Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 69.986
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de deserción formulado por la parte actora;
2Confirmar la sentencia apelada de fecha 12/10/2022, en todo lo que decide y ha sido materia de agravios;
3Confirmar la condena en costas a la demandada vencida, que se dispuso en la sentencia apelada, e imponer las costas de alzada a esa misma parte demandada, en atención al resultado desfavorable obtenido en esta instancia recursiva (arts.68 y 69 del Cód. Proc.);
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-69986-2022 "RAMONGASSIE AMALIA IRMA Y OTROS C/ FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA BANCO PROVINCIA LEY 12726 S/ CANCELACION DE HIPOTECA "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los veinticinco días del mes de Agosto del año Dos Mil Veintitrés, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Víctor Mario Peralta Reyes y Dra. María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Ramongassie Amalia Irma y otros c/ Fideicomiso de Recuperación Crediticia Banco Provincia Ley 12726 s/ Cancelación de Hipoteca" (Causa n°69986). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Debe declararse la deserción del recurso de apelación deducido por la parte demandada?
2da. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 12/10/2022?
3era. ¿En su caso, qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Contra la sentencia dictada en la anterior instancia con fecha 12/10/2022, la parte demandada interpuso recurso de apelación con fecha 21/10/2022. Arribados los autos a esta alzada, el día martes 14/2/2023 se dictó la providencia del art.254 del código ritual, la cual fue notificada ese mismo día, en forma electrónica, de conformidad con el art.10 del Ac.4039/21 de la S.C.B.A. (Reglamento para las presentaciones y notificaciones por medios electrónicos).
Ahora bien, conforme al art.13 de dicho reglamento, que establece el momento en que se perfecciona la notificación, el mismo tuvo lugar, en el caso de autos, el día viernes 17/2/2023; por lo que el escrito de expresión de agravios presentado con fecha 1/3/2023, a la hora 11:48:24, se encuentra dentro del plazo legal (arts.124, 135, 155, 156, 254 y ccs. del Cód. Proc.). En consecuencia, debe rechazarse el planteo de deserción formulado por la parte actora (art.261 del Cód. Proc.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
CCCN) y de cancelación de hipoteca (art.2204 inc. b) del CCCN), contra el Fideicomiso de Recuperación Crediticia Banco Provincia Ley 12.726, en su carácter de cesionario del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Señalaron los actores que son propietarios del inmueble matrícula 3065 del Partido de Olavarría, y que el día 11/12/1995 constituyeron hipoteca por la suma de u$s 25.000, a favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires, mediante escritura n° 616, otorgada ante el Escribano Roberto Edgardo Moro, la cual se inscribió registralmente el día 16/1/1996. Agregaron que, por escritura n° 2136 del 12/6/2003, se formalizó la cesión del crédito hipotecario a favor del Comité de Administración del Fideicomiso Ley 12.726.
En lo sustancial, sostuvieron que la deuda que sirvió de basamento a la referida hipoteca, se encuentra prescripta por el transcurso del tiempo, al haber pasado más de veinticinco años desde el otorgamiento del crédito, por lo que en tal sentido remitieron carta documento a la demandada, con fecha 10/5/2021, la que no fue respondida. Dijeron los accionantes que en el presente caso se encuentran reunidos todos los requisitos para que se tenga por operada la prescripción del crédito del demandado, a saber: a) Ha transcurrido el plazo legalmente previsto, tanto por el Código Civil, como por el Código Civil y Comercial de la Nación; b) El acreedor no ha ejercido ninguna acción, extrajudicial o judicial, que interrumpa la prescripción liberatoria; c) Los tomadores de la deuda no han reconocido ni aceptado la deuda de forma expresa o tácita.
Como consecuencia de lo anterior, solicitaron la cancelación de la hipoteca que grava al inmueble de autos, con sustento en lo establecido en el art.2204 inc. b) del CCCN. Así alegaron que “admitida la prescripción de la obligación personal garantizada con la hipoteca registrada y cedida deviene procedente la cancelación de la garantía hipotecaria que accede a aquella (art.2186 del CCC)”. Remarcaron, de este modo, la nota de accesoriedad de la garantía real de hipoteca que consagra el citado art.2186 del código actualmente vigente.
II. La aludida demanda fue contestada por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, quien admitió que la deuda garantizada con hipoteca se encuentra prescripta, al señalar que “de acuerdo a la información remitida desde el Fideicomiso, no habría argumentos para acreditar la existencia de hechos suspensivos o interruptivos del curso de la prescripción de la deuda hipotecaria”. No obstante, se opuso a la cancelación del asiento registral de la hipoteca, por considerar inaplicable al caso la disposición contenida en el art.2204 inc. b) del C.C.C.N., respecto de las hipotecas constituidas en favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y para sustentar esta postura invocó la carta orgánica de dicha entidad bancaria y las disposiciones técnico registrales del Registro de la Propiedad Inmueble.
III. En la sentencia de la anterior instancia, que ha llegado apelada a esta sede recursiva, se decretó la extinción del crédito objeto de autos, posteriormente cedido al Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726, y se dispuso la cancelación y la extinción de la hipoteca constituida sobre el inmueble de los accionantes, imponiéndose las costas del proceso a la accionada vencida.
A fin de evitar reiteraciones innecesarias, las motivaciones de este decisorio serán analizadas en la parte medular del presente voto.
IV. Dicho pronunciamiento fue pasible del recurso de apelación deducido por la parte demandada, quien expresó sus agravios mediante la presentación de fecha 1/3/2023.
Sostuvo la apelante que el Banco Provincia -hoy Fideicomiso- no está obligado a reinscribir hipotecas, toda vez que las mismas no caducan, conforme a las disposiciones de la carta orgánica de dicha entidad. Seguidamente, insistió sobre la vigencia del asiento registral, reproduciendo los mismos términos de su escrito de contestación de demanda. Y en torno a la inacción del acreedor para reclamar el cobro del crédito, adujo que, en todo caso, se está ante una obligación natural, por lo que, conforme al régimen especial aplicable, “mientras la obligación no sea cancelada subsiste la inscripción”. Se agravió también de la imposición de costas, solicitando sean impuestas en el orden causado.
Dicho escrito recursivo fue contestado por la parte actora, quien, primeramente, peticionó la declaración de deserción del recurso por considerar que la expresión de agravios se presentó fuera de plazo, temática que ha quedado zanjada al abordarse la primera cuestión.
V. Incursionando en la cuestión medular del litigio cabe reiterar que, según lo planteado por los accionantes, la deuda garantizada con hipoteca se encuentra prescripta por el transcurso del tiempo, por haber transcurrido el plazo legal sin que el acreedor haya ejercido acción alguna, judicial o extrajudicial, que interrumpa la prescripción liberatoria, y sin que los deudores hayan reconocido o aceptado la deuda de forma expresa o tácita. Tal como lo destaqué en el apartado II del presente voto, en su escrito de contestación de demanda, la Fiscalía de Estado admitió que la deuda garantizada con hipoteca se encuentra prescripta, al haber expresado que “de acuerdo a la información recibida desde el Fideicomiso, no habría argumentos para acreditar la existencia de hechos suspensivos o interruptivos del curso de la prescripción de la deuda hipotecaria”. De este modo, en virtud de las posturas procesales adoptadas por las partes, ha quedado como un hecho incontrovertido en el proceso que, en el caso de autos, se produjo la extinción de la obligación de los actores con la entidad bancaria demandada -hoy Fideicomiso Ley 12.726-, por haberse reunido los requisitos exigibles para la configuración de la prescripción liberatoria (arts.3947, 3949, 3956, 3962, 4017 y ccs. del Cód. Civil; arts.2532, 2533, 2534, 2536, 2551, 2553, 2554 y ccs. del C.C.C.N.; arts.330, 354 y ccs. del Cód. Proc.).
En comentario al código actualmente vigente, ha señalado Ossola que la prescripción liberatoria “es un modo extintivo de las obligaciones producido por el transcurso del tiempo, sumado a la inacción de las partes, en las condiciones que fija la ley”. Agrega este autor que la prescripción liberatoria constituye un modo de extinción de la “acción” que confieren ciertos derechos o situaciones jurídicas a su titular (no sólo las relaciones de obligación), por el transcurso del tiempo fijado por la ley sumado a la inacción de las partes. Y puntualiza seguidamente que, como en el Código Civil y Comercial no existe relación de obligación sin la presencia del elemento coactivo del vínculo jurídico, “por efecto de la pérdida de la acción, la obligación se extingue. La diferencia parece sutil pero no lo es. La extinción de la obligación acontece por la pérdida de dicho elemento coactivo, lo que -a su vez- se produjo en razón de la prescripción liberatoria” (conf. Ossola, en Derecho Civil y Comercial, Obligaciones, Rivera-Medina Directores, Bs.As. 2016, págs.1083 a 1085, lo destacado en negrita me pertenece; ver también Arias Cáu, Prescripción Extintiva y Caducidad en el Derecho Privado, Bs. As. 2023, tomo I, págs.224 y 225). En un precedente de este Tribunal traje a colación la opinión de Pizarro y Vallespinos, quienes definen a la prescripción liberatoria como “la extinción de un derecho en virtud de la inacción de su titular durante el término fijado por la ley. Se trata de un modo extintivo de derechos y, en lo específico, del derecho de crédito, pues afecta su existencia misma, provocando el aniquilamiento del vínculo jurídico, con todas las consecuencias que de ello derivan” (conf. Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones, Bs. As. 1999, tomo 3, págs.654 y 655; esta Sala, causa n°69.370, ”Banco Hipotecario S.A. c/Franco Gustavo Daniel s/ Ejecución Hipotecaria”, sentencia del 21/12/2022).
Es por lo expuesto que merece ser confirmada la sentencia de la anterior instancia, en cuanto decretó la “extinción del crédito” otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a los actores, posteriormente cedido al Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726. Para así decidir, la magistrada partió de la base del “reconocimiento formulado por la parte accionada en torno a que no ha instado el cobro del crédito otorgado hacia el año 1995 a los actores”. Y agregó la juzgadora que, por aplicación de los arts.4017 y 4023 del Código Civil, en cuanto este último señala que toda acción personal por deuda exigible prescribe por diez años, “el cumplimiento de dicho plazo sin haberse promovido acción alguna por parte de las entidades financieras tendiente al cumplimiento de pago de lo adeudado por los hoy actores, torna procedente el instituto de la prescripción liberatoria de la deuda de Dólares Estadounidenses Veinticinco Mil (u$s 25.000) tomada por los actores”.
VI. Pues bien, habiendo tenido por operada la extinción de la obligación de los accionantes, por haberse configurado los requisitos que tornan aplicable la prescripción liberatoria, en la sentencia apelada se decretó, a modo de consecuencia, la cancelación y extinción de la hipoteca constituida sobre el inmueble matrícula 3065 del Partido de Olavarría.
En la citada causa n°69370, de fecha 21/12/2022, hice hincapié en la necesaria distinción que debe realizarse entre crédito e hipoteca. Sobre el particular expresan Highton y Areán, que: “Si bien habitualmente se menciona al crédito hipotecario o, aún más sencillamente, a la hipoteca, como una entidad única, en esta expresión deben destacarse dos elementos: el crédito y la hipoteca. Existe una gran confusión entre el derecho personal garantizado y el derecho real garantizante, por lo que deben separarse bien ambos conceptos. No es una cuestión meramente teórica, pues de la misma derivan importantes consecuencias prácticas” (esto es lo que surge del art.3108 del Código Civil, al señalar que “la hipoteca es el derecho real constituido en seguridad de un crédito en dinero, sobre los bienes inmuebles, que continúan en poder del deudor”). Y puntualizan estas autoras, más adelante, al distinguir entre lo principal y lo accesorio, que: “La hipoteca integra un grupo de derechos reales accesorios en función de garantía, porque su existencia depende de otro derecho de carácter creditorio al que procura seguridad. Es decir que, sin duda alguna, el derecho real es accesorio al derecho personal. La accesoriedad de la hipoteca está consagrada, o es presupuesta por el Cód. Civil en los arts.524, 727, 802, 803, 3108, 3109, 3111, 3115, 3121, 3128, 3131, incs. 2° y 4°, 3152 a 3156, 3158, 3161, 3172, 3179, 3187, 3192, 3202, nota al art.497, etcétera. Significan estos artículos que la hipoteca es inseparable del crédito al que accede. Como consecuencia de ello, la hipoteca sigue la suerte del crédito que garantiza; así se extingue con la extinción del principal y la nulidad de la obligación entraña la de la hipoteca; pero no sucede a la inversa, por cuanto podría extinguirse o ser nula la hipoteca y subsistir el crédito. En síntesis, la accesoriedad de la hipoteca está referida a su dependencia respecto de un derecho personal: el crédito. La hipoteca es accesoria a uno o varios créditos, o dicho en otros términos, la hipoteca es inseparable del o los créditos a que accede” (Juicio hipotecario, 2da.edición, Bs. As. 2005, tomo 1, págs.42, 43, 48, 49, 61 y 62; lo destacado es propio).
Estos mismos conceptos son los que recepta el código actualmente vigente, al clasificar a los derechos reales en principales y accesorios (art.1889 del CCCN), y establecer que: “Los derechos reales son principales, excepto los accesorios de un crédito en función de garantía. Son accesorios la hipoteca, la anticresis y la prenda”. Agrega el artículo 2186 que: “Los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran, son intransmisibles sin el crédito y se extinguen con el principal, excepto en los supuestos legalmente previstos. La extinción de la garantía por cualquier causa, incluida la renuncia, no afecta la existencia del crédito”. En este orden de ideas asevera Kiper: “Es fuerte la conexión entre el crédito y el derecho real que lo garantiza. Es así que no puede desligarse del crédito para cuya seguridad nació y pasar, por ejemplo, a garantizar otro distinto. Tampoco puede ser cedido con independencia de la obligación garantizada. No puede haber derecho real de garantía sin crédito al que acceda. Como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, si se extingue el crédito se extingue el derecho real que lo garantiza (conf. art.857). En cambio, puede extinguirse el derecho real sin que se extinga el crédito…” (conf. Kiper, Tratado de Derechos Reales, Tercera edición actualizada, Santa Fe 2021, pág.202; lo destacado me pertenece).
Por aplicación de estos conceptos resulta indudable que, habiéndose extinguido el crédito del banco por prescripción liberatoria, también se ha extinguido la hipoteca que lo garantiza, tal como se resolvió en la sentencia dictada en la instancia de origen, cuya confirmación propongo al acuerdo. En la expresión de agravios se reproduce el argumento expuesto al contestar la demanda, que se basa en el art.58 de la carta orgánica de la entidad bancaria, pero este planteo debe ser desestimado por las razones que esgrimiré en el apartado venidero.
VII. El art.58 de la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires (decreto ley n° 9434/79 y sus modificatorias), establece lo siguiente: “La hipoteca y su inscripción en el Registro de Hipotecas conservan su eficacia legal durante el tiempo de vigencia del contrato de acuerdo al artículo 69 de la Ley Nacional n° 1804. No obstante, el Banco tiene facultad de pedir directamente y cuantas veces lo estime necesario, la renovación de la inscripción, la que se efectuará por el Registro de Hipotecas a la sola presentación por el Banco de un testimonio de la escritura originaria del préstamo”.
Tal como se desprende en forma inequívoca del texto citado, esta norma se encuentra referida a un aspecto meramente formal, cual es la renovación o reinscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad Inmueble, situación que no debe confundirse, en modo alguno, con la extinción de la hipoteca como consecuencia de la extinción del crédito por prescripción liberatoria. Ésta última es la cuestión debatida en el presente proceso, por lo que resulta inatendible el argumento del recurrente basado en el art.58 del decreto ley n° 9434/79.
Sobre esta temática es de utilidad recalar en la opinión de Borda, quien puntualiza: “La hipoteca sigue la suerte de la obligación principal: si ésta se extingue por pago o prescripción, se extingue también la hipoteca; si la obligación principal se declara anulada, queda inválida la hipoteca. Sobre este punto hay que distinguir la extinción del derecho real de hipoteca y la cancelación de su inscripción en el Registro de la Propiedad. Es posible que la obligación principal se haya extinguido o anulado, y que, sin embargo, no se haya procedido a cancelar la hipoteca en el Registro. La cancelación es nada más que el cumplimiento de una mera formalidad; hasta que no se cumpla podrá traer algunos inconvenientes para la disponibilidad del bien, pero de cualquier manera la hipoteca está ya extinguida” (Tratado de Derecho Civil, Derechos Reales, 5ª edición, actualizada por Delfina M. Borda, Bs.As. 2008, tomo II, pág.203, lo resaltado es propio; ver también Kiper, ob. cit. pág.289 y 290; Cossari y Cossari, en Código Civil y Comercial Comentado, Tratado exegético, Alterini Director general, 3ª edición, Bs. As. 2009, tomo X, pág.617).
El citado art.58 del decreto ley n° 9439/79, le otorga facultades a la entidad bancaria para solicitar la renovación de la inscripción de la hipoteca, sólo en caso de estimarlo necesario, pues, aunque no lo haga, tendrá la tranquilidad de que esa inscripción conservará toda su eficacia durante el tiempo de vigencia del contrato (en ese mismo sentido, ver ley 22.232 del Banco Hipotecario Nacional, y ley 21.799 del Banco de la Nación Argentina; conf. Kiper, ob. cit. pág.290). Pero únicamente ese es el sentido de la norma, por lo que la misma resulta inaplicable a supuestos como el debatido en autos. En efecto, habiéndose extinguido la hipoteca como consecuencia de la extinción del crédito que garantiza, no quedan dudas de que debe procederse a la cancelación de la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble por disposición judicial (art.2204 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación).
VIII. En el escrito portador de los agravios se aduce que, aunque se hayan configurado los requisitos de la prescripción liberatoria, “estamos ante una obligación natural, pero obligación al fin, y conforme al Régimen especial -Ley Orgánica del Banco Provincia, DTR) mientras la obligación no sea cancelada subsiste la inscripción”. Este planteo tampoco merece ser atendido.
En el régimen del Código Civil regía el art.515 de este cuerpo normativo, que contemplaba a las obligaciones naturales, las cuales están “fundadas sólo en el derecho natural y en la equidad”, y “no confieren acción para exigir su cumplimiento”, pero “cumplidas por el deudor, autorizan para retener lo que se ha dado en razón de ellas”. En esta especie se ubicaba a aquellas obligaciones extinguidas por la prescripción (art.515 inc.2). El Código Civil y Comercial de la Nación ha introducido una importante modificación que se refleja en los arts.539, 724, 728, 803, 1527, 1611 y 2538, estableciendo el art.728 que: “Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible”. Sobre esta modificación legislativa se han formulado diversas posturas doctrinarias, sin perjuicio de las cuales se entiende que se ha eliminado la categoría de las obligaciones naturales en cuanto “relaciones jurídicas de obligación”, Y se ha señalado en doctrina que, a la vez, se incorpora otra figura novedosa en nuestro ordenamiento, ya que para el mismo supuesto de hecho de las “obligaciones naturales”, se ha previsto mantenerlo, aunque mutándose su naturaleza: ahora, en estos casos, existirá un deber moral o de conciencia. Asimismo, se ha mantenido su efecto esencial, cual es la irrepetibilidad del beneficio recibido. En lo que específicamente concierne al pago de una obligación prescripta, el art.2538 del código actualmente vigente, establece que “el pago espontáneo de una obligación prescripta no es repetible” (conf. Ossola, ob. cit. págs.172 a 185).
De la caracterización precedente se desprende que, en este supuesto de obligación prescripta, aunque pueda hablarse de obligación natural o de deber moral o de conciencia, no hay un vínculo jurídico ni causa fuente idónea para hacer nacer una relación jurídica de obligación. Por ende, al haberse operado la extinción de la hipoteca como consecuencia de la extinción del crédito, no quedan dudas de que debe procederse a la cancelación de la inscripción registral de esa hipoteca, siendo improcedente el planteo del apelante. Tal como ya lo vengo anticipando, se impone la confirmación de la sentencia apelada en cuanto decretó la extinción del crédito del banco accionante y la consecuente extinción de la hipoteca que lo garantiza, disponiendo la cancelación de la inscripción registral del gravamen hipotecario.
IX. Por último, corresponde desestimar el agravio dirigido a la forma en que se impusieron las costas en la sentencia apelada, por cuanto el mismo carece de asidero.
En efecto, en dicho decisorio se impusieron las costas del juicio a la accionada con arreglo a la regla objetiva de la derrota en juicio, no habiendo ninguna razón para arribar a una solución distinta. Sostiene el apelante que las costas deben adjudicarse en el orden causado, alegando que “la publicidad del registro es sólo eso pero la hipoteca subsiste hasta tanto la deuda sea abonada”. Este argumento es insostenible, a tenor de las consideraciones jurídicas que he desarrollado en el decurso de este voto; debiendo también refutarse la otra alegación vertida por el recurrente, sobre un supuesto enriquecimiento incausado de los deudores, “puesto que la hipoteca tenía como correlato un mutuo que les fue otorgado, que el dinero salió y se desembolsó y ellos no lo honraron”. Lo cierto es que en el caso ha transcurrido el plazo legal aplicable en materia de prescripción liberatoria y, ante la inacción del acreedor, la obligación se ha extinguido por esa razón; por lo que en modo alguno puede hacerse referencia a un enriquecimiento incausado de los deudores, cuando éstos no han hecho otra cosa que invocar este modo de extinción de las obligaciones, estando su conducta ajustada a derecho (arts.2532, 2533, 2534, 2536, 2551, 2554 y ccs. del C.C.C.N.).
Por lo expuesto, propicio la confirmación de la sentencia apelada, en cuanto impuso las costas del juicio a la accionada vencida, con arreglo a la regla objetiva de la derrota en juicio (art.68 del Cód. Proc.). Y en virtud del resultado desfavorable obtenido por el recurrente en esta instancia recursiva, las costas de alzada también se deben imponer a la demandada vencida (arts.68 y 69 del Cód. Proc.). Po lo demás, la regulación de honorarios se difiere para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
todo lo que decide y ha sido materia de agravios; 3) Confirmar la condena en costas a la demandada vencida, que se dispuso en la sentencia apelada, e imponer las costas de alzada a esa misma parte demandada, en atención al resultado desfavorable obtenido en esta instancia recursiva (arts.68 y 69 del Cód. Proc.); 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 25 de Agosto de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Rechazar el planteo de deserción formulado por la parte actora; 2) Confirmar la sentencia apelada de fecha 12/10/2022, en todo lo que decide y ha sido materia de agravios; 3) Confirmar la condena en costas a la demandada vencida, que se dispuso en la sentencia apelada, e imponer las costas de alzada a esa misma parte demandada, en atención al resultado desfavorable obtenido en esta instancia recursiva (arts.68 y 69 del Cód. Proc.); 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia