Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionante con fecha 27.03.2023 y en consecuencia atribuir el uso de la vivienda familiar, sita en calle Labarden N° 678 de Tandil (art. 526 CCyC) en favor de la accionante y de su hijo B. hasta que este último adquiera la mayoría de edad o hasta el momento en que el progenitor pueda abonar una cuota alimentaria que asegure el derecho a la vivienda del menor sin renta compensatoria a favor del demandado;
2Con costas de ambas en ambas instancias al demandado perdidoso (art. 68 del CPCC). Ello sin pasar por alto que el demandado se pudo creer con derecho a litigar en virtud de resultar una cuestión dudosa de derecho pero sin dejar de valorar el modo en que se resuelve y la naturaleza de la cuestión planteada;3) En consecuencia, en atención a la cuantía, valor y mérito de los trabajos realizados en autos y lo normado por los arts. 9 ap. I.1 incs. e) y w), 16, 21, 22, 28 inc b y cc de la ley 14.967 corresponde regular los honorarios profesionales por las actuaciones en primera instancia de la siguiente forma: al Dr. Mauro S. Torres en la suma equivalente a TREINTA (30) JUS y a la Dra. Maria Gabriela Pey en la suma equivalente a VEINTE (20) JUS, con más la adición de Ley (arts. 12 y 14 leyes 8455 y 10268) e I.V.A. en caso de profesionales inscriptos; y atento lo normado por los arts. 9°, 15, 16, 21, 31, 39 y cc de la ley 14.967 y de conformidad con lo dispuesto por la Ac. …
Causa: 1-70859-2023-
"D., M. F. C/ P., C. A. S/ ATRIBUCION VIVIENDA FAMILIAR"
JUZGADO DE FAMILIA Nº 1 - TANDIL
En la ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores , Lucrecia Inés Comparato, Esteban Louge Emiliozzi y Yamila Carrasco para dictar sentencia en los autos caratulados: "D., M. F. C/ P., C. A. S/ ATRIBUCION VIVIENDA FAMILIAR", (Causa Nº 1-70859-2023), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores COMPARATO-CARRASCO-LOUGE EMILIOZZI.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia de fecha 16.03.2023 ?
2ª.-¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION: la Señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
I.a. En la fecha indicada al formular la cuestión se dicta sentencia de primera instancia, a partir de la cual la Sra. Jueza de grado resuelve hacer lugar a la pretensión incoada por la Sra. M. F. D. y, en consecuencia, atribuye el uso de la vivienda familiar, sita en calle Labarden N° 678 de Tandil (art. 526 CCyC) en favor de la accionante y de su hijo B. por el período de dos años ya gozado desde la fecha de cese de la convivencia, dejando constancia que se encuentra vencido y que no corresponde fijar renta compensatoria en beneficio del demandado. Asimismo, desestima la declaración de inconstitucionalidad del art. 526 del C.C. y C. en lo que respecta a la fijación de plazo de la atribución y de renta compensatoria y hace saber a las partes que deberán canalizar sus pretensiones en los autos caratulados: "P. C. A. C/ D. M. F. S/ DIVISION DE CONDOMINIO (exp. 52297), en trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 de Tandil.
Finalmente, impone las costas por su orden y regula los honorarios profesionales actuantes.
b) El mentado decisorio fue apelado por la accionante con fecha 27.03.2023, recurso que se le concedió en relación en la misma fecha, y que fuera fundado por la recurrente con fecha 10.04.2023.-
Al exponer sus críticas, se agravia la apelante por cuanto se acogió su demanda pero sólo por dos años descartando la inconstitucionalidad de la norma y omitiendo un encuadre e interpretación acorde al caso normativo. En esa línea señala que la Sra. Jueza a quo debería haber dictado sentencia otorgando la atribución de la vivienda sin fijación de plazo o hasta la mayoría de edad del menor.
Refiere que la vulneración de derechos es absoluta ya que el Sr. P. mantiene un trabajo formal en relación de dependencia con una remuneración inferior al SMVM lo que habla a las claras de que la cuota alimentaria percibida no es suficiente ni siquiera para satisfacer el rubro alimentación.
En segundo término, alega la apelante que la Magistrada de origen ha interpretado erróneamente la ley aplicable al caso concreto. Y ello así por cuanto inició el reclamo en el presente proceso por derecho propio y en representación de su hijo quien es un sujeto de derecho que merece medidas de protección especiales y el respeto de su interés superior conforme lo establecido en la carta magna (art. 19 CDN). Luego, hace un racconto del dictamen del Ministerio Público Fiscal y solicita se deje sin efecto la resolución recurrida y se acoja su pretensión de satisfacer la atribución de la vivienda al menor hasta la mayoría de edad sin renta compensatoria.
Finalmente se agravia por el modo en que se impusieron las costas ya que no se ha respetado el principio de la derrota. c) Con fecha 14.04.2023 la demandada presentó la réplica de los agravios y mediante presentación electrónica de fecha 19.04.2023 la Asesoría de menores interviniente, formula su dictamen. d) Recibidos los autos en esta instancia, se ordenó vista el Fiscal Departamental, quien presentó su dictamen con fecha 17.05.2023 oportunidad en la cual se remitió al dictamen presentado con fecha 15.02.2023 por el Dr. Girollet en la instancia de origen. e) Con fecha 21.06.2023 se dispuso que por ser definitiva la cuestión objeto de la apelación debía resolverse con la formalidad del acuerdo y con fecha 14.07.2023 se practicó el sorteo de ley, por lo que las actuaciones se encuentran en estado de resolver.
II. a) Al respecto, se observa que el Código Civil y Comercial, en el Título III del Libro Segundo correspondiente a las “Relaciones de familia”, regula y reconoce expresamente un plexo mínimo de derechos a las parejas que tienen un proyecto de vida en común pero que por diferentes razones –fundadas en el artículo 19 de la Constitución Nacional- no celebran matrimonio, bajo la denominación de “uniones convivenciales”; entendiendo por tales a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente entre dos personas que comparten un proyecto de vida en común, cualquiera sea su orientación sexual.-
De este modo, se concibe a las convivencias de pareja como un tipo de familia o modelo de organización familiar autónomo, alternativo a la unión matrimonial; resultando esta captación normativa una clara consecuencia de la profunda transformación en el complejo sociológico y axiológico evidenciada desde la segunda mitad del siglo XX, a partir de la cual el modelo familiar no-institucionalizado ha alcanzado entidad propia -social y jurídica-, coexistiendo con la institución jurídica matrimonial y constituyendo, asimismo, una auténtica alternativa ideológica a la misma (CIDH, en el caso “Atala Riffo c/ Chile” del 24 de febrero de 2012; Azpiri, Jorge O., “Uniones de Hecho”, Hammurabi, Buenos Aires, 2003, pág. 23; Domínguez Lozano, Pilar, “Novedades legales y tendencias reformadoras en la regulación de las instituciones y figuras jurídicas relativas a las uniones more uxorio”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, Número 12, diciembre de 2006, pág. 1 y ss; esta Sala, causas n° 61483 “Jaureguiberry…” del 13.09.2016, n° 65563 “Etchegaray…” del 28.02.2020, entre otras).-
Al respecto, se ha dicho que el Código, al receptar una regulación integral sobre este tipo de uniones, salda una deuda pendiente, no sólo al erradicar la discrecionalidad judicial, sino al establecer un régimen legal preciso que indica quiénes integran o cuándo se encuentran configuradas las uniones convivenciales, y dispone cuáles son los derechos o consecuencias jurídicas que se derivan de las parejas que conviven y no se casan –los cuales han de integrarse con aquéllos reconocidos en otras leyes complementarias- (Herrera, Marisa, comentario al Título III del Código Civil y Comercial: “Uniones convivenciales”, en obra colectiva “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado” dirigida por Ricardo Luis Lorenzetti, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, tomo III, pág. 277 y ss y pág. 364 y ss).-
A dichos fines, la regulación de las uniones convivenciales propuesta por el Código procura encontrar un punto medio entre libertad y protección. Así, la autonomía de la voluntad y el consiguiente respeto a la intimidad de los sujetos –principios que se constituyen como regla-, se han visto equilibrados a partir del mantenimiento de principios esenciales que hacen a la solidaridad familiar, concretados en preceptos específicos integrantes de un piso mínimo de protección (Bíscaro, Beatriz, “Las uniones convivenciales en el Proyecto de Unificación del Código Civil y Comercial de la Nación”, RDF n° 66, 2014, pág. 121 y ss; Lloveras, Nora, “Libertad con responsabilidad y solidaridad. La regulación de las uniones convivenciales”, Revista Derecho Privado. Reforma del Código Civil V. Familia y Sucesiones, Año II, n° 6, Infojus, 2013, pág. 147 y ss). b) Y ello reviste especial trascendencia en el caso de autos, en tanto uno de los institutos receptados por la nueva normativa y que halla su fundamento en el principio de solidaridad familiar resulta ser, justamente, el de atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los ex convivientes como consecuencia del cese de la unión (conf. art. 526 y cc del CCyC).-
Al respecto, se observa en primer término que la protección de la vivienda, en sentido genérico, es asumida por el Código Civil y Comercial como una cuestión relacionada con el respeto a los derechos humanos, valorando –conforme se desprende de los Fundamentos del Anteproyecto de Reformas al Código Civil- que “el derecho de acceso a la vivienda es un derecho reconocido en diversos tratados internacionales”. Y en esa línea, conforme decía hace ya varios años la prestigiosa jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, “…el problema de la vivienda se agudiza durante las crisis familiares (nulidad, divorcio, separación). Determinar a cuál de los cónyuges corresponde el uso de la vivienda familiar y resolver la inevitable tensión entre los bienes (regidos por los principios de los derechos reales y personales) y las exigencias familiares (dominadas por el Derecho de Familia) representa uno de los puntos cruciales a la hora analizar las consecuencias de estas graves vicisitudes…” (autora citada, “Protección jurídica de la vivienda familiar”, Hammurabi, Buenos Aires, 1995, pág. 225).- En este contexto, la vivienda en la cual se desarrolla la vida familiar recibe en el nuevo Código un tratamiento tuitivo específico, en el que es posible distinguir dos planos: uno referido a las relaciones internas de los miembros de la familia, tales como el asentimiento del cónyuge o conviviente no titular para disponer del inmueble en el que habita el grupo familiar, la atribución de la vivienda luego del divorcio o de la ruptura de la convivencia, la incidencia de la vivienda familiar como pauta para la fijación de la cuota alimentaria durante la convivencia o una vez fenecida ésta; y el otro representado por las relaciones externas, es decir las que se refieren a los vínculos entre los cónyuges y los terceros, tales como la afectación de la vivienda familiar a fin de protegerla frente a la acción de los acreedores, los casos de continuación de la locación por el cónyuge o conviviente no locatario y, respecto de los herederos, el derecho real del cónyuge o conviviente supérstite y los supuestos de indivisión impuesta por el causante (Levy, Lea y Bacigalupo de Girard, María, “La vivienda familiar y su protección en el Anteproyecto de Código Civil”, en “Revista de Derecho de Familia”, N° 57, octubre de 2012, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 205; esta Sala, causas n° 64574 “Grimaldi…” del 03.08.2019, n° 64623 “Medina…” del 20.02.2020, entre otras).-
De este modo, la cuestión traída a juzgamiento se inscribe dentro del primer plano de la regulación en resguardo de la vivienda familiar, esto es, respecto a las relaciones internas, específicamente, respecto a la vida familiar entre los ex convivientes frente al cese de la unión.-
Al respecto, se observa que el art. 526 del Código Civil y Comercial recepta expresamente la facultad de uno de los convivientes de peticionar la atribución del uso de la vivienda familiar con posterioridad al cese de la unión, sea que se trate de un inmueble de propiedad de ambos o de uno solo; y dispone que, a falta de acuerdo entre las partes, el juez evaluará su procedencia, el plazo de duración –el cual no podrá exceder de dos años- y los efectos del derecho, valorando dos cuestiones. El primero de los supuestos se relaciona con cuál de ellos ejerce el cuidado personal de los hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad; supuestos que, de ningún modo resultan ser acumulativos, en tanto basta la presencia de cualquiera de las circunstancias fácticas descriptas para tornar operativa la norma. Y el segundo, quién se encuentra en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios, esto es, si existe una evidente desventaja patrimonial de uno de los convivientes frente al otro, que se traduzca en el aspecto habitacional (Lloveras, Nora, Orlandi, Olga y Faraoni, Fabián, comentario al artículo 526 del Código Civil y Comercial, en obra colectiva “Tratado de Derecho de Familia”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, tomo II, pág. 196 y ss; entre otros).-
Sentado lo expuesto, y en lo que aquí interesa, respecto del plazo máximo fijado por la norma destacada doctrina entiende que puede ser extendido en situaciones concretas que así lo ameriten. En esa línea se ha expresado "..Respecto del plazo de duración de este derecho, se observa una diferencia en el tratamiento que se hace en divorcio y en unión convivencial. Mientras que en el divorcio, el juez definirá conforme a la situación concreta que llega a su conocimiento el plazo de duración sin encontrar límites en la norma; en unión convivencial, cuando el juez defina el plazo deberá tener en consideración que el mismo no podrá exceder de dos años a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia..Coincidimos con Bíscaro en que no sería irrazonable pensar en convivencias que contando con una antigüedad de duración mayor, denoten la exigencia de considerar aspectos como edad, estado de salud, posibilidad de conseguir otra vivienda al definirse la extensión del derecho en el tiempo y no dar por sentado que el plazo de dos años es un tiempo justo para hacer cesar el beneficio.
Siguiendo esta línea de pensamiento y desde una visión integradora del sistema, en situaciones concretas que lo ameriten, corresponderá extender el plazo máximo dispuesto en la norma para evitar así una afectación de derechos (arts. 1°, 2° y 3° del CCyCN)..Mayor reparo se observa en el establecimiento de un plazo cuando se trata de uniones convivenciales con hijos comunes o de uno de los miembros de la pareja. Como en estos supuestos siempre se deberá atender al mejor interés de los hijos que se traduce en garantizar el desarrollo y protección integral de éstos, la atribución del uso de la vivienda no quedará necesariamente sujeta al plazo establecido. Justamente, Kemelmajer de Carlucci y Molina de Juan admiten flexibilizar la respuesta rígida que se desprende la norma:"..En este caso, es posible que el plazo se extienda más allá del previsto en la norma, en tanto el juez debe ponderar la protección de la infancia, los deberes derivados de la responsabilidad parental (arts.638, 641 CCyC), y las reglas de no discriminación de los hijos (art. 558 CCyC) sean matrimoniales o extramatrimoniales..".
(Iglesias, Mariana Beatriz- Krasnow, Adriana Noemí "Derechos de las Familias y las Sucesiones", Thomson Reuters La ley, pág. 308 y ss; Kemelmajer de Carlucci, A. y Molina de Juan, M; "La Protección de la vivienda de niños, niñas y adolescentes en el Código Civil y Comercial", pub. en "Actualización Jurídica Iberoamericana, Nro. 2, Feb. 2015, pág. 212).
c) Aplicando dichos principios al caso de autos, a la luz de los agravios expuestos por la recurrente, debo advertir en primer lugar que no resulta necesaria la declaración de inconstitucionalidad del art. 526 del CCC para extender el plazo de atribución de la vivienda familiar sino que basta con realizar una interpretación coherente de la normativa aplicable (conf. art. 2 del CCC) y confirmar si en el caso se encuentran dadas las condiciones para realizar una extensión del plazo dispuesto por dicha norma. En esa línea cabe destacar que se encuentra acreditado en autos que desde el cese de la convivencia entre el Sr. P. y la Sra. D. - mediados de 2019- el hijo menor de la pareja, B. de 12 años, se encuentra al cuidado de su progenitora y ambos viven en el inmueble que fuera sede del hogar convivencial (conf. escrito de demanda de fecha 09.09.2021 y contestación de demanda de fecha 10.11.2021) y que el demandado abona una cuota mensual del 20 % de su salario equivalente a $ 8.000 (conf. sentencia interlocutoria dictada con fecha 09.08.2022 en autos "D., M. F. c/ P., C. A. y Otro/a s/ Alimentos"; informe realizado por la perito asistente social con fecha 03.10.2022 en estos autos).
De este modo, encontrándose acreditado que la recurrente es quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño B. y que la cuota alimentaria abonada por el progenitor no resulta suficiente para asegurar una vivienda digna al menor, entiendo que se encuentran dadas las condiciones para extender el citado plazo. Máxime valorando que ninguna de las circunstancias alegadas por el Sr. P. en su contestación de demanda fueron probadas a saber: que la accionante convive con su pareja y que por tanto los gastos son compartidos; que con el dinero de la venta del inmueble alcanzaría para que cada una de las partes puede obtener su propio inmueble.
Y no resulta óbice para arribar a dicha conclusión la circunstancia de que la progenitora tenga un trabajo estable con un salario mayor que el demandado (conf. informe de la perito asistente social de fecha 03.10.2022), pues no debemos olvidar que cuando uno sólo de los progenitores es el que tiene la guarda del menor –como ocurre en este caso-, los principios expuestos anteriormente deben interpretarse en armonía con la referida situación y que además dichas circunstancias deben analizarse con una perspectiva de género. Lo que supone revisión de las normas o de su aplicación en la medida que encarnen -generalmente de modo solapado u oculto – estereotipos, perjuicios o situaciones de desigualdad o se desentiendan de contextos de marginación, exclusión, discriminación o vulnerabilidad (conf. Di Giulio Gabriel; Valoración judicial de la prueba, v. especialmente Cap. VII “Valoración judicial de la prueba con perspectiva de género”, p. 303 y ss.).”(esta Sala en causas n ° nº 68207 “Cosser…” del 5.07.2022; n° 68528 "Bugonsen" del 02.08.2022, n° 69554 "Mendizabal" del 23.11.2022, entre otras).
En esa línea, analizando el plazo dispuesto normativamente en el especial contexto en el que debe ser aplicado, debo concluir que frente al legítimo derecho del demandado de solicitar la división del condominio se encuentra el derecho de la accionante - quien tiene a su cargo el cuidado de su hijo menor de edad lo que implica tareas cotidianas que deben ser valoradas como un aporte con valor económico - y del niño B. a una vivienda digna.
En consecuencia, realizando una interpretación coherente de la normativa aplicable al caso (art. 526, 558, 638, 641, 658, 659 del CCC; arts. 3, Convención de los derechos del Niño; arts. 3,8, 28 y cons. de la ley 26.061; 2, 3, 5 de la C.E.D.A.W), considerando que los jueces deben atender a las eventuales consecuencias de la sentencia al momento de dictar un determinado pronunciamiento, a fines de armonizar las exigencias de tipo formal con las particularidades que se presentan en el caso en pos de arribar a decisiones judiciales que sean verdaderamente útiles (ver al respecto el voto del Dr. Lázzari en causa "Castro, Héctor Jesús c/ Dycasa S.A. y otros", S.C.B.A., del 22.10.2003; esta Sala, causa n° 59761 "Bevacqua…" del 12.03.2015, n° 60449 "Hernández…" del 15.09.2015, n° 65435 "Guzmán…" del 12.12.2019, 64623 "Medina" del 20.02.2020,entre otras), lo que exige valorar el impacto que la decisión de rechazar el recurso ocasionaría en la vida de las partes -tales como la necesidad de la Sra. D. de buscar una nueva vivienda en donde vivir con su hijo, de celebrar un contrato de locación en el contexto de elevada inflación y de crisis en el mercado inmobiliario en el que se encuentra sumido nuestro país, etc-; he de concluir que se hallan presentes en el caso de autos los recaudos objetivos para atribuir el uso de la vivienda familiar, sita en calle Labarden N° 678 de Tandil (art. 526 CCyC) en favor de la accionante y de su hijo B. hasta que este último adquiera la mayoría de edad o hasta el momento en que el progenitor pueda abonar una cuota alimentaria que asegure el derecho a la vivienda del menor, sin renta compensatoria en beneficio del demandado. d) Finalmente, siendo que -si lo que propongo es compartido- la presente sentencia resultará modificatoria de la de primera instancia, corresponde adecuar la imposición de costas al contenido del presente pronunciamiento (arts. 274 del C.P.C.C.) lo que torna abstracto el recurso contra la distribución de primera instancia.
Así lo voto.
La Señora Jueza Dra. CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI, adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTION: la Señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionante con fecha 27.03.2023 y en consecuencia atribuir el uso de la vivienda familiar, sita en calle Labarden N° 678 de Tandil (art. 526 CCyC) en favor de la accionante y de su hijo B. hasta que este último adquiera la mayoría de edad o hasta el momento en que el progenitor pueda abonar una cuota alimentaria que asegure el derecho a la vivienda del menor sin renta compensatoria a favor del demandado; 2) Con costas de ambas en ambas instancias al demandado perdidoso (art. 68 del CPCC). Ello sin pasar por alto que el demandado se pudo creer con derecho a litigar en virtud de resultar una cuestión dudosa de derecho pero sin dejar de valorar el modo en que se resuelve y la naturaleza de la cuestión planteada.
Así lo voto.-
La Señora Jueza Dra. CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI, adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
-S E N T E N C I A –
POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC, se
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionante con fecha 27.03.2023 y en consecuencia atribuir el uso de la vivienda familiar, sita en calle Labarden N° 678 de Tandil (art. 526 CCyC) en favor de la accionante y de su hijo B. hasta que este último adquiera la mayoría de edad o hasta el momento en que el progenitor pueda abonar una cuota alimentaria que asegure el derecho a la vivienda del menor sin renta compensatoria a favor del demandado; 2) Con costas de ambas en ambas instancias al demandado perdidoso (art. 68 del CPCC). Ello sin pasar por alto que el demandado se pudo creer con derecho a litigar en virtud de resultar una cuestión dudosa de derecho pero sin dejar de valorar el modo en que se resuelve y la naturaleza de la cuestión planteada;3) En consecuencia, en atención a la cuantía, valor y mérito de los trabajos realizados en autos y lo normado por los arts. 9 ap. I.1 incs. e) y w), 16, 21, 22, 28 inc b y cc de la ley 14.967 corresponde regular los honorarios profesionales por las actuaciones en primera instancia de la siguiente forma: al Dr. Mauro S. Torres en la suma equivalente a TREINTA (30) JUS y a la Dra. Maria Gabriela Pey en la suma equivalente a VEINTE (20) JUS, con más la adición de Ley (arts. 12 y 14 leyes 8455 y 10268) e I.V.A. en caso de profesionales inscriptos; y atento lo normado por los arts. 9°, 15, 16, 21, 31, 39 y cc de la ley 14.967 y de conformidad con lo dispuesto por la Ac. SCBA 3912/2018; regular los honorarios profesionales por las actuaciones en segunda instancia de la siguiente manera: al Dr. Mauro S. Torres en la suma equivalente a SIETE PUNTO CINCO (7.5) JUS y a la Dra. María Gabriela Pey en la suma equivalente a CINCO (5) JUS on más la adición de Ley (arts. 12 y 14 leyes 8455 y 10268) e I.V.A. en caso de profesionales inscriptos. En cuanto a las regulaciones de honorarios practicadas, las notificaciones del caso deberán ser efectuadas en Primera Instancia, en su caso con la transcripción prevista por el art. 54 de la ley arancelaria. Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf.art.10 del Reglamento para presentaciones y notificaciones electrónicas (SCBA. Ac.4039 del 14/10/2021) y oportunamente devuélvase.-
MODIFICA
Fin de la sentencia