Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul 1 - 71777 - 2023 - Villemur Marcela C/ Michelotto Gustavo Y Otros S/ Daños Y Perj.autom. C/les. O Muerte (exc.estado), Sala I · Causa 71.777
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la sentencia de primera instancia con los siguientes alcances: a) elevando a la suma de $ 16.826.463 el monto indemnizatorio reconocido en concepto de incapacidad psicofísica; y b) elevando a la suma de $ 900.000 el monto indemnizatorio reconocido en concepto de daño moral, en lo que ha sido materia de agravios;
2En lo que respecta a las costas de Alzada, sabido es que ha de estarse al resultado del recurso (S.C.B.A., C. 89.530, “Díaz…”, del 25.02.09., entre muchas otras; esta Sala, causas n° 53.223, “Orella…”, del 21.10.09., n° 59.348, “Piriz…” del 10/2/15, entre muchas otras); motivo por el cual corresponde distribuirlas en un 40% a cargo de la demandada y citada en garantía en el 60% restante a cargo de la actora (art. 71 del CPCC);
3Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 31 del Dec. Ley 8904/77.
Causa: 1-71777-2023-
"VILLEMUR MARCELA C/ MICHELOTTO GUSTAVO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
En la ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores, Esteban Louge Emiliozzi y Lucrecia Inés Comparato, encontrándose excusada la Dra. Carrasco, para dictar sentencia en los autos caratulados:
"VILLEMUR MARCELA C/ MICHELOTTO GUSTAVO Y OTROS S/ DAÑOS
Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", (Causa Nº 1-
71777-2023), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores COMPARATO - LOUGE EMILIOZZI.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia de fecha 05/09/2023?
; V O T A C I O N –
A LA PRIMERA CUESTION: la Sra. Jueza Dra. COMPARATO dijo:
I.-
Para comenzar debo señalar que el presente proceso se origina como consecuencia del accidente ocurrido el día 15/6/15 aproximadamente a las 12:40 hs; oportunidad en la cual el automóvil Renault Twingo dominio SGH297 de la actora (Sra. Marcela Villamur) que se encontraba estacionado en el ingreso del garage de su domicilio ubicado en la calle Colombia 265 de la ciudad de Tandil, fue embestido por el vehículo marca Suzuki Vitara dominio GCT553 (propiedad del Sr. Gustavo Javier Michelotto), conducido -en esa oportunidad- por la Sra. María Belén Otero. El anterior sentenciante, luego de tener por acreditada la responsabilidad exclusiva de la embistente en la producción del siniestro, admitió los rubros indemnizatorios por los montos que seguidamente se indicarán: a) daño emergente por la suma de $ 404.706,22; b) privación de uso por $ 50.000; c) incapacidad psicofísica por $ 10.383.870; d) gastos médicos y farmacéuticos por $ 4.700; e) gastos de tratamiento psicológico futuro por $ 172.800 (tomados a la fecha de la pericia 9/6/21); y f) daño moral por $ 400.000.
La sentencia desestimó el reclamo en concepto de pérdida del valor venal del rodado embestido; fijó la forma de aplicar los intereses de acuerdo al momento en que se determinaron los montos de los rubros indemnizatorios; extendió la condena a la compañía aseguradora de la parte demandada (La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales); e impuso las costas a los demandados vencidos.
II.-
El mencionado decisorio fue apelado por la parte actora con fecha 7/9/23 y por los demandados y la citada en garantía el 12/9/23.
LOS AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA:
El primer agravio de la Sra. Villemur se refiere al monto de condena por incapacidad sobreviniente, al que considera insuficiente.
Entiende la recurrente, que para merituar el monto de incapacidad, no corresponde tomar el salario ($ 236.468,42) que percibía la actora, informado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Bs. As. a valores del mes de marzo de 2023, sino el valor actualizado al momento de la sentencia. A tal fin, solicita que desde esta instancia, se oficie a la mencionada Dirección para que actualice el informe del 13/4/23 considerando el cargo que desempeñara la actora.
El segundo agravio, cuestiona el monto concedido en concepto de daño moral, por considerarlo insuficiente para reparar el sufrimiento padecido por la actora; y por entender que no guarda proporción con la gravedad del perjuicio causado.
Por tales motivos, solicita se lo eleve a un monto equivalente al 20% de la suma correspondiente a la indemnización por el rubro incapacidad psicofísica.
LOS AGRAVIOS DE LA PARTE DEMANDADA Y CITADA EN GARANTIA:
Mediante el primer agravio, la demandada y la citada en garantía, cuestionan la atribución de responsabilidad, sosteniendo -en lo sustancial- que, de haberse encontrado el rodado de la actora en la posición indicada por el perito y admitida en la sentencia (con dos ruedas sobre la vereda y las otras sobre la calle), el impacto no podría haberse producido a la altura de la puerta delantera izquierda como muestran las fotografías agregadas al expediente.
Agrega que el impacto en esa zona del rodado se justifica como consecuencia de una maniobra intempestiva de giro de la actora para ingresar a su vivienda.
Por tales razones, pretende la revocación de la sentencia o, en su defecto, la distribución del porcentaje de responsabilidad. En el segundo agravio, las recurrentes cuestionan el porcentaje de incapacidad establecido; concretamente el determinado por la perito psicóloga, en tanto, a su entender, se basa en las afirmaciones de la actora y no en las evaluaciones requeridas por los baremos de la especialidad.
Objetan también la fórmula tomada por el anterior sentenciante para realizar el cálculo indemnizatorio, considerando que debe aplicarse la elaborada por Acciarri por ser ésta la utilizada por la Cámara Departamental, agraviándose naturalmente también, del monto que arroja el rubro indemnizatorio en cuestión.
Finalmente, y como tercer agravio, cuestionan el monto otorgado en concepto de daño moral por considerarlo elevado y carente de fundamento.
III.-
Siguiendo un orden lógico, debo comenzar el tratamiento de los agravios por el planteado por los demandados y la citada en garantía, referido a la atribución de responsabilidad, para luego, en caso de corresponder, analizar los referidos a los rubros que vienen cuestionados y los montos admitidos en la sentencia de grado.
Tal como lo expresara el anterior magistrado en la sentencia con cita de un precedente de esta Sala, la cuestión se rige por el art. 1113 del Código Civil, bastándole a la actora con probar el daño, la relación causal, el riesgo de la cosa, y el carácter de dueña o guardiana de la demandada. Mientras que esta última, deberá responder por el daño que con la cosa riesgosa se produzca, pudiendo eximirse de responsabilidad si acredita que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño.
En esa misma dirección, en materia de responsabilidad derivada de la aplicación del art. 1113, 2° apartado, 2° párrafo del Cód. Civil, la jurisprudencia es pacífica en interpretar que la carga probatoria funciona en dos tiempos: uno a cargo de la víctima del hecho y el otro del dueño o guardián de la cosa sindicada como causante del mismo.
Es así que la víctima sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal entre la actuación de la cosa y el daño (S.C.B.A., Ac. 33.743, sent. del 14- 10-86, “Domínguez de Tevez” Ac. y Sent. 1986-III, 442; Ac. 47.075, sent. del 6-4-93, “Criado”; Ac. 51.750, sent. del 23-5-95, “Lezcano de Miguel”, Ac. Y Sent. 1995-II, 404; Ac. 70.665, sent. del 4-4-01, “Quiñones”, D.J.B.A. 160- 228; Ac. 78.731, sent. del 12-9-01, “Petroni”; Ac. 79.892, sent. del 19-2-02, “García”; esta Cámara, Sala II, causas nº 45.685, “Colazo”, del 11.09.03.; n° 53.827, “Leiro”, del 19.10.2010; esta Sala, causas n° 51.130, “Cagnoli S.A.”, del 06.12.07.; n° 56170, “Masson”, del 17.05.12.; n°57.753, “Medrano…” del 04.07/6.13.; n° 58.497, “Parra…” del 11.02.14; n° 60.778, “González” del 1/9/16, entre muchas otras).
Por su parte, y probados los extremos que exige el art. 1113 del Cód. Civil, es a cargo del dueño –para desviar o atenuar su responsabilidad- demostrar la causa ajena, consistente en la culpa de la víctima o de un tercero por quien aquél no deba responder. En tal caso, el elemento subjetivo –la culpa de la víctima o del tercero- sólo interesa como eximente de responsabilidad y no como factor de atribución (esta Sala, causas nº 41.466, “Abrigo”, del 17.08.2000; n° 58.497, “Parra…” del 11.02.14; n° 60.778, “González” del 1/9/16, entre otras).
En el caso que nos ocupa, los extremos antes indicados cuya prueba estaba en cabeza de la actora (el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal entre la actuación de la cosa y el daño), están fuera de discusión, por lo que quedaría por esclarecer si se encuentra acreditada la culpa de la víctima como causal de eximición de responsabilidad.
En ese marco -como quedó dicho-, el magistrado de la anterior instancia tuvo por acreditada la responsabilidad exclusiva de la parte demandada en la producción del hecho dañoso basándose para arribar a tal conclusión en el resultado de la pericia mecánica llevada a cabo por el ingeniero Behotas, quien consideró que la colisión se produjo encontrándose detenido el auto de la actora antes de ser impactado; como asimismo que la demandada debió intentar una maniobra de esquive del rodado de la actora por el lado derecho de la calzada.
En este punto, considero adecuado hacer una breve referencia a la fuerza probatoria de la prueba pericial. Al respecto, esta Sala tiene reiteradamente dicho que “si bien es cierto que las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal, no lo es menos que cuando el mismo comporta la necesidad de una apreciación específica del campo del saber del perito –técnicamente ajena al hombre de derecho- para desvirtuarla es imprescindible traer elementos de juicio que le permitan fehacientemente concluir en el error o el inadecuado uso que en el caso el perito ha hecho de los conocimientos científicos de los que, por su profesión o título habilitante ha de suponerse dotado, ya que la sana crítica aconseja cuando no existe otra prueba de parejo tenor que lo desvirtúe, aceptar las conclusiones periciales (C.N.Civ., Sala F, 2/9/83; E.D., T.106, p.487; Palacio Lino E., “Derecho Procesal Civil”, T.II, p. 720)" (causas nº 28.243, “Palermo” del 27.11.86.; nº 54.337 “El 34.899” del 22.12.10.; nº 54.908 “Vidaguren” del 07.07.11.; n° 55.358, “Strosio”, del 01.12.11.; n° 55.573, “De Lorenzo” del 15.12.11., entre muchas otras).
De manera que en virtud de lo dicho, el dictamen pericial puede no ser compartido por el juez, tal como ha quedado reflejado en distintos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (CSJN, causa M. 341.XXXVI “Migoya, Carlos Alberto c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ Daños y Perjuicios”, del 20.12.11. y C. 105.191, “Sánchez, José Luis c/ Ramírez, Daniel s/ Daños y Perjuicios”, del 03.10.12., respectivamente, con sus citas).
Es que el art. 474 del C.P.C.C. sienta pautas muy precisas sobre esta cuestión, disponiendo que “La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funden, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca.”
De modo que ambas Cortes (local y nacional), han privado de valor probatorio al dictamen pericial que no se funda en motivaciones valederas (conf. art. 474 del C.P.C.C.; causas B. 49.103, sent. de 5-VII-1988 y B. 52.366 ya cit.)” (SCBA, causa C. 105.191, “Sánchez…” del 3/10/12 y CSJN, causa M. 341.XXXVI “Migoya…”, del 20/12/11). Analizando la situación que se presenta en autos a la luz de lo dispuesto por el art. 474 del CPCC que establece la manera en que debe estimarse la fuerza probatoria del dictamen pericial, y de lo resuelto al respecto por la Corte Federal primero y por el Máximo Tribunal provincial después, considero que las conclusiones periciales –al menos- en lo que al punto en análisis se refiere aportan el grado de convicción necesario para resolver la cuestión basándose exclusivamente en las mismas (esta Sala, causa n° 60.451, “Muñoz” del 18/2/2016, entre otras). En efecto, observando las deformaciones de los vehículos, el perito accidentológico (ingeniero Behotás), encontró verosímil la descripción de los hechos narrados por la actora, destacando que, al momento del impacto, el automóvil de esta última, se encontraba detenido; encontrándose uno con relación al otro, en una posición de 90°. Luego de evaluar y descartar otras posibles situaciones causales del accidente, y de constatar que el vehículo de la actora no fue desplazado de su trayectoria original de ingreso al garaje, como asimismo, las características de la calzada y de las aceras, el experto concluyó que fue la conducta de la demandada la causal del siniestro, al equivocar la maniobra adecuada para evitar el impacto (esquivar el vehículo de la actora por el lado derecho donde había espacio de sobra para hacerlo). Al responder las observaciones de las partes, el perito Behotás, destacó que la maniobra de la actora se encontraba finalizada, detenida con dos ruedas subidas a la acera y con las dos posteriores sobre la calzada, siendo la demandada quien, de manera evasiva, va hacia la posición de la actora desviándose hacia la vereda izquierda, teniendo toda la calzada hacia su derecha despejada por detrás del vehículo.
Las consideraciones del perito -a mi modo de ver- , resultan relevantes y suficientes para confirmar las conclusiones del magistrado al respecto, en tanto revelan que la demandada no circulaba con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo de vehículo teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito, conforme lo exige el art. 39 inc. b) y anteúltimo párrafo de la ley 24.449.
Luego de la evaluación efectuada, no encuentro elementos que contradigan de manera contundente las afirmaciones del perito accidentológico, que permitan apartarme de sus conclusiones técnicas.
Recordemos aquí lo dicho anteriormente acerca del funcionamiento en dos tiempos de la carga probatoria, donde la víctima debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián del demandado, el riesgo o vicio de la cosa y la relación de causalidad entre esta y el daño; mientras que se encuentra a cargo del demandado la acreditación de la causa ajena, es decir, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder; extremos éstos que el Sr. Michelotto no ha logrado probar. En consecuencia, propongo al acuerdo confirmar el aspecto de la sentencia referido a la atribución de la responsabilidad. Resuelta la cuestión preliminar relacionada con la atribución de responsabilidad, corresponde ahora el tratamiento de los agravios referidos a los rubros indemnizatorios y sus montos.
Comenzaré con el primer agravio de la Sra. Villemur referido al monto de condena por incapacidad sobreviniente, al que considera insuficiente; y para cuya cuantificación, pretende que se tome el valor actualizado al momento de la sentencia, del salario que percibía la actora a la fecha del hecho. A tal fin, solicita que, desde esta instancia, se oficie a la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Bs. As. para que actualice el informe del 13/4/23 considerando el cargo que desempeñara la Sra. Villemur.
Dicha medida fue ordenada mediante interlocutorio de fecha 26/6/24, cuyo resultado será tenido en cuenta al momento de formular el cálculo indemnizatorio del rubro incapacidad psicofísica. Siguiendo un orden lógico, seguidamente corresponde abordar el segundo agravio de la parte demandada y la citada en garantía, donde cuestionan el porcentaje de incapacidad establecido por la perito psicóloga, por fundarse -a su entender-, en las afirmaciones de la actora y no en las evaluaciones requeridas por los baremos de la especialidad.
Objetan también la fórmula tomada por el anterior sentenciante para realizar el cálculo indemnizatorio, considerando que debe aplicarse la elaborada por Acciarri por ser ésta la utilizada por la Cámara Departamental, agraviándose naturalmente también, del monto que arroja el rubro indemnizatorio en cuestión.
Comenzando por el porcentaje de incapacidad, debo señalar que las observaciones formuladas por la citada en garantía al informe de la perito psicóloga Etchemendi, se sustentan en la insuficiencia de las respuestas a los puntos propuestos, destacando que las mismas se dan sin haberse realizado la anamnesis (interrogatorio dirigido a determinar los antecedentes heredofamiliares, personales, historia vivencial y antecedentes de la enfermedad actual, etc.); razón por la cual objeta el diagnóstico de la experta (Trastorno por estrés post traumático severo) y, consecuentemente, el porcentaje de incapacidad estimado (30%).
La respuesta de la profesional a las mencionadas observaciones, no aporta al dictamen la claridad esperada y necesaria para fijar el monto indemnizatorio en un rubro tan sensible como el que nos ocupa, en base al porcentaje de incapacidad estimado por la perito psicóloga; porcentaje que, a mi modo de ver, y por las razones que seguidamente expondré, resulta excesivo.
En esa dirección, y en virtud de lo precedentemente expuesto acerca de la fuerza probatoria de la pericia (a lo que me remito e honor a la brevedad), debo señalar que en casos de mayor entidad que el presente, las pericias psicológicas han estimado porcentajes de incapacidad sensiblemente inferiores al aquí fijado por la Licenciada Etchemendi; precedentes que encuentro adecuado tomar como parámetros de revisión debido a su implicancia en materia de daños y a la autoridad de los Tribunales que los dictaron.
Veamos:
En el caso “Mosca” (causa M. 802.XXXV), del 6/3/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con competencia originaria), como consecuencia del accidente que motivó el proceso, el actor (que se desempeñaba como chofer) padeció un traumatismo cortante en su ojo izquierdo que le ocasionó la pérdida del 80% de la visión del mismo; circunstancia por la que tuvo que dejar la actividad laboral que realizaba. En el peritaje psicológico se afirma que el demandante sufrió una depresión moderada vinculada a la pérdida de la visión y a la consecuente pérdida de la posibilidad de seguir trabajando como chofer -circunstancia que lo afectó económica y psicológicamente-, y se advierte que está en un proceso de elaboración de ese duelo, observándose una leve mejoría. Según la estimación de la experta, el Sr. Mosca presentaba una incapacidad del 10%, correspondiente a una depresión leve, en proceso de recuperación.
Ulteriormente, se aclara que el actor podía continuar el proceso de recuperación por medio de un tratamiento terapéutico, “elaborando mejor la pérdida, y disminuyendo la incapacidad a un 3% o 5% (siempre teniendo en cuenta el carácter de aproximación que estas cuantificaciones revisten)”, incapacidad que no revertiría totalmente “dado que las limitaciones físicas sufridas son permanentes y han tenido un alto costo para el sujeto”.
El otro de los precedentes aludidos, se trata del reciente caso “Barrios” (causa C. 124.096) del 12/4/24, donde la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un accidente de mayor entidad que el que aquí nos ocupa, modificando la sentencia de Cámara, admitió el daño psíquico estableciendo en un 10% el porcentaje de incapacidad psíquica parcial y permanente del Sr. Barrios, quien al momento de la pericia presentaba trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo, en relación directa con los hechos denunciados; y para la Sra. Núñez, el 8% de incapacidad psíquica parcial y permanente, por presentar el mismo trastorno que Barrios, naturalmente en menor grado, también en relación con los hechos denunciados. Confrontando el caso bajo análisis con los mencionados precedentes, como así también con otros de esta Sala, como la reciente causa n° 71.807, “Pérez” del 13/8/24 donde la actora que viajaba de noche por la ruta nacional 226 con su hija y una amiga de esta última, embistió una piara de jabalíes que cruzó la cinta asfáltica, como consecuencia de lo cual se produjo el vuelco del automóvil.
Allí, la perito psicóloga interviniente, diagnosticó a las participantes del accidente con trastorno por estrés post traumático, determinando una incapacidad psicológica parcial no permanente leve para la conductora del vehículo y para su hija, estimando los porcentajes de incapacidad en el 5% y 8% respectivamente; y moderado para la amiga, con un 13%.
Para todos los casos sugirió tratamiento psicológico tendiente a remitir el trastorno.
Como puede apreciarse, los porcentajes de incapacidad constatados por los peritos en supuestos de mayor gravedad, resultan sensiblemente menores a los estimados por la perito interviniente en estas actuaciones, al punto que, en el citado precedente “Pérez” de esta Sala, el evento dañoso (vuelco del vehículo luego de impactar una piara de jabalíes), ni siquiera produjo una incapacidad permanente indemnizable. Por las razones expuestas, concluyo que el 30% de incapacidad psicológica permanente estimado por la perito, resulta excesivo teniendo en cuenta la magnitud del hecho y de las secuelas que el mismo pudo producir en la actora.
Nótese que el daño sufrido por el vehículo es menor, tanto que no se ha constatado afectación de su valor venal, lo que da cuenta de la poca magnitud del impacto. Esta circunstancia lleva a concluir sobre la baja incidencia del mismo en la estructura psíquica de la actora. Dicha conclusión se ve reforzada por el bajo porcentaje (14%) de incapacidad física parcial y permanente determinado por el perito médico Dr. Farina, como consecuencia de las secuelas de las lesiones sufridas por la actora en la columna cervical.
En este contexto, encuentro infundado el diagnóstico de la actora (Trastorno por estrés post traumático severo) efectuado por la Lic. Etchemendi, y excesivo el 30 % de incapacidad psicológica parcial y permanente estimado por la perito.
En cambio, encuentro razonable y propongo al acuerdo fijar dicho porcentaje en un 5%.
Sin perjuicio de ello, considero que asiste razón a la demandada y citada en garantía recurrentes, acerca de la fórmula de cálculo utilizada por el anterior sentenciante.
Para ello, entiendo oportuno destacar que:
“…abierta la competencia revisora sobre la cuantificación de un rubro indemnizatorio, la Alzada se encuentra habilitada para revisar su justicia de conformidad con sus propios parámetros de cuantificación…” (Sala II Dptal.; causa n° 63.882 en autos “Traveler” del 15.08.19.; conf. argto. arts. 164 y 272 C.P.C.C.; con cita de S.C.B.A., C 117.926 en autos “P., M.G” del 11.02.15.).
Este tribunal, receptando los preceptos antes reseñados, viene utilizando la llamada fórmula polinómica o matemática. La misma, permite encontrar un capital que, invertido a una tasa de interés pura constante, conduce a extraer, en períodos regulares, un monto igual a las ganancias de las cuales la víctima se ve privada en virtud de su incapacidad y el capital así determinado se agotará transcurrido el número de períodos que se estime como relevante (Acciarri, Hugo e Irigoyen Testa Matías “La utilidad, significado y componentes de las fórmulas para cuantificar indemnizaciones por incapacidades y muertes L.L. 9/02/2011, “Fórmulas Empleadas por la Jurisprudencia Argentina Para Cuantificar Indemnizaciones por Incapacidades y Muertes” por Hugo A. Acciarri y Matías Irigoyen Testa, ap. II.2, en La Ley Online 2009 y en RCyS 2011-III, 3; esta Sala, causa n° 71.812, “Meire” del 13/8/24).
Dicha fórmula se compone de los siguientes parámetros:
C= a. (1+i) n-1 i.(1+i) n Donde:
C = capital a determinar.
1 = 1a = ganancia afectada, para cada período.
A continuación, procederé a determinar las diversas variables a considerar.
En lo que concierne a la variable ingreso, debe incorporarse como ingreso mensual neto de la actora la suma de $ 708.308, correspondiente al salario informado por Suteba para el mes de mayo de 2024 como correspondiente a la categoría V1- Vice director de 1era. que poseía la actora al momento del accidente, al cual se le adecuó la antigüedad.
En efecto, según el certificado de servicios expedido por la Dirección Provincial de Educación Inicial con fecha 13/4/23, la Sra. Marcela Villemur se desempeñó en el cargo indicado en el párrafo anterior desde el 8/9/2011 hasta el 01/02/2018, y conforme la propia actora lo indica en su escrito inicial, desde la fecha del accidente le quedaba una vida laboral útil de 13 años; por lo tanto, corresponde computar una antigüedad de 17 años y no de 24 como consigna el recibo de Suteba acompañado en Alzada por la accionante con fecha 30/7/24.
En consecuencia, apreciando las variantes mencionadas, puede razonablemente estimarse que, si la Sra. Villemur no hubiera sufrido las secuelas incapacitantes acreditadas, habría podido obtener un ingreso anual de $ 9.208.004 (incluyendo el sueldo anual complementario).
i = tasa de interés a devengarse durante el período de extracción considerado.
En lo que respecta a dicha variable, este Tribunal, venía aplicando como tasa de descuento el 6% anual (esta sala en causas n° 65.076, “Otano” del 15.12.20.; n° 65.736, “Martínez” del 22.12.20.). Pero ese porcentaje, era predominantemente utilizado en aquellos años en los que la moneda nacional se encontraba regida por la ley de convertibilidad, o en los que la inflación nominal resultaba relativamente baja.
Ese contexto, difiere del que desde hace tiempo se viene dando en nuestro país. En efecto, es sabido que la inflación que aqueja a nuestra economía desde hace varios años no solo dificulta la tarea de cuantificar rubros indemnizatorios, sino que además distorsiona nuestras percepciones sobre el contenido económico real de los créditos que son objeto de pretensiones indemnizatorias.
La depreciación de la moneda en la que se expresan las indemnizaciones también obliga a guardar especial cautela al momento de seleccionar los métodos y/o las operaciones a los fines de justipreciar las mismas. A partir de ello, entiendo que una tasa de descuento del 4% permitirá a la actora, en función de la realidad económica que atraviesa el país, compensar tanto la inflación como la depreciación monetaria referenciada (conf. esta Sala en causas n° 69.028; “Pérez” del 20.10.22.; n° 71.812, “Meire” del 13/8/24).
n = períodos restantes hasta el límite de la edad productiva o expectativa de vida presunta de la víctima (es una determinación judicial y no necesita coincidir con la edad jubilatoria). Para la determinación de este dato, resulta relevante la afirmación de la accionante efectuada en el escrito inicial donde manifestó que le quedaban 13 años de vida útil; expresión que marca el límite temporal en el que debe agotarse el capital indemnizatorio productor de intereses.
En lo que hace al porcentaje de incapacidad psicofísica, el mismo resulta modificado en virtud de la reducción dispuesta respecto de la incapacidad psicológica, quedando determinado en el orden del 18,3 %, donde la incapacidad prevaleciente pasó a ser la física (14%), debiendo calcularse la psicológica sobre el remanente (5% sobre el 86% restante = 4,3%).
Así, y luego de incorporar los datos mencionados precedentemente a la fórmula actuarial analizada, surge como monto indemnizatorio en concepto de incapacidad psicofísica (a la fecha del presente decisorio), la suma de $ 16.826.463 (pesos dieciséis millones ochocientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y tres), cuyo pago estará a cargo de la demandada y de la citada en garantía hasta el límite del seguro. Teniendo en cuenta que el monto indemnizatorio en concepto de incapacidad psicofísica ha sido fijado a valores actualizados, el mismo devengará una tasa de interés pura del 6% anual desde la fecha del hecho (15/06/2015) hasta la fecha del dictado de ésta sentencia, y de aquí en adelante, y hasta su efectivo pago, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días.
En este punto, considero oportuno aclarar que, por las mismas razones expuestas respecto de la incapacidad psicológica, llama la atención de este Tribunal -por elevado-, el porcentaje (14%) de incapacidad física parcial y permanente estimado por el perito médico Dr. Farina en la pericia del 16/8/22; sin perjuicio de lo cual, el mismo no será objeto de revisión debido a la restricción que en tal sentido impone el principio de congruencia (conf. arts. 266 y 274 del CPCC).
Finalmente, abordaré el análisis del daño moral, que -como quedó dicho-, la actora lo objeta por bajo, y la demandada y la citada en garantía lo hacen por alto y carente de fundamentación. Respecto al daño moral, la Corte Nacional en el precedente “Mosca”, dijo: “…Que resulta procedente el reclamo de daño moral, detrimento que por su índole espiritual debe tenérselo por configurado por la sola producción del evento dañoso, ya que se presume la lesión por la índole de la agresión padecida; la inevitable lesión de los sentimientos del demandante. A los fines de la fijación del quantum, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 316:2894; 321:1117; 325:1156; 326:820 y 847)”.
La Suprema Corte provincial ha desarrollado la tesis de que el daño moral es “todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado” (S.C.B.A. L58812, 25/3/97, “Obregón”, D.J.B.A. 152, 274- 284; L65757, 23/2/2000, “Villagrán”, D.J.B.A., 158, 85; L68063, 21/6/2000, “Montovio”). Más explícitamente, “el daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral” (S.C.B.A. Ac. L55728, 19/9/95, “Toledo”, A. y S. 1995 III,635; Ac. 53110, 20/9/94, “Colman”, D.J.B.A. 147-299; J.A. 1995-III-183, A. y S. 1994- III-737), (esta Cámara, Sala II, causas nº 45.193, sent. del 25-2-03, “Santillán”, voto del Dr. Galdós, y nº 45.685, sent. del 11-9-03, “Colazo”, voto del Dr. Peralta Reyes; esta Sala, causas nº 51.028, “Sarachu...”, del 20.09.07., nº 50.982, “Saez...”, del 06.12.07., nº 52.167, “Sánchez...”, del 15.04.09., nº 53.758, “Rebollo…”, del 03.02.10, entre otras).
Conceptualizado de esta manera, su admisibilidad - que no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica y su titularidadconlleva a que su determinación se efectúe precisamente atendiendo a todos los padecimientos y aflicciones que las lesiones presumiblemente pudieron haber provocado en el estado anímico y en la vida de relación de la víctima (esta Sala, causas nº 50.427, “Basso...”, del 12.04.07., nº 51.028, “Sarachu...”, del 20.09.07., nº 50.982, “Saez...”, del 06.12.07., nº 52.167, “Sánchez...”, del 15.04.09, nº 53.758, “Rebollo…”, del 03.02.10, n° 62.782, “Castelao”, del 1/3/19; n° 64.638, “Arrieta” del 12/12/19, entre otras). Precisando este concepto, la Corte Provincial, sostuvo: “… el daño moral debe ser determinado en función de la entidad que asume la modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir y por la repercusión que tal minoración determina en el modo de estar de la víctima, que resulta siempre anímicamente perjudicial. El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, etcétera, son sólo elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido (conf. Pizarro y Vallespinos, op. cit., p. 233). Al respecto, como parámetros computables, deberán estimarse las circunstancias del caso a fin de que se pueda desentrañar la incidencia que el daño produjo sobre la persona del damnificado. Entre tales circunstancias deberán estimarse -entre otros aspectos- la personalidad del damnificado (edad, sexo, condición social, su particular grado de sensibilidad); si el damnificado es directo o indirecto… la índole de las lesiones sufridas; la posible influencia del tiempo, como factor coadyuvante para agravar o mitigar el daño moral; … la gravedad del padecimiento espiritual, la realidad económica del país al tiempo de dictarse sentencia…” (SCBA, C. 117.926, del 11/2/15; esta Sala causas n° 59.530, “Montagna…” del 16/04/15; n° 59.648, “Tagliani…” del 16/6/15; n° 60.562, “Ferrara…” del 23/3/16, y n° 62.782, “Castelao”, del 1/3/19; n° 64.638, “Arrieta” del 12/12/19, entre otras).
Desde otra perspectiva, resulta procedente destacar que el último párrafo del art. 1741 del CCyC -aplicable a estas actuaciones-, refiriéndose a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, dispone que el monto de las mismas debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.
Estas satisfacciones sustitutivas consisten en el “precio del consuelo” que procura la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias; se trata de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado, de permitirle acceder a gratificaciones viables, confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea, para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena (Iribarne, “De los daños a la persona” págs. 143, 153, 401, 599, citado en “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado”, T. VIII, arts 1614 a 1881, dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 503, comentario al art. 1741 por Jorge M. Galdós).
En el comentario al art. 1741, sigue diciendo el Dr. Galdós que esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades; etcétera, que le permitan a la víctima, como lo decidió la Corte nacional, “obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales”. Agregó que “aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. El dinero no cumple una función valorativa exacta; el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida. (“Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado.” págs. 503/504) (esta Sala, sentencia única en causas n° 61.572 “Basualdo”, n° 61.573 “Pereyra” del 14/3/17; n° 62.782, “Castelao”, del 1/3/19; n° 64.638, “Arrieta” del 12/12/19; n° 65.737, “Ibarlucía” del 8/10/20, entre muchas otras).
En base a las consideraciones precedentes, considero que la indemnización en concepto de daño moral debe ser elevada a la suma de $ 900.000 a valores actuales al momento del dictado de la presente sentencia; suma que, a mi modo de ver, compensa adecuadamente las aflicciones padecidas por la actora.
Teniendo en cuenta que el monto indemnizatorio en concepto de daño moral, ha sido fijado a valores actualizados, el mismo devengará una tasa de interés pura del 6% anual desde la fecha del hecho (15/06/2015) hasta la fecha del dictado de esta sentencia, y de aquí en adelante, y hasta su efectivo pago, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días. Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Louge Emiliozzi adhirió por los mismos fundamentos al voto precedente.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Sra. Jueza Dra. Comparato dijo:
Atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, corresponde: 1) Modificar la sentencia de primera instancia con los siguientes alcances: a) elevando a la suma de $ 16.826.463 el monto indemnizatorio reconocido en concepto de incapacidad psicofísica; y b) elevando a la suma de $ 900.000 el monto indemnizatorio reconocido en concepto de daño moral, en lo que ha sido materia de agravios; 2) En lo que respecta a las costas de Alzada, sabido es que ha de estarse al resultado del recurso (S.C.B.A., C. 89.530, “Díaz…”, del 25.02.09., entre muchas otras; esta Sala, causas n° 53.223, “Orella…”, del 21.10.09., n° 59.348, “Piriz…” del 10/2/15, entre muchas otras); motivo por el cual corresponde distribuirlas en un 40% a cargo de la demandada y citada en garantía en el 60% restante a cargo de la actora (art. 71 del CPCC); 3) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 31 del Dec. Ley 8904/77.
Así lo voto.-
El Sr. Juez Dr. Louge Emiliozzi adhirió por los mismos fundamentos al voto precedente.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC.; se Resuelve:
1. Modificar la sentencia de primera instancia con los siguientes alcances: a) elevando a la suma de $ 16.826.463 el monto indemnizatorio reconocido en concepto de incapacidad psicofísica; y b) elevando a la suma de $ 900.000 el monto indemnizatorio reconocido en concepto de daño moral, en lo que ha sido materia de agravios; 2) En lo que respecta a las costas de Alzada, sabido es que ha de estarse al resultado del recurso (S.C.B.A., C. 89.530, “Díaz…”, del 25.02.09., entre muchas otras; esta Sala, causas n° 53.223, “Orella…”, del 21.10.09., n° 59.348, “Piriz…” del 10/2/15, entre muchas otras); motivo por el cual corresponde distribuirlas en un 40% a cargo de la demandada y citada en garantía en el 60% restante a cargo de la actora (art. 71 del CPCC); 3) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 31 del Dec. Ley 8904/77.
Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf.art.10 del Reglamento para presentaciones y notificaciones electrónicas (SCBA. Ac.4039 del 14/10/2021) y oportunamente devuélvase.-
MODIFICA
Fin de la sentencia