Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 69.572
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada de fecha 24/4/2024, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravios, imponiéndose las costas de alzada a los demandados, por haber resultado vencidos en el trámite recursivo (art.68 del C.P.C.C.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-69572-2024 "GARCIA ANGEL C/ VISGARRA MARCELO ADRIAN Y OTRO/A S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los quince días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dra. María Inés Longobardi y Dr. Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Garcia Angel c/ Visgarra Marcelo Adrián y otro/a s/ Cobro Ordinario de Sumas de Dinero" (Causa n°69572). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 24/4/2024?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Angel García promovió demanda de cobro de sumas de dinero contra Marcelo Adrián Visgarra y Mariana Leila Abrahim, a quienes reclamó la cantidad de $ 106.846,74, en concepto de precio por el uso y goce temporario del inmueble ubicado en calle Aeronáutica Argentina n° 2136 de Tandil, con más la entrega de las llaves del galpón allí existente, y con adición de los respectivos intereses desde que cada suma es adeudada y hasta el efectivo pago, gastos y costas del juicio (ver presentación del día 7/6/2021).
Sostuvo el actor en su demanda, que en el período comprendido entre los días 1/12/2014 y 30/11/2017, los demandados Visgarra y Abrahim, como integrantes de la sociedad “Balanceados El Vasco Tandil SRL”, fueron locatarios del referido inmueble de calle Aeronáutica Argentina n° 2136 de Tandil, habiendo finalizado el contrato sin inconvenientes, conforme la documentación que adjuntó al escrito inicial.
Y prosiguió expresando que, a fines de febrero de 2019, los demandados Visgarra y Abrahim le solicitaron alquilar nuevamente dicho galpón, haciéndole saber la urgencia que tenían para ocupar el mismo, dado que lo necesitaban como depósito de mercaderías -bienes y productos- que no tenían donde guardar. Dijo que, en virtud de la confianza y buena relación que habían mantenido durante el contrato anterior, los demandados ingresaron al inmueble el día 10/3/2019, bajo la condición de que la locación sería a título personal de ambos demandados, y que en el plazo de 30 días se firmaría el contrato con todos los requisitos de ley. Señaló también que, pese a sus insistencias, no se concretó la firma del contrato, y puntualizó que el precio mensual de la locación era de $ 12.500 durante los primeros seis meses -excepto el de marzo que era de $ 8.750-, mientras que, para los siguientes seis meses, el canon ascendía a la suma de $ 14.350. Y puntualizó que “en noviembre de 2019, me entero por vecinos del lugar que los demandados se habían retirado del lugar sin aviso, y sin hacer entrega de las llaves…”. También dijo el actor que, con fecha 28/10/2019 les envió cartas documento de intimación de pago a los demandados, las que no fueron recibidas ni retiradas del correo, “lo que constituye una prueba más de la postura reticente de los demandados frente al cumplimiento de sus obligaciones”.
II. Los demandados contestaron la demanda incoada en su contra, y reconocieron el contrato de locación que había celebrado el actor con Balanceados El Vasco Tandil SRL, donde esta firma tenía su giro comercial, contando con la habilitación municipal correspondiente. Acotaron que ellos son los únicos socios de esa sociedad, y que Mariana Leila Abrahim revestía el cargo de gerente de la misma.
Seguidamente expresaron que, durante el año 2018, la empresa ingresó en una crisis económica y financiera, que provocó el cierre del local y la declaración de quiebra de la sociedad -a pedido de uno de los proveedores- con fecha 30/4/2019.
Y sobre esa base, sostuvieron los demandados: “El vínculo contractual alegado entre el actor y demandados resultó inexistente, entendiendo esta parte que, presumiblemente, se encuentra fundado en la pretensión de evadir el proceso de verificación de crédito del proceso concursal. No adeudamos, en forma personal, ni cánones locativos, ni servicios eléctricos, ni las llaves de un inmueble, respecto del cual no existió vínculo locativo alguno con los suscriptos…El Sr. Angel García nunca se presentó a las actuaciones falenciales a verificar crédito alguno” (lo destacado me pertenece).
En definitiva, los accionados niegan haber celebrado a título personal, un contrato de locación con Angel García, alegando que el vínculo contractual se entabló entre el actor y la sociedad Balanceados El Vasco Tandil SRL (de la cual los aquí demandados son los únicos socios, tal cual ellos mismos lo puntualizaron). Y en este orden de ideas, aseveraron que “la falta de legitimación pasiva de los demandados resulta evidente y justifica el rechazo de la demanda” (ver contestación de demanda de fecha 2/12/2021).
III. Transitada la etapa probatoria se llegó al dictado de la sentencia de la anterior instancia de fecha 24/4/2024, en la cual se valoraron las probanzas aportadas al proceso, y se consideró acreditado que en el contrato de locación de inmueble celebrado con el actor en el año 2019 (marzo a octubre de ese año), los demandados Marcelo Adrián Visgarra y Mariana Leila Abrahim, se encuentran obligados personalmente en el carácter de locatarios. En función de ello, también se tuvo por acreditado el no pago de los cánones locativos y de los servicios de luz reclamados por el demandante.
En consecuencia, se hizo lugar a la demanda promovida y se condenó a los demandados Visgarra y Abrahim, a pagarle al actor en el plazo de diez días de quedar firme la sentencia, la suma de $ 106.846,74, con más los intereses fijados en este pronunciamiento.
IV. Dicha sentencia fue apelada por los demandados, quienes critican el fallo dictado en la anterior instancia, al señalar que en el mismo no se ha valorado debidamente la prueba producida en el trámite del juicio. Invocaron en respaldo de su postura lo normado por el art.1188 del C.C.C.N., según el cual, el contrato de locación de cosa inmueble debe ser hecho por escrito. Y se agraviaron por la determinación de un canon locativo sobre cuya cuantificación no existió prueba alguna, ni principio de prueba por escrito, no habiéndose indicado en la sentencia la forma en que se arribó a dicho monto (ver escrito de expresión de agravios presentado en esta sede con fecha 27/9/2024).
Este escrito recursivo fue contestado por la parte actora, quien, en primer lugar, planteó la inadmisibilidad del recurso de apelación deducido por la contraparte, puesto que, en su entender, la argumentación esbozada en el mismo es insuficiente, habiéndose limitado los recurrentes a efectuar una escueta discrepancia sin sustentación técnica y jurídica. Seguidamente, contestó en forma puntual los diferentes agravios de la pieza recursiva (ver escrito del día 11/11/2024).
Habiéndose cumplimentado los pasos procesales de rigor y practicado el sorteo de ley, han quedado los autos en condiciones a los fines del dictado de la presente sentencia.
V. 1. Es un hecho incontrovertido que, en el período comprendido entre los días 1/12/2014 y 30/11/2017, se celebró un contrato de locación entre el actor Angel García y la sociedad Balanceados El Vasco Tandil S.R.L, tal como emana de la documentación agregada con el escrito de demanda (ver contrato de locación suscripto entre las partes con fecha 14/11/2014). Cabe apuntar aquí que, según lo dispuesto en la cláusula décima primera de esta convención, la aquí demandada Mariana Leila Abrahim se constituyó en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, con carácter de codeudor de todas las sumas que adeudare la sociedad locataria, así como también de todas las obligaciones emergentes de este contrato.
Ahora bien, el mencionado contrato de locación tuvo vencimiento el día 30/11/2017, tal como resulta de los mismos términos del referido instrumento allegado con la demanda, y según los dichos del accionante, el mismo finalizó “sin inconvenientes”. Por lo demás, no media ninguna constancia de la causa, ni alegación alguna de los demandados, en el sentido de que ese contrato se hubiera prolongado más allá de su fecha de vencimiento; por lo que cabe tener por debidamente acreditado, que el día 30/11/2017, finalizó la relación locativa entre el actor Angel García y la sociedad Balanceados El Vasco Tandil SRL, cuyos únicos socios son los aquí demandados Marcelo Adrián Visgarra y Mariana Leila Abrahim (arts.330, 354 y ccs. del Cód. Proc.).
Tampoco se encuentran controvertidas las aserciones de los demandados en su escrito de contestación de demanda, cuando puntualizaron que, durante el año 2018, la mencionada sociedad ingresó en una crisis económica y financiera, que provocó posteriormente el cierre del local y la declaración de su quiebra el día 30/4/2019, a pedido de uno de los proveedores.
Situados, entonces, en ese cuadro de situación, en que la relación locativa entre el actor y la sociedad había finalizado el día 30/11/2017, y considerando que, durante el año 2018, dicha sociedad ingresó en una crisis económica y financiera que, posteriormente, provocó la declaración de su quiebra el día 30/4/2019, cabe preguntarse qué sentido podía tener que, en el mes de marzo de 2019, el actor hubiera vuelto a alquilar el inmueble a la referida sociedad Balanceados El Vasco Tandil SRL. Evidentemente, esta hipótesis resulta claramente insostenible, porque dar en locación un galpón a una sociedad cuya quiebra era inminente, no resulta un hecho que acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas; y, además de ello, una suposición de este tenor implicaría atribuir al locador una falta de previsibilidad contractual que no es dable presumir en el mundo de los negocios (arts.1727 y 1728 del C.C.C.N.).
La celebración de un contrato de locación con una sociedad aquejada por una crisis económica y financiera, que se encontraba en cesación de pagos y al borde de una declaración judicial de quiebra, no resulta un negocio imaginable para ninguna de las partes. Por supuesto que, para el locador, resultaba absolutamente inconveniente, porque perdería toda posibilidad de percibir los cánones locativos en tiempo y forma, ya que tendría que sujetarse al dilatado trámite de la verificación concursal (art.200 de la ley 24.522). Y tampoco era un negocio plausible para la parte locataria, dado que ese contrato de locación tendría que someterse a las disposiciones de dicha ley concursal (arts.143, 144, 157 y ccs. de la ley 24.522).
2. Por todo lo precedentemente expuesto, cobra plena entidad la versión dada por el actor en su escrito de demanda, cuando dijo que, en virtud de la confianza y buena relación que las partes mantuvieron durante el contrato anterior, con fecha 10/3/2019 los aquí demandados Marcelo Adrián Visgarra y Mariana Leila Abrahim ingresaron al inmueble locado, bajo dos condiciones. Y así puntualizó que esas condiciones fueron las siguientes: “que la locación sería a título personal de ambos demandados y que en el plazo de 30 días firmarían el contrato con todos los requisitos de ley…” (el resaltado en negrita me pertenece). Asimismo, prosiguió expresando el accionante: “Los días pasaban, los meses también, y este actor reclamó telefónicamente en reiteradas oportunidades la firma del contrato, como así también el pago de los cánones locativos. Los demandados sólo hicieron silencio…En noviembre de 2019, me entero por vecinos del lugar que los demandados se habían retirado del lugar sin aviso, y sin hacer entrega de las llaves. Sí, se llevaron las llaves, en una clara conducta reprochable y dañosa por sí misma” (ver demanda del día 7/6/21). Y a estas manifestaciones vertidas en el escrito inicial, se adiciona el proyecto de “contrato de locación comercial” que lleva fecha 1/3/2019 - también agregado en esa etapa procesal-, que no se encuentra firmado por los demandados, sino solamente por el accionante Angel García, y en el cual no se formula referencia alguna a la firma Balanceados El Vasco Tandil S.R.L.
Por los mismos señalamientos formulados en el anterior punto 1, no resulta en modo alguno verosímil la postura asumida en este proceso por los demandados, quienes alegaron su falta de legitimación pasiva porque, en su decir, “el vínculo contractual alegado entre actor y demandados resultó inexistente, entendiendo esta parte que, presumiblemente se encuentra fundado en la pretensión de evadir el proceso de verificación de crédito del proceso concursal”. A lo cual agregaron: “No adeudamos, en forma personal, ni cánones locativos, ni servicios eléctricos, ni las llaves de un inmueble, respecto del cual no existió vínculo locativo alguno con los suscriptos. El Sr. Angel García nunca se presentó a las actuaciones falenciales a verificar crédito alguno”.
Ya puntualicé en el referido punto 1, que resulta por demás inverosímil que el aquí accionante le haya alquilado el inmueble a una sociedad que estaba atravesando por una severa crisis económica y financiera, y cuya declaración de quiebra era inminente; precisamente, el contrato de locación invocado por el actor tuvo inicio en el mes de marzo de 2019, y al mes siguiente, el día 30 de abril de 2019, se decretó la quiebra de la sociedad Balanceados El Vasco Tandil SRL, a pedido de uno de los proveedores de la misma, según las propias manifestaciones de los demandados en su contestación de demanda. También resulta impensable que esta sociedad hubiera tomado en alquiler un nuevo inmueble, cuando estaba en una situación financiera tan comprometida.
Por lo demás, la postura procesal del demandante se encuentra corroborada con la prueba testimonial receptada en el proceso, que ha sido analizada -detenidamente- en la sentencia apelada. Así ponderó el juzgador la declaración de Mercedes Noemí Celayes, quien relató las vicisitudes por las atravesó el actor en su infructuoso intento de que los demandados firmaran el contrato de locación y abonaran los alquileres. También hizo mención a las manifestaciones de Sergio Martín Valdez, quien dijo que “conoció a los demandados desde el primer contrato de alquiler”, y agregó que “en el 2019 fueron a alquilar nuevamente, en marzo. Que fue Leila. Que no fue en nombre de la sociedad. Que los demandados nunca quisieron firmar el contrato. Que nunca pagaron, ni siquiera la luz que consumieron. Que el testigo reclamó el pago, y nunca lo abonaron. Que se quedaron hasta octubre, y en noviembre les avisó un vecino (Ciccimarra) que no había nadie, que estaba vacío el galpón. Que el primer contrato fue firmado por Balanceados El Vasco SRL. El segundo no existió como documento firmado”. En ese mismo orden, el testigo Alfredo Gregorini puntualizó que los demandados le alquilaron el galpón al actor, que “la segunda oportunidad que lo alquilaron, estuvieron de marzo a noviembre aproximadamente del 2019”, que “los demandados no pagaban” y que “en algún momento, sin poder precisar, hicieron abandono del inmueble, sin hacer entrega de las llaves”. En lo tocante a la específica cuestión aquí debatida, precisó este testigo que “el contrato de alquiler fue con las personas individuales (Visgarra y Abrahim) y no con la empresa Balanceados El Vasco” (lo destacado me pertenece).
Y en la sentencia recurrida también se valoró la absolución de posiciones de Visgarra, quien reconoció que “en febrero de 2019 concurre con su esposa -codemandada- a alquilar nuevamente el inmueble porque tenían la urgencia de depositar una mercadería. Pero se encarga de advertir que quien había contratado era la SRL. Que no se firmó contrato. Que lo hizo por un par de meses porque luego la empresa sufrió un decreto de quiebra. Que, respecto al pago de los cánones, luego de unas reparaciones que iba a efectuar la locataria, luego se iba a empezar a pagar. Que luego sobrevino la quiebra. Que todo fue de palabra” (lo destacado es propio). De estas declaraciones emana, con claridad, la existencia del contrato verbal de locación y la falta de pago de los alquileres respectivos, si bien el absolvente argumentó que la locataria era la sociedad; sin embargo, esta alegación resulta inverosímil por las razones indicadas en el punto 1, que se han visto corroboradas por las declaraciones testimoniales examinadas precedentemente. Todo lo antedicho conforma un sólido plexo probatorio que, valorado conforme a las reglas de la sana crítica y las máximas de experiencia, conducen a la confirmación de la sentencia apelada (arts.163 inc.5, 375, 384, 421, 456 y ccs. del Cód. Proc.).
3. Ahora bien, formulados los señalamientos precedentes, debo abocarme al análisis de algunos agravios vertidos por los demandados, que no alcanzan a conmover -ni en mínima medida- las motivaciones del decisorio de la anterior instancia. En este punto le asiste razón a la parte actora, quien al contestar la expresión de agravios destacó la insuficiencia de argumentación de la presentación recursiva (ver escrito del día 11/11/2024).
Así expresaron los accionados que los testimonios resultan irrelevantes y que se encontrarían afectados de parcialidad, más, sin embargo, no indicaron los errores que podrían haberse deslizado en el decisorio de grado, ni señalaron cuáles serían los motivos por los cuales han procurado desmerecer las manifestaciones de los deponentes. De esta manera, el presente agravio resulta inadmisible, por cuanto no satisface la carga técnica de fundamentación exigida por el código ritual (art.260 del C.P.C.C.).
En ese mismo sendero, también devienen inadmisibles las manifestaciones vertidas en el escrito recursivo, donde se cuestionaron -en forma genérica e imprecisa- las conclusiones del pronunciamiento atacado, al tenerse por acreditado el contrato de locación y la consecuente obligación de los demandados de pagar los arriendos en forma personal. En efecto, los apelantes se limitaron a señalar que en la sentencia “no se explicita cuál fue el análisis realizado, ni los motivos, ni fundamentos, ni por qué razón no aplica las normas jurídicas que expresamente resuelven el tema debatido”, sin ponerse de resalto las falencias que aquejarían al pronunciamiento de grado. En efecto, a diferencia de lo afirmado por los quejosos, el Juez de grado ha efectuado una detenida valoración de las constancias probatorias de la causa, las cuales le confieren suficiente sustento a las conclusiones de la sentencia apelada. Por ende, el agravio en examen resulta inadmisible por carencia de fundamentación (art.260 del Cód. Proc.).
Este Tribunal ha señalado -en forma reiterada- que “la expresión de agravios debe contener un mínimo de técnica recursiva por debajo de la cual las consideraciones o quejas carecen de entidad jurídica como agravios, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez sin hacerse cargo de los fundamentos de la resolución apelada. La expresión de agravios debe ser autosuficiente y completa” (esta Sala, causa nº 47.026 del 01-6-04, “Nolasco…”, con cita de Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Ordinarios”, pág. 442 y ss.; en igual sentido, esta Sala, causa n° 55.945 del 15-5-12, “Musumeci...”; n° 61.579, del 09/03/17, “González Maximiliano...”; causa n° 61946, “Mejor Crédito S.R.L. c/ Ramírez...”, del 11/05/17; nº 64.844; “Piva, Elsa Irene…”, del 11/02/20; nº 65.535, “Salicio Julio César…” del 02/09/2020). Para dar cumplimiento a esa directriz, la parte agraviada debe indicar “cuál punto del desarrollo argumental ha incurrido en un error fáctico o jurídico que revele el desacierto ulterior de la decisión” (esta Sala, causa n° 57332, "Moyano de Córica, Mirta y otros…”, del 29/08/13; y jurisprudencia y doctrina allí citada: esta Sala causa n° 50.430, "Campomenosi...", del 15-3-07; Palacio, “Derecho Procesal Civil”, tomo V, págs. 266 y sgtes.; Loutayf Ranea, “El recurso de apelación en el proceso civil”, tomo 2, págs .155 y sgtes; en igual sentido, esta Sala, causa nº 59.228, “Zamudio, Hugo Eduardo...”, del 05/05/15; causa n° 61946, “Mejor Crédito S.R.L. c/ Ramírez...”, del 11/05/17; nº 64.844; “Piva, Elsa Irene…”, del 11/02/20; nº 65.535, “Salicio Julio César…” del 02/09/2020; n° 67.509, del 3/3/22, “Rojas...”; n° 68.176, “Arias, Antonella Fabiana...”, del 9/08/22; n° 69.480, “Umpierrez Claudia Judith...”, del 13/9/22, entre otras tantas)” (esta Sala, causa n° 72.648, “Olivetto”, sentencia del día 10/4/2025).
4. En otra parcela de la expresión de agravios, aluden los demandados a lo dispuesto en el art.1188 del C.C.C.N., según el cual, el contrato de locación de cosa inmueble debe ser hecho por escrito, agregando que esta regla se aplica también a sus prórrogas y modificaciones. En suma, los apelantes cuestionan lo decidido en la anterior instancia, por cuanto -en su parecer- el magistrado no ha aplicado las normas que expresamente resuelven el tema debatido.
A los fines de dar respuesta al presente agravio cabe destacar que el requisito establecido en el citado artículo 1118, consiste en una forma ad probationem -como pacíficamente se sostiene en doctrina-, habilitándose otros medios probatorios si se cuenta con principio de ejecución o prueba por escrito (conf. Leiva Fernández, en Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético. 3ª edición actualizada y ampliada, Jorge H. Alterini Director general, tomo VI, pág.268). En este mismo sentido se ha sostenido: “También se prevén formas en previsión de necesidades probatorias; en cuyo caso, la inobservancia del recaudo formal no afecta el contrato ni a su existencia, que podrá ser acreditada por otros medios. Si la formalidad es exigida a los fines meramente probatorios, los contratos pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de que se cumplió con la formalidad o si existe principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución (arts.1020 CCyC). Son contratos en los que la forma es impuesta en orden a su prueba: la locación de cosa inmueble o mueble registrable o de una universalidad que incluya inmuebles o muebles registrables o de parte material de un inmueble (art.1188 CCyC)…” (conf. Contratos Parte General, Rivera-Medina Directores, Rivera-Crovi-Di Chiazza Autores, Bs. As. 2017, pág.322; lo destacado es propio).
Y de este modo corresponde recalar en el art.1020 del C.C.C.N., que, con respecto a la prueba de los contratos formales, establece en su primer párrafo: “Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental, o comienzo de ejecución”. Pues bien, en el caso que nos ocupa, no quedan dudas de que el contrato de locación invocado por el actor ha tenido comienzo de ejecución, más aún, finalizó en el mes de noviembre de 2019, cuando los demandados abandonaron el inmueble, conforme emana -con absoluta claridad- de las declaraciones testimoniales.
De esta manera, el caso de autos queda comprendido en lo establecido en la citada norma legal, por lo que el contrato de locación invocado por el accionante, pese a carecer de forma escrita, al haber tenido comienzo de ejecución, ha podido acreditarse por otros medios probatorios, inclusive por testigos. En efecto, de la prueba testimonial producida en la causa, corroborada por la confesional del codemandado Visgarra y por los indicios examinados en el punto 1 del presente apartado V, se desprende -con nitidez- la existencia del contrato de locación invocado por el actor, y el consecuente incumplimiento de los demandados Visgarra y Abrahim en lo que respecta a la falta de pago de los cánones locativos (arts.163 inc.5, 375, 384, 421, 456 y ccs. del C.P.C.C.). En comentario al referido art.1020 del C.C.C.N., señala Lorenzetti que esta norma “alude también al comienzo de ejecución del contrato, como supuesto excepcional que habilita a superar la restricción probatoria del art.1019. Se ha optado por una fórmula más amplia que la anterior referencia a ‘haber recibido alguna prestación’, y por ello incluye todas las hipótesis donde la conducta de las partes demuestra que, de alguna manera, se han comenzado a realizar actos dirigidos a la ejecución del contrato celebrado. La norma tuvo una amplia recepción jurisprudencial, bajo el Código derogado, con preponderante aplicación en los contratos de locación de cosas, obra y servicios” (conf. Tratado de los Contratos. Parte General, 3ª edición ampliada y actualizada, Santa Fe 2018, pág.549).
5. Sólo resta responder al último cuestionamiento de los demandados, cuando señalan que “constituye agravio la determinación de un canon locativo, sobre el que no existió prueba alguna respecto a su cuantificación, ni principio de prueba por escrito, no indicando la sentencia, cómo se determinó el mismo”.
En este aspecto cabe recordar que, en su escrito de demanda, el accionante puntualizó que “el precio mensual de la locación era de $ 12.500,00, los primeros seis meses, excepto el del mes de marzo de 2019, que era por la suma de $ 8.750, ya que ingresaron al mismo con fecha 10 de marzo de 2019, con lo cual era un proporcional del canon. Los siguientes seis meses el canon era de $ 14.350,00”. De esta manera, en la demanda se reclamaron los cánones correspondientes a los meses de marzo a octubre de 2019, que totalizaron la suma de $ 99.950, con más el servicio de luz de esos mismos meses, que se elevó a la cantidad de $ 6.896,74, lo que hizo un total reclamado de $ 106.846,74, al que se adicionaron los respectivos intereses desde que cada suma es adeudada y hasta el total y efectivo pago (ver puntos 3, 4.1 y 5 del escrito inicial de fecha 7/6/2021). En su contestación de demanda, los accionados se limitaron a una negativa genérica, negando la existencia del contrato de locación invocado por la contraparte, y alegando que nada adeudaban en forma personal, dado que, según su postura, la vinculación se entabló con la sociedad Balanceados El Vasco Tandil SRL. En los desarrollos precedentes de este voto, se ha desestimado este planteo defensivo de los accionados, teniéndose por acreditado el contrato de locación celebrado entre el actor y los demandados Visgarra y Abrahim, en forma personal. Pero en lo que específicamente concierne a la temática abordada en el presente punto 5, cabe puntualizar que los accionados no formularon ningún cuestionamiento concreto sobre los rubros y montos reclamados por el actor, los que, en consecuencia, han quedado admitidos (arts.330 y 354 del C.P.C.C.).
De esta manera, en el pronunciamiento de la anterior instancia, se receptó la demanda en todas sus partes, condenándose a los demandados a pagar el total adeudado de $ 106.846,74, con más los intereses establecidos en el considerando tercero de este decisorio. Esta conclusión de la sentencia se ajusta al principio de congruencia y a lo expresamente pedido por el accionante, sin que en la contestación de demanda se haya formulado algún cuestionamiento concreto sobre los rubros y montos reclamados, tal como lo puse de resalto precedentemente (arts.34 inc.4, 163 inc.6, 330, 354 y ccs. del C.P.C.C.).
En virtud de lo antedicho, corresponde desestimar el agravio en análisis, dado que la sentencia apelada resulta ajustada a derecho, ya que la determinación del canon locativo y del consecuente monto resultante, constituye una lógica derivación de las constancias de la causa.
VI. Por todo lo expuesto, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fecha 24/4/2024, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravios, imponiéndose las costas de alzada a los demandados, por haber resultado vencidos en el trámite recursivo (art.68 del C.P.C.C.). La regulación de honorarios profesionales debe diferirse para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.9679.
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
alzada a los demandados, por haber resultado vencidos en el trámite recursivo (art.68 del C.P.C.C.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 15 de Mayo de 2025.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: confirmar la sentencia apelada de fecha 24/4/2024, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravios, imponiéndose las costas de alzada a los demandados, por haber resultado vencidos en el trámite recursivo (art.68 del C.P.C.C.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia