Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 71.248
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y confirmar el decisorio apelado en cuanto rechazó la pretensión indemnizatoria incoada, con costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 CPCC).
2Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967).
Causa nº: 2-71248-2023 "E. D. M. C/ CLUB A. Y B. F. S. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los cuatro días del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dra. María Inés Longobardi y Dr. Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48, Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “E., D. M. c/ Club A. y B. F. S. s/ Daños y Perjuicios Extracontractual (exc. Estado)” (Causa n° 71.248). Habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes – Dra. Longobardi. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra - ¿Procede el recurso de apelación planteado contra la sentencia definitiva del 13/6/23?
2da - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. La sentencia definitiva apelada, rechazó la pretensión de reparación de los daños y perjuicios padecidos por F. N. U. E., menor de edad al tiempo de la demanda, en ocasión de encontrarse jugando un partido de fútbol en las instalaciones del Club A. y B. F. S., con fecha 20/2/18, en el marco del torneo “Libertad de los pueblos Latinoamericanos”, organizado por el aludido club, así como por los codemandados A. P. L., G. A. A. y A. E. A. Conforme el escrito inicial (fs. 31/40), en dicha ocasión el menor sufrió una fractura desplazada de la epífisis del radio en su muñeca derecha, como consecuencia de la cual debió ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente, siéndole luego determinada una incapacidad definitiva del 5%; y por tal razón, dirigió su pretensión indemnizatoria contra los nombrados, a quienes les reclamó la suma de $400.000, sujeta a lo que en más o en menos resulte de la prueba; intereses y costas.
Para rechazar la demanda, el decisorio apelado comenzó por subrayar en el Considerando I, que “la demanda no precisa la forma en que tuvo lugar el accidente, afirmándose únicamente que se produce ‘durante el desarrollo de un partido’, sin que se mencionen o aleguen circunstancias que denoten anomalía alguna en el desarrollo de la práctica deportiva en particular, como podría ser por ejemplo una jugada notoriamente ajena al reglamento del fútbol para el nivel en que se estaba desarrollando el torneo, o haber colocado a jugar al menor en un equipo de mayor edad o categoría, etc.” (la negrita es propia). Frente a ello, y considerando la ausencia de otros elementos, anticipó su opinión en punto a que “el accidente se produjo en orden a las contingencias propias del juego en particular (partido de fútbol) que se estaba desarrollando, y que cabe considerar previsibles para el jugador, y en este caso y dado que resultaba menor de edad, para sus progenitores (arts. 456, 375, 384 y ccdts. del CPCC).” (el destacado no es original).
Seguidamente, entendió irrelevante que el hecho de que el club demandado hubiera efectuado una denuncia distinta ante la compañía aseguradora en torno a la forma de acaecimiento del suceso, dado el modo en que se relataron los hechos en la demanda. Asimismo, consideró incontrovertido que los organizadores del evento fueron los coaccionados A. P. L., G. A. A. y A. E. A.; entendió probada la legitimación activa de la progenitora, y determinó la aplicabilidad al caso del actual Código Civil y Comercial.
Más adelante, subrayó que si bien no se acreditó que el club demandado fuera organizador del evento, su eventual responsabilidad podría provenir de la responsabilidad objetiva estatuida por el art. 1757 CCCN (responsabilidad por riesgo o vicio de las cosas o actividades riesgosas o peligrosas). No obstante, entendió que no concurrirían los recaudos al efecto, desde que “las partes son contestes en que la lesión no se produjo debido a vicios de las instalaciones del club, ni puntualmente en razón del riesgo o vicio propio de algún objeto, sino que tuvo lugar en el marco y/o a raíz de una jugada deportiva habitual para la actividad que se estaba desarrollando”.
En ese marco, añadió que el Máximo Tribunal provincial, vigente el art. 1113 C.C., había entendido que aun cuando se considerara que esa norma comprendía la hipótesis de “actividad riesgosa”, no podría encuadrarse en ella a la actividad deportiva amateur, desde que sus fines altruistas no permiten asimilarla a los avatares que enfrenta, verbigracia, un trabajador en la ejecución de su tarea (en referencia al voto del Dr. de Lázzari, en la causa n° 101.652, “Montenegro Velázquez...”, del 10/9/12). A renglón seguido, puso de relieve que al organizar y realizar el evento, los codemandados asumieron una obligación de seguridad respecto de los espectadores y los jugadores, mas ello no implica que deban responder “por los daños ocasionados producto de las contingencias propias del deporte, pues aunque los mismos puedan llegar a ser predecibles (lesiones como consecuencia de una caída, etc.), resultan inevitables para los organizadores por constituir un alea que resulta inherente e inseparable de esa práctica deportiva específica. En consecuencia, no habrá responsabilidad si no se demuestra que la lesión ha sido producto de un incumplimiento de las reglas del deporte que se practique o a un vicio de las cosas y/o instalaciones donde se desarrolle el mismo (Cám. Civ. y Com. Azul, Sala Primera. "Véliz Marcos Alberto C/ Schmidt, Walter y otro/a s/ Daños y Perj. del./cuas. exc. uso aut. y estado" que tramitara por ante esta dependencia).” Asimismo, citó la causa C85.692, “G., E. O....”, del 9/6/10, dictada por la Suprema Corte en sentido concordante; e insistió en que “se trata de un riesgo asumido por el propio deportista -o sus padres- que no puede ser transferido a la entidad que sólo facilitó las instalaciones, salvo que el eventual daño pueda ser atribuido a vicios de las mismas o al hecho culpable de sus dependientes, circunstancias que en el caso se descartan por no haber sido invocadas. Lo mismo cabe decir respecto de los organizadores, respecto de los cuales no se ha acreditado que hayan tenido una actitud negligente generadora o potenciadora de los riesgos propios de la actividad que se estaba desarrollando ni tampoco que haya existido anomalía alguna en el desarrollo del partido.”
A continuación, recordó que la Corte Suprema ha admitido excepciones a esas pautas (citó el supuesto de un menor que en el marco de un partido de rugby, fue emplazado en una posición de juego inadecuada para su edad y contextura física; CSJN, causa “B.S., J. G...”, del 20/11/12). Destacó que en la toma de decisiones en supuestos como el de autos, debe considerarse, además, el carácter de organizaciones sin fines de lucro que generalmente poseen los clubes de barrio; y el hecho de que la atribución amplia de responsabilidad a tales entidades, podría desincentivar este tipo de actividades, socialmente necesarias. Añadió otra jurisprudencia del Máximo Tribunal provincial conforme la cual sólo corresponde responsabilizar a las entidades deportivas cuando se acredite alguna anomalía en el desarrollo de la práctica deportiva, o algún actuar negligente, generador o potenciador del riesgo propio del juego (SCBA, causa “Gil, Ezequiel Osvaldo...”, del 9/6/2010). Insistió entonces en que en el caso, el hecho dañoso “tuvo lugar en circunstancias de una jugada deportiva que no fue tildada de anómala por ninguna de las partes, y que se dio en un partido de fútbol que se estaba llevando a cabo en lugar acorde a tales fines y conforme las reglamentaciones de la propia práctica deportiva, no habiendo obedecido ni a vicios de las instalaciones del club ni a una conducta negligente de los organizadores del evento respecto de la obligación de vigilancia y protección que les asistía en resguardo de la integridad física del menor. Reitero que en la demanda no se invocó ni el incumplimiento de las reglamentaciones del deporte ni una conducta negligente por parte de los organizadores del evento o el Club.”
Así es que rechazó la demanda, por considerar que “en definitiva (...) el daño sufrido por F. N. fue una contingencia propia de la respectiva disciplina deportiva y constituye un riesgo inherente al mismo (...) en razón de lo cual, me encuentro convencido y concluyo que a los demandados no les asiste responsabilidad alguna por el evento, como así tampoco a la compañía aseguradora...”.
II. Con fecha 27/6/23, el accionante, ya mayor de edad, interpuso recurso de apelación, expresando en sus agravios del 14/9/23, que el decisorio le causa agravio en cuanto eximió de responsabilidad a los demandados, por considerar que la lesión obedeció a un riesgo inherente al fútbol; a una contingencia propia de la disciplina. Añade que una eventual atribución de responsabilidad, no desalentaría la realización de actividades deportivas por los clubes, sino que los obligaría a extremar los recaudos. Asimismo, cuestiona que no se haya tenido en cuenta la existencia de una relación de consumo; y considera que la sentencia omitió atender al art. 4 de la Ley 24240, que obliga a informar sobre los riesgos de la actividad deportiva, así como al art. 40 de la aludida ley, relativo a los daños al consumidor resultantes del riesgo o vicio de la cosa, o la prestación del servicio.
Seguidamente, se agravia de que no se haya aludido al interés superior del niño, y valorado el obrar de los demandados, anterior y posterior al evento deportivo. Argumenta que ni los organizadores ni el club previeron las consecuencias de un posible accidente, ni contrataron un médico para que se encuentre presente en el campo de deportes, ni previeron el traslado a un centro médico, ni el personal suficiente para controlar el desarrollo normal del evento. Añade como conducta agravante de la responsabilidad, el intento del club de ocultar el hecho, con sustento en que el menor no se encontraba en la lista de jugadores amateurs.
Corrido el traslado de ley, sin que los accionados lo contesten, se corrió vista de las actuaciones al Fiscal General. Acorde su presentación del 22/11/23, dicho funcionario entiende, en sustancia, que sólo medió relación de consumo con el club accionado, el que debería responder en los términos del art. 40 LDC.
Habiendo adquirido firmeza el llamado de autos para sentencia, y practicado el sorteo de rigor, se encuentran estos obrado en condiciones de ser resueltos.
III. La base fáctica relevante y la normativa aplicable 1. Se trata en autos de determinar la eventual existencia de responsabilidad deportiva de un club (y su compañía aseguradora), y de los organizadores de un torneo de futbol amateur, en relación con las lesiones sufridas por F. N. U. E., un jugador de futbol que participó en él, y que al tiempo de los hechos tenía 13 años de edad. Llega consentido a esta instancia que efectivamente, el día 20 de febrero de 2018, F. sufrió una fractura desplazada de la epífisis del radio en su muñeca derecha, mientras se encontraba participando en un partido de fútbol, en el marco del torneo “Libertad de los pueblos Latinoamericanos”, realizado en las instalaciones del Club A. y B. F. S.
A los efectos del correcto abordaje jurídico de la hipótesis de responsabilidad invocada, pongo de relieve que, en la demanda, no se invocaron como causas de la lesión el obrar de otro jugador, de un dependiente de los accionados, o de un tercero espectador; ni tampoco algún déficit organizacional en el torneo, o estructural en las instalaciones del club coaccionado. Ni siquiera se describió en la demanda, mínimamente, la mecánica del hecho; es decir, la manera en la que F. sufrió la lesión en cuestión. Ciertamente, en el escrito inicial, sólo se refirió que “durante el desarrollo del partido es donde se produce la lesión del menor....” (ver fs. 31 vta.). En consecuencia, ante la falta de toda específica alegación en contrario, corresponde tener por cierto que la lesión de autos, fue resultado, única y exclusivamente, de la práctica normal o habitual del deporte en cuestión (arts. 330 inc. 4 y 384 CPCC). Por otra parte, cabe destacar que F. revestía la categoría de jugador amateur o, incluso, la de mero “aficionado”. Se ha explicado que el deportista amateur, a diferencia del profesional -que persigue un fin de lucro- es quien lo practica por “mero amor al deporte”, sin esperar una contraprestación a cambio; aun cuando pueda recibir algún estímulo o asignación no remuneratoria para solventar gastos. Por su parte, se ha dicho que el mero “aficionado” es el deportista que no representa al club; aunque pueda encontrarse asociado a él, y entrene en sus instalaciones, compita en torneos internos, etc. (para un mayor desarrollo de la distinción entre deportistas profesionales y amateurs, federados o no, y meros aficionados, puede verse José M. Sabat Martínez, Daños derivados de la práctica del deporte: ¿existe un deber de seguridad?, El Derecho – Diario, Tomo 297, del 3/8/22). En el caso, no habiéndose alegado ni acreditado que el menor lesionado se encontrara representando al club coaccionando al tiempo de la competencia; y, ni siquiera, que se encontrara asociado al club en cuestión, cabe considerarlo un jugador aficionado (arts. 330 inc. 4, 375 y 384 CPCC).
2. En el marco del contexto fáctico descripto (torneo amateur, jugador aficionado, lesión sufrida en el marco de la práctica habitual del deporte), aclaro que el supuesto de autos se encuentra sujeto a lo reglado por las normas comunes del Código Civil y Comercial y, en su caso, a la normativa protectoria del consumidor; no encontrándose alcanzado por la Ley 23.184, que estatuye el “Régimen penal y contravencional para la prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos”. Ello pues el daño de autos, no se vincula con ningún hecho de violencia; sino, como se dijo, con una lesión sufrida por un jugador de fútbol aficionado, en el ámbito de una competencia amateur, producto de la práctica habitual y reglamentaria del deporte en cuestión (cf. SCBA C 101.652, “Montenegro Velázquez, Fernando Martín...”, del 10/9/12). Referido ello, advierto que para el abordaje de supuestos como el de marras, la doctrina y jurisprudencia reinantes han puesto el acento en distintos presupuestos de la responsabilidad, arribando, no obstante, y casi invariablemente, al mismo resultado: el rechazo de la responsabilidad. Así, la responsabilidad ha sido rechazada por inexistencia del presupuesto de la antijuridicidad (art. 1717 CCCN); y/o por falta de concurrencia del factor de atribución; sea que éste se pretenda situar en el riesgo creado (responsabilidad objetiva por actividad riesgosa o peligrosa; arts. 1757 y ccs. CCCN), o en el incumplimiento de la obligación expresa o tácita de seguridad (arts. 19 y 42 CN; arts. 961, 1710, 1723 y ccs. CCCN; arts. 5 y 40 LDC). En los apartados siguientes, abordo la cuestión desde las distintas vertientes argumentales esenciales que he detectado, en el entendimiento de que ellas no se excluyen; sino que, por el contrario, contribuyen a construir el grado de convicción con que propondré la decisión desestimatoria de autos.
IV. Inexistencia de antijuridicidad Ha señalado este Tribunal, que “sin desconocer que algunos autores entienden que la antijuricidad no siempre es presupuesto indispensable de la responsabilidad civil, máxime si se trata de daños derivados de un factor objetivo de atribución por el riesgo o vicio de la cosa o de las actividades (Zavala de González, Matilde, “Actuaciones por daños. Prevenir. Indemnizar. Sancionar”, pág. 196; De Lorenzo, Miguel Federico, “Una nueva dimensión para el principio de no dañar al otro”, RCyS 2014-I) el criterio mayoritario predica que en todos los casos los elementos o requisitos de la responsabilidad civil son: antijuricidad, relación causal, daño y factores de atribución (arts. 1066, 1067, 1111, 1113 y concs. CC.; arts. 1708, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720 y concs. CCCN).” (causa n° 60.404; "Teves Alberto Ariel c/ Ferrosur Roca S.A....”, y n° 60.413, "Teves Alberto Ariel c/ Galasur S.A.....”, sent. única del 16/5/16).
Se recordaba en el citado precedente, con voto del Dr. Galdós, que, en sus artículos 1717 a 1720, el actual Código Civil y Comercial, a diferencia del derogado Código Civil, adoptó el criterio de la antijuridicidad atípica y material -no formal-, que alude al daño causado por una acción u omisión “no justificada”, y constituye esencial derivación del alterum non laedere.
Se ha dicho, con el foco en tal presupuesto de la responsabilidad, que “la licitud del deporte llevado a cabo con autorización estatal puede, sin forzamientos, abarcar las consecuencias dañosas que irroga el juego dentro del reglamento y que, por ello, devienen en infracciones o lesiones "reglamentarias" que son "normales" en vista de las características de la actividad de que se trate. La clave es determinar la existencia de un "exceso en el deporte" y, a tales efectos, en mucho dependerá del tipo de deporte del que se trate (...) Repárese que en base a la lectura propuesta no se introduce en el análisis de la antijuridicidad al instituto de la asunción de riesgos sino que, más allá de la cercanía conceptual, los componentes de la antijuridicidad definirán los riesgos (...) lo que quede comprendido dentro de un desarrollo regular del juego —a tono con el reglamento del deporte y la autorización estatal conferida— se encontrará justificado, obstando su calificación de antijurídico, o, como se ha fallado, cuando los daños provengan del riesgo normal que imponen las reglas del juego, quedarán cubiertos por la "licitud" de este. (...) En conclusión, se reafirma en este supuesto particular del derecho de daños la relevancia práctica del presupuesto de la antijuridicidad en atención al rol que tiene a desempeñar en la conformación de la eventual responsabilidad civil. (....) la antijuridicidad permitirá "medir" el carácter de las consecuencias y, además, el factor de atribución esgrimido será de gran importancia en el caso pero, claro está, obrando cada presupuesto en el marco que su ontología y funcionalidad propia les impone.” (Raschetti, Franco, Asunción de riesgos y consentimiento del damnificado. Conceptualización y propuesta de diferenciación entre ambas figuras, RCCyC 2023 (octubre), 193), TR LALEY AR/DOC/1549/2023, la negrita se ha añadido; consideraciones similares pueden verse en Ciliberto, Leonel J., ¿Debe responder la AFA ante lesiones sufridas por una jugadora durante un partido de fútbol de salón?; RCCyC 2023 (febrero), 274; TR LALEY AR/DOC/3503/2022).
Por su parte, al analizar los efectos del art. 1719 CCCN -que excluye, como regla, la asunción de riesgos como causa de justificación excluyente de la antijuridicidad-, Picasso y Saenz especifican, siguiendo a Orgaz, que tal precepto no se aplica a los daños causados en la práctica deportiva habitual, pues “el principio según el cual los hechos dañosos que derivan del desarrollo normal del deporte en cuestión se encuentran justificados —por lo que los deportistas únicamente responden de los daños excesivos o extraordinarios— encuentra suficiente sustento en la licitud derivada de la autorización estatal de tales deportes y de las reglas que los rigen”. (Picasso, Sebastián y Sáenz, Luis R. J., Tratado de Derecho de daños - La Ley, 2019, Tomo I, libro digital, https://nextproview.thomsonreuters.com/launchapp/title/laley/2019/42630617/v1). En esa línea de pensamiento, y en hipótesis de daño deportivo con aristas fácticas similares al de autos (lesiones derivadas de la práctica habitual y reglamentaria del deporte), la Suprema Corte también ha puesto evidente acento en la ausencia de antijuridicidad como recaudo de la responsabilidad; descartando que esa antijuridicidad pueda provenir o derivarse del daño en sí mismo. Ciertamente, en una hipótesis en la que un menor sufrió una lesión en un ojo mientras jugaba un partido de fútbol, sostuvo que “la lesión provino del riesgo normal que genera la pelota en el desenvolvimiento de un partido de fútbol, cuya práctica se desarrollaba regularmente y para la cual el menor (...) había sido autorizado por sus padres (...). No se ha acreditado anomalía alguna en el desarrollo de esa práctica deportiva, pues no se jugaba en un lugar impropio y tampoco se acreditó que el balón no fuera el reglamentario, por lo que el daño no derivó sino de las contingencias propias del juego (...). En todo partido de fútbol los jugadores se exponen a los riesgos propios de esa práctica deportiva que muchas veces derivan en lesiones. Cuando tales lesiones provienen del riesgo normal que imponen las reglas del juego, ellas quedan cubiertas por la "licitud" del mismo” (SCBA, causa n° C. 85.692, "Gil, Exequiel Osvaldo y otro...” del 9/6/2010; el destacado es propio; en igual dirección, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala I; Expte. nº 13-03764478-6/1(54851), “Parraga, Rebeca Jerusalén...”, del 18/02/2021; esta Cámara, Sala I, causa n° 47.596, “Telechea, Fernando Germán...”, del 31/3/05).
En un precedente posterior, el Alto Tribunal provincial puso de relieve que “el ejercicio de toda actividad deportiva requiere de un esfuerzo físico y/o intelectual superior al habitual, a la par que implica un riesgo en el que se ven comprometidos sus contendientes. Ello pues aun en aquellos deportes que no son esencialmente riesgosos es dable que sobrevenga alguna lesión a los participantes a causa de las alternativas normales del juego las que, conforme doctrina y jurisprudencia imperante en la materia, no resultan por regla indemnizables (conf. mi voto en C. 85.692, sent. de 9-VI-2010). En este sentido se sostiene que la autorización del Estado para practicar deportes constituye una causa de justificación suficiente para excluir la antijuridicidad como presupuesto de la responsabilidad civil.
Tal licitud del deporte autorizado abarca las consecuencias dañosas que irroga el juego dentro del reglamento, como así también aquellas infracciones reglamentarias que son normales o inevitables en vista de las características de la actividad de que se trate (conf. Orgaz, Alfredo, "La ilicitud -extracontractual- ", Ed. Lerner, Bs. As., 1974, págs. 177/180; Mosset Iturraspe, Jorge, "Responsabilidad por Daños", Bs. As., Ediar, 1979, t. II-B, págs. 91/95; C.N.Civ., sala D, in re "Cotroneo", sent. de 17-XII-1982, "La Ley", 1983- D,385). No es, por tanto, la llamada aceptación de riesgos lo que excluye la responsabilidad, ya que ella por sí misma no constituye una causa de exoneración si no se demuestra una falta de la víctima -es decir, que ésta ha asumido, con su participación, un rol activo en la producción del siniestro (C.S.J.N., in re "Cohen c/ Pcia. de Río Negro y ots.", sent. de 30-V- 2006)-, sino la licitud de la actividad en la cual -reitero- los daños son contingencias habituales y normales.
Los riesgos propios de la práctica deportiva quedan de tal modo absorbidos por la licitud de tal actividad, y no por el consentimiento de la víctima (v. Mayo, Jorge A., "La denominada aceptación de los riesgos", L.L.C., 2005 -julio-, 489; Weingarten, Celia, "Los espectáculos deportivos y la asunción del riesgo", L.L.Gran Cuyo, 2007 -febrero-, 27). (...). En síntesis, las lesiones deportivas sufridas por un jugador sólo dan lugar al deber de resarcir cuando media un accionar que viola el reglamento del juego y denota un obrar culposo por imprudencia o torpeza o, claro está, cuando existe un obrar intencional dirigido a provocar el daño (...). Desde ya que también quedan al margen de la predicada irresponsabilidad aquellas hipótesis en que el perjuicio sobreviene por la culpa o defecto en cuanto a la seguridad o modalidades de la competición imputable al club o ente organizador...”.
(SCBA, causa n° C. 95.241, "Z., O. A. contra Club San Marco. Daños y perjuicios", del 24/11/2010; la negrita me pertenece). Por su parte, la Sala M de la Cámara Nacional en lo Civil, en un reciente pronunciamiento, destacó que “admitido como fundamento – juntamente con la autorización estatal– la asunción voluntaria del riesgo normal del juego inherente a la específica actividad deportiva ejercitada, opera una causa de justificación idónea para superar la antijuridicidad de la conducta. A esta misma solución llega Orgaz, al señalar que las lesiones o daños derivados de los riesgos inherentes al ejercicio normal de un deporte autorizado, están de antemano justificados como la actividad misma de que proceden (causa de justificación).
Cabe aquí recordar que las causas de justificación pueden no estar explícitamente incluidas en el ordenamiento jurídico.” (causa n° 6326/2015, “G. C., C. S. c/ A.F.A....”, sent. del 2/8/22; en igual sentido, Sala A de la misma Cámara, “Marcote María Ana c/ Club DAOM y otros...”, del 14 de febrero de 2023, MJ-JU-M-141339- AR|MJJ141339|MJJ141339). Destaco, ampliando el fallo recién citado, que se ha explicado, siguiendo a Orgaz, que “siendo las causas de justificación ‘excepciones de otra excepción más amplia -la ilicitud-, ya que el verdadero principio es el de la libertad’, significan un retorno a ese principio y, por esto, no necesitan ser expresas. Ellas pueden ser simplemente deducidas de los conceptos esenciales de las diversas instituciones y del espíritu de la legislación” (Jorge Mosset Iturraspe y Miguel A.
Piedecasas, Responsabilidad por daños, Rubinzal Culzoni, 2016, T. IV, pág. 113). Sobre la base de lo hasta aquí dicho, y conforme la doctrina y jurisprudencia citadas, puede concluirse que la licitud de la actividad en cuestión, cuando es ejercitada de modo reglamentario, opera como causa de justificación suficiente, y excluye a los daños sufridos en ese marco, del universo de lo jurídicamente resarcible (art. 19 CN; arts. 1, 2, 3, 1710, 1717 y ccd. CCCN; art. 384 CPCC).
V. Ausencia de “actividad riesgosa o peligrosa” en los términos del art. 1757 CCCN.
Por otra parte, para el supuesto de que no se compartiera lo concluido en el apartado anterior, tampoco advierto que concurra el necesario factor de atribución. Reitero que en la demanda no se imputó a los accionados obrar u omisión culposa o dolosa alguna, siendo las alegaciones incorporadas en la expresión de agravios (ausencia de un médico presente en el torneo, previsión de un sistema de traslado, etc.), no solo tardías (art. 330 inc. 4 CPCC), sino también desprovistas de toda alegación relativa al nexo causal con la concreta lesión de autos, o su agravamiento. En consecuencia, descartado el factor subjetivo de atribución (art. 1721 y ccs. CCCN), advierto que tampoco concurre uno objetivo, como el riesgo creado (responsabilidad objetiva por actividad riesgosa o peligrosa; arts. 1.757 y concordantes CCCN), o la obligación de seguridad (arts. 19 y 42 CN; arts. 961, 1710, 1723 y ccs. CCCN; arts. 5 y 40 LDC). Me abocaré aquí al primero de los mencionados.
La sentencia apelada, en posición que comparto, descartó que en el sub lite pudiera considerarse verificado un supuesto de actividad “riesgosa o peligrosa”, en los términos del art. 1757 CCCN.
La citada norma, prescribe en su primer párrafo, que “toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.”
Señala Galdós que “una actividad será riesgosa o peligrosa cuando (natural o circunstancialmente), resulta previsible (según el curso ordinario y normal de las cosas) que de su desarrollo se derivará la posibilidad cierta de ocasionar daños. Comprende los supuestos en los que el riesgo es ostensible y presumido a priori (daño derivado de la actividad nuclear) y en los que se concreta un daño por las circunstancias propias y naturales de la actividad misma (v.gr.: de seguridad o vigilancia), o especiales y atípicas de su desenvolvimiento (v.gr.: trabajo con escaleras que carecen de soportes o medidas de seguridad adecuadas).” (Jorge Mario Galdós, La responsabilidad civil, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1ª ed., 2021, T. III, pág. 223; el destacado es propio).
En el caso, no fue invocada, ni surge objetivamente de las actuaciones, ninguna particularidad relativa a los medios o circunstancias en que fue realizada la actividad deportiva; de modo que sólo interesa determinar si ella es, de por sí, y en esencia, una actividad que pueda ser calificada como riesgosa o peligrosa por su naturaleza.
En relación con esa categoría, explica también Galdós que “actividades riesgosas por su naturaleza son las intrínsecamente dañosas, o sea las que tienen dañosidad o peligro en sí mismas. En ellas el daño constituye una consecuencia constitutiva propia o inherente de la actividad; el daño está naturalmente asociado a ella, y si bien adoptando las medidas de seguridad adecuadas es evitable, se trata de una contingencia con un alto grado de probabilidad de producción (...). La aptitud dañosa, su potencialidad como fuente productora de daños, es patente, se revela per se y sin mayores indagaciones teóricas o prácticas” (Jorge. M. Galdós, ob. cit., T. III, pág. 223; el destacado me pertenece). De lo expresado por el autor que vengo citando, se desprende que la calificación de una actividad como riesgosa o peligrosa por su naturaleza, exige un “alto grado” de probabilidad en la producción de daños; una potencialidad dañosa patente, que no exija mayores indagaciones teóricas o prácticas.
Por su parte, en sustancial concordancia con la conceptualización efectuada por el autor recién citado (más allá de la crítica de Galdós a la conveniencia de exigir un riesgo o peligro “especial”, dada la supresión de ese término en el actual Código, en comparación con el Proyecto de Reforma del año 1998), ha expresado Pizarro que “las actividades riesgosas por su naturaleza son aquellas que conforme al curso normal y ordinario de las cosas resultan intrínsecamente peligrosas por sí mismas, cualesquiera sean las circunstancias bajo las cuáles se realizan (v.gr., explotación o transporte de energía nuclear, de gas, de electricidad, etcétera). La ponderación de esas circunstancias y su incidencia en la riesgosidad de la actividad, debe realizarse en abstracto (...) Coincidimos con Zavala de González en cuanto a que el entendimiento del riesgo circunstancial "no puede partir de la simplista concepción de que toda actividad dañosa sea riesgosa". Desde el punto de vista lógico y valorativo, "la noción de riesgo no puede ser un posterius sino un prius, aunque se indique retrospectivamente luego de producido el daño" (Pizarro, Ramón D., Responsabilidad civil por actividades riesgosas o peligrosas en el nuevo Código, LA LEY 12/08/2015, 1; LA LEY 2015-D, 993).
Así es que, agrega Pizarro, “para ser considerada actividad riesgosa es indispensable que la misma tenga una notable intrínseca potencialidad de dañosidad para terceros, o lo que es igual que sea especial o particularmente riesgosa. (...) Con ello se quiere significar que no cualquier riesgo que dimane de una actividad será apto para generar la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva estatuido por los arts. 1757 y 1758. Una interpretación en contrario llevaría a incluir en esta tipología la casi totalidad de los supuestos de responsabilidad civil, pues casi no hay actividad que de uno u otro modo no genere riesgos o peligros para terceros (...) lo cual es inadmisible y carente de antecedentes en el derecho comparado. Por tal motivo (...) sostenemos que la actividad riesgosa que prevén los arts.1757 y 1758 debe ser notablemente peligrosa. O lo que es igual, evidenciar un riesgo grave, importante, relevante, perceptible, circunstancia que debe ser calibrada a la luz de los estándares que rigen la previsibilidad en la causalidad adecuada. (...) sostenemos que la responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas debe ser objeto de una ponderación rigurosa.” (Pizarro, Ramón D., ob. cit.).
Pues bien, partiendo del sentido con que cabe interpretar, razonablemente (arts. 1, 2 y 3 CCCN) el concepto jurídico de “actividad riesgosa o peligrosa”, no advierto que el futbol pueda, en términos legales, ser calificado como una actividad peligrosa o riesgosa por su naturaleza. Así, se ha dicho que “la práctica de los deportes presenta ciertas disciplinas las cuales son considerados de "riesgo" (como son el boxeo, alpinismo, el paracaidismo entre otros), los cuales requieren en general mayor destreza humana para realizarlas. La palabra "riesgo" en el diccionario oficial de la Real Academia Española, lo identifica como "contingencia o proximidad de un daño", lo cual indica que el deporte considerado de "alto" riesgo refiere a aquellas disciplinas donde el daño que puede ocurrir en la persona del deportista —principalmente—, sus asistentes o público es mucho más probable. (...) Se ha sostenido que algunos deportes implican violencia ejercida sobre las personas, de forma directa o inmediata, como el caso de box, lucha libre, artes marciales e inclusive el rugby. En otros casos nos encontramos ante la prevalencia de la técnica, el arte o la destreza, sin que ello implique un riesgo patente para del deportista, tal son los casos del golf, el tenis de mesa, el atletismo, natación entre otros. Finalmente, en una instancia intermedia se encuentran los deportes del fútbol, hockey, básquetbol por nombrar algunos deportes, los cuales tienen implícita una violencia inmediata o eventual, ya que el contacto físico es habitual, pero dichas acciones suelen ser calificadas como antirreglamentarias”. (García, Carlos Adolfo, Aproximaciones a la responsabilidad civil deportiva; LA LEY 11/07/2023, 6; TR LALEY AR/DOC/1579/2023).
De la opinión del autor recién citado, se desprende que el fútbol -entre otros deportes-, puede tornarse “riesgoso o peligroso”, en términos generales, cuando es practicado antirreglamentariamente; lo que no se ha invocado en el caso de autos. Por lo demás, un repaso del catálogo de ejemplos que la doctrina cita al respecto (puede verse Jorge Mario Galdós, La responsabilidad civil, ob. cit., T. III, págs. 224 y 225; Pizarro, Ramón D., Responsabilidad civil por actividades riesgosas o peligrosas en el nuevo, ob. cit), y de los casos jurisprudenciales sobre la materia, permite concluir que el futbol no puede ser sindicado como una actividad riesgosa o peligrosa, salvo cuando los medios o las circunstancias de su realización (vgr., cancha mojada, incumplimiento de alguna previsión reglamentaria con conexión causal con los daños, inclusión del jugador en una categoría superior a la correspondiente, ausencia de árbitro, etc.), lo hayan tornado concreta y particularmente riesgoso o peligroso.
Así es que, descartada la existencia de una actividad riesgosa o peligrosa por su naturaleza, y ausente toda alegación y o verificación patente de alguna particularidad relativa a los medios y/o circunstancias de su realización, que pudiera circunstancialmente elevarla a esa calidad, queda descartada la concurrencia del factor objetivo de atribución bajo análisis (arts. 1, 2, 3, 7, 1757 y ccs. CCCN; arts. 330 inc. 4 y 384 CPCC).
VI. Ausencia de responsabilidad por incumplimiento de la obligación de seguridad Tampoco estimo, como anticipé, que pueda configurarse la responsabilidad pretendida, por conducto de un eventual incumplimiento de la obligación de seguridad. Recuerdo que dicha obligación puede ser tácita, derivada del alterum non laedere y del principio general de buena fe, habiéndosela situado en el marco del actual Código Civil y Comercial, en distintos preceptos, como en el art. 1710 CCCN (como el Dr. Lorenzetti, su voto en Fallos: 340:1940, CSJ 1255/2013, “Arregui, Diego Maximiliano...” del 26/12/17); o en el art. 1723, primera parte (como Galdós y Valicenti - Vigencia y resistematización de la obligación tácita de seguridad en el Código Civil y Comercial, La Ley 09/06/21,1-). La aludida obligación de seguridad también puede ser expresa, por resultar del contrato o de un régimen normativo específico; tal lo que se advierte en el derecho del consumo, conforme los artículos 42 CN y 5 de la Ley 24.240.
Comparto la consideración del Fiscal General en punto a que entre F. y el club accionado, se configuró una relación de consumo (en sentido concordante, puede verse la opinión de Sabat Martínez, en el artículo citado párrafos atrás, quien considera que en el caso de meros aficionados, se configura tal relación, asumiendo el club la calidad de proveedor), de manera que entiendo que es la obligación expresa de seguridad la que concretamente opera en ese vínculo. Respecto de los organizadores del evento también demandados, destaco que, aun cuando pudiera debatirse su condición de proveedores, lo cierto y concreto es que, en su calidad de organizadores, sobre ellos pesaba, a todo evento, la obligación tácita de seguridad antes aludida (cf. esta Sala, causa n° 52.326, “Fernández, Julia Irene...”, del 27/2/09; arts. 19 CN; arts. 1, 2, 3, 9, 729, 961, 1710, 1723 y ccs. CCCN).
Concluido entonces que todos los accionados eran deudores de seguridad a los jugadores participantes del torneo (entre otros), corresponde delimitar el contenido o alcance concreto de ese débito; el que, naturalmente, no podría ser ilimitado (arts. 3 y 10 CCCN). A mi criterio, concordante con la opinión doctrinaria y jurisprudencial fuertemente mayoritaria, el débito de seguridad en supuestos como el de autos, no se extiende al de evitar los daños a la integridad física de los jugadores, resultantes de la práctica normal, habitual y reglamentaria de la disciplina deportiva en cuestión. Ello pues la posibilidad de tales daños, es inherente e indisoluble del desarrollo de la práctica en sí misma; y son, lisa y llanamente, inevitables para el club coaccionado y los organizadores del evento.
En efecto, señala Sabat Martínez que, en casos como el de marras, el alcance del deber de seguridad emanado del art. 5 del LDC, “refiere a todo lo que rodea al juego o a la práctica deportiva; instalaciones, servicio médico, instrucción apropiada para que la actividad se pueda cumplir de modo seguro, árbitros o profesores que controlen el desarrollo del juego, etc. Pero, cabe considerar que el deber de seguridad no se extiende al desenvolvimiento del juego en sí mismo ni a las circunstancias que le son intrínsecas. Tal conclusión se debe a que el juego es una acción que es desarrollada y puesta en práctica por los propios jugadores y en la que el club no tiene injerencia. Su actividad, sobre la cual asume los riesgos correspondientes, es la de brindar el marco apropiado para el deporte, pero no tiene injerencia en su ejercicio”. Y concluye contundentemente el autor citado, que “no existe un deber de seguridad relativo a los daños originados en la práctica del deporte en sí misma”. (cf. José M. Sabat Martínez, ob. cit.).
Esa conclusión, es acorde al criterio mayormente sentado por la jurisprudencia. Así, en el ámbito de la Corte Suprema, en la causa “Ferreyra, Víctor Daniel...” (CSJN, F. 1116. XXXIX, Fallos 329:646, del 21/3/06), expresaba Lorenzetti (por su voto), que “una vez calificada la existencia de una relación de consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit. art. 42, de la Constitución Nacional) y legal (art. 5 ley 24.449; ley 24.240) (...) la extensión del deber de seguridad se refiere a los acontecimientos previsibles según el curso normal y ordinario de las cosas. (...) no es posible afirmar la existencia de una garantía de resultado, de manera que el usuario no sufra daño alguno.
El régimen de causalidad vigente (arts. 901 a 906 del Código Civil) toma en cuenta las consecuencias normales y ordinarias previsibles, eximiendo al responsable de aquellas que son inevitables o no previsibles”. Y añadía más adelante que “incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas o genéricas.” (la negrita se ha añadido). Igual criterio ha adoptado la Corte Suprema en el ámbito del derecho laboral y de la obligación de seguridad que allí impera, al señalar, haciendo pie en la previsibilidad y evitabilidad del riesgo, que “la extensión del deber de seguridad se refiere a los acontecimientos previsibles según el curso normal y ordinario de las cosas, y la previsibilidad exigible variará –de acuerdo a la regla del art. 902 del Código Civil (hoy art. 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación) (...) por lo que incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas o genéricas (Fallos: 329:646).
En ese sentido, se observa que la sala se limitó a mencionar el citado deber de seguridad sin efectuar examen pormenorizado alguno respecto de la previsibilidad del acontecimiento y la posibilidad del empleador de adoptar las medidas pertinentes a su respecto (Fallos 343:1784, causa CCF 432/2011/1/RH1, “Martínez, Rosa Argentina...”, del 26/11/20; la negrita se ha añadido). Por su parte, esta Sala ha destacado que “el organizador de un espectáculo deportivo y con relación a los participantes asume un deber de seguridad objetivo respecto del estado de sus instalaciones, traslados y los riesgos que no hacen a la específica práctica deportiva (López Herrera, Edgardo, “Teoría General de la Responsabilidad Civil” “Responsabilidad por daños causados en el deporte”, Lexis Nº7004/007753).
Expresan Trigo Represas y López Mesa que “el organizador de la competencia responde frente a los competidores de los daños que éstos sufran como consecuencia de la infracción a los deberes de previsión que el organizador comete, si éstos están en relación de causalidad adecuada con el daño sufrido por algún jugador...(aut. y ob.cit. T.II pág.815) (...) resulta aplicable al deportista participante el alcance de la obligación de seguridad asumida por la entidad organizadora del espectáculo público –aun cuando no tenga fin de lucrofundada en la garantía de indemnidad que comprende el deber de asegurar que las instalaciones, el ámbito o lugar del evento deportivo (la doctrina, como Mosset Iturraspe se refiere al estado de las tribunas en los partidos de fútbol, ob.cit.
T.III p. 225) se encontrarán en condiciones adecuadas y que, utilizados conforme un uso razonable, no generarán daños a las personas y cosas de los espectadores o participantes (arts.5, 15, 17 y concs. ley 24240 T.O. ley 26.361).” (esta Sala, causa n° 52.326, “Fernández, Julia Irene...”, del 27/2/09; el destacado no es original). En igual dirección la Sala I de esta Cámara, ha destacado en un reciente pronunciamiento, que la obligación de seguridad que efectivamente asumen las entidades organizadoras de eventos deportivos, no implica que ellas deban responder por los daños derivados de las contingencias propias del deporte, pues ellas “aunque puedan llegar a ser predecibles (lesiones como consecuencia de una caída, etc.), resultan inevitables para los organizadores por constituir un alea que resulta inherente e inseparable de esa práctica deportiva específica.
En consecuencia, no habrá responsabilidad si no se demuestra que la lesión ha sido producto de un incumplimiento de las reglas del deporte que se practique o a un vicio de las cosas y/o instalaciones donde se desarrolle el mismo” (esta Cámara, Sala I, causa n° 69.333, “Véliz, Marcos Alberto...”, del 27/12/22; la negrita es propia).
En sentido concordante, la Cámara de Apelaciones de Junín, expresó que considerar a la obligación de seguridad “como una suerte de garantía mecánica y absoluta consagra (...) una solución excesiva (ver Jorge A. Mazzinghi (h) trabajos publicados en LL 1996-C -698 y RRCyS Año XII 2010 n° 11 p. 73 y ss), que pondría pretorianamente en cabeza de la institución los riesgos y peligros ínsitos a cualquier práctica física, voluntariamente desplegada y asumida en sus consecuencias tanto beneficiosas como perjudiciales por el protagonista -y en el caso de minoridad por sus padres- (ver el voto de la Dra. Kogan reproduciendo también consideraciones del Dr. Roncoroni en la causa Gil), objetivando la responsabilidad a un extremo injusto en tanto tales contingencias no pueden ser previstas o evitadas por la entidad.” (Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Junín, causa n° 49.796, “Minguilla Bernardo...”, del 1/3/11; en la misma dirección, puede verse del mismo Tribunal, la causa n° 4007/10, “Gastón, Mario Volta...”, sent. del 31/3/22; el destacado se ha añadido). Más recientemente, y en el marco de daños padecidos por un jugador en un partido de fútbol de salón, la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, señaló que “aparece configurada en la especie una lesión no imputable a nadie más que a la mecánica del deporte que se encontraba practicando el actor en el momento de sufrir la fractura”. Asimismo, respecto de la obligación de seguridad emanada del art. 5 de la Ley 24.240, señalaba que “ese deber de garantía no le es exigible al proveedor más allá de lo razonable y posible de conformidad no sólo con el estado actual de la técnica (vgr. dimensiones de la cancha apropiadas, protecciones respecto de paredes o columnas, retiros apropiados del campo de juego, superficie antideslizante), sino también (....) de la propia dinámica del consumidor en el uso de las instalaciones: en el caso la práctica y riesgos de un partido de fútbol de salón”. (Cam. Nac. Civ., Sala G, causa n° 43.998/2017, “Pérez, Maximiliano J...”, del 30/5/23).
VI. Colofón En suma, considero que en autos no se verifica el recaudo de la antijuridicidad, por operar la licitud de la actividad como causal de justificación de los daños normales y habituales, sufridos sin infracciones graves al reglamento deportivo. Por lo demás, no se ha invocado la culpa de los accionados en el daño sufrido, y tampoco se advierte ninguno de los supuestos de responsabilidad objetiva prima facie aplicables (responsabilidad por “actividad riesgosa o peligrosa”, o por incumplimiento de la obligación de seguridad), razón por la cual, la decisión apelada debe confirmarse.
Ello sin omitir, que la decisión que propicio pondera además el “elemento consecuencialista”, al que también debe atender toda decisión judicial (cf. Lorenzetti, está constituido por “las consecuencias generales jurídicas o económico-sociales que puede producir la decisión en el futuro”, cf. Ricardo Luis Lorenzetti, La sentencia, Santa Fe, Rubinzal- Culzoni, 2022, pág. 244). Ello desde que no puede omitirse que la amenaza de responder civilmente por acciones habituales y reglamentarias del juego, “como dijo el Dr. Bueres en el caso “Cotroneo” (...) conduciría fatalmente a la supresión de la actividad futbolística y lo mismo acontecería con otros deportes colectivos, como el básquet, hockey, etc.” (cf. Cám. Nac. Civ., Sala M, causa n° 6326/2015, “G. C., C. S. c/ A.F.A....”, sent. del 2/8/22, con referencia al voto del Dr. Bueres en la causa “Cotroneo” de la misma Cámara, Sala D, del 17/12/1982, TR LA LEY AR/JUR/1936/1982; en igual sentido esta Cámara, Sala I, causa n° 47.596, “Telechea, Fernando Germán...”, del 31/3/05; José M. Sabat Martínez, Daños derivados de la práctica del deporte: ¿existe un deber de seguridad?, ob. cit., entre otros). En consecuencia, propongo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y confirmar el decisorio apelado en cuanto rechazó la pretensión indemnizatoria incoada, con costas de Alzada al recurrente vencido (arts.19 y 42 CN; arts. 1, 2, 3, 10, 1710, 1717, 17222, 1723, 1727, 1728, 1734, 1757 y ccs. CCCN; arts. 5 y 40 Ley 24.240, arts. 68, 330 inc. 4, 375 y 384 CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, corresponde: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y confirmar el decisorio apelado en cuanto rechazó la pretensión indemnizatoria incoada, con costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 CPCC). 2) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido por iguales fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 4 de junio de 2024.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y confirmar el decisorio apelado en cuanto rechazó la pretensión indemnizatoria incoada, con costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 CPCC). 2) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia