Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 70.966
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada de fecha 21/4/2023, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravios.
2Imponer las costas de alzada al apelante que ha resultado perdidoso en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.).
3Declarar mal concedido el recurso de apelación contra la resolución del día 24/4/2023, dado que el mismo no fue interpuesto (art.241 del Cód. Proc.).
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-70966-2023 "COOPERATIVA DE TRABAJO BOLSAS OLAVARRIA LIMITADA C/ ALVAREZ FABIAN ALFREDO Y OTROS S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los veintiún días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Víctor Mario Peralta Reyes y Dra. María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Cooperativa de Trabajo Bolsas Olavarria Limitada c/ Alvarez Fabián Alfredo y otros s/ Cobro Ordinario de Sumas de Dinero " (Causa n°70966). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto el día 28/4/2023, contra la sentencia definitiva dictada el día 21/4/2023?
2da. ¿Fue bien concedido el recurso interpuesto el día 28/4/2023, contra la resolución de fecha 24/4/2023, que decretó medidas cautelares?
3era. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. En la sentencia dictada en la anterior instancia con fecha 21/4/2023 - que ha llegado apelada a esta alzada-, se hizo lugar a la demanda de cobro de sumas de dinero incoada por la Cooperativa de Trabajo Bolsas Olavarría, y se condenó a la demandada Sociedad de Hecho Molino Harinero Mechongué, y a sus socios Fabián Alfredo Alvarez y Marcelo Oscar Rodríguez, a pagarle a la actora la suma de $ 339.163,88, con más los respectivos intereses desde la fecha de la mora -fecha de cobro del cheque devuelto- y hasta el efectivo pago, a la tasa que cobre el Banco de la Nación Argentina (tasa activa), sin capitalización, en operaciones en pesos. Las costas se impusieron a los demandados vencidos y se difirió la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.
Al reseñar los términos de la demanda, se dijo en esta sentencia que, según la postura de la cooperativa accionante, la firma demandada le compró bolsas para su producción de harina, en el mes de enero de 2021, habiéndose entregado la mercadería en febrero de ese mismo año, sin que se haya cancelado la factura “A” emitida al efecto. Y agregó la demandante que “si bien la firma le entregó un cheque por dicho valor, lo cierto es que el mismo fue devuelto en oportunidad de ser presentado al cobro por ‘defectos formales’”.
Se prosiguió expresando en la sentencia que, al responder la demanda, el accionado Marcelo Oscar Rodríguez dijo que “como se trataría de un negocio del Molino Harinero, él no estaba legitimado pasivamente para ser demandado en autos”. Y agregó la magistrada con respecto a este codemandado: “Nada dice del tipo societario elegido y de cómo en esos formatos se genera la extensión de responsabilidad ilimitada hacia los socios por los compromisos asumidos por el ente”. Se señaló en el pronunciamiento de grado que Fabián Alfredo Alvarez contestó la demanda por sí y como representante de la sociedad de hecho, e invocó que la firma no opera más, y que ellos no deberían hacerse cargo de un negocio celebrado por su ex socio Marcelo Oscar Rodríguez. Se dijo en la sentencia que, según los dichos de Alvarez, “él no estaba al tanto ni de la recepción de la mercadería ni del libramiento del cheque”. Y con relación a estas manifestaciones, señala la magistrada: “Tampoco explica qué tendría ello que ver con la asunción de responsabilidad que como socio debe realizar pese a su voluntad”. Asimismo, se aseveró en el fallo que el día 28/4/2022, en el marco de la audiencia preliminar, se declaró la cuestión como de puro derecho, y se llamaron autos para sentencia el día 28/3/2023, providencia que se encuentra firme. Y en lo que constituyó la motivación central de la sentencia apelada, se transcribieron las constancias de esa audiencia preliminar, donde se dejó en claro que tanto el cheque como el remito en que se basa la demanda, ambos del día 15/1/2021, fueron suscriptos por el codemandado Marcelo Oscar Rodríguez, quien los reconoció implícitamente en la presentación del día 16/9/2021.
II. El codemandado Fabián Alfredo Alvarez interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva de fecha 21/4/2023, el cual fue fundado en la presentación de fecha 11/5/2023.
Los agravios expuestos en dicha presentación serán abordados en la parte pertinente del presente voto, por lo que, atendiendo a razones de brevedad, me remito a lo que señalaré oportunamente.
Posteriormente, se llevaron a cabo los actos procesales de rigor y se practicó el sorteo de ley, habiendo quedado las actuaciones en condiciones de ser examinadas a los fines del dictado de la presente sentencia.
III. 1. La reclamación de la Cooperativa de Trabajo Bolsas Olavarría Limitada, se encuentra basada en la documentación allegada a la demanda, de la cual resulta la operación concretada entre las partes del presente juicio. Así sostuvo la cooperativa accionante que la acción se promovió a los fines de cobrar las sumas de dinero debidas por los demandados “en función de la entrega de mercadería entregada y no abonada conforme factura A n° 1616 que se acompaña”. Y prosiguió expresando la actora que, en función de la actividad comercial que realiza, le vendió a la demandada 7200 unidades de envases/bolsas de harina de 25 kg (M), por la suma de $ 248.400, y 2050 unidades de envases/bolsas de harina de 25kg (B), por la suma de $ 81.487,50, lo que arroja un total de $ 399.163,88, tal como resulta de la factura A n° 1616, que se acompañó con el escrito postulatorio. Se continuó manifestando en la demanda, que la mercadería se entregó a la demandada el día 4/2/2021, y que, como forma de pago, la cooperativa recibió un cheque de pago diferido del Banco Columbia por la suma de $ 399.163,88, el cual no pudo ser efectivizado porque la entidad bancaria lo devolvió por defectos formales (fecha errónea), dado que fue librado el día 15/1/2021, y se consignó como fecha de pago el día 14/1/2021. Adujo la accionante que, en atención a esta situación, se comunicó con la empresa demandada a fin de que el cheque fuera reemplazado o, en su defecto, se abonara en efectivo, pero las respuestas fueron siempre evasivas; por lo que le remitió a la accionada la carta documento intimatoria del día 31/5/2021, sin que se obtuviera respuesta alguna.
2. En este estado corresponde analizar la documentación agregada con la demanda, que, a mi entender, resulta suficiente para abastecer la pretensión de la parte actora. Así debe indicarse como un relevante elemento probatorio al remito n° 4965, de fecha 15/1/2021, del cual surge la entrega de la mercadería al Molino Harinero Mechongué, en el cual se detalló -con precisión- que la misma consistió en 7200 unidades de 25kg (M), y en 2050 unidades de 25kg (B), lo que resulta concordante con el relato expuesto en la demanda. Y este remito n° 4965 se complementa con el cheque del Banco Columbia n° 02924451, librado ese mismo día - 15/1/2021- por la demandada Molino Harinero Mechongue SH -Cuit 30- 71641148-2-, por la suma de $ 399.163,88, que coincide con el monto reclamado por la cooperativa accionante; y que, a su vez, se encuentra plasmado en la factura A n° 1616 de fecha 28/5/2021, por esa misma suma de $ 399.163,88. En esta factura A n° 1616, se realizó un detalle de la mercadería que es perfectamente coincidente con el consignado en el remito n° 4965, precisándose que la cantidad de 7200 unidades de 25kg (M), tiene un precio de $ 248.400, mientras que la cantidad de 2050 unidades de 25kg (B), tiene un valor de $81.487,50, lo que alcanza la referida suma total de $ 399.163,88.
Y lo que reviste particular trascendencia a los fines de la cuestión debatida en autos, se centra en que, tanto el referido remito n° 4965 de fecha 15/1/2021, como el mencionado cheque de pago diferido n° 02924451 de esa misma fecha -15/1/2021-, se encuentran suscriptos por Marcelo Oscar Rodríguez, quien, en ese momento, era uno de los socios de la Sociedad de Hecho Molino Mechongué. Aquí debe señalarse que, con posterioridad, esta sociedad de hecho “fue dada de baja y disuelta de hecho, con bajas impositivas, financiera (bancaria) y comerciales”, tal como el ex socio Fabián Alfredo Alvarez lo expuso en su escrito de fecha 30/11/2021. También sostuvo este codemandado, en esa misma presentación, que no hay liquidación por no existir bienes que repartir entre las partes, “con la salvedad de créditos a reclamar por parte del suscripto a su ex socio pendiente de pago”. Y en lo que reviste trascendencia a los fines de la solución del litigio -tal como lo resaltaré oportunamente-, prosiguió señalando en este mismo escrito Fabián Alfredo Alvarez: “No obstante, lo cual la representación de la sociedad la detentan los socios que la componían por resultar una sociedad de hecho”. Y en función de ello solicitó que “se tenga por integrada la litis y contestada la demanda por la misma”. Precisamente, en su anterior escrito del 29/11/2021, había aclarado Alvarez que respondió la demanda en un doble carácter: por derecho propio y en calidad de socio de una sociedad de hecho, conforme constancia de inscripción que obra agregada en autos (en efecto, surge de la constancia de inscripción de AFIP allegada con la demanda, que la sociedad de hecho Molino Mechongue se inscribió bajo el CUIT n° 30-71641148-2).
3. Formulados los señalamientos precedentes y a los fines de dar solución al conflicto de autos, corresponde partir de la premisa sentada en la sentencia apelada, según la cual, tanto la documentación con la que se acredita la entrega de la mercadería (remito n° 4965 del 15/1/2021), como el cheque dado en pago por la demandada y rechazado por un defecto formal en su fecha (cheque de pago diferido n° 02924451 del Banco Columbia), se encuentran suscriptos por Marcelo Oscar Rodríguez, quien en ese momento era uno de los socios de la sociedad de hecho Molino Mechongué.
Y en este orden resulta acertado lo señalado por la Jueza de grado, en la audiencia preliminar llevada a cabo el día 28/4/2022, al prescindir de las restantes pruebas ofrecidas por la parte actora -única oferente-, porque “con los elementos colectados en autos hasta el momento, se encuentran reunidos los requisitos probatorios necesarios para dictar sentencia”. Allí señaló la Jueza que, tanto el cheque como el remito, ambos del día 15/1/2021, fueron suscriptos por el ex socio Marcelo Oscar Rodríguez. Y agregó que esta circunstancia “queda plenamente acreditada con la presunción legal vigente sumado al reconocimiento implícito efectuado por el nombrado Rodríguez mediante la presentación electrónica que hiciera conjuntamente con su letrado Luis Alberto Loria el 16/09/2021, oportunidad en la que se limitó a manifestar que no le correspondía responder por una deuda de la Sociedad codemandada ‘Molino Mechongué S.H. de Rodríguez Marcelo y Alvarez Fabián’ (CUIT n° 30-71641148-2)” (lo destacado es propio).
Con relación a estos señalamientos de la magistrada en la audiencia preliminar, debe resaltarse que los mismos no fueron cuestionados en modo alguno por el codemandado Fabián Alfredo Alvarez -ahora apelante-, quien se encontraba presente en ese acto -junto a su letrado Ricardo Daniel Tapia-, habiendo comparecido en su doble carácter: por su propio derecho y como integrante de la sociedad de hecho.
Y, precisamente, el reconocimiento implícito que en la sentencia se le atribuye a Marcelo Oscar Rodríguez, de su condición de suscriptor del cheque y del remito a los que referí precedentemente, se desprende inequívoco de su presentación del día 16/9/2021, donde nada dijo respecto de estos documentos, limitándose a oponer excepción de falta de legitimación pasiva y a señalar, en forma absolutamente improcedente, que no puede extendérsele la responsabilidad por deudas de la sociedad de hecho; a cuyo fin invocó precedentes jurisprudenciales que ninguna vinculación presentan con el caso de autos, pues están referidos a las sociedades constituidas según los tipos societarios establecidos en la ley general de sociedades n°19.550, modificada por ley 26.994. Es aplicable en este punto el art.354 del Código Procesal, en cuando establece que, en su contestación, el demandado debe “reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen”. Y puntualiza este mismo artículo que, en caso de silencio, respuestas evasivas o negativa meramente general “podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso”.
4. Llegados a este punto de las motivaciones del presente voto, es dable señalar que la postura asumida por el codemandado Marcelo Oscar Rodríguez al oponer la excepción de falta de legitimación pasiva y pretender eximirse de responsabilidad, se encuentra en pugna con el régimen de las sociedades no constituidas según los tipos legales (arts.21, 22, 23 y 24 de la ley 19.550, con las modificaciones de la ley 26.994).
En la originaria redacción de esos artículos, antes de las modificaciones de la ley 26.994, los socios respondían en forma solidaria, ilimitada y directa (no subsidiaria), por las operaciones sociales de la sociedad irregular o de hecho, con el fin de proteger a los terceros que contrataron con la misma; claro que, eran válidos los pactos que realizaran el socio y el acreedor limitando la responsabilidad del primero (art.1197 del Cód. Civil) (conf. Romano, en Código de Comercio comentado y anotado, Rouillón Director, Alonso Coordinador, tomo III, págs.58 y 59). Sobre el particular expresaba Etcheverry, en comentario a los arts.23 y 24 de la ley 19.550, que “los socios de una sociedad de hecho o irregular tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y no subsidiaria. Esto último significa que no poseen el beneficio de excusión, o en términos jurídicos de resultado, que su patrimonio personal, a diferencia de lo que ocurre en las sociedades civiles, se confunde virtualmente con el patrimonio de la sociedad” (conf. Sociedades irregulares o de hecho, pág.227). Por su parte, según la nueva redacción que le dio la ley 26.994 al art.22 de la ley general de sociedades, el contrato social puede ser oponible a los terceros sólo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria, y también puede ser invocado por los terceros, los socios y los administradores. Así se señala en doctrina que “la nueva disposición, con mejor criterio, amplió las circunstancias por las que se puede invocar el contrato social” (conf. Verón Alberto Víctor y Verón Teresita, en la obra: Ley General de Sociedades y otros entes asociativos, Bs. As. 2019, págs.49 y 50). Por supuesto que, en el caso de autos, no se invocó ninguna limitación de responsabilidad derivada del contrato social, ni, en consecuencia, tampoco se alegó que la cooperativa accionante hubiera tenido conocimiento de ello, por lo que los socios deben responder por la deuda de la sociedad de hecho, tal como se decidió en la sentencia apelada. Más aún, al tratarse de una sociedad de hecho debe presumirse la inexistencia de instrumento escrito, lo que refuerza la conclusión que estoy sentando (conf. Nissen, Ley de Sociedades Comerciales Comentada, Bs. As. 2017, tomo I, pág.511).
5. Y en virtud de esa responsabilidad ilimitada que, en el concreto caso de autos, tienen los socios de la demandada Sociedad de Hecho Molino Mechongué, también aparece nítida la responsabilidad del otro codemandado Fabián Alfredo Alvarez, quien ha sido el único apelante de la sentencia dictada en la anterior instancia (arts.21, 22, 23 y 24 de la Ley general de sociedades n° 19.550, texto según ley 26.994).
Con relación a este codemandado cabe señalar que, al contestar la demanda por sí y por la sociedad de hecho, pretendió eximirse de responsabilidad al negar la operación de compraventa en la que se sustenta la demanda. En este sentido aseveró Fabián Alfredo Alvarez: “Niego que la sociedad que integraba de hecho, ni el suscripto, adeude las sumas de dinero que en forma improcedente reclama en demanda. Niego existencia de vínculo jurídico de compraventa que origine o justifique el reclamo”. Y más adelante, negó que él o la sociedad que representa, le hayan encargado envases bolsas a la parte actora, por la suma de $ 399.163,88, la que considera “infundada e injustificada”. En esa línea, negó la autenticidad de la factura A n° 1616, negó que la mercadería fuera entregada, y desconoció el remito y el cheque sobre los cuales se asienta la pretensión de la cooperativa accionante. Asimismo, desconoció todo tipo de relación, y dijo que no le consta la autenticidad de la firma ilegible inserta en el remito, que no responde a su persona. En la parte referida a la prueba documental, señaló este codemandado: “Mal puede reconocer esta parte un cheque que no fue creado por mi persona y se desconoce su autoría, mal puede reconocer un remito que no fue firmado por mi persona. Ni una factura nunca recibida, ni una carta documento tampoco recepcionada” (ver contestación de demanda del día 12/10/2021).
Estos argumentos expuestos por Alvarez deben ser desestimados, porque, como se señaló precedentemente, ha quedado acreditado que la operación fue celebrada por quien, en ese entonces, era socio de la sociedad de hecho: Marcelo Oscar Rodríguez. Éste suscribió el remito y el cheque en los que se asienta la pretensión de la cooperativa accionante - tal como lo puntualicé en los puntos 2 y 3 del presente apartado III-, y en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del art.23 de la ley 19.550, en las relaciones con los terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad. Aquí debe aclararse que este es el principio general aplicable a las sociedades de hecho, sin instrumento escrito, como sucede en el supuesto de autos; si bien puede darse una solución distinta en las sociedades irregulares -ajenas al presente caso-, en las que podría oponerse el régimen de representación previsto en el contrato social, si fuera conocido por el tercero (arts.22 y 23, segundo párrafo, de la ley 19.550, según ley 26.994; conf. Nissen, ob. cit. pág.511).
Como natural consecuencia de lo antedicho, tanto la sociedad de hecho Molino Mechongué, como el consocio Fabián Alfredo Alvarez, han quedado obligados por la deuda que se reclama en el presente juicio, la cual se generó en la compraventa que concretó el consocio Marcelo Oscar Rodríguez, con la accionante Cooperativa de Trabajo Bolsas Olavarría. Tal como lo sostiene Nissen, al comentar el art.23 de la ley 19.550 -modificada por ley 26.994-, “en las sociedades de hecho, y en sus relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la sociedad” (ob. cit. pág.511). Este mismo autor cita jurisprudencia sobre esta temática, donde se resolvió lo siguiente: “En las sociedades de hecho, lo que surge de la confesión de uno de los socios obliga a la sociedad y a sus consocios” (CNCiv., Sala B, ED 33-119). Y en otro precedente también citado por Nissen, se dijo que: “La sociedad de hecho puede ser representada en juicio por cualquiera de sus integrantes” (CNCom., sala C, ED 2-21; CNPaz, ED 2-130).
Y en torno a la representación de la sociedad de hecho, el mismo Alvarez reconoció -expresamente- que “la representación de la sociedad la detentan los socios que la componían por resultar una sociedad de hecho”, conforme lo puntualicé en el segundo párrafo del punto 2 del presente apartado III. En definitiva, la operación de compraventa que constituye el basamento de la demanda fue concertada por uno de los socios de la sociedad de hecho -Marcelo Oscar Rodríguez-, quien suscribió el remito y el cheque que sirvieron de instrumentación. Por ende, en virtud de la representación social que ejercía el socio Marcelo Oscar Rodríguez, ha quedado obligada la sociedad de hecho Molino Mechongué, quien debe responder por la deuda que le reclama la parte actora, al igual que los socios integrantes de la misma -Rodríguez y Alvarez-, en virtud de la responsabilidad ilimitada que en el concreto caso de autos les corresponde (arts.21, 22, 23, 24 de la ley 19.550, con las modificaciones de la ley 26.994).
IV. Habiendo quedado definida la cuestión litigiosa con las consideraciones precedentes, debo refutar ahora los agravios del apelante Fabián Alfredo Alvarez, que no alcanzan a conmover lo decidido en el pronunciamiento de la anterior instancia.
1. Señala el apelante las inconsistencias que, a su juicio, presentaría la factura A n° 1616, emitida por la cooperativa accionante con fecha 28/5/2021. Y así recala en esta fecha de emisión de la factura, expresando que es posterior a los restantes instrumentos allegados con la demanda, por lo que concluye en que la misma ha sido “claramente fabricada en fecha posterior a todo instrumento e incluso a la supuesta intimación”. También critica que esta factura fue emitida a nombre de “Molino Harinero Mechongué”, cuando la denominación de la sociedad de hecho es “Molino Mechongué Sociedad Ley 19550 Capítulo I Sección IV”, señalando que se ha facturado falsamente a una “figura extraña”.
Estos cuestionamientos del apelante carecen de todo asidero y deben ser desestimados, por las siguientes razones: a) Con respecto a la fecha de la factura, carece de toda relevancia que la misma haya sido emitida con posterioridad al remito y al cheque que fueron extendidos el día 15/1/2021, ya que éstos últimos son los instrumentos verdaderamente relevantes a los fines de la rápida concreción del negocio, pues el primero de ellos refleja la recepción de la mercadería, y el segundo constituye la orden de pago. Por el contrario, puede ser una práctica habitual en las operaciones comerciales, que la factura sea emitida en fecha posterior, porque sólo tiende al cumplimiento de las obligaciones tributarias (arts.1061, 1064, 1065 y ccs. del C.C.C.N.). b) En torno al cuestionamiento relativo al nombre de la compradora que se insertó en la documentación contractual, cabe decir que las diferencias de nombres son enteramente atribuibles a la parte demandada, al haber incurrido en evidentes errores al cumplimentar los recaudos formales de la sociedad de hecho. Así puede observarse que en la constancia de inscripción de AFIP se consignó: “Molino Mechongué Sociedad Ley 19550 Capítulo I Sección IV”, mientras que en la chequera del Banco Columbia se utilizó la expresión: “Molino Harinero Mechongué SH”. O sea que no hay inconsistencias en el reclamo de la accionante, sino que se trata de errores atribuibles a la propia parte demandada, siendo importante visualizar que el número de CUIT estampado en la factura A n° 1616, es perfectamente coincidente con los demás instrumentos allegados al proceso (CUIT 30-71641148-2).
2. En otro de sus agravios señala la demandada que el juzgado debió analizar una máxima insalvable del principio dispositivo, puesto que “el que alega debe probar”. De este modo, señala que: “La actora no probó nada. Su prueba es contradictoria con respecto a la plataforma base de la demanda. Habla de fechas diferentes. No acredita tradición. Factura y emite comprobantes a nombre de otra denominación social”.
Estas aserciones también deben desestimarse, porque ha quedado expuesto a lo largo del presente voto, que la parte actora ha acreditado los extremos fácticos en los que se asienta su pretensión, habiendo acompañado documentación -remito y cheque- que fue implícitamente reconocida por uno de los socios de la sociedad de hecho. Por lo demás, estas circunstancias fueron consideradas en la sentencia apelada, sin que el escrito recursivo tenga suficiente entidad como para conmover la solución adoptada por la Jueza de grado (arts.260, 330, 354, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
3. En la parte final del escrito recursivo, se agravia el apelante porque en el pronunciamiento apelado se incorporaron las conclusiones establecidas por la Jueza en la audiencia preliminar.
En este punto, debe remarcarse que el apelante Fabián Alfredo Alvarez estuvo presente en la audiencia preliminar realizada el día 28/4/2022, junto con su letrado patrocinante, sin que en ese acto haya formulado algún tipo de cuestionamiento a lo que allí se determinó; por lo que el tardío planteo que recién realiza en esta instancia recursiva, resulta contrario a sus propios actos anteriores, deliberados y plenamente válidos. Sobre el particular establece el art.1067 del Código Civil y Comercial, al referirse a la protección de la confianza: “La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto”.
Por lo demás, las consideraciones vertidas en dicha audiencia preliminar realizada el día 28/4/2022, acerca del reconocimiento implícito del consocio Marcelo Oscar Rodríguez -que surge de su presentación de fecha 16/9/2021-, de haber sido el suscriptor del cheque y del remito con los que se acredita la operación de compraventa celebrada con la cooperativa accionante, son enteramente oponibles a la Sociedad de Hecho Molino Mechongué y al otro socio Fabián Alfredo Alvarez, en virtud de las normas que rigen la representación de las sociedades de hecho y la responsabilidad de sus socios, las que analicé en el anterior apartado III (arts.21, 22, 23, 24 de la ley 19.550, texto según ley 26.994). Las restantes alegaciones de la pieza recursiva discurren sobre las supuestas deficiencias que presentaría la documentación allegada por la parte actora, las cuales han sido abordadas en el curso del presente voto. Pero lo cierto es que la recurrente no se hace cargo del fundamento medular del fallo impugnado, y desconoce el régimen legal aplicable en la especie, el cual he explicado -con detenimiento- en los desarrollos precedentes.
V. Por todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada de fecha 21/4/2023, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravios. En cuanto a las costas de alzada, las mismas deben imponerse al apelante que ha resultado perdidoso en el trámite recursivo, lo que así propicio (art.68 del Cód. Proc.). La regulación de honorarios se debe diferir para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
bienes de la sociedad de hecho y de sus socios (ver presentación electrónica del día 21/4/2023). Esta solicitud fue acogida favorablemente por la Jueza de la anterior instancia, en su resolución de fecha 24/4/2023, en la que se decretaron las medidas cautelares peticionadas por la parte accionante.
Ahora bien, el codemandado Fabián Alfredo Alvarez, por sí y en representación de la sociedad de hecho, interpuso recurso de revocatoria contra dicha resolución de fecha 24/4/2023, en la que se concedieron las medidas cautelares requeridas por la parte contraria. Sostuvo en este escrito que la sentencia no se encontraba firme al momento de realizarse la petición de la actora, y que no se acreditó el peligro en la demora, “es decir, un riesgo cierto de que, de no adoptarse la medida cautelar, pueda producírsele un daño irreparable”. Por último, adujo que la contraparte no ofreció ningún tipo de contracautela. En base a estas consideraciones, solicitó se revoque por contrario imperio la resolución de fecha 24/4/2023, en la que se concedieron las mencionadas medidas cautelares.
II. Este recurso de revocatoria fue rechazado por la Jueza de grado en su resolución de fecha 3/5/2023, al señalarse en el segundo párrafo, que: “Encontrándose ajustada a derecho la resolución del 24/04/2023, no ha lugar a lo peticionado”. Seguidamente, en el tercer párrafo de esta misma resolución, se concedió el recurso de apelación deducido subsidiariamente (esta concesión resulta improcedente, tal como lo señalaré a continuación).
Hay que señalar aquí que, contrariamente a lo sostenido en el tercer párrafo de la referida providencia del día 3/5/2023, la parte demandada se limitó a deducir recurso de revocatoria contra la resolución de fecha 24/4/2023, sin que hubiera interpuesto recurso de apelación en forma subsidiaria. De esta manera, corresponde aplicar la solución del art.241 del Código Procesal, según la cual, hará ejecutoria la resolución que recaiga sobre la revocatoria, a menos que el recurso fuese acompañado del de apelación subsidiaria.
Pues bien, en el caso de autos hizo ejecutoria la resolución del día 3/5/2023, en cuanto desestimó el recurso de revocatoria, por la sencilla razón de que el mismo no fue acompañado de apelación subsidiaria. Por ende, resulta erróneo lo decidido por la Jueza de grado en el tercer párrafo de esa resolución, donde se concedió un recurso de apelación que no había sido interpuesto.
En consecuencia, propicio declarar mal concedido el recurso de apelación contra la resolución del día 24/4/2023, dado que el mismo no fue interpuesto (art.241 del Cód. Proc.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada de fecha 21/4/2023, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas de alzada al apelante que ha resultado perdidoso en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.). 3) Declarar mal concedido el recurso de apelación contra la resolución del día 24/4/2023, dado que el mismo no fue interpuesto (art.241 del Cód. Proc.). 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 21 de Diciembre de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada de fecha 21/4/2023, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas de alzada al apelante que ha resultado perdidoso en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.). 3) Declarar mal concedido el recurso de apelación contra la resolución del día 24/4/2023, dado que el mismo no fue interpuesto (art.241 del Cód. Proc.). 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia