Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 71.038
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada de fecha 13/3/2023 y su aclaratoria de fecha 20/3/3023, en todo lo que se decide y ha sido materia de agravios;
2Imponer las costas de alzada, en atención al resultado del trámite recursivo, a la demandada por la acción de fijación de canon locativo que prospera, y a la actora por la acción de enriquecimiento sin causa que se rechaza (art.68 del Cód. Proc.);
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-71038-2023 "NIETO ARANA MARIA DEL VALLE C/ ALKOTZ SA S/ DETERMINACION PRECIO/ALQUILERES "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los nueve días del mes de Mayo del año Dos Mil Veinticuatro, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dra. María Inés Longobardi y Dr. Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Nieto Arana María Del Valle c/ Alkotz S.A. s/ Determinación precio / alquileres" (Causa n°71038). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Son procedentes los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia apelada de fecha 13/3/2023 y su aclaratoria de fecha 20/3/2023? 2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. María del Valle Nieto Arana promovió demanda de fijación y cobro de alquileres, y de resarcimiento por enriquecimiento sin causa, contra la firma Alkotz S.A., por la suma de $ 851.000, con más los respectivos intereses hasta el día del efectivo pago, y los montos correspondientes a los meses posteriores a la interposición de la acción. La demanda se sustenta en el condominio que vincula a la actora con la firma Alkotz S.A., en un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) cada uno, que se encuentra constituido sobre dos inmuebles ubicados en la ciudad de Olavarría - matrículas 078-39872 y 078-25671-, y en la circunstancia de que es la parte demandada “quien efectúa el uso y goce total de los inmuebles”. Precisó la actora que esos inmuebles consisten en un galpón muy grande de algo de 550 metros cuadrados -matrícula 078-39872-, y en un lote que posee construida una losa -matrícula 078-25671-.
Reclamó la actora la suma de $ 161.000 en concepto de canon locativo, desde el momento en que, por carta documento, intimó a la demandada al pago del mismo -16/3/2020-. Y, además, reclamó la suma de $ 690.000 en el carácter de resarcimiento por enriquecimiento sin causa, desde el momento en que la accionada tomó posesión de los inmuebles - 5/3/2015-, hasta la fecha en que cursó la indicada intimación al pago - 16/3/2020-.
Aseveró la accionante que los inmuebles mencionados eran de propiedad de ella y de su ex esposo José Luis Tentoni, quien en los mismos realizaba almacenaje, acondicionamiento y comercialización de cereales. Pero señaló que, con posterioridad, su ex esposo se presentó en quiebra, y en ese proceso universal se subastó -en pública subasta- el 50% que le correspondía al fallido, resultando adquirente de ese porcentaje la aquí demandada Alkotz S.A. Agregó que, según resulta del proceso de quiebra, la compradora Alkotz S.A. tomó posesión efectiva de los inmuebles el día 5/3/2015.
II. La aludida demanda fue contestada por la firma Alkotz S.A., quien negó adeudarle a la actora las sumas reclamadas en la demanda, y negó haber usufructuado el 100% de los inmuebles desde su efectiva posesión. Así puntualizó que “jamás utilizó el 100% de los bienes inmuebles indicados en la demanda”, y al contrario de lo sostenido por la actora, afirmó que “ha hecho uso exclusivamente del 50% de cada bien inmueble que legalmente ha adquirido, por lo cual nada le debe a la actora, ni a nadie”. También negó que “hubiera sido intimada por la actora mediante la carta documento de Andreani nro. 3167368-3”.
Por otro lado, la demandada puso de relieve que, para el supuesto que se demostrara que ella ha tenido el uso exclusivo de los inmuebles, de conformidad con lo establecido en el art.1998 del C.C.C.N., la actora “sólo podría eventualmente reclamar los cánones locativos devengados luego de la intimación por medio fehaciente”, “pero jamás los anteriores a la misma”.
En definitiva, solicitó el rechazo de la acción intentada, con costas a la parte actora.
III. Transitada la etapa probatoria se llegó al dictado de la sentencia de la anterior instancia de fecha 13/3/2023, y a su aclaratoria del día 20/3/2023, donde se hizo lugar a la demanda de fijación de canon locativo promovida por la parte actora, condenándose a la demandada a abonar las sumas que resulten de la liquidación que habrá de practicarse conforme a los parámetros dados en el apartado III del decisorio; con imposición de costas a la accionada vencida. Por el contrario, en esta sentencia se rechazó la pretensión de enriquecimiento sin causa deducida por la accionante, con costas a esta parte que resultó vencida. Para arribar a esta conclusión, sostuvo la Jueza que “no existe controversia entre las partes en cuanto que resultan ser condóminas de los bienes enunciados en la demanda, detentando cada una un 50% de los mismos”. Delimitando la cuestión objeto de controversia, adujo la magistrada que “la actora alega un ejercicio exclusivo de ese derecho de parte del accionado, y éste lo niega”, y a continuación aseveró que “con la prueba testimonial y confesional producida en autos, encuentro acreditados los dichos del actor, y no así los del accionado (art.384 del C.P.C.C.)”. Y luego de ponderar la absolución de posiciones del Presidente de la firma demandada, y las declaraciones de los testigos, puntualizó que “con esta prueba referida ha quedado acreditado en autos que el accionado detenta en forma exclusiva el uso de los bienes, desde el momento en que ha tomado posesión luego de la adjudicación, es decir, el día 5/3/15 (conforme mandamiento adjuntado en los autos ‘Tentoni José Luis s/Concurso Preventivo”, aquí en trámite)”. De esta manera, concluyó señalando que “ha quedado acreditado con la prueba reseñada, el derecho de la actora a reclamar el canon aquí pretendido”.
Más adelante, en la sentencia apelada se detallaron los valores de los cánones locativos establecidos por la perito martillera actuante en el juicio, desde marzo/2015 a junio/2021. Y en cuanto al momento a partir del cual la firma accionada deberá abonarle los cánones locativos a la actora, dijo que los mismos se deberán computar desde el día 14/3/2020, en que se remitió la carta documento de Correo Andreani. Finalmente, con respecto a los intereses, señaló que “a las sumas debidas en tales conceptos deberán adicionársele intereses, los que se calcularán, de conformidad con lo resuelto por el más Alto Tribunal Provincial en la causa 71489… el 26/03/2015, a la ‘Tasa Pasiva-Plazo Fijo Digital’”, aclarando que “dichos intereses se calcularán sobre cada uno de los cánones mensuales debidos desde el 14/3/20, y a partir del día 1 de cada mes debido”. Asimismo, en cuanto a la pretensión de resarcimiento por enriquecimiento sin causa que promoviera la accionante por la suma de $ 690.000, desde el día 5/3/2015 hasta el 16/3/2020, sostuvo que esta acción es de carácter subsidiario, lo que implica que sólo se puede entablar si no se tiene otra acción. Y puntualizó que “teniendo en cuenta que la actora ha iniciado una acción de fijación de canon locativo, la cual ha progresado, entiendo que resulta improcedente su pretensión de resarcimiento fundado en el art.1794. Por lo que corresponde el rechazo de la misma”. En cuanto a las costas del juicio, tal como lo anticipé, se adjudicaron a la demandada las correspondientes a la acción de fijación de canon locativo, y a la actora las pertenecientes a la acción de enriquecimiento sin causa.
Posteriormente, se hizo lugar a la aclaratoria interpuesta por la parte demandada y se resolvió que “la condena a Alkotz S.A es a abonar el 50% de las sumas que resulten de la liquidación que habrá de practicarse conforme parámetros dados en el punto III de la sentencia definitiva dictada el 13/3/23 en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de iniciarse la correspondiente ejecución” (ver sentencia aclaratoria de fecha 20/3/2023).
IV. La aludida sentencia fue pasible de los recursos de apelación deducidos por ambos contendientes, quienes expresaron sus respectivos agravios en esta alzada.
1. La parte actora se agravió del pronunciamiento recurrido y sostuvo que desde el día 5/3/2015, en que se originó el condominio, le reclamó a la demandada que le abonara lo que le correspondía por el uso exclusivo de los bienes, pero nunca se oyeron sus reclamos, por lo que la intimó por carta documento del día 16/3/2020, y continúa “al día de hoy sin cobrar un solo peso”. Dijo que también le propuso a la demandada dividir el condominio y no tuvo respuesta, y expresó que se acercó a las propiedades con intenciones de ingresar, pero fue interceptada por personal de la empresa que no le permitió avanzar. Adujo que la accionada alambró y puso vallas para impedir el ingreso de extraños, y puntualizó que “esas modificaciones se hicieron sin mi consentimiento. Vale decir que siempre usaron la totalidad de los bienes, a sabiendas de mi oposición y con un total desprecio hacia mis derechos”.
En lo que constituye su agravio concreto sobre lo decidido en la anterior instancia, dijo que sólo se la habilita a cobrar un canon locativo desde el día 16/3/2020 -en que se formalizó la intimación por carta documento-, pero no se le reconoce derecho alguno por el período que va desde el momento en que la accionada tomó posesión de los bienes - 5/3/2015-, hasta el día en que se cursó la referida intimación -16/3/2020-. Y acerca de este período durante el cual se le desconocen sus derechos, cuestionó el argumento utilizado por la Jueza de grado, que se encuentra basado en el carácter subsidiario de la acción por enriquecimiento sin causa (arts.1794 y 1795 del C.C.C.N.). Sobre esta subsidiariedad que consagran dichas normas, dijo que la acción de enriquecimiento sin causa no se utiliza como herramienta para sortear “principios pétreos del ordenamiento jurídico”, sino que “se utiliza simplemente para simplificar y ordenar procesalmente el reclamo”. Tras señalar que la demandada pudo oponer defensas para hacer valer sus derechos, sostuvo que: “La subsidiariedad de la norma, en este caso en particular está amparando una situación injusta de hecho, razón por la cual interpreto que es hora de escuchar la opinión de los prestigiosos doctrinarios…”. Y agregó que: “Esta interpretación absoluta y rigurosa de la subsidiariedad no nos puede llevar a la inutilización de una herramienta tan valiosa, en la medida que se utilice en la forma adecuada y para cuando el caso lo amerite”.
Y a modo de segundo agravio, cuestionó la tasa de interés pasiva fijada en el decisorio de grado, al sostener que “la aplicación de una tasa sensiblemente inferior a los índices de precios, en una época signada por una altísima inflación, representa también, un premio al deudor consuetudinario”.
2. Por su parte, la demandada impugnó la sentencia de primera instancia, al considerar que en la misma se ha incurrido en una errónea valoración de la prueba producida en el proceso, por cuanto -en su decirhay inexistencia de probanzas que acrediten la pretensión de la actora. Así puntualizó que se ha incurrido en error en la valoración de las pruebas confesional y testimonial; y en torno a la primera de ellas adujo que el presidente de la demandada en ningún caso manifestó que ésta “haya usado el 100% de los inmuebles que son objeto de litigio”, no habiendo tampoco afirmado que “hubiera realizado actos posesorios sobre el 100% de tales inmuebles”. Prosiguió señalando que “el hecho de que la accionada hubiera realizado algunas mejoras en parte de los predios en cuestión en modo alguno significa que hubiera hecho ‘uso’ del 100% de los mismos”. También puntualizó que se ha malinterpretado la prueba testimonial, puesto que ninguno de los testigos afirmó que Alkotz SA usó en forma exclusiva el 100% de los inmuebles, ni tampoco indicaron que la demandada haya impedido u obstaculizado a la actora el ingreso a los inmuebles y/o el uso de la mitad indivisa de su propiedad; por lo que si la demandante “no usó ni gozó de dicha mitad indivisa fue por su propia y exclusiva decisión, puesto que nada ni nadie le impidió hacerlo, tal y como quedó demostrado en autos”. Y agregó que “si no existe prueba alguna que justifique el mentado uso exclusivo de los inmuebles por parte de la accionada, menos se ha probado aún en esta litis el supuesto período de tiempo durante el cual aquella habría realizado tal uso”. En suma, puntualizó que la actora incumplió la carga probatoria que recaía sobre ella.
En otro orden, se agravió por la adjudicación de las costas a su parte, al señalar que las mismas deben serle impuestas a la parte accionante al corresponder el íntegro rechazo de la demanda.
3. Los escritos recursivos que sinteticé precedentemente, han sido pasibles de las respectivas contestaciones que presentaron ambos contendientes. Cumplimentadas estas actuaciones se llevaron a cabo los pasos procesales de rigor, y se realizó el sorteo de ley, habiendo quedado el expediente en condiciones para el dictado de la presente sentencia.
V. Por razones de orden lógico me abocaré, primeramente, al agravio de la parte demandada, quien -como ya lo señalé- cuestiona la valoración de las pruebas realizada por la magistrada de la anterior instancia, y expresa que la parte actora no ha probado los hechos sobre los que se asienta su pretensión de fijación de canon locativo (me remito a la reseña efectuada en el punto 2 del anterior apartado IV).
Contrariamente a lo sostenido por la demandada apelante, entiendo que la valoración de las pruebas que se ha realizado en la sentencia apelada se encuentra enteramente ajustada a las reglas de la sana crítica, por lo que adelanto opinión en el sentido de que el pronunciamiento de grado debe ser confirmado (arts.375 y 384 del Cód. Proc.).
1. Así se tiene que, en la sentencia apelada se extrajeron importantes conclusiones de la absolución de posiciones del Presidente de la sociedad demandada, quien expresó que detenta la posesión de los bienes desde el mes de marzo de 2015, aunque no es cierto que desde esa fecha usa los inmuebles. Y seguidamente sostuvo la juzgadora, que el absolvente expresó que “si bien no paga alquileres, se ha hecho cargo de mejoras, de sacar materiales producto de secuestros realizados por la policía, limpieza, arreglo de techos, construcción de cerco”, extrayendo de estos dichos que el absolvente considera que “si bien no paga alquileres, realizó gastos que correspondían a las dos partes”.
Estas aserciones del representante legal de la demandada, resultan esclarecedoras del modo en que se sucedieron los hechos, al haber admitido que la sociedad no le paga alquileres a la condómina accionante porque ha realizado mejoras en los inmuebles. De este modo, la demandada está reconociendo -implícitamente- que tenía una obligación de abonar arriendos por la mitad indivisa de propiedad de la actora, pero que se ha producido una suerte de compensación en virtud de las mejoras que alegó haber introducido en los predios. Pues bien, estas afirmaciones del absolvente contrastan -claramente- con la postura procesal que su representada adoptó al contestar la demanda, donde negó haber utilizado el 100% de los inmuebles, y aseveró que “ha hecho uso exclusivamente del 50% de cada bien inmueble que legalmente ha adquirido, por lo cual nada le debe a la actora ni a nadie”. Así se concluye en que esta notoria contradicción entre las conductas procesales de la accionada -al contestar demanda y al absolver posiciones-, no puede sino redundar en desmedro de su planteo defensivo (art.1067 del C.C.C.N.; arts.354, 384, 421 y ccs. del C.C.C.N.).
2. Y a lo expuesto se adiciona la concluyente prueba testimonial aportada en la audiencia de vista de causa videograbada -la cual he visualizado-, siendo de destacar la declaración del Escribano Catanzaro, quien manifestó que al tratarse de un condominio los bienes podrían haber sido usados por ambos copropietarios, y que esto fue intentado por la actora, quien lo consultó por ser clienta de su escribanía. Dijo este testigo que no sabía si a la actora le impidieron el acceso a los inmuebles, pero que la intención de ella era vender su parte o que le pagaran algo, porque no tenía la posesión y no podía usarlos como hacía el otro condómino. En la sentencia apelada se hizo referencia a este testimonio, señalándose que la actora le solicitó al notario Catanzaro “que hable con el accionado para tratar de darle un uso en conjunto a los bienes, y éste lo charló con el Dr. Volante. Que intentaron que el accionado le compre a la actora su mitad, pero no llegaron a nada. Y que la otra opción era que le pagaran un alquiler porque ella no lo usaba al bien, y la posesión la tenía el accionado”. Las aseveraciones de este testigo resultan decisivas para acreditar el uso exclusivo que la demandada hace de los inmuebles, así como también los fallidos intentos de la actora para obtener la venta de su mitad indivisa o el pago de un alquiler por parte de Alkotz S.A. (arts.375, 384, 456 y ccs. del Cód. Proc.).
Desde otro ángulo, el testigo Martinese refirió a las mejoras que el demandado le introdujo a los bienes, señalando que los mismos estaban en estado deplorable, por lo que se mejoró la estructura del lugar, arreglando los techos y haciendo cerramiento al colocar alambre perimetral y portón. A estas mejoras también aludió el testigo Parra, quien afirmó que se trataba de un galpón muy grande, y que estaba bastante desmejorado, en estado de abandono, por lo que se fue reparando y se puso habitable. Hizo referencia a la reparación del techo, expresando que antes era una especie de tapera, y dijo que también se puso alambre en toda la traza del terreno. Se desprenden -con absoluta nitidez- de estos testimonios las mejoras que la sociedad demandada alegó haber realizado en los inmuebles, lo que coincide con lo afirmado por su Presidente al absolver posiciones; pero claro, de esta manera queda de manifiesto la marcada contradicción en que incurrió la parte demandada, al haber negado -en su contestación de demanda- que utilizó el 100% de los bienes motivo de este litigio, tal como lo puse de resalto precedentemente (arts.375, 384 y 456 del Cód. Proc.). Asimismo, al referir a la situación de la condómina accionante, el testigo Ferrari afirmó que la misma no pudo usar las propiedades, y el testigo Lahuriat declaró que la actora le dijo que no percibía nada por los bienes objeto de autos, y que no podía acceder a los mismos. Pues bien, sobre la base de este plexo probatorio, deviene irrefutable la conclusión de la juzgadora cuando señala que “con esta prueba referida ha quedado acreditado en autos que el accionado detenta en forma exclusiva el uso de los bienes, desde el momento en que ha tomado posesión luego de la adjudicación, es decir, el día 5/3/15 (conforme mandamiento adjuntado en los autos ‘Tentoni José Luis s/Concurso Preventivo’ aquí en trámite)”. Y en virtud de ello, concluyó en que “ha quedado acreditado con la prueba reseñada, el derecho de la actora a reclamar el canon aquí pretendido” (lo destacado es propio).
3. Por su parte, las alegaciones que vuelca la demandada en su expresión de agravios no alcanzan a conmover las motivaciones de la sentencia, al aseverar -en forma genérica e imprecisa- que no existen pruebas que acrediten la pretensión de la actora, desentendiéndose del concluyente resultado de las pruebas confesional y testimonial que he valorado precedentemente. Asimismo, la demandada soslaya el proceder contradictorio evidenciado por su parte, pues en su escrito de responde afirmó -categóricamente- que no utilizó el 100% de los inmuebles, pero al absolver posiciones su representante legal admitió implícitamente su obligación de pagar arriendos por la mitad indivisa de la actora, alegando una suerte de compensación por haber introducido mejoras en el predio objeto de autos (arts.354, 375, 384, 421 y 456 del C.P.C.C.).
En las restantes consideraciones que se vierten en la expresión de agravios de la demandada, se procura dar una distinta interpretación a los dichos del representante legal de la sociedad, pero este intento resulta infructuoso, porque la valoración de la prueba confesional efectuada por la juzgadora se asienta en un correcto razonamiento acorde a los principios de la lógica. Así se ha sostenido en doctrina que “cuando se hacen inferencias de los hechos, cosas o personas observadas, gracias a la inducción, o se califican los casos particulares de acuerdo con deducciones de reglas de experiencia, se aplican inexorablemente los principios de la lógica” (conf. Devis Echandía, Teoría general de la prueba judicial, tomo I, pág.292). Precisamente, en esta tarea de apreciación de la prueba, se ha puntualizado que “el juez debe seguir varios pasos que están dados por el hecho de fijar los diversos elementos probatorios para luego controlarlos entre sí, verificarlos en cuanto sea posible o por lo menos apreciar su verosimilitud y finalmente reunirlos y relacionarlos en un conjunto sintético, coherente y concluyente para extraer de ellos una consecuencia” (conf. Gorphe, Apreciación judicial de las pruebas, pág.151; Varela, Valoración de la prueba, págs.41 y 42).
También son estériles los esfuerzos de la demandada por encontrar un distinto significado a la prueba testimonial, al señalar que ninguno de los testigos indicó que su parte haya impedido u obstaculizado a la actora el ingreso a los inmuebles y/o el uso de la mitad indivisa de su propiedad. Muy por el contrario, el Escribano Catanzaro ha relatado -con precisión- las gestiones extrajudiciales que tuvo que realizar la accionante para intentar obtener la satisfacción de su pretensión de cobro de arriendos, sin que las mismas hayan dado resultado positivo, lo que la llevó a promover la presente acción judicial (arts.384 y 456 del C.P.C.C.).
En definitiva, con las probanzas aportadas al proceso ha quedado debidamente acreditado el uso exclusivo que la demandada ha tenido -y tiene- de los inmuebles objeto de autos, careciendo de entidad los agravios que la demandada dirige contra el pronunciamiento de grado. Y partiendo de esa base, es menester refutar otra alegación vertida en el escrito recursivo donde se expresa que “menos se ha probado aún en esta litis el supuesto período de tiempo durante el cual aquella habría realizado tal uso. Es decir, la actora no ha acreditado ni el inicio ni la duración temporal del supuesto uso exclusivo de la accionada que alega en su demanda”. En efecto, con respecto a la duración que ha tenido el uso exclusivo de la accionada sobre los predios, cabe presumir -ante la carencia de algún elemento probatorio en contrario- que tal situación tuvo inicio el día 5/3/2015, cuando fue puesta en posesión de los inmuebles por la Oficial de Justicia actuante en el proceso concursal -ver fs.465 y 467 del expediente n° 26.884, sobre incidente de realización de bienes-, y que la misma se ha mantenido inalterable hasta la actualidad. Por lo demás, esta presunción se ve reforzada por el estado de abandono en que se encontraban los bienes, y por las mejoras que en los mismos habría realizado la demandada, ya que los testigos no aclararon que dichas reparaciones se hubieran localizado sobre una mitad indivisa -situación prácticamente improbable cuando se trata de la reparación de techos o de la colocación de cerramientos- (arts.163 inc.5, 375 y 384 del Cód. Proc.).
Por todo lo expuesto, propicio al acuerdo la confirmación de la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la demanda de fijación de cánones locativos, los que se computarán desde el día 14/3/2020, en que la actora expresó su oposición fehaciente al uso exclusivo de los inmuebles que hace la sociedad demandada -mediante el envío de la referida carta documento de Correo Andreani-; con más los respectivos intereses fijados en el pronunciamiento de grado (art.1988 del C.C.C.N.; arts. 354, 375, 384, 421, 456 y ccs. del C.P.C.C.).
VI. Zanjada, entonces, la primera cuestión traída a juzgamiento, corresponde abocarse ahora al agravio expresado por la parte actora, quien se queja por el rechazo de su pretensión de enriquecimiento sin causa por el período que va desde el día 5/3/2015 -en que la demandada tomó posesión de los bienes-, hasta el día 14/3/2020 en que la accionante manifestó su oposición -por medio fehaciente- al uso exclusivo de los inmuebles por parte de la demandada.
Tal como lo puntualicé precedentemente, en la sentencia apelada se desestimó esta pretensión, al señalarse -con cita de los arts.1794 y 1795- que la acción de enriquecimiento sin causa es de carácter subsidiario, y que la actora promovió la acción de fijación de canon locativo, la cual ha progresado sobre la base de la norma contenida en el art.1988 del C.C.C.N.).
Precisamente, el citado art.1988 del C.C.C.N., referido al derecho real de condominio, establece que: “El uso y excluyente sobre toda la cosa, en medida mayor o calidad distinta a la convenida, no da derecho a indemnizacion a los restantes condóminos, sino a partir de la oposición fehaciente y sólo en beneficio del oponente”. Se desprende con absoluta claridad de esta norma, que no hay derecho al reclamo de indemnización por períodos anteriores a la oposición fehaciente del condómino que se encuentra privado del uso y goce del inmueble.
Esta cuestión fue abordada en reiterados precedentes de este Tribunal, donde se dijo que “el uso y goce de las cosas comunes pertenece a todos los comuneros (art.2684 del Cód. Civ.); por ello, cuando sólo uno aprovecha el bien, excluyendo el resto, tiene la obligación de compensarlos económicamente (cfr. Medina Graciela, “Proceso sucesorio”, tomo II, segunda edición, Ed. Rubinzal-Culzoni (2006), págs.239/240; esta Sala, causas n° 52.908 del 6-8-2009,“Valicente…”; n° 54.109 del 9-3-11, “Humberto…”; n° 61.167 del 20-9-16, “Riccetti”). Y en lo que resulta pertinente, también dijo este tribunal que “la compensación económica por el uso exclusivo procede desde la petición expresa, porque antes de esta exteriorización la pasividad de los condóminos, con respecto a la ocupación gratuita por parte de uno de ellos, importa un consentimiento tácito” (cfr. CNCiv. Sala F, 5/4/73 LL 151-410 citado por Bueres – Highton “Codigo Civil”, Tomo 5, Ed. Hammurabi, 1997, pág. 587; Papaño, Ricardo J “Código Civil comentado”, Claudio Kipper –director-, Tomo II, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2004, pág. 192; esta Sala, causas cit. n° 54.109, “Humberto…” y n° 61.167, “Riccetti…”). La doctrina que emerge de esa jurisprudencia ha sido expresamente receptada por el art. 1.988 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto prevé que: “El uso y goce excluyente sobre toda la cosa, en medida mayor o calidad distinta a la convenida, no da derecho a indemnización a los restantes condóminos, sino a partir de la oposición fehaciente y sólo en beneficio del oponente” (esta Sala, causa n° 61.111, “Alcibar”, sentencia del 22-11-2016).
En comentario al art.1988 del C.C.C.N., sostienen Nelson G.A.
Cossari y Leandro R. N. Cossari que “mientras los condóminos que no disfrutan de la cosa no manifiestan a quien la utiliza y goza, su intención de también disfrutarla o que sea puesta en arrendamiento, o de percibir una compensación por la situación existente, el condómino ocupante está en todo su derecho a usar de toda la cosa y no debe compensación alguna a los restantes titulares. Pero una vez que éstos le soliciten al condómino, que hace exclusivo de la cosa, que les permita el uso común de la cosa o que la desocupe para poder ser arrendada, o simplemente le requieran una compensación del valor locativo por el goce exclusivo, nace allí la obligación de indemnizar al comunero reclamante en proporción a la parte indivisa del mismo.
El derecho a resarcimiento nace pues con el requerimiento. Nada se adeuda por el tiempo de ocupación anterior”. Más adelante expresan estos mismos autores: “Siendo que la indemnización consiste en una compensación por la utilización exclusiva del condómino, la jurisprudencia es pacífica en considerar adecuado fijar ésta conforme al valor locativo del inmueble, según las condiciones del mercado. Una pericial a cargo de un perito tasador es la prueba idónea para establecer este valor a pagar al condómino reclamante, suma que obviamente debe fijarse en proporción a la parte indivisa de éste dado que es la medida de su interés” (conf. autores citados, en Código Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético, Alterini Director general, 3ª edición, tomo IX, págs.663 y 665; lo destacado me pertenece), (esta Sala, causa n°66.160, “Jaume”, sentencia del 4/3/2021).
Y en una causa más reciente se resolvió, en el mismo sentido, que: “Según lo establece el art.1986 del C.C.C.N., cada condómino, conjunta o individualmente, puede usar y gozar de la cosa común sin alterar su destino. Sin embargo, en el supuesto de uso y goce excluyente de la cosa por un condómino, la ley le otorga un derecho a indemnización a los restantes condóminos “a partir de la oposición fehaciente y sólo en beneficio del oponente”. Quiere ello decir que, como se ha señalado en doctrina, “mientras no haya oposición, se entiende que hay un consentimiento tácito con la situación. El condómino que ocupa la cosa común ejerce sobre ella un derecho que le es propio y, mientras no conozca la voluntad de los demás comuneros de ejercer el igual derecho que les asiste, nada les debe.
El Código recoge una reiterada jurisprudencia cuando uno de los condóminos de un inmueble notifica al otro el cese de la voluntad de admitir el uso gratuito del bien, y le reclama un monto por el uso exclusivo. El derecho al cobro nace a partir de la oposición. Asimismo, el derecho a la compensación sólo beneficia a quien se opone y en proporción a su parte, no a los restantes condóminos que guardan silencio. Esta indemnización se suele fijar teniendo en cuenta el valor locativo del inmueble. Los intereses corren desde la oposición” (conf. Kiper, Tratado de Derechos Reales, 3ª edición, Santa Fe 2021, tomo I, pág.474, con cita del fallo de la CNCiv., sala G, 19-8- 2010, “Arrue”, L.L. AR/JUR/49412/2010, lo destacado es propio; ver también Alterini Jorge Horacio, Alterini Ignacio Ezequiel, Alterini María Eugenia, Tratado de los Derechos Reales, Parte Especial, Bs.
As. 2018, tomo II, págs.126 y 127). Y expresa más adelante Kiper, sobre el mismo tópico, que: “La oposición debe ser ‘fehaciente’, no debe dar lugar a dudas, ser categórica, y demostrable. Son útiles a tal fin, la carta documento, el telegrama, el acta notarial y, por último, la demanda judicial notificada. Este derecho a reclamar una compensación subsiste hasta que se liquide la cosa, o se cambie la situación de ocupación” (ob. cit. pág.475), (esta Sala, causa n° 70.835, “Lago”, sentencia del 12/12/2023).
Surge con nitidez de los conceptos antedichos que, en el caso de uso y goce exclusivo de la cosa por uno de los condóminos, la ley impide que los cánones locativos se devenguen con anterioridad a la oposición fehaciente que formulen los restantes condóminos, quienes, por ende, carecen de derecho a indemnización por ese período anterior. De esta manera, en el caso de autos resulta improcedente la pretensión de la actora de cobro de cánones locativos por el período anterior al día 14/3/2020, en que remitió la referida carta documento de Correo Andreani. En efecto, el infranqueable obstáculo temporal que emerge del citado art.1988, no puede ser sorteado mediante la alegación de la figura del enriquecimiento sin causa, por lo que resulta improcedente la pretensión en análisis (ver apartado I de este voto).
En efecto, si la actora toleró el uso exclusivo de los bienes por la demandada, durante el período anterior al día 14/3/2020, no puede luego pretender, mediante la alegación de un enriquecimiento sin causa, que se extienda hacia atrás su derecho al cobro de los respectivos cánones locativos. La falta de una oposición fehaciente de la actora ante el uso exclusivo de los inmuebles que ejerció la demandada durante el período anterior al día 14/3/2020, le quita toda posibilidad de reclamar alguna indemnización, porque -evidentemente- ha tolerado ese uso exclusivo que ejerció el otro condómino (art.1988 del C.C.C.N., doctrina y jurisprudencia citada). Por ende, resulta improcedente recurrir a la acción de enriquecimiento sin causa, que tiene carácter subsidiario, para intentar sortear el señalado impedimento temporal, conforme se puso de relieve en la sentencia apelada con invocación de lo preceptuado en los arts.1794 y 1795 del C.C.C.N.
Los agravios de la parte actora discurren sobre la injusticia que aquejaría a la solución adoptada por la juzgadora, y cuestionan que el fundamento de la sentencia apelada haya radicado en la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento sin causa. Pero olvida la recurrente la clara solución legal que surge del art.1988 del C.C.C.N., que es la norma estrictamente aplicable al caso de autos, ya que -como lo señalé en el párrafo precedente- no es posible sortear el límite temporal establecido por este artículo, mediante la utilización de otra acción cuyo carácter subsidiario también emerge con nitidez del texto legal (art.1795 del C.C.C.N.). En suma, los agravios en examen resultan insustanciales y no pueden conmover lo decidido por la magistrada de la anterior instancia (art.260 del Cód. Proc.). Propicio, entonces, la confirmación de la sentencia apelada en cuanto rechazó la pretensión de enriquecimiento sin causa promovida por la accionante.
VII. Se agravia también la parte actora con respecto a los intereses establecidos en la sentencia de grado, con cita de la doctrina de la Suprema Corte Provincial en la causa n° 71.489, “Aguilera” del 26/3/2025, los que se calcularán a la tasa pasiva-plazo fijo digital (ver apartado III, anteúltimo párrafo del pronunciamiento apelado).
El agravio de la accionante se centra en la injusticia que provocaría la aludida tasa pasiva, por ser “sensiblemente inferior a los índices de precios, en una época signada por una altísima inflación”. Estas expresiones no encierran una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada, tratándose de alegaciones genéricas que no ponen de manifiesto el error que contendría dicho decisorio; por lo que debe ser rechazado el agravio relativo a los intereses, confirmándose así lo decidido en la instancia de origen (art. 260 del CPCC).
VIII. Finalmente, cabe ocuparse del agravio expresado por la demandada con respecto a la imposición de costas por la acción de fijación de canon locativo, cuando manifiesta que las mismas deben adjudicarse a la parte actora porque -en su parecer- correspondería rechazar esa pretensión. Este agravio debe ser desestimado, pues en el presente voto estoy proponiendo la confirmación de la sentencia apelada en este aspecto del litigio; por lo que también debe confirmarse la imposición de costas a la demandada vencida (art.68 del Cód. Proc.).
En cuanto a las costas de alzada, en atención al resultado del trámite recursivo, las mismas deben imponerse a la demandada por la acción de fijación de canon locativo que prospera, y a la actora por la acción de enriquecimiento sin causa que se rechaza (art.68 del Cód. Proc.). Por su parte, la regulación de honorarios debe diferirse para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
de agravios; 2) Imponer las costas de alzada, en atención al resultado del trámite recursivo, a la demandada por la acción de fijación de canon locativo que prospera, y a la actora por la acción de enriquecimiento sin causa que se rechaza (art.68 del Cód. Proc.); 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 9 de Mayo de 2024.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fecha 13/3/2023 y su aclaratoria de fecha 20/3/3023, en todo lo que se decide y ha sido materia de agravios; 2) Imponer las costas de alzada, en atención al resultado del trámite recursivo, a la demandada por la acción de fijación de canon locativo que prospera, y a la actora por la acción de enriquecimiento sin causa que se rechaza (art.68 del Cód. Proc.); 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia