Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 71.106
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución de fecha 10/04/2023, que designó como administradora del sucesorio a la Sra. G. M. G. y disponer que se oficie al Colegio de Abogados Departamental a fin de que desinsacule a un profesional de la matrícula de la cuidad de Benito Juárez, quien previa aceptación, se desempeñará en el cargo de administrador definitivo del sucesorio (arts. 34 inc. 5°, 36 inc. 1°, 744 del CPCC, arts. 7, 2346 ss. y cdtes. del CCyC, doctrina y jurisprudencia citadas), 2) costas de la incidencia a los apelados vencidos (arts. 68, 69, 274 del CPCC), 3) diferir la regulación de honorarios de alzada para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-71106-2023 "GOLIA, CAYETANO GILBERTO Y GRIMOZZI FALOMIR, ARMINDA MABEL S/SUCESIONES AB-INTESTATO (INFOREC 970) "
JUZGADO DE PAZ - BENITO JUAREZ
En la ciudad de Azul, a los diecinueve días del mes de diciembre del año Dos Mil Veintitrés, celebran Acuerdo los Jueces integrantes de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Víctor Mario Peralta Reyes y Dra. María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 de la ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Golía, Cayetano Gilberto y Grimozzi Falomir, Arminda Mabel s/ Sucesiones Ab Intestato” (Causa n° 71.106). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: Dra. Longobardi -Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Procede el recurso de apelación planteado con fecha 21/04/2023 contra la resolución que designa administrador del sucesorio del día 11/04/2023?
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Sra. Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I. Mediante resolución del día 11/04/2023 se designó a la heredera G. M. G., DNI 14.295.324 como administradora provisional de los bienes de la herencia (art. 727 del CPCC). En la misma resolución se describieron las facultades del administrador, entre las cuales se mencionó el derecho de hacer reparaciones urgentes, o que sean necesarias para la conservación de los bienes de la sucesión.
La administradora designada aceptó el cargo mediante presentación del día 14/04/2023.
II. La designación de administrador fue apelada por G. S. C. y M. V. G. -en sus caracteres de cónyuge supérstite e hija de Héctor Ricardo Golía- (cfr. recurso de fecha 21/04/2023). El recurso fue fundado con el memorial de fecha 08/05/2023.
Las apelantes expresan que el art. 744 del CPCC, bajo el título “Designación de Administrador”, dispone que si no mediare acuerdo entre los herederos el juez nombrará al cónyuge supérstite, y a falta, renuncia o inidoneidad de éste, el propuesto por la mayoría, salvo que se invocaran motivos especiales que, a criterio del juez, fueren aceptables para no efectuar ese nombramiento. Manifiestan la existencia de motivos suficientes para designar a un tercero, porque hay intereses contrapuestos y discrepancias que provocan conflictos entre los herederos. Señalan que los eventuales desacuerdos, la simple disconformidad o la mera enemistad de los herederos son causales que habilitan la designación de un tercero, aunque no se traduzcan en un enfrentamiento.
Expresan que, con anterioridad a la designación, ya habían puesto en conocimiento de V.S. que la coheredera G. M. G., se había manifestado de modo violento, hostil e intempestivo hacia las apelantes, llegando incluso a amenazar con ingresar por la fuerza a su domicilio ubicado en la calle Chacabuco N° 58 de Benito Juárez. Ofrecen como prueba de sus afirmaciones la causa caratulada: “G., V. s/ Protección contra la violencia familiar (Exp. 8563/2022), que tramitó ante el Juez de Paz de Benito Juárez, en la cual queda acreditada no sólo la existencia de intereses contrapuestos y discrepancias existentes entre los herederos de autos, sino también la gravedad de la situación. Se agravian de que, pese a ello, el juez anterior decidió la designación del administrador en la persona denunciada.
Señalan que la designación del administrador en los términos del art. 744 del CPCC contiene la salvedad aquí invocada: motivos especiales aceptables para no efectuar el nombramiento, debidamente acreditados, habiéndose ordenado oportunamente medidas de restricción perimetral y prohibición de acercamiento entre la Sra. G. M. G. y las suscriptas.
Solicitan que se revoque la designación de administradora de la herencia en la persona de G. M. G. y se designe a un tercero (cfr. memorial de fecha 08/05/2023).
Con fecha 5/10/23 se resolvió que la cuestión de autos resulta definitiva, por lo que deberá resolverse con la formalidad del acuerdo, y realizado el sorteo de rigor (30/11/2023), se encuentra el expediente en estado de dictar sentencia.
III. 1) Antecedentes.
Se presenta en autos una situación bastante típica en el proceso sucesorio, que se produce cuando uno de los herederos -en este caso las apelantes-, ocupan un inmueble perteneciente al acervo hereditario. Se trata del inmueble ubicado en la calle Chacabuco 58 de Benito Juárez. La existencia de otros herederos, G. M. G., B. G. G. y M. F. G., conduce a que ellos no puedan usufructuar, ni disponer, del inmueble, por lo que han prestado conformidad para que se designe a G. M. G., a los efectos de proceder a efectuar reparaciones urgentes, eventualmente inventariar los bienes muebles allí existentes, cobrar un canon locativo a los ocupantes, y eventualmente proceder a la venta del mismo para concluir con la indivisión (cfr. presentaciones de fecha 08/09/2022).
Para ello, tres herederos están de acuerdo en que la administración del acervo hereditario sea llevada adelante por G. M. G., mientras que los herederos del hermano fallecido (Héctor Ricardo Golía), que utilizan el inmueble, no están de acuerdo con dicha designación (cfr. manifestación de fecha 30/09/2022 y memorial del día 08/05/2023). A ello se añade la existencia de una denuncia por violencia familiar realizada por las apelantes contra la administradora designada, anterior a su designación, en virtud de la cual se dictaron medidas de restricción de acercamiento y prohibición de contacto entre las Sras. G. S. C. y M. V. G., con la Sra. G. M. G. (cfr. causa nro. 8563/2022, caratulada: “G., V. s/ Protección contra la Violencia Familiar).
2. Normativa aplicable.
Con dichos antecedentes comenzaré por señalar que habiéndose dictado declaratoria de herederos con fecha 03/03/2021 y ordenado su inscripción (cfr. resolución del día 12/04/2021), el administrador designado en autos no debe ser provisional (art. 727 de CPCC), sino definitivo (art. 744 del CPCC). En este sentido expresa Areán que: “el administrador judicial puede ser de dos clases: el administrador provisorio y el administrador definitivo. Se diferencian según el momento del proceso sucesorio en que cada uno ejerce sus funciones. El primero actúa en el estadio inicial hasta el dictado de la declaratoria de herederos o declaración de validez del testamento; el segundo lo hace a partir de esos actos procesales hasta la partición y hasta el final de su gestión por cualquier motivo” (cfr. Areán, Beatriz A. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo 13, Elena I. Highton – Beatríz A. Areán, Ed. Hammurabi, 2010, pág. 437).
Hecha esta aclaración, e ingresando al fondo de la cuestión, cabe traer a colación lo dispuesto en el art. 3451 de Código Civil., y su nota: “Ninguno de los herederos tiene el poder de administrar los bienes de la sucesión. La decisión y los actos del mayor número, no obligan a otros coherederos que no han prestado su consentimiento. En tales casos el juez debe decidir las diferencias entre los herederos sobre la administración de la sucesión” (art. 3451 del Cód. Civ.).
En la nota a dicho artículo el codificador expresó que: “en las sociedades la ley juzga que los socios se han dado recíprocamente el poder de administrar los intereses sociales; más esto no puede aplicarse a los comuneros, porque la comunión en las cosas es una situación accidental y pasajera que la ley en manera alguna fomenta, cuando lo contrario sucede en la sociedad. Esta se forma siempre por un contrato, por la voluntad de los asociados, y la comunidad que existe entre los coherederos, procede de una causa extraña a la voluntad de los partícipes”…“Mientras que la comunidad en una sucesión es un estado puramente pasivo, en que los copropietarios de la herencia no están unidos sino por la cosa misma y no por su voluntad, y que la comunidad deja a cada uno, con toda su independencia de acción el derecho de procurar sino sus intereses particulares” (cfr. nota al art. 3451 del Cód. Civ).
Sin embargo -señalan Lloveras-Orlandi y Faraoni- "la realidad práctica demostró que el período que abarca desde la apertura de la sucesión hasta que se efectúe la pertinente partición, por lo general se extiende en el tiempo y, lejos de resultar innecesarias las normas que prevean su regulación, hubiera sido deseable que se legislara con mayor detenimiento en la materia con anterioridad"..."La realidad demostró cuán necesario era la existencia de una normativa que rigiera durante el estado de indivisión hereditaria. Su importancia radica en que, al prolongarse en el tiempo dicho estado, normalmente se deben tomar actos de administración que pueden ser esenciales en el manejo y conservación de los bienes" (cfr. "La sucesión por muerte y el proceso sucesorio", Ed. Erreius, 2019, 389 y sgtes.).
El art. 3451 del Cód. Civ. fue reemplazado por el art. 2346 del nuevo Cód. Civ. y Com., que entró en vigencia a partir del 01/08/2015, y resulta de aplicación inmediata al presente, por tratarse de una norma de procedimiento sucesorio, aun cuando el fallecimiento de uno de los causantes haya acontecido bajo la vigencia del régimen anterior -como es el caso del Sr. Cayetano Gilberto Golia, fallecido el día 23/04/2001- (cfr. arts. 7, 2346 ss. y cdtes. del CCyC; ver al respecto: Kemelmajer de Carlucci, Aída “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, págs. 110 y 164; Aplicación inmediata del CCyC a los juicios en trámite, aunque el causante haya muerto con anterioridad al CCyC, sin que se afecten los actos cumplidos y firmes con arreglo a la ley anterior).
Dicha norma contiene una innovación en la materia, dado que se aparta del régimen de unanimidad establecido por el art. 3451 del Cód. Civ. anterior y otorga preeminencia a la decisión de la mayoría, y a falta de ésta, cualquiera de los coherederos puede pedir la designación judicial de administrador (cfr. Ferrer, Francisco A. M. “Código Civil y Comercial Comentado”, Tomo XI, Jorge H. Alterini (Director General), Francisco A. M. Ferrer, Fulvio G. Santarelli y Alfredo M. Soto (Directores del tomo), Ignacio E. Alterini (Coord.), Ed. La Ley, 2015, pág. 330). El nuevo código regula las funciones del administrador (arts. 2353 y sgtes. del CCyC). Señala Ferrer que: “la designación de una persona extraña a la sucesión, de un tercero, de oficio o a pedido de una de las partes, es una medida grave y excepcional que los jueces deben tomar con la mayor prudencia, y sólo cuando la designación del cónyuge o de un sucesor universal, aunque sea propuesto por la mayoría, aparecen como manifiestamente inconvenientes para los intereses de la comunidad…Deben existir causas graves o especiales, como una extrema animosidad o notoria enemistad entre los herederos o serias discrepancias traducidas en incidencias que dilatan y obstaculizan seriamente el normal desarrollo del proceso y afecten la buena administración del caudal, o no fueren los herederos suficientemente idóneos, todo lo cual dependerá de la apreciación judicial. No basta la mera invocación de intereses encontrados o enemistad entre los coherederos para la designación de un tercero” (cfr. “Código Civil y Comercial…” cit., pág. 332).
La nueva norma no sólo modifica el art. 3451 del Cód. Civ., sino que también modifica la unanimidad requerida por el art. 744 del CPCC, en tanto no requiere para la designación del administrador definitivo el acuerdo total de los herederos (unanimidad), que, por el contrario, podrá ser elegido por simple mayoría de sucesores (cfr. Gitter, Andrés “Código Civil y Comercial de la Nación”, Julio César Rivera- Graciela Medina (Directores), Mariano Esper (Coord.), Tomo VI, Ed. La Ley, 2015, pág. 197).
3. La designación de la heredera Gabriela Mabel Golía como administradora de los bienes hereditarios.
En autos, tres de los cuatro hermanos sucesores de Cayetano Gilberto Golía y Arminda Mabel Grimozzi Falomir, prestaron su conformidad para la designación de su hermana G. M. G. como administradora de los bienes del sucesorio (cfr. presentaciones de fecha 08/09/2022). Es decir, conformaron una mayoría del 75% respecto de los representantes de su hermano fallecido, que se oponen a la designación con el 25% del acervo hereditario, por lo que -en principio- hay que estar a la decisión de la mayoría, siguiendo la regla impuesta en la normativa aplicable (cfr. arts. 7, 2346 ss. y cdtes. del Cód .Civ. y Com., doctrina y jurisprudencia citadas).
Las apelantes invocan motivos especiales aceptables para no efectuar el nombramiento, que consideran idóneos para excepcionar la decisión de la mayoría y justifican la designación de un tercero totalmente ajeno al sucesorio. Traen a colación la existencia de una causa de violencia familiar que tiene como denunciada a la administradora designada en autos, y que fue conformada oportunamente por hechos vinculados al presente sucesorio -al uso exclusivo que ellas hacen del inmueble, su estado de conservación y la propiedad de los muebles allí existentes-, que habrían provocado situaciones de tensión y hostilidad por parte de G. M. G., derivando en medidas de restricción, lo que en su opinión constituye motivo suficiente para designar como administrador a un tercero (cfr. causa nro. 8563/2022, caratulada: “G., V. s/ Protección contra la Violencia Familiar).
En lo tocante a la posibilidad de designar a un tercero como administrador de la sucesión señala Areán -en su comentario a art. 709 del CPCCN, similar a nuestro 744 del CPCC-, que: “La existencia de posiciones encontradas entre dos grupos de herederos -en el caso, los hijos del primer matrimonio del causante, por un lado, y el cónyuge supérstite y los hijos del segundo, por el otro-, no resulta suficiente para apartarse del criterio propuesto por la mayoría en la designación del administrador. Si fuera así, el principio general -designación del sugerido por la mayoría- se convertiría en excepción, ya que cuando los herederos no se ponen de acuerdo es -por lo menos en casi todos los casos- porque existen posiciones encontradas. Los fundamentos de la oposición de la minoría en la designación del administrador propuesto por la mayoría deben ser atendibles, surgiendo la inconveniencia de razones serias y fehacientemente demostradas” (cfr. Areán, Beatriz A. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo 13, cit. pág. 718).
En la causa de protección contra la violencia familiar el Juez del juzgado de origen resolvió: “Prohibir a G. M. G., tomar contacto personal con G. V., así también con sus hijas C. C., C. E., así como acceder a su domicilio sito en calle 9 de Julio N° 182 de esta ciudad; y para el domicilio de su madre C. S. sito en calle Chacabuco N° 58 fijando a tal efecto un perímetro de restricción de doscientos metros de dicho domicilio. Siendo, la presente restricción, mutua. 2.- Asimismo se hace saber a G. M. G. que deberá abstenerse de todo acto de perturbación y/o intimidación, inclusive mediante el uso de redes telefónicas y/o sociales (llamadas-mensajes de texto), contra G. V., C. C., C. E. y C. S. en sus tareas normales, laborales y/o de esparcimiento”. La totalidad de las medidas precautorias ordenadas en autos, tendrán vigencia hasta el día 03/10/2022, sin perjuicio de la prórroga que pudiere decretarse oportunamente, lo que se hará saber a ambas partes. (Art. 12 ley 12.569 y modif. 14.509)” (cfr. resolución de fecha 5/9/2022 dictada en la causa "G. V. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR", Expte. N° 8563-2022).
Con fecha 6/10/2022 se dispuso la prórroga de las medidas de protección ordenadas en relación a la Sra. G. G. M. hasta el día 06 de noviembre de 2022, y con fecha 9/11/2022 las medidas fueron prorrogadas nuevamente hasta el día 06 de diciembre de 2022, y habiendo solicitado la denunciada el levantamiento de las mismas, el pedido fue denegado por el juzgado de origen, con fundamento en que no se puede descartar por el momento que haya cesado la situación de riesgo denunciada oportunamente -cfr. resolución de fecha 29/11/2022- (cfr. causa N° 8563 citada). Las medidas no han sido prorrogadas.
Atento el estado de situación descripto, considero que existen motivos suficientes para apartarse de la regla general de la mayoría, en tanto la designación de la heredera G. M. G., DNI 14.295.324, como administradora, hace presumir que el trámite procesal será accidentado y con no pocas incidencias, en un proceso que requiere el ejercicio de acciones legales precisas y expeditas, que se encuentran reguladas en la ley, para resolver la cuestión suscitada en torno al inmueble ubicado en la calle Chacabuco 58 de Benito Juárez, cuyo estado de conservación perjudica a todos los herederos -conforme ilustran las fotografías adjuntas a la presentación de fecha 20/10/2022- (esta Sala, causa nro. 54.887, del 17/02/2011, "Andía...").
Señala Graciela Medina que: "La designación de un extraño como administrador de la sucesión puede también ser necesaria para lograr el alivio de tensiones que ocasionan los intereses contrapuestos respecto del acervo hereditario, y el desgaste que conlleva el trámite mismo del proceso sucesorio; de esta manera se logran preservar las buenas relaciones entre los coherederos y se evitan conflictos que impedirían un normal desarrollo de las funciones asignadas al administrador" (cfr. Medina, Graciela "Proceso sucesorio", segunda edición actualizada, Tomo II, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, pág. 61 y sgtes.).
Por lo demás, los restantes herederos B. G. G. y M. F. G., se domicilian en localidades muy distantes al lugar donde se encuentran los bienes del sucesorio, lo que dificultaría en exceso el ejercicio de la administración. El heredero B. G. se domicilia en la calle Patagonia 955, Trelew, Prov. de Chubut, mientras que M. F., se domicilia en la calle Sarmiento 3760, PB. B, de CABA (cfr. presentaciones de fecha 11/11/2020). Por lo expuesto, propicio al acuerdo revocar la resolución de fecha 10/04/2023, que designó como administradora del sucesorio a la Sra. G. M. G. y disponer que se oficie al Colegio de Abogados Departamental a fin de que desinsacule a un profesional de la matrícula de la ciudad de Benito Juárez, quien previa aceptación, se desempeñará en el cargo de administrador definitivo del sucesorio (arts. 34 inc. 5°, 36 inc. 1°, 744 del CPCC, arts. 7, 2346 ss. y cdtes. del CCyC, doctrina y jurisprudencia citadas). Costas de la incidencia a los apelados vencidos (arts. 68, 69, 274 del CPCC), difiréndose la regulación de honorarios de alzada para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) revocar la resolución de fecha 10/04/2023, que designó como administradora del sucesorio a la Sra. G. M. G. y disponer que se oficie al Colegio de Abogados Departamental a fin de que desinsacule a un profesional de la matrícula de la ciudad de Benito Juárez, quien previa aceptación, se desempeñará en el cargo de administrador definitivo del sucesorio (arts. 34 inc. 5°, 36 inc. 1°, 744 del CPCC, arts. 7, 2346 ss. y cdtes. del CCyC, doctrina y jurisprudencia citadas), 2) costas de la incidencia a los apelados vencidos (arts. 68, 69, 274 del CPCC), 3) diferir la regulación de honorarios de alzada para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 19 de diciembre de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) revocar la resolución de fecha 10/04/2023, que designó como administradora del sucesorio a la Sra. G. M. G. y disponer que se oficie al Colegio de Abogados Departamental a fin de que desinsacule a un profesional de la matrícula de la cuidad de Benito Juárez, quien previa aceptación, se desempeñará en el cargo de administrador definitivo del sucesorio (arts. 34 inc. 5°, 36 inc. 1°, 744 del CPCC, arts. 7, 2346 ss. y cdtes. del CCyC, doctrina y jurisprudencia citadas), 2) costas de la incidencia a los apelados vencidos (arts. 68, 69, 274 del CPCC), 3) diferir la regulación de honorarios de alzada para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia