Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 69.440
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada de fecha 7/3/2022, y rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado José Eduardo Márquez;
2En consecuencia, hacer lugar a la demanda ejecutiva y mandar llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado José Eduardo Márquez haga íntegro pago al ejecutante Miguel Andrés Mallorca de la suma reclamada de $ 83.500, con más los intereses calculados a la tasa activa para restantes operaciones en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires -que es la específica para la operación de autos, a la cual es ajena la tasa pedida por el actor- (art.41 de la ley 24.452), desde la mora que se produjo el día en que el cheque debió ser pagado (10/8/2019) y hasta el momento del efectivo pago;
3Imponer las costas de ambas instancias al ejecutado vencido (arts.68, 274 y 556 del Cód. Proc.);
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-69440-2022 "MALLORCA MIGUEL ANDRES / MARQUEZ JOSE EDUARDO S/COBRO EJECUTIVO- "
JUZGADO DE PAZ - LAS FLORES
En la ciudad de Azul, a los catorce días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintitrés, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “Mallorca Miguel Andrés c/ Márquez José Eduardo s/ Cobro Ejecutivo” (causa n°69.440), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dres. Peralta Reyes y Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 7/3/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Miguel Andrés Mallorca promovió demanda ejecutiva contra José Eduardo Márquez por la suma de $ 83.500, con más intereses a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de descuento de documentos a treinta días de plazo, desde la fecha de mora (10/8/2019) y durante todo el período de incumplimiento, costas y costos devengados en el juicio. El ejecutante sustentó su demanda ejecutiva en el cheque de pago diferido n° 04776398 del Banco de la Nación Argentina, librado por el ejecutado por la suma de $ 83.500, a favor de Maxiconsumo S.A. y con cláusula “no a la orden”, el que fue rechazado “sin fondos”. También acompañó el ejecutante un instrumento privado de cesión de derechos y acciones, por el cual Maxiconsumo S.A. le cedió y transfirió todos los derechos y acciones que corresponden al cheque referido. Este instrumento de cesión de derechos y acciones fue firmado por Walter De Risio, en su carácter de Gerente de Maxiconsumo Azul, habiéndose colocado el sello pertinente.
Cuando compareció a las actuaciones el ejecutado José Eduardo Márquez, opuso excepción de inhabilidad de título por considerar que la cesión de derechos y acciones acompañada por el actor no abastece el cumplimiento de las exigencias legales, dado que no se encuentra acreditado que la persona que firma la misma en representación de la cedente -Maxiconsumo S.A.- posea facultades suficientes para tal acto. Concretamente, sostuvo que no se encuentra acreditado que el firmante de la cesión -Walter De Risio- tenga personería o posea facultades delegadas por Maxiconsumo S.A. para disponer del cartular ejecutado.
II. En la sentencia dictada en primera instancia con fecha 7/3/2022, se hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por José Eduardo Márquez respecto del cheque en ejecución y, en consecuencia, se rechazó la acción ejecutiva incoada por Miguel Andrés Mallorca, con imposición de las costas y costos del proceso a este último, en su condición de vencido. Para arribar a esa conclusión sostuvo el Juez de Grado, en lo sustancial, que en autos no quedó acreditado que el firmante de la cesión de derechos y acciones -Walter De Risio- contara con facultades para actuar en representación de Maxiconsumo S.A. El juzgador le atribuyó una omisión probatoria al actor, la cual consideró insalvable, “toda vez que las constancias de autos no permiten verificar con certeza que quien formalizó el instrumento de cesión de créditos revista la condición de sujeto legitimado para representar a la sociedad beneficiaria del título librado no a la orden”.
III. La aludida sentencia fue apelada por el ejecutante, quien consideró que el título ejecutivo se basta a sí mismo, y que en autos se acompañó la correspondiente cesión de créditos que cumple todos los recaudos legales. Dijo que se cuestiona la calidad de gerente o autorizado de Walter De Risio, cuando sólo debería analizarse el instrumento, sin ingresar al análisis de la ley de sociedades, cualidades, derechos y obligaciones de los gerentes de la sociedad beneficiaria del cheque. Sostuvo que se ha puesto en tela de juicio algo que no resulta del cartular, como lo son las facultades del firmante del instrumento para ceder el crédito, y puntualizó que “es carga del demandado demostrar que el Sr. Walter De Risio carece de facultades”. A lo que agregó que “el demandado no ha propuesto ningún medio de prueba a los fines de acreditar que el señor Walter De Risio, gerente de la firma Maxiconsumo S.A. no está facultado para ceder créditos o, su cargo en la sociedad, no le permite realizar actos jurídicos de esa naturaleza, lo que podría haberse confirmado o desvirtuado si la demandada hubiera propuesto la prueba de documental en poder de terceros, requiriendo a De Risio copia del estatuto social donde se verifique su cargo y las facultades que el mismo le confiere dentro de la sociedad”. El aludido memorial fue contestado por el ejecutado, tras lo cual se cumplimentaron los pasos procesales de rigor, habiendo quedado estos actuados en condiciones para el dictado de la presente sentencia. demandado José Eduardo Márquez por la suma de $ 83.500, a favor de Maxiconsumo S.A. y con cláusula “no a la orden” (este cheque fue rechazado “sin fondos” por otra entidad bancaria, por mandato del banco girado). Según lo establece el art.12 de la ley 24.452, “el cheque extendido a favor de una persona determinada con la cláusula ‘no a la orden’ o una expresión equivalente no es transmisible sino bajo la forma y con los efectos de una cesión de créditos”, salvo que se trate de una de las excepciones enumeradas en los incisos a) y b) de dicho artículo, que corresponden a situaciones distintas al caso en análisis (ver sobre esta temática, Gómez Leo, Tratado de los cheques, Bs. As. 2004, págs.293, 294, 295, 358, 359, 360, 361, 362 y 363).
En función de lo antedicho, Miguel Andrés Mallorca acompañó a su demanda -junto al cheque en ejecución- un instrumento privado de cesión de derechos y acciones, por el cual Maxiconsumo S.A. le cedió y transfirió “todos los derechos y acciones que le corresponden por el referido cheque, pasando a ocupar el mismo lugar, grado y prelación que hasta el momento tenía la cedente”. En lo que interesa al caso que aquí nos ocupa, este instrumento de cesión de derechos y acciones fue firmado por Walter De Risio, en su carácter de Gerente de Maxiconsumo Azul, habiéndose estampado el sello correspondiente.
2. Ahora bien, al oponer la excepción de inhabilidad de título que fue receptada en la sentencia de la anterior instancia, sostuvo el demandado - como único argumento- que la cesión de créditos acompañada por el actor no abastece el cumplimiento de las exigencias legales aludidas, “dado que no se encuentra acreditado en autos que quien firma en representación de la cedente -Maxiconsumo S.A. CUIT 30-66300584-3- posea facultades suficientes para tal acto”. Y seguidamente agregó el demandado: “No se encuentra acreditado en autos que el firmante de la cesión de derechos acompañada -Walter De Risio- en autos tenga personería o posea facultades delegadas por Maxiconsumo S.A. CUIT 30-66300584-3 para disponer del cartular ejecutado. No surge que el Sr. Walter De Risio sea apoderado de Maxiconsumo S.A. CUIT 30-66300584-3 y menos aún cuáles facultades le han sido conferidas. En otros términos, omite la actora acreditar la personería de quien firma la cesión de derechos acompañada”. A modo de conclusión, puntualizó en la parte final del escrito portador de la excepción, que en función de que el título no circuló, ni se encuentra legitimado el actor en los términos previstos para la cesión de créditos, atento la falta de acreditación de la personería y facultades suficientes del firmante Walter De Risio, para obligar a Maxiconsumo S.A., la falta de legitimación deviene manifiesta (ver presentación electrónica de fecha 16/9/2021).
3. En la sentencia apelada se acogió el argumento defensivo del ejecutado, atribuyéndose una omisión probatoria al ejecutante Miguel Andrés Mallorca, para concluir en su falta de legitimación para promover la presente acción. En el decisorio apelado se hizo referencia a las normas societarias y se dijo que la representación de las sociedades anónimas corresponde al presidente del directorio (art.268 de la ley 19.550), si bien el directorio puede delegar determinadas funciones previstas por el estatuto. Y aunque no se mencionó en el fallo en análisis, debe señalarse que el art.270 de la ley 19550, contempla la posibilidad de que el directorio designe gerentes generales o especiales, sean directores o no, “en quienes puede delegar las funciones ejecutivas de la administración” (ver sobre este aspecto, Grispo, Ley General de Sociedades, Santa Fe, 2017, págs.284, 285, 286, 290; Verón, Sociedades Comerciales, Bs. As. 2007, págs.170, 171, 172, 174, 175; Vítolo, Sociedades Comerciales, págs.528 y 529). O sea que, como la cesión de derechos y acciones fue firmada por Walter De Risio, gerente de Maxiconsumo S.A., en la sentencia apelada se dijo que en autos no quedó acreditado que esta persona contara con facultades para actuar en representación de dicha sociedad. Así sostuvo el Juez de la anterior instancia que “indicándose en el título adjunto el carácter de beneficiario de la sociedad Maxiconsumo S.A. y habiéndose librado el título bajo la modalidad ‘no a la orden’ lo cual impone -en los términos antes citados- la instrumentación de su cesión bajo la modalidad prevista para la cesión de derechos, tal recaudo no puede tenerse por cumplido si no se encuentra justificado que el cedente posee las facultades para hacerlo en representación de la sociedad citada. La omisión en este punto luce insalvable para el actor, toda vez que las constancias de autos no permiten verificar con certeza que quien formalizó el instrumento de cesión de créditos revista la condición de sujeto legitimado para representar a la sociedad beneficiaria del título librado no a la orden”. Y a renglón seguido puntualizó el magistrado que, aún cuando la persona firmante del instrumento fuera el presidente del directorio o un director autorizado, debería integrar el acto con los respectivos instrumentos, “léase acta de designación de autoridades y distribución de cargos debidamente autenticados en caso de resultar cuestionadas dichas calidades” (lo destacado es propio).
4. Las motivaciones de la sentencia apelada que he reseñado precedentemente, no se encuentran ajustadas a derecho. En efecto, el cheque es un título ejecutivo que trae aparejada ejecución (art.521 inc.5 del Cód. Proc.). Y, como es sabido, el título ejecutivo cuenta con autonomía y es suficiente por sí mismo para autorizar el procedimiento de ejecución; por lo que, como regla general, no se completa con otros documentos (conf. Alsina, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, 2da. edición, tomo IV, Bs. As. 1961, pág.114; Rodríguez Saiach, Procesos de Ejecución en la Provincia de Buenos Aires, Bs. As. 2008, págs.83 y 101). Por supuesto que hay casos en los que se permite la integración del título ejecutivo, a los fines de dar cumplimiento a los recaudos exigidos por la Ley de Defensa del Consumidor, como sucede con el denominado “pagaré de consumo”, pero esta temática resulta ajena a la cuestión de autos.
Y en virtud de esa autonomía que presenta el título ejecutivo, la legitimación debe surgir del mismo, o sea que la condición de acreedor o de deudor debe estar precisamente establecida en el título; por lo que, en caso de falta de legitimación, procede la excepción de inhabilidad de título (conf. Rodríguez Saiach, ob. cit. pág.521). En el supuesto en análisis, no caben dudas de que la legitimación del actor se encuentra debidamente acreditada con el cheque “no a la orden” y el instrumento de cesión de derechos y acciones firmado por el gerente de la beneficiaria del cheque - Maxiconsumo S.A.-, sin que corresponda exigirle al ejecutante la agregación de otra documentación adicional.
En efecto, el cheque en ejecución se libró a favor de Maxiconsumo S.A., con cláusula “no a la orden”, y esta sociedad cedió los derechos y acciones al actor, tal como resulta del instrumento privado adjuntado a la demanda; habiéndose cumplimentado, de esta manera, el recaudo que resultaba esencial para la transmisión del cheque “no a la orden”. Así expresa Gómez Leo que “el cheque ‘no a la orden’ es perfectamente transmisible. Esto es, puede circular, pues la regla legal incluida en la Ley de Cheques (art.12, ap.2°) es suficientemente clara en cuanto determina que el cheque librado con cláusula ‘no a la orden’, puede ser transmitido en propiedad con la forma y los efectos de una cesión de crédito (arts.1454, 1455, 1468, 1459, 1460 y 1467, CCiv.). Por tal razón si el tomador o beneficiario endosara el título a esos efectos, ese endoso, como tal, sería nulo y de ningún valor” (ob. cit. págs.361 y 362).
Insisto en que resulta improcedente exigirle otra documentación adicional al ejecutante, tendiente a acreditar las facultades con que contaba el gerente de la sociedad anónima beneficiaria del cheque para ceder los derechos y acciones emanados del mismo y, de este modo, concretar la circulación y trasmisión del papel de comercio. Esta documentación adicional no está en poder del ejecutante, ya que no es necesaria para formalizar la transmisión del cheque a su favor, tratándose de documentación en poder de terceros -Maxiconsumo S.A.-, que sólo puede ser allegada al proceso por la vía prevista en el art.387 del Código Procesal.
Al referirse a la inhabilidad del cheque y al caso del firmante del cheque por la sociedad, afirma Rodríguez Saiach en un párrafo esclarecedor para la cuestión en análisis, que “la ley no indica formalidad alguna y la invocación de obrar en nombre de tercero no exige fórmula sacramental ni entrega de testimonio de apoderamiento” (ob. cit. pág.549). Seguidamente refiere este autor al caso del firmante por la sociedad en el carácter de librador o endosante del cheque, el cual resulta aplicable -analógicamente- al supuesto de autos, que versa sobre la firma de la cesión de los derechos y acciones emanados del cheque por el gerente de la sociedad beneficiaria del mismo. Así expresa Rodríguez Saiach -con cita de jurisprudencia-: “Nada justifica exigirle al comerciante que para concluir un negocio cambiario verifique si el librador o el endosante ostenta una representación que los habilita, compulsando en cada caso el instrumento que contenga el mandato” (ob. cit. pág.549; ver también Areán, en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Bs. As, 2008, tomo 10, pág.611, fallo citado en número 27).
5. En suma, siendo que no correspondía exigirle al actor la agregación de documentación adicional tendiente a acreditar las facultades con que contaba el gerente de Maxiconsumo S.A., no quedan dudas de que el Juez de Grado le ha adjudicado al ejecutante, en forma improcedente, una carga probatoria que éste no debía cumplimentar.
Muy por el contrario, aplicando las reglas procesales pertinentes, corresponde “al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones” (art.547, segundo párrafo, del Cód. Proc.). O, si se quiere, utilizando los claros preceptos del art.375 del mismo código ritual, “cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción”. Si el ejecutado sostuvo, al oponer la excepción de inhabilidad de título, que “no se encuentra acreditado en autos que el firmante de la cesión de derechos acompañada -Walter De Risio- en autos tenga personería o posea facultades delegadas por Maxiconsumo S.A. CUIT 30-66300584-3 para disponer del cartular ejecutado”, es indudable que sobre él pesaba la carga de acreditar este extremo fáctico. Por lo demás, la concreción de esta prueba resultaba sencilla, ya que, tratándose de una documentación obrante en poder de terceros, bastaba con librar un oficio a la firma Maxiconsumo S.A., para que informara las facultades de su gerente y, en su caso, acompañara los instrumentos pertinentes (art.387 del Cód. Proc.). Nada de esto cumplimentó el ejecutado, quien, al oponer la excepción de inhabilidad de título, se limitó a volcar las alegaciones mencionadas, pero sin ofrecer ningún medio probatorio tendiente a la demostración de sus asertos, los cuales, en consecuencia, han quedado huérfanos de todo respaldo en las constancias de la causa (ver el escrito de interposición de la excepción, donde el accionado sólo ofreció una prueba informativa al Banco de la Nación Argentina, la cual resulta insustancial porque los aspectos relativos al cheque emanan de su misma literalidad).
En conclusión, no hay ninguna carencia u omisión probatoria atribuible al ejecutante, ya que pesaba sobre el ejecutado la carga de demostrar los extremos fácticos que esgrimió en sustento de su excepción (arts.547, segundo párrafo, art.375 del Cód. Proc.). Así ha expresado Areán, en comentario a estas normas procesales, que “la prueba de las excepciones corresponde al demandado, puesto que el actor justifica su derecho sólo con el título que sirviera de base a la demanda” (ob. cit. pág.602). Esta autora trae a colación un precedente jurisprudencial que, aplicando estos mismos conceptos, señaló que “tratándose de defensas, excepciones e impedimentos procesales, susceptibles de oponerse en el juicio ejecutivo, está a cargo del ejecutado demostrar acabadamente los hechos en los cuales apoya su oposición o probar la certidumbre de sus objeciones” (ob. cit. págs.607 y 608, número 4). También menciona otros fallos, según los cuales “es al deudor a quien corresponde allegar a las actuaciones los elementos de juicio imprescindibles para destruir los efectos que el título constata”, y ello porque “en el seno del juicio ejecutivo, el mayor esfuerzo probatorio recae en cabeza del excepcionante” (ob. cit. pág.608, números 6 y 7; en el mismo sentido, esta Sala, causa n°65.954, ”Total Support……”, sentencia del 23/12/2020, entre otras).
V. Por todo lo expuesto, propicio la revocación de la sentencia apelada de fecha 7/3/2022, y el rechazo de la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado José Eduardo Márquez. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la demanda ejecutiva y mandar llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado José Eduardo Márquez haga íntegro pago al ejecutante Miguel Andrés Mallorca de la suma reclamada de $ 83.500, con más los intereses calculados a la tasa activa para restantes operaciones en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires -que es la específica para la operación de autos, a la cual es ajena la tasa pedida por el actor- (art.41 de la ley 24.452), desde la mora que se produjo el día en que el cheque debió ser pagado (10/8/2019) y hasta el momento del efectivo pago. Las costas de ambas instancias deben imponerse al ejecutado vencido (arts.68, 274 y 556 del Cód. Proc.). La regulación de honorarios deberá diferirse para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Eduardo Márquez; 2) En consecuencia, hacer lugar a la demanda ejecutiva y mandar llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado José Eduardo Márquez haga íntegro pago al ejecutante Miguel Andrés Mallorca de la suma reclamada de $ 83.500, con más los intereses calculados a la tasa activa para restantes operaciones en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires -que es la específica para la operación de autos, a la cual es ajena la tasa pedida por el actor- (art.41 de la ley 24.452), desde la mora que se produjo el día en que el cheque debió ser pagado (10/8/2019) y hasta el momento del efectivo pago; 3) Imponer las costas de ambas instancias al ejecutado vencido (arts.68, 274 y 556 del Cód. Proc.); 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 14 de Febrero de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Revocar la sentencia apelada de fecha 7/3/2022, y rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado José Eduardo Márquez; 2) En consecuencia, hacer lugar a la demanda ejecutiva y mandar llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado José Eduardo Márquez haga íntegro pago al ejecutante Miguel Andrés Mallorca de la suma reclamada de $ 83.500, con más los intereses calculados a la tasa activa para restantes operaciones en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires -que es la específica para la operación de autos, a la cual es ajena la tasa pedida por el actor- (art.41 de la ley 24.452), desde la mora que se produjo el día en que el cheque debió ser pagado (10/8/2019) y hasta el momento del efectivo pago; 3) Imponer las costas de ambas instancias al ejecutado vencido (arts.68, 274 y 556 del Cód. Proc.); 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia