Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 69.872
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada de fecha 13/9/2022, en cuanto hizo lugar a la demanda interpuesta por el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Tandil y condenó al Club Atlético Aldosivi de Mar del Plata a que, en el plazo de diez días de quedar firme la liquidación respectiva, pague al accionante la suma resultante de los derechos de formación deportiva de Joaquín Indacoechea, de acuerdo a la liquidación que efectúe el perito contador Francisco José Salto, en el procedimiento de ejecución de sentencia.
2Confirmar la sentencia apelada en cuanto no incluyó en el monto de condena al sueldo anual complementario (SAC).
3Modificar la sentencia apelada en cuanto a la mora y cálculo de intereses, de conformidad con lo resuelto en el apartado XI, punto 2, de la presente sentencia.
4Confirmar la sentencia apelada en cuanto impuso las costas del juicio a la parte demandada vencida (arts.68 y 274 del Cód. Proc.).
5Imponer las costas del juicio en un noventa por ciento (90%) a la parte demandada, y en el restante diez por ciento (10%) a la parte actora, en atención al resultado obtenido en el trámite recursivo, por la razón dada en el apartado XII (arts.68 y 69 del Cód. Proc.).
6Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-69827-2022 "CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA C/ CLUB ATLETICO ALDOSIVI S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los doce días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veintitrés, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Víctor Mario Peralta Reyes y Dra. María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Club Gimnasia y Esgrima c/ Club Atlético Aldosivi s/ Cobro Sumario Sumas Dinero " (Causa n°69827). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Son procedentes los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de fecha13/9/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Tandil promovió demanda de cobro de pesos contra el Club Atlético Aldosivi de Mar del Plata, por el monto que resulte de la pericia contable, con más intereses hasta el efectivo pago, en concepto de derecho de formación deportiva previsto en la Ley 27.211, con respecto al jugador profesional de fútbol Joaquín Indacoechea, nacido el día 8/9/2000 (ver escrito de demanda de fecha 23/8/2021).
Luego de transcribir los arts.7 y 18 de la ley 27.211, en los que fundamenta su reclamación, sostuvo el club accionante que “formó deportivamente y de manera federada al jugador profesional de fútbol Joaquín Indacoechea, nacido en fecha 8/9/2000, tal como se acredita con el histórico expedido por la propia Liga Tandilense de Fútbol”. Y precisando su relato fáctico, sostuvo el club que esa formación deportiva se produjo en los años 2013 y 2014, en los que el jugador estuvo federado en su entidad (267 días en 2013 y 237 días en 2014, o sea un total de 504 días). Dado que, según el art.9 de la ley 27.211, el período de formación deportiva es aquel que se encuentra comprendido entre el año calendario del noveno cumpleaños del deportista y el año calendario del décimo octavo cumpleaños, estando ambos incluidos, en la demanda se obtuvo la suma total de los días de ese período (3642 días), y se calculó en un 13,83% de esa cantidad, el período en el que el jugador estuvo federado en su institución deportiva (como se dijo, 504 días).
Ahora bien, el hecho generador del presente reclamo del Club Atlético Gimnasia y Esgrima, estuvo dado por la suscripción de un nuevo contrato profesional, con fecha 1/3/2021, entre el jugador Joaquín Indacoechea y el demandado Club Atlético Aldosivi, cuya vigencia se extiende hasta el día 31/12/2025. Este nuevo contrato profesional que motiva la presente demanda, se ha acreditado con la prueba producida en el expediente caratulado “Club Gimnasia y Esgrima de Tandil s/Diligencias Preliminares”, expediente n° 51.373. En efecto, en estos actuados de diligencias preliminares se libró oficio a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cual fue respondido -con fecha 6 de mayo de 2021- por la abogada apoderada María A. Cimino, quien adjuntó el contrato federativo suscripto, con fecha 1/3/2021, entre el Club Atlético Aldosivi y el jugador Joaquín Indacoechea -denominado contrato profesional-. Tambiénadjuntó a la respuesta de este oficio, el convenio privado que las partes celebraron en esa misma fecha.
Y retomando la demanda que dio inicio a estas actuaciones, se tiene que en la liquidación allí practicada se detallaron los montos de la contraprestación económica a recibir por el jugador por este nuevo contrato, y en virtud de ello se concluyó en que “el monto total neto de la base regulatoria de crédito en favor del actor asciende a la suma de $ 9.560.000, por sumas fijas y a determinar por sumas variables, más el cálculo final deberá realizarse sobre el monto total bruto de acuerdo a lo prescripto por el legislador en la ley especial referida (art.17) y deberá surgir de la pericia contable de rito”.
II. En este punto del relato de antecedentes, interesa remarcar que - como ya lo señalé- la demanda de autos se encuentra exclusivamente referida a la suscripción del nuevo contrato que, con fecha 1/3/2021, celebró el jugador Joaquín Indacoechea con el aquí demandado Club Atlético Aldosivi, el cual he detallado en el anterior apartado I. Y es menester precisar, con exactitud, el objeto de la presente reclamación, puesto que, con fecha 19/12/2019, el Club Atlético Gimnasia y Esgrima ya había percibido la suma de $ 73.159, por derecho de formación deportiva, en virtud de un primer contrato que se celebró entre el jugador Joaquin Indacoechea y el Club Atlético Aldosivi (este dato no se indicó en la demanda, pero surge de la prueba informativa que se produjo en el curso del proceso).
En efecto, este dato relevante emerge de otro oficio librado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cual fue respondido -con fecha 15 de marzo de 2022- por la abogada apoderada María A. Cimino, quien adjuntó la resolución dictada por la Gerencia COMET con fecha 17/12/2019. En esta resolución se hizo referencia al reclamo formulado por el Club Gimnasia y Esgrima al Club Atlético Aldosivi, por la formación del jugador Joaquín Indacoechea por los períodos 8/4/2013 al 31/12/2013 y 8/5/2014 al 31/12/2014, haciéndose constar que este derecho se origina, “por la firma de su primer contrato en el club demandado”. También se señaló que el Club Atlético Aldosivi se presentó contestando el traslado conferido, “reconociendo la existencia del primer contrato denunciado y el carácter de formador del club demandante”. Asimismo, en la parte dispositiva de esta resolución, se intimó al Club Atlético Aldosivi a que abone, en el plazo de 30 días, al Club Gimnasia y Esgrima de la Liga Tandilense de Fútbol, la suma de $ 73.158,90, en concepto de indemnización por formación en relación con la firma del contrato con el jugador Joaquín Indacoechea. Por último, el referido importe fue abonado por el club obligado al pago, tal como resulta de la factura emitida por el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Tandil, con fecha 19/12/2019, por la suma de $ 73.159 (esta factura también fue adjuntada con la respuesta del oficio librado a la AFA).
II. Pues bien, la demanda de autos fue contestada por el Club Atlético Aldosivi, quien solicitó su rechazo sobre la base de diversos argumentos que paso a sintetizar.
1. En lo sustancial, sostuvo que la ley 27.211 -invocada por la parte accionante- resulta ajena al caso de autos, puesto que el marco normativo a aplicarse por la formación de jugadores jóvenes en el ámbito del fútbol argentino, está dado por el Boletín Especial n° 3886 de la AFA, vigente desde el 23/5/2006 al 18/10/2018, en que fue reemplazado por el Boletín Especial n° 5551 de esa misma entidad. Y prosiguió señalando con cita del art.14 de la ley 27.211, que el referido Boletín Especial n° 3886 es más específico para la práctica del fútbol, e incluso superador de lo establecido por dicha ley, por lo que ésta “resulta de carácter supletorio a la normativa de AFA”.
2. Señaló, además, que “bastante tiempo antes del inicio de estas actuaciones, la propia actora ha efectuado un reclamo por derecho de formación del jugador profesional Joaquín Indacoechea por intermedio de la AFA y en ejercicio del referido Boletín especial 5551 de dicha entidad, habiendo percibido en tiempo y forma los importes que le correspondían por tales conceptos, con lo que no ha hecho más que ratificar la plena vigencia y aplicación de dicha norma, resultando al menos de mala fe contradictorio con sus propios actos que ahora pretenda olvidar aquello y efectuar un nuevo reclamo en base a la ley 27.211” (lo destacado es propio).
3. También sostuvo la demandada que “la propia ley 27.211 prevé en su art.15 que en los casos que exista reglamentación federativa, el reclamo se deberá iniciar previamente a la federación, y solo en los casos en que el mismo se torne abstracto recurrir a la justicia ordinaria”. En función de ello, dijo que “la pretensión de autos es absolutamente improcedente, debiendo la actora efectuar el reclamo que considere pertinente por intermedio de los órganos de la Asociación del Fútbol Argentino conforme establece el Boletín citado” (lo resaltado me pertenece).
4. En forma subsidiaria, adujo la accionada que “la ley 27.211 tampoco resultaría aplicable al presente caso por haber entrado en vigencia con fecha 18 de noviembre de 2015, o sea varios años después del supuesto derecho reclamado en autos, que sería la formación realizada entre 2013 y 2014. Nótese que la ley no prevé en ninguno de sus artículos la aplicación a las relaciones nacidas con anterioridad a su promulgación, por lo que resulta absolutamente ilegal la aplicación retroactiva de la misma tal como pretende la actora”. Y agregó en este mismo sentido que “si la supuesta formación del jugador por parte del Club Gimnasia y Esgrima de Tandil finalizó en el año 2014, no puede pretenderse la aplicación retroactiva de un derecho establecido a partir del 18 de noviembre de 2015” (lo remarcado es de mi autoría).
5. En otro orden, sostuvo la demandada que “tampoco la actora acredita haber formado al jugador, tal como insólita e infundadamente se invoca en la demanda, no bastando con haberlo tenido registrado a su nombre”. Y añadió que “no alcanza con que el jugador haya estado registrado a su nombre, sino que se debe probar que el Club reclamante efectivamente participó en la formación del jugador, no existiendo en la norma invocada en la demanda ninguna presunción a su favor. Deberá entonces la actora agregar a estos actuados las fichas correspondientes a los partidos de cada una de las temporadas en que dice que formó al jugador, ya que de lo contrario no se encontrará acreditada la supuesta formación que invocan” (los destacados son propios).
6. Asimismo, dijo que “en el supuesto e hipotético caso en que la ley 27.211 resultara aplicable a la situación bajo análisis, extremo que desde ya descarto, la renovación de un contrato profesional entre un jugador y el mismo Club que ya resulta titular de su derecho federativo, no se encuentra previsto como hecho generador del derecho de formación pretendido”. Luego de aludir al art.18 de la ley 27.211, señaló que en el presente caso “sólo se ha extendido el contrato profesional que se encontraba vigente entre las partes, y por lo que tampoco existe una nueva entidad deportiva de destino del jugador” (lo resaltado corresponde al suscripto).
7. Para el supuesto que se la condenara a abonar alguna suma de dinero, solicitó que se tomen como pago a cuenta a los importes oportunamente efectivizados por su parte en el marco del proceso administrativo que se realizó ante la AFA, en los términos del Boletín Especial 5551.
8. Por último, sobre la base de diversas consideraciones, planteó la inconstitucionalidad de los arts. 6, 7, 18 y 23 de la ley 27.211.
IV. Al contestar el traslado que le fue conferido, la parte actora, entre otras consideraciones, formuló los señalamientos que a continuación paso a exponer brevemente.
Así expresó la actora que “la mera existencia de un reglamento federativo deportivo que pretenda regular una serie de conductas o sucesos entre algunos miembros adherentes de una entidad deportiva, en modo alguno puede siquiera rayanamente invalidar la aplicación de una norma pública, que además otorga mayores derechos que ese propio reglamento federativo por los mismos hechos y conductas tratadas” (lo enfatizado me pertenece).
Y en otro orden, puntualizó que “en cuanto a la posición de la existencia de un reclamo previo, el mismo se dio ante un hecho generador distinto al que nos convoca ahora. Aquél fue la suscripción de un primer contrato profesional, es decir, el paso de condición de aficionado a profesional, y lo que ahora nos toca es la suscripción de un nuevo contrato profesional, o sea la continuidad de su condición de profesional. Son dos hechos distintos y generadores de obligaciones distintas. El último de ellos solo recogido por la legislación nacional invocada para promover esta causa”. Y en consonancia con ello, señaló que “el Boletín 3886 jamás resultó operativo en términos federativos, y que motivó la necesidad de la redacción de la ley citada. El Boletín 5551 sí tiene vigencia en el ámbito federativo pero no para abarcar un hecho generador como el planteado en esta causa por cuanto resulta inaplicable al caso” (todo lo destacado es propio).
V. Tramitado el proceso se arribó al dictado de la sentencia de la anterior instancia de fecha 13/9/2022, que ha llegado apelada a esta sede recursiva.
En dicho decisorio se hizo lugar a la demanda interpuesta por el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Tandil, condenándose al Club Atlético Aldosivi de Mar del Plata a que en el plazo de diez días de quedar firme la liquidación respectiva, pague al accionante la suma resultante de los derechos de formación deportiva del jugador Joaquín Indacoechea. Asimismo, se dispuso que el perito contador Francisco Salto deberá practicar la pertinente liquidación, en el proceso de ejecución de sentencia que nacerá una vez que esa sentencia adquiera firmeza. Las costas se impusieron a la demandada con arreglo a la regla del vencimiento en juicio, y se difirió la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente.
En dicha sentencia se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.211, articulado por la parte demandada, y se examinó el fondo de la cuestión, concluyéndose en la procedencia del reclamo incoado por el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Tandil. Valorando la pericia contable practicada en autos, se sostuvo que la misma no es acertada en cuanto incluye el concepto del SAC, pues éste no surge de los instrumentos contractuales.
Mediante resolución aclaratoria de fecha 23/9/2022, se dispuso que “el monto de condena que resulte de la oportuna liquidación llevará intereses, debiendo los mismos correr desde la interposición de la demanda y hasta el efectivo pago, y liquidarse a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días a tasa pasiva digital”.
A fin de evitar reiteraciones innecesarias, las motivaciones de este fallo se examinarán en la parte principal del presente voto.
VI. La aludida sentencia fue pasible de los recursos de apelación deducidos por ambos contendientes.
1. La parte actora se agravió de la sentencia por cuanto en la misma no se incluyó el sueldo anual complementario, en virtud de que este concepto no surge de los instrumentos contractuales. Por el contrario, el actor apelante considera que este rubro debe ser incluido en la condena, invocando lo dispuesto en el art.121 de la Ley de Contrato de Trabajo y en el art.13 del CCT 557/09.
Además, el club accionante se agravió en lo que respecta al cómputo de intereses, puesto que, según la ley aplicable, el obligado al pago debe abonar la compensación establecida dentro de los treinta (30) días contados a partir del hecho o acto jurídico que generó el beneficio (art.9 de la ley 27.211). Y así señaló que “la mora para este caso es de origen legal y de forma automática, contrariamente a lo dispuesto en la sentencia que supuso una manifestación del acreedor dirigida al deudor para cobrar la mentada compensación”.
2. Por su parte, la entidad deportiva demandada expresó sus agravios sobre la base de distintos argumentos que, en lo sustancial, son coincidentes con los que expuso en oportunidad de contestar la demanda, los cuales he reseñado -detenidamente- en el apartado III del presente voto. Los mencionados escritos recursivos fueron contestados por las partes contrarias y, con posterioridad, se cumplimentaron los trámites procesales de rigor, practicándose el sorteo de ley. De esta manera, han quedado las presentes actuaciones en condiciones para el dictado de la presente sentencia.
VII. Incursionando en la cuestión motivante del presente litigio, cabe puntualizar que, con fecha 4/11/2015, se sancionó la ley 27.211 - promulgada el día 18/11/2015-, que instituyó y reguló el Derecho de Formación Deportiva, el que se reconocerá a las Asociaciones Civiles sin fines de lucro y a las Simples Asociaciones, cuya principal actividad sea la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y representación deportiva en todas sus disciplinas (art.1° de dicha ley). Esta norma legal es la que sustenta la reclamación de la parte actora, por lo que su interpretación resulta relevante a los fines de esclarecer la temática planteada en el presente proceso.
En otros artículos de esta ley que revisten relevancia para la cuestión de autos, se establece lo siguiente: “La Asociación Civil o Simples Asociaciones que ejerzan la formación deportiva, tienen derecho a percibir por su actividad una compensación en dinero o su equivalente en especie” (art.3°); “La formación deportiva es el adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento de la calidad y destreza del deportista involucrado en la práctica de una disciplina amateur o profesional. La disciplina deportiva, cualquiera fuera su modalidad, se considera como una sola a los fines de esta ley” (art.4°); “El Derecho de Formación Deportiva se adquiere cuando el deportista se haya inscripto federativamente a fin de representar a la entidad deportiva en confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones con personería jurídica reconocida” (art.5°); “El período de formación deportiva es aquel que se encuentra comprendido entre el año calendario del noveno cumpleaños del deportista y el año calendario del décimo octavo, ambos incluidos” (art.6°).
Cobra especial importancia el artículo 7° de la ley 27.211, donde se establecen los supuestos en que se hace efectiva la compensación que se debe abonar en concepto de derecho de formación deportiva, a la Asociación Civil o Simple Asociación que tuvo a su cargo la formación del deportista. Y señala este artículo 7°, que la compensación se debe abonar en los siguientes casos: a) Cuando el deportista es amateur y celebre el primer contrato profesional; b) Cuando el deportista es profesional, cada vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva, conservando el mismo estatus, o cada vez que suscribe un nuevo contrato. Por su parte, el artículo 8° es el que delimita la profesionalidad del deportista y brinda el concepto de contrato profesional, al expresar que debe considerarse tal, a “aquel que estipule una retribución mensual al deportista, que sea igual o superior al salario mínimo, vital y móvil, bien se trate de contrato de trabajo, locación de servicio, beca, pasantía o cualquier otra modalidad o forma jurídica de vinculación entre el deportista y la entidad deportiva”.
A su vez, el art.18 de la ley 27.211, en su primer párrafo, puntualiza que: “En aquellos deportes colectivos federados, cuando el deportista es profesional, cada vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva conservando el mismo estatus, o cada vez que suscribe un nuevo contrato, la entidad deportiva de destino debe abonar a las entidades formadoras en concepto de derecho de formación deportiva, la suma resultante de aplicar un cinco por ciento (5%) sobre el valor bruto de transferencia de derechos federativos o cualquiera sea la denominación que se utilizare”.
Sólo resta señalar en el presente apartado que, en su contestación de demanda, la parte demandada planteó la inconstitucionalidad de los artículos 6, 7, 18 y 23 de la ley 27.211 (ver apartado III, punto 8), pero este planteo fue rechazado en la sentencia apelada, sin que la cuestión haya sido reeditada en la expresión de agravios presentada en esta alzada (art.260 del Cód. Proc.).
VIII. He resaltado los conceptos medulares de los arts.7 y 18 de la ley 27.211, porque los mismos revisten marcada trascendencia a los fines de la cuestión debatida en autos.
1. Señalé en el apartado II del presente voto que, con fecha 19/12/2019, el accionante Club Atlético Gimnasia y Esgrima ya había percibido la suma de $73.159, por derecho de formación deportiva, en virtud de un primer contrato que se celebró entre el jugador Joaquín Indacoechea y el Club Atlético Aldosivi (este dato surge del oficio librado en autos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al cual se adjuntó la resolución dictada por la Gerencia COMET con fecha 17/12/2019). Conforme ya lo puntualicé en el apartado II, en esta resolución se hizo referencia al reclamo formulado por el Club Gimnasia y Esgrima al Club Atlético Aldosivi, por la formación del jugador Joaquín Indacoechea por los períodos 8/4/2013 al 31/12/2013 y 8/5/2014 al 31/12/2014, haciéndose constar que este derecho se origina, “por la firma de su primer contrato en el club demandado”. También se señaló que el Club Atlético Aldosivi se presentó contestando el traslado conferido, “reconociendo la existencia del primer contrato denunciado y el carácter de formador del club demandante”. Asimismo, en la parte dispositiva de esta resolución, se intimó al Club Atlético Aldosivi a que abone, en el plazo de 30 días, al Club Gimnasia y Esgrima de la Liga Tandilense de Fútbol, la suma de $ 73.158,90, en concepto de indemnización por formación en relación con la firma del contrato con el jugador Joaquín Indacoechea. Por último, el referido importe fue abonado por el club obligado al pago, tal como resulta de la factura emitida por el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Tandil, con fecha 19/12/2019, por la suma de $ 73.159 (esta factura también fue adjuntada con la respuesta del oficio librado a la AFA).
O sea que el cobro de la referida suma de $ 73.159, por parte del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Tandil -que tuvo lugar el día 19/12/2019-, obedece al derecho de formación profesional por el primer contrato profesional celebrado por el jugador Joaquín Indacoechea con el Club Atlético Aldosivi de Mar del Plata, lo cual encuadra -claramente- en el inciso a) del art.7 de la ley 27.211, que contempla el derecho a la compensación en dinero “cuando el deportista es amateur y celebre el primer contrato profesional”.
2. Ahora bien, la demanda de autos versa sobre un supuesto diferente al antedicho, ya que el club accionante pretende el cobro de la compensación por derecho de formación profesional, en virtud del nuevo contrato que el jugador Joaquín Indacoechea celebró con el Club Atlético Aldosivi con fecha 1/3/2021, cuya vigencia se extiende hasta el día 31/12/2025 (ver apartado I del presente voto). Pues bien, en mi opinión, esta situación halla encuadramiento en la última parte del inciso b) del art.7 de la ley 27.211, que prevé el derecho a la compensación en dinero “cuando el deportista es profesional, cada vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva, conservando el mismo estatus, o cada vez que suscribe un nuevo contrato” (destaco en negrita la última parte del inciso que juzgo aplicable al caso).
Sobre esta temática gira la cuestión medular del presente proceso, puesto que el club demandado se opone a la reclamación del accionante, sobre la base de los argumentos que seguidamente reseñaré. En síntesis, lo que se halla en discusión en el caso de autos y debe ser dilucidado por esta alzada, se centra en determinar si la compensación por derecho de formación deportiva debe ser abonada a la entidad formadora cada vez que el jugador profesional suscribe un nuevo contrato -como postula la parte actora-, o si, por el contrario, esa compensación sólo debe pagarse en dos momentos determinados: cuando el jugador amateur celebra el primer contrato profesional, y cuando el jugador ya es profesional, cada vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva, conservando el mismo estatus (ésta última es la postura asumida por la entidad deportiva demandada, como se verá a continuación). En efecto, en la expresión de agravios de la parte demandada, al citar los arts. 7, 17 y 18 de la ley 27.211, se dijo que en este cuerpo normativo “no se prevé la modificación de un contrato vigente como un supuesto que genere la indemnización pretendida”, agregándose que en el presente caso “sólo se ha modificado o extendido el contrato profesional que se encontraba vigente entre las partes, y por lo que tampoco reviste una nueva entidad deportiva de destino del jugador”. Puntualizó además el club demandado, que “no se puede pretender ampliar la aplicación de dicha norma a supuestos no determinados en la misma, ya que de lo contrario se estaría excediendo de la interpretación de la ley para asumir atribuciones legislativas que se encuentran claramente vedadas al poder judicial”. Delineando su parecer, adujo el recurrente que: “De acuerdo a ello, no queda ninguna duda que únicamente son dos los supuestos en los que se aplica la ley en relación al fútbol profesional, uno de ellos es la firma del primer contrato del deportista, y el otro es la transferencia de los derechos federativos entre dos entidades. Ninguno de esos supuestos abarca la situación bajo análisis, en la cual solo se produjo una modificación al contrato profesional que había suscripto el jugador con mi mandante y que se encontraba vigente, pactándose una extensión de la fecha de vencimiento y una mejora económica” (los destacados son de mi autoría).
Me apresuro a destacar que en el caso de autos no se está ante una simple modificación del contrato, como propicia el Club Atlético Aldosivi, sino que se está ante un nuevo contrato que esta entidad celebró con el jugador Joaquín Indacoechea, con fecha 1/3/2021. Así emerge -con absoluta nitidez- de la documentación remitida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que obra en el expediente de diligencias preliminares, pudiendo visualizarse que el contrato federativo registrado en esa entidad se denomina “contrato profesional”, y en su encabezado consta el membrete: “Liga Profesional de Fútbol Asociación del Fútbol Argentino” (a su vez, este contrato profesional se encuentra acompañado por el denominado convenio privado, que no lleva el membrete de la AFA, sino del Club Atlético Aldosivi). O sea que, por tratarse de un nuevo contrato, se encuentra claramente comprendido en la última parte del inciso b) del art.7 de la ley 27.211, donde se establece que la compensación que corresponde abonar en concepto de derecho de formación deportiva, se hace efectiva cada vez que el deportista suscribe un nuevo contrato.
Quiere ello decir que no son únicamente dos los supuestos en que corresponde el pago de la compensación por derecho de formación deportiva, como lo plantea el club apelante cuando sostiene que este derecho se genera con la firma del primer contrato profesional del deportista amateur (art.7 inc. a) de la ley 27.211), y con la transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva, cuando el deportista es profesional (art.7 inc. b), primera parte, de la ley 27.211). Por el contrario, hay un tercer supuesto en que también se genera el derecho a esa compensación, y que se configura cuando el jugador profesional suscribe un nuevo contrato (art.7 inc. b), última parte, de la ley 27.211). Éste tercer supuesto es, precisamente, el que comprende al caso debatido en el presente juicio.
Esta solución que, a mi juicio, resulta con claridad de la misma letra de la ley 27.211, y también de su finalidad (arts.1 y 2 del C.C.C.N.), ha sido pasible de opiniones dispares en doctrina y jurisprudencia, sobre todo en el ámbito del fútbol profesional. En los puntos siguientes analizaré - brevemente- las posturas que se han desarrollado sobre esta temática.
3. Interesa destacar en el inicio de este punto que, antes de la sanción de la ley 27.211 -el día 4/11/2015-, ya regía el derecho de formación deportiva en el ámbito del fútbol profesional, tal como resulta de la documentación adjuntada por el club accionado al contestar la demanda. En efecto, con ese escrito de responde se acompañó el Boletín Especial n° 3886 de la AFA, de fecha 23/5/2006, donde se estableció el “Reglamento que regula la indemnización por la formación de jugadores jóvenes”. Y de este reglamento se desprende que los hechos generadores de esa indemnización por formación, son más acotados que los que, con posterioridad, previeron los arts.7 y 18 de la ley 27.211. Precisamente, por este carácter más restrictivo de la norma federativa, la parte demandada ha pretendido aferrarse a ella y proclamar, sin razón, la inaplicabilidad al caso de la ley 27.211.
En efecto, en el art.2 del Boletín Especial n° 3886 de AFA, se establece que corresponde abonar una indemnización por formación en los siguientes casos: a) Por primera vez, cuando un jugador adquiere el estatuto de jugador no aficionado (o profesional); b) Posteriormente, por cada transferencia, cuando la misma resulte de jugador amateur a profesional, o de profesional a profesional. Dicho boletín fue suplantado por el Boletín Especial n° 5551, de fecha 18/10/2018 -también agregado con la contestación de demanda-, donde, en forma similar, se contemplan dos supuestos en que se genera el derecho a la indemnización por formación de jugadores jóvenes. Estos dos supuestos son los siguientes: a) La indemnización por formación debe abonarse cuando el jugador firme su primer contrato profesional antes de que finalice la temporada en que cumpla los 23 años de edad; b) La indemnización por mecanismo de solidaridad se abonará cuando un jugador profesional es transferido de manera onerosa entre dos clubes directa o indirectamente afiliados a la AFA, durante la vigencia de su contrato.
Tal como puede apreciarse, estas normas federativas sólo contemplan como hechos generadores de la indemnización, al primer contrato profesional del jugador, y a la transferencia del jugador de manera onerosa entre dos clubes, durante la vigencia de su contrato. O sea que no prevén el supuesto expresamente establecido en el art.7 inc. b), última parte, de la ley 27.211, que, como lo vengo señalando, torna efectivo el pago de la compensación en concepto de derecho de formación deportiva, cada vez que el deportista profesional suscribe un nuevo contrato. De manera tal, que la ley 27.211 ha establecido un supuesto de procedencia de la compensación por derecho de formación deportiva, que en el ámbito del fútbol no está reconocido en las normas federativas, lo que ha desencadenado opiniones encontradas en doctrina y jurisprudencia. Esta situación fue tempranamente advertida por Ricardo Frega Navía, quien señaló que “estamos en presencia de una ley nacional que es única en derecho comparado. La problemática de los derechos de formación es propia de algunos de los reglamentos federativos internacionales (por ej., en el fútbol, el básquet y rugby), así como de algunos de ámbito nacional”. Y dijo este autor al precisar -con exactitud- los hechos generadores de la compensación por formación deportiva, que “para los deportes colectivos se fija que nacerá este derecho cuando firme el deportista su primer contrato profesional, también cuando se realice la transferencia de los derechos federativos (que incorrectamente se los denomina como pases, ventas de jugadores, etc.), y además cada vez que suscriba un nuevo contrato profesional. Posiblemente, esta última causal será la que traiga aparejada la mayor cantidad de resistencias” (Comentario a la ley nacional 27.211, ADLA 2015-33,77, TR LA LEY AR/DOC/4411/2015; lo destacado es propio).
La opinión de Frega Navía resulta de trascendental importancia para interpretar en sus debidos alcances la ley 27.211, porque este jurista integró la Comisión Especial creada por la Asociacion Latinoamericana de Derecho del Deporte (ALADDE), que elaboró técnicamente el proyecto de la ley que surgió por iniciativa de la Diputada Nacional Lic. Claudia Giaccone (ver Gerbaudo, Germán E., Aproximaciones al derecho de formación deportiva, publicado en SJA 21/9/2016, 7, TR LA LEY AR/DOC/4430/2016; señala este autor que, además del Dr. Ricardo D. Frega Navía, dicha Comisión Especial estuvo integrada por los Dres. Norberto O. Outerelo, Giselle Caudana y Augusto Fonte).
Es por lo antedicho que la opinión del Dr. Frega Navía reviste relevancia, siendo de interés recalar en otros párrafos de su artículo, donde pone claramente de resalto la finalidad de la ley 27.211. Así se tiene que al aludir al art.14 de la ley 27.211, afirma este autor que “la norma apunta a que cada federación regule esta materia en forma más específica, y dando de ese modo protagonismo a la figura de la autorregulación de la organización deportiva, y consecuentemente a tal efecto les faculta a que dentro del plazo de 6 meses de promulgada esta ley fijen reglamentariamente el modo para determinar y hacer exigible este derecho. Todo ello tomando como piso y punto de partida lo dispuesto en esta ley” (conf. Frega Navía, artículo citado). En efecto, el referido artículo 14 resulta gravitante, ya que, luego de otorgar un plazo de seis meses a las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones para incorporar en sus reglamentos el derecho de formación deportiva, sienta reglas claras en cuanto a la operatividad de la ley 27.211, estableciendo lo siguiente: a) Vencido el plazo de seis meses y ante la falta de reglamentación federativa, la ley es de aplicación definitiva; b) En aquellos casos en los que no estén contemplados expresamente en el reglamento federativo, esta ley se aplica supletoriamente; c) En el caso de existencia de conflicto entre lo dispuesto en esta ley y el reglamento federativo, se aplica la norma más favorable para el titular del Derecho de Formación Deportiva. Entiendo que en el caso que nos ocupa se configura el supuesto previsto en el mencionado inciso c) del art.14, porque si bien el derecho de formación deportiva ya se encuentra regulado en los boletines de AFA n° 3886 y n° 5551, lo cierto es que estas normas federativas tienen un alcance más acotado que los arts.7 y 18 de la ley 27.211, al no contemplar el supuesto en que el jugador profesional suscribe un nuevo contrato (arts. 7 inc. b), última parte, y 18 de la ley 27.211). Ello me lleva a sostener que deben aplicarse estas normas establecidas en la ley 27.211, que rige en la materia, por resultar más favorables para el titular del derecho de formación deportiva. De esta manera, estoy refutando el planteo de la parte demandada, quien a lo largo del juicio ha sostenido -sin razón- que la ley 27.211 resulta ajena al caso de autos, por tener un carácter meramente supletorio (ver apartado III, punto 1 del presente voto). Este planteo debe ser rechazado por inadmisible.
Y la plena aplicabilidad de la ley 27.211, que desplaza a las normas federativas, se muestra con suma claridad en otro párrafo del citado artículo de Frega Navía, cuando puntualiza lo siguiente: “Evidentemente, el esquema argumental central de esta norma es muy preciso: las federaciones tienen el derecho de regular esta materia, pero deben hacerlo de un modo que se fijen cantidades que al menos respeten lo aquí ordenado, y asimismo debe hacerlas operativas. Caso contrario, justamente podría ocurrir que la regulación federativa se transforme en una herramienta para fácticamente desarticular este derecho, en defensa de las entidades deportivas más poderosas, que probablemente sean las que tengan que pagar mayor cantidad de dinero por este concepto. Un claro ejemplo de ello es lo que se observa en el fútbol, cuando contemplamos que por el Boletín especial de la AFA n° 3886 se regula este derecho, pero se hizo de una forma que nunca fue operativo, y todo ello en defensa de los clubes de primera división en desmedro de los clubes de ascenso y de los afiliados a las ligas que son parte del Consejo Federal (vulgarmente denominados como los clubes del ‘interior’). Si la federación en cuestión no regulase este derecho en el aludido plazo, y dentro de los contenidos mínimos exigidos, se aplicará en dicha disciplina directamente el contenido de esta ley”. La conclusión dada por este autor resulta categórica, al afirmar que “la arquitectura de la ley es respetar como punto de partida la autonomía federativa deportiva, y a su vez construir mecanismos para obligar a esas reglamentaciones que respeten el contenido básico de este derecho (fijando un piso obligatorio), así como asegurar el estricto cumplimiento del mismo” (conf. Frega Navía, Comentario a la ley nacional 27.211, artículo citado; lo destacado es propio). Para culminar este punto, debo destacar que la opinión doctrinaria sentada en el párrafo precedente, también encuentra sustento en el art.16 de la ley 27.211, según el cual, “la reglamentación federativa no puede establecer un monto compensatorio por Derecho de Formación Deportiva inferior a los parámetros establecidos en esta ley”.
4. Recalando nuevamente en el concreto caso en juzgamiento, ya adelanté opinión en el sentido de que la celebración del nuevo contrato celebrado entre el Club Atlético Aldosivi y el jugador Joaquín Indacoechea con fecha 1/3/2021, se encuadra claramente en la última parte del inciso b) del art.7 de la ley 27.211, donde se establece que la compensación que corresponde abonar por derecho de formación deportiva se hace efectiva cada vez que el deportista suscribe un nuevo contrato. Esta solución es también receptada en el art.18 de la ley, al señalar que, en aquellos deportes colectivos federados, cuando el deportista es profesional, se genera el derecho a la compensación por formación deportiva -entre otros supuestoscada vez que suscribe un nuevo contrato.
Ya reproduje la opinión de Frega Navía -integrante de la Comisión Especial que intervino en la elaboración técnica del proyecto de ley-, quien expresa que para los deportes colectivos se genera este derecho -entre otros supuestos- cada vez que el deportista suscriba un nuevo contrato profesional; advirtiendo este jurista que esta causal será la que traiga aparejada la mayor cantidad de resistencias (Comentario a la ley nacional 27.211, artículo citado). Efectivamente, estas resistencias se han producido, y las mismas se ven reflejadas en los distintos conflictos que se han planteado en la instancia judicial.
Y acerca de este supuesto en el que considero está comprendido el caso de autos, es de utilidad recalar en otra opinión doctrinaria que a mi entender resulta valiosa. Así se ha expresado, en relación al art.7 inciso b), última parte, de la ley 27.211, que “la ley dispone que surge la indemnización por formación cada vez que se suscriba un nuevo contrato. Esto es una importante novedad, no prevista en el RETJ. Así, un futbolista profesional que renueva su vínculo contractual con la entidad a la cual presta sus servicios determinará el surgimiento de la obligación de indemnizar. Aquí surge una importante fuente de financiamiento para los clubes formadores que deberán estar muy atentos en el seguimiento de la vida laboral de los deportistas que han formado. No obstante, muchas veces la falta de profesionales adecuados y de medios económicos para el seguimiento de los deportistas determinará que se frustren en la práctica el cobro de estas compensaciones. Asimismo, como bien señala Ricardo Frega Navía, esta ‘causal será la que traiga aparejada la mayor cantidad de resistencias’” (conf. Gerbaudo, Aproximaciones al derecho de formación deportiva, artículo citado; lo resaltado corresponde al suscripto).
5. En el plano jurisprudencial se ha dictado un importante precedente, que recibió comentarios laudatorios en doctrina, y que confirma el criterio que vengo desarrollando en el presente voto. En este punto haré una breve referencia a los aspectos medulares de este pronunciamiento de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, Sala III, de fecha 4/2/2022, en autos “Club Atlético María Grande c/Club Atlético River Plate s/Sumarísimo”, publicado en Erreius, mayo de 2022, cita digital IUSJU010551F (con nota de Agustina Chana Cuzzolino).
A modo de introducción, en la nota a fallo de Agustina Chana Cuzzolino, se puntualiza que la Cámara confirmó la sentencia que condenó al Club Atlético River Plate al pago de $ 4.145.587, más intereses y costas, a favor del Club Atlético María Grande, de Entre Ríos, por los derechos de formación deportiva del jugador Milton Casco. Y se expresa en esta nota a fallo que “los hechos determinados por la justicia entrerriana confirmaron que el jugador en cuestión formó parte de la Institución María Grande desde el 4/4/1995 hasta el 1/3/2006, como jugador inscripto en la Liga de Fútbol de Paraná (liga afiliada a la AFA). Habiendo formado parte de los planteles de Primera División de Gimnasia y Esgrima de La Plata y de Newell’s Old Boys, el jugador fue transferido a River el 9/9/2015, suscribiendo, posteriormente, dos nuevos contratos en los años 2017 y 2019”.
En el pronunciamiento de la Cámara se analizó la “atribución de la calidad de hecho generador del derecho de formación deportiva previsto en la ley 27.211 a las renovaciones de contratos celebradas entre el jugador Casco y el club demandado”. Y en un párrafo que reviste importancia para el caso de autos, la Cámara interpretó el art.7 inc. b), última parte, de la ley 27.211 -tal vez por un error material en la sentencia se indica art.7 inc. c)-, señalando que es la primera disposición que en la ley consagra los momentos en que se hace efectivo el derecho de formación deportiva en los deportistas profesionales Y así precisa la Cámara que dicho artículo es claro, al igual que el art.18, “en cuanto a que está incluido como motivante el derecho a indemnizar, no solo la transferencia y el primer contrato que firme un deportista profesional, sino también los restantes contratos que suscriban con la entidad contratante: sea una nueva o la misma, mediante renovación contractual.
No se entiende de otro modo la proposición ‘o’ que se utiliza para separar siempre hipótesis o situaciones alternas no excluyentes: o se da una hipótesis o bien la otra: cada vez que hay una transferencia o bien, cada vez que se firma un nuevo contrato, se genera el derecho de formación deportiva a favor de la entidad formadora. Y la renovación contractual, no es sino un nuevo contrato. La ley no distingue si el jugador es libre o no a los efectos del nuevo contrato; tampoco excluye el nacimiento de este derecho cuando no se trate del primer contrato después de una transferencia” (lo resaltado me pertenece). En el fundamento del fallo que he citado en el párrafo anterior, la Cámara realizó una interpretación literal de la norma, pero también analizó la finalidad de la ley 27.211, aseverándose en el voto de la Dra.
Rodríguez Amable que: “la ley reglamenta el otorgamiento de un derecho a las asociaciones civiles o simples asociaciones que tienen objeto deportivo y de su lectura integral se advierte que la misma es preponderantemente protectoria de las asociaciones beneficiarias; provocado ello, en algún punto, en la notoria desventaja negociadora y económica de las pequeñas entidades deportivas formadoras de un deportista respecto de las entidades profesionales. Así, asoman a favor de las entidades una serie de disposiciones que apuntan directamente a que no se termine desbaratando en la práctica el beneficio acordado por la ley. Se adopta una postura ‘pro derecho de formación’: fijando un piso mínimo para la regulación del derecho en sede federativa; y solucionando los supuestos de conflicto entre los reglamentos existentes y la ley en favor de la letra del texto legal; fijando la opción a la competencia ordinaria para instaurar el reclamo, etc.”.
Y respaldando la interpretación finalista realizada en el decisorio de primera instancia que la Cámara confirmó, se dijo en el mencionado voto de la Dra. Rodríguez Amable que “esa lectura del plexo legal, avala también la interpretación finalista que efectúa la sentencia para sostener que, en definitiva, todo nuevo contrato que celebre el jugador profesional formado, generará el derecho indemnizatorio a favor de la entidad formadora”.
En otro comentario al referido pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, no se compartió el argumento del club demandado, consistente en que la renovación contractual no es un hecho generador del derecho de compensación en el ámbito del fútbol, sino que está referido a otros deportes como el básquet donde no existe una transferencia de derechos federativos. Y en este sentido sostuvo el comentarista del fallo que “más allá de lo controvertida que pueda parecer esta causal la ley es clara al respecto y por lo tanto toda renovación contractual generará a favor del club formador derecho a la compensación por formación. El art.7°, inc. b) es claro en cuanto a que el derecho de formación se concreta cada vez que un deportista profesional ‘suscribe un nuevo contrato’” (conf. Gerbaudo Germán E., El derecho de formación deportiva. Una importante herramienta de generación de recursos para las entidades deportivas formadoras, publicado en TR LA LEY AR/DOC/1168/2022).
6. A modo de cierre del presente apartado VIII, debo poner de resalto que tanto en el citado fallo de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, como en la doctrina que he analizado precedentemente, se realiza una adecuada interpretación literal y finalista de los arts.7 inc. b), última parte, y 18 de la ley 27.211, en consonancia con lo dispuesto en los arts.1 y 2 del C.C.C.N.
No escapa a mi análisis que en otro precedente jurisprudencial se arribó a una solución diferente, concluyéndose en que la renovación contractual que celebra un jugador de fútbol con el club para el que ya se encontraba fichado con anterioridad y con el cual ya había celebrado un contrato profesional en su momento, no constituye un hecho generador de la compensación económica reconocida por la ley 27.211, para él o los clubes que lo hubieran formado a aquél (conf. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario, Sala III, sentencia del 18/5/2023, en autos “Club Atlético Aprendices Casildenses c/Club Atlético River Plate s/otras diligencias”, publicado en MJ-JU-M-144767-AR/ MJJ 144767). Considero, sin embargo, que esta solución jurisprudencial no se compadece con la letra y finalidad de la ley; y ello sin perjuicio de las futuras reformas legislativas que pudieren introducirse al texto legal, si se entendiera que algunas de sus disposiciones no se adecuan a las especiales características del ámbito futbolístico. Pero mientras ello no suceda, la ley 27.211 debe ser aplicada conforme a su texto y finalidad, tal como lo vengo exponiendo en el decurso del presente voto.
En orden a la interpretación literal del texto legal, ha señalado - reiteradamente- la Corte Nacional, que “la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que exceden las circunstancias del caso, expresamente contempladas por las normas, ya que de otro modo, podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto” (C.S.J.N. Fallos 324:2885). En el mismo sentido ha expresado que “la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen (Fallos 306:72, 307:5 18), por lo cual las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras, sin violentar su significado específico, máxime cuando aquél concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376), y computando que los términos empleados en la norma no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos (Fallos 200:165). Que, por otra parte, la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ésta, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violación de su texto o de su espíritu (Fallos 307:928)” (C.S.J.N. Fallos 315:1258).
Y en un texto legal en que se había empleado la conjunción “o”, con el objeto de que la regulación abarcara a dos supuestos expresamente previstos en la norma, sostuvo el Máximo Tribunal de la Nación que “la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, y cuando emplea varios términos opcionales -como en el caso ‘director o quien lo reemplace’- es regla segura de exégesis la de que esos términos no son superfluos, sino empleados con algún propósito, dado que la inconsecuencia en el legislador no se presume” (C.S.J.N. 19/12/1991, LL 1992-C,476; DJ 1992-2-373). Agregando que “los jueces no deben sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió” (C.S.J.N. Fallos 316:2695, 1993). Como puede apreciarse, estas directrices son atinentes al caso que nos ocupa, dado que el inciso b) del art.7 de la ley 27.211, también emplea la conjunción “o” a los fines de que queden comprendidos dos supuestos de procedencia de la compensación por formación deportiva, en el caso de deportistas profesionales: cuando se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva o cada vez que se suscriba un nuevo contrato.
En ese mismo orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia Provincial ha resuelto que “la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero significado -el que tienen en la vida diaria-, y cuando la ley emplea varios términos, no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir conceptos, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador; y, además, cuando ésta no exige esfuerzo de comprensión debe ser aplicada directamente, sin que sea admisible efectuar consideraciones ajenas al caso que aquélla contempla. Siempre teniendo en cuenta que no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió” (S.C.B.A. P 123.961, sentencia del 18/10/2017, “Altuve”; P 131.163, sentencia del 14/10/2021, “Sobrino”, entre muchos otros).
Y con relación a la interpretación finalista del texto legal, la expresado la Corte Nacional que “las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, y de la manera que mejor se compadezcan con los principios y garantías constitucionales en tanto con ellos no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu de del precepto que rige el caso” (C.S.J.N. 19/12/1991, LL 1992-C,476, DJ 1992- 2,373). Con relación a los arts.1 y 2 del C.C.C.N., se ha señalado en doctrina que los mismos hacen referencia a las palabras de la ley, pero también a su finalidad, y con cita de precedentes de la Corte Nacional se puntualiza que “la norma debe ser interpretada en el sentido que mejor responda a la realización de sus fines” (conf. Grajales-Negri, Interpretación y Aplicación del Código Civil y Comercial, Bs. As.2016, págs.56 y 57; ver también Rivera, Instituciones de Derecho Civil, Parte General, tomo I, págs.179, 180, 181, 187, 188).
Pues bien, la hermenéutica de la ley 27.211 que he desarrollado a lo largo de los puntos precedentes, se ajusta a las mencionadas pautas de interpretación de los textos legales -literal y finalista-, habiéndose atendido, también, a los principios y valores que rigen los diferentes aspectos del derecho de formación deportiva (arts.1 y 2 del C.C.C.N.).
IX. En el presente apartado me ocuparé de otras alegaciones introducidas por la parte demandada, que de ningún modo pueden conmover las conclusiones que he sentado en el decurso de este voto.
1. En primer lugar, debe rechazarse el argumento de la accionada cuando asevera que, según el art.15 de la ley 27.211, en los casos que exista reglamentación federativa, el reclamo se deberá iniciar previamente a la federación, y sólo en los casos en que el mismo se torne abstracto recurrir a la justicia ordinaria. Sin embargo, esta reclamación previa en la instancia federativa se torna de imposible articulación en el presente caso, puesto que -como se dijo- los reglamentos de AFA no contemplan el supuesto de “nuevo contrato” entre los generadores del derecho a compensación por formación deportiva (me remito a lo señalado supra).
Precisamente, dicho art.15 prevé un procedimiento de ejecución eficaz, para aquellos casos en que exista reglamentación federativa, lo que no acontece en el supuesto en análisis, o más aún, dicha reglamentación se encuentra en pugna con los contenidos de la ley (art.14 inc. c) de la ley 27.211). Y, además, el art.29 de esta ley contempla en forma expresa la opción por la vía judicial, al señalar que: “El titular de la acción puede optar para ejercer los derechos amparados en esta ley ante la justicia ordinaria correspondiente a la jurisdicción del domicilio del acreedor” (ver Gerbaudo, Aproximaciones al derecho de formación deportiva, artículo citado).
Y tampoco es exacto el argumento de la accionada, cuando afirma que la actora ha realizado un “doble reclamo por un mismo hecho, tal como sucedió por ante el procedimiento de AFA en primer lugar y luego por la vía judicial en autos”. Me remito a lo ya explicado en el presente voto, donde señalé que el anterior reclamo tuvo por objeto el primer contrato del jugador con el Club Atlético Aldosivi -el cual fue canalizado ante la AFA-, mientras que el reclamo de autos obedece al nuevo contrato que se celebró entre el jugador y el club demandado, con fecha 1/3/2021 (ver apartado VIII, puntos 1 y 2).
2. En segundo lugar, debe desestimarse el planteo de la parte demandada, cuando asevera que la ley 27.211 no sería aplicable al caso de autos, por haber entrado en vigencia el día 18 de noviembre de 2015, o sea varios años después de la formación deportiva realizada por el club accionante en los años 2013 y 2014. Este argumento no resiste el análisis, pues la ley 27.211 es plenamente aplicable al caso de autos, por haber estado vigente cuando el jugador celebró el nuevo contrato de fecha 1/3/2021 (art.7 del C.C.C.N.) Éste es el hecho generador de la pretensión esgrimida en el presente proceso, y, además, la formación deportiva que realizó el club accionante en los años 2013 y 2014, fue expresamente reconocida por el club demandado cuando abonó la suma de $ 73.159, en el trámite federativo realizado ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) (ver apartado VIII, punto 1 de este voto).
En similar sentido, resulta inaudible la alegación de la accionada cuando dijo que la parte actora no acreditó la formación profesional del jugador (ver apartado III, punto 5 del presente voto). En efecto, en el mencionado trámite federativo cumplimentado ante la AFA, a raíz del cual el club accionante percibió la suma de $ 73.159, la entidad demandada admitió -en forma expresa- la formación deportiva realizada por el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Tandil, por lo que no puede pretender ahora, poniéndose en contradicción con sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, que el club formador vuelva a acreditar ese aspecto fáctico (S.C.B.A. Ac.50.993 del 30/8/1994, Ac.46.966 del 11/10/1995, Ac.56.359 del 5/7/1996, entre otros; arts.9, 729, 961, 1061, 1067 y ccs. del C.C.C.N.; arts.375, 384 y ccs. del C.P.C.C.).
Ha sostenido este Tribunal, en reiterados pronunciamientos, que “no es audible el obrar de quien primero exterioriza una voluntad eficaz y válida, admitiendo las consecuencias de un vínculo contractual y luego procura cancelar esos efectos desandando sus propios y efectivos actos de relevancia jurídica, desconociendo el sustrato fáctico ya admitido” (esta Sala, causas n° 47.191 del 04/11/2004, “Esquerdo”; n° 52.552 del 05/02/2009, “AADI-CAPIF…”; nº56.851 del 14/3/2013, “Arguello…”, n° 59.023 del 20/11/14, “Fritz…” y n ° 67.719 del 06/12/2021, “Pizarro…”, entre otras). Por ello, decidir lo contrario sería violatorio de la doctrina de los actos propios, la que se funda en el principio de la buena fe e impide a un sujeto colocarse en el proceso judicial en contradicción con su anterior conducta (SCBA, Ac. 85.059-S 30-5-2007; S.I. 96.863, JUBA B-1751115; B-28424, Ac. 89057, voto Dr. Negri, L 40005, S27-9-1988; esta Sala en causas n° 60.355 “Buzeki…” del 22/03/2016; n° 55.977, “Fernández…” del 27/10/2011), causa n° 67.920, “Cagliolo”, sentencia del 29/12/2021).
3. Finalmente, por razones análogas a las indicadas en el anterior punto 1, tampoco es de recibo el último planteo de la demandada, al pretender que si se la condena a pagar alguna suma de dinero, se tomen como pago a cuenta los importes oportunamente efectivizados por su parte en el marco del proceso administrativo que se realizó ante la AFA, en los términos del Boletín Especial n° 5551.
En efecto, como ya lo puse de relieve, el trámite realizado ante la Asociación del Fútbol Argentino estuvo referido al primer contrato que el jugador Joaquín Indacoechea formalizó con el Club Atlético Aldosivi, mientras que el reclamo objeto de este juicio se sustenta en el nuevo contrato que esas mismas partes celebraron el día 1/3/2021. O sea que se trata de dos hechos generadores absolutamente diferentes, por lo que no puede pretenderse que lo pagado por el primero, sea computado a cuenta de lo que la demandada deberá abonar en virtud del segundo; por lo que el planteo en análisis resulta claramente inadmisible.
X. Habiendo culminado, de esta manera, con el examen de los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación de la parte demandada, los que he desestimado por improcedentes, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fecha 13/9/2022, en cuanto hizo lugar a la demanda interpuesta por el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Tandil y condenó al Club Atlético Aldosivi de Mar del Plata a que, en el plazo de diez días de quedar firme la liquidación respectiva, pague al accionante la suma resultante de los derechos de formación deportiva de Joaquín Indacoechea, de acuerdo a la liquidación que efectúe el perito contador Francisco José Salto, en el procedimiento de ejecución de sentencia.
XI. Estando zanjado el aspecto principal del litigio, pasaré a ocuparme de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia, ha planteado la parte actora, los cuales se limitan a aspectos puntuales del reclamo (inclusión del sueldo anual complementario, fecha de mora y cómputo de intereses; ver apartado VI, punto 1, del presente voto).
1. En la sentencia apelada se hizo referencia a la pericia contable practicada por el Cdor. Francisco José Salto, y se determinó que “la misma no es acertada en cuanto incluye el concepto de SAC, lo cual de la lectura fiel de los instrumentos contractuales no surge el concepto. Sí está verificado la cantidad de días de formación (incluso establecido por la AFA en la primera reclamación de derecho de formación y el porcentual que significa en el contrato para la actora”. En función de ello, aseveró el Juez de grado que: “En el procedimiento de ejecución de sentencia deberá requerirse nuevamente a Francisco Salto (perito contador) que proporcione la liquidación debida a la actora, de acuerdo a la información suministrada en la demanda, respecto de los días y los años formativos de Indacoechea”. En su escrito de expresión de agravios señaló el accionante que “el juez a quo entiende que, por no estar escrito en el contrato laboral, no corresponde incluir el concepto denominado sueldo anual complementario en la liquidación prevista por la ley 27.211”. Y criticando esta solución del decisorio de grado, dijo el actor que el magistrado omitió considerar lo que la ley de contrato de trabajo 20.744 prevé en su art.121. Hizo referencia, también, al convenio colectivo de trabajo 557/09 que, según su parecer, sería de aplicación en la especie; y, por último, transcribió los arts.1 y 21 de la mencionada ley 20.744. Y así culminó su razonamiento sosteniendo que “la voz elegida por el legislador para determinar la compensación que nos trae esta pendencia ‘o cada vez que suscribe un nuevo contrato’ trae aparejada necesariamente el cómputo del sueldo anual complementario que de él se deriva”.
Si se compulsa el escrito de demanda se advierte, prontamente, que la inclusión del sueldo anual complementario no integró la pretensión de la parte actora, puesto que en el capítulo destinado a la liquidación sólo se indicaron los montos correspondientes a los sueldos mensuales del jugador en los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, con más los premios por punto ganado en partido oficial que el jugador participe, un reconocimiento especial por trayectoria y un premio por partido jugado (todo ello de conformidad con el contrato profesional y el convenio privado de fecha 1/3/2021, que obran en el expediente de diligencias preliminares). De esta manera, el planteo de la actora se presenta claramente inadmisible, al no haber sido sometida a la decisión del juez de primera instancia (arts.266 y 272 del Cód. Proc.).
Pero sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento, dicho planteo no se adecua a los términos de los instrumentos contractuales suscriptos entre el jugador y el club demandado, que en modo alguno prevén el pago del sueldo anual complementario, por lo que le asiste razón al Juez de grado cuando desestimó la inclusión de este concepto en el monto de condena. La norma estrictamente aplicable al caso de autos es el art.18 de la ley 27.211, según el cual, cada vez que el jugador suscribe un nuevo contrato, la entidad deportiva de destino debe abonar a la entidad formadora en concepto de derecho de formación deportiva, un cinco por ciento sobre el valor bruto del contrato. Estas y no otras son las pautas que deben regir en la especie, y en función de las mismas se practicó la pericia contable por parte del Cdor. Francisco José Salto de fecha 29/3/2022.
Fue así que el experto informó que “de las constancias agregadas a la fecha no es posible determinar los importes variables establecidos de la cláusula cuarta (premio por punto ganado o por partido que integre la planilla oficial). En el cuadro resumen se informa, el valor bruto de los conceptos indicados en la Cláusula segunda y Tercera, de acuerdo a lo solicitado por la parte demandada”. Seguidamente, en el cuadro respectivo, el perito detalló los montos correspondientes a los sueldos mensuales y al reconocimiento por trayectoria del jugador, por los años 2021 a 2025, ateniéndose, con estrictez, a los términos de los instrumentos contractuales (arts.384, 474 y ccs. del Cód. Proc.).
La posterior inclusión del sueldo anual complementario en las explicaciones del perito del día 12/4/2022, no se compadece con los términos contractuales ni con lo dispuesto en la ley 27.211. En consecuencia, es improcedente el planteo de la parte actora de inclusión del SAC, siendo ajustado a derecho el decisorio de grado en lo que respecta a esta temática. Es por ello que debe ser confirmada esta parcela de la sentencia apelada.
2. Por el contrario, entiendo que debe ser modificado el fallo de la anterior instancia, en lo atinente a lo decidido en la resolución aclaratoria del día 23/9/2022, donde se dispuso que “el monto de condena que resulte de la oportuna liquidación llevará intereses, debiendo los mismos correr desde la interposición de la demanda y hasta el efectivo pago, y liquidarse a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días a tasa pasiva digital”.
En este punto le asiste razón a la parte accionante, cuando invoca en respaldo de su pretensión el art.9 de la ley 27.211, que es la norma específica aplicable en autos, y que dispone: “El obligado al pago debe abonar la compensación establecida dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del hecho o acto jurídico que generó el beneficio”. En consecuencia, la mora de la demandada se produjo a los treinta días corridos contados desde la suscripción del contrato profesional y del convenio privado de fecha 1/3/2021, por lo que es a partir de ese momento en que se configura la mora, que deben aplicarse los intereses moratorios a la tasa fijada por el Juez de grado. Propicio la modificación de la sentencia apelada en este sentido (arts.768 y 886 del C.C.C.N.).
XII. Con relación a las costas del juicio, debe ser confirmada la sentencia apelada en cuanto las impuso a la parte demandada, que ha resultado vencida en el juicio (arts.68 y 274 del Cód. Proc.).
En lo que respecta a las costas de esta instancia, las mismas deben imponerse en un noventa por ciento (90%) a la parte demandada, y en el restante diez por ciento (10%) a la parte actora, en atención al resultado obtenido en el trámite recursivo, puesto que la accionante debe cargar con las costas de alzada por el rechazo del agravio abordado en el apartado XI, punto 1 (arts.68 y 69 del Cód. Proc.).
La regulación de honorarios debe diferirse para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Esgrima de Tandil y condenó al Club Atlético Aldosivi de Mar del Plata a que, en el plazo de diez días de quedar firme la liquidación respectiva, pague al accionante la suma resultante de los derechos de formación deportiva de Joaquín Indacoechea, de acuerdo a la liquidación que efectúe el perito contador Francisco José Salto, en el procedimiento de ejecución de sentencia. 2) Confirmar la sentencia apelada en cuanto no incluyó en el monto de condena al sueldo anual complementario (SAC). 3) Modificar la sentencia apelada en cuanto a la mora y cálculo de intereses, de conformidad con lo resuelto en el apartado XI, punto 2, de la presente sentencia. 4) Confirmar la sentencia apelada en cuanto impuso las costas del juicio a la parte demandada vencida (arts.68 y 274 del Cód. Proc.). 5) Imponer las costas del juicio en un noventa por ciento (90%) a la parte demandada, y en el restante diez por ciento (10%) a la parte actora, en atención al resultado obtenido en el trámite recursivo, por la razón dada en el apartado XII (arts.68 y 69 del Cód. Proc.). 6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 12 de Septiembre de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fecha 13/9/2022, en cuanto hizo lugar a la demanda interpuesta por el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Tandil y condenó al Club Atlético Aldosivi de Mar del Plata a que, en el plazo de diez días de quedar firme la liquidación respectiva, pague al accionante la suma resultante de los derechos de formación deportiva de Joaquín Indacoechea, de acuerdo a la liquidación que efectúe el perito contador Francisco José Salto, en el procedimiento de ejecución de sentencia. 2) Confirmar la sentencia apelada en cuanto no incluyó en el monto de condena al sueldo anual complementario (SAC). 3) Modificar la sentencia apelada en cuanto a la mora y cálculo de intereses, de conformidad con lo resuelto en el apartado XI, punto 2, de la presente sentencia. 4) Confirmar la sentencia apelada en cuanto impuso las costas del juicio a la parte demandada vencida (arts.68 y 274 del Cód. Proc.). 5) Imponer las costas del juicio en un noventa por ciento (90%) a la parte demandada, y en el restante diez por ciento (10%) a la parte actora, en atención al resultado obtenido en el trámite recursivo, por la razón dada en el apartado XII (arts.68 y 69 del Cód. Proc.). 6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia