Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 69.445
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios (art. 42, C.N.; arts. 4, 36 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1094, 1100 y ccs., CCCN; jurisp. y doct. cits.).
2Rechazar el recurso de nulidad intentado (art. 253, CPCC).
3Con costas a la parte actora, vencida en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC).
Causa nº: 2-69445-2022 "ALARFIN S.A. C/ GIL CASIANO DANIEL Y OTRA S/ COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO DE PAZ - LAS FLORES
En la ciudad de Azul, a los dieciséis días del mes de mayo del año Dos Mil Veintitrés, celebrando Acuerdo (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48, Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Alarfin S.A. c/. Gil, Casiano Daniel y otra s/. Cobro Ejecutivo" (Causa Nº 69.445), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 20/5/22 contra la sentencia del 17/5/22?.
2da.- ¿Y el de nulidad también deducido el 20/5/22 contra idéntico decisorio?
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I.1. Tras destacar que la documentación con que la actora pretende integrar el pagaré librado el 29/6/15 fue creada extemporáneamente (en fechas 29/7/15 y 1/9/15), la sentencia apelada del 17/5/22 concluyó que no puede tenerse por integrado el título en los términos del artículo 36 de la Ley 24.240 y de la jurisprudencia aplicable (cf. SCBA, C.121684 del 14/8/19, “Asociación Mutual Asís c/. Cubilla, María Ester s/. Cobro Ejecutiva; causa n° 61.380 del 9/3/17, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul en Pleno, HSBC Bank Argentina c/. Pardo, Cristian Daniel s/. Cobro Ejecutivo”).
De esa manera, oficiosamente lo declaró inhábil y rechazó la ejecución, con costas.
2. La actora apeló (20/5/22), siéndole concedido el recurso en relación (26/5/22).
Contra lo afirmado en la sentencia sostuvo, sin mayores argumentos, que la documentación adicional acompañada sí complementa el pagaré de consumo en los términos del mencionado fallo plenario departamental, cumpliendo así con los recaudos exigidos por el artículo 36 de la Ley 24.240 para este tipo de operatoria (cf. memorial del 6/6/22).
En el escrito que porta el memorial la actora deslizó, además, recurso de nulidad, para lo cual argumentó que la sentencia de primera instancia no se encuentra motivada “al prescindir de ciertas constancias de autos, que esta parte ofreciera como prueba de ineludible valoración”, y afirmando que “no ponderó adecuadamente la totalidad de la documentación aportada y prescindió de las explicaciones y/o aclaraciones del caso”.
Pidió que se admitan esos planteos, revocándose y/o anulándose la sentencia atacada.
3. Al igual que cuando evacuó la vista en la instancia de origen (26/9/19), el Ministerio Público pidió al tribunal que rechace el recurso. Fundamentalmente, porque el consumidor no fue oportunamente informado en los términos del art. 36 de la Ley 24.240, dado que la documentación adicional es de fecha posterior al documento ejecutado. Ergo, no cumple con el requisito de oportunidad que emana de la normativa específica (1/2/23).
4. Elevadas las actuaciones y practicado el sorteo, corresponde resolver.
II. Ninguno de los recursos intentados procede.
1. No se ha planteado objeción en torno a la posibilidad de integrar el pagaré con documentación adicional a fin de que cumpla los recaudos del artículo 36 de la Ley 24.240, y no perjudique la vía ejecutiva, tal como tiene decidido la jurisprudencia (ver SCBA, C.121684 del 14/8/19, “Asociación Mutual Asís c/. Cubilla, María Ester s/. Cobro Ejecutivo”; Cámara en lo Civil y Comercial de Azul en Pleno, causa n° 61.380 del 9/3/17, “HSBC Bank Argentina c/. Pardo, Cristian Daniel s/. Cobro Ejecutivo”, voto del Dr. Galdós que hizo mayoría; entre otras que siguieron esa línea).
La temática recursiva apunta, en cambio, a la necesidad de determinar el requisito temporal que debe cumplir dicha documentación a fin de informar adecuadamente al consumidor los recaudos del artículo 36 de la Ley 24.240 y, más puntualmente, al tiempo en que debe cumplirse ese concreto deber.
Pues bien, el primer párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional dispone: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad a intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”. En cuanto atañe a la temática suscitada en autos, para que se la considere adecuada en los términos de la norma constitucional, la información proporcionada al consumidor debe ser –entre otras características que le asigna la doctrina- oportuna, cualidad que debe interpretarse según el tipo de contratación de que se trate.
Al margen de los deberes específicos de información que atañen a cada tipo de relación de consumo, la concreción general del postulado constitucional está contenida en el artículo 4 de la Ley 24.240, cuya importancia ha sido especialmente destacada por la doctrina al punto de haberse expresado, por ejemplo, que “la información aparece como una primera condición de la racionalidad y de la libertad de elección del consumidor” (Rubén S. Stiglitz-Gabriel A. Stiglitz, “Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y protección al consumidor”, ed. La Ley, 2ª ed., pág. 23). De allí que, “como la información y la contratación son dinámicas, y aunque el Código no haya reflejado en forma específica este carácter, el deber de información ha de cumplirse en forma previa y concomitante a la relación de consumo” (Carlos E. Tambussi, “Ley de Defensa del Consumidor”, dirigido por Tambussi, ed. Hammurabi, pág. 73).
Por ello, para que el denominado pagaré de consumo habilite la vía ejecutiva en los términos de la jurisprudencia casatoria y plenaria referenciadas, la documentación adicional con la información del artículo 36 de la Ley 24.240 debe haber sido suministrada al consumidor con anterioridad a que éste se obligue cambiariamente -o, cuando menos, en forma contemporánea al acto de obligarse-, a fin de que pueda evaluar, oportunamente, la conveniencia o no de hacerlo (cf. Stiglitz-Hernández, “Tratado de Derecho del Consumidor”, ed. La Ley, T. II, pág. 251). Es que el requisito de oportunidad debe ser ponderado al “momento o instante en que se necesita contar o recurrir a la información” (Carlos E. Tambussi, op. cit., pág. 74). Cabe señalar que ese ineludible recaudo temporal no concurre en el sub-caso, toda vez que las fechas de confección de la factura y de la liquidación de préstamos acompañadas a los fines de completar la insuficiente información del pagaré en los términos de la jurisprudencia citada (29/7/15 y 1/9/15), son posteriores a la del libramiento del título (29/6/15), o sea, al momento en que el consumidor se obligó cambiariamente.
Por ello, no puede tenerse al documento por integrado a los efectos de habilitar la vía ejecutiva, ya que la información contenida en la documental no pudo ser conocida por el consumidor antes -o contemporáneamente- al acto de obligarse cambiariamente (art. 42, C.N.; arts. 4, 36 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1094, 1100 y ccs., CCCN). Las consideraciones anteriores ponen irremediablemente en jaque el pedido revisor de la actora, que en ningún pasaje del escrito recursivo se hizo cargo de rebatir el razonamiento medular sobre el que se estructuró el decisorio de primera instancia, esto es, que la documentación acompañada a los fines de integrar el pagaré fue creada con posterioridad a su libramiento y resulta, por ende, inoportuna a los fines de informar adecuadamente al consumidor (art. 42, C.N.; art. 4, Ley 24.240).
2. En otro orden de ideas, no paso por alto que en la copia del pagaré agregada a fs. 14 se puede apreciar un sello –con cifras manuscritas- que reza: “Información al consumidor – Equivale a: Tasa Efectiva Anual más IVA 36,5% Costo Financiero Total Anual 44,16%”. Pero esta mención tampoco abastece los recaudos del artículo 36 de la Ley 24.240, ya que al situarse el sello por fuera de la copia del formulario preimpreso del pagaré –que no circuló- y no haber sido suscripta por el librador –su firma está por encima del aludido sello, dentro del cuerpo del formulario-, no puede considerárselo integrando el documento. Es decir, las constancias obrantes en el sello carecen lisa y llanamente de los efectos cambiarios que prevé el decreto-ley 5965/63. En sentido coincidente se ha resuelto que “Todos los recaudos formales de validez de un título cambiario deben surgir del texto del documento para poder tener por cumplidas las exigencias legales. Por ello, las meras atestaciones marginales fuera del cuerpo principal del papel y carentes de la firma del librador no resultan admisibles a tales efectos, pues ellas no integran específicamente la declaración cartular” (Cám. Com., sala C, LL, 1999-E-157; cit. por Osvaldo R. Gómez Leo, “Tratado del Pagaré Cambiario”, ed. Lexis Nexis Depalma, 2da ed., pág. 319).
3. En conclusión, propongo al acuerdo confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios, con costas (art. 42, C.N.; arts. 4, 36 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1094, 1100 y ccs., CCCN; arts. 242, 260 y 266, CPCC; jurisp. y doct. cits.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Tampoco procede el recurso de nulidad intentado por la actora, toda vez que no se advierte que la sentencia haya incurrido en los déficits que denuncia (falta de motivación y de valoración de pruebas pertinentes).
Por el contrario, del desarrollo dado a la primera cuestión se desprende con toda claridad que la sentencia de la anterior instancia se hizo cargo de todos los planteos y constancias del expediente, desarrollando en torno a los mismos un razonamiento lógico jurídico que no ofrece fisuras, aun cuando la solución a la que arribó resulte desfavorable a los intereses de la parte actora que ahora pide su nulidad, achacándole vicios inexistentes (Jorge Escuti Pizarro, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, ed. Hammurabi, dirección: Highton-Areán, T. 4, págs. 912 a 915).
Por ello, propongo al acuerdo rechazar el recurso de nulidad intentado (art. 253, CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios (art. 42, C.N.; arts. 4, 36 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1094, 1100 y ccs., CCCN; jurisp. y doct. cits.); rechazar el recurso de nulidad intentado (art. 253, CPCC); con costas a la parte actora, vencida en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 16 de mayo de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios (art. 42, C.N.; arts. 4, 36 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1094, 1100 y ccs., CCCN; jurisp. y doct. cits.). 2) rechazar el recurso de nulidad intentado (art. 253, CPCC). 3) con costas a la parte actora, vencida en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia