Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I · Causa 70.721
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Rubens Benitez y, por los fundamentos expuestos, confirmar el decisorio recurrido en lo que ha sido materia de agravios;
2Imponer las costas al apelante vencido (arts. 68 del Cód. de Proc.).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (ley 14.967);
Causa: 1-70721-2023-
"ECHAVARRIA MARIA MANUELA C/ VIDAL SERGIO ARIEL S/ RESOLUCION DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA
Causa: 1-70719-2023-
"BENITEZ RUBENS DARIO C/ ECHAVARRIA MARIA MANUELA Y OTRO/A S/ ESCRITURACION"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores, Lucrecia Inés Comparato, Esteban Louge Emiliozzi y Yamila Carrasco para dictar sentencia en los autos caratulados: "ECHAVARRIA MARIA MANUELA C/ VIDAL SERGIO ARIEL S/ RESOLUCION DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", (Causa Nº 1-70721-2023); "BENITEZ RUBENS DARIO C/ ECHAVARRIA MARIA MANUELA Y OTRO/A S/ ESCRITURACION", se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores CARRASCO-LOUGE EMILIOZZI-COMPARATO.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia de fecha 15/02/23?
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
- V O T A C I O N –
A LA PRIMERA CUESTION: la Sra. Jueza Doctora CARRASCO dijo:
I. A modo preliminar y sin perjuicio de las precisiones que sobre el particular efectuaré más adelante, estimo conveniente reseñar que la sentencia que motivó la apelación en tratamiento resulta ser el decisorio que heterocompuso las causas “Benítez Rubens Darío c/Echavarría María Manuela y otro s/Escrituración" (en adelante causa n° 70.719) y "Echavarría María Manuela c/Vidal Sergio Ariel s/Resolución de Contrato” (en adelante causa n° 70.721); causas cuya acumulación -a razón de los objetos procesales, las partes involucradas y el hecho causal que motivara las pretensiones en juzgamiento- fuera dispuesta con fecha 20/08/22 en la instancia de origen, en el primero de los expedientes señalados En este escenario procesal, la sentencia única resolvió: 1) Declarar la falta de legitimación pasiva de la Sra.
Echavarría respecto de la acción de escrituración articulada por el Sr. Benítez (art. 345 inc. 3 del C.P.C.C.); 2) Rechazar la acción de escrituración promovida por el Sr. Benítez contra los Sres. Vidal y Sra. Echavarría y, en consecuencia, declarar resuelto el contrato de compraventa celebrado entre el Sr. Benítez y el Sr. Vidal de fecha 03 de Agosto de 2017 que tuviera por objeto la compraventa del departamento sito en calle Tucumán N° 2454, Piso 6°, Dpto. 4, de la Ciudad de Mar del Plata (arts. 343, 349 1017 inc a, 1073, 1075, 1078, 1079, 1080, 1084, 1087, 1088, 1892 y ccdtes. del C.C.C.N.; art. 375 y ccdtes. del C.P.C.C.); 3) Declarar resuelto el contrato de permuta celebrado entre la Sra.
Echavarría y el Sr. Vidal de fecha 15 de Noviembre de 2016 que tuviera por objeto la permuta del departamento sito en calle Tucumán N° 2454, Piso 6°, Dpto. 4, de la Ciudad de Mar del Plata a cambio de dos departamentos y una cochera a construir en el domicilio de calle Coronel Suárez N° 1344 de la Ciudad de Olavarría (arts. 343, 349 1017 inc a, 1073, 1075, 1078, 1079, 1080, 1084, 1087, 1088, 1892 y ccdtes. del C.C.C.N.; art. 375 y ccdtes. del C.P.C.C.); 4) Condenar al Sr. Vidal a restituir al Sr. Benítez una suma de dinero idéntica al valor actualizado del departamento sito en calle Tucumán N° 2454, Piso 6°, Dpto. 4, de la Ciudad de Mar del Plata; y al Sr. Benítez a restituir a la Sra. Echavarría la propiedad detallada precedentemente; 5) Declarar abstracta la reconvención deducida por la Sra.
Echavarría contra el Sr. Benítez como acción reivindicatoria; 6) Hacer lugar a las acciones de daños y perjuicios deducidas por el Sr. Benítez y por la Sra. Echavarría, ambos en forma autónoma contra el Sr. Vidal, y condenar a éste último al pago de los montos dinerarios establecidos en el considerando 9) de la presente sentencia, con más los intereses fijados en el considerando 10); 7) Imponer las costas de ambos procesos al accionado Sergio Ariel Vidal (art. 68 C.P.C.C.) y; 8) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (Art. 51 Ley 14.967).
La sentencia fue apelada únicamente por el Sr. Rubens Benítez, con fecha 24/02/23, quien resulta ser parte actora en la causa n° 70.719 y cuyo trámite procesal ha sido incoado en primer término que su acumulada. El recurso se concede en modo libre con fecha 27/02/23 y remitidos los autos a esta instancia, se devolvieron los autos a los fines de cumplimentar notificaciones. Elevados nuevamente, con fecha 16/06/23, se mandó a expresar agravios, lo que se cumplimenta con fecha 22/06/23. Una vez sustanciados los fundamentos con la Sra. Echevarría y el Sr. Vidal, solo la primera los contesta con fecha 06/07/23 (ver proveído de fecha 16/08/23), solicitando en un primer punto su deserción. Luego, con fecha 16/08/23, se dicta la providencia de autos para sentencia y seguidamente se pasan estos autos al acuerdo. Finalmente, con fecha 29/09/23, se practica el sorteo de ley; y, habiendo devenido firmes todas estas providencias, corresponde sin más el dictado de la presente.
II. Con el propósito de precisar los mayores hitos procesales de esta contienda y conferir mayor legibilidad y autonomía al texto, reseñaré sucintamente el trámite de ambas causas.
II a. 1) De los autos "Benítez Rubens Darío c/Echavarría María Manuela y otro s/Escrituración", iniciados a con fecha 06/08/20. El Sr. Benítez demandó a la Sra. María Manuela Echavarría y al Sr. Sergio Ariel Vidal por escrituración del bien inmueble sito en calle Tucumán N° 2454 Piso 6, Dpto. 4, de la Ciudad de Mar del Plata; y, por daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, los que en su postulación estimó en la suma de $ 400.000. A modo eventual y, para el caso de que resultara imposible escriturar, solicitó la resolución del contrato con la restitución del valor del inmueble actualizado y los daños y perjuicios que correspondan, más accesorios (ver demanda, pág. 1).
Respecto de los hechos a los que confiere trascendencia jurídica, relató que el día 03/08/17 la Sra. Echavarría le vendió -con intervención del Sr. Vidal en calidad de gestor inmobiliario- el inmueble referido. Que a tal fin se instrumentó un boleto de compraventa con firmas certificadas en el que se determinó el monto de la operación en la suma total de $ 1.300.000; monto que refiere haber abonado íntegramente mediante la entrega de $ 700.000 en efectivo a la firma del boleto y el resto, en 6 cuotas de $ 100.000 cada una.
Hizo saber que conforme lo establecido en su cláusula tercera, tomó posesión del bien a la firma del boleto; y que, en la cláusula cuarta, se dejó asentado que el inmueble se encontraba a nombre de su titular registral, la Sra. María Manuela Echavarría, quien le había vendido el departamento a Vidal y que por ello, éste último se lo cedía a él en dicho acto. Puso de resalto que la Sra. Echavarría conformó tanto la venta a su favor como las condiciones de la operación con la firma del boleto.
Refirió además que, en la cláusula octava, de “confusa redacción”, se indicaba “algo interno entre los demandados”, “una permuta interna entre los accionados”, la que adelantó que no le era oponible y que además, desconocía.
Puso de resalto que tomó posesión del inmueble, pagó las deudas del departamento y los sucesivos impuestos y que reiteradamente requirió a la Sra. Echavarría la suscripción de la escritura traslativa de dominio, pero que obtuvo siempre respuestas evasivas. Que luego, sorpresivamente, el 08/07/20, recibió una carta documento donde aquella le invocaba “un supuesto conflicto entre ella y Vidal”, intimándolo -a su entenderindebidamente. Que por tal razón con fecha 17/07/20 le contestó, requieriéndole la escrituración en cuestión. Finalmente, consignó que el 03/08/20 la Sra. Echavarría admite la firma del boleto aunque, así lo interpreta, confunde el acto celebrado. Solicitó medidas cautelares y ofreció prueba (documental, informativa, testimonial; (ver escrito de demanda de fecha 06/08/20; los recursos paratextuales me pertenecen).
II a. 2) Abierta la instancia el 28/08/20, la accionada María Manuela Echavarría se presentó en autos y contestó la demanda. A tal fin efectúo una negativa pormenorizada de los hechos expuestos por el actor, explicitó su relato de los hechos de la cuestión en contienda y rechazó los montos indemnizatorios reclamados por considerarlos improcedentes y carentes de fundamentación.
A tal fin, hizo saber que con fecha 15/11/16 suscribió con el Sr. Sergio Vidal -codemandado en autos-, un contrato de permuta mediante el cual entregó un departamento sito en calle Tucumán 2454 de la ciudad de Mar del Plata a cambio de dos departamentos con cocheras a construir, ubicados en calle Coronel Suárez Nº 1344 de la ciudad de Olavarría, emplazados en el tercer piso, uno al frente y otro al contra frente. Que estos últimos se entregarían en el mes de septiembre del año 2018 y que las escrituras traslativas de dominio de ambas operaciones se diferían a la concreción de las escrituras correspondientes de las propiedades que debía entregar el Sr. Vidal. Que sin embargo, en el mes de julio del año 2017 tomó conocimiento de que el Sr. Vidal estaba ofreciendo a la venta su departamento en Mar del Plata, a lo que se opuso rotundamente toda vez que no había recibido aún de éste los dos departamentos con cochera objeto de la permuta.
Que contactó al Sr. Vidal para que le dé las explicaciones correspondientes, manifestándole éste que “ya había vendido el inmueble al Sr. Benítez ya que necesitaba el dinero para pagar la losa del primer piso del edificio de calle Coronel Suárez 1344 y así poder cumplir con su obligación de entregar los departamentos vendidos allí”. Hizo saber, además, que en aquel momento Vidal la amedrentó, hablándole de mala manera y le indicó que debería pasar por la escribanía Fal a suscribir dicho contrato de compraventa (ver contestación de demanda, pág. 5). Asimismo, sobre esta circunstancia refirió que Vidal la dejó sin opción, en un estado de angustia y desazón y que fue en ese estado que concurrió a la Escribanía Fal para suscribir el boleto realizado entre los Sres. Benítez y Vidal “con la única condición de que se establezca en ese contrato que la titular registral del departamento en Mar del Plata era ella y que se hiciera mención del cumplimiento del contrato de permuta que la unía con Vidal como condición necesaria para suscribir las escrituras correspondientes” (ver contestación de demanda, pág. 5). Es decir, que solo con tal propósito intervino en el boleto y que por tal, fue Vidal quien suscribió los recibos que se acompañan en la demanda. Refiere que lo expuesto se acredita también con la documentación acompañada en los autos “Echavarría María Manuela y otros c/ Vidal Sergio Ariel s/ Medidas cautelares”, expte. 3786”, que conjuntamente con otros adquirentes tramitó para resguardar sus derechos atento los incumplimientos del Sr. Vidal.
A tenor de lo expuesto, dio su interpretación de la cláusula cuarta del boleto como de la octava en la que, según refiere, se estableció claramente que las escrituras de ambas partes se firmarían conforme al contrato de permuta celebrado entre Sergio Ariel Vidal y Echevarría Manuela. Asimismo, textualmente señaló: “que el actor conocía el contrato de permuta entre Vidal y quien suscribe, con lo cual, ya se puede observar que el actor nunca puede ser considerado un tercero de buena fe a título oneroso; quien suscribe nunca recibió dinero ni valor ni departamento alguno. El actor fue consciente y actuó a sabiendas de que la condición para que quien suscribe le firme la escritura era que Vidal haga entrega de los departamentos que se obligó a entregar en el contrato de permuta. El actor NO ES UN TERCERO DE BUENA FE, máxime que reconoce en la propia demanda que el Sr. Vidal no era titular registral del inmueble, sino que era quien suscribe. Podrá observar V.S que los recibos acompañados por el actor son todos suscripto por el Sr. Vidal. Quien suscribe no recibió absolutamente nada, ni dinero ni departamento alguno” (ver contestación de demanda, pág. 5).
De igual modo, resaltó que el Sr. Benitez incurrió en mala fe al pretender hacer pasar al Sr. Vidal como un “gestor inmobiliario” de su parte; haciendo hincapié en que ningún documento, ni poder válido acredita dicha situación.
Por ello, solicitó que se le aplique una multa por conducta temeraria (conf. pág. 12/17).
Hizo saber que remitió cartas documentos al Sr. Vidal y al Sr. Benítez, resolviendo el contrato de permuta e intimando a la restitución del departamento en Mar del Plata. Y que, desde el momento que el Sr. Vidal guardó silencio a su intimación (y máxime el hecho de haber abandonado la obra), quedó configurada la resolución contractual.
Por otra parte, y en este contexto, refiere que el contrato de compraventa celebrado entre Vidal y el actor quedaría encuadrado como una venta de cosa ajena y aquel debe responder por los daños causados. En este escenario, entiende que no resulta responsable por el accionar del codemandado Vidal, oponiendo al progreso de esta pretensión, excepción de falta de legitimación pasiva a tenor de dos fundamentos: primero, porque enfatiza que no fue parte en la contratación entre el actor y Vidal; y, segundo, porque el contrato entre ambos supone una venta de cosa ajena y la legitimación pasiva de la pretensión de escriturar recae en el vendedor y no en el titular dominial del bien enajenado (conf. pág. 17/18 de la contestación de la demanda).
Finalmente, interpuso reconvención por acción reivindicatoria contra el actor Rubens Darío Benítez bajo el argumento de que éste ocupa ilegalmente el inmueble tipo departamento ubicado en la ciudad de Mar del Plata. Refirió, remitiendo a los argumentos ya desarrollados en su responde, que instaba esta pretensión contra el actor ya que éste intenta poseer el inmueble de su titularidad con animus de dueño, sin perjuicio de haber sido intimado fehacientemente con fecha 08/07/2020 de la resolución del contrato. Que ésta situación la perjudica, violando gravemente sus derechos de propiedad. Que está claro que ella nunca le hizo entrega de la posesión; que la perdió ilegítimamente por el Sr. Benítez (ver escrito de fecha 28/07/21, pág. 17 y ss.). Ofreció prueba (documental, informativa, confesional, testimonial, instrumental, inspección ocular) y se opuso a uno de los medios ofrecidos por el actor.
II a. 3) Conferido traslado de las defensas y de la reconvención interpuesta, con fecha 11/08/21, contestó el actor.
Respecto de la legitimación pasiva incoada a razón de la demanda de escrituración solicitó su rechazo. Tal como postuló en su demanda, enfatizó que Vidal se desempeñó como un gestor inmobiliario y que la Sra. Echavarría fue quien hizo el negocio. Que “fue ella quien trajo al codemandado y ambos o juntos celebraron el boleto (…) la accionada con Vidal me dieron la posesión del inmueble, firmando Echavarría ante el Escribano Público Estaban Fal” (ver pág. 2 del escrito de fecha 11/08/21). Por otra parte, solicitó que se rechace la sanción por temeridad y malicia requerida, se opuso a la prueba informativa y contestó la pretensión reivindicatoria incoada, solicitando su desestimación. Respecto de esto último señaló que precisamente fue la reconviniente quien lo puso en posesión del departamento o que al menos, lo consintió. Que las excusas que invoca respecto de lo que debió cumplir Vidal son hechos ajenos a su parte.
II a. 4) Con fecha 20/08/21, tal como reseñé al inicio, se dispuso la acumulación de las dos causas. Posteriormente, a pedido del actor, se declaró la rebeldía del codemandado Sergio Ariel Vidal. Remitida la causa “Echavarría María Manuela c/Vidal Sergio Ariel s/Resolución de Contrato” al Juzgado Civil y Comercial n° 2 desde su dependencia de origen, la acumulación de las causas se efectivizó con fecha 08/02/22; y, una vez integradas ambas litis, se celebró la Audiencia Preliminar de Prueba con fecha 01/06/22. Dicho acto procesal, así lo adelanto, asumirá en la resolución de esta litis trascendente entidad puesto en allí -entre otras cuestiones- textualmente se resolvió:
“Atento la relación entre ambos procesos se hace saber que las pruebas pertinentes ofrecidas serán proveídas en forma conjunta para ambos procesos, y en los cuales se dictará una sentencia única. Acto seguido, se les hace notar que de una pormenorizada lectura de los hechos expuestos en el escrito de inicio, así como de la contestación de demanda no existe controversia entre las partes acerca de que en fecha 03 de Agosto de 2017 el actor Rubens Darío Benítez adquirió mediante boleto de compraventa suscripto con los demandados Vidal y Echavarría el bien inmueble ubicado en calle Tucumán N° 2454, Piso 6, Depto. 4 de la Ciudad de Mar del Plata, Matrícula 122.086 del Partido de General Pueyrredón (124), del cual se encuentra en posesión desde aquella fecha. Tampoco existe controversia respecto de que dicho negocio se encuentra relacionado con un contrato de permuta celebrado entre los codemandados Echavarría y Vidal, de fecha 15 de Noviembre de 2016, mediante el cual el primero de ellos se comprometió a entregar dos departamentos con cochera, a construir, en la Ciudad de Olavarría a cambio de dicha unidad funcional sita en la ciudad de Mar del Plata. Ello resulta de los contratos acompañados al proceso y celebrados por las partes, como así también del Acta de Cierre de Mediación de fecha 30 de Noviembre de 2020. En virtud de ello, encontrándose reconocidas las relaciones contractuales, solo se proveerán pruebas tendientes a demostrar si corresponde o no la escrituración del bien pretendida por la actora, la resolución del contrato alegada por la accionada y, la cuantificación de los daños y perjuicios si correspondieren”. Seguidamente, las partes disponen sobre los medios de prueba ofrecidos, se resuelve en consecuencia y se proveen solo algunas de las pruebas propuestas. Luego, celebrada la Audiencia de Vista de Causa el 29/08/22 y certificada la producción de prueba, se dictó la providencia de Autos para Sentencia.
II b. 1) De los autos "Echavarría María Manuela c/Vidal Sergio Ariel s/Resolución de Contrato" Expte. 70.721.
Prácticamente un año después de haberse incoado la causa n° 70.719, la Sra. María Manuela Echavarría demandó al Sr. Sergio Ariel Vidal por resolución del mentado contrato de permuta celebrado el 15/11/16 de cuyo objeto aquí ya he dado cuenta. A tenor de lo dispuesto por los arts. 1078, 1079 inc. b, 1080 y 1081 del CCyC, solicitó la restitución del departamento de su propiedad libre de ocupantes o intrusos, con más las costas del proceso. Asimismo, peticionó que le sean resarcidos los daños y perjuicios por el incumplimiento contractual que denunció haber sufrido.
Los hechos en los que sustentó su pretensión coinciden, sin perjuicio de mayores detalles, con aquellos relatados en la oportunidad de contestar el juicio de escrituración incoado por el Sr. Benítez: que la fecha de entrega de los departamentos a construir se fijó para el mes de septiembre del año 2018; que se pactó realizar la escritura traslativa de dominio de su departamento en la Ciudad de Mar del Plata al momento de la concreción de las escrituras correspondientes a las propiedades a entregar por el Sr. Sergio Ariel Vidal; que una vez cumplido el plazo de entrega de los departamentos, el 05/10/18 intimó al demandado Vidal y lo colocó en mora a tal efecto, sin recibir respuesta alguna; que el 14/08/19 junto con otros adquirentes de departamentos ubicados en calle Coronel Suárez N° 1344 inició un proceso de medidas cautelares para garantizar su crédito contra el Sr. Vidal, caratulado “Echavarría María Manuela y otros c/Vidal Sergio Ariel s/Medidas Cautelares” y de trámite ante ese mismo juzgado; que Vidal ha realizado promesas de cumplimiento, incluso de entrega de otros inmuebles con el fin de no resolver el presente contrato, pero que resultaron insatisfactorias; y, que el 22/07/20 le notificó al demandado Vidal su decisión irrevocable de resolver la permuta.
En relación a la pretensión indemnizatoria, reclamó el daño emergente del incumplimiento, daño moral y daño psicológico. Finalmente, ofreció prueba (documental, instrumental, informativa, confesional, testimonial, pericial de tasación y psicológica).
II b. 2) Emplazado el demandado Vidal, con fecha 26/04/22 se declaró su incomparecencia. Con fecha 01/06/22 se celebró la Audiencia Preliminar de Prueba en el ámbito de los dos expedientes y, como ya reseñé, en la causa n° 70.719 fue donde se proveyó la prueba aquí ofrecida por la actora y se celebró la Audiencia de Vista de Causa. Posteriormente, una vez certificada la producción de la prueba, se llamaron autos para sentencia.
III. Con lo dicho hasta aquí, a modo de síntesis, es dable señalar que en la sentencia única recaída en las causas acumuladas la magistrada de la anterior instancia procedió a analizar la procedencia de tres demandas (una escrituración, una reivindicación y una resolución contractual) y la eficacia y la conexidad de dos contratos que, como ya referí - desde la audiencia preliminar – ambas partes entendieron relacionados (una permuta celebrada en el año 2016 y un boleto de compraventa que data del año 2017 donde precisamente se enajena uno de los departamentos permutados por las partes contratantes).
En efecto, en la causa n° 70.719, a tenor de un boleto de compraventa, el Sr. Rubén Benítez reclamó por escrituración y daños y perjuicios tanto a María Manuela Echavarría – en su carácter de titular dominial del inmueblecomo a Sergio Ariel Vidal, atribuyéndole a este el carácter de gestor de negocios de la primera. Asimismo, en dicho trámite y por la vía de la reconvención, la Sra. Echavarría demandó por reivindicación al Sr. Benítez, en el entendimiento de que éste detentaba ilegítimamente la posesión del inmueble en cuestión. Posteriormente, en la causa n° 70.721, María Manuela Echavarría demandó a Sergio Ariel Vidal por resolución del contrato de permuta, solicitando la restitución del departamento permutado por su parte, con más daños y perjuicios.
En este escenario, donde se constata la existencia de conexidades objetivas de pretensiones (Alvarado Velloso, Adolfo; Introducción al estudio del derecho procesal. Primera parte, pág. 106 y ss.), resultó conveniente que en estas dos causas (y tres procesos) originados por pretensiones que se encuentran estrechamente vinculadas entre sí, haya recaído la sentencia única en tratamiento; aun cuando – así lo aclaro- no resulten idénticos los sujetos procesales de sus trámites.
IV. Precisado en dicho alcance lo concerniente a la acumulación procesal, analizaré la procedencia de la deserción solicitada por la codemandada Echavarría, en cuanto considera que la pieza de los fundamentos resulta “confusa e incongruente” (ver escrito de fecha 06/07/23).
Sobre el particular, he de adelantar, este Tribunal sigue la orientación que considera que la pieza de los agravios debe examinarse con un criterio amplio y flexible hacia la apertura de segunda instancia, debiendo admitírsela incluso aunque en mínima medida sean expresados los motivos de la disconformidad con la sentencia impugnada (art. 260 del CPCC), dada la gravedad de los efectos que la ley imputa a la insuficiencia del mencionado acto procesal y a fin de preservar el derecho de defensa (entre muchas, causas n° 39.003, “Clínica San Martín”, 01/11/97; 40.190, “Municipalidad de Olavarría”, 11/01/99; 48.213, “Bruno”, 20/04/05; 52.365, “Rivera”, 11/12/08).
Ahora bien, efectuado el necesario análisis de contenido -y si bien, como se verá en el desarrollo del voto, existen aspectos que no tienen la necesaria o suficiente crítica respecto de la fundamentación desarrollada en la sentencia de primera instancia- no aprecio que deba caer la totalidad de la queja. Por lo tanto, seguidamente de abocaré a su análisis, no sin antes puntualizar las cuestiones que señalaré a continuación.
En primer lugar, resulta dirimente tener presente que ha quedado firme lo resuelto en la anterior instancia respecto de la resolución del contrato de permuta celebrado entre la Sra. Echavarría y el Sr. Vidal (ver punto 3) de la sentencia de mérito, parte resolutiva); y, en segundo término, adelantar que ante la multiplicidad de argumentos invocados por el único apelante, ceñiré mi análisis a los agravios y planteos que devienen necesarios para la resolución de la litis, siguiendo –además- otro orden al propuesto por el recurrente en su crítica y respetando la regla de la congruencia. Al respecto, no está de más señalar que la doctrina y la jurisprudencia tienen reiteradamente dicho que los jueces no tienen la obligación de seguir a las partes en todas sus argumentaciones en apoyo de sus pretensiones, siendo suficiente que se pronuncien sobre las cuestiones esenciales objeto de la litis (esta Cámara, esta Sala, causa nº 52.016, “H.J. Navas y Cía. S.A.”, del 29.10.08., causa nº 66.468 “Mornhinweg…” del 21.04.2021 entre otras; Sala II, causa nº 48.257, “Arla”, del 06.10.05. y citas allí contenidas: Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales, tomo II-C, pág.27 y precedente de la misma Sala en causa n° 48621, entre otras) o, lo que es lo mismo, sobre los planteos recursivos que resulten esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa (CSJN en Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros). En el mismo sentido, el superior tribunal de nuestra provincia tiene reiteradamente dicho que no existe omisión de cuestión esencial si ésta quedó desplazada por el razonamiento seguido por el sentenciante (Ac. 37.682 S 28-12-1987, Juez San Martín “Cariac, Carlos c/ Brandauer y Cía. S.A. s/ Indemnización daños y perjuicios”; Ac 87732 S 19-10-2005, Juez Soria “Acosta, Zunilda c/ Empresa de Transporte Fournier S.A. y C. s/ Daños y perjuicios”; citadas por esta Sala en causa n° 58942, “Centeno”, del 03.07.2014; causas n° 63574 “Giles” y n° 63577 “Barneche” (acumuladas), del 16.04.2019; causas n° 64680 “Rodríguez” y n° 64681 “Alijuaya S.C.A.” (acumuladas), del 30.06.2020, causa n° 66501 “Laborde…” del 8.04.2021 entre otras).
V. Uno de los agravios traídos a juzgamiento por el Sr. Benítez se relaciona precisamente con el instituto de la acumulación procesal ya referido. Se queja el apelante respecto de lo decidido, esgrimiendo que resulta ajeno a la contienda suscitada en los autos "Echavarría María Manuela c/Vidal Sergio Ariel s/Resolución de Contrato” (causa n° 70.721), en tanto en aquellos no fue demandado ni asumió carácter de parte (ver expresión de agravios, pág. 3).
Para dar a ello respuesta resulta ilustrativo recordar que la preclusión, cual trascendental regla en el debate judicial, ha sido caracterizada por la doctrina y jurisprudencia como aquella que consiste en la pérdida o extinción de una actividad procesal por haberse alcanzado los límites impuestos por el legislador para el ejercicio de las facultades procesales de las partes (Conf. Clemente Díaz, "Instituciones de Derecho Procesal" Parte General, T. 1, Ed. Abeledo Perrot, p. 368). Es decir, la preclusión actúa como una compuerta, una exclusa que echa cerrojo por un lado manteniendo y haciendo respetar lo que ya está adentro, y por otro impidiendo el paso de lo que no pudo entrar a tiempo, lo que no permite revisar luego del momento debido lo ya resuelto o ya cumplido. Solo admite machar hacia adelante, pero no volver atrás (Eisner, Isidoro; "Principios Procesales"). De ahí que la actividad procesal debe realizarse dentro de los límites señalados por la ley para su ejercicio pues de lo contrario, esta regla despojaría de efectos útiles a la actividad realizada fuera de ese margen (Clemente Díaz, "Instituciones..." ya cit.)". Por tanto, el cierre que impone esta regla impide volver sobre el acto aun sea con pretexto de mejorarlo o integrarlo con elementos omitidos en la primera oportunidad (Peyrano, Jorge W., "El proceso civil. Principios y Fundamentos", pág. 271, entre otros autores; esta Sala, causa n°65513, “Goñi”, del 19/03/20)”.
Bajo tales directrices, conforme la reseña que antecede, imperioso resulta concluir que esta parcela de la queja transgrede la regla procesal antedicha al traer a juzgamiento de este tribunal cuestiones ya firmes y consentidas; por tanto, ésta no resulta de recibo. Es que como se ha dicho, “no hay agravio derivado de resoluciones consentidas” (Acosta, José; Agravio irreparable, pág. 9 y ss).
Por lo demás y a todo evento, consigno que tampoco constato en la modalidad impresa a ambos trámites ninguna vulneración de derechos en detrimento del Sr. Benítez. Puesto que más allá de consentir el apelante los autos de fecha 20/08/21 y 08/02/22, en la audiencia preliminar de prueba de fecha 01/06/22 se hizo referencia a que no solo que se dictaría una sentencia única en ambos procesos, sino también a la gestión conjunta de la prueba de ambas causas; decisorios que no merecieron oportuna oposición ni recurso de su parte.
VI. Seguidamente abocaré al tratamiento de uno de los agravios centrales del apelante, el que se afinca en la falta de legitimación pasiva de la Sra. Echavarría dispuesta en la sentencia de la anterior instancia. Refiere el actor que cualquiera sea la figura o forma de intervención del codemandado Vidal, lo concreto es que Echavarría firmó el boleto que sustenta la acción de escrituración. Que ella conformó el boleto a su favor, aceptó la eficacia o efectos de los pagos que hizo y no los cuestionó. Que incluso le dio la posesión del bien en el mismo acto de venta (ver expresión de agravios pág. 10/12).
Sobre esta temática, ha dicho Morello: “Machaconamente insiste la jurisprudencia -orientada por la labor docente de Llambías- en el sentido que la obligación de escriturar es un caso típico de las denominadas indivisibles, irregulares o impropias, por lo que, por consiguiente, la acción debe ser ejercida por todos los compradores contra todos los vendedores y viceversa. (…) La síntesis de estas expresiones doctrinarias se permite afirmar que vendedor y comprador de un inmueble asumen el carácter de deudores y acreedores teniendo una obligación principal cada uno, pero en lo que hace a escriturar, uno y otro revisten la condición de deudores recíprocos de una misma obligación de hacer…” (Morello, Augusto; El boleto de compraventa inmobiliaria, pág. 623 y ss.; la negrita me pertenece). En idéntico sentido, señala Fazio de Bello que si hay varios vendedores, o varios compradores, la obligación de escriturar recae sobre todos (Fazio de Bello, Marta; Juicio de escrituración, pág. 226).
Nuestra estimada colega, la Dr. Comparato, en la causa n° 64307, “Cotti Palazzo”, tuvo oportunidad de precisar: “la obligación de escriturar emergente de un boleto de compraventa es indivisible (arts. 680, 988 y cctes. CC). En el caso que sean varios los compradores o los vendedores, todos ellos deben concurrir a suscribir la escritura pública, no es posible fraccionar el cumplimiento, se produce como consecuencia de la naturaleza de la obligación, la concentración de los efectos del vínculo, y el cumplimiento debe ser exigido, en el aspecto activo, y satisfecho, en el aspecto pasivo, por entero, de ello que siempre que entre varios sujetos exista una relación sustancial única e inescindible, la Litis debe integrarse con todos ellos…”(esta Sala, causa n° 64307, de 08/19, ya citada; conf. Kiper “Juicio de escrituración” págs. 291, 373/374).
Bajo estas directrices, de la sola lectura del boleto en cuestión se advierte que, tanto en su encabezamiento como la cláusula primera, se consigna que fue el Sr. Sergio Vidal quien vendió al actor el departamento en contienda (art. 1061 del CCyC y ss.). De igual modo, los recibos efectuados por el Sr. Vidal al actor, que documentan los pagos de las cuotas convenidas en la cláusula segunda del boleto y que el comprador acompañó a este juicio (y, valga señalar, corresponde tener como auténticos (art. 354 y 60 del CPCC)), así lo corroboran (ver al respecto documentación acompañada en el escrito de demanda).
Ahora bien, antes de seguir avanzando, resulta esclarecedor precisar que el actor en su demanda sustentó la legitimación de la Sra. Echavarría en su carácter de vendedora. Así lo afirmó: “El día tres (3) de Agosto del año 2017, la demandada MARIA MANUELA ECHAVARRIA vendió al suscripto, con intervención incluso del Sr Sergio Ariel VIDAL (actuaría como gestor inmobiliario) el departamento situado en calle Tucumán N° 2454 unidad funcional 124 de Mar del Plata por el Boleto de Compra Venta cuyo original, se adjunta, con certificación de firmas pasadas ante el Escribano Publico Juan Fal./ En dicho contrato con redacción desprolija la accionada está presente como titular del predio y con intervención del Sr. VIDAL le venden al suscripto, Sr. BENITEZ el mencionado Departamento…” (ver escrito de demanda, pág. 2).
En modo congruo, a tenor de dicha postulación, la señora jueza de primera instancia estructuró la decisión recaía en este aspecto precisando: “Según surge de las constancias de autos, en particular del contrato de compraventa, dicho vínculo se materializó entre el Sr. Vidal en calidad de vendedor y el actor Benítez en carácter de comprador; acto que se integró con la conformidad de la Sra. Echavarría quien a la fecha de la operación era la única titular registral del inmueble (...) No paso por alto que el Sr. Benítez en su demanda invocó que el Sr. Vidal actuó como gestor inmobiliario de la Sra. Echavarría, como así también que subrepticiamente argumentó el principio de indivisibilidad de la obligación de escriturar que opera frente a la hipótesis de pluralidad de compradores o vendedores, en cuyo caso impone que todos ellos deban concurrir a suscribir la escritura pública ante el escribano correspondiente en un único acto, ya que no es posible fraccionar su cumplimiento. Al respecto debo mencionar que ha quedado acreditado que el Sr. Vidal vendió el departamento que casi un año antes había permutado para con la Sra. Echavarría, por lo que desde ya descartó que haya actuado en carácter de gestor o corredor inmobiliario ya que no se presenta en autos ninguna de las características que legislan los artículos 1345 y ssgtes. del C.C.C.N)…” (ver sentencia, pág. 11).
Con ello, aún cuando no se encuentre controvertido que la Sra. Echavarría firmó el boleto, es lo cierto que la crítica esbozada se desentiende del argumento que el propio apelante postuló en su demanda, como así también de las razones explicitadas en dicha parcela del decisorio. Ante ello, entiendo que corresponde declarar la deserción del agravio en cuestión. Sobre este punto, resulta relevante precisar que para el apelante "la expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal trascendente. Pues la crítica concreta está referida a lo preciso, indicado, determinado. Lo razonado, indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones. Deben por lo tanto precisarse punto por punto los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del "a quo", a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general, los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación" (Morello, Augusto Mario - Sosa Gualberto Lucas - Berizonce, Roberto O. "Códigos Procesales...", tomo III, pág. 351; esta Sala, causas nº 33.534 “Patronelli” del 29.10.92; nº 34.602, “Santomauro" del 23.02.94; nº 49.772, “Bussetti”, del 20.09.06.; nº 53.074, “Tutelar Fiduciaria” del 31.03.09.; nº 54.904, “Basualdo” del 17.05.11., entre otras).
Ahora bien, firme este aspecto del decisorio, tal como el apelante refiere liminarmente recién en sus agravios (ver escrito de fecha 22/06/23, pág. 20), la venta realizada por el codemandado Vidal cual venta de cosa ajena, no deja de ser válida (art. 1132 del CCyC; ver página 20 de la expresión de agravios). Más, puesto que en el propio boleto se consignó que la titularidad registral del inmueble la detentaba la Sra. Manuela Echavarría y que ésta había sido quien se lo había vendido al Sr. Vidal (arts. 1008, 1132 CCyC).
Así, a efectos de dar cumplimiento a la obligación asumida en el boleto, el Sr. Vidal o bien podía adquirir la cosa del tercero (Echavarría) para luego trasmitírsela al comprador, o bien hacer precisamente que este tercero propietario de la cosa (Echavarría) se la transfiera directamente a él (conf. Clusellas, Eduardo (Dir.), Código civil y Comercial, comentado, anotado y conc., T. 4, pág. 100). Es que conforme lo ha resuelto la Sala II de esta Cámara en la causa n° 60021, “Cotti Alejandra c/ Bravo de Falconara Olga s/ Nulidad de acto jurídico”, del 10.11.15, “según la correcta interpretación dada en doctrina y jurisprudencia a los citados arts.1177 y 1329 del Código Civil, las cosas ajenas pueden venderse siempre que haya plazo para lograr y transferir el dominio, pues lo que está prohibido es vender la cosa ajena como propia. Solución que por cierto trae el art.1008 del nuevo Código Civil y Comercial aplicable en los presentes y, que remite el art.1132 cuando dispone que los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Más allá de esta cuestión y su calificación legal (art. 163 inc. 3 del CPCC), es lo cierto que en la anterior instancia, el contrato de compraventa se resolvió en el entendimiento de que la eficacia del boleto se subordinó a una condición: el cumplimiento de las obligaciones impuestas a Vidal por la permuta (arts. 1168 y 343 del CCyC y ss.). Sobre tal tópico, el apelante esgrime su agravio contra la decisión resolutoria, consignando que del instrumento no puede desprenderse que existe condición alguna en lo que atañe al negocio jurídico con su persona, ni que tampoco en el caso los contratos de compraventa y permuta resultan conexos (ver expresión de agravios, pág.15/19).
Respecto del contrato, y pese a otras oscuridades de redacción que ya adelanto, es lo cierto que claramente consigna quién es la titular registral del inmueble. En su cláusula cuarta se dispone: “El inmueble se encuentra a nombre de Manuela María Echavarría, DNI 34.150.682, domiciliada en 25 de Mayo 4591 de esta ciudad. Manuela Echavarría vendió al señor Vidal Sergio Ariel el departamento ubicado en la ciudad de mar del plata, en la calle Tucumán 2454, piso 6, depto. 4, sin cochera…”. Por lo tanto, con lo dicho y firme hasta aquí, si bien corresponde precisar que fue el codemandado Vidal y no la Sra. Echavarría quien vendió el departamento al actor, es indudable que por alguna razón los contratantes convinieron que la Sra. Echavarría suscribiera el boleto como lo hizo y que -además- se incorporara a éste una cláusula con el tenor de la octava.
Llegados a este punto, para proseguir con los agravios, corresponde analizar precisamente aquellas razones. Ello será dirimente para abordar la revisión pretendida (1061 y ss. del CCyC) puesto que no resulta controvertido en litis que tal intervención no fue en vano ni neutra. Por el contrario, cada una de las partes ha invocado en su defensa una hipótesis diferente y conveniente a sus intereses contrapuestos.
Este análisis, esto es, la tarea de evidenciar razones provenientes de la realidad de las cosas que debe hacer el juez, tal como lo dejó magistralmente dicho el Dr. De Lázzari en uno de sus votos “constituye la esencia de la función jurisdiccional, anticipando que la utilización de conceptos puros con prescindencia de las circunstancias de hecho a las que han de ser aplicados contradice las razones y fines que las normas precisamente han querido tutelar” (SCBA, causa C. 116.714, "Ocampo, Néstor Fabián contra Farella, Elisa Guillermina y otros. Acción de reducción", del 06/04/16; esta Sala, causa n° 63948 “Larroca”, del 03/19).
Respecto de los motivos por los que la titular registral suscribió el boleto, no pierdo de vista que al contestar la demanda éste refirió que fue el Sr. Vidal quien le pidió que a tal fin concurriera a la escribanía (ver contestación de demanda, pág. 5) lo que autoriza a presumir que su intervención fue a pedido del comprador. Además, tal afirmación que concuerda con lo que explicitó el propio actor en los agravios: “…la participación de la propietaria causó indefectiblemente que yo me decida a realizar el negocio” (ver expresión de agravios, pág. 6/14).
Sin embargo, si se sigue el razonamiento que propongo, no puede obviarse que conforme lo explicitó la codemandada en esa misma oportunidad procesal, su intervención en el boleto tuvo -además de establecer que era ella la titular registral del departamento- el propósito ínsito en la cláusula octava: anoticiar que el cumplimiento del contrato de permuta que la unía a Vidal era la condición necesaria para suscribir las escrituras correspondientes (ver contestación de demanda de fecha 28/07/21, pág. 5). He de poner de resalto que la Sra. Echavarría es mencionada en la cláusula cuarta y octava del boleto. Textualmente en ambas se consigna: CUARTA: “El inmueble se encuentra a nombre de Manuela María Echavarría, DNI 34150.682, domiciliada en 25 de mayo 4591 de esta ciudad. Manuela Echavarría vendió al señor Vidal Sergio Ariel el departamento ubicado en la ciudad de mar del plata, en la calle Tucumán 2454, piso 6, depto 4, sin cochera. Se encuentra listo para escriturar hasta la fecha de la compra, el inmueble no deberá deber impuestos ni rentas, deberá encontrarse totalmente al día”. “OCTAVA: La titular de la propiedad Manuela Echavarría (del departamento, ubicado en mar del plata, Tucumán 2454, La escritura de ambas partes se firmaran conforme al contrato de permuta firmado entre Sergio Ariel Vidal y Echavarría Manuela”. Comenzado por la cláusula cuarta, y a diferencia de lo que sostiene el apelante en sus agravios, entiendo que además de consignar allí quién era la titular del inmueble, cuando se hace referencia a que el inmueble “se encuentra listo para escriturar hasta la fecha de la compra” su alcance debe ceñirse a los “impuestos y rentas” y al modo en que los contratantes tuvieron intención de determinar que el vendedor se haría cargo de su pago, más no al acto escriturario propiamente dicho; más, cuando en este caso, con la suscripción del boleto la posesión era entregada al comprador. Al respecto, ha de repararse que concretamente toda escritura impone al vendedor obligaciones específicas, como la entrega de las boletas de impuestos (art. 1146 del CCyC; Mosquera, Celia; ob. ya citada, pág. 118 y ss.).
Si con ello se concuerda, allí se dispuso el estado de libre deuda de “los impuestos y rentas” (ver especialmente la parte final de la cláusula cuando consigna “deberá encontrarse totalmente al día”); lo que además se correlaciona con lo dispuesto en la cláusula quinta, donde concordantemente se especifica que “a la fecha de la firma de este boleto de compra venta, el comprador se hará cargo de pagar los impuestos municipales y de renta, agua, luz y consorcio”.
Ahora bien, crítico resulta en el caso determinar el alcance de la cláusula octava, cuyo contenido fue dirimente para resolver el contrato de marras en la sentencia apelada. Veamos.
Debe tenerse presente que solo en esta cláusula se hace referencia a la firma de la escritura. No hay otra convención al respecto ni, específicamente mención del plazo para escriturar el departamento, pese a que el saldo de su precio se iba a pagar en seis cuotas. Ello lo aclaro, pues en estos supuestos es de usanza que las partes fijen el plazo de la escrituración a la fecha de pago de la última de las cuotas o un tiempo de acontecida esta (art. 382 del CPCC y su doctrina). Luego volveré sobre esta cuestión.
Ahora, para avanzar, debo poner de resalto que en la cláusula cuarta del contrato de permuta las partes contratantes específicamente establecieron que la escritura traslativa de dominio del departamento entregado por la Sra. María Manuela Echavarría se realizaría al momento de la concreción de las escrituras correspondientes a las propiedades a entregar por el Sr. Sergio Ariel Vidal (ver contrato de permuta del 15/11/16). En otras palabras, allí se convino que solo se escrituraría el departamento en cuestión si también se escrituraban los departamentos y la cochera a construir por los que el primero se permutó.
En tal escenario, retomaré con el voto del Dr. De Lazzari en la causa “Ocampo” ya citada, puesto que en aquella oportunidad tal como aquí acontece, el Superior Tribunal hubo de analizar el alcance de una cláusula contractual donde se había otorgado un asentimiento conyugal. Allí el Dr. De Lazzari señaló: “Ciertamente en el inmueble donado estaba radicado el hogar conyugal, tanto que el donante se reservó el usufructo para sí y para su esposa. Pero en modo alguno esa conformidad era necesaria, en el caso, porque se encontraba ausente el recaudo legalmente contemplado de que hubiere hijos menores o incapaces. Este dato, para nada tenido en cuenta, autoriza a sostener que el consentimiento de Florinda no era necesario en modo alguno en el acto de la donación. Fue sobreabundante, excusable, soslayable, neutro. Sin embargo, a pesar de ello, está en el mundo, algún sentido ha tenido, alguna función ha cumplido y, en mi opinión, resulta ciertamente revelador de la voluntad de dicha esposa en el sentido de consolidar la liberalidad que se materializaba a favor de su propia sobrina” (la negrita me pertenece). Recordaré que -pese a lo que ahora se indica en los agravios- ya en su demanda fue el propio actor quien reconoció que la cláusula octava detentaba una “confusa redacción”. Sobre este punto Benítez manifestó que “allí se indicaba algo interno entre los demandados, pero Echaverría conformó la venta al suscripto y las condiciones de la operación por la que adquirí el depto. En tal cláusula hablan de una permuta interna entre los accionados que no me es oponible y desconozco contenido o alcances (es algo ajeno al suscripto, reitero) celebrada entre las partes mencionadas” (ver escrito de demanda pág. 2/3). Es decir, si bien el actor alegó de inicio tanto la oscuridad en la redacción, como el desconocimiento del contenido de la permuta y, tomó postura sobre los efectos jurídicos de la cláusula, es lo cierto que de mínima pudo entender que existía una permuta entre Vidal y Echavarría.
Sin embargo, cierto es que la sola lectura de la cláusula octava autoriza verosímilmente a afirmar que ésta detenta una deficitaria redacción. Puede que ello se deba -sin que podamos aquí precisarlo- a una corrección desprolija del texto por el recorte de alguna otra frase que había sido incluida en la versión original. Adviértase la puntuación utilizada; la omisión de cierre del paréntesis; la palabra “La” en “L” mayúscula sin que quepan razones gramaticales o semánticas. Para una mejor comprensión de lo que acabo, me permito nuevamente copiarla textual: “OCTAVA: La titular de la propiedad Manuela Echavarría (del departamento, ubicado en mar del plata, Tucumán 2454, La escritura de ambas partes se firmaran conforme al contrato de permuta firmado entre Sergio Ariel Vidal y Echavarría Manuela”.
Y, precisamente de esta redacción poco clara es que en el plano de las ideas puede ser viable tanto el fundamento traído por el actor como el de la demandada, haciendo que este caso judicial sea de los llamados de “difícil solución”. Sin embargo, entiendo que lo que aquí finalmente resulta dirimente es que en la parte final de la cláusula se haya conformado la firma de la escritura del departamento con el contrato de permuta firmado entre Vidal y Echavarría y, consecuentemente se haya anoticiado al comprador de la existencia de un contrato de permuta por el que precisamente, el vendedor por boleto se hizo del departamento enajenado.
Por lo tanto, entiendo que no resulta de recibo el planteo esgrimido por el Sr. Benítez en sus agravios, en cuanto refiere que a diferencia de lo resuelto en la anterior instancia su parte “nada sabía del arreglo” entre Vidal y Echavarría (ver expresión de agravios págs. 6, 12, 19). Tampoco resulta de recibo que no tuvo a la vista el contrato de permuta ni sabía de su contenido, ni mucho menos “le cabía investigar la supuesta permuta”, puesto que un obrar diligente le imponía no desentenderse de su alcance; más todavía, al ser correlacionados o conformados ambos actos escriturarios (arts. 961, 1061, 1067 y concd. del CCyC).
Tampoco resulta de recibo su queja en cuanto sostiene que su parte se vio envuelta “en un negocio con trasfondo oscuro que solo conocían los primeros”(es decir, Vidal y Echavarría), puesto que esta defensa hace a un vicio de la voluntad que no fue postulado en su demanda ni por tal, objeto de defensa ni prueba (art. 271 y ss. del CCyC).
Sobre esta cuestión, deben necesariamente considerarse los efectos de la congruencia procesal y su incidencia en la garantía del debido derecho de defensa en juicio, puesto que ante la función revisora de la Alzada no es dable postular defensas que no hayan sido incoadas en la instancia de origen (art. 272 del CPCC). Al respecto reiteradamente hemos dicho que: “los procesos civiles están gobernados por el principio dispositivo, de lo que se sigue que a las partes incumbe fijar el alcance y contenido de la pretensión y oposición, allegando los datos que conforman sus elementos (sujeto, causa y objeto). Esta actividad concurre a delimitar el thema decidendum, al que debe ajustarse el órgano judicial. La sujeción de marras se denomina congruencia, y cabe definirla como la conformidad que media entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto contornean ese objeto…” (Azpelicueta – Tessone “La Alzada. Poderes y Deberes”, pág. 157 y ss). En la Cámara de Apelaciones el principio de congruencia se torna más exigente, ya que ésta debe examinar las cuestiones de hecho y de derecho sometidas al juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios (art. 266 del C.P.C.C.). Por ello, y volviendo a la obra de Azpelicueta - Tessone, estos autores señalan que el principio de congruencia exige a la Alzada prestar especialísima atención a dos estadíos procedimentales, cuales son el de la traba de la litis y el de interposición y fundamentación del recurso de apelación, pues sus potestades decisorias sufren una doble restricción: la que resulta de la relación procesal, y la que el apelante voluntariamente imponga a través del escrito de interposición del recurso y de la pieza que contiene el desarrollo de los agravios… (“La Alzada...”, ob. cit., pág. 163, con cita de fallos de la SCBA, Ac. 30.409, 33.462, 42.243, 43.417).
Es así que la sentencia debe recaer sobre pretensiones oportunamente deducidas (SCBA, Ac. 22.164, del 8/3/77) y defensas temporáneamente articuladas (SCBA, Ac. 34.562, “Panozzo, Andrés c/ Rosso, Pedro Ricardo s/ Daños y Perjuicios”, del 18/6/85, pub. Ac. y Sent. 1985-II-127), siendo una consecuencia del principio de congruencia –e interesa también a la defensa en juicio (art. 18 C.N.)- que los puntos expuestos por las partes en sus escritos de demanda y contestación fijan el campo de actuación tanto de la sentencia de primera instancia (art. 163 inc. 6° del C.P.C.C.), como del Tribunal de Alzada (art. 272 1ra. parte del C.P.C.C.); principios éstos que han sido aplicados por este Tribunal en numerosos y reiterados precedentes (causas n° 54693 “Abelairas” del 07.04.2011, n° 54928 “Strada Jáuregui” del 09.06.2011, n° 55278 “Burton” del 04.08.2011, n° 59503 “López…” del 19.02.2015, n° 60727 “Calderón” del 07.07.2016, n° 63205 “Rothstein” del 31.10.2017, n°63335 “Coronel” del 05.07.2018, n° 65903 “John” del 24.09.2020, n° 66447 “Leveau” del 05.03.2021, n° 68001 “Elizondo…” del 26.10.2021 entre muchas otras).
Llegados a este punto de mi desarrollo preciso que si bien con lo dicho considero que el Sr. Benítez no puede alegar desconocimiento de la permuta ni su alcance; y que, ambos contratos (permuta y boleto de compraventa) resultaron vinculados, tomaré distancia de las conclusiones arribadas en la sentencia apelada en cuanto consideró que la cláusula octava del boleto importó una condición resolutoria que determinó su ineficacia.
En efecto, tal como lo postula el apelante en sus agravios (ver expresión de agravios, pág. 7/10), no constato en el caso una conexidad contractual estricto sensu (art. 1073 del CCyC). Sin embargo, en el sub lite sí advierto configurada una operación contractual compleja, integrada por dos actos jurídicos que resultan conexos, coligados; particularidad que, en la especie, genera una comunicabilidad de la causa que determinó -en la permuta- la suerte de la obligación restitutoria; cuestión que, como he reseñado al principio de este voto, ha devenido firme. Lo explico.
Declarada -y ya firme- la resolución incoada por la Sra. Echavarría en la causa n° 70721, se ha puesto fin al contrato de permuta celebrado el 15 de noviembre de 2016 entre aquella y el Sr. Vidal; y, como consecuencia de ello, a las obligaciones que éste había engendrado. Es decir, como consecuencia de la resolución, las obligaciones no ejecutadas se extinguieron y las que se hubieren cumplido generan el deber de reintegro de las respectivas prestaciones. Por ello, las partes están obligadas a devolverse lo recibido en virtud del contrato resuelto, en la medida que ello haya sucedido (conf. Méndez Sierra, Carlos Eduardo; “La resolución por incumplimiento y su efecto restitutorio”, pub. en LL, 2011-C, 231; esta Sala, causa n° 68065, “Perez”, del 16/06/2022).
Esta Sala ha señalado reiteradamente que la resolución de un negocio jurídico produce diversos efectos: a) extintivo: las obligaciones de ambas partes se extinguen con efecto retroactivo; b) liberatorio: el acreedor se libera de las obligaciones contractuales y también el deudor; c) recuperatorio (o restitutorio) -efecto que aquí asume especial trascendencia - puesto que las partes deben restituirse mutuamente lo que cada una de ellas hubiera recibido de la otra; y, d) resarcitorio: la resolución del contrato por el incumplimiento del deudor genera la obligación de indemnizar los daños y perjuicios sufridos por el acreedor (esta Sala, causas n° 51487, “Vázquez” del 12.03.2008; n° 52858, “Romero” del 07.05.2009; n° 53.830, “Augelli” del 24.02.2011; n° 56.562, “Granda” del 01.11.2012; n° 57.813, “Di Giano”, del 13.06.2013; n° 59.894, “Salgado”, del 30.06.2015; n° 61.037, “Laregneé”, del 18.08.2016; n° 62163 y 62164, “Cristiano” y “Gelado” – acumuladas-, del 26.09.2017; n° 62.431, “Schmale”, del 14.11.2017; n° 62.506, “López”, del 21.12.2017, entre muchas otras, con cita de Ibañez, “Resolución por incumplimiento”, pág. 291).
Ahora bien, respecto de la operatividad de los efectos de extinción del contrato por declaración de una de las partes, el artículo 1079 del CCyC dispone específicamente que salvo disposición en contrario, la resolución produce efectos retroactivos entre las partes y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fé. Por lo tanto, en este escenario resolutivo deviene esencial determinar si el Sr. Benítez puede ser considerado tercero de buena fé puesto que de dar a dicho interrogante una respuesta afirmativa, no podrán oponérsele los efectos restitutorios aludidos.
En alusión al art. 761 del CCyC y a la norma de referencia, Carlos Ibáñez puntualiza que la resolución por incumplimiento tiene efectos retroactivos, y en caso que el deudor hubiera realizado actos de disposición sobre el inmueble o cosa mueble registrable, transmitiendo o constituyendo derechos reales a favor de un tercero, el acreedor que resuelve el contrato por el incumplimiento tiene acción real contra el tercero que adquirió derechos reales sobre el inmueble o mueble registrable. Esta solución no contradice al art. 1079 inc. b), que prescribe que la resolución produce efectos retroactivos entre las partes “y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fé”, dado que el tercero adquirente no podría invocar buena fé en la adquisición de la cosa, inmueble o mueble registrable sujeta a resolución por incumplimiento” (autor citado; “Extinción unilateral del contrato”, pág. 217; la negrita me pertenece).
Esto es así, explica Ibáñez, porque si se trata de un pacto comisorio expreso, en el título mismo consta la existencia del pacto y el tercero no puede alegar ignorancia. Por otro parte, la situación no varía en el pacto comisorio tácito, por cuanto si del título surgen obligaciones pendientes de cumplimiento por parte del transmitente hacia el cocontratante originario, la resolución es oponible al tercero, pues este no podría alegar desconocer la existencia de dichas obligaciones, ni de la cláusula comisoria y sus consecuencias eventuales” (autor citado, Idem).
Por su parte, Andrés Sánchez Herrero en su obra “Resolución de los contratos por incumplimiento”, puntualiza que si bien en esta temática ya no se discute la regla central -es decir, que la ineficacia derivada de la resolución, aunque retroactiva, no puede afectar a los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso- queda un amplio margen para debatir cuál es el ámbito de aplicación de la regla. De hecho, advierte que en concreto puede haber casos en los cuales, por concurrencia de elementos particulares, podría considerarse que el tercero actuó de buena fé (y que, por ende, tiene derecho a conservar el inmueble) (ob. cit. pág. 578). ¿Y cuáles serían - se pregunta el autor citado- estos casos de excepción?
Pues bien, todos aquellos en los que se pueda considerar que, al adquirir el inmueble, y a pesar de haber obrado con diligencia, el tercero no conoció ni pudo conocer el riesgo de la resolución. […] Es cierto que, si en el título del enajenante constase un pacto comisorio expreso, el tercero subadquirente tomaría conocimiento del riesgo de la resolución. O, al menos, debería hacerlo si obrase con diligencia. Pero también está en condiciones de advertir este riesgo cuando se encuentra frente a un contrato bilateral en el que consta que el adquirente del inmueble aún debe pagar el precio, en forma total o parcial. Partiendo de la base de que el derecho se presume conocido y que el subadquirente debe actuar con diligencia, al menos cabe considerar que este debería haberse representado el riesgo de la resolución.
Si no lo hizo, debe asumir las consecuencias derivadas de su actuación negligente (autor citado, ob. cit, pág. 578 y ss., el resaltado me pertenece). Y es en este contexto que lo ya dicho respecto de la cláusula octava del boleto cobra relevancia; puesto que su inclusión anotició al comprador de la existencia de la permuta celebrada entre Vidal y Echavarría y con ello se vinculó a ambos actos escriturarios (arts. 1079, 961, 1061, 1067 y concd. del CCyC). En algún punto, así también lo entendió la anterior sentenciante cuando precisó: “…el Sr. Benítez supo, o debió saber con un mínimo de diligencia al celebrar la compraventa, el alcance de lo convenido en la permuta por los restantes partes…” (conf. sentencia apelada, pág. 9).
Es decir, parafraseando a la Corte en el fallo citado, la inclusión de la cláusula “no fue sobreabundante, soslayable ni neutra” para el comprador, para que éste – tal como lo postuló en su escrito de inicio- se desentienda de su contenido. Por el contrario, su inclusión en el boleto autoriza a exigir al Sr. Benítez un plus de diligencia respecto del alcance de la permuta para considerarlo tercero de buena fé, al ceñir al boleto a un específico escenario negocial donde -a mi entender- el comprador pudo verosímilmente representarse el riesgo de resolución al que alude Sánchez Herrero en la cita precedente.
Pues, como se ha dicho, “para modelar la buena fé no basta con la publicidad registral. A ésta debe unirse, para confirmar la ignorancia de lo sucedido fuera del registro, una actitud diligente, cuidadosa, que demuestre que el tercero adquirente hizo todo lo que estaba a su alcance para averiguar la bondad de la situación” (esta Sala, causa 66.999 “Calderón”, del 06/02/20; conf Kiper, Claudio, en Córdoba, Marcos, Dir.; “Tratado de la Buena Fe en el Derecho”, Doctrina Nacional, p. 598 y ss.).
Por lo demás, he de reparar que de no resultar trascendente la cláusula octava para el comprador, las reglas de la sana crítica y la experiencia, me indican que su conducta posterior a la celebración y anterior a la controversia extrajudicial planteada por la Sra. Echavarría, debió ser otra. Es que, si se sigue el razonamiento que propuso el apelante en su demanda, la cláusula segunda del boleto solo supeditaba la escrituración del bien a la cancelación de las seis cuotas pendientes de $ 100.000. Sin embargo, una vez que el pago total aconteció, el comprador no acreditó haber promovido gestiones al efecto (art. 384 del CPCC, arts. CCyC).
Tal como sostiene el propio apelante (ver expresión de agravios, pág. 26) el contrato debe concebirse como una unidad que integra no solo las manifestaciones de voluntad materializadas en el boleto, sino también las circunstancias y las conductas de las partes anteriores, concomitantes y posteriores a la celebración; es decir, una interpretación que procura atender al conjunto del acto (conf. Nicolau en Nicolau-Hernández; Contratos en el Código Civil y Comercial de la Nación, pág. 271 y ss.).
Respecto de esto último vale precisar que el actor acompañó los recibos de pago extendidos por el Sr. Vidal -que se han tenido como auténticos (arts. 60 y 354 inc. 1° del CPCC)- datando el último de éstos del 13/02/18, y habiéndose consignado en su cuerpo: “pago de cuota 6 de 6. Por compra de departamento de Tucumán 2454 de Mar del Plata. Pago total de cuota, saldo $ 0,00 al día de la fecha”. Sin embargo, a partir de esa fecha, no acreditó el accionante haber intimado al vendedor (ni a la Sra. Echavarría) a la celebración de la escritura, pese a haber sostenido en su demanda que lo hizo “en reiteradas ocasiones”.
Por el contrario, de las constancias de autos se constata que fue precisamente la Sra. Echavarría quien – más de dos años después de aquella fecha (08/07/20)- interpeló extrajudicialmente al Sr. Rubens Benítez, notificándole su decisión de resolver el contrato de permuta con el Sr. Vidal e intimándolo a la restitución de la tenencia de del departamento. Luego, con fecha 16/07/20 el actor contestó dicha CD, rechazándola, alegando su condición de tercero comprador de buena fé y requiriéndole -por primera vez- que se cumpla con la escritura pendiente.
En otras palabras, las peculiaridades que caracterizan al presente me llevan a presumir que el actor no estuvo -por más de dos años- “meramente” desinteresado en escriturar el departamento enajenado, sino que estaba en conocimiento de que la escritura se firmaría conforme el contrato de permuta firmado entre Sergio Ariel Vidal y Echavarría Manuela (cláusula octava). Es decir, cuando el Sr. Vidal cumpliera con su prestación a la Sra. Echavarría, conforme la permuta (inc. c) art. 1065 del CCyC) y le entregara dos departamentos y una cochera de un edificio emplazado en calle Coronel Suarez al número 1344, también de la ciudad de Olavarría y que a la fecha, solo se encontraba construido en un 15% (“Echavarría María Manuela y otros c/ Vidal Sergio Ariel s/ Medidas cautelares) (art. 163 inc. 5 del CPCC). Por lo tanto, llegados a este punto de mi desarrollo corresponde concluir que la resolución del contrato de permuta afecta – con una ineficacia sobreviniente- el derecho adquirido a título oneroso por el Sr. Rubens Benítez, en cuanto éste no puede – por las consideraciones expuestas- ser considerado un tercero de buena fé (inc. b) art. 1079, 961, 1061, 1064, 1065, 1067, 1068 y concd. del CCyC).
Consecuentemente, tampoco resulta de recibo los argumentos explicitados en los agravios, en cuanto que la decisión que aquí recaiga no puede cercenar sus derechos de propiedad básicos y superiores (ver expresión de agravios, pág. 11 y 14); máxime, si se considera que resulta adquirente por boleto y, al no tener el título suficiente que refiere el art. 1892 del nuevo código, por cuanto exige la escritura pública para la trasmisión del dominio en inmuebles, no puede ser nunca considerado poseedor legítimo (Mosquera, Celia; ob. ya citada, pág. 93, con cita de Bueres, Alberto, (dirección), Código Civil y Comercial de la Nación, 1, Hammurabi, 2015). Como he referido, el caso presenta aristas de compleja solución fáctica y jurídica, pero nuestro deber de resolver nos impone dar una respuesta, aún a sabiendas de que estamos frente a dos víctimas del proceder de un codemandado declarado, además, contumaz: el Sr. Sergio Ariel Vidal. A modo de respuesta a las connotaciones explicitadas a lo largo de los agravios respecto del proceder de éste último, me permito traer a colación un trabajo reciente de nuestro estimado colega, el Dr. Louge Emiliozzi, donde con detalle y erudición ha puesto en evidencia situaciones como las que aquí se constatan en el ámbito de contratos paritarios. Explica el Dr. Louge que en estos escenarios contractuales no deja de manifestarse la debilidad jurídica, aunque lo hace de modo más sutil y más desapercibida que la que se constata en los contratos por adhesión y de consumo; que por ejemplo, puede ocurrir que los dos contratantes sean débiles, o que solo uno de ellos se encuentre en esa desventajada situación, pero el otro resulte ser un contratante de buena fé que no intenta aprovecharse de ella.
Allí señala el Dr. Louge Emiliozzi: “Adviértase que en estos casos el o los contratantes débiles no son víctimas de un aprovechamiento de su situación de debilidad, pero pueden -y suelen- quedar expuestos a otros graves riesgos. Uno de los más habituales es que por falta de recursos económicos o por desconocimiento recurran a modalidades inseguras de contratación, como se observa con mucha frecuencia en el ámbito inmobiliario, aunque no es el único. Esta es la problemática que subyace en la mayoría de los casos judiciales a los que antes hacía referencia, en los que se puede observar que las partes celebran importantes contratos sin adoptar mayores recaudos -o directamente ninguno- en orden a la seguridad jurídica. (…) Por último, entiendo que existe otro aspecto que hace aún más profundo y complejo este problema, y es que la utilización frecuente de estos métodos inseguros de contratación no solo se explica por situaciones de debilidad tales como la falta de recursos económicos, sino también existe una confusión generalizada – y en cierto modo justificada- acerca de las formas que deben observarse para la celebración de determinados contratos. El ejemplo más claro es el de los boletos de compraventa, cuyas ventajas prácticas no pongo en duda, pero que han pasado a convertirse en una usina constante de conflictos jurídicos y de pérdidas de derechos, en especial por su uso generalizado y por la postergación de la escrituración, que muchas veces se demora por décadas o no se llega a concretar nunca…” (autor citado, “La debilidad y la inseguridad jurídica en los contratos paritarios”; en Hernández- Frustagli-Santarelli Directores, El derecho privado en el siglo XXI (Agenda presente y futura). Homenaje a la Prof. Dra. Noemí Nicolau, pág. 447 y ss.).
VI. Sentado lo dicho, la escrituración del departamento se vuelve de cumplimiento imposible, y por tanto queda incólume – si bien por otros fundamentos- lo decidido en la anterior instancia respecto de los daños reclamados por el apelante.
En verdad, es frecuente constatar situaciones que tornan imposible la escrituración (sea por parte del propio ejecutado o por el juez), cuando el vendedor enajenó el inmueble a un tercero de buena fé y deviene imposible readquirirlo por parte del enajenante para ponerlo en cabeza del ejecutante. De hecho, como se ha explicado, “Cuando fracasa el cumplimiento específico de la obligación, procede la satisfacción de la expectativa mediante la reparación de los daños y perjuicios causados por la inejecución. Ello puede ocurrir por la imposibilidad del hecho debido por culpa del deudor o dolo, o cuando queda obstruido el cumplimiento específico de la prestación debida, por la necesidad de emplear violencia contra la persona del deudor. Por regla, al existir imposibilidad de ejecutar la prestación debida por culpa del deudor se configura uno de los raros supuestos de “novación legal”, en el cual la primitiva prestación de hacer se convierte en una suma de dinero, comprensiva del resarcimiento de los perjuicios sufridos por el acreedor” (Highton- Arean, “Código…”, T. 9., p. 189), tal como fue previsto en la sentencia recaída en el juicio tramitado por cumplimiento de contrato (conf. fs. 73/75 de aquellos autos).
Lo expuesto, quiere nada más y nada menos significar que por regla, la imposibilidad jurídica de cumplimiento se ha trasformado objetivamente la obligación primitiva en otra, cual es la satisfacción de daños e intereses (conf. Mosset Iturraspe- Novellino, ob. cit. 184; Llambias, Tratado, Obligaciones, T. II, n° 975; Morello, El Boleto de Compraventa, p. 567 y ss.; Mosset Iturraspe, Compraventa, p. 345, Rezzónico, Estudio de los Contratos en nuestro Derecho Civil, T. I, p. 402; Nuta Abella, “Condena a escriturar. Imposibilidad de cumplimiento y los daños y perjuicios resarcibles, LL, 1990- C-226)). Solución ésta que por cierto se replica en el Código Civil y Comercial cuando la condena resulte de cumplimiento imposible por causas imputables al demandado (Pizarro- Vallespinos; Tratado de Obligaciones, T. I, p. 568 y ss).
En este orden, no han quedado desplazados los agravios impetrados por el Sr. Benítez, en cuanto solicita que sus montos se eleven por el valor actual del predio y por lo que le ha ocasionado transitar este proceso (ver expresión de agravios, pág. 6).
VI 1.) Al respecto, hemos de consignar que en su demanda, el actor solicitó que en caso que se frustre la escrituración debería adicionarse a los daños reclamados el valor del departamento (ver escrito de demanda, pág. 4) y en la sentencia se condenó al Sr. Vidal a restituir al Sr. Benítez una suma de dinero idéntica al valor actualizado del departamento sito en calle Tucumán n° 2454 Piso 6°, Depto. 4° de la ciudad de Mar del Plata. Por lo tanto, no se constata una diferencia perjudicial para el apelante entre lo pretendido y lo decidido, y el agravio no es de recibo.
Como se ha dicho, “el concepto de agravio que justifica el recurso de apelación se resume en la idea de un perjuicio que se deriva de la falta de satisfacción de la pretensión o peticiones principales, subsidiarias o accesorias, incluidas en litis, sea que el juez las rechace totalmente o en forma parcial” (Costa Agustín; El recurso ordinario de apelación, pág. 42). VI 2.) Por otra parte, respecto de la pretensión impugnativa de elevar el monto del daño moral por cuanto lo considera insuficiente, como hemos dicho en reiteradas ocasiones tal manifestación, así formulada, no constituye una crítica concreta y razonada contra la parcela del decisorio que se pretende atacar (doctr. arts. 260, 266 y conc. del C.P.C.C.; (Morello, Augusto Mario - Sosa Gualberto Lucas - Berizonce, Roberto O. "Códigos Procesales...", tomo III, pág. 351; esta Sala, causas nº 33.534 “Patronelli” del 29.10.92; nº 34.602, “Santomauro" del 23.02.94; nº 49.772, “Bussetti”, del 20.09.06.; nº 53.074, “Tutelar Fiduciaria” del 31.03.09.; nº 54.904, “Basualdo” del 17.05.11., entre otras). Por lo tanto, el mismo no es de recibo. VI 3.) Respecto del agravio que liminarmente el apelante formula ante el rechazo del daño psicológico (ver sentencia pág. 14; expresión de agravios, pág. 5), corresponde sin más, declarar su deserción (Morello, Augusto Mario - Sosa Gualberto Lucas - Berizonce, Roberto O. "Códigos Procesales...", tomo III, pág. 351; esta Sala, causas nº 33.534 “Patronelli” del 29.10.92; nº 34.602, “Santomauro" del 23.02.94; nº 49.772, “Bussetti”, del 20.09.06.; nº 53.074, “Tutelar Fiduciaria” del 31.03.09.; nº 54.904, “Basualdo” del 17.05.11., entre otras).
VI 4.) Otra de las cuestiones traídas a juzgamiento de esta alzada se ciñe a los gastos de mantenimiento del departamento, como así también a las expensas e impuestos; rubros que refiere el apelante haber cumplido (pagado) desde que obtuvo la posesión, amén del valor actual del predio por las mejoras realizadas, las que según entiende, debería desembolsar la titular dominial (ver expresión de agravios, pág. 23 y 24).
Para dar respuesta a esta cuestión cabe remitir a lo resuelto respecto de la falta de legitimación pasiva de la titular dominial respecto de la acción impetrada por el Sr. Benítez. Luego, vale aclarar que ninguno de estos rubros fueron reclamados en la demanda de escrituración (conf. escrito de fecha 06/08/20, pág. 3/4); y si bien, la Sra. Echavarría dedujo contra Benítez reconvención por reivindicación, tampoco allí éste incoo el reclamo que en este estado postula en los agravios (ver escrito de fecha 11/08/21). Por lo tanto, su planteo en los presentes deviene inadmisible por extemporáneo. La solución que propongo en este punto, debe necesariamente vinculársela con los efectos de la congruencia procesal y su incidencia en la garantía del debido derecho de defensa en juicio, puesto que como es sabido, no es dable tratar en la Alzada cuestiones que no fueron expuestas ante la instancia de origen (art. 272 del CPCC).
Al respecto reiteradamente hemos dicho: “los procesos civiles están gobernados por el principio dispositivo, de lo que se sigue que a las partes incumbe fijar el alcance y contenido de la pretensión y oposición, allegando los datos que conforman sus elementos (sujeto, causa y objeto). Esta actividad concurre a delimitar el thema decidendum, al que debe ajustarse el órgano judicial. La sujeción de marras se denomina congruencia, y cabe definirla como la conformidad que media entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto contornean ese objeto…” (Azpelicueta – Tessone “La Alzada. Poderes y Deberes”, pág. 157 y ss). En la Cámara de Apelaciones el principio de congruencia se torna más exigente, ya que ésta debe examinar las cuestiones de hecho y de derecho sometidas al juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios (art. 266 del C.P.C.C.). Por ello, y volviendo a la obra de Azpelicueta - Tessone, estos autores señalan que el principio de congruencia exige a la Alzada prestar especialísima atención a dos estadíos procedimentales, cuales son el de la traba de la litis y el de interposición y fundamentación del recurso de apelación, pues sus potestades decisorias sufren una doble restricción: la que resulta de la relación procesal, y la que el apelante voluntariamente imponga a través del escrito de interposición del recurso y de la pieza que contiene el desarrollo de los agravios… (“La Alzada...”, ob. cit., pág. 163, con cita de fallos de la SCBA, Ac. 30.409, 33.462, 42.243, 43.417).
Es así que la sentencia debe recaer sobre pretensiones oportunamente deducidas (SCBA, Ac. 22.164, del 8/3/77) y defensas temporáneamente articuladas (SCBA, Ac. 34.562, “Panozzo, Andrés c/ Rosso, Pedro Ricardo s/ Daños y Perjuicios”, del 18/6/85, pub. Ac. y Sent. 1985-II-127), siendo una consecuencia del principio de congruencia –e interesa también a la defensa en juicio (art. 18 C.N.)- que los puntos expuestos por las partes en sus escritos de demanda y contestación fijan el campo de actuación tanto de la sentencia de primera instancia (art. 163 inc. 6° del C.P.C.C.), como del Tribunal de Alzada (art. 272 1ra. parte del C.P.C.C.); principios éstos que han sido aplicados por este Tribunal en numerosos y reiterados precedentes (causas n° 54693 “Abelairas” del 07.04.2011, n° 54928 “Strada Jáuregui” del 09.06.2011, n° 55278 “Burton” del 04.08.2011, n° 59503 “López…” del 19.02.2015, n° 60727 “Calderón” del 07.07.2016, n° 63205 “Rothstein” del 31.10.2017, n°63335 “Coronel” del 05.07.2018, n° 65903 “John” del 24.09.2020, n° 66447 “Leveau” del 05.03.2021, n° 68001 “Elizondo…” del 26.10.2021 entre muchas otras).
VI 4.) Seguidamente, resta que me ocupe del agravio impetrado respecto de la demanda de reivindicación impetrada por la Sra. Echavarría (ver expresión de agravios, pág. 5).
Sobre el particular expone el apelante que resulta una incorrección la declaración de abstracción, sino que debe ser rechazada. En este orden refiere que la posesión del departamento le fue otorgada desde el boleto respectivo, sin ser cuestionada (ver expresión de agravios, pág. 5). Ahora bien, en atención a la solución que propongo, dar respuesta a este agravio puede motivar una reformatio in peius, puesto que como se ha concluido la restitución del bien deviene procedente (art. 761 del CCyC). Por lo tanto, no corresponde abocarnos a su tratamiento.
No obstante, a todo evento, me limitaré a señalar que como regla a razón de lo decidido en la instancia de origen respecto de los efectos restitutorios por la resolución de la permuta y la conexidad entre las causas firme y consentida, la reivindicación que precisamente pretendía el recupero del bien inmueble, denota una abstracción por una sustracción de su objeto. Como ha dicho nuestro Máximo Tribunal Provincial, “resulta que el asunto a resolver se ha tornado abstracto si la pretensión formulada por el accionante en el escrito inicial se ha satisfecho plenamente por fuera del proceso y, por lo tanto, ya no existe posibilidad de que una decisión judicial tenga algún efecto práctico sobre los hechos del caso, por cuanto cualquier pronunciamiento resultaría teórico o inoficioso al tiempo que impropio de la función judicial” (SCBA, conf. doct. causas B. 65.437, "López", sent. de 9-XII- 2009; B. 63.493, "Tonelli", sent. de 27-VIII-2008; B. 58.475, "Petrini", sent. de 16-IV-2014, B. 66.638, "Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M., sent. de 04-IV-16, entre otras).
En idéntico sentido, esta Sala ha señalado que “un caso se vuelve abstracto cuando surge evidente de la pretensión que ella no se vincula con un supuesto efectivo de colisión de intereses, por lo cual no existe litigio (ni conflicto) susceptible de ser resuelto (caso abstracto)” (conf. Alvarado Velloso, Adolfo; “Introducción al estudio del Derecho Procesal. Primera Parte”, p. 89). Y en estos casos, no puede el tribunal interviniente emitir pronunciamiento de mérito (acogiendo o desestimando) sobre la pretensión deducida (Peyrano, Jorge W. “Lo atípico en materia de extinción del proceso”, en “El proceso atípico”, p. 125 y ss; Azpelicueta –Tessone, “La Alzada. Poderes y Deberes”, p. 65 ap. d); SCBA, Ac. 32096 del 28.06.83; L 35666, 18.03.86; A. y S. 1986-I-177; Ac. L 83.132 del 16.10.02; esta Sala I causas n° 34.997 del 03.02.94; n° 47849, “Ledesma”, del 01.10.04; n° 64.076, “Miracola” del 02.05.19; n° 68230 "La Celina" del 10.05.2022. Sala II, causa n° 45.355 del 20.02.03, entre muchas otras). Así lo voto.
El Señor Juez Doctor Louge Emiliozzi y la Sra. Jueza Doctora Comparato por los mismos fundamentos, adhirieron al voto precedente. - A LA SEGUNDA CUESTION: la Señora Jueza, Doctora CARRASCO, dijo:
Atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Rubens Benitez y -por los fundamentos expuestos- confirmar el decisorio recurrido en lo que ha sido materia de agravios, con costas al apelante vencido (arts. 68 del Cód. de Proc.).
Así lo voto.
El Señor Juez Doctor Louge Emiliozzi y la Sra. Jueza Doctora Comparato por los mismos fundamentos, adhirieron al voto precedente. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR LO EXPUESTO y conforme lo prescripto por el 268 del CPCC por analogía se Resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Rubens Benitez y, por los fundamentos expuestos, confirmar el decisorio recurrido en lo que ha sido materia de agravios; 2) Imponer las costas al apelante vencido (arts. 68 del Cód. de Proc.). 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (ley 14.967); Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf.art.10 del Reglamento para presentaciones y notificaciones electrónicas (SCBA. Ac.4039 del 14/10/2021) y oportunamente devuélvase.-
Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf.art.10 del Reglamento para presentaciones y notificaciones electrónicas (SCBA. Ac.4039 del 14/10/2021) y oportunamente devuélvase.-
CONFIRMA
Fin de la sentencia