientras que la lesión de bienes que componen el aspecto objetivo de la personalidad moral admiten una comprobación más directa por parte de las demás personas, por cuanto dichos bienes aparecen originados en la vida de relación y por tanto dejan de constituir un valor netamente individual; pueden entonces ser apreciados de manera objetiva y externa, sin necesidad de realizar una indagación de carácter subjetivo en la persona del damnificado.
El nombre, el estado civil, se hallan dentro de este último aspecto. Ahora bien, tales circunstancias objetivas y subjetivas serán pasibles de apreciarse al momento de la cuantificación del daño, mas no a la hora de tenerlo por configurado.
Por su parte, el art. 1741 C.C.C.N. determina que el monto de la indemnización por las consecuencias no patrimoniales "debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas", recogiendo así la conceptualización del daño moral como el "precio del consuelo", receptada por la Corte Suprema Nacional en los autos "Baeza" (C.S.J.N., 12/4/2011, "Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/Daños y Perjuicios", con nota del Dr. Jorge Mario Galdós en R. C. y S. 2011-XII, 259) e invocada por esta Sala en numerosos pronunciamientos (vgr. causas n° 52818, "Etcheverry", del 11/08/11; n° 54327, "Ricco" y n° 54328, "Lancioni", sent. única del 01/03/12; n° 57.090, "Pérez...", del 27/03/13; n° 58.109, "Montesano…", del 20/2/14; n° 59.068, "Roldán…", del 18/2/15; n° 60135, "Genta", del 29/12/15, c. 66.791, Mc. Clelland…", sent. 21/12/2021, (arts. 1078, 1083 y cc. C.C.; arts. 1, 2, 3, 5, 7, 772, doct. art. 1741 y concs. CCCN; arts. 163 inc. 5, 165, 260, 375, 384, 456 y 474 C.P.C.C.)( "Moreyra c. Gregorini s. Daños…" sent. de 12/5/2022).
Si bien se sostiene en la actualidad que la indemnización por daño moral debe ser resarcitoria y no punitoria, de modo que la reparación tiene por objeto compensar por medio del dinero el dolor experimentado por la víctima del daño, (como lo ordena el cit. art. 1741 CCCN), aunque la responsabilidad por omisión del reconocimiento resultará del dolo o culpa del progenitor, la medida del resarcimiento resultará de la entidad del agravio y no de la calificación o gravedad de la conducta del renuente. Es decir, la reparación del daño debe guardar relación proporcionada con la magnitud del perjuicio, de los padecimientos, de las angustias y aflicciones, debiendo merituarse también la relación de causalidad entre el obrar ilícito y el daño Puesto que la ecuación que vincula la indemnización con la entidad del agravio se concreta particularmente en cada caso y sobre esta concreción es difícil sentar criterios generales a priori, como sucede en el resarcimiento de los daños patrimoniales, la justicia se realiza en cada caso a partir de la equidad, que cumple una función individualizadora de aquella. En consecuencia, dice Zannoni, cada juez, en el caso concreto, teniendo en consideración las circunstancias de hecho, la situación individual y social del damnificado, fijará un resarcimiento equitativamente (Zanoni Eduardo, El daño en la responsabilidad Civil, 3ª ed., Bs.As. pgs.367 y 368). La jurisprudencia ha dicho que tal tarea, atento la falta de correspondencia entre la naturaleza del daño y el resarcimiento y la insuficiencia de pautas cualitativas, objetivas y subjetivas, debe estarse a la apreciación personal de los jueces dentro de su prudente arbitrio (C.C.C. Rosario, sala 2ª, 23/9/1997, "Z., C.R.C. v. M., H.A.", LL Litoral 1999-454); (Famá, María Victoria, La Filiación- Régimen constitucional, civil y Procesal, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 2009, pg. 654/655 y ss.)(el destacado es mío).
Agrega esta autora que ello no obsta a la posibilidad de establecer ciertas pautas objetivas a considerar a la hora de determinar el monto indemnizable; entre otras pautas recogidas por la jurisprudencia, se mencionan: a)La edad del niño y el especial impacto de la negación de la paternidad en la adolescencia, de modo que a mayor edad, se presume mayor daño; b)El plazo transcurrido desde la negativa al reconocimiento; c)La actitud del padre durante el proceso, en particular, su colaboración en la obtención de las pruebas y especialmente la prueba biológica; d)el perjuicio psicológico; e) la demora materna en iniciar la acción-que a criterio de la autora que citamos no debiera resultar atenuante para la responsabilidad paterna-; f)la inserción escolar del niño; g)el hecho de haber sido reconocido en las relaciones sociales como hijo del progenitor; h)La situación social y cultural de las partes; i)las implicancias de la falta de reconocimiento en cuanto a los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental; j)el desamparo producido por la carencia de una figura paterna cierta y responsable, que no puede ser suplido en forma ambivalente por la madre (aunque sobre este aspecto no es unánime el criterio, por comparación con otras familias monoparentales); k)la relación de causalidad entre el obrar ilícito y el daño; etc.
En la jurisprudencia se ha dicho que "La determinación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (SCBA, A 74036 RSD-118-18, 5-6-2019 "Sena Villanueva, Tamara c/ Municipalidad de Salliqueló. Daños y Perjuicios", juez Genoud (SD), JUBA, sum. B40043981, cit. en Revista de Derecho de Daños, Cuantificación del Daño, T.2021-1, Ed. Rubinzal Culzoni, pg.496). Asimismo se ha remarcado que "…Siendo su naturaleza de carácter resarcitorio, no se trata de punir al autor responsable, de infringirle un castigo, sino de procurar una compensación del daño sufrido (art. 1078, Cód. Civ.) y su estimación se encuentra sujeta al prudente arbitrio judicial (conf.SCBA causas Ac. 78.280, "Paskvan", sent. de 18-6-2003; C. 96.225, "P., C.M.", sent. de 24-11-2010, y C 119.073 "Caffaro", sent. de 29-8-2018). Por idénticas razones, no se trata de medir el daño según la eventual capacidad económica del responsable, como pretende el apelante en el caso de autos, cuando hace referencia al padre "millonario" (circunstancia por otra parte no probada), sino adoptar criterios de prudencia, medidos conforme a la mayor o menor entidad que la conducta del padre no reconociente pudo ocasionar al hijo, y teniendo en cuenta además ,que no corresponde resarcir dos veces un mismo daño, pues separadamente se ha reconocido y cuantificado la lesión psíquica de índole patológica, constitutiva de incapacidad y resarcida como daño patrimonial; y la pérdida de chance de haber tenido una mejor calidad de vida.
Un parámetro de razonabilidad que -además- permite dar cierto grado de previsibilidad las sentencias, es su comparación con casos similares y próximos en el tiempo. En este sentido puede mencionarse un reciente caso de daño moral por falta de reconocimiento filiatorio -materia que debe diferenciarse netamente del daño moral por accidentes de tránsito o por incumplimientos obligacionales-. En los autos caratulados:"V., E. c/ R., S s/ Daños y Perjuicios Extracontractual (Exc. Autom./Estado)" - Expte. 12797, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Necochea, con fecha 11/02/2022, resolvió aumentar el monto indemnizatorio por daño moral de primera instancia, en un caso que a mi criterio no reviste tanta gravedad como el de autos, ya que el padre no reconociente había mantenido trato a través de redes sociales con su hijo desde los 7 años, y no se había producido una incapacidad psíquica permanente, aunque sí sentimientos de angustia e inseguridad. Se dijo allí, en conceptos plenamente aplicables en autos, que "… la reparación tiene por finalidad indemnizar los perjuicios que se derivan de la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre. En este caso especial, los originados por la vulneración del derecho a la identidad y sus múltiples proyecciones. (art. 75 inc. 22 de la C.N., 7, 8 C.D.N., 3, 17, 18, 19, 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 6 Declaración Universal de Derechos Humanos)..."; elevando -por unanimidad-el monto otorgado en primera instancia a la suma de $ 1.000.000 en concepto de indemnización por este rubro," por estimarla adecuada para que el actor pueda realizar viajes, adquirir elementos para su esparcimiento, realización de algún deporte, o bien darle el destino que amerite su proyecto de vida adulta…" (del voto de la Dra. Ana Clara Issin). En el caso concreto de autos, observamos la presencia de la mayoría de los indicadores resaltados por la jurisprudencia como factores configurativos y/o agravantes del daño. Particularmente uno de los factores a considerar a la hora de mensurar el daño causado por el progenitor no reconociente, es su conducta omisiva persistente, no sólo desde el nacimiento y durante el juicio de filiación, sino también su rebeldía en el presente proceso de daños y su negativa a colaborar en el mismo; contribuyendo con ello a profundizar el dolor causado a su hija al "invisibilizarla" también durante ambos procesos.
Es así que con fecha 29/11/2021 la Lic. María Lorena Mandagarán, integrante de la Asesoría Pericial Departamental y Perito del Cuerpo de Asistentes Sociales de la S.C.J., procedió a realizar entrevista en el domicilio de la actora; informando que le fue imposible acceder a una entrevista con el demandado Sr. J. E., pese a una visita y varios contactos telefónicos realizados a su domicilio. Reafirmó así su conducta omisiva y negadora, que ha marcado el dolor de la actora por esa negativa a "verla", a considerar su propia existencia. Es esa negativa y el rechazo del progenitor, lo que ha marcado en gran parte el dolor moral de la actora, a lo que se suma el hecho (calificado como casi "siniestro" por la perito psicóloga) de haber continuado su vida en una pequeña localidad donde todos se conocen y sabían la verdadera filiación de la actora, quien fue construyendo así esa personalidad insegura e introspectiva de la que tan vívida descripción nos dio la pericia psicológica.
También debe tenerse en cuenta que la madre nunca esbozó una crítica del progenitor (al menos en su presencia), ni tampoco su tío, que era empleado suyo; podría conjeturarse que el progenitor mantuvo una posición de poder respecto a esta familia materna, puesto que existía una dependencia económica. Pese a lo cual, cuando despide al tío del empleo, sin explicación alguna, tampoco ella observa reacción en su familia, y recién al fallecer tiempo después este tío, que constituyó su apoyo en reemplazo de la figura paterna, siendo ella ya una adolescente de 16 años, le pide a su madre que inicie el juicio de filiación, a lo que esta accede.
Por todo ello, considerando las particulares situaciones del presente caso descriptas: una negativa cerrada a todo reconocimiento o colaboración -lo que es demostrativo de que desde el comienzo el padre sabía que la actora era su hija y decidió ignorarla-; los años transcurridos hasta que logró la sentencia de filiación; la repercusión a nivel social -habitando ambos en un pequeño pueblo donde todos se conocen y sabían de esta filiación no reconocida-; la personalidad de la víctima, que se forjó a partir de esa situación de "no existir" por parte del padre y la fortaleza con que su madre encaró la situación, tal vez sobreprotegiéndola en extremo. Todos estos factores deben computarse a la hora de establecer el quantum indemnizatorio que le permita a la actora acceder a prestaciones "sustitutivas y compensatorias" del daño infringido por su padre con total indiferencia.
Por los fundamentos fácticos, jurisprudenciales y doctrinarios expuestos, es que considero razonable asignar a la actora la suma de $ 3.500.000 (pesos tres millones quinientos mil) en concepto de indemnización por daño moral, que le permitirá acceder a bienes compensatorios o sustitutivos, como por ejemplo viajes, accesorios de computación, celular de última generación, vestimenta, etc. Esta suma devengará intereses a la misma tasa fijada para el daño patrimonial, en caso de mora; ello, en razón de no haberse solicitado intereses en la demanda.
4. Llegamos así a la consideración del agravio referido a la insuficiente fijación del quantum por disminución patrimonial por falta total de pago de cuota alimentaria. Sostiene la apelante que además de la pérdida de chance que determinó por este rubro la sentencia, debe adicionarse la suma de $ 1.915.000 actualizada desde la promoción de la demanda, por compensación de todas las cuotas alimentarias que el padre no pagó y que la perjudica inclusive porque nadie la representó para reclamar dichos montos siendo menor.
Anticipo que este rubro de "falta total de pago de cuota alimentaria", no habrá de prosperar, porque la originaria pretensión en este sentido fue correcta y fundadamente recalificada por la sentencia como pérdida de chance de haber tenido una mejor calidad de vida, en caso de haber contado con el apoyo económico o aporte alimenticio de su padre.
Sin perjuicio de considerarse las necesidades del niño y la situación patrimonial de ambos progenitores, que tienen su impacto en la estimación de la pérdida de chance, ello no significa que esta cuantificación del daño material del hijo por pérdida de chance, resulte equivalente a la estimación del monto que por alimentos debiera haber aportado el progenitor desde el nacimiento del niño, si lo hubiera reconocido. Tampoco significa que ambas sean acumulables, como ahora lo pretende la actora en la expresión de agravios. Debe tenerse en cuenta que la pérdida de chance no surgió de la demanda inicial, es decir, no integró la Litis, sino que aparece como reconversión o recalificación, por aplicación del principio "iuria novit curia", efectuada en la sentencia. En el sistema jurídico argentino, los alimentos se deben desde que se los reclama, esto es, desde la interposición de la demanda (actualmente sería desde el inicio de la mediación previa obligatoria, conforme interpretación del art. 641 CPCC, 644 CPCCN, a partir de la sanción de la ley 24.573) y no desde la concepción y/o nacimiento del niño. Por consiguiente, el daño material por omisión del reconocimiento no puede ser igual al total de aquello que se perdió producto del obrar antijurídico, sino que seguramente será inferior, recurriéndose para su determinación a un criterio de probabilidad o, en su caso, al principio de equidad (Famá, María Victoria, ob. cit., pg. 710/711).
Es decir, que lo que corresponde indemnizar no es el monto de alimentos devengados, pero no reclamados por el progenitor o por la apelante misma desde que llegó a su mayoría de edad y hasta los 25 años en caso de cursar estudios universitarios, como le hubiera correspondido, sino la pérdida de chance de haber tenido una mejor calidad de vida en lo material. Tampoco ha probado por otra parte carencias materiales que le hubieran impedido realizar sus estudios, por el contrario, ella misma manifestó en las entrevistas que su madre procuró que siempre tuviera todo lo que necesitaba para que estuviera tranquila y feliz. Lo que no significa negar que, con el aporte de un padre con bastante mejor posición económica, que cabe presumir de la actividad de transportista propietario que se vislumbra en los términos de la demanda, y en la cantidad de vehículos embargados luego de la sentencia de primera instancia (aunque no llegue a ser "millonario" como se lo califica en el memorial), seguramente la actora hubiera podido llevar una mejor calidad de vida. Pero, se reitera, no procede indemnización por las cuotas alimentarias no reclamadas en su oportunidad, es decir, retroactivamente.
En cuanto al monto de $ 1.134.000 asignado en concepto de pérdida de chance, el mismo no ha sido objeto de agravio, por lo que no será abordado en el presente por haber llegado firme a esta instancia (art.260 CPCC).
5. El último agravio versa sobre la falta de aplicación de intereses hasta el momento de la sentencia, por no haber sido solicitados en la demanda. El apelante se disconforma de este criterio, afirmando que la reparación debe ser plena y que jamás podría serlo, si solamente desde el momento de la interposición de la demanda hasta la presentación de los agravios, la inflación en nuestro país ha sido del 75 %. Cita luego fallos que se refieren a la forma de aplicar los intereses, desde qué fecha deben correr los mismos según la índole, y la tasa a aplicar. Empero, no critica con argumentos sólidos el argumento utilizado por el sentenciante (art. 260 CPCC).
El principio de reparación integral significa que la reparación debe ser plena, en el sentido de restituir la situación del damnificado a la situación al estado anterior al hecho dañoso, sea por pago en dinero o en especie (art. 1740 CCCN). En este particular caso de responsabilidad por falta de reconocimiento, debe interpretarse cómo compensar a la actora de los perjuicios que no hubiera sufrido de haber sido reconocida por su padre. Considerando que el principio de reparación plena queda realizado con la determinación de los daños a la fecha actualizado a la presente sentencia, por tratarse de una deuda de valor (art. 772 CCCN). Una antigua jurisprudencia de esta Sala, en criterio que se mantiene hasta la actualidad, aplica el principio de congruencia respecto del rubro intereses, es decir, que éstos deben integrar la petición o pretensión inicial, pues de lo contrario se estaría vulnerando dicho principio al fallar sobre cuestiones no propuestas y que, por ende, no integraron la Litis (art. 272 CPCC). En este sentido se ha dicho "… Si el rubro intereses no fue objeto de petición en la demanda, no puede condenarse a la accionada a cumplir una obligación que no fue motivo del juicio, de lo contrario se afectaría el principio de congruencia, en su vinculación con el derecho de defensa en juicio" (SCBA… Ac. 41.765 del 9/10/90 "Lozano…" anulado por CSJN, dictándose nueva sentencia el 6/9/94 pub. en A. y S. 1990-III-624; esta Sala, causas n° 42.559 del 26/12/00 "Bco. Pcia. c/Corvalán" y n° 49.157 del 2/3/06 "Crivelli Bruno c/ Club Estudiantes") ---También ha expresado el Superior Tribunal que "…no procede incluir oficiosamente intereses en la condena ya que el juez solo debe pronunciarse sobre lo pedido y nada más que sobre ello, por así exigirlo el derecho constitucional de la defensa en juicio, el principio dispositivo y el de congruencia…" (Ac. 69.734, sent. del 14/3/01, DDJ, ejemplar del 3/5/01, tomo 160-160 ) (esta Sala, causa n° 49.901- R. S. I. del 14/3/06 "Cascio Graciela c/ Pittaluga Héctor- Alimentos".
Los intereses son "…una prestación accesoria de pagar una cantidad de dinero, o los aumentos que las deudas pecuniarias devengan en forma paulatina, durante un tiempo dado, sea como precio por el uso del dinero ajeno, o como indemnización por un retardo en el cumplimiento de obligación dineraria … En el caso de los daños y perjuicios se está frente a un interés resarcitorio, que es una subespecie del interés moratorio que se aplica a la reparación de las consecuencias de un hecho ilícito, y tiende -al igual que el moratorio- a resarcir la privación de un capital…Sin embargo, … la tasa de interés no puede ser considerada como una cláusula de "ajuste", ya que su función económica no es la de mantener el poder adquisitivo del capital adeudado". (Sosa Aubone, Ricardo D., "Evolución de las tasas de interés, con particular énfasis en la provincia de Buenos Aires y la doctrina legal aplicable". JABA 2022 (abril), 1 JA 2022-II).
Corresponde, por aplicación de dichos principios y jurisprudencia citada, confirmar el fallo de primera instancia en cuanto no aplicó intereses hasta la fecha de sentencia, por no haber sido solicitados. Los intereses deberán computarse en caso de mora, es decir, en caso de no cumplirse con el pago de la indemnización establecida, dentro de los diez días de quedar firme la presente, a la tasa pasiva digital o tasa BIP, vigente para depósitos de plazo fijo a treinta días del Banco de la Provincia de Buenos Aires (doctrina legal SCBA, B. 62.488, "Ubertalli, Carbonino Silvia c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/Demanda contencioso administrativa", del 18/5/2016, estableciendo que los intereses moratorios fijados judicialmente deben calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil; arts. 7º y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928), criterio que importó precisar una nueva doctrina legal y fue luego mantenido en otros pronunciamientos (causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe", ambas del 15/6/2016, por mayoría; C. 119.691, 15/11/2016; Ri. 120.585, 28/12/2016; Rc. 120.484, 14/12/2016; C. 120.268, 28/6/2017; C. 118.443, 12/7/2017; L. 118.690, 11/10/2017; C. 110.709, 15/11/2017, por mayoría). Procede en consecuencia, la modificación de la sentencia de conformidad a los términos propuestos en los apartados 1, 2 y 3 del presente considerando.
Las costas de alzada deberán imponerse al demandado vencido, en virtud de aplicación del principio de la derrota (art. 68 CPCC) y -pese a la falta de oposición- a fin de mantener intangible el principio de reparación plena (art. 1740 CCCN).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el señor juez Dr. Peralta Reyes votó en idéntico sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la señora jueza Dra. Longobardi dijo:
Atento lo resuelto en el tratamiento de la cuestión anterior, Corresponde: 1) Revocar parcialmente la sentencia, haciendo lugar al daño psíquico como daño patrimonial (patología consolidada sólo parcialmente reversible), el que se estima en un 25%, desde el inicio de su edad laborativa (18 años) y hasta los 70 años (fin de la etapa laboral de la persona), conforme lo explicitado en el Considerando IV.2. 2) Otorgar en concepto de daño psicológico (reversible e irreversible) la suma total de Pesos Cinco millones novecientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta y seis ($ 5.973.656), conforme la fórmula explicitada en el Considerando. IV. 2.
3. Modificar parcialmente la sentencia y elevar los gastos de tratamiento psicoterapéutico, por tiempo prolongado según lo aconsejado por la pericia psicológica, a razón de una sesión semanal, a la suma total de $ 1.820.000 (pesos un millón ochocientos veinte mil). 4) Modificar parcialmente la sentencia y elevar el monto indemnizatorio por daño moral, a la suma de $ 3.500.000 (pesos tres millones quinientos mil). 5) Rechazar los agravios referidos a la falta de indemnización por "falta total de pago de cuota alimentaria", (recalificada e indemnizada en la sentencia como "pérdida de chance"), por los fundamentos expresados en el Considerando IV.4. 6) Confirmar el fallo apelado, en cuanto a la no aplicación de intereses desde la promoción de la demanda y hasta quedar firme la sentencia, en razón de no haber sido solicitados en la demanda, confirmando para el caso de mora los determinados en la Sentencia (Considerando IV. 5 de la presente). 7) Imponer las costas de alzada al demandado vencido (art. 68 CPCC). 8) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 Ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión, el señor juez Dr. Peralta Reyes votó en idéntico sentido, por los mismos fundamentos.
Con lo que término el Acuerdo, dictándose la siguiente -S E N T E N C I A- Azul, 16 de Mayo de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: Atento lo resuelto en el tratamiento de la cuestión anterior, Corresponde: 1) Revocar parcialmente la sentencia, haciendo lugar al daño psíquico como daño patrimonial (patología consolidada sólo parcialmente reversible), el que se estima en un 25% desde el inicio de su edad laborativa (18 años) y hasta los 70 años (fin de la etapa laboral de la persona), conforme lo explicitado en el Considerando IV.2. 2) Otorgar en concepto de daño psicológico (reversible e irreversible) la suma total de Pesos Cinco millones novecientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta y seis ($ 5.973.656), conforme la fórmula explicitada en el Considerando. IV. 2. 3) Modificar parcialmente la sentencia y elevar los gastos de tratamiento psicoterapéutico por tiempo prolongado, según lo aconsejado por la pericia psicológica, a razón de una sesión semanal, a la suma total de $ 1.820.000 (pesos un millón ochocientos veinte mil). 4) Modificar parcialmente la sentencia y elevar el monto indemnizatorio por daño moral, a la suma de $ 3.500.000 (pesos tres millones quinientos mil). 5) Rechazar los agravios referidos a la falta de indemnización por "falta total de pago de cuota alimentaria", (recalificada e indemnizada) en la sentencia como "pérdida de chance", por los fundamentos expresados en el Considerando IV.4. 6) Confirmar el fallo apelado, en cuanto a la no aplicación de intereses desde la promoción de la demanda y hasta quedar firme la sentencia, en razón de no haber sido solicitados en la demanda y confirmar para el caso de mora los determinados en la Sentencia (Considerando IV. 5 de la presente). 7) Imponer las costas de alzada al demandado vencido (art. 68 CPCC). 8) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 Ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia