Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 69.370
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada de fecha 13/5/2022, que hizo lugar a la excepción de prescripción y, en consecuencia, rechazó la ejecución promovida por el Banco Hipotecario S.A. contra Gustavo Daniel Franco, con fundamento en el mutuo hipotecario suscripto por ambas partes, instrumentado en la escritura n° 37 de fecha 16/5/1994; imponiéndose las costas de ambas instancias a la parte actora, con arreglo al principio de la derrota en juicio (arts.68 y 556 del Cód. Proc.); y difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
Causa nº: 2-69370-2022 "BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ FRANCO GUSTAVO DANIEL S/EJECUCION HIPOTECARIA "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los veintiún días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintidós, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “Banco Hipotecario S.A. c/ Franco Gustavo Daniel s/ Ejecución Hipotecaria” (causa n°69.370), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dres. Peralta Reyes y Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 13/5/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. El Banco Hipotecario S.A. promovió ejecución hipotecaria contra Gustavo Daniel Franco por la suma de $ 23.651,67, con más los intereses moratorios y punitorios convenidos, costos y costas de la ejecución, sobre la base de la escritura pública de préstamo destinado a la construcción de vivienda, con garantía hipotecaria, que se otorgó con fecha 16/5/1994, ante la Escribana Graciela T. Franchini (ver escritura número 37, que en fotocopia luce a fs.26/35, inscripta en la matrícula 10.875 del Partido de Tandil). Sostuvo el banco accionante en su demanda, que el deudor incumplió el pago de las cuotas desde el día 12/7/1999, por lo que se vio obligado a aplicar lo establecido en la cláusula séptima del contrato de mutuo con garantía hipotecaria, declarando la deuda como de plazo vencido e iniciando la presente ejecución hipotecaria (ver a fs.37/39vta., la demanda interpuesta con fecha 26/3/2013).
II. Cuando compareció al proceso el ejecutado Gustavo Daniel Franco, opuso excepciones de falta de personería, de falta de legitimación, de inhabilidad de título y de prescripción. Con relación a esta última excepción, que fue acogida en la sentencia de la anterior instancia, sostuvo el demandado que ha prescripto la obligación principal a la cual es accesoria la garantía hipotecaria, por haber transcurrido el plazo de diez años establecido en el art.4023 del Código Civil. Así puntualizó el demandado que “el plazo de prescripción comienza a correr desde el vencimiento de la última cuota del mutuo hipotecario lo que torna íntegramente exigible la obligación de marras, la cual ha iniciado en su primera cuota el día de su primer vencimiento: 12 de abril de 1995 (cláusula primera del mutuo de actuación notarial ANN 5614123 en folio 183 vuelta) y su última cuota el día 12 de abril de 2000 (misma foja, al iniciar el folio descripto), arts.3956 y 3957 CC. Asimismo no lucen en autos hechos interruptivos (art.3986 CC) de este instituto” (fs.51vta./52; lo destacado me pertenece).
III. Al contestar las excepciones, el banco acompañó un instrumento sin firmar, denominado “Datos del acuerdo” (fs.61), del que surge que la fecha de fin de obra de la vivienda fue el día 30/4/1999, por lo que, según este planteo del ejecutante, el inicio del reembolso del préstamo tuvo lugar el día 1/6/1999, y el vencimiento de la última cuota operó el día 10/6/2004. En esta línea expuso el actor que “el contrato de mutuo establece claramente que el reembolso comenzará a partir del día de finalización de la obra. Por tal motivo, pese a que el artículo primero del contrato de mutuo establezca que la primera cuota de amortización vencía el día 12/04/1995 y las restantes todos los días 12 de los meses siguientes hasta su cancelación total, se debe tener en cuenta como primera medida la fecha de finalización de la obra para poder contar el plazo de 60 meses, porque es a partir de dicho momento que debe comenzar a reembolsar el dinero y no antes. En el presente caso, la fecha de finalización de la obra se vio demorada y por tal motivo, los plazos previstos en el contrato no se cumplieron y se recalcularon a partir del final de obra” (fs.64/64vta., lo destacado en negrita me pertenece). Finalmente, el accionante aludió a la carta documento que le envió al demandado con fecha 4/1/2006, en la cual se le intimó el pago de la deuda (ver fs.64vta. y envío postal de fs.63).
Con posterioridad, el demandado contestó el traslado que se le confirió de la documentación adjuntada por el banco (fs.74/79). Seguidamente, se recibieron a prueba las excepciones (fs.80).
IV. Una vez transitada la etapa probatoria, se procedió al dictado de la sentencia de la anterior instancia de fecha 13/5/2022, en la cual se hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el demandado y, en consecuencia, se rechazó la ejecución promovida por el Banco Hipotecario S.A.
Al fundamentar su decisorio, el Juez de grado desestimó el argumento esgrimido por el banco accionante sobre la base del instrumento que acompañó a fs.61, al señalar que el mismo no es suficiente para sustentar el rechazo de la excepción de prescripción, frente a los términos de la escritura de mutuo que sirve de base a la acción. Realizó una interpretación de esta escritura, considerando que la misma es suficientemente clara, y en función de ello concluyó en que la fecha de punto de partida para el comienzo del pago de las cuotas, es la establecida expresamente en el mutuo, sin que pueda entenderse modificada por el documento agregado por el ejecutante. Ponderó la intimación por carta documento formulada por el actor, y dijo que ella provocó la suspensión del curso de la prescripción en los términos del art.3986 del Código Civil, que es la ley aplicable al caso de autos. Finalmente, realizó un cálculo de fechas partiendo del momento inicial, que está dado por el vencimiento de la primera cuota el día 12/4/1995, y arribó a la conclusión de que la demanda se interpuso cuando la obligación se encontraba prescripta.
La referida sentencia fue apelada por el Banco Hipotecario S.A., quien expresó agravios mediante el escrito de fecha 14/6/2022, cuyos fundamentos explicitaré en la parte medular del presente voto. Por su parte, el demandado contestó estos agravios por conducto del escrito de fecha 5/7/2022, tras lo cual se practicaron los actos procesales de rigor y se realizó el sorteo de ley, quedando las actuaciones en condiciones para el dictado de la presente sentencia. Asimismo, con fecha 28/11/2022, se emitió el dictamen del Fiscal de Cámaras, quien propició el rechazo del recurso intentado.
V. 1. A los fines de dar tratamiento de la cuestión litigiosa, el Juez de la anterior instancia interpretó las cláusulas del contrato de mutuo que sirve de base a la presente ejecución, arribando a una conclusión que, en mi opinión, se encuentra ajustada a derecho.
Procederé, seguidamente, a transcribir las partes de la escritura de mutuo con garantía hipotecaria que resultan gravitantes para la solución del caso. Luego de aludir al otorgamiento del préstamo de u$s 20.000, destinado a la construcción de una vivienda, en la parte preliminar del contrato se establece que “el monto total del préstamo deberá devolverlo Don Gustavo Daniel Franco en el plazo de CINCO AÑOS a partir del día de la finalización de la obra, con más el interés que se estipula en el presente contrato y demás condiciones insertas en el mismo” (ver fs.27; lo destacado en negrita me pertenece).
Por lo demás, al enunciarse las cláusulas y condiciones generales del contrato de mutuo, se establece lo siguiente: “PRIMERO: Como se ha expresado el monto total del préstamo de dólares estadounidenses VEINTE MIL deberá devolverlos Don Gustavo Daniel Franco, en Sesenta cuotas mensuales, calculadas bajo el Sistema de Amortización Francés a la tasa de interés estipulada en el presente. La primer cuota de amortización vence el día 12 de Abril de 1995. Las restantes se abonarán todos los días 12 de los meses siguientes, hasta su cancelación total. SEGUNDO: Del desembolso del presente préstamo se realizará de la siguiente manera: La suma de dólares estadounidenses Seis mil, en este acto sirviendo el presente de formal recibo y el saldo, la suma de Dólares Estadounidenses Catorce mil, en forma de desembolso mensuales, conforme al avance de obra, mediante la presentación de certificaciones aceptadas por el Banco del Fuerte Sociedad Anónima y el Banco Hipotecario Nacional. El vencimiento del plazo para la finalización de la obra operará indefectiblemente a los Nueve meses del día del otorgamiento del primer desembolso” (sic. fs.27/27vta.; lo destacado en negrita corresponde al suscripto).
Como quedó expresado en el apartado III del presente voto, el banco accionante consideró que, cuando se promovió la demanda de autos, no estaba cumplido el plazo decenal de prescripción, ateniéndose a lo establecido en el párrafo de la parte preliminar del contrato de mutuo que transcribí precedentemente, según el cual, la devolución del préstamo por el deudor debía realizarse en el plazo de cinco años a partir del día de finalización de la obra. Y sobre la base del instrumento sin firmar que obra a fs.61, titulado “Datos del acuerdo”, afirmó el ejecutante que la fecha del final de la obra fue el día 30/4/1999, por lo que el inicio del reembolso del préstamo recién tuvo lugar el día 1/6/1999, y, por ende, el vencimiento de la última cuota operó el día 10/6/2004 (siendo esta última fecha el punto de partida del plazo de prescripción, según la postura del accionante).
2. Al realizar una correcta hermenéutica de las cláusulas contractuales, el Juez de grado desestimó el planteo defensivo del banco ejecutante, por lo que concluyó en el acogimiento de la excepción de prescripción articulada por el demandado.
En primer lugar, el magistrado desestimó la prueba documental allegada por el ejecutante al contestar la excepción, con especial referencia al ya mencionado instrumento sin firmar denominado “Datos del Acuerdo”, que obra a fs.61, del que surge como fecha de fin de obra el día 30/4/1999. Así expresa el Juez en dos párrafos de su sentencia, que “en cuanto a la documental que adjunta el actor tendiente a acreditar los ‘términos del acuerdo’ y la supuesta dilación de los tiempos establecidos en el mutuo, entiendo que no resulta suficiente para sustentar el rechazo de la defensa que pretende, frente a lo expuesto en la escritura que sirve de base a su acción. Lo cierto es que tal como surge de la documental agregada a su responde, más precisamente a fs.61, la misma ha sido impresa por la entidad ejecutante, al momento de presentar el escrito respectivo y no se desprende de modo alguno que resulte un anexo o complemento del mutuo celebrado”.
Coincido con las motivaciones dadas por el juzgador, que transcribí en el párrafo anterior, pues el instrumento sin firmar agregado a fs.61, recién fue emitido en forma unilateral por el banco ejecutante con fecha 5/9/2013, o sea, en el mismo momento en que debía contestar la excepción de prescripción opuesta en autos por el ejecutado. Se trata, en suma, de un documento emitido por el banco sin intervención alguna del deudor, a los solos fines de dotar de algún tipo de respaldo a la postura procesal que asumió en el presente juicio, lo que resulta a todas luces improcedente (arts.1197 y 1198, primer párrafo, del Cód. Civil). Por lo demás, este documento no cuenta con ningún otro elemento corroborante, por lo que la fecha del final de obra consignada en el mismo, no deja de ser una aseveración unilateral de la entidad bancaria que carece de toda eficacia probatoria (arts.163 inc.5, 384 y ccs. del Cód. Proc.). En este orden de ideas, cabe resaltar que, del informe del Responsable de Obras Privadas del Municipio de Tandil, se desprende que el inmueble objeto del mutuo hipotecario “no cuenta con final de obra” (fs.89), lo que viene a desvirtuar lo expresado en el instrumento agregado por el ejecutante a fs.61. De este modo doy respuesta al punto 2 de los agravios del accionante, donde reitera que la fecha del final de obra fue el día 30/4/1999, pretendiendo apoyarse en un instrumento que carece de toda eficacia probatoria, tal como lo he puesto de resalto precedentemente.
3. Pero más allá de las consideraciones antedichas, entiendo que lo verdaderamente gravitante para el esclarecimiento de la temática litigiosa, se centra en una adecuada interpretación del contrato de mutuo, tarea que también acometió el juzgador de la anterior instancia, arribando a conclusiones que merecen ser compartidas. Y en este punto, a los fines de realizar una correcta interpretación de los términos del contrato, es preciso recalar en la ya referida escritura número 37, con el propósito de armonizar las distintas partes de este instrumento público. En la sentencia apelada se aclaró que la cuestión de autos se encuentra regida por el Código Civil, en atención al momento en que se celebró el contrato de mutuo y al día en que se interpuso la demanda que dio origen al presente proceso, por lo que corresponde aplicar las disposiciones de ese cuerpo normativo, así como también las del derogado Código de Comercio (art.7 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Pues bien, en materia de interpretación contractual y con referencia a lo establecido en el art.218 inciso 2 del Código de Comercio, se ha precisado que “la doctrina ve en la consideración del documento como un todo, un índice subjetivo para establecer el sentido de una cláusula contractual. Se ha señalado que: ‘No es fragmentándose el contrato en cláusulas que se llegará a una correcta hermenéutica’ (López de Zavalía, Teoría de los contratos”, tomo 1, Parte general, p.281). En sentido concordante ha recordado Diez Picazo una sentencia del Superior Tribunal español en la que se expresó que el contrato debe ser considerado como un conjunto orgánico ‘y no como una mera suma de cláusulas’, lo que impone la conexión entre las distintas partes y determina la precedencia del análisis sistemático” (conf. Ariel Ariza, Interpretación de los contratos, Bs.As. 2005, págs.132 y 133; lo destacado es propio del suscripto).
En esta línea de pensamiento y aludiendo a la interpretación sistemática del contrato, se ha expresado que según el art. 218, inciso 2°, del Código de Comercio, el contrato debe interpretarse como una unidad, como un todo sistemático, considerando el significado que emerge del contexto contractual. Tal regla ha sido reiteradamente aplicada por la jurisprudencia, señalándose que “el contrato ha de considerarse como un todo coherente y sus cláusulas han de interpretarse las unas por medio de las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulte del conjunto. Esto significa que cada cláusula arrancada del conjunto y tomada en sí misma puede tener un significado inexacto y que solamente la correlación armónica de cada una con las otras y de la luz que se proyectan armónicamente, surge el significado efectivo de cada una y de todas, tomadas en conjunto. Un contrato no es una suma de cláusulas sino un conjunto orgánico” (conf. Código de Comercio Comentado y anotado, Adolfo A.N. Rouillón director, Daniel F. Alonso coordinador, Bs. As. 2005, tomo I, pág.455, con cita de jurisprudencia; lo destacado me pertenece).
Estos mismos conceptos son vertidos por Vigo, quien refiere a una visión totalizadora del contrato, y recuerda la regla sexta indicada por Pothier, según la cual, “se debe interpretar una cláusula por las otras cláusulas contenidas en el acto, ya precedan o sigan a dicha cláusula”. Y señala Vigo que este criterio aparece reflejado en el inciso 2° del artículo 218 del Código de Comercio, en donde se remite al intérprete a considerar el “contexto general” del contrato, agregando que “la norma jurídica determinada y mandada por la razón práctica y querida por la voluntad constituye un solo acto, y es por ello que el estudio completo del mismo podrá iluminar sus aspectos confusos. Sólo una lectura completa y armonizadora de las cláusulas permitirá descubrir lo acordado y superar las ambigüedades y obscuridades en que han incurrido las partes” (conf. Rodolfo L. Vigo, Interpretación jurídica de los contratos civiles, en su obra Interpretación Jurídica, Santa Fe, 1999, pág.154; lo destacado corresponde al suscripto; ver también Jorge Mosset Iturraspe, Contratos, Santa Fe, 1998, págs.309 y 310; Atilio Aníbal Alterini, Contratos civilescomerciales-de consumo, Teoría General, Bs.As., 1998, pág.415).
Sólo resta agregar aquí, como argumento corroborante, la valiosa pauta interpretativa emanada del art.1064 del Código Civil y Comercial de la Nación, que, al referir a la interpretación contextual de los contratos, dispone que: “Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto”.
4. Esta tarea armonizadora de las distintas partes del contrato de mutuo, ha sido realizada por el Juez de la anterior instancia, quien comenzó señalando que los términos del mismo resultan claros respecto al vencimiento de la primera de las cuotas. Así consideró que la primera cuota debía ser pagada el día 12 de abril de 1995, tal como se estableció -con meridiana claridad- en la cláusula primera de la escritura de mutuo con garantía hipotecaria (ver tercer párrafo del punto 1 de este apartado). No obstante, el Juez de grado se ocupó del argumento introducido por el banco ejecutante y refirió a lo establecido en la parte preliminar del contrato, donde se consignó que el monto total del préstamo debía ser devuelto por el deudor en el plazo de cinco años a partir de la finalización de la obra (ver segundo párrafo del punto 1 de este apartado); y brindó una correcta respuesta que se enmarca en una visión sistemática y totalizadora de la convención, con arreglo a las pautas doctrinarias y jurisprudenciales citadas precedentemente.
En efecto, sostuvo el magistrado que podría no resultar coincidente lo expresado en la parte preliminar del contrato con lo establecido en la cláusula primera, pero aclaró que esta aparente contradicción se esclarece cuando se repara en la parte final de la cláusula segunda, donde las partes precisaron que: “El vencimiento del plazo para la finalización de la obra operará indefectiblemente a los Nueve meses del día del otorgamiento del primer desembolso” (ver tercer párrafo del punto 1 de este apartado V). O sea, que el plazo para la finalización de la obra estaba expresamente previsto en el contrato, no pudiendo extenderse más allá de los nueve meses del otorgamiento del primer desembolso por parte del banco -que ascendió a la suma de u$s 6.000-, el cual se hizo efectivo en el mismo momento de la firma de la escritura, el día 16/5/1994, tal como surge de la parte inicial de esa misma cláusula segunda (ver esta cláusula de la escritura a fs.27vta.).
Quiere ello decir que la finalización de la obra estaba prevista contractualmente para el día 16/2/1995, o sea a los nueve meses del primer desembolso del banco, que se efectivizó el día 16/5/1994. De este modo, se desvanece el planteo defensivo del banco accionante, quien ha procurado extender esa fecha de finalización de obra, aferrándose a un párrafo introducido en la parte preliminar del contrato, que, como se vio, debe ser armonizado con lo estipulado en sus cláusulas primera y segunda. Por lo demás, una adecuada interpretación contractual debe ajustarse al principio liminar sentado en el art.1198, primer párrafo del Código Civil, según el cual “los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión”. En efecto, teniendo en cuenta el cuidado y previsión que seguramente tuvo el banco otorgante del préstamo -lo que se presupone en atención a su profesionalidad en la materia-, no es para nada verosímil que, habiendo realizado el primer desembolso del crédito el mismo día del otorgamiento de la escritura de mutuo -16/5/1994-, tuviera que esperar muchos años para que el deudor le reintegrara el dinero prestado, quedando ligado a las vicisitudes de la construcción de la vivienda (citado art.1198 primer párrafo, doct. arts.901, 902, 909 del Cód. Civil; art.218 incisos 4, 5 y 6 del Código de Comercio). Máxime que tampoco se probó que los restantes desembolsos de la entidad bancaria se hubieran demorado en demasía; por lo que no resulta posible imaginar que, habiendo efectivizado el banco el monto total del préstamo, tuviera que aguardar muchos años para obtener la devolución del dinero prestado (arts.375 y 384 del Cód. Proc.).
Muy por el contrario, en la interpretación sistemática y totalizadora que estoy propiciando, las fechas que fueron jalonando el desarrollo contractual, aparecen perfectamente concatenadas y responden a lo que suele ocurrir “según el curso natural y ordinario de las cosas” en la práctica bancaria (utilizando el parámetro interpretativo que emana del art.901 del Cód. Civil). En efecto, esa armoniosa concatenación se estructuró del siguiente modo: a) La escritura de mutuo con garantía hipotecaria se otorgó el día 16/5/1994, y en ese momento se efectuó el primer desembolso de u$s 6.000 por parte de la entidad bancaria; b) El vencimiento del plazo para la finalización de la obra se estableció, en forma indefectible, a los nueve meses del día de otorgamiento del primer desembolso, o sea que el vencimiento de este plazo de obra quedó fijado para el día 16/2/1995, como dije precedentemente; c) En plena congruencia con los pasos antedichos, luego de señalarse que el monto prestado de u$s 20.000 debía ser devuelto en sesenta cuotas mensuales, se estableció que “la primer cuota de amortización vence el día 12 de abril de 1995. Las restantes se abonarán todos los días 12 de los meses siguientes, hasta su cancelación total” (ver cláusula primera del mutuo a fs.27/27vta.); d) Como puede deducirse de lo antedicho, si el vencimiento del plazo de obra estuvo pautado para el día 16/2/1995, es perfectamente congruente que el deudor tuviera que pagar la primera cuota de amortización el día 12 de abril de 1995. De esta manera, con la interpretación que propicio, se arriba a una perfecta armonización de los diferentes hitos contractuales, con arreglo a las reglas y principios establecidos en las normas legales aplicables en la especie (arts.1197, 1198 primer párrafo y ccs. del Cód. Civil; art.218 incisos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del Código de Comercio; art.7 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Ha quedado demostrado, entonces, que el vencimiento de la primera cuota de amortización fue el día 12 de abril de 1995 (cláusula primera del mutuo), por lo que resulta acertado el cálculo de fechas efectuado en la parte final de la sentencia apelada, a los fines de concluir que la acción interpuesta por el banco se encontraba prescripta a la fecha en que se presentó la demanda (26/3/2013). En este análisis, consideró el magistrado que la carta documento de intimación de pago remitida por el banco (fs.63), tuvo por efecto suspender el curso de la prescripción por el plazo de un año (art.3986, segundo párrafo del Código Civil); y así estableció la conclusión final de su decisorio al expresar: “En el caso que nos ocupa, partiendo que el plazo de 60 meses desde el vencimiento de la primera cuota el día 12/04/1995, caducaba el 12/04/2000 y que desde ahí ha quedado expedita la acción, se desprende que han transcurrido aproximadamente 5 años y 8 meses al día de la intimación por carta documento cursada el 04/01/2006, reanudándose el plazo el día 04/01/2007, concluyéndose por lo tanto que la acción debió entablarse luego 4 meses y 4 años, aproximadamente en el mes de abril del año 2011, razón por la cual no queda sino concluir que a la fecha de interposición de la acción el 26/03/2013, la misma se encontraba prescripta, imponiéndose por lo tanto la procedencia de la excepción, lo que así decido” (lo resaltado me pertenece). Las motivaciones y conclusiones del fallo apelado resultan irrefutables, a lo que se suma que los agravios del recurrente no son idóneos para conmoverlos, puesto que discurren sobre las mismas temáticas que sustentaron su postura defensiva, sin haber cuestionado la interpretación sistemática del contrato de mutuo realizada por el Juez de grado, a la que me he referido en el decurso del presente voto (art.260 del Cód. Proc.).
5. En síntesis, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto acogió la excepción de prescripción opuesta por el demandado y rechazó la ejecución promovida, ya que ha operado la extinción del derecho de crédito del banco ejecutante, en razón del transcurso del tiempo y de su inacción (arts.3947, 3949, 4017, 4023 y ccs. del Cód. Civil). Así se ha definido a la prescripción liberatoria como “la extinción de un derecho en virtud de la inacción de su titular durante el término fijado por la ley. Se trata de un modo extintivo de derechos y, en lo específico, del derecho de crédito, pues afecta su existencia misma, provocando el aniquilamiento del vínculo jurídico, con todas las consecuencias que de ello derivan” (conf. Ramón Daniel Pizarro-Carlos Gustavo Vallespinos, Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones, Bs. As. 1999, tomo 3, págs.654 y 655; sobre la necesaria distinción entre crédito e hipoteca, ver Elena I. Highton, Juicio hipotecario, 2da. edición con la colaboración de Beatríz A. Areán, Bs. As. 2005, tomo 1, págs. 42, 43, 48, 49, 61 y 62; y con especial referencia a la excepción de prescripción en el juicio hipotecario, ver esta misma obra tomo 2, págs.202 y 203).
6. Finalmente, corresponde refutar el último agravio traído por el apelante, quien pretende ampararse en una cláusula de la hipoteca, donde se estableció: “En caso de ejecución, el deudor renuncia a recusar sin causa al Juez que intervenga y oponer toda excepción que no sea de pago total de la obligación, fundada en el documento escrito firmado por funcionario autorizado por el Banco que así lo acredite” (ver punto G de la escritura de mutuo a fs.32).
Es inaudible el argumento del recurrente, según el cual la excepción opuesta no sería procedente en virtud de dicha estipulación contractual, por cuanto se está ante de una fórmula genérica que de ningún modo alude a la prescripción del crédito. Por lo demás, en lo que resulta medular, debe señalarse que el recurrente ha olvidado la categórica disposición del art.3965 del Código Civil, según la cual: “Todo el que puede enajenar puede remitir la prescripción ya ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo”. En comentario a esta norma, puntualiza Highton que “no podría aceptarse la renuncia a la facultad de liberarse de la deuda en el futuro por medio de la prescripción. Tal cláusula incluida en la escritura hipotecaria o en cualquier convenio posterior sería de ningún valor, pues la institución de la prescripción interesa al orden público. Si se permitieran tales renuncias, vendrían a ser de estilo en todos los contratos y la sociedad quedaría desarmada, desde que se le quitaría su más firme apoyo, según reza la nota del codificador a la citada norma. Ello por cuanto uno de los fundamentos de la prescripción es la necesidad de asegurar la estabilidad de las relaciones jurídicas”. Y en nota al pie de página acota esta autora que: “Tampoco podría considerarse válida la cláusula por la cual el deudor renuncia, en caso de ejecución, a oponer la excepción de prescripción” (Juicio hipotecario, ob. cit., tomo 2, págs.211 y 212; lo destacado me pertenece; ver también Pizarro-Vallespinos, ob. cit., tomo 3, pág.660). Por ende, este agravio debe ser rechazado.
VI. Por las consideraciones expuestas en el presente voto, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fecha 13/5/2022, que hizo lugar a la excepción de prescripción y, en consecuencia, rechazó la ejecución promovida por el Banco Hipotecario S.A. contra Gustavo Daniel Franco, con fundamento en el mutuo hipotecario suscripto por ambas partes, instrumentado en la escritura n° 37 de fecha 16/5/1994; debiendo imponerse las costas de ambas instancias a la parte actora, con arreglo al principio de la derrota en juicio (arts.68 y 556 del Cód. Proc.). La regulación de honorarios deberá diferirse para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve confirmar la sentencia apelada de fecha 13/5/2022, que hizo lugar a la excepción de prescripción y, en consecuencia, rechazó la ejecución promovida por el Banco Hipotecario S.A. contra Gustavo Daniel Franco, con fundamento en el mutuo hipotecario suscripto por ambas partes, instrumentado en la escritura n° 37 de fecha 16/5/1994; imponiéndose las costas de ambas instancias a la parte actora, con arreglo al principio de la derrota en juicio (arts.68 y 556 del Cód. Proc.); y difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 21 de Diciembre de 2022.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: confirmar la sentencia apelada de fecha 13/5/2022, que hizo lugar a la excepción de prescripción y, en consecuencia, rechazó la ejecución promovida por el Banco Hipotecario S.A. contra Gustavo Daniel Franco, con fundamento en el mutuo hipotecario suscripto por ambas partes, instrumentado en la escritura n° 37 de fecha 16/5/1994; imponiéndose las costas de ambas instancias a la parte actora, con arreglo al principio de la derrota en juicio (arts.68 y 556 del Cód. Proc.); y difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia