Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I · Causa 69.657
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso de apelación incoado por la parte actora en la presentación electrónica de fecha 29.08.2022 y, en consecuencia, confirmar lo decidido en la instancia de origen en el segundo párrafo del proveído del 25.08.2022.
1 - 69657 - 2022 - MARTINEZ MARIA FERNANDA C/ FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
1-69657-2022 - "MARTINEZ MARIA FERNANDA C/ FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - AZUL
En la ciudad de Azul reunidos los integrantes de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Departamental:
I. En la presentación electrónica del 29.08.2022 la parte actora dedujo revocatoria con apelación en subsidio contra el segundo párrafo del despacho del 25.08.2022 en cuanto decidió que el dinero que depositó la demandada en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 29 de la ley 13.133, quedará resguardado en la cuenta de autos, impidiéndose su retiro y/o ejecución hasta tanto la Cámara de Apelaciones resuelva en definitiva la presente causa.
En la instancia de origen se rechazó la revocatoria y se concedió la apelación subsidiaria en la providencia del 30/08/2022, donde también se confirió traslado a las demandadas de los fundamentos (art. 248 del CPCC).
Las accionadas contestaron los traslados del memorial en las presentaciones electrónicas del 31.08.2022 (Bahía Automotores SA) y en la de fecha 09.09.2022 (FCA SA de Ahorros para Fines Determinados).
II. Ambas accionadas introdujeron, además, planteos referentes a la admisibilidad de la apelación. Así, Bahía Automotores S.A. en el pto. II del escrito del 31.08.2022, entiende que la providencia del 25.08.2022 resulta inapelable porque al tratarse el presente de un juicio sumario, el auto cuestionado que fija la forma de concesión del recurso, no se encuentra dentro de las resoluciones que enumera el art. 494 del CPCC, Por su parte, FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, en el pto. II del escrito electrónico de fecha 09.09.2022, considera que la parte actora no cumplió con la carga de efectuar una crítica concreta y razonada y por ello, debe declararse la deserción del recurso intentado.
Con relación al primero de los planteos, dable es decir que si bien es cierto que este proceso en el que gravita el derecho del consumo, tramita por las reglas del juicio sumario (conf. fs. 99), y ante ello, por regla, hay que atender a las reglas de apelabilidad que contiene el art. 494 del CPCC, entiende este tribunal que el asunto cuestionado resulta apelable pues excede el ámbito propio de los procesos sumarios. (esta Sala, causa nº 68.795, “Valicenti” del 05.05.2022 y las allí citadas).
Y ello ocurre en supuestos como el de autos en el que se ha dictado sentencia definitiva y en donde la cuestión en debate, concerniente al alcance y /o consecuencias que trae aparejado el efecto devolutivo sobre los fondos depositados para el eventual cumplimiento de la condena, proyecta efectos definitivos respecto de las partes. De ahí que la regla de la inapelabilidad debe ceder y por ello, desestimarse la petición efectuada por Bahía Automotores SA en el pto. II del escrito electrónico de fecha 31.08.2022.
En otro orden, también debe desestimarse el pedido de deserción efectuado por FCA SA, en atención a que como reiteradamente se ha dicho “este Tribunal participa de un criterio amplio en la apreciación de los requisitos que debe satisfacer el memorial, y aunque el mismo diste de exhibir una adecuada suficiencia técnica, siempre que se exteriorice, aunque mínimamente, el agravio o el esbozo de la crítica, se abre la función revisora en miras de asegurar más adecuadamente el derecho de defensa (causas nº 43894, “Ane”, del 20.02.2002; nº 49665, “Adami”, del 16.03.2006; nº 51438 “Bonnat”, del 29.11.2007; nº 51278, “Valerio”, del 06.12.2007.; n° 53.567, “Bruni”, del 28.10.2009; n° 58.450, “Enrique”, del 10.04.2014, nº 66.203, “Banco Santander Rio SA. del 12.11.2020).
III. En atención a lo decidido en el apartado anterior, cabe entonces admitir el tratamiento del recurso de apelación subsidiario incoado por la accionante el 29.08.2022, que tiene por propósito revertir la decisión adoptada en el segundo párrafo del despacho que 25.08.2022, de mantener el depósito efectuado en la cuenta judicial de autos (originariamente por la suma de $7.354.938,33) en plazo fijo, impidiéndose su retiro y/o ejecución, hasta tanto este tribunal dicte sentencia definitiva.
Resulta del expediente que tanto la parte actora como las demandadas apelaron la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 22.06.2022 que hizo lugar a la demanda, condenando a las accionadas a pagar la suma de $3.468.516,33, más la suma a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia (conf. pto D del considerando quinto), más los intereses a los que refiere el considerando sexto.
En el pto. II de la presentación electrónica del 23.06.2022 la parte actora solicitó que los eventuales recursos que incoen las demandadas, se concedan con efecto devolutivo (tal lo dispuesto en el art. 29 de la ley 13133). Deducidos los recursos por las demandadas, ambas el 30.06.2022, FCA SA de Ahorro Para Fines Determinados cumple con el depósito (conf. escritos electrónicos del 30.06.22 y del 01.08.22 y despacho del 08.08.2022) y, en la instancia de origen, se conceden los dos recursos libremente. El 09.08.2022 la parte actora solicitó se aclare que los recursos de apelación concedidos en fecha 08.08.2022 a las demandadas son con efecto devolutivo, lo que así se aclaró en el primer párrafo del auto del 25.08.22 pero con el alcance indicado en el segundo párrafo, que es lo que viene cuestionado.
En efecto, lo que agravia a la apelante es que, a pesar del “efecto devolutivo”, se haya dispuesto la prohibición de retiro y/o ejecución del dinero depositado en autos. Sostiene que lo así decidido desnaturaliza totalmente el efecto devolutivo del recurso, otorgándole las consecuencias contrarias esto es, suspender el cumplimiento de la sentencia definitiva. Para argumentar sobre el particular se vale de lo expresado por el Dr. Carlos Camps con relación a los supuestos en que se aplica el efecto devolutivo; esto es, ante situaciones en las que resulta imperioso cumplir con la sentencia so riesgo que la tutela llegue tarde. Además, la recurrente trae a consideración la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia Bonaerense en causa nº 121.614, “Aparicio” del 26/02/2021, y, brinda el ejemplo de una causa que se encuentra en trámite ante la SCBA, para ilustrar lo prolongada que resulta para los consumidores, la espera de obtener un decisorio judicial firme.
Al contestar los agravios, Bahía Automotores SA dice que este no es un caso de urgencia en el que resulte imperioso cumplir la sentencia (como sí ocurre en los casos de alimentos o medidas cautelares), que antes de ejecutar la sentencia debe cumplirse con el pago de los aportes (art. 21 ley 6716) y que el juez tiene la facultad de adecuar las modalidades de la ejecución de la sentencia (art. 509 CPCC). Además, pone énfasis en el perjuicio que puede causarle la entrega del dinero a la accionante ante una decisión revocatoria de Alzada.
Por su parte, FCA SA de Ahorro Para Fines Determinados, refiere a la inconstitucionalidad del art. 29 de la ley 13.133, controvierte su aplicación en el caso de autos al decir que la actora no es consumidora, e interpreta que esa norma no prevé que las sumas depositadas deban ser transferidas a la parte actora, quien pretende forzar la aplicación de la norma en su favor; a lo que agrega, lo dificultoso que resultaría recobrar el dinero en cuestión.
Así expuestos los posicionamientos de las partes, para dilucidar esta cuestión que se presenta como previa al dictado de la sentencia definitiva es útil traer a consideración que esta Sala se ha expedido en numerosas oportunidades sobre el depósito previo al que refiere el art. 29 de la ley 13.133, “Código Provincial de implementación de los Derechos de los Consumidores y usuarios en la Provincia de Buenos Aires” (vgr, en causas nº 66.415, Kees” del 01.06.2021, nº 66.469, “Villarruel”, del 07.09.2021, entre otras); y, en un reciente pronunciamiento (causa nº 69.098, “Arca” del 15.11.2022) este tribunal hizo expresa referencia al precedente de la SCBA con sustento en el que la apelante efectúa su petición (SCBA C. 121614, causa “Aparicio” del 25.02.2021). En efecto, en ese antecedente, el máximo tribunal de justicia provincial realizó, en tratar la primera cuestión, un análisis muy profundo de la ley 13133 y de la carga económica del art. 29. Concretamente, con relación al aspecto sobre el que el apelante pide resolver, es oportuno reiterar aquí que sobre la finalidad de los fondos depositados en cumplimiento al art. 29 de la Ley 13.133, en la causa citada, en su voto, el Dr. Pettigiani expresó que "es la de asegurar al consumidor la posibilidad de hacer efectivo y sin dilaciones su crédito... Una exigencia económica ... dirigida a beneficiar a usuarios y consumidores, garantizándoles el cumplimiento inmediato de la sentencia ... aunque no se encuentre firme, sea actual y provisoriamente o futura y definitivamente, sin necesidad de acudir a adicionales medidas ejecutorias o conminatorias, por encontrarse el dinero depositado en una cuenta judicial" (SCBA, C. 121.614, "Aparicio" (SD) del 25/2/2021, voto del Dr. Pettigiani). Esa tesitura ya había sido explicitada por el magistrado del máximo tribunal en un voto emitido con anterioridad (SCBA, C.122.789, “Andersen” del 08.02.2021).
De todos modos, es nuestra convicción que lo pretendido por el apelante no es el destino previsto en la norma de alcance provincial, cuyo análisis se ha puesto en juego en tanto que su finalidad reside en exigir el cumplimiento al proveedor recurrente de la mentada carga económica como un requisito de admisibilidad del recurso de apelación pues, como también se afirma en el precedente del Máximo Tribunal provincial recién citado “el depósito previo en cuestión no constituye la ejecución condicional de la sentencia o una pena (análog. doctr. causa Ac. 51.912, "Iriart", sent. de 2-XI- 1992; e.o.) ni un pago anticipado (análog. doctr. causas Ac 49.923, "Acesia", sent. de 26-IV-1992; Ac. 50.912, "Brandi", sent. de 18-VIII-1992; Ac. 58.468, "Guardia", sent. de 7-II-1995; Ac. 66.670, "Cuestas de Lucci", sent. de 29-IV- 1997; e.o.), sino -como se dijo- una mera carga procesal establecida para la tutela judicial más efectiva del consumidor y usuario” (SCBA, C. 121.614, "Aparicio" (SD) del 25/2/2021, voto del Dr. Pettigiani).
Es por ello que interpreta este tribunal que sin perjuicio de que la mentada norma con la exigencia del depósito y la concesión del recurso con efecto devolutivo persiga la celeridad en la percepción del crédito a favor del consumidor, no puede derivarse de ello el dictado de una decisión jurisdiccional que permita el cumplimiento anticipado de una condena patrimonial que no se encuentra firme, en tanto controvertida y pendiente del dictado de la sentencia de Alzada.
Nótese sobre el particular que destacada doctrina en opinión crítica ha caracterizado a la regulación del efecto devolutivo y el depósito como una conjunción innecesaria, expresando que “La situación del depósito obligatorio y al mismo tiempo la concesión del embate con efecto devolutivo, le otorga al actor la posibilidad de iniciar la ejecución de sentencia y tal vez extraer dichos los fondos mientras se sustancia el recurso de apelación. Lógicamente, esta no es (ni podría ser) la intención del legislador. Tampoco es razonable que se ejecute la sentencia si el demandado depositó el monto de la condena.
Entendemos que la extracción del depósito debe analizarse con sumo cuidado, pudiendo exigirse para ello una caución o fianza con alcances similares a lo que disponen los arts. 507, 553 y 589 del Cód. Proc. Civ. y Com. de Buenos Aires. De lo contrario, de revocarse la condena y habiéndose retirado los fondos, al actor le quedará la ardua tarea de recuperarlos, algo que resulta incómodo y a veces se torna imposible”. (Hitters, Juan Manuel, “La apelación de la sentencia favorable al consumidor. Sus implicancias en la provincia de Buenos Aires”, Publicado en: LLBA2018 (agosto), 5, TR LALEY AR/DOC/1496/2018).
Por otra parte, la Sala II de la Alzada marplatense interpretó que “la exigencia económica contenida en la norma no ha sido concebida como una sanción que se pierde ante un resultado recursivo adverso, sino como un depósito a cuenta de la condena (si se confirma) o a ser reintegrado al recurrente (si se revoca) …. Es decir, solo impone un recaudo económico a la parte condenada en costas en un proceso de consumo para acceder a la instancia de la apelación”. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, “Pedrero Patricia A. c/ Transporte 25 de Mayo SRL y otras/ Daños y Perjuicios”, 3.03.2020, MJ-JU-M-124219-
AR/MJJ124219)
A partir de lo expuesto, entendemos que en materia consumeril el efecto devolutivo del recurso al que refiere el art. 29 de la ley 13.133, debe aplicarse en el sentido propuesto por las tendencias interpretativas señaladas, esto es, exigiendo su cumplimiento a fin de garantizar la inmediata ejecución de la condena, (a lo que se ha dado cumplimiento en autos); más ello, no puede interpretarse en el sentido de transferir o posibilitar a la parte actora extraer los fondos en el estado en que se encuentran las actuaciones; esto es, próxima al dictado de la sentencia definitiva de Alzada y sin que otras circunstancias de acreditada urgencia y necesidad así lo ameriten.
Por último, resta aclarar que la referencia que este tribunal realizó en la resolución dictada con fecha 15.11.2022 en la causa nº 69.098, “Arca”, sobre lo expresado por el Dr. Pettigiani en el precedente de la SCBA ya citado, se contextualiza en un estado bien distinto del proceso, pues allí ya se había dictado sentencia definitiva de Alzada.
Por ello, SE RESUELVE: Desestimar el recurso de apelación incoado por la parte actora en la presentación electrónica de fecha 29.08.2022 y, en consecuencia, confirmar lo decidido en la instancia de origen en el segundo párrafo del proveído del 25.08.2022. Regístrese, notifíquese en forma electrónica en los domicilios que seguidamente se consignan (conf. art. 10 del Reglamento para presentaciones y notificaciones electrónicas (SCBA. Ac.4039 del 14/10/2021) y continúen los autos según su estado.
Disidencia del Dr. Esteban Louge Emiliozzi:
Coincido con mis estimadas colegas en cuanto a los argumentos expresados en el apartado II de la presente, que sustentan la admisibilidad del recurso de apelación.
Mas mi posicionamiento interpretativo sobre el alcance del efecto devolutivo contenido en el art. 29 de la ley provincial 13.133, es diferente.
Recuérdese que, por regla, “el efecto devolutivo autoriza la ejecución provisoria de la resolución recurrida, mientras el superior conoce y decide el embate. (…) El efecto devolutivo responde a razones de política legislativa. El legislador, atendiendo al contenido de la resolución susceptible de apelación, y considerando que su ejecución no admite demora, o que ésta perjudicaría los fines de determinados procesos, o el desarrollo del procedimiento, contempla la concesión con efecto devolutivo”. (Azpelicueta, Juan José y Tessone Alberto, “La Alzada. Poderes y deberes”, Editora Platense SRL, La Plata, 1993, pp. 32-33).
En atención a ello y partiendo del régimen tuitivo que proyecta el microsistema consumeril para la solución de los casos (art. 42 de la Constitución Nacional, arts. 1, 2 y 3 del Código civil y Comercial de la Nación), es mi opinión que el efecto devolutivo que contiene la norma, apareja como consecuencia que la exigencia económica allí prevista, además de resultar un recaudo de admisibilidad de la vía recursiva para el proveedor recurrente, posibilita, tal como lo expresa el Dr. Pettigiani, "el cumplimiento inmediato de la sentencia (v.gr. cobro inmediato de los créditos reconocidos judicialmente a su favor) aunque no se encuentre firme, sea actual y provisoriamente o futura y definitivamente, sin necesidad de acudir a adicionales medidas ejecutorias o conminatorias, por encontrarse el dinero depositado en una cuenta judicial (conf. arts. 202 inc. 2, 212 inc. 3 y concs., CPCC y 25, 29 t concs. Ley 13.133" (SCBA, C.122.789, “Andersen” del 08.02.2021, C. 121.614, "Aparicio" del 25/2/2021, voto del Dr. Pettigiani). En consecuencia, el recurso de apelación incoado por la parte actora, merece prosperar.
CONFIRMA
Fin de la sentencia