Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 69.327
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada de fecha 18/4/2022, en todo lo que decide y ha sido materia de agravio, imponiéndose las costas de alzada a la actora apelante que ha resultado perdidosa en el trámite recursivo cumplido en esta instancia revisora (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad procesal pertinente (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-69327-2022 "FONDO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS C/ CORDOBA CARLOS RAMON Y OTRO/A S/ ACCION REIVINDICATORIA "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los veintidós días del mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “Fondo de Garantía de los Depósitos c/ Córdoba Carlos Ramón y otro/a s/ Acción Reivindicatoria” (causa n°69.327), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dres. Peralta Reyes y Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 18/04/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA), en su carácter de Fiduciaria del Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD), promovió acción reivindicatoria contra Carlos Ramón Córdoba y María Raquel Bricka, con relación al inmueble sito en calle Sarmiento n° 3614 de Olavarría, identificado catastralmente como Circ. I, Sección D, Quinta 129, Manzana 129 h, Parcela 2, inscripto en la Matrícula n° 12.697 del Partido de Olavarría. Sostuvo la actora que es propietaria de dicho inmueble en virtud de la dación en pago que, en el marco del art.35 de la ley de entidades financieras, le efectuó el Interventor Judicial del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. -quien es el legitimado para transferir-, tal como surge de las escrituras n° 288 del 23/12/2002 y n° 23 del 30/1/2007, que se encuentran debidamente inscriptas. Y en este mismo sentido, prosiguió señalando la accionante que la mentada titularidad dominial de SEDESA, en su carácter de Fiduciaria del Fondo de Garantía de los Depósitos, le fue transferida por su anterior dueño Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., a través de su Intervención Judicial, lo cual resulta del informe de dominio expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble. Con relación a la situación de los demandados, afirmó la accionante que éstos “desposeen a SEDESA, bajo el argumento de ser compradores poseedores del inmueble, sin acreditar un instrumento con fecha cierta, el cumplimiento de los pagos comprometidos respecto de su vendedor, ni que los pagos aparezcan contabilizados en la contabilidad del vendedor que esgrimen (Banco de la Edificadora de Olavarría SA) y, además, sin justificar si quien les vendió tenía poder suficiente para representar legítimamente a la persona del Banco de la Edificadora de Olavarría SA en la operación”.
II. La aludida demanda fue contestada por los demandados, quienes postularon que la misma debe ser rechazada, porque el título en el que se sustenta la parte actora es posterior al contrato de compraventa que ellos celebraron con el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., en el mes de abril del año 2000, por el cual “en ese mismo momento les otorgaron la posesión que vienen detentando de forma pública, pacífica e ininterrumpida es decir desde hace más de 18 años”. Con cita de doctrina sobre la viabilidad de la acción reivindicatoria, señalaron que “ante una escritura posterior a la posesión de los demandados, inexorablemente ese título será insuficiente atento a que nunca se pudo perfeccionar la adquisición del derecho real de dominio”, y sostuvieron que este mismo criterio se mantiene con las nuevas normas del Código Civil y Comercial de la Nación.
Alegaron los accionados que en el referido contrato de contrato de compraventa se pactó el precio en la suma de u$s 15.650, pagadero en 70 cuotas mensuales y consecutivas, y puntualizaron que “a los fines de la operatoria el Banco de la Edificadora de Olavarría les otorgó un crédito personal por la suma total del inmueble, pagadero en 70 cuotas mensuales. Tal como se desprende de la documentación acompañada, donde se advierte la liquidación de dicho crédito en la cuenta de los demandados, que coincide monto y fecha de otorgamiento, con el precio y fecha de la operación de venta, así como su forma de pago, que era también en 70 cuotas, igual a la pactada en el contrato”. Prosiguieron señalando que “la operatoria fue una venta mediante un crédito personal, con lo cual el inmueble fue abonado en su totalidad, quedando en ese momento obligados los demandados al pago de las cuotas de dicho crédito que fue identificado bajo el n° 24249. Es decir que al momento de la liquidación del Banco la única obligación que tenían los demandados era la del crédito personal y que éstos siguieron abonando hasta el año 2003 cuando Banco Columbia SA informó que ellos no eran cesionarios de dicho crédito”. Así concluyeron los demandados en que “el Banco dio en pago un inmueble que ya había vendido y cobrado en su totalidad a los aquí demandados. No se puede invocar buena fe de parte de SEDESA que interviene directamente en el proceso de liquidación del Banco y debió revisar los antecedentes de los activos que adquiría, más aún cuando estaba interviniendo en un banco en liquidación”.
En la última parte de este escrito, los demandados dedujeron reconvención por escrituración a fin de poder adquirir el dominio pleno del inmueble objeto de autos, sobre la base del mencionado boleto de compraventa que, según sus dichos, se encuentra cumplido en su totalidad respecto del pago del precio, por lo que sólo queda pendiente la obligación del vendedor de suscribir la correspondiente escritura.
III. La parte actora contestó el traslado que se le confirió de la presentación de los demandados, y sostuvo que, ante la reconvención deducida, puede resultar -eventual e hipotéticamente- la evicción del inmueble, por lo que solicitó la citación del Interventor Judicial del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., en los términos de los arts.1044, 1046, 1048 y ccs. del C.C.C.N.
De esta manera, compareció a las actuaciones la Interventora Judicial del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., quien solicitó el rechazo por improcedente de la citación de evicción. Así sostuvo que el inmueble en cuestión era de titularidad del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., por lo que este banco es el obligado por evicción y no la intervención judicial. En función de ello, dijo que la intervención judicial carece de legitimación pasiva y, por ende, debe rechazarse la citación de evicción, con costas a la accionante.
IV. Habiéndose tramitado la etapa probatoria se arribó al dictado de la sentencia de la anterior instancia, en la cual se resolvió: 1) Rechazar la demanda de reivindicación entablada por el Fondo de Garantía de los Depósitos contra Carlos Ramón Córdoba y María Raquel Bricka; 2) Hacer lugar a la falta de legitimación de la Intervención Judicial del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A.; 3) Hacer lugar a la reconvención deducida por los demandados, debiendo el Fondo de Garantía de los Depósitos proceder a escriturar el inmueble objeto de autos a favor de Carlos Ramón Córdoba y de María Raquel Bricka, en el plazo de treinta días, bajo apercibimiento de suscribirse la escritura por la magistrada, por ellos y a su costa; 4) Imponer las costas a la parte actora en su calidad de vencida, tanto por la acción principal como por la reconvención, salvo las correspondientes a la presentación de la Intervención Judicial del BEO S.A., que lo son en el orden causado.
Si bien las motivaciones de esta sentencia se analizarán en la parte medular del presente voto, cabe adelantar aquí algunas de las consideraciones basales del pronunciamiento. Sostuvo la juzgadora que los demandados se encuentran en posesión del bien desde el mes de abril del año 2000, cuando se lo compraron al Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., habiendo abonado en su totalidad el precio de la compraventa; lo que sucedió dos años antes de que se formalizara la transferencia de activos y pasivos entre el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. y Sedesa -en su carácter de Fiduciaria del Fondo de Garantía de los Depósitos-, mediante la escritura n° 288 de fecha 23/12/2002.
De esta manera, la Jueza de grado descartó que sea cierto lo expresado en la mencionada escritura n° 288, donde se señala que Sedesa habría recibido la posesión del bien por tradición que le efectuó el Interventor Judicial del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., tras lo cual analizó la prueba producida en autos con la que resulta acreditada la posesión que, desde el año 2000, ejercen los accionados sobre el inmueble objeto del presente proceso. De esta manera, consideró que el caso de autos es asimilable al supuesto previsto en doctrina y jurisprudencia, en que la demanda reivindicatoria es improcedente cuando es promovida contra el poseedor a quien el reivindicante -o algún anterior propietario- le ha entregado voluntariamente la posesión de la cosa.
Seguidamente, la sentenciante desestimó los cuestionamientos realizados por la parte actora con relación al boleto de compraventa esgrimido por los demandados, vinculados a la fecha cierta de este instrumento y al pago del precio por parte de los compradores. Al abocarse a la reconvención por escrituración entablada por los accionados, analizó la operatoria celebrada entre éstos y el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., y sostuvo que, dada la quiebra de esta entidad financiera “se ha dificultado el manejo de la documentación que contenga sus activos y pasivos”; puntualizando que “en este caso no alcanza la negativa de SEDESA, de desconocer la operatoria, sino que debió acreditar con la documentación contable que perteneció al BEO, por ser su continuadora, dichos extremos, por ello, concluyo de la manera que lo hago”. De esta manera, consideró procedente la reconvención por escrituración deducida por los accionados.
Sólo resta precisar aquí, que en la sentencia apelada se hizo lugar a la falta de legitimación de la Intervención Judicial del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., señalándose su falta de responsabilidad en el presente caso. Pero este aspecto de la sentencia no ha sido materia del recurso de apelación traído a esta alzada y al cual me referiré en el apartado siguiente.
V. El decisorio dictado en la anterior instancia fue motivo del recurso de apelación deducido por la parte actora, quien expresó agravios en esta alzada mediante la presentación de fecha 20/9/2022.
Sostuvo la apelante que la venta que esgrime en su favor la parte accionada y, por ende, su posesión, no resulta de los balances del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. Aseveró que SEDESA resultó adquirente del dominio del inmueble de autos, cuya titularidad al momento de esa transferencia, era del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. Dijo que, aunque eventualmente se juzgue que no hubo tradición en favor de SEDESA, no cabe darle prioridad a un boleto de compraventa a favor de la demandada, que ha sido incumplido por ésta. Así aseveró que, según el boleto esgrimido por los demandados, el precio de la operación se pactó en cuotas, y por la cláusula séptima se acordó el pacto comisorio expreso que opera de pleno derecho; a lo que se suma que los propios demandados reconocen que no abonaron las cuotas. Señaló que esa mora en el pago de las cuotas produjo la resolución automática de la compraventa, y agregó que en virtud de ello “el dominio del inmueble volvió al BEO SA, y por ello figura en el balance y contabilidad del BEO al tiempo de la escritura nro.288 a favor de SEDESA”.
Expresó que ninguna de las probanzas da convicción suficiente de que los demandados poseyeron el inmueble en forma continua e ininterrumpida desde el mes de abril del año 2000; ni tampoco existe prueba como para desvirtuar lo señalado en la escritura n° 288, en el sentido de que SEDESA “se encuentra en posesión de lo adquirido por tradición efectuada antes de ahora”.
Más adelante reiteró que “no están acreditados los pagos comprometidos por los demandados respecto de su vendedor BEO SA, ni que los pagos aparezcan contabilizados en la contabilidad del vendedor (Banco de la Edificadora de Olavarría S.A.) y sin justificar además si quien les vendió tenía poder y poder suficiente en el caso para representar legítimamente a la persona del Banco de la Edificadora en la operación”. Afirmó que SEDESA sólo compró ciertos activos excluidos del BEO S.A., sean créditos y/o inmuebles, y ello no la hace continuadora de esa entidad bancaria. Agregó que: “Dentro de dichos activos excluidos del BEO SA, a favor de SEDESA, como contraprestación de la financiación cumplida por esta última entidad, está el inmueble dado en pago motivo de autos, pero no el crédito por pago de precio dado a los Sres. Carlos Ramón Córdoba y María Raquel Bricka con motivo del boleto de compraventa del inmueble ubicado en calle Sarmiento n° 3614 de esta ciudad”. Y sostuvo a continuación que “nada le consta a SEDESA sobre ese crédito por saldo de precio; ni tampoco nada corresponde que debe tener y/o opinar y/o concluir respecto de dicho crédito por cuanto es de un tercero, que es el Banco de la Edificadora de Olavarría SA (BEO SA) hoy en quiebra por ante el Juzgado Civil y Comercial nro. uno de Olavarría que tiene su representante que es el órgano sindical allí actuante” (lo destacado es propio). Asimismo, señaló la apelante que los demandados deben presentarse en la quiebra del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., donde se resolverá, con audiencia del órgano sindical, acerca de la operación y el pago del precio, y, en definitiva, sobre el desinterés o no de la quiebra en dicho crédito y sobre la escrituración por ellos pretendida. En la parte final de su expresión de agravios, adujo la parte accionante que, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa, habiendo probado la parte actora el pago de impuestos durante el tiempo que duró la posesión, corresponde condenar a los demandados a su pago. Por último, para el supuesto en que se confirme la sentencia apelada, solicitó la imposición de las costas del juicio en el orden causado, alegando que tuvo motivos fundados para deducir la acción reivindicatoria.
Con posterioridad se practicaron los trámites procesales pertinentes y se realizó el sorteo de rigor, habiendo quedado las presentes actuaciones en condiciones para el dictado de la presente sentencia.
VI. 1. En la sentencia apelada se puntualizó que la parte actora es propietaria del inmueble en razón de la dación en pago efectuada a su favor en las mencionadas escrituras n° 288 del 23/12/2002 y n° 23 del 30/1/2007, en virtud de la transferencia de activos del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., que se realizó en el marco del art.35 bis de la Ley de Entidades Financieras. No obstante, se puntualizó en la sentencia apelada que el derecho de la actora colisiona con el derecho de los terceros de buena fe que detentan la posesión del bien con anterioridad a esa dación en pago. En efecto, en dicha sentencia se tuvo por acreditado que, dos años antes de ese acto, en el mes de abril del año 2000, el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. -anterior titular dominial- le vendió el inmueble a Carlos Ramón Córdoba y María Raquel Bricka, quienes abonaron el monto total de la venta y en ese mismo acto recibieron la posesión del bien.
Dijo la Jueza de grado que la actora invoca lo expresado en la mencionada escritura n° 288, donde se hizo constar que la aquí accionante “se encuentra en posesión de lo adquirido por tradición efectuada antes de ahora”; pero aseveró que ello no es así, porque el Sr. Córdoba y la Sra. Bricka poseen el bien desde el mes de abril del año 2000, momento en que se suscribió el contrato de compraventa a su favor y abonaron en su totalidad el precio de la operación. En este orden de ideas sostuvo la magistrada que no existen dudas de que el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. vendió el inmueble a los aquí demandados, por el referido boleto de compraventa del mes de abril del año 2000, entregándoles la posesión en ese momento, de manera que “no podría ser cierto lo que se hace constar en la Escritura 288 del 23/12/2002”. Y en cuanto a la alegada carencia de fecha cierta del boleto, desestimó este planteo de la actora porque los accionados acreditaron su posesión de fecha anterior a dicha escritura n° 288.
Seguidamente, en la sentencia se enumeraron las distintas probanzas mediante las cuales se tuvo por demostrado que los accionados se encuentran en posesión del bien desde el mes de abril del año 2000. Así se hizo mención al testigo que declaró en la audiencia respectiva; a lo informado por Coopelectric, en el sentido de que los demandados habilitaron a su nombre el servicio eléctrico desde el día 8/5/2000; al informe de Camuzzi Gas Pampeana, según el cual los accionados cuentan con el servicio de gas habilitado a su nombre desde el día 20/9/2000; y a lo informado por la empresa VISAN, quien en el año 2000 realizó una losa en el inmueble, para los demandados. En función de estos elementos probatorios, adujo la juzgadora que “el desapoderamiento que la parte actora invoca -como titular registral del dominio fiduciario del inmueble- por parte de los demandados no aconteció puesto que en ningún momento Sedesa entró en posesión del mismo”. Y en este orden de ideas sostuvo que, en el caso de autos se presenta el supuesto previsto en la doctrina, donde la acción reivindicatoria es improcedente porque la demanda se ha entablado contra el poseedor a quien el reivindicante -o alguno de los anteriores propietarios- le entregó la posesión del bien.
Ahora bien, esta valoración de la prueba que se realizó en el decisorio apelado -a la cual me referí en el párrafo precedente-, no ha sido motivo de una crítica concreta y razonada en el escrito de expresión de agravios, por lo que adquirió firmeza la conclusión sentada por la juzgadora, en el sentido de que ha quedado demostrado que los accionados se encuentran en posesión del inmueble desde el mes de abril del año 2000. En efecto, en el escrito recursivo se formula una negativa genérica acerca de esta temática, pero en modo alguno se impugna, en forma concreta y certera, la valoración de las pruebas testimonial e informativa realizada en la sentencia apelada. En efecto, el apelante se limitó a decir que “ninguna de las probanzas obrantes en el expte., da convicción ni menos convicción suficiente que los demandados poseyeron el inmueble, continua e ininterrumpidamente desde abril de 2000, fecha de la firma del invocado boleto de compraventa. Ni tampoco existe prueba de suficiente convicción en autos que tenga aptitud para desvirtuar el texto ‘se encuentra en posesión de lo adquirido por tradición efectuada antes de ahora’, existente en la escritura n° 288”. Como puede apreciarse, se está ante una negativa imprecisa sobre el resultado de la prueba, sin realizarse ningún cuestionamiento concreto sobre la eficacia de la prueba testimonial e informativa que ha sido ponderada en el pronunciamiento de grado (arts.260, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
2. En este punto me referiré a otro elemento de singular valía a los fines de la cuestión de autos, consistente en el juicio de desalojo que operó como antecedente de la presente reivindicación, que tramitó en los autos caratulados “Seguro de Depósitos S.A. c/Córdoba Carlos R. Bricka María Raquel. Otros ocupantes s/Desalojo”, expediente n° 34.376, que tengo a la vista.
En dicho expediente se dictó sentencia de primera instancia en la que se rechazó la demanda de desalojo, al considerarse que los demandados Córdoba y Bricka acreditaron su calidad de poseedores del inmueble. Y dicho pronunciamiento fue confirmado por esta alzada mediante sentencia de fecha 14/8/2014 (causa n° 58.728, ver fs.343/348 de esos actuados). Al analizar las circunstancias fácticas del caso, señalé en el voto preopinante del mencionado decisorio, que “en su propio escrito de demanda, la parte actora admitió la existencia del convenio de compraventa celebrado -en el mes de abril de 2000- entre el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. y los aquí demandados Carlos Ramón Córdoba y María Raquel Bricka (el que fue agregado a fs.14/15); si bien alegó que el mismo se encontraba rescindido por operatividad del pacto comisorio expreso emergente de las cláusulas sexta y séptima, en razón del incumplimiento de los accionados de su obligación de pago del precio en los términos previstos en la cláusula segunda (ver fs.53, primer párrafo)”. Y luego de aludir a la contestación de los demandados, puntualicé que “en los escritos liminares se ha planteado una controversia sobre los alcances del incumplimiento de los demandados y sobre la resolución contractual invocada por la parte actora; más, sin embargo, no existe ninguna duda sobre la existencia del convenio de compraventa celebrado entre el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. y los aquí accionados Carlos Ramón Córdoba y María Raquel Bricka” (ver fs.344vta./345 del citado expediente n° 34.376).
Y en función de esas consideraciones, puse de relieve en dicho voto que “no es el juicio de desalojo la vía procesal idónea para debatir sobre la resolución del convenio de compraventa allegado por la propia actora (fs.14/15), por lo que esta parte deberá promover la acción pertinente a efectos de obtener el acogimiento de su pretensión resolutoria, y en caso que la misma fuera exitosa deberá decidirse sobre la obligación de restituir lo recibido como consecuencia del contrato resuelto (arts.1052, 1204, 1374 y ccs. del Cód. Civil)” (lo destacado en negrita no obra en el original). En línea con estas consideraciones continúe señalando en el voto referido, que el convenio de compraventa celebrado entre el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. y los demandados Carlos Ramón Córdoba y María Raquel Bricka, fue allegado al juicio de desalojo por la propia parte actora (fs.14/15 y manifestaciones de fs.53); surgiendo de la cláusula quinta de ese instrumento que la posesión del inmueble le fue entregada a los compradores en el mismo acto de celebración de ese convenio. Finalmente, y a modo de cierre de mi voto en la sentencia dictada en el juicio de desalojo, puse de resalto que las escrituras de transferencia de dominio esgrimidas por Sedesa “son de fecha posterior al convenio de compraventa en que se sustenta la postura de los accionados (ver fs.14/15, fs.36/46). Lo concluyente es que el anterior titular de dominio, Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. (fs.46), celebró con los demandados el convenio de compraventa de fs.14/15, que es de fecha anterior a las escrituras invocadas por la actora (arts.1195, 1199 y ccs. del Cód. Civil). En suma, en autos ha quedado suficientemente probado el carácter de poseedores de los accionados, en base a la mencionada operación de compraventa que formalizaron con el anterior titular de dominio, por lo que resultan estériles los esfuerzos argumentales del apelante, donde intenta desconocer esta indudable realidad” (ver a fs.345vta./346 vta. del expediente de desalojo n° 34.376, que obra agregado por cuerda, los citados párrafos de la sentencia dictada por esta Sala con fecha 14/8/2014).
3. Pues bien, las directivas antedichas no fueron cumplimentadas por la parte actora, dado que en la demanda que dio inicio al presente juicio de reivindicación, no formuló ningún tipo de alusión a la resolución contractual que fuera resaltada en el pronunciamiento de esta alzada, habiéndose limitado a señalar que “los demandados desposeen a SEDESA, bajo el argumento de ser compradores poseedores del inmueble, sin acreditar un instrumento con fecha cierta, el cumplimiento de los pagos comprometidos respecto de su vendedor ni que los pagos aparezcan contabilizados en la contabilidad del vendedor que esgrimen (Banco de la Edificadora de Olavarría SA)”.
Y al referirse a los requisitos de la acción reivindicatoria, señaló la accionante que “la presente acción puede ser intentada cuando el titular de un derecho real sufre una desposesión”, para culminar aseverando que “la pérdida de la posesión de la cosa y posesión actual de parte del reivindicado, resulta de la desposesión y ocupación del inmueble por los demandados”. Estas consideraciones de la actora no se ajustan a derecho, porque en el caso de autos no es posible hablar de pérdida de la posesión, en los términos del art.2758 del Código Civil -o de desapoderamiento según la letra del art.2248 del C.C.C.N.-, dado que la posesión del inmueble fue entregada voluntariamente por el anterior titular de dominio -Banco de la Edificadora de Olavarría S.A.-, con motivo del convenio de compraventa que celebró con los aquí demandados Carlos Ramón Córdoba y María Raquel Bricka -el cual fue acompañado al juicio de desalojo por la propia Sedesa, tal como lo puse de relieve precedentemente- .
Sobre el particular ha señalado Kiper, que “a los efectos del ejercicio de la acción reivindicatoria es menester la exigencia de un primer recaudo: debe haber mediado desposesión. Con ello significamos que no cabe la acción si únicamente medió un desprendimiento voluntario de la posesión, como cuando se entrega la cosa con motivo de una compraventa, pues no habría entonces ‘pérdida’ de ésta, como impone el art.2758 del Código Civil”. Y prosigue diciendo este autor más adelante, que en estos casos “es preciso hacer caer el acto jurídico que fue causa de la tradición para, recién entonces (esto es, una vez declarada judicialmente la nulidad o la rescisión), recurrir a la acción real” (Juicio de acciones reales, Bs. As.2010, págs.58 y 59; lo destacado es propio; en el mismo sentido, ver Mariani de Vidal, Derechos Reales, tomo 3, Bs. As.2004, págs.416 y 417; ver también el decisorio de esta Sala, en causa n° 69.871, "Acosta", sentencia del 16/8/2022).
Y en un párrafo que se ajusta con estrictez al presente caso, expresa este mismo autor que: “No es necesario que la entrega voluntaria de la cosa acontezca de manos del propio reivindicante. Por el contrario, si ello hubiere ocurrido por obra de alguno de los anteriores propietarios, también resulta improcedente la reivindicación”. Y agrega con cita de un precedente jurisprudencial, que: “La acción reivindicatoria es procedente cuando la pérdida de la posesión de la cosa se debe a un hecho involuntario, y no cuando el poseedor se ha desprendido voluntariamente de ella” (conf. Kiper, ob. cit. págs.124 y 125).
Por su parte, como no podía ser de otro modo, el código actualmente vigente mantiene esa misma línea, y en lugar de aludir a la pérdida de la posesión incorpora la expresión “desapoderamiento”, que tiene idéntica significación. A la luz de este nuevo cuerpo normativo se puntualiza en doctrina que: “El desapoderamiento importa el desplazamiento de la posesión anterior ‘sin’ o ‘contra’ la voluntad de quien la ejercitaba. Queda excluido del ámbito de la acción reivindicatoria el caso en que el actor hubiera procedido a entregar voluntariamente la posesión de la cosa que ahora pretende, pues con tal entrega su titular perdió la posesión, ‘con’ su voluntad” (conf. Alterini Jorge Horacio, Alterini Ignacio Ezequiel y Alterini María Eugenia, Tratado de los Derechos Reales, Parte General, tomo I, Bs. As. 2018, pág.673). En ese mismo sentido asevera Kiper, en una obra más actual, que: “el titular debe haber sido desposeído contra su voluntad. Es decir, debe haber mediado desapoderamiento. Si, en cambio, se hubiera producido un desplazamiento voluntario de la posesión, la acción no es procedente, si previamente no se hace caer el acto jurídico que fue causa de la tradición” (Tratado de Derechos Reales, tercera edición actualizada, tomo II, Santa Fe 2021, pág.473; los destacados me pertenecen).
4. Volcados los conceptos anteriores, me encuentro en condiciones de abordar lo relativo al alegado incumplimiento de los compradores - aquí demandados- en cuanto al pago del precio del convenio de compraventa que celebraron con el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., en el mes de abril del año 2000; habiendo sido éste el planteo introducido por la parte actora.
Cabe decir, en primer término, que el vendedor Banco de la Edificadora de Olavarría nunca dispuso la resolución contractual de dicho contrato de compraventa, por cuanto los compradores -Córdoba y Bricka- cumplimentaron en una importante proporción el pago del precio de la operación, tal como lo pondré de resalto en el presente acápite de este voto. En este punto es necesario destacar que, según la cláusula segunda del convenio de compraventa, el precio de la operación se fijó en la suma de u$s 15.650, pagadera en setenta (70) cuotas mensuales y consecutivas, con un 8% anual de interés sobre saldo deudor. Y con el objeto de abonar estas cuotas, el mismo banco les concedió un préstamo a los compradores por esa misma suma de u$s 15.650, conforme resulta de los comprobantes de fecha 28/4/2000, que obran agregados a fs.88/88vta. del mencionado juicio de desalojo que tramitó en el referido expediente n° 34.376.
Pues bien, del cotejo de los restantes sesenta y tres (63)
comprobantes de pago allegados al juicio de desalojo por los demandados -cuya autenticidad luce plenamente verosímil-, se desprende que éstos abonaron un número importante de las cuotas del préstamo que les había otorgado el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. (ver fs.85/87vta. y fs.89/101 del expediente n° 34.376). Y si en algún momento dejaron de pagar esas cuotas, ello obedeció a la innegable incertidumbre que les generó la intervención de la entidad bancaria, tal como los demandados lo pusieron de relieve en su contestación de demanda, al señalar que siempre hubo de su parte voluntad de pago, pero “se encontraron ante un estado de incertidumbre e inseguridad ya que no tenían conocimiento de quien era el acreedor, o si su crédito había sido cedido, atento a que nunca recibieron comunicación alguna, ni intimación al pago de la deuda.
A la fecha dicha obligación se encuentra prescripta”. Dicho estado de incertidumbre se comprueba con solo cotejar los comprobantes de pago del préstamo, de fechas 13/1/2003 y 21/3/2003, que fueron otorgados por el Banco Columbia, a quien se le habían transferido activos y pasivos excluidos del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., y se lo había autorizado a incorporar como propias las filiales que tenía habilitadas el banco intervenido, pudiendo proceder a su cierre y posterior reapertura en el mismo domicilio o relocalizarlas (ver puntos 3, 5 y 6 de la Resolución n° 647, de fecha 17/10/2002, del Banco Central de la República Argentina, a fs.40/41 del expediente n° 20.871, en el que tramitó la intervención judicial del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., y que tengo a la vista).
Y en este punto es necesario enfatizar en que el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., nunca les remitió a los demandados alguna comunicación donde les manifestara su voluntad de resolver el contrato de compraventa, siendo que esta comunicación se erige en un requisito insoslayable para que se produzca la resolución contractual (art.1204 del Cód. Civil, art.1078 inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación). Asimismo, el importante porcentaje del precio de la compraventa que fue pagado por los compradores -conforme emana de los comprobantes de pago allegados al juicio de desalojo-, también constituye un impedimento infranqueable para que pueda operar la resolución del contrato, dado que, según las normas legales aplicables, el incumplimiento debe ser de gravedad (doctrina elaborada en torno al art.1204 del Código Civil), o en la terminología del nuevo código, debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato (arts.1084 y 1088 inc. a) del C.C.C.N.).
Al abordarse en doctrina la importancia que debe revestir el incumplimiento, se ha señalado que “para que el incumplimiento sea resolutorio es preciso que revista cierta entidad, que se trate de un incumplimiento lo suficientemente importante o grave para justificar la resolución” (conf. Ibañez, Extinción Unilateral del Contrato, Bs. As. 2018, págs.162 y 163).
Retomando lo que venía señalando, acerca del estado de incertidumbre en que se vieron sumidos los compradores ante la intervención judicial del banco vendedor, cabe puntualizar que tal circunstancia fue advertida en la sentencia apelada, donde se desestimó el planteo de la parte actora, quien se limitó a sostener que los pagos invocados por los aquí demandados no aparecen registrados en la contabilidad del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., ni tampoco está justificado el poder suficiente de la persona que representó a esa entidad en la operación. Pues bien, refutando estos asertos dijo la juzgadora que “dada la quiebra del Banco de la Edificadora de Olavarría, se ha dificultado el manejo de la documentación que contenga sus activos y pasivos. Por lo que, si la actora -como continuadora del Banco de la Edificadora de Olavarría- se ha visto impedida de poder dilucidar qué pasó con ciertas operatorias, de modo alguno los demandados puedan hacerlo”. Y en párrafos más adelante sostuvo la Jueza de grado que “en este caso no alcanza la negativa de SEDESA, de desconocer la operatoria, sino que debió acreditar con la documentación contable que perteneció al BEO, por ser continuadora, dichos extremos, por ello, concluyo de la manera que lo hago”.
5. Coincido con las antedichas apreciaciones de la magistrada de la anterior instancia, porque ante el estado de incertidumbre que en el caso se había generado, pesaba sobre la parte actora la carga de allegar los elementos que tuviera a su alcance para esclarecer la compleja situación existente. La actora ha cuestionado el carácter de “continuadora” del banco intervenido que le adjudicó la Jueza de grado, al señalar que sólo se trató de una transferencia de activos excluidos dispuesta por el Banco Central, en cuyo marco resultó adquirente del inmueble objeto de autos; puntualizando que en esta clase de operatorias no son aplicables las reglas sobre transferencia de fondos de comercio.
Pero el referido planteo de la accionante carece de todo asidero, porque aún en el supuesto que no revista -estrictamente- la calidad de sucesora del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., lo cierto es que, al concretar la transferencia de dominio del bien a su favor en el marco de una operatoria que se llevó a cabo por disposición del Banco Central, la actora tuvo pleno acceso a los registros contables del banco intervenido. En efecto, si se analizan los términos de la citada Resolución n° 647 del Banco Central de la República Argentina, puede advertirse que en la cláusula 17 se establece: “Exigir a Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. que presente un estado patrimonial a la fecha de exclusión de activos y pasivos que se dispone por la presente Resolución, con sus correspondientes inventarios, en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente Resolución” (ver fs.43 del expediente n° 20.871, en el que tramitó la intervención judicial del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A.).
Por lo demás, el exacto conocimiento que tenía SEDESA acerca de la compraventa realizada a favor de los demandados, se advierte con toda claridad por el simple hecho de que fue la propia parte actora quien agregó al juicio de desalojo el boleto de compraventa que se encuentra en debate en el presente proceso (ver fs.14/15 del expediente n° 34376), tal como lo puse de relieve en los precedentes desarrollos de este voto. Y ese acabado conocimiento que tuvo la accionante sobre los registros contables del banco intervenido, es lo que le impedía limitarse a alegar en estas actuaciones, que los actores no acreditaron que los pagos aparezcan registrados en la contabilidad del banco vendedor, y que la persona firmante del contrato por la entidad bancaria revestía poder suficiente para ello; pues al haberse abroquelado en esa cerrada negativa, omitió el cumplimiento de la carga de colaboración que sobre ella pesaba, en razón del deber de lealtad y buena fe procesal que les corresponde a los litigantes (art.34 inc.5 d) del Cód.
Proc.). Es por ello, que resulta de aplicación analógica al presente caso el art.163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según el cual “la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones”. Se ha sostenido al respecto que “el comportamiento procesal adquiere así valor indiciario, de modo que las conclusiones que el juez extrae de la conducta observada por las partes se erigen en argumentos de prueba corroborante” (conf. Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial, Comentados y Anotados, coordinadores Berizonce y Quadri, Bs.
As. 2015, tomo III, págs.461 y 462).
En efecto, en virtud del pleno conocimiento que tenía la actora acerca de los registros contables del banco intervenido, pudo perfectamente esclarecer la situación de incertidumbre que se suscitó en el desarrollo del contrato de compraventa objeto de autos; ya sea allegando al expediente la documentación que fuera pertinente, o mediante el ofrecimiento de un preciso cuestionario de prueba pericial contable sobre la base de los datos emergentes de la información que obraba en su poder cuando se concretó la transferencia de activos. Nada de eso cumplimentó la parte actora y se limitó a sostener una férrea negativa que, en las concretas circunstancias de este caso, se muestra claramente inadmisible (arts.34 inc.5 d,163 inc.5, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.). Son de aplicación aquí las consideraciones vertidas en otro precedente de este Tribunal, donde se señaló que, en un escenario litigioso de complejidad, la parte que se hallaba en mejores condiciones para acreditar el pago del precio de la compraventa, en virtud de su privilegiada posición respecto de la información con que contaba, debía intensificar su actividad probatoria. Y se dijo en esa causa que con referencia a las denominadas cargas probatorias dinámicas, sostiene Quadri que “la carga es adjudicada a quien, según las circunstancias del caso y sin que interese su rol de actor o demandado, se encuentre en mejores condiciones para producir la prueba, circunstancias que pueden ser de carácter fáctico, profesional o técnico”, e “implica que el sujeto a quien se atribuye la carga probatoria reviste una posición privilegiada o destacada en relación con el material probatorio y de cara a la contraparte” (conf. la Prueba en el Proceso Civil y Comercial, Bs. As. 2011, tomo I, págs.726 y 727; esta Sala, causa n° 66.849, “Borio”, sentencia del 28/9/2021, ver también causa n° 67.145, “Prestifilippo”, sentencia del 4/11/2021).
6. Y la actora no sólo incumplió el deber de colaboración procesal que indiqué en el punto anterior, sino que también ha indicado un camino equivocado para el esclarecimiento de la trama contractual, al decir que los compradores deberían acudir a la representación de la quiebra del intervenido Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. Así sostuvo en su escrito recursivo, que “nada le consta a SEDESA sobre ese crédito por saldo de precio; ni tampoco corresponde que deba tener y/o opinar y/o concluir respecto de dicho crédito por cuanto es de un TERCERO, que es el Banco de la Edificadora de Olavarría SA (BEO SA) hoy en quiebra por ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. Uno de Olavarría que tiene su representante que es el órgano sindical allí actuante” (lo destacado es propio).
En primer lugar, debe aclararse que el expediente nro. 20.871 del año 2002 -al que se refiere el apelante-, fue promovido por el Banco Central de la República Argentina y su único objeto fue la solicitud de intervención judicial del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., mediante la apertura de la instancia prevista en el art.35 bis, apartado III) de la Ley de Entidades Financieras (ley 21.526, modificada por las leyes 24.144, 24.485 y 24.627. Fue así que en la demanda se solicitó la designación como interventores de las personas indicadas por el Banco Central de la República Argentina (ver fs.13/14 del expediente n° 20.871). Y en el limitado marco de actuación que confiere el trámite establecido por el art.35 bis de la ley de entidades financieras, el Juez de grado dispuso la intervención judicial de la entidad bancaria, bajo responsabilidad exclusiva del Banco Central y con el alcance conferido en dicha norma legal, designando interventores judiciales a las personas propuestas por la parte accionante (ver fs.15/16 del citado expediente n° 20.871).
Quiere ello decir que en el caso no se concretó ningún trámite concursal, ni tampoco hay un órgano sindical, como equívocamente lo afirmó SEDESA en el párrafo que transcribí al inicio de este punto 6; por lo que, a los fines de esclarecer la cuestión de autos, los compradores demandados se encuentran impedidos de requerir la opinión de un órgano sindical claramente inexistente. Más aún, a estos autos comparecieron las Interventoras Judiciales del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., quienes se limitaron a solicitar el rechazo de la citación de evicción que contra esa intervención se había dirigido, planteo que, a la postre, fue acogido en la sentencia apelada. Pero lo cierto es que ninguna información aportaron las interventoras judiciales de la entidad bancaria, con relación al contrato de compraventa que se debate en el presente juicio, por lo que también desde este ángulo, ha quedado sin un debido esclarecimiento lo relativo a los pagos del precio de la compraventa que realizaron los demandados.
Y es menester cerrar este punto, poniendo de resalto que fueron los compradores demandados los únicos que procuraron clarificar la cuestión en debate, pero su accionar procesal resultó infructuoso ante las cerradas posturas asumidas por sus interlocutores procesales. En efecto, al contestar la demanda y deducir reconvención, los accionados solicitaron el libramiento de oficio al Interventor del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., “a fin de que informe los detalles de créditos y débitos de la cuenta de titularidad de los demandados, identificado con el n° 148968/2 correspondiente desde el 1 de abril de 2000 a diciembre de 2000, especialmente todos los detalles de acreditación y débito del crédito personal n° 24.289” (ver apartado VII del escrito de contestación de demanda y reconvención, pudiéndose corroborar que los datos de la solicitud de informe coinciden con los volcados en los comprobantes de pago allegados a fs.88/88vta. del expediente n° 34.376, en el que tramitó el juicio de desalojo).
Pero claro, esta solicitud de informe resultó fallida, puesto que, en la audiencia preliminar, la interventora citada en evicción manifestó “no poseer la documentación requerida”, consignándose en el acta respectiva que esta manifestación “será merituada al momento de dictar sentencia” (ver acta del 1/10/2021). En línea con esta vicisitud procesal, al expedirse la certificación de la prueba se hizo constar que en audiencia preliminar “manifestó no contar con la documentación requerida” (ver acta de fecha 8/3/2022).
De esta manera, las consideraciones precedentes conllevan a la desestimación de los agravios expuestos en el escrito recursivo de la parte actora, y a la confirmación de la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda de reivindicación incoada por el Fondo de Garantía de los Depósitos e hizo lugar a la reconvención por escrituración deducida por los compradores Carlos Ramón Córdoba y María Raquel Bricka. Por lo demás, en atención a las particularidades del caso y a la forma en que se concretó la actividad probatoria, donde se observa una falta de colaboración por parte de SEDESA, y una carencia de elementos de prueba en poder de la Intervención Judicial del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., no resulta posible determinar con exactitud, si los compradores demandados son deudores de alguna parte del precio de la operación de compraventa, en cuyo caso deberían haberlo integrado en oportunidad de la escrituración. Pero, reitero, la forma en que se ha concretado el desenlace de este proceso, impide resolver acerca de esta temática, por lo que la sentencia apelada debe ser confirmada en todo lo que decide y ha sido materia de agravios (arts.260, 266, 272 y ccs. del Cód. Proc.).
7. A modo de último agravio, la actora apelante solicitó que, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa, habiendo probado la parte actora el pago de impuestos durante el tiempo que duró la posesión, se condene a los demandados a su pago, con más intereses a la tasa pasiva plazo fijo digital, desde la fecha de pago de cada recibo.
Este planteo debe ser desestimado, porque ha sido tardíamente introducido en esta instancia, en contravención a lo dispuesto en el art.266 del Código Procesal. En efecto, si se examina el escrito de demanda, se concluye en que este planteo subsidiario de devolución de impuestos no fue articulado por la parte actora, y es sabido que la alzada se encuentra impedida de examinar las cuestiones no sometidas a la decisión del Juez de primera instancia (citado art.266 del Código Procesal y doctrina elaborada en la materia). Así expresa Loutayf Ranea que “el tribunal de segunda instancia no puede conocer aquellas cuestiones que no hubiesen sido sometidas a conocimiento de la instancia anterior” (El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, Bs. As. 2009, 2ª edición actualizada y ampliada, tomo1, pág.87).
8. Finalmente, también corresponde rechazar el agravio referido a la imposición de las costas del juicio, puesto que, a modo de planteo subsidiario y para el supuesto de confirmación de la sentencia apelada, la apelante pretende ser eximida de las mismas al alegar que “tuvo motivos fundados para deducir la acción de reivindicación”.
Y para sustentar esta postura menciona la escritura por la cual le fue transferido el dominio del inmueble, la cual, por sí sola, no resulta suficiente para el éxito de la acción reivindicatoria, tal como ha quedado claramente demostrado en el decurso del presente voto. También se apoya la apelante en la supuesta deuda que mantendrían los demandados con relación al precio de la compraventa, pero, como se puntualizó con precisión en los anteriores considerandos, se trata ésta de una cuestión que no ha podido esclarecerse en plenitud en el transcurso del trámite procesal, por la falta de colaboración probatoria de la parte accionante, lo que torna aún más sostenible la imposición de costas a su cargo en su calidad de vencida, tanto por la acción principal como por la reconvención, conforme se ha decidido en la sentencia de la anterior instancia. En efecto, la parte actora ha sido claramente vencida en las presentes actuaciones, por lo que debe confirmarse la imposición de costas dispuesta en el decisorio de grado, por aplicación del principio objetivo del vencimiento en juicio (art.68 del Cód. Proc.). Asimismo, también deben imponerse a la actora las costas de alzada, en atención al resultado desfavorable que obtuvo en el trámite recursivo cumplido en esta instancia revisora (citado art.68 del Cód. Proc.).
VII. Por todo lo expuesto, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fecha 18/4/2022, en todo lo que decide y ha sido materia de agravio, imponiéndose las costas de alzada a la actora apelante que ha resultado perdidosa en el trámite recursivo cumplido en esta instancia revisora (art.68 del Cód. Proc.). La regulación de los honorarios profesionales debe diferirse para la oportunidad procesal pertinente (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
alzada a la actora apelante que ha resultado perdidosa en el trámite recursivo cumplido en esta instancia revisora (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad procesal pertinente (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 22 de Junio de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: confirmar la sentencia apelada de fecha 18/4/2022, en todo lo que decide y ha sido materia de agravio, imponiéndose las costas de alzada a la actora apelante que ha resultado perdidosa en el trámite recursivo cumplido en esta instancia revisora (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad procesal pertinente (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia