Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 69.923
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada de fecha 11/10/2022 y hacer lugar a la acción reivindicatoria interpuesta por el actor Fabián Darío Salgado contra Enrique Luis Schneider, respecto del inmueble identificado como Circunscripción 2, Sección H, Chacra 726, Fracción 3, Parcela 13, Matrícula 64.118 del Partido de Olavarría, condenando al demandado a desalojar dicho inmueble y a restituirlo al actor libre de todo efecto y/o ocupante, dentro del plazo de diez días de adquirir firmeza la presente sentencia, bajo apercibimiento de procederse a su lanzamiento, con arreglo a las normas procesales aplicables (art.2261 del C.C.C.N., arts.163 inc.7, 164, 497, 499, 513 y ccs. del Cód. Proc.).
2Revocar la sentencia apelada de fecha 11/10/2022 y rechazar la excepción de prescripción adquisitiva interpuesta como defensa por el accionado Enrique Luis Schneider.
3Por los fundamentos expuestos en este decisorio, confirmar la sentencia apelada de fecha 11/10/2022, en cuanto rechazó la pretensión de daños y perjuicios que el actor acumuló a la acción reivindicatoria.
4Adecuar las costas de primera instancia a lo decidido en la presente sentencia, imponiendo al demandado las costas por la acción reivindicatoria y por la excepción de prescripción adquisitiva, por haber resultado vencido (art.68 del Cód. Proc.), e imponiendo al actor las costas correspondientes a la pretensión de daños y perjuicios, por haber resultado perdidoso en esta parte de la contienda (art.68 del Cód. Proc.). …
Causa nº: 2-69923-2022 "SALGADO FABIAN DARIO C/ SCHNEIDER ENRIQUE S/ ACCION REIVINDICATORIA "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los un días del mes de Agosto del año Dos Mil Veintitrés, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Víctor Mario Peralta Reyes y Dra. María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Salgado Fabian Dario c/ Schneider Enrique s/ Acción Reivindicatoria" (Causa n°69923). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 17/10/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Fabián Darío Salgado promovió acción reivindicatoria contra Enrique Luis Schneider, con el objeto de que el demandado le restituya los lotes identificados con la Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección H, Chacra 726, Fracción 3, Parcelas 1 a, 2 a, 13 y 14 del Partido de Olavarría, de las cuales es titular de dominio en virtud de la escritura de compraventa n° 953, de fecha 3/12/2018, otorgada ante el Escribano Alfredo Enrique Catanzaro. Mediante esta escritura que agregó a las actuaciones, el aquí accionante Fabián Darío Salgado adquirió dichas parcelas a Betina Tulli Rodríguez, quien actuó en representación de Ana María Beatriz Sloninsky, Judit Noemí Sloninsky, Alejandro Víctor Simón Sloninsky, Liliana Perla Guman y Eduardo Manuel Moccero.
Sostuvo el actor en su escrito de demanda que, al momento de realizar la compra de los referidos inmuebles, procedió a constatar por sí mismo que se encontraban libres de ocupantes; y seguidamente puntualizó que: “Luego de un tiempo de haber concretado la compraventa y haber tomado efectiva posesión del inmueble, se presenta ante mí el Sr. Schneider, vecino lindero a los terrenos en cuestión, solicitando si podía depositar ganado ovino de manera excepcional y provisoria en los lotes de mi propiedad. Presté conformidad y se acordó un plazo de 6 meses para que utilice el predio, y ante el vencimiento del plazo debería disponer la restitución libre de toda ocupación. Luego de cumplido el plazo, me encontré con el sorpresivo cambio de actitud del Sr. Schneider, quien se negaba a restituir el predio, sosteniendo que él seguiría usándolo, a pesar de lo acordado. Asimismo, poco tiempo después, el Sr. Schneider no sólo continuó utilizando el predio sino que también procedió a alambrar un sector del mismo, sin derecho alguno, despojando al suscripto de los inmuebles de su propiedad, impidiendo su ingreso y permanencia, sin perjuicio de la clara intención del suscripto de continuar con la posesión de sus inmuebles”. Complementó estas aseveraciones expresando que “la tenencia por parte del Sr. Schneider se produjo por un acuerdo de partes, contrato de comodato verbal, a los fines de servir como depósito de ganado ovino de forma provisoria por un plazo acordado por las partes. Posteriormente existió la modificación unilateral del denunciado en su conducta y en su animus dominis”. Por otra parte, el accionante reclamó indemnización de daños y perjuicios al accionado, por haberlo privado del uso, goce y disposición de las parcelas rurales en cuestión, estimando el daño ocasionado en relación a los valores de mercado de un arrendamiento rural (escrito de demanda de fecha 22/6/2021; lo subrayado corresponde al suscripto).
II. La referida demanda fue contestada por Enrique Luis Schneider, quien señaló que los anteriores titulares de dominio realizaron un loteo a través de la Inmobiliaria Scheinson-Pedreira de la ciudad de Olavarría, en el que adquirió las parcelas 4 a y 11 de la Fracción 3 de la Chacra 126, mediante boleto de compraventa de fecha 1/11/1989, que acompañó a los autos, el cual suscribió por la parte vendedora Eduardo Domingo Móccero, en el carácter de propietario. Seguidamente, puntualizó el demandado que, desde la firma del boleto, tomó posesión de los lotes adquiridos, y en los mismos construyó una vivienda, galpones y corrales, colocó dos tanques australianos, plantó árboles y realizó cercado (ver presentación de fecha 14/9/2021).
A continuación, expuso el accionado que, con posterioridad, aproximadamente en los años 1996/1997, tomó posesión de los lotes designados como parcelas 3 a, 12 y 13 de la Fraccion 3, Chacra 126, que se encuentran contiguas a los lotes que había adquirido, realizando diversos actos posesorios sobre las mismas. Y dijo que, de esta manera, hacía uso no sólo de sus parcelas 4 a y 11, sino también de las parcelas 3 a, 12 y 13. En este sentido, puntualizó que ha tenido posesión pública, pacífica e ininterrumpida de las parcelas 3 a, 4 a, 11, 12 y 13, desde hace más de veinte años, utilizando las parcelas 12 y 13 como si fueran una sola, ya que las alambró cercando el contorno, más no la división interior de las mismas.
Seguidamente, el demandado Enrique Luis Schneider formuló una importante aclaración sobre los alcances de la pretensión del actor, señalando que éste reclama la restitución de la posesión de las parcelas 1 a, 2 a, 13 y 14, siendo que la única de esas parcelas sobre las cuales ejerce la posesión es la 13, que “posee junto a la 12, a la que se encuentra unificada estando cercadas las dos”. Así agregó que no es cierto que tenga posesión sobre todas las parcelas demandadas, sino sólo sobre la 13, que la utiliza para la cría de ganado ovino.
En consonancia con lo antedicho, el demandado interpuso excepción de prescripción adquisitiva larga con relación a la parcela 13 de la Fracción III de la Chacra 726, sobre la base de lo dispuesto en el art.2551 del Código Civil y Comercial de la Nación. De esta manera, alegó que tiene la posesión de la parcela 13, en forma continua, pacífica, pública e ininterrumpida y con animus domini desde hace más de veinte años, no habiendo sido molestado ni turbado en esa posesión por ninguna persona.
III. Corresponde aclarar aquí que, a los fines de ubicar debidamente las parcelas indicadas en los apartados precedentes, resulta de utilidad la plancheta catastral de ARBA que se allegó a la contestación de demanda. De la observación de esta plancheta se extrae que las cuatro parcelas que son objeto de la demanda y que fueron adquiridas por el actor mediante la indicada escritura n° 953 del 3/12/2018 -1 a, 2 a, 13 y 14-, se encuentran ubicadas formando esquina en Avenida Pueyrredón y calle 189. Mientras que las dos parcelas que el demandado dijo haber adquirido por boleto de compraventa de fecha 1/11/1989 -4 a y 11-, se encuentran sobre Avenida Pueyrredón, justamente en el centro de la manzana.
De esta manera, mediante la visualización de esta plancheta catastral, puede apreciarse que según la postura del demandado Schneider, éste habría tomado posesión de las parcelas contiguas a las suyas -3 a, 12 y 13-, avanzando hacia la izquierda, en dirección a la calle 189. Se advierte así, prontamente, que de las cuatro parcelas de propiedad del actor Salgado, únicamente la parcela 13 es materia de la presente controversia, puesto que el demandado no invocó posesión alguna sobre las parcelas 1 a, 2 a y 14.
Esta circunstancia fue advertida con claridad en la sentencia dictada en la anterior instancia, que ha llegado apelada a esta alzada, donde se puso de relieve que: “La pretensión jurídica deducida por el actor Salgado se encamina a obtener la reivindicación, únicamente, de la parcela identificada como n° 13, correspondiente a la Circunscripción 2, Sección H, Chacra- Quinta 726 Fracción 3, Matrícula n° 64.118 del Partido de Olavarría, como fuera determinado en la Audiencia Preliminar celebrada con fecha 23/11/2022. Por su parte, el demandado interpone por vía de excepción la prescripción adquisitiva respecto a la misma parcela” (ver considerando I de la sentencia apelada dictada con fecha 11/10/2022).
IV. Ahora bien, en la aludida sentencia se prosiguió con el análisis de la temática de autos y se concluyó en el rechazo de la acción reivindicatoria deducida por Fabián Darío Salgado contra Enrique Schneider, respecto del inmueble identificado como Circunscripción 2, Sección H, Chacra-quinta 726 Fracción 3, Parcela 13, Matrícula n° 64.118 del Partido de Olavarría. En esa misma línea se hizo lugar a la excepción de prescripción adquisitiva interpuesta por el accionado como defensa, y las costas del juicio se impusieron al actor vencido, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad.
Para arribar a dicha conclusión, en la sentencia se valoraron los distintos medios probatorios allegados al proceso, especialmente, la prueba testimonial ofrecida por ambos contendientes. Y sobre la base de los dichos de un testigo propuesto por la propia actora, se descartó la existencia del comodato verbal alegado por esta parte en apoyo de su postura procesal. Seguidamente, se ponderaron los testimonios ofrecidos por el demandado, y se señaló que todos ellos dieron cuenta de que Schneider siempre se ha comportado como dueño de los terrenos, incluida la parcela 13 que aquí se encuentra en conflicto. También se evaluó la pericia de arquitectura, puntualizándose que la misma arroja indicios que permiten corroborar las consideraciones precedentes. Finalmente, se analizó la prueba documental consistente en recibos dados por un martillero, y se expresó que los mismos -más allá de su desconocimiento por la contrariafueron extendidos en concepto de adquisición de las parcelas 12 y 13; señalándose que dichos lotes se encuentran “unificados como un único y a través de un alambrado, tal como surge de la pericia arquitectónica realizada en autos”.
V. La referida sentencia fue apelada por el actor Fabián Darío Salgado, quien se agravió del acogimiento de la defensa de prescripción adquisitiva opuesta por el accionado, y, en consecuencia, del rechazo de la acción reivindicatoria que constituye el objeto de las presentes actuaciones. En este escrito recursivo se sostuvo que la sentencia apelada no se ajusta a derecho, porque en su decir “no se logró acreditar la posesión veinteañal de la parcela en disputa”. Así se expresó que “para tener por acreditada la prescripción adquisitiva, la sentenciante analizó incorrectamente la prueba producida e incurrió en una inversión de la carga probatoria que deviene inadmisible”. Seguidamente, se dijo que en el decisorio se desconsideró de manera equivocada lo expresado por el testigo Offidani, exponiéndose diversos argumentos en sustento de esta aseveración. A continuación, se examinaron las manifestaciones de los cuatro testigos ofrecidos por la parte demandada, y se sostuvo que estas personas “jamás se refirieron con exactitud a la parcela 13. Todos hablaron justamente de la casa, el tanque australiano, bebederos, etc., elementos que se encuentran precisamente fuera de la parcela 13”. Agregándose que estos cuatro testigos no brindaron datos demostrativos de la posesión de Schneider sobre la parcela 13, durante más de veinte años.
En otro orden, en la expresión de agravios se hizo referencia a la pericia de arquitectura practicada en el proceso, y se afirmó que en ella se corroboró la existencia del alambrado entre las parcelas 13 y 14, describiéndose al mismo como un “alambrado más reciente”. Y se afirmó que de esta manera se derrumba por completo el relato del demandado acerca de su posesión veinteañal, puesto que “tanto el testigo Offidani como el perito coinciden en que ese alambrado fue colocado posteriormente, de manera ‘reciente’”. Por último, se dijo que la prueba documental tampoco aporta nada relevante a los fines probatorios, y se analizaron los recibos allegados por el demandado, formulándose diversas consideraciones a los fines de destacar su falta de eficacia (ver escrito recursivo de fecha 24/2/2023).
La mencionada expresión de agravios fue contestada por el demandado a través de la presentación de fecha 20/3/2023, tras lo cual se cumplimentaron los pertinentes actos procesales y se practicó el sorteo de ley, habiendo quedado las actuaciones en condiciones para el dictado de la presente sentencia.
VI. Delineando las posturas procesales de las partes, señaló la Jueza de grado que el actor aseguró que, previo a la compraventa, verificó que las parcelas se encontraban libres de toda ocupación de cosas y personas; y que después de formalizada la adquisición “autorizó al demandado al uso de las parcelas por un plazo de tiempo” (sic). Y tras ello puntualizó la magistrada que, por el contrario, “el demandado expresa que luego de haber adquirido las parcelas 4 a y 11 hace más de 20 años, fue extendiendo la posesión a las parcelas lindantes, incluida la parcela 13, en las cuales ha realizado numerosos actos posesorios en el transcurso del tiempo, o sea que manifiesta haber poseído desde mucho tiempo antes de adquirido el título por el actor Sr. Salgado” (lo resaltado es propio).
Planteada así la controversia, pesaba sobre el demandado Enrique Luis Schneider la carga de acreditar su posesión animus domini sobre la parcela 13 -objeto de este juicio-, durante el plazo mínimo de veinte años, para poder así enervar la acción reivindicatoria entablada por el titular dominial del inmueble -Fabián Darío Salgado- (arts.1897, 1899, 1900, 2247, 2248, 2551, 2565 y ccs. del C.C.C.N.). Se ha señalado en doctrina que estos supuestos en que la prescripción adquisitiva se plantea por vía de excepción (citado art.2551 del C.C.C.N.), se presentan cuando el poseedor es demandado por reivindicación y, para evitar la desposesión, opone al progreso de esta acción real, la defensa de prescripción (conf. Areán, Juicio de Usucapión, 4ª edición, pág.55).
De allí que resulte relevante la valoración de la prueba producida en autos, tarea que acometeré a continuación. Debiendo aclararse que en estos supuestos en que la usucapión es opuesta como defensa, sin contrademandar, no son exigidos todos los requisitos indicados en el art.24 de la ley 14.159, que en forma concordante con el art.679 del Código Procesal Civil y Comercial, establece que la sentencia no puede basarse exclusivamente en la prueba testimonial (inc. c). En efecto, esa misma norma dispone -expresamente- que ello no regirá cuando la usucapión se plantea como defensa, sino sólo cuando es opuesta como acción (S.C.B.A., Ac. 85.090 del 30/6/2004, “Cesarani”, sumario JUBA B 27446). Y esto es así porque el demandado que se excepciona en estos términos, ante la acción reivindicatoria que se ha promovido en su contra, no pretende la formación de un título, en sentido instrumental, sino tan solo evitar su desposesión (esta Sala, causa n° 62.959, “Ordoñez Tejedo”, sentencia del 9/8/2018).
VII. Pues bien, luego de un detenido examen de los elementos probatorios allegados al proceso, arribo a una conclusión contraria a la sentada en el pronunciamiento de la anterior instancia, puesto que, en mi opinión, el demandado Enrique Luis Schneider no acreditó su invocada posesión con ánimo de dueño durante el plazo de veinte años, con relación a la parcela 13, que es la única que constituye el objeto de las presentes actuaciones. En el decurso de este apartado expondré las razones en las cuales sustento mi parecer.
1. En primer lugar, considero de marcada importancia la declaración testimonial de Alberto Offidani, por haber sido el martillero que intervino en la operación inmobiliaria en la que el actor adquirió las parcelas 1 a, 2 a, 13 y 14, la cual concluyó con el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio n° 953, de fecha 3/12/2018, que constituye el título de propiedad con el que se ha promovido el presente juicio de reivindicación.
Y en el marco de la tarea profesional que desarrolló el martillero Offidani, se suscitaron varios hechos que resultan de singular valía a los fines de esclarecer la temática litigiosa. En primer lugar, sostuvo este testigo que comenzó su labor profesional con motivo de la derivación que le hizo Rubén Juárez, quien intervenía en la operación por Betina Tulli. Dijo el testigo que Rubén Juárez le mostró los terrenos, y que luego él se los ofreció a su cliente Fabián Darío Salgado, por lo que ahí se realizó la operación inmobiliaria. Asimismo, expresó el martillero Offidani que él mismo pidió los certificados y que el titular de dominio era Móccero, siendo Betina Tulli la apoderada. Agregó que son cuatro terrenos en una esquina, no recordando bien la identificación de las parcelas.
En un aspecto que resulta por demás relevante, señaló el testigo que cuando fueron a ver los terrenos con Salgado, los mismos estaban desocupados, no había alambrado que los dividiera, no había animales, no había nada. Dijo que estuvieron un rato afuera de los terrenos, y no apareció nadie, por lo que no hubo ningún inconveniente. Expresó el testigo que luego fueron a la Escribanía Catanzaro, se hizo la cédula catastral, se pidieron certificados, no hubo ningún inconveniente y se concretó la escritura en forma normal; agregando, más adelante, que ha vendido otros terrenos en la zona y nunca tuvo problemas.
El hecho de que los terrenos estuvieran desocupados, sin alambrado que los dividiera, ni animales, en el momento en que se estaba gestando el negocio que culminó con el perfeccionamiento de la compraventa y el otorgamiento de la escritura a favor del actor, reviste marcada trascendencia a los fines de la dilucidación del caso de autos. Y este hecho fue descripto con claridad y precisión por el testigo Offidani, cuyos dichos revisten plena eficacia probatoria, en virtud de la intervención que tuvo en la operación inmobiliaria en ejercicio de su profesión de martillero; pues de esta manera ha podido tener una directa apreciación -a través de sus sentidos- de las características y condiciones de ocupación de los inmuebles en el momento en que se concretó el negocio de compraventa a favor de Fabián Darío Salgado (arts.384 y 456 del Cód. Proc.).
Tan es así, que otras partes de la declaración de este martillero aportan detalles que permiten tener un certero panorama del lugar, y que son plenamente coincidentes con los datos emanados de la plancheta de ARBA, que mencioné en el apartado III del presente voto, como un elemento sumamente ilustrativo de las distintas parcelas existentes en la manzana. En efecto, al haber sido preguntado el testigo a qué distancia de los terrenos objeto de su intervención vio una construcción, una vivienda, respondió que están los cuatro terrenos, después hay otro terreno en el medio, y después de eso hay una quinta donde vive Schneider. Puede observarse, de este modo, la correcta descripción del lugar que realiza este testigo, lo que sin dudas obedece a su capacitación profesional como martillero.
Por lo demás, otro hecho que también presenta relevancia y que es descripto con precisión por Offidani, está dado por el conflicto que se suscitó entre este testigo y el aquí demandado Schneider, luego de haberse escriturado los inmuebles a favor de Salgado. Así expresó el testigo que, luego de concretada la escrituración, al mes o mes y medio de ese acto, un día fue a los terrenos con permiso del propietario Salgado, con motivo de un árbol que estaba en ese sitio, y que había leña caída de ese árbol, por lo que la fueron a sacar. Agregó Offidani que, en ese momento, apareció Schneider con una escopeta, amenazándolos y expresándoles que todos esos terrenos eran de él y que, por favor, se retiraran del lugar.
Seguidamente, el martillero Offidani hizo referencia a otra circunstancia fáctica que también se muestra por demás relevante en orden a la temática litigiosa. Así expresó este testigo que luego del inconveniente descripto en el párrafo precedente, el aquí demandado Enrique Luis Schneider puso un alambrado, inició una usucapión y empezó a poner animales en todos los terrenos. Agregó el testigo que él pasó después por el lugar y siempre había animales, como demostrando que los mismos eran de Schneider.
2. Y en torno a la ya referida circunstancia de que los inmuebles estaban desocupados al momento en que concretó el negocio con el actor Salgado, más adelante, el testigo Offidani continuó dando precisiones sobre este aspecto. Así reiteró lo que ya había expresado con anterioridad, señalando que cuando le ofrecieron el predio para la venta a Salgado, no había animales, no había nada; que fue al lugar con Salgado varias veces antes de la compra, se quedaron parados afuera de los terrenos y nunca vio nada, todo se generó después del altercado.
En otro orden, al ser preguntado Offidani si en la cédula catastral había algún plano de usucapión, respondió que no había, que no hubo ningún problema. Finalmente, culminó su declaración afirmando que después del referido incidente apareció un alambrado con el que Schneider dividió los terrenos, tras lo cual remarcó que ese alambrado nunca estuvo. Al ser interrogado sobre la forma en que estaba puesto ese alambrado, respondió que no sabe porque lo vio desde afuera, y que no quiso entrar para no tener problema, reiterando que en ese momento había animales por todos los terrenos -ovejas y algún caballo-. Por lo demás, lo dicho por el testigo en el sentido de que en la cédula de catastral que se confeccionó, no había ningún plano de usucapión, se encuentra corroborado con el plano de mensura para prescribir suscripto por el Ingeniero Agrimensor Matías Seijas, que lleva fecha de mensura julio de 2021, cuando habían transcurrido dos años y medio desde el momento en que se otorgó la escritura n° 953 a favor de Salgado, el día 3/12/2018. Cabe señalar, asimismo, que el informe expedido por dicho agrimensor con fecha 10/11/2021 -y agregado a esta causa-, resulta plenamente coincidente con lo antedicho, habiendo puntualizado este profesional que el plano referido “se encuentra en proceso de visado ante la Municipalidad de Olavarría”, y que “al momento de finalizar dicho visado se procederá a pedir los informes de dominio al Registro de la Propiedad y a avanzar con el plano ante la oficina de Mensura de Tierras dependiente de ARBA…”.
3. Luego de este extenso análisis que he realizado acerca del testimonio del martillero Offidani, me encuentro en condiciones de señalar que en la sentencia apelada no se ha valorado adecuadamente esta declaración. En efecto, la Jueza de grado centró su análisis en señalar lo que el testigo no manifestó, al poner de resalto “que en su relato el testigo no menciona nada respecto al comodato verbal que el actor en su demanda dice haber otorgado al demandado para poner este último sus animales”. Pero más allá de esta conclusión de la magistrada, cuya única consecuencia es dejar carente de prueba la alegación sobre el supuesto comodato verbal, es menester puntualizar que el testigo Offidani ha vertido conceptos por demás relevantes para el esclarecimiento de la contienda de autos -los cuales examiné en los anteriores puntos 1 y 2-, y los mismos no han sido ponderados en la sentencia apelada.
Me estoy refiriendo, claro está, a las afirmaciones del martillero Offidani en el sentido de que, al momento de gestarse y concretarse la operación inmobiliaria con el actor, en los terrenos objeto de esa compraventa no había alambrados que los dividiera, ni animales, encontrándose desocupados. Y también me refiero, desde luego, a las otras importantes aseveraciones del testigo Offidani, cuando señaló que fue después del altercado que mantuvo con el demandado Schneider, que éste colocó un alambrado, inició una usucapión y empezó a poner animales en todos los terrenos.
Sólo cabe remarcar en este punto, que la argumentación de la sentencia apelada está exclusivamente centrada en destacar que las alegaciones volcadas por el actor en su demanda, no se han visto corroboradas por los dichos del testigo Offidani. Así expresó la magistrada, que en la demanda nada se dijo sobre el altercado que protagonizó el testigo con el demandado Schneider, sino que, por el contrario, el actor relató que le otorgó el predio en comodato. En este orden de ideas, expresa la anterior sentenciante que “el único testimonio aportado por el actor, asegura que el conflicto entre las partes surge cuando él mismo se acerca a los terrenos a retirar leña, momento en el que observa por primera vez el alambrado y los animales en el lote en litigio y es ‘amenazado’ para retirarse por Schneider; poniendo de resalto quien suscribe que nada de ello es descripto por el actor en su demanda, más bien Salgado relató que fue él quien le otorgó en comodato las parcelas al accionado para que pastoreen sus animales por un plazo determinado, y que al finalizar éste no fueron restituidas, circunstancia que, reitero, tampoco era conocida por el testigo pese al trato habitual que manifestó tener con el actor”. De esta manera, luego del preciso y detallado testimonio del martillero Offidani, ha quedado privada de sustento probatorio la alegación del actor de que dio el inmueble en comodato al demandado. Pero este dato que arrojó el resultado de la prueba carece de mayor trascendencia, porque más allá de que no haya acreditado el comodato que invocó en su demanda, lo cierto es que el actor reviste la calidad de titular de dominio del bien y, por esa razón se encuentra legitimado para accionar por reivindicación contra el accionado, ante la desposesión que ha sufrido. Así puntualizan Causse y Pettis que: “Si se acepta que la reivindicatoria es la acción real que tiene por objeto hacer declarar la ‘existencia’ del derecho real en aquellos casos en que ha mediado desposesión de la cosa, y que permite reclamarla a aquel que efectivamente la posee y que no puede oponer un título mejor que el del actor -quien de ese modo obtiene su restitución-, deberá también admitirse que tienen derecho a recurrir a ella todos los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión y que han sido desposeídos, es decir, aquellos que tienen derecho de poseer alguna cosa” (Juicio de acciones reales, Claudio M. Kiper dirección, pág.58).
Tal como ya lo señalé precedentemente, el demandado tenía la carga de acreditar su posesión animus domini de la parcela 13 -objeto de este juicio-, durante el plazo mínimo de veinte años exigido por la ley, para así poder enervar la acción reivindicatoria deducida en su contra (arts.1897, 1899, 1900, 2247, 2248, 2551, 2565 y ccs. del C.C.C.N.). Pero esta faena probatoria no ha sido cumplida en modo alguno, tal como resulta de las inequívocas constancias de la causa que estoy analizando en el decurso del presente voto (arts.163 inc.5, 375, 384, 456, 474 y ccs. del Código Procesal). En esto radica lo verdaderamente relevante del presente juicio, por lo que no es posible compartir lo decidido en la sentencia de origen, que se ha detenido en aspectos que no revisten trascendencia en orden a la resolución del conflicto.
4. Retomando lo que sostuve en torno a los dichos del testigo Offidani, cabe señalar que el testimonio de este martillero se ha visto corroborado con la pericia de arquitectura practicada en autos, de la que también se extraen conclusiones medulares para decidir la suerte de este litigio.
Tal como ya lo expresé, el testigo Offidani aportó datos de singular valía que revisten plena eficacia probatoria, en atención a la intervención directa que tuvo este profesional en la operación inmobiliaria por la cual el actor adquirió el dominio de las parcelas 1 a, 2 a, 13 y 14, siendo la parcela 13, la única que constituye el objeto del presente juicio de reivindicación. Pues bien, el mencionado testigo fue categórico al afirmar que, al momento de gestarse y concretarse el negocio inmobiliario con el actor, en los terrenos objeto de esa compraventa no había alambrado que los dividiera, ni animales, encontrándose desocupados. Esto lo apreció el testigo con sus propios sentidos, dado que concurrió en diversos momentos al lugar donde se encuentran las referidas parcelas (arts.384 y 456 del C.P.C.C.).
Además de ello, el testigo relató el incidente que el mismo tuvo con Schneider, y puntualizó que, después de ese altercado, el demandado colocó un alambrado que dividió los terrenos, inició una usucapión y empezó a poner animales en todos los terrenos. Quiere ello decir que los actos posesorios que el demandado realizó con relación a la parcela 13, son de fecha posterior al incidente que mantuvo con el martillero Offidani, de lo que se desprende, en forma inequívoca, que los mismos son por demás recientes y no alcanzan -ni por asomo- la antigüedad exigida por la ley para que pueda tener sustento la excepción de prescripción adquisitiva de dominio articulada en autos. A ello se suma que dichos actos posesorios tampoco fueron pacíficos, puesto que se realizaron con la expresa oposición del titular de dominio del inmueble (arts.1897, 1899, 1900, 1928, 2565 y ccs. del C.C.C.N.).
Pues bien, la escasa antigüedad de los actos posesorios del demandado que ha sido bien expresada por el testigo Offidani, se encuentra corroborada con la pericia de arquitectura practicada en el proceso, tal como lo anticipé al inicio del presente punto 4. Así se desprende de distintos puntos del dictamen pericial, que pondré de relieve a continuación.
En primer lugar, en su dictamen del 21/3/2022, al contestar el punto 3 del cuestionario pericial, el perito arquitecto Guillermo Carlos Salvador La Torre indicó las mejoras o construcciones existentes en cada una de las parcelas examinadas, y al referirse a la parcela 13 -objeto de este juicio-, puntualizó que “hay un cerco que deslinda con avenida Pueyrredón, otro que deslinda con la parcela 14, y otro cerco que deslinda con parcela 2 a. Hay un árbol de unos veinte años aproximadamente” (lo destacado es propio). A los fines de la cuestión debatida en autos, revisten suma importancia los cercos que he resaltado con negrita, pues ellos son reveladores de los recientes actos posesorios realizados por el demandado, quien, a través de ese cercado, procedió a separar la parcela 13 -de propiedad del actor y materia de este litigio-, de las restantes parcelas que también son de propiedad del actor (me refiero, claro está, a las parcelas 1 a, 2 a y 14).
Y lo verdaderamente relevante a los fines del presente juicio, es la fotografía que acompaña el perito en la hoja 4 de su pericia, donde por debajo de la misma consigna la leyenda: “alambrado más reciente”. Ahora bien, estas conclusiones iniciales de la pericia se complementan con las aclaraciones que presentó el experto el día 12/4/2022, donde al punto 1 del pedido de la parte actora, contestó lo siguiente: “Esa fotografía está tomada sobre avenida Pueyrredón y muestra el cerco que separa las parcelas 13 y 14 entre sí y entre ambas parcelas y la avenida Pueyrredón”. Esto se ratifica con la respuesta al punto 2 de la solicitud de la actora.
También es importante la contestación al punto 3 del cuestionario de la actora, donde esta parte le formuló la siguiente pregunta, que transcribo en lo principal: “Respecto del alambrado que deslinda la parcela 13 con la 14, solicito aclare el perito si existen rastros de que dicho alambrado pueda haber sido colocado recientemente, aprovechando materiales anteriores…”. A esta solicitud respondió el perito: “La antigüedad de los postes y varillas es superior a los 40 años, esto se observa por la erosión de los mismos y por abundante presencia de liquen. Los accesorios (torniquetes) también tienen por lo menos 30-40 años, el alambre aparenta 8/10 años. Considerando las diferencias de edad, es posible que dicho alambrado fuera colocado recientemente, empleando material usado”. Y tras ello acotó el arquitecto: “De haberse empleado material usado, los signos serían marcas en el pasto, que se borran muy rápidamente, por lo que no se puede afirmar o negar que se haya empleado material usado para el alambrado” (los destacados me pertenecen).
5. En suma, las aludidas conclusiones periciales deben ser interpretadas a la luz del testimonio del martillero Offidani, el cual, como ya lo señalé, cuenta con plena eficacia probatoria, en razón de su profesionalidad y su inmediatez con los diferentes hechos que han configurado el conflicto de autos. Por lo demás, es sabido que la prueba debe ser valorada en conjunto, armonizando todos los elementos allegados al proceso, sin disgregarlos ni aislarlos (esta Sala, causa n°61.035, “Di Salvo”, sentencia del 29 de noviembre de 2016, con cita de doctrina de la S.C.B.A., entre otros precedentes de esta alzada). Tal como lo destaqué en los puntos anteriores, el testigo martillero Offidani aseveró que cuando se inició la operación inmobiliaria con el actor, y cuando se otorgó la escritura traslativa de dominio a favor de éste, los inmuebles objeto de la compraventa estaban completamente desocupados, no había alambrado que los dividiera, ni animales. Y también expresó el testigo que fue después del incidente que él protagonizó con Schneider, que éste colocó un alambrado dividiendo los terrenos, en clara referencia al alambrado existente al momento de la pericia, que deslinda la parcela 13 -de propiedad del actor y objeto de este juicio- con respecto a las parcelas 14 y 2 a -también de propiedad del accionante-. Es entonces en el referido marco de valoración conjunta de los elementos probatorios, que deben interpretarse las conclusiones del perito cuando sostuvo que la fotografía con la leyenda “alambrado más reciente”, “está tomada sobre avenida Pueyrredón y muestra el cerco que separa las parcelas 13 y 14 entre sí y entre ambas parcelas y la avenida Pueyrredón”.
En definitiva, de una ponderación armónica e integradora de las pruebas testimonial y pericial, se desprende que, en fecha reciente, el demandado Schneider colocó el alambrado divisor que separó la parcela 13 – de propiedad del actor y objeto de este litigio- de las parcelas 14 y 2 a -también de propiedad del actor-. Y la reciente antigüedad de este alambrado ha sido refrendada por el perito arquitecto, quien lejos de descartar esta hipótesis, consideró posible que el alambrado haya sido colocado recientemente, empleándose material usado, lo que dedujo de las notables diferencias de edad que pudo apreciar en los elementos utilizados (postes y varillas con antigüedad superior a los 40 años, torniquetes de por lo menos 30-40 años, y alambre con apariencia de 8-10 años) (ver aclaraciones del experto al punto 3 de la solicitud de la parte actora.
De este modo, con los elementos probatorios hasta aquí analizados, ha quedado demostrado que el demandado concretó un claro acto de desapoderamiento que atentó contra el derecho de poseer del titular de dominio, por lo que resulta procedente la acción reivindicatoria entablada por Fabián Darío Salgado contra Enrique Luis Schneider (citados arts.2247, 2248, 2252, 2255, 2261 y ccs. del C.C.C.N.; arts.163 inc.5, 375, 384, 456, 474 y ccs. del C.P.C.C.).
6. Si bien con las consideraciones hasta aquí vertidas ha quedado debidamente zanjada la cuestión litigiosa, cabe referir a los restantes testimonios ofrecidos por la parte demandada, los cuales no aportan datos relevantes en orden a la presente contienda.
Así cabe señalar que la testigo María Enriqueta González dijo ser conocida de Schneider, porque hace unos años estuvo por hacer un negocio cerca de los lotes en cuestión, y ya estaba el demandado en ese lugar. Dijo que estuvo delante de la quinta de Schneider y que éste tiene animales que se ven desde la calle, pero al preguntársele sobre la ubicación de los terrenos no pudo brindar detalles porque hace muchos años que estuvo en la zona. Al ser interrogada sobre los terrenos que explota Schneider, dijo que hay una casa, unos terrenos al lado que están alambrados en los que se encuentran animales del demandado, y un tanque australiano, agregando que se ve todo desde la calle. Dijo no saber el título que tiene Schneider para estar en ese lugar, y agregó que hay una conexión de luz que pidió el demandado. Tal como puede apreciarse, esta testigo no aporta datos concretos sobre la parcela 13 -objeto del presente juicio-, ni tampoco da precisiones sobre el lugar en que están los alambrados y los animales, por lo que se está ante una prueba carente de significación en punto al esclarecimiento del conflicto de autos (arts.384, 456 y ccs. del C.P.C.C.).
Idéntica conclusión se extrae del estudio de los restantes testimonios ofrecidos por la parte demandada, que tampoco brindan datos de trascendencia en orden a las cuestiones relevantes de esta litis. Así se tiene que el testigo Jorge Luis Sancimone, de profesión ingeniero, manifestó que hace veinte años conoció el predio de Schneider, y que desde hace cinco o seis años concurre al lugar con más asiduidad para hacer tareas de caminos internos, señalando que hay una casa, galpones y lotes donde tiene animales. Al ser interrogado respecto de los terrenos linderos a la construcción, dijo que hay alambre, luz, una red de energía y alambrados porque tiene animales en ese lugar -caballos, vacas y ovejas-. Respecto del alambrado no sabe los terrenos que abarca, es bastante amplio, pero no sabe los metros que tiene, agregando que el alambrado está sobre Pueyrredón y debe llegar hasta Las Heras (recurriendo nuevamente a la plancheta de ARBA, se observa que esta última calle es paralela a la Avenida Pueyrredón, o sea que el alambrado al que alude el testigo es el que cruza toda la manzana en forma perpendicular, desde una arteria hasta la otra). Agregó que el alambrado debe tener mínimamente seis o siete años, y con relación a los animales dijo que los vio, con seguridad, hace cinco o seis años, y quince años también, en razón de pasar por ese lugar para concurrir a la quinta de unos amigos. Señaló que no sabe sobre la titularidad de los terrenos. Tal como puede apreciarse, este testigo no brindó ningún dato relacionado con la parcela 13, que es la que constituye el objeto de la disputa, ni tampoco pudo precisar los terrenos que abarca el alambrado al que hizo referencia. Y ya en la parte final de su relato, puntualizó que los trabajos que él realizó con alguna máquina, estuvieron localizados en la calle que se utiliza para salir de la casa, siendo de destacar que este sitio está bastante alejado de la parcela 13 (arts.384 y 456 del C.C.P.C.).
La declaración del testigo Héctor Alberto González, de profesión seguridad e higiene y medio ambiente, no es para nada ilustrativa, pues consiste en meras afirmaciones sobre aspectos generales del lugar, que conoce por ser amigo de Schneider, desde hace mucho tiempo. Dijo saber que Schneider tiene problemas con un terreno que él había comprado, por las propias manifestaciones de éste. Señaló que Schneider tiene una quinta con entrada por Pueyrredón, al frente está la casa, después galpones, tanque australiano y al fondo los porcinos. Respecto del alambre, dijo que está pegado a la quinta y es perpendicular a la avenida Pueyrredón, se ve largo hasta la línea de alta tensión y no es un alambre nuevo. Agregó que cuando compró Schneider, en ese lugar no había nada (arts.384 y 456 del C.P.C.C.).
Por último, el testigo Juan Manuel Carli, tampoco dio detalles de utilidad en cuanto interesa a la cuestión en debate. Dijo haber ido al lugar hace aproximadamente quince o diecisiete años, por ser amigo y colega del hijo de Schneider, quien al igual que él conduce un colectivo de pasajeros.
Por ello, como el hijo de Schneider iba a la quinta a carnear, el testigo le manejó el colectivo y después lo fue a buscar. Cuando se bajó, el padre le mostró el predio, le dijo que estaba construyendo y que el terreno que estaba al lado también era de ellos. En ese momento vio que había vacas, ovejas y algún caballo. Vio que había un alambre pegado al terreno donde se encontraba la construcción de la quinta, y que ese alambre iba paralelo a la calle por donde se entraba (Avenida Pueyrredón), aclarando que no prestó atención de eso. Agregó que había luz que trajo Schneider desde otra calle, sin recordar cuál era (arts.384 y 456 del C.P.C.C.).
7. En virtud de lo que resulta de las declaraciones testimoniales prestadas en la audiencia videograbada, que -detenidamente- he transcripto en el presente punto, debo discrepar con lo que se afirma en la sentencia apelada respecto de estos cuatro testimonios ofrecidos por la parte demandada.
En efecto, en el decisorio de grado se dice que “los 4 testigos ofrecidos por el demandado resultan ser coincidentes en ciertos puntos claves para dilucidar el presente”, lo que no se condice con lo que resulta de las declaraciones precedentemente examinadas, puesto que, tal como ya lo he remarcado, estos testimonios no aportan datos que puedan ser de utilidad en punto a la dilucidación del conflicto de autos. Es cierto que estos testigos han concurrido a la quinta del demandado, desde hace muchos años, pero, sin embargo, no han formulado referencia alguna a la parcela 13, que constituye el único objeto del presente proceso, ni tampoco han dado precisiones sobre las características del alambrado existente en el lugar o sobre los sectores del predio en que ese alambrado estaría emplazado.
Es por ello que no se ajusta a lo que resulta de la videograbación de la audiencia, lo expresado en la sentencia apelada en el sentido de que los elementos existentes en la quinta -casa, tanque, alambrados, bebederos y animales-, fueron descriptos por los testigos como llegando “casi a la esquina”. Tampoco se compadece con el resultado de la prueba, la aserción de la sentencia de que todos los testigos manifestaron “que el accionado Schneider siempre se ha comportado como dueño de los terrenos, incluida la parcela 13 aquí en conflicto”. Esta última expresión que he destacado en negrita no puede compartirse en modo alguno, porque ninguno de los testigos de la parte demandada ha brindado algún tipo de dato o referencia que se encuentre vinculada a esta parcela 13.
En consecuencia, no se ajusta al resultado de las constancias probatorias de la causa, uno de los párrafos finales de los considerandos del decisorio, donde se señala que: “De acuerdo a tales lineamientos y entrando en el análisis de los elementos aportados para fundar su defensa por parte del accionado, considero a partir de la prueba producida en autos y ya analizada anteriormente que el demandado ha ejercido la posesión pacífica y pública por un lapso mayor a veinte años con ánimo de dueño del inmueble identificado como parcela 13; en particular las declaraciones testimoniales resultan cruciales en tanto refieren el tiempo en el que los actos posesorios aludidos fueron cumplidos”. Contrariamente a esta conclusión del fallo, las declaraciones de los testigos de la demandada, nada han aportado con relación a la parcela 13, que es objeto del presente juicio.
Por otra parte, con la declaración del testigo martillero Alberto Offidani, que se encuentra corroborada por la pericia de arquitectura practicada en el proceso, se concluye en que la parcela 13 estaba completamente desocupada, sin animales y sin alambrado que la deslindara de las demás parcelas, tanto en el momento en que se fue gestando la operación inmobiliaria en la que Salgado resultó comprador, como en la oportunidad en que se perfeccionó la trasmisión del dominio a su favor, mediante escritura traslativa de dominio otorgada con fecha 3/12/2018. Y precisamente, fue después del otorgamiento de esta escritura, cuando concurrió al predio el testigo Offidani, con permiso de su dueño, y mantuvo con Schneider el incidente al cual ya he referido.
Después de este incidente, el demandado Schneider realizó actos posesorios en la parcela 13, colocando un alambrado que deslindó a este lote con respecto a las parcelas 14 y 2 a, y poniendo animales en todos los terrenos por él ocupados; siendo estos recientes actos posesorios absolutamente inconducentes para oponerlos a la acción reivindicatoria entablada en el presente proceso. Esto es lo que resulta de las constancias probatorias de la causa, valoradas de conformidad a las reglas de la sana crítica (arts.163 inc.5, 375, 384, 456, 474 y ccs. del Cód. Proc.). Esos recientes actos posesorios del demandado, son los que fueron observados por el perito arquitecto que intervino en autos, y también se encuentran reflejados en el acta de constatación notarial n° 257 -agregada con la contestación de demanda-, que se labró a requerimiento de Schneider con fecha 26/8/2021.
En esta acta notarial también se hizo constar, que en la parcela 13 hay un sauce que Schneider dijo haber plantado -con su señorahace más de 30 años; pero esta aseveración del demandado carece de todo respaldo probatorio, ya que no hay ningún elemento de la causa que permita corroborarla (arts.375 y 384 del Cód. Proc.).
8. Cabe aludir ahora a otro elemento probatorio que también ha sido merituado en la sentencia, y que está dado por los recibos de pago allegados por Schneider con su contestación de demanda, que han sido desconocidos por la parte actora. Así se alude en la sentencia a los recibos extendidos por el martillero Buscarini, cuya fecha data del año 2001. Tras citar jurisprudencia que entiende aplicable, sostuvo la sentenciante que puede merituarse el valor indiciario de estos instrumentos, si otros elementos de prueba corroboran la veracidad de su texto. Y seguidamente expresó que “remarco ello ya que los mismos fueron extendidos en concepto de ‘adquisición’ de las parcelas 12 y 13, encontrándose dichos lotes unificados como un único y a través de un alambrado, tal como surge de la pericia arquitectónica realizada en autos”. Si se examinan estos dos recibos extendidos por el martillero Héctor R. Buscarini, se observa que uno de ellos lleva fecha 2/5/2001, por la suma de $ 200, y está dado “en concepto de seña por lote en Avda. Pueyrredón”, sin contener ninguna otra especificación que permita relacionarlo con alguna parcela en particular. Y el otro recibo, también extendido por el martillero Buscarini, aparece datado el día 27/3/2001, por la suma de $ 833, y contiene una leyenda que dice: “en concepto de venta quinta 726. Parc. 12 y 13. Olavarría (entrega-seña)”.
Se extrae de ello que, más allá de la mención que uno de los recibos contiene de la parcela 13, lo cierto es que se trata de recibos de pago que, por sí solos, no son demostrativos de actos posesorios sobre el inmueble, sin que se hayan aportado otros elementos de prueba que puedan corroborarlos, por lo que carecen de valor probatorio en orden a la cuestión de autos (arts.2384 del Cód. Civil; art. 1928 del C.C.C.N.). Pero además de ello, se trata de recibos extendidos por el martillero Héctor R. Buscarini, cuya representación y facultades no ha sido acreditada en modo alguno, al no haberse allegado ninguna constancia de la que resulte que esta persona tuvo algún vínculo de apoderamiento con los entonces titulares de dominio del inmueble. Por estas razones, los recibos de pago en análisis, no presentan eficacia probatoria (arts.375, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
9. En definitiva, en virtud de las consideraciones fácticas y jurídicas hasta aquí expuestas, propicio la revocación de la sentencia apelada en cuanto rechazó la acción reivindicatoria deducida por el actor e hizo lugar a la excepción de prescripción adquisitiva interpuesta como defensa por el demandado. En consecuencia, propongo al acuerdo adoptar la siguiente resolución: 1) Revocar la sentencia apelada de fecha 11/10/2022 y hacer lugar a la acción reivindicatoria interpuesta por el actor Fabián Darío Salgado contra Enrique Luis Schneider, respecto del inmueble identificado como Circunscripción 2, Sección H, Chacra 726, Fracción 3, Parcela 13, Matrícula 64.118 del Partido de Olavarría, condenando al demandado a desalojar dicho inmueble y a restituirlo al actor libre de todo efecto y/o ocupante, dentro del plazo de diez días de adquirir firmeza la presente sentencia, bajo apercibimiento de procederse a su lanzamiento, con arreglo a las normas procesales aplicables (art.2261 del C.C.C.N., arts.163 inc.7, 164, 497, 499, 513 y ccs. del Cód. Proc.). 2) Revocar la sentencia apelada de fecha 11/10/2022 y rechazar la excepción de prescripción adquisitiva interpuesta como defensa por el accionado Enrique Luis Schneider. En los apartados siguientes se abordará la pretensión de daños y perjuicios incoada por el actor, y lo atinente a la imposición de las costas del juicio en ambas instancias.
VIII. Cabe abordar ahora la pretensión de daños y perjuicios que el actor acumuló en su demanda a la acción reivindicatoria. Precisamente, tal como ya lo señalé en el apartado I de este voto, el accionante reclamó indemnización de daños y perjuicios al accionado, por haberlo privado del uso, goce y disposición de las parcelas rurales en cuestión, estimando el daño ocasionado en relación a los valores de mercado de un arrendamiento rural.
1. Luego de realizar un análisis de los presupuestos de la responsabilidad civil, que en el caso consideró configurados, abordó la cuantificación del daño y señaló que desde el día 3/12/2018, en que adquirió el derecho real de dominio de los inmuebles, transcurrieron veintiocho meses en los que no pudo usar, gozar y disponer de los mismos. Y en función de la privación de ese derecho, consideró “razonable estimar el daño ocasionado en relación a los valores de mercado de un arrendamiento rural”. Luego realizó el cálculo de la indemnización reclamada por cada uno de los lotes, partiendo de la base de que “el precio de un arrendamiento normal y habitual en nuestra región se pacta aproximadamente en 60 kilogramos de novillo por hectárea por año”.
De esta manera, el actor realizó una concreta determinación del daño causado por la privación del uso de cada una de las parcelas por él adquiridas (parcelas 1 a, 2 a, 13 y 14), y estimó el daño que se le produjo considerando los años 2019, 2020 y 2021. De esta manera, arribó a un monto estimativo de $ 1.862.752,49, que dejó librado al criterio judicial, atendiendo a las pruebas ofrecidas y oportunamente producidas.
2. Tal como puede observarse, el reclamo de daños y perjuicios delineado en la demanda adolece de un error que no fue subsanado por el actor en ningún estadio posterior del proceso, dado que se ha reclamado la indemnización por las cuatro parcelas de su propiedad (parcelas 1 a, 2 a, 13 y 14), siendo que el litigio ha quedado exclusivamente centrado en la parcela 13, por ser la única sobre la que el demandado ha alegado su posesión (ver apartado III del presente voto, donde aludí a esta necesaria aclaración).
Pues bien, esta cuestión quedó zanjada en la audiencia preliminar celebrada en el juzgado de origen, en cuya acta se hizo constar: “Atento lo manifestado por la parte actora en su escrito de inicio, como así también lo referido por la accionada al contestar la acción, se deja constancia que la presente acción ha quedado circunscripta al lote identificado como n° 13, correspondiente a la Circunscripción 2, Sección H, Chacra-Quinta 726 Fracción 3, Matrícula n° 64.118 del Partido de Olavarría” (ver acta de fecha 23/11/2021). Ahora bien, pese a esta aclaración que quedó formalizada en el momento de la audiencia preliminar, la parte actora nunca recondujo su pretensión de daños y perjuicios, encauzándola únicamente con relación a la parcela 13, como hubiera correspondido; lo que, a la postre, ha incidido en las falencias que se observan en la prueba pericial de tasación, a las cual habré de referirme más adelante.
3. Al dictarse la sentencia apelada, en virtud de haberse rechazado la acción reivindicatoria, también se rechazó “la pretensión de daños y perjuicios solicitada por el actor en forma complementaria a la pretensión principal” (ver último párrafo del considerando IV del decisorio en crisis).
Y pese a este expreso rechazo de la pretensión de daños y perjuicios, en el escrito de expresión de agravios no se dedicó un solo párrafo a esta cuestión; por lo que no ha mediado crítica alguna contra esta parcela de la sentencia apelada que, aunque breve, selló la suerte adversa del reclamo indemnizatorio. En efecto, el escrito recursivo está exclusivamente centrado en cuestionar el acogimiento de la excepción de prescripción adquisitiva (agravio n° 1), y el consecuente rechazo de la acción reivindicatoria (agravio n° 2). Y así culminó el apelante su pieza impugnatoria, solicitando que “se revoque la sentencia en su parte pertinente, haciendo lugar a la acción reivindicatoria planteada”. Considero que esta parcela de la sentencia recurrida ha llegado firme a esta alzada, dado que en la expresión de agravios no se ha planteado ninguna crítica referida a la pretensión de daños y perjuicios (art.260 del Cód.
Proc.). Y aquí debo señalar que no estamos ante el supuesto conocido en doctrina como apelación implícita, que se encuentra previsto para una situación completamente distinta a la que nos ocupa. En efecto, el instituto de la denominada apelación implícita ha sido previsto a los fines de que el tribunal de alzada aborde aquellos planteos oportunamente introducidos en la litis, por la parte que resultó vencedora en la instancia de origen, y que, por ende, no ha podido apelar de la sentencia que le ha sido favorable; es decir, esta parte vencedora carece de interés para apelar de esa sentencia, pese que el Juez de grado rechazó o no consideró alguno de sus planteos. De allí que estas cuestiones quedan implícitamente sometidas al tribunal de alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la otra parte (conf.
Loutayf Ranea, El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, 2ª edición actualizada y ampliada, tomo 1, págs.141 y sgtes.; esta Sala, causa n° 69.335, “Darthazu” del 1/6/2023, con cita de diversos precedentes). Tal como puede apreciarse, no es éste el caso de autos, donde la parte actora resultó perdidosa en la instancia de origen y, por ende, debió exponer en su escrito recursivo todas las críticas a la sentencia que estuvieran dirigidas al éxito de sus pretensiones, entre las cuales estaba, claro está, el reclamo indemnizatorio de daños y perjuicios por privación de uso, goce y disposición del inmueble objeto de la litis (parcela 13). No ha procedido de ese modo, por lo que esta parcela de la litis ha llegado firme a esta instancia revisora (art.260 del C.P.C.C.).
4. Sin perjuicio de lo antedicho, no puede dejar de señalarse, a mayor abundamiento, que el daño reclamado en concepto de privación de los derechos derivados del dominio, no ha sido acreditado en el transcurso del proceso, habiéndose incumplido la carga probatoria que, desde luego, recaía sobre la parte accionante (arts.330, 375 y ccs. del C.P.C.C.).
Ya señalé en el punto 2 del presente apartado, que en el escrito de demanda se deslizó un error al formularse la pretensión indemnizatoria, pues en la misma se englobaron las cuatro parcelas adquiridas por el actor, siendo que el litigio se limita exclusivamente a la parcela 13, por ser la única sobre la que el demandado ha alegado su posesión. Y este error inicial, que no fue subsanado por la actora en ningún momento del proceso, pese a que en la audiencia preliminar había quedado zanjada la cuestión, ha redundado en las falencias que presenta la prueba ofrecida en la demanda y dirigida a la acreditación de este alegado daño, esto es, la pericia de tasación practicada por el martillero Rodolfo C. Pedrosa. Así se tiene que en su primera presentación de fecha 11/4/2022, el perito martillero informó los valores de venta de las parcelas, pese a que en el cuestionario se le había requerido que informara sobre los valores de arrendamiento estimativos de mercado. De todos modos, en ese escrito, el perito señaló una diferencia de valor entre las parcelas 1 a, 13 y 14 -que entendió más valiosas-, y la parcela 2 a, que consideró de menor cuantía por ser interior.
Fue así que en su posterior presentación del día 27/4/2022, este perito evacuó la requisitoria formulada y señaló lo siguiente: “Que con respecto a los valores de arrendamiento comunico a Usía que pese a mis años de experiencia y a haber averiguado a través de colegas de profesión no hay antecedentes conocidos de hallar tales valores por superficies menores y menos aún en planta urbana. Que si los lotes en litigio estuvieren acompañados por vivienda su valor de esa casi hectárea y media rondaría los $ 4.000,00 (cuatro mil pesos) mensuales de alquiler”.
Se observan en dicho dictamen pericial las siguientes falencias que le restan valor probatorio, a saber: 1) El perito casi ha reconocido su imposibilidad para estimar el valor del arrendamiento, pese a que, sobre el final, indicó un valor para los lotes que estuvieren acompañados por vivienda; de manera tal que, como la parcela 13 objeto de este juicio no cuenta con ninguna edificación, su valor locativo ha quedado sin prueba alguna; 2) Además de ello, el perito sólo estimó un valor a la fecha de la pericia, sin hacer alusión alguna a los arriendos que imperaban durante los años abarcados en el reclamo de la demanda -2019, 2020 y 2021-; 3) Asimismo, el perito se limitó a estimar un valor de arrendamiento, sin invocar datos provenientes de la realidad económica que pudieran servirle de sustento; 4) Finalmente, sin ninguna consideración, el perito se apartó de la pauta utilizada por el actor en su demanda, quien estimó su reclamación sobre la base de “60 kilogramos de novillo por hectárea por año” (arts.384, 474 y ccs. del C.P.C.C.).
5. En definitiva, por las consideraciones antedichas, la pretensión de daños y perjuicios ha quedado carente de prueba, habiéndose incumplido la carga que pesaba sobre el actor (art.375 del C.P.C.C.). Bien sostiene Zavala de González con su natural claridad, que: “El daño debe ser acreditado no sólo a los efectos de la procedencia misma de la reparación, sino también para fijar su extensión y límites. Ello es así porque debe indemnizarse el daño causado, todo ese daño y sólo él. La indemnización no debe pecar por defecto (lo que empañaría la exigencia de plenitud que debe revestir), ni por exceso (porque en la medida de éste, se configuraría un enriquecimiento injustificado en beneficio del actor” (conf. Zavala de González, Resarcimiento de daños, tomo 3, El proceso de daños, págs.178 y 179).
En conclusión, por los fundamentos expuestos en este decisorio, propicio la confirmación de la sentencia apelada en cuanto rechazó la pretensión de daños y perjuicios que el actor acumuló a la acción reivindicatoria (arts.260, 375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.).
IX. Con relación a las costas de primera instancia, que en la sentencia apelada se impusieron al actor, corresponde adecuarlas a lo decidido en este pronunciamiento, con arreglo a lo dispuesto en el art.274 del Código Procesal, disponiendo lo siguiente: 1) Las costas de primera instancia por la acción reivindicatoria y por la excepción de prescripción adquisitiva, deben imponerse al demandado que ha resultado vencido (art.68 del Cód. Proc.); 2) Las costas de primera instancia correspondientes a la pretensión de daños y perjuicios, deben imponerse al actor que ha resultado perdidoso en este aspecto de la contienda (art.68 del Cód. Proc.). Finalmente, en atención al resultado del trámite recursivo, las costas de alzada deben imponerse en un setenta por ciento (70%) al demandado, que fue vencido en el aspecto principal del litigio, y en el restante treinta por ciento (30%) al actor, que resultó perdidoso en lo que respecta a la pretensión indemnizatoria (arts.68 y 69 del Cód. Proc.).
La regulación de honorarios deberá diferirse para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Salgado contra Enrique Luis Schneider, respecto del inmueble identificado como Circunscripción 2, Sección H, Chacra 726, Fracción 3, Parcela 13, Matrícula 64.118 del Partido de Olavarría, condenando al demandado a desalojar dicho inmueble y a restituirlo al actor libre de todo efecto y/o ocupante, dentro del plazo de diez días de adquirir firmeza la presente sentencia, bajo apercibimiento de procederse a su lanzamiento, con arreglo a las normas procesales aplicables (art.2261 del C.C.C.N., arts.163 inc.7, 164, 497, 499, 513 y ccs. del Cód. Proc.). 2) Revocar la sentencia apelada de fecha 11/10/2022 y rechazar la excepción de prescripción adquisitiva interpuesta como defensa por el accionado Enrique Luis Schneider. 3) Por los fundamentos expuestos en este decisorio, confirmar la sentencia apelada de fecha 11/10/2022, en cuanto rechazó la pretensión de daños y perjuicios que el actor acumuló a la acción reivindicatoria. 4) Adecuar las costas de primera instancia a lo decidido en la presente sentencia, imponiendo al demandado las costas por la acción reivindicatoria y por la excepción de prescripción adquisitiva, por haber resultado vencido (art.68 del Cód. Proc.), e imponiendo al actor las costas correspondientes a la pretensión de daños y perjuicios, por haber resultado perdidoso en esta parte de la contienda (art.68 del Cód. Proc.). 5) Imponer las costas de alzada en atención al resultado del trámite recursivo, en un setenta por ciento (70%) al demandado que ha sido vencido en el aspecto principal del litigio, y en el restante treinta por ciento (30%) al actor, que resultó perdidoso en lo que respecta a la pretensión indemnizatoria (arts.68 y 69 del Cód. Proc.). 6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 1 de Agosto de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Revocar la sentencia apelada de fecha 11/10/2022 y hacer lugar a la acción reivindicatoria interpuesta por el actor Fabián Darío Salgado contra Enrique Luis Schneider, respecto del inmueble identificado como Circunscripción 2, Sección H, Chacra 726, Fracción 3, Parcela 13, Matrícula 64.118 del Partido de Olavarría, condenando al demandado a desalojar dicho inmueble y a restituirlo al actor libre de todo efecto y/o ocupante, dentro del plazo de diez días de adquirir firmeza la presente sentencia, bajo apercibimiento de procederse a su lanzamiento, con arreglo a las normas procesales aplicables (art.2261 del C.C.C.N., arts.163 inc.7, 164, 497, 499, 513 y ccs. del Cód. Proc.). 2) Revocar la sentencia apelada de fecha 11/10/2022 y rechazar la excepción de prescripción adquisitiva interpuesta como defensa por el accionado Enrique Luis Schneider. 3) Por los fundamentos expuestos en este decisorio, confirmar la sentencia apelada de fecha 11/10/2022, en cuanto rechazó la pretensión de daños y perjuicios que el actor acumuló a la acción reivindicatoria. 4) Adecuar las costas de primera instancia a lo decidido en la presente sentencia, imponiendo al demandado las costas por la acción reivindicatoria y por la excepción de prescripción adquisitiva, por haber resultado vencido (art.68 del Cód. Proc.), e imponiendo al actor las costas correspondientes a la pretensión de daños y perjuicios, por haber resultado perdidoso en esta parte de la contienda (art.68 del Cód. Proc.). 5) Imponer las costas de alzada en atención al resultado del trámite recursivo, en un setenta por ciento (70%) al demandado que ha sido vencido en el aspecto principal del litigio, y en el restante treinta por ciento (30%) al actor, que resultó perdidoso en lo que respecta a la pretensión indemnizatoria (arts.68 y 69 del Cód. Proc.). 6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia