Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 70.745
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada de fecha 13/2/2023, en todo lo que decide y ha sido materia de agravios, imponiéndose las costas de alzada a los actores apelantes, en atención al resultado desfavorable obtenido en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77; arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-70745-2023 " PEREYRA JORGE Y OTRO/A C/ SUCESORES DE FRANCISCO CASCIO Y OTRO/A S/ ESCRITURACION "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - AZUL
En la ciudad de Azul, a los veintitrés días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintitrés, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Víctor Mario Peralta Reyes y Dra. María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Pereyra Jorge y otro/a c/ Sucesores de Francisco Cascio y otro/a s/ Escrituración " (Causa n°70745). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 13/2/2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Jorge Damian Pereyra y Debora Anabela Espil promovieron demanda de escrituración contra Sara Lidia Cascio, Rosario Epifanio Cascio y Ana Cuffari, en su carácter de herederos de Francisco Cascio, y contra Beatriz Villar y Graciela Villar, en su carácter de herederas de Alfredo Villar, con relación a dos lotes de terreno baldío ubicados en la ciudad de Olavarría, que se designan como lotes seis y diez de la manzana seiscientos treinta y cuatro ad, Nomenclatura catastral: Circunscripción II, Sección G, Chacra 634, Manzana 634 ad, Parcelas 6 y 10, sobre la base del boleto de compraventa que celebraron con Francisco Cascio el día 5 de agosto de 2011. Asimismo, reclamaron daños y perjuicios por la suma de $ 900.000, sujeta a lo que en más o en menos resulte de las pruebas, con más intereses, para el supuesto que la escrituración resulte de imposible cumplimiento (ver demanda a fs.167/173vta., presentada con fecha 14/9/2016).
Señalaron los actores, al relatar los antecedentes del caso, que las parcelas objeto del presente juicio fueron adquiridas por Francisco Cascio, en remate público realizado por el martillero Ernesto A. Blanco Fernandez el día 5 de abril de 1981, quien actuó por orden de Alfredo Villar. El precio de la compraventa se fijó en la suma de $ 12.000.000, que se pagaría en cuotas; la posesión se entregó en forma inmediata; y la escrituración se llevaría a cabo en el plazo de 120 días, con hipoteca en primer grado a favor del vendedor, ante la Escribanía D’Onofrio de Olavarría (ver copia de este boleto de compraventa a fs.26/26vta.). Y continuaron expresando los aquí accionantes, que esta escrituración no se pudo concretar ante el fallecimiento de Alfredo Villar.
En lo concreto que a ellos atañe, puntualizaron los demandantes que el día 5 de agosto de 2011, suscribieron con Francisco Cascio el boleto de compraventa en el que sustentan su derecho, por el cual adquirieron de buena fe las parcelas objeto del presente juicio, habiendo pagado la mitad del precio al momento de formalizar la operación, y el saldo restante en veinte cuotas que se cancelaban en la Inmobiliaria Pey (ver boleto de fs.31/32). En lo referente a la escrituración, sostuvieron los accionantes: “En la cláusula cuarta de dicho boleto se deja a mi opción realizar la escritura traslativa de dominio por intermedio de la Oficina de Regulación Dominial de la Municipalidad de Olavarría; por incorporación al sucesorio del titular registral de don Alfredo Villar, o bien por el trámite la prescripción adquisitiva. Y en dicha cláusula la parte vendedora se obliga a realizar todos los actos útiles y necesarios para que la parte compradora pueda inscribir el dominio a su nombre y a entregar toda la documentación necesaria” (ver fs.169).
Prosiguieron señalando los accionantes que, atento a haber realizado el pago total del precio de la compraventa, les solicitaron a los herederos de Francisco Cascio y a los herederos de Alfredo Villar la realización de todos los actos útiles y necesarios para que se les otorgue la escrituración de las parcelas. Pero obtuvieron una respuesta negativa, al informárseles que “en el trámite de usucapión los sucesores de Villar se habían opuesto por lo que esa vía no era posible”. Agregaron los actores que ante las cartas documento que ellos remitieron, las herederas de Cascio les extendieron una respuesta manuscrita con fecha 19/2/2016, en la cual reconocieron sus derechos, pero refiriendo que quien debía otorgarles la escritura eran las sucesoras de Alfredo Villar (ver fs.169/169vta.). En lo atinente a la posesión que dijeron haber ejercido sobre los inmuebles, puntualizaron que los alambraron, pagaron impuestos inmobiliarios y demás, y los cuidaron hasta que apareció usurpado u ocupado por alguien que dijo ser su nuevo dueño (fs.169vta.).
Ya en punto a la petición concreta, solicitaron que se disponga la escrituración a su favor de los lotes en cuestión, y en caso de persistir la imposibilidad se condene a los demandados responsables de la frustración al pago de los daños y perjuicios. Así reclamaron daños y perjuicios por el valor de los lotes al momento de la demanda, lucro cesante, gastos por el trámite frustrado de escrituración y reparación del daño moral (fs.169vta./170vta.).
II. La referida demanda fue contestada por Beatriz Villar (fs.219/234vta.), por Ana Cuffari y Sara Lidia Cascio (fs.244/247), y por Ana Lorena Cascio en su carácter de heredera de Rosario Epifanio Cascio (fs.319/324). Posteriormente, se citó en calidad de terceros a los actuales titulares de dominio de los inmuebles: Darío Juan Vidal y Daniel Horacio Mazzoleni (ver auto de fs.344/344vta.), quienes contestaron esa citación mediante las presentaciones de fs.374/378 y de fs.452/458vta., respectivamente. Por último, también contestó la demanda Claudia Emilce Gelmi, en representación de su hija menor de edad Camila Gelmi, quien fue declarada hija biológica del fallecido Rosario Epifanio Cascio (ver sentencia de filiación de fs.468/473 y escrito de contestación de fs.481/482vta.).
III. Transitada la etapa probatoria, con fecha 13/2/2023 se arribó al dictado de la sentencia de la anterior instancia, en la cual se rechazó la demanda de escrituración y daños y perjuicios entablada por Jorge Damian Pereyra y Debora Anabela Espil, con costas a la parte actora vencida, con excepción de las derivadas del rechazo de la excepción de falta de legitimación activa que se impusieron a la excepcionante.
1. En dicha sentencia se consideró que la cuestión de autos se rige por el Código Civil, dado que la relación sustancial subyacente se constituyó y produjo efectos bajo esa normativa; si bien se puntualizó que en lo atinente a la determinación de un eventual daño se aplicarían las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Seguidamente, se rechazó la excepción de falta de legitimación activa de los actores, señalándose, sobre la base de diversos argumentos, que no puede desconocerse la legitimación de éstos para promover la demanda de autos (considerando II.1).
Por el contrario, en el decisorio de grado se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de la codemandada Beatriz Villar, quien argumentó que en los instrumentos adjuntados a la demanda no existen firmas ni compromisos asumidos por ella ni por su padre Alfredo Villar (ver considerando II.2 de ese pronunciamiento). En la sentencia apelada se analizó el boleto de compraventa de fecha 5/4/1981 -agregado con la demanda-, según el cual, Francisco Cascio habría adquirido los inmuebles objeto del presente juicio, en remate público realizado por el martillero Blanco Fernandez, quien habría actuado por orden de Alfredo Villar (ver apartado I, segundo párrafo, del presente voto, donde hice referencia a ese instrumento). Luego de mencionar las normas que regulan la profesión de martillero, señaló el Juez de grado que en este boleto de fecha 5/4/1981, se consignó que la escrituración se efectuaría dentro del plazo de 120 días, por lo que “de ello se colige que mediante el acto escriturario se produciría la llamada ratificación-encargo de parte del comitente para concretar el negocio”. Y aquí sentó una conclusión medular, al precisar que “fuera de esta disposición incumplida, no surgen en estos obrados, ni en el sucesorio de Alfredo Villar declaraciones expresas, ya sea del propio causante o de sus herederos, ratificando la operación de marras, como sí se hizo en otras ocasiones en las que intervino el mismo martillero (ver fs.1, 2, 255, 280, 324 y 344 del expediente ‘Villar, Alfredo s/Sucesión’)”. Siempre en este orden de ideas, descartó que hubiera mediado entrega de la posesión por parte del propietario Alfredo Villar a favor de Francisco Cascio, señalando que “no se ha demostrado la ratificación del vendedor de los lotes -sea expresa o tácita-, de la compra efectuada por el Sr. Francisco Cascio mediante el martillero Blanco Fernández el 05/04/1981. Por lo tanto, y ante tal circunstancia, debe progresar la defensa opuesta por la Sra. Beatriz Villar en cuanto a la falta de legitimación pasiva opuesta” (lo destacado es propio).
2. En el considerando III de la sentencia recurrida se abordó lo atinente a la situación de los herederos de Francisco Cascio, a quien los actores demandaron por escrituración con sustento en el boleto de compraventa que suscribieron con el causante el día 5/8/2011 -ante el Dr. Oscar Javier Catanzaro-, y cuyo precio dijeron haber pagado, cumpliendo con la obligación que estaba a su cargo (ver la referencia a este boleto que realicé en el apartado I, tercer párrafo, del presente voto).
Refirió el juzgador a la postura procesal asumida por los herederos de Francisco Cascio, quienes sostuvieron que en el boleto de fecha 5/8/2011 no se celebró una compraventa con los actores en los términos del art.1185 del Código Civil, sino que el mismo consistió en una cesión de derechos posesorios, por lo que ellos entregaron en ese acto la documentación correspondiente, sin que se hubiera pactado entre las partes la obligación de otorgar escritura. Y así afirmaron los herederos de Francisco Cascio, que sólo se les transfirió la posesión a los accionantes “a los fines de ejercer su derecho en el sucesorio del titular registral o mediante un juicio de prescripción adquisitiva”.
En la sentencia apelada se admitió la defensa de los herederos de Francisco Cascio, al puntualizarse que “los vendedores no comprometieron una obligación de hacer, a saber: firma de escritura de venta, sino de colaborar en los trámites destinados a adquirir la propiedad del bien por usucapión, o a través de la Oficina de Regularización Dominial Municipal, por lo que no pueden ser sujetos pasivos de esta obligación”. En función de ello, se rechazó la demanda de escrituración deducida contra Ana Cuffari, Sara Lidia Cascio, Ana Lorena Cascio y Camila Gelmi, en su carácter de herederas de Francisco Cascio.
3. A su vez, en el considerando IV del pronunciamiento apelado, se rechazó la demanda de daños y perjuicios deducida por los actores, al señalarse, con cita de doctrina, que “la improcedencia de la obligación de escriturar determina el consecuente rechazo del reclamo resarcitorio, ya que éste emerge ante la imposibilidad de formalizar la compraventa, como subsidiario de la prestación principal (Kiper, Claudio M. ob. op. cit. pág.299), corriendo por tanto la misma suerte que aquélla”.
Por último, las costas del juicio se impusieron a los actores vencidos con arreglo a la regla objetiva de la derrota, a excepción de las derivadas del rechazo de la excepción de falta de legitimación activa que se atribuyeron a la excepcionante (considerando V).
IV. La aludida sentencia fue apelada por los actores, quienes vertieron sus agravios en el memorial de fecha 23/5/2023.
A efectos de evitar reiteraciones innecesarias, en la parte pertinente del presente voto se analizarán los agravios vertidos por los apelantes, por lo que me remito a lo que allí expresaré.
El referido memorial fue contestado por Camila Gelmi, mediante el escrito de fecha 6/7/2023.
Habiéndose cumplimentado los pasos procesales de rigor y practicado el sorteo de ley, se encuentran estos obrados en condiciones para el dictado de la presente sentencia.
V. Conforme emana de la reseña efectuada en los apartados precedentes, las pretensiones de los accionantes se encuentran basadas en dos instrumentos privados que, según ellos, serían suficientes para tener por acreditados sus derechos sobre los inmuebles objeto del presente juicio, designados catastralmente como Circunscripción II, Sección G, Chacra 634, Manzana 634 ad, parcelas 6 y 10 de la ciudad de Olavarría, cuyo titular de dominio era Alfredo Villar.
1. El primero de estos instrumentos es el boleto de compraventa de fecha 5 de abril de 1981, según el cual, Francisco Cascio habría adquirido dichos inmuebles en remate público realizado en esa fecha por el martillero Ernesto A. Blanco Fernandez. Según expresa dicho instrumento, el precio de la compraventa se fijó en la suma de $ 12.000.000, que se pagaría en cuotas; la posesión se entregó en forma inmediata; y la escrituración se llevaría a cabo en el plazo de 120 días, con hipoteca en primer grado a favor del vendedor, ante la Escribanía D’Onofrio de Olavarría. Señalaron los actores que esta escrituración no se pudo concretar ante el fallecimiento de Alfredo Villar (ver copia de este boleto agregada a fs.26/26vta. de este expediente).
2. El segundo de estos instrumentos es el denominado boleto de compraventa de fecha 5 de agosto de 2011, que los actores suscribieron en el carácter de “compradores” con Francisco Cascio, a quien se denominó “vendedor”. Y según lo expresado en este boleto, Francisco Cascio les vendió a los actores los inmuebles objeto del presente juicio, habiéndose fijado el precio en la suma de $ 40.000, que se abonaría mediante una entrega de dinero y cuotas mensuales. Al aludirse a los antecedentes dominiales se indicó que, si bien el titular registral era Alfredo Villar, los inmuebles habían sido comprados por Francisco Cascio en el mes de abril de 1981, sin que se hubiera podido escriturar ante el fallecimiento del vendedor (ver cláusulas primera, segunda y tercera de este denominado boleto de compraventa, que en copia obra agregado a fs.31/32).
En lo que reviste especial significación en orden a la cuestión de autos, se puntualizó en este instrumento que: “Se halla pendiente de realización el trámite de prescripción adquisitiva, que se tramitará ante los Tribunales del Departamento Judicial de Azul”. Y seguidamente se hizo constar que: “Se entrega la posesión libre de ocupantes y se procede a hacer efectivo en este acto, la cual deberá realizarse de hecho y mediante la realización de actos materiales concretos a los fines de garantizar los derechos transmitidos y repeler hipotéticas acciones de terceros” (ver cláusula segunda del boleto a fs.31/31vta.). En consonancia con ello se prosiguió señalando con respecto a la posesión, que: “La parte compradora se obliga a tomar posesión efectiva a partir de este acto. La posesión deberá ser pública, pacífica e ininterrumpida hasta la concreción de la regulación dominial por medio de la escrituración e inscripción ante el Registro de la Propiedad Inmueble. No se registran deudas por impuestos y/o servicios imputables al inmueble” (ver cláusula séptima del boleto a fs.31vta.).
Mediante la sola lectura de las cláusulas contractuales transcriptas en el párrafo anterior, ya es posible visualizar la marcada litigiosidad de la situación planteada, pues las partes previeron la complejidad que presentaría la concreción de la escrituración de las parcelas a favor de Pereyra y Espil. Lo cierto es que, cuando se formalizó este boleto de fecha 5/8/2011, ya habían transcurrido más de treinta años desde el día 5/4/1981, en que Francisco Cascio habría adquirido -en remate público- los inmuebles en cuestión. Y surge con claridad de este boleto de fecha 5/8/2011, que las partes tuvieron en miras distintas circunstancias que tornaban especialmente dificultosa la escrituración, a saber: a) el titular registral -Alfredo Villar- había fallecido, y los derechos invocados por Francisco Cascio debían hacerse valer ante sus herederos; b) sólo se contaba con el boleto de fecha 5/4/1981, que no estaba firmado por el titular registral -Alfredo Villar-, sino por el martillero Ernesto A. Blanco Fernández, quien supuestamente habría actuado en su nombre; c) era muy previsible que el boleto de fecha 5/4/1981, fuera desconocido por los herederos de Alfredo Villar, con las consecuentes dificultades que ello traería aparejadas; d) el considerable tiempo que había transcurrido desde el boleto de fecha 5/4/1981, se erigía en un escollo para munirse de pruebas que pudieran servir de respaldo a ese instrumento privado (por ejemplo, documentación que pudiera existir en la inmobiliaria o en la escribanía D’Onofrio, encargada del trámite escriturario).
Precisamente, en razón de esta compleja situación, resulta posible desentrañar el significado de la cláusula cuarta del boleto de fecha 5/8/2011, donde en torno a la escrituración se estipuló lo siguiente: “La escritura traslativa de dominio se realizará a opción del comprador por intermedio de la Oficina de Regulación Dominial de la Municipalidad de Olavarría; por incorporación al sucesorio del titular registral de don Villar, Alfredo, o bien por el trámite de prescripción adquisitiva, donde el comprador deberá acreditar los requisitos para su realización. La parte vendedora se obliga a realizar todos los actos útiles y necesarios para que la parte compradora pueda inscribir el dominio a su nombre y a entregar toda la documentación necesaria. El trámite de regulación dominial se hará a cargo del Dr. Oscar Javier Catanzaro, a cuyo fin los vendedores otorgarán poder suficiente” (ver fs.31vta.; lo destacado pertenece al suscripto).
El art.1198, primer párrafo, del Código Civil, sienta una regla que se torna especialmente gravitante en el caso que nos ocupa, al establecer que: “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión”. En efecto, las partes que suscribieron el contrato de fecha 5/8/2011, pudieron prever que el cuadro de situación era complejo y litigioso, y fue por ello que hicieron especial hincapié en la entrega de la posesión de los inmuebles a Pereyra y Espil, quienes se obligaron “a tomar posesión efectiva a partir de este acto”, agregando que “la posesión deberá ser pública, pacífica e ininterrumpida hasta la concreción de la regulación dominial por medio de la escrituración e inscripción ante el Registro de la Propiedad Inmueble” (cláusula séptima). Asimismo, reforzando esta obligación a cargo de los adquirentes, se consignó en la cláusula segunda de este instrumento que: “Se entrega la posesión libre de ocupantes y se procede a hacer efectivo en este acto, la cual deberá realizarse de hecho y mediante la realización de actos materiales concretos a los fines de garantizar los derechos transmitidos y repeler hipotéticas acciones de terceros”. De ello se desprende que las partes procuraban afianzarse en la posesión de las parcelas, que Francisco Cascio le entregó a los aquí accionantes en el mismo acto de celebrarse el boleto de fecha 5/8/2011; y era a partir de ese momento que Pereyra y Espil debían tomar efectiva posesión de los inmuebles, debiéndola ejercer en forma pública, pacífica e ininterrumpida (lo cual se estipuló como una expresa obligación a su cargo). Esa era la forma en que podrían repeler hipotéticas acciones de terceros -tal como lo expresaron en la cláusula citada-, dado que, evidentemente, los contratantes no tenían muchas expectativas de que el remoto boleto de fecha 5/4/1981 pudiera ser reconocido por los herederos de Villar; y ello, seguramente, por las marcadas dificultades que señalé precedentemente (ver el tercer párrafo del presente punto 2).
3. Es en el marco descripto que debo compartir la postura asumida por las herederas de Francisco Cascio, quienes -en palabras del juzgadorafirmaron que “no se celebró una compraventa con los actores en los términos del art.1185 del Código Civil, sino una cesión de derechos posesorios, entregándoles en ese acto la documentación correspondiente, agregando que no se había pactado entre las partes la obligación de otorgar escritura, sino que sólo se les transfirió la posesión a los fines de ejercer su derecho en el sucesorio del titular registral o mediante un juicio de prescripción adquisitiva” (considerando III de la sentencia apelada; lo destacado me pertenece).
Así prosiguió señalando el Juez de origen: “Siguiendo con el análisis de lo acordado por las partes, tenemos que la escrituración se realizaría por intermedio de la Oficina de Regularización Dominial de la Municipalidad de Olavarría, por incorporación al sucesorio del titular registral de ‘don Villar’ (sic), o por trámite de prescripción adquisitiva”. Sobre esta base se sentaron las conclusiones medulares del fallo en torno a esta temática, al señalarse que “en ningún momento el vendedor se comprometió a otorgar escritura pública, sino que le transmitió la posesión a los fines de que mediante su ejercicio efectivo pudiera reclamar la adquisición del dominio por el transcurso del tiempo, obligándose a realizar todos los actos útiles y necesarios para que la parte compradora pudiera inscribir el dominio a su nombre y a entregar toda la documentación necesaria (sic cláusula cuarta)”. Este razonamiento se completó con otra aseveración del juzgador, cuando expresó que “los vendedores no comprometieron una obligación de hacer, a saber: firma de escritura de venta, sino de colaborar en los trámites destinados a adquirir la propiedad del bien por usucapión, o a través de la Oficina de Regularización Dominial Municipal, por lo que no pueden ser sujetos pasivos de esta obligación” (lo destacado es propio). En función de estas motivaciones, en el decisorio apelado se rechazó la demanda de escrituración deducida contra las herederas de Francisco Cascio.
Estas conclusiones de la sentencia apelada se ajustan a las constancias de la causa, dado que Francisco Cascio no se obligó a escriturar los inmuebles, sino que se limitó a entregarles la posesión libre de ocupantes a los aquí accionantes, obligándose éstos últimos a ejercerla en forma efectiva “mediante la realización de actos materiales concretos a los fines de garantizar los derechos transmitidos y repeler hipotéticas acciones de terceros”; haciéndose constar, además, que “se halla pendiente de realización el trámite de prescripción adquisitiva” (cláusula segunda del boleto de fecha 5/8/2011). Y esta obligación de tomar posesión efectiva de las parcelas que asumieron los accionantes, se reitera en la cláusula séptima del boleto, donde se puntualizó que dicha posesión debía ser pública, pacífica e ininterrumpida hasta que se produjera la regularización dominial.
De esta manera, queda en claro que el boleto en análisis no consiste en una compraventa, sino en una cesión de derechos posesorios, tal como certeramente lo advirtió la Asesora de Incapaces en su dictamen de fecha 1/8/2022, quien apuntó que en estos supuestos es posible recurrir a un juicio de usucapión o prescripción larga. Precisamente, en la cláusula cuarta del boleto, al abordarse la escrituración, se dijo que: “La escritura traslativa de dominio se realizará a opción del comprador por intermedio de la Oficina de Regularización Dominial de la Municipalidad de Olavarría; por incorporación al sucesorio del titular registral de don Villar, Alfredo, o bien por el trámite de prescripción adquisitiva, donde el comprador deberá acreditar los requisitos exigidos para su realización”. O sea que se dejó librada a la decisión de los cesionarios la elección de la forma que resultara más adecuada para arribar a la escrituración, dejándose prevista la posibilidad de que ello se realizara a través de la Oficina de Regularización Dominial Municipal, por incorporación al sucesorio del titular registral, o bien mediante un juicio de usucapión, quedando a cargo de los adquirentes la acreditación de los requisitos que fueran exigibles. Queda en claro, entonces, que tal como se dijo en la sentencia apelada, el cedente Francisco Cascio no se comprometió en ningún momento a otorgar la escritura pública, sino que se limitó a entregarles la posesión de los bienes a los cesionarios, a los fines de que mediante el ejercicio efectivo de esta posesión -a lo que se obligaron expresamente-, pudieran reclamar la adquisición del dominio por alguno de los mecanismos que se detallaron - minuciosamente- en la citada cláusula cuarta del boleto.
Con arreglo a lo antedicho, no quedan dudas de que el boleto en análisis importó una cesión de derechos posesorios, y no una compraventa como erróneamente fue rotulada por los contratantes, razón por la cual no hubo ningún incumplimiento del cedente Francisco Cascio, quien solamente estaba obligado a prestar su colaboración y “a realizar todos los actos útiles y necesarios para que la parte compradora pueda inscribir el dominio a su nombre y a entregar toda la documentación necesaria” (cláusula cuarta, última parte). Así se señaló en la sentencia apelada que Francisco Cascio no se comprometió a escriturar los inmuebles, sino a colaborar en los trámites destinados a adquirir la propiedad, ya sea por usucapión o a través de la Oficina de Regularización Dominial Municipal. Por ende, al no existir obligación de escriturar a cargo de Francisco Cascio, se encuentra ajustado a derecho el decisorio recurrido en cuanto rechazó la demanda de escrituración deducida contra sus herederas: Ana Cuffari, Sara Lidia Cascio, Ana Lorena Cascio y Camila Gelmi.
4. Y profundizando en la cesión de derechos posesorios, es dable señalar que se está ante una figura muy utilizada en la práctica, a los fines de concretar la denominada unión o accesión de posesiones, supuesto que ha sido bien examinado por la doctrina.
Así expresa Mariani de Vidal que la accesión de posesiones “es la unión o suma de dos posesiones”, agregando que “el interés práctico en realizar esta unión de posesiones reside en la posibilidad de acumular tiempo para: a) llegar a obtener la posesión anual a los efectos de intentar las acciones posesorias propiamente dichas (arts.2473 a 2481, 2487, 2495 a 2499 Cód. Civ.) y b) alcanzar el número de años necesarios para usucapir (art.4005 y su nota)”. Y al ocuparse de la sucesión a título singular, refiere a los requisitos para que pueda existir la accesión de posesiones que aparecen reglados en los arts.2475 y 2476 del Código Civil, siendo “necesario que ninguna de las dos posesiones sean viciosas, es decir, que se liguen inmediatamente procediendo la una de la otra a través de un vínculo jurídico, aunque sea defectuoso, por ejemplo, un contrato de compraventa (aunque no sea válido)” (Derechos Reales, Bs. As. 2004, tomo 1, págs.163 y 164). Y acerca del requisito establecido en el art.2476, en el sentido de que para conformar la unión de posesiones es necesario que una posesión derive de la otra, puntualiza Kiper que “se exige que ambas posesiones estén unidas por un vínculo jurídico (v.gr. venta, donación, permuta). No es necesario que se trate del título suficiente; puede haber accesión aun con un título que no reúna todos los requisitos de forma y de fondo (p. ej., boleto de compraventa; viciado; a non domino; basta con que sea ‘abstractamente idóneo’” (Código Civil y leyes complementarias, Director Zannoni, Coordinadora Kemelmajer de Carlucci, Bs. As. 2005, tomo 10, pág.518; todos los destacados me pertenecen).
Y en comentario al art.1901 del C.C.C.N., se ha señalado que las posesiones unidas deben estar “ligadas por un vínculo jurídico”, lo que es aplicable tanto a la prescripción breve como a la prescripción larga, “ya sea una cesión directa de los derechos sobre la posesión, o la inclusión de ellos en una venta, permuta, donación, etc., alternativas que pueden englobarse con la designación de ‘transmisión de la posesión’”. Y se agrega que: “La idea de transmisión de la posesión no implica que se la califique a ella como a un derecho, sino que tiene el alcance técnico que precisaba - creemos con acierto- el art. 1856 del Proyecto de 1998: ‘Transmisión. Transmitir mediante un acto jurídico una relación real a título particular, denota únicamente que quien la transmite autoriza al que la adquiere a unir la subsiguiente relación real con la de sus autores’” (Alterini Jorge H., Alterini Ignacio E., Alterini María E., Tratado de los Derechos Reales, Bs. As. 2018, tomo I, Parte General, tomo I, pág.208; lo resaltado corresponde al suscripto).
Pues bien, esta transmisión mediante un acto jurídico de una relación real a título particular, es la que posibilita la unión o accesión de posesiones. Y esto es, precisamente, lo que ha sucedido en el caso que nos ocupa, donde Francisco Cascio y los aquí accionantes celebraron el boleto denominado erróneamente como “compraventa”, pero que en rigor consistió en una cesión de derechos posesorios, con la clara finalidad de que la posesión de los adquirentes pudiera unirse a la que venía ejerciendo el transmitente. En ese marco, se estipuló expresamente la obligación de los adquirentes de hacer efectiva esa posesión, “mediante la realización de actos materiales concretos a los fines de garantizar los derechos transmitidos y repeler hipotéticas acciones de terceros”.
Por otra parte, en la causa hay indicios de que Francisco Cascio venía ostentando la posesión de los inmuebles desde mucho tiempo atrás, tal como resulta de los recibos de pago del impuesto inmobiliario emitidos por la Dirección Provincial de Rentas a nombre de “Cascio Francisco”, que obran agregados a fs.132/160, y que datan de los años 1984, 1985, 1986 y 1987 (arts. 163 inc.5, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.). Y en esa condición cedió sus derechos posesorios sobre las parcelas a favor de Pereyra y Espil, lo que era perfectamente factible ya que los predios se encontraban desocupados y sin contradictores que se opusieran, tornando viable el perfeccionamiento de la tradición a favor de los adquirentes (arts.2377, 2378, 2379, 2383 y 2384 del Cód.
Civil). Precisamente, del acta de constatación notarial labrada a solicitud de la codemandada Beatríz Villar el día 14/6/2013, surge que los dos lotes eran baldíos, sin mejoras y estaban desocupados, “en evidente estado de abandono dada la altura de los pastos naturales que hay crecido en los mismos y sin plantaciones. Sólo se ven dos construcciones en la manzana lindera” (ver escritura n° 627, otorgada ante el Escribano Carlos Severo Erramouspe, que obra a fs.85/86 de los autos caratulados “Cascio de Cuffari Ana y otros c/Villar Alfredo s/Prescripción Adquisitiva Vicenal/Usucapión”, expediente n° 47.926, que tengo a la vista). Perfeccionada, entonces, la cesión de derechos posesorios entre Francisco Cascio y los aquí demandantes Jorge Damian Pereyra y Debora Anabela Espil, y habiéndose realizado la tradición posesoria a favor de los adquirentes, se imponía que éstos cumplimentaran las obligaciones a su cargo haciendo efectiva esa posesión que debía ser pública, pacífica e ininterrumpida “mediante la realización de actos materiales concretos a los fines de garantizar los derechos transmitidos y repeler hipotéticas acciones de terceros” (cláusulas segunda y séptima del boleto de fecha 5 de agosto de 2011).
Sin embargo, esa obligación de ejercer la posesión parece no haber sido cumplida en debida forma por los actores, debiendo señalarse que el juicio de prescripción adquisitiva fue iniciado por las herederas de Cascio, sin que Pereyra y Espil hayan comparecido a ese proceso, pese a que, en su carácter de cesionarios de los derechos posesorios, ostentaban plena legitimación para comparecer a ese juicio de usucapión que podía resultar decisivo en orden a la consolidación de sus derechos sobre los inmuebles. Acerca de la legitimación activa de los cesionarios de derechos, expresa Areán que: “También puede ocurrir que el poseedor haya cedido sus derechos posesorios en favor de un sucesor a título singular. Este último, si bien inicia una nueva posesión, puede recurrir a la figura de la accesión de posesiones, uniendo su posesión a la de su autor. La jurisprudencia, en concordancia con lo establecido por el Código Civil, ha exigido invariablemente la acreditación del acto jurídico en virtud del cual se ha verificado entonces la accesión” (Juicio de Usucapión, 4ª edición, Reimpresión, Bs. As. 2006, pág.247).
Los aquí demandantes contaban con el acto jurídico por el que se perfeccionó la unión de su posesión con la de su antecesor (Francisco Cascio), y habían asumido contractualmente la expresa obligación de ejercer esa posesión en plenitud, por lo que resulta incomprensible que no hayan comparecido al proceso de usucapión a hacer valer sus derechos, habiendo perdido una oportunidad por demás valiosa. En lugar de ello, optaron por promover la demanda de escrituración que dio inicio a estas actuaciones, la cual, por los fundamentos que vengo exponiendo, resulta claramente improcedente.
VI. Llegado a este punto de mi desarrollo argumental, me encuentro en condiciones de abordar los agravios vertidos por los actores apelantes, los cuales no logran conmover las motivaciones del pronunciamiento de grado. Hago constar, desde ya, que no me ocuparé de todas las alegaciones esgrimidas por los recurrentes, sino solamente de aquellas que son conducentes para la decisión del caso (esta Sala, causas n° 51.771, “Sedesa” del 10/4/2008; n° 60.816, “Trachsel” del 13/9/2016; n° 69.826, “Quiña” del 12/10/2023, entre muchas otras).
1. Desde el inicio, los apelantes distinguen entre la situación de los herederos de Alfredo Villar y la situación de los sucesores de Francisco Cascio, poniendo mayor énfasis en la responsabilidad de éstos últimos, contra quienes, en su parecer, “la acción debe prosperar sin ninguna duda, pues no han cumplido con lo claramente pactado por escrito y hasta incluso reconocieron expresamente su incumplimiento por la nota del 19-2-2016”. Ya he señalado precedentemente, que en el marco de la cesión de derechos posesorios que se formalizó entre Francisco Cascio y los accionantes, no se estipuló una obligación de escriturar a cargo del cedente, quien solamente debía colaborar con los actos útiles y necesarios para que los cesionarios pudieran inscribir el dominio a su nombre; en consecuencia, no hubo ningún incumplimiento atribuible al cedente, ni, por ende, a sus sucesores aquí demandados. Más aún, en trance de cumplir esa obligación de colaboración que pesaba sobre el cedente, sus herederos promovieron el juicio de usucapión que tramita en el expediente n° 47.926; pero los cesionarios no comparecieron a ese proceso a hacer valer sus derechos, pese a que estaban perfectamente legitimados para ello, perdiendo una importante oportunidad.
2. En cuanto a la nota de fecha 19/2/2016, emitida por las herederas de Cascio, que se encuentra agregada a fs.88, corresponde señalar que la misma no contiene un “reconocimiento de su incumplimiento”, como equívocamente afirman los apelantes. En esta nota, las herederas sólo reconocen el contrato celebrado entre Francisco Cascio y los actores el día 5/8/2011 -lo que está fuera de toda duda-, y señalan que los lotes fueron comprados por su causante a Alfredo Villar en abril de 1981. Y en la parte final de este instrumento se dice que “las herederas de Alfredo Villar deberán otorgarle a Usted la escritura correspondiente por sucesión de Francisco Cascio”, lo que no constituye más que una mera expresión de deseos, en el marco del deber de colaboración que se hallaba a su cargo; pero de ningún modo implica un “reconocimiento de su incumplimiento”, como equívocamente se afirma en el escrito recursivo.
3. Remarcan los apelantes la obligación asumida por Cascio de realizar todos los actos útiles y necesarios para que los cesionarios pudieran inscribir el dominio a su nombre, y expresan que el letrado de las sucesoras de Cascio no completó el trámite de usucapión, por lo que éstas “quedaron en evidente falta”. Esta circunstancia ya la he analizado precedentemente, cuando señalé que los cesionarios se encontraban plenamente legitimados para comparecer al juicio de prescripción adquisitiva y ejercer sus derechos, produciendo las pruebas que consideraran pertinentes; sin embargo, nada de esto realizaron, perdiendo una posibilidad de singular valía para la defensa de sus derechos posesorios.
4. En reiterados tramos de la expresión de agravios, los apelantes destacan los actos posesorios que realizaron sobre los inmuebles, diciendo que los alambraron, colocaron bomba de agua y medidor de luz, realizaron plantaciones, pagaron impuestos y los cuidaron “hasta que un día apareció uno de los lotes usurpado u ocupado”. Estas afirmaciones conllevan a tres conclusiones que, desde luego, no son favorables a los recurrentes: a) Por un lado, al aludir a los actos posesorios que realizaron sobre las parcelas, están poniendo de manifiesto que Francisco Cascio cumplió con la obligación que estaba a su cargo, consistente en cederle los derechos posesorios y entregarles la efectiva posesión de los inmuebles; b) Por otro lado, las afirmaciones de los apelantes son reveladoras de que no fueron diligentes en preservar su posesión sobre los lotes, dado que, ante la existencia de actos perturbadores realizados por terceros, debieron haber articulado las defensas posesorias que estaban a su alcance, promoviendo la acción posesoria o el interdicto que resultara pertinente, lo que, evidentemente, no llevaron a cabo (arts.2455, 2456, 2468, 2469, 2470 y sgtes. del Cód. Civil; arts. 600, 604, 608, 617 y ccs. del Cód. Proc.); c) Asimismo, los variados actos posesorios que los apelantes relatan en su pieza recursiva, debieron haber sido alegados y probados en el ya referido proceso de usucapión, al cual no comparecieron, evidenciando, una vez más, una actitud pasiva que en nada ha contribuido a la consolidación de sus derechos.
5. En la expresión de agravios también se recala en la indemnización de daños y perjuicios reclamada a las herederas de Francisco Cascio, al señalarse que “si no hace lugar a la demanda de escrituración y frustra los derechos de la actora, se deriva inexorablemente en que debe resarcirse el daño provocado, sino se está amparando una burla, un fraude avieso (con dolo incluso), pues mi parte pagó por dos lotes y nada le otorga el magistrado sobre ellos. Si no cabe la escrituración deben cubrirse los perjuicios que padeció evidentemente Pereyra y la coactora. Aquí entran los pagos hechos por la compra, el valor actual de los lotes, los impuestos abonados, las mejoras constatadas, etc., que deberán merituarse justamente”.
Este planteo resulta claramente inadmisible porque, como ya lo he destacado, no hubo incumplimiento atribuible a Francisco Cascio, al no haberse estipulado una obligación de escriturar que estuviera a su cargo, ya que solamente debía colaborar con los actos útiles y necesarios para que los cesionarios pudieran inscribir el dominio a su nombre. En consecuencia, ni Francisco Cascio ni sus herederos deben resarcir daños y perjuicios (arts.511, 512, 519, 520 y ccs. del Cód. Civil). Más aún, tal como lo puntualicé en el anterior punto 4, los actores no fueron diligentes en la realización de los actos que eran esenciales para materializar sus derechos, lo que pone aún más en evidencia la improcedencia de la demanda que ha dado origen al presente litigio. En este orden de ideas, le asiste razón al Juez de la anterior instancia, cuando expresa que “la improcedencia de la obligación de escriturar determina el consecuente rechazo del reclamo resarcitorio, ya que éste emerge ante la imposibilidad de formalizar la compraventa, como subsidiario de la obligación principal…corriendo por tanto la misma suerte que aquella”. Por ello, debe desestimarse el agravio en análisis.
6. En el escrito recursivo también se plantea un agravio referido al acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Beatriz Villar, temática que he reseñado en el apartado III, punto 1, del presente voto, al cual me remito por razones de brevedad.
Sostuvo el juzgador que ni en estos obrados ni en el sucesorio de Alfredo Villar, constan declaraciones expresas de Alfredo Villar o de sus herederos, ratificando el boleto de compraventa de fecha 5/4/1981. Según este boleto, que se erige en uno de los sustentos de la demanda, Francisco Cascio habría adquirido los inmuebles objeto del presente juicio, en remate público realizado por el martillero Blanco Fernández, quien habría actuado por orden de Francisco Villar. Sin embargo, como se ha resuelto en la sentencia apelada, no hay elementos probatorios de los que surja la ratificación de este instrumento por parte del titular registral (arts.375 y 384 del Cód. Proc.).
En otro orden, también descartó el sentenciante que hubiera mediado ratificación tácita, a través de la tradición posesoria de Alfredo Villar a Francisco Cascio. Como lo sostuve en el punto 4 del apartado V (quinto párrafo), en la causa hay indicios de que Francisco Cascio venía ostentando la posesión de los inmuebles desde mucho tiempo atrás, tal como emana de los recibos de pago del impuesto inmobiliario de fs.132/160; pero ello no significa que hubiera adquirido esa posesión por tradición del titular registral, la cual no ha sido demostrada, tal como se señaló en la sentencia apelada. No obstante, además de la tradición existen otros modos unilaterales de adquisición de la posesión, como lo son la ocupación o la usurpación, no pudiendo descartarse que a través de ellos pudiera haber tomado Francisco Cascio la posesión de los inmuebles, aunque no contara con el consentimiento de su dueño (arts.2373, 2374, 2382 del Cód. Civil; conf. Borda, Tratado de Derecho Civil, Derechos Reales, 5ª edición, Bs. As. 2008, tomo I, págs.75 a 79).
Estas conclusiones del Juez de grado no se ven alteradas por los agravios de los accionantes, que consisten en alegaciones carentes de sustento probatorio en las constancias de la causa. Así señalan los recurrentes que hubo otras operaciones similares y que, según surge de las actuaciones judiciales que enumeran, fueron reconocidos los derechos a escriturar de los actores, en la misma zona de Villa Aurora de la ciudad de Olavarría. Pero olvidan los impugnantes que las circunstancias particulares de cada caso, impiden extender a estas actuaciones las decisiones que pudieran haberse adoptado en procesos que carecen de toda vinculación con el presente litigio.
Se abocan los apelantes a la participación del martillero Blanco Fernández, y se agravian de las conclusiones del Juez de grado, que -según sus dichos- “se focaliza desmedidamente en la intervención del martillero y que no fuera ratificada su actuación por Villar o sus hijas. En rigor los herederos de Villar frustraron o burlaron a la actora y es absurdo ignorar o desinterpretar con sana lógica las circunstancias y probanzas del caso. Es agraviante que porque no se pudo localizar un martillero tan añejo como Blanco Fernandez (del siglo pasado) o por el mismo actuar malintencionado de los demandados, se desmerezca lo que mi parte ha logrado demostrar en el sub lite y lo que se infiere de lo acontecido siendo razonables. En rigor, si tal subastador de aquella época publicó volantes del remate, hizo el boleto, etc., o sea demostrando buena fe, se dude de ello, es ilógico…”. Las alegaciones antedichas carecen de respaldo probatorio y no pueden alterar las conclusiones de la sentencia apelada, pues lo cierto y concluyente es que no se acreditó la ratificación del boleto de fecha 5/4/1981, por parte de Alfredo Villar o de sus herederos, lo que condujo al acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada Beatriz Villar. En efecto, ni del presente juicio de escrituración, ni de las actuaciones agregadas por separado, surgen elementos de los que pudiera extraerse tal ratificación por parte del titular registral o de sus sucesores. En ese orden, si se examinan los autos caratulados “Villar Alfredo s/Sucesión”, que tramita en expediente n° 40.537, se advierte que en los mismos no consta ninguna referencia al boleto de fecha 5/4/1981, a favor de Francisco Cascio.
Cabe refutar también el argumento de los recurrentes, quienes remarcan la antigüedad del martillero Blanco Fernandez y señalan que, por esa circunstancia, no se ha podido localizar ningún elemento probatorio relativo a la ratificación del titular registral. Sin embargo, puede visualizarse que los actores no han realizado ningún esfuerzo tendiente a colectar materiales de prueba que hubieran sido de utilidad, como, por ejemplo, el libramiento de oficio a martilleros que pudieron haber continuado la actividad profesional de Ernesto A. Blanco Fernandez, y que contaran con documentación correspondiente al remate público que se habría llevado a cabo el día 5 de abril de 1981 (lo mismo con relación al martillero Horacio Alberto Mujica, quien habría firmado recibos extendidos a favor de Francisco Cascio, según consta en la documentación de fs.30 y 52 a 61). Tampoco se requirió el libramiento de oficio a la Escribanía D’Onofrio de la ciudad de Olavarría -o al profesional que hubiera continuado con el registro notarial-, la cual, según el boleto de compraventa, se encontraba a cargo de la escrituración (ver fs.26/26vta.). Como puede apreciarse, se trata de medidas de prueba factibles que pudieron haberse intentado y que podrían haber esclarecido la cuestión en análisis, pero que no fueron impulsadas por la parte actora; por lo que esta carencia probatoria debe repercutir en su contra (arts.375 y 384 del Cód. Proc.).
Por todo lo señalado, deben rechazarse los agravios referidos a la excepción de falta de legitimación pasiva de la codemandada Beatriz Villar, debiendo confirmarse lo decidido en la sentencia apelada.
7. Finalmente, se quejan los actores porque en la sentencia apelada se les impusieron las costas del juicio, a excepción de las derivadas del rechazo de la excepción de falta de legitimación activa; lo que resulta indiscutible en atención a su calidad de vencidos, con arreglo a la regla objetiva del vencimiento en juicio (art.68 del Cód. Proc.). No hay mérito alguno para apartarse de esta regla, ya que los accionantes han sido derrotados en los aspectos principales del presente juicio, al haberse rechazado la demanda de escrituración y daños y perjuicios por ellos entablada. En consecuencia, debe confirmarse la imposición de las costas del juicio dispuesta en la sentencia de la anterior instancia.
VII. Como corolario de todo lo hasta aquí expresado, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fecha 13/2/2023, en todo lo que decide y ha sido materia de agravios, debiendo imponerse las costas de alzada a los actores apelantes, en atención al resultado desfavorable obtenido en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.). La regulación de honorarios deberá diferirse para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77; arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
alzada a los actores apelantes, en atención al resultado desfavorable obtenido en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77; arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 23 de Noviembre de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: confirmar la sentencia apelada de fecha 13/2/2023, en todo lo que decide y ha sido materia de agravios, imponiéndose las costas de alzada a los actores apelantes, en atención al resultado desfavorable obtenido en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77; arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia