Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 71823
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar parcialmente la sentencia apelada de fecha 18/10/2023, en cuanto hizo lugar a la pérdida de chance reclamada por el actor y cuantificó este rubro en la suma de $ 5.000.000, debiendo limitarse la condena del demandado al pago de las costas generadas en el juicio que culminó con la declaración de caducidad de instancia (expediente n° 50.169).
2Consecuentemente, condenar al demandado a pagar los importes correspondientes a los honorarios regulados y percibidos por el Dr. Ernesto Erramouspe (21,44 jus, con más aportes) y por la Dra. Mariela Grill (11 jus, con más aportes e IVA), a los que se deberán adicionar intereses a la tasa del 6% anual, desde el momento en que estos letrados percibieron los fondos (22/3/2021 y 25/3/2021, respectivamente) y hasta el efectivo pago.
3Rechazar el agravio del demandado referido al daño extrapatrimonial y al daño psicológico, adquiriendo firmeza lo resuelto en la sentencia apelada respecto de estos conceptos indemnizatorios (art.260 del C.P.C.C.).
4Rechazar el agravio del demandado relativo a los intereses sobre los montos indemnizatorios del daño extrapatrimonial y del daño psicológico, adquiriendo firmeza lo decidido en la sentencia apelada con relación a estos intereses.
5Mantener la imposición de las costas de primera instancia al demandado, conforme se dispuso en la sentencia apelada, dado que la limitación de condena que se dispone en la presente sentencia, no le quita al accionado su condición de vencido en el …
Causa nº: 2-71823-2023 "SOSA FRANCISCO MARTIN C/ M. C. J. F. S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los veintinueve días del mes de Agosto del año Dos Mil Veinticuatro, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dra. María Inés Longobardi y Dr. Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Sosa Francisco Martín c/ M. C. J. F. s/ Daños y Perjuicios" (Causa n°71823). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 18/10/2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Francisco Martín Sosa promovió demanda de daños y perjuicios por responsabilidad profesional contra el Dr. J. F. M. C., con quien mantuvo una relación contractual de locación de servicios profesionales y mandato, la que surge de la copia del poder otorgado a dicho letrado con fecha 23/11/2018, que se agrega con el escrito de demanda. Señala el accionante que el Dr. M. C. se encuentra matriculado como abogado en el Colegio de Abogados de Azul, y que por ello “es el legitimado pasivo de la relación contractual (locación de servicios profesionales y contrato de mandato) establecida entre abogado-cliente”. Y agrega, en alusión al letrado demandado, que es “su manera negligente e imperita en extremo, de cumplir con las obligaciones a su cargo que me ha generado los daños que vengo a reclamar en la presente demanda” (ver escrito de demanda de fecha 6/9/2022).
Puntualizó el actor que, por carecer de vivienda propia y ante la publicidad de la inmobiliaria de Turi Zangari ofreciendo un plan de viviendas denominado “Palermo Norte”, accedió a la firma de un boleto de compraventa con la firma ZYA S.A., la cual se comprometió a entregarle una unidad funcional (dúplex) en la fecha establecida en este instrumento (por su parte, el actor debía pagar el precio mediante una entrega inicial a la firma del boleto, y el saldo financiado en ciento veinte (120) cuotas mensuales y consecutivas). Dijo el accionante que, vencida la fecha de entrega en el mes de enero de 2016 y habiendo verificado personalmente que la obra no avanzaba conforme a lo establecido, comenzó a efectuar reclamos por diferentes vías extrajudiciales, hasta que decidió reclamar por vía judicial, a cuyo efecto otorgó el referido poder a favor del Dr. J. F. M. C. Prosiguió señalando que, cumplida la etapa de mediación previa se pasó a la etapa judicial, y el día 13/6/2019 se interpuso la demanda que dio inicio al juicio caratulado “Sosa Francisco Martín c/ZYA S.A. s/Daños y Perjuicios por Incumplimiento Contractual” (expediente n° 50.169), en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 1 de la ciudad de Tandil. Y afirmó el actor con referencia a este proceso, que su apoderado solicitó la apertura de una cuenta judicial donde se depositarían las cuotas comprometidas; por lo que, en función de ello, realizó los depósitos de las cuotas en la cuenta judicial y luego llevó los respectivos comprobantes al Dr. M. C., quien debía acreditarlos en el expediente judicial. Agregó el accionante que, tanto el inicio del juicio como el depósito de las cuotas, debía ser notificado a la parte demandada a fin de que tomara debido conocimiento del cumplimiento de las obligaciones por él asumidas en el mencionado boleto de compraventa. Sin embargo, expresó el actor que “nunca se dio traslado de la demanda, ni se notificó la apertura de la cuenta judicial ni se informaron a la demandada todos los pagos realizados por mí mes a mes en tiempo y forma”.
Continuó señalando el actor que el letrado siempre le contestó con evasivas, por lo que, necesitando otra opinión sobre el tema, consultó con una letrada que le informó la realidad de los hechos. Así le hizo saber esta letrada que, en el mes de febrero de 2021, se había declarado la caducidad de la instancia en el referido juicio iniciado -en su representación- por el Dr. M. C., se le habían impuesto las costas y se libraron giros judiciales -sobre los fondos depositados en la cuenta- para satisfacer los respectivos honorarios, siendo que esos fondos estaban destinados a abonar las cuotas del mencionado boleto de compraventa suscripto entre el actor y la firma ZYA S.A.
Sostuvo el accionante, seguidamente, que ante esta difícil situación en que lo había colocado quien era su apoderado, le revocó el poder oportunamente otorgado, y al no haberle quedado otra opción, tuvo que renegociar una novación del boleto de compraventa oportunamente firmado con ZYA S.A., lo que se concretó con la firma de la denominada: “Adenda del boleto de compraventa” de fecha 14/12/2021, que también se allega con la demanda (más adelante, en el apartado pertinente de este voto, me referiré a los términos de esta “adenda”).
Dijo el actor que, a través de esta demanda, se pretende que el letrado demandado “responda por los daños y perjuicios que su negligente actuación profesional produjo no sólo en mi patrimonio sino también en mi salud y vida personal”. En el capítulo referido a los daños, reclamó daño emergente por la suma de $ 1.568.707,90, pérdida de chance por la suma de $ 516.305,80, daño extrapatrimonial por la suma de $ 700.000 y daño psicológico por la suma de $ 300.000, lo que hace un total de $ 3.085.013,70, con más la actualización pertinente por tratarse de una deuda de valor, con más intereses y costas del juicio.
II. La referida demanda fue contestada por J. F. M. C., mediante apoderado, quien aceptó la responsabilidad que le cabe por la caducidad de instancia decretada en los autos caratulados “Sosa Francisco Martin c/ZYA S.A. s/Daños y Perjuicios por Incumplimiento Contractual”, y manifestó que está dispuesto a reparar los reales perjuicios que su accionar ha ocasionado. Pero, por el contrario, rechazó la reclamación del actor en cuanto contiene rubros manifiestamente improcedentes.
Negó que, con posterioridad a la declaración de caducidad de instancia, hubiera acontecido la prescripción de las acciones derivadas del boleto de compraventa suscripto entre Francisco Martín Sosa y la firma ZYA S.A.; y negó que al actor no le quedara otra alternativa que renegociar una novación del boleto de compraventa como consecuencia directa de la caducidad decretada. Asimismo, negó que, como consecuencia de la referida caducidad de instancia, la situación del Sr. Sosa fuera la de un deudor moroso; y señaló que los pagos que éste fue realizando en el transcurso del juicio caduco, no pasaron de ser meros depósitos unilaterales y en muchas oportunidades no respondían a los principios del pago. Sostuvo, además, que “el actor no depositó la totalidad de las cuotas que adeudaba conforme surge de las constancias glosadas al expediente principal”.
En lo atinente a los daños reclamados en la demanda, negó la existencia de un daño emergente con el alcance y cuantía pretendidos en la demanda, y consideró que “el perjuicio irrogado al actor consiste en el pago de las costas judiciales producidas en el marco del expediente donde se declaró la caducidad”; aclarando que, más allá de los honorarios derivados de la intervención de los profesionales que actuaron en ese proceso -Dr. Ernesto Erramouspe por la demandada y Dra. Mariela Grill en el carácter de mediadora-, no hay otro concepto que justifique ser resarcido.
Por lo demás, adujo el accionado que el pago de las cuotas convenidas en el contrato original y/o en la ‘adenda’ suscripta entre el actor y la firma constructora ZYA S.A., en modo alguno pueden serle imputados, ya que son obligaciones inherentes a la relación contractual habida entre comprador y vendedor, que no pueden atribuirse a su parte y que no se vieron alteradas por la caducidad del reclamo promovido. Y se añadió en la contestación de demanda, que “la posterior suscripción de un contrato -denominado ‘Adenda’ por los intervinientes- con el consiguiente efecto de ‘renacimiento’ y/o novación de las obligaciones consignadas en el boleto original, tiene un carácter superador del conflicto que tenían entre ellos, y, por consiguiente, libera totalmente de responsabilidad al Doctor J. M. C., por las consecuencias de dichos actos precedentes” (lo destacado es propio).
Siempre en referencia a esta “adenda” suscripta entre el actor y la vendedora ZYA S.A., el día 14/12/2021, o sea, con posterioridad a la aludida caducidad de instancia, aseveró el aquí demandado que “en esa instancia negocial, ambas partes tuvieron amplia libertad y disponibilidad de sus derechos para llegar al resultado obtenido de su negociación, purgándose todos los posibles incumplimientos recíprocos, privilegiando la continuidad de la relación contractual y acordando los términos que surgen de la Adenda mencionada, donde no se aprecia ningún renunciamiento especial que pueda ser atribuido a los antecedentes donde participó nuestro defendido”. En consecuencia, consideró excesivo el monto reclamado en la demanda de $ 1.568.707,90, en concepto de daño emergente, incluyendo conceptos que se corresponden con el pago de la casa que adquirió el actor; y remarcó que los honorarios profesionales derivados de la caducidad de instancia al Dr. Erramouspe y a la Dra. Grill “constituyen los únicos perjuicios efectivos que padeció el actor por el decreto de caducidad. Nada más”. Por otra parte, negó que exista de manera efectiva la pérdida de chance que se reclama en la demanda, y señaló que “no existe una descripción que permita vislumbrar de manera certera cuales fueron las expectativas ciertas y concretas que se vieron frustradas por la declaración de caducidad”. Agregó que “la estructuración del monto reclamado en un porcentual del reclamo original que arroja un perjuicio de $ 516.305,80, es totalmente arbitrario y antojadizo”. Y más adelante remarcó que “no ha habido pérdida de chance alguna, pues como ya hemos visto, el actor suscribió con ZYA S.A. un nuevo contrato donde renegoció las obligaciones recíprocas, saneando todo tipo de incumplimiento que pudiera haber, imputable a ambas partes. No hay ningún indicio que esto fuera hecho bajo una ‘presión’ y/o algún tipo de ‘condicionamiento’ generado por la caducidad que había sido decretada. Nada se dice en los antecedentes que avale tal aseveración. Todo lo contrario. En el nuevo instrumento se privilegió la conservación del contrato, cuestión que fue expresamente salvada en la ‘adenda’, donde ambos -reiteramos- negociaron amplia y libremente sus pretensiones, con absoluta disponibilidad de derechos”.
Negó que se hubiera producido la prescripción de la acción entablada por el actor, en el proceso que culminó con la declaración de caducidad de instancia, y dijo que “la sola circunstancia que ZYA S.A., suscribiera la adenda y reconociera las obligaciones a su cargo, sin alegar ninguna excepción, es una prueba más que importante sobre la inexistencia de la prescripción”. Sostuvo que esto “es una demostración cabal que las condiciones de entrega de la vivienda estaban vigentes y no existían los riesgos a los que hace mención el actor en su demanda”. En la parte final del escrito de contestación, negó el accionado que “el Sr. Sosa experimentara afecciones de tipo espiritual y más aún que se le haya generado un ‘perjuicio de tipo psicológico’, como consecuencia de lo ocurrido con la declaración de caducidad en el expediente que promoviera con la firma ZYA S.A.”.
III. Transcurrida la etapa probatoria se llegó al dictado de la sentencia de la anterior instancia de fecha 18/10/2023, en la que se hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios y se condenó al accionado J. F. M. C. a pagarle al actor la suma de $ 6.200.000, con más los respectivos intereses; imponiéndose las costas del juicio al demandado vencido.
Para arribar a este pronunciamiento, sostuvo el juzgador que el demandado incumplió lisa y llanamente sucesivas obligaciones de resultado, hasta que el proceso culminó con la declaración de caducidad de instancia. Asimismo, siempre en referencia al demandado, dijo que “su actitud, sino deliberada cuanto menos gravemente descuidada de los intereses de su cliente, provocando no sólo la perención de la instancia, sino la pérdida del dinero depositado en virtud de la condena en costas a que tal conclusión dio lugar, lo torna inequívocamente responsable de los perjuicios ocasionados al actor”.
En cuanto al resarcimiento de los daños causados, en la sentencia se rechazó el daño emergente reclamado por el actor, al señalarse que “la reparación del daño no va a estar dada por la suma pretendida en el juicio donde se cuestiona la praxis del abogado, ni siquiera por la pérdida de las sumas allí consignadas, sino sólo la pérdida de chance con la que el cliente se queda debido a la frustración de la demanda”.
Con respecto a la pérdida de chance, se señaló en la sentencia que “resulta harto complejo efectuar un análisis de las probabilidades que poseía el actor de ganar aquel pleito, toda vez que ni siquiera se corrió traslado de la demanda de suerte tal de evaluar la eventual contestación que pudiera haber ensayado el demandado o, incluso, su estado de rebeldía si no hubiera contestado la demanda, ya que el grado de avance del proceso, de alguna manera redunda en posibilidades de ponderación”. Seguidamente, el juzgador rechazó la alegación del actor “en cuanto a la imposibilidad de promover un nuevo proceso por hallarse prescripta la acción”, expresando que subsistían obligaciones recíprocas de ambas partes, respecto del boleto de compraventa suscripto entre Sosa y la firma ZYA S.A. No obstante, en el decisorio en análisis se consideró verosímil que si el juicio iniciado por el letrado demandado hubiera prosperado -o al menos se hubiera trabado la litis-, el actor no habría suscripto la adenda agregada a la demanda, con la empresa constructora, o no lo habría hecho en las condiciones que finalmente lo hizo. Dicho esto, y sin más precisiones, en la sentencia apelada se fijó como canon resarcitorio y a valores actuales, la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000).
Por último, en la sentencia se receptó el daño moral en la suma de $ 600.000, y el daño psicológico en igual suma de $ 600.000. Y con referencia a los intereses, dado que los montos indemnizatorios se fijaron a valores actuales, se establecieron a la tasa del 6% anual desde el hecho dañoso -fecha en que adquirió firmeza la declaración de caducidad de instancia- y hasta el dictado de la sentencia apelada; y de allí en adelante, se dispuso la aplicación de la tasa pasiva digital, en cuanto tasa pasiva más alta.
IV. La referida sentencia fue apelada por el demandado J. F. M. C., quien expresó sus agravios en esta instancia mediante la presentación de fecha 7/2/2024.
Se agravió el demandado porque en el pronunciamiento impugnado se hizo lugar a la demanda y se lo condenó a pagar una cifra que considera de “extraordinaria entidad”, señalando que la misma “no guarda relación con las circunstancias de hecho y de derecho probadas en la causa”. Cuestionó la sentencia apelada por haber receptado el resarcimiento por pérdida de chance, puntualizando que “no hay una clara precisión respecto de cuál sería el pronóstico del citado juicio trunco a causa de la caducidad. Es más, ni siquiera se hace referencia a cuál era el objeto del juicio que terminó por caducidad”. Dijo que, efectivamente, es harto dificultoso aventurar el desenlace que hubiera tenido el pleito frustrado, máxime que en el mismo estaban contenidas tres pretensiones distintas: entrega de la posesión del inmueble adquirido, reconocimiento y pago de una multa diaria convenida en el boleto, y pago de los perjuicios denunciados. Y puntualizó que el importe de las costas abonadas por el decreto de caducidad -honorarios de los Dres. Erramouspe y Grill-, sería el único daño resarcible, por lo que no tiene ninguna explicación el quantum de la condena.
El apelante hizo referencia a la adenda suscripta entre el actor y la firma ZYA S.A., alegando que la misma consistió en una negociación que libremente las partes mantuvieron, y que les permitió superar el conflicto que mantenían. Así expresó que “por un lado el Sr. Sosa reconoció la deuda pendiente, que tenía independientemente de la caducidad del proceso, y pactó una forma de pago de la misma, y ZYA S.A. se comprometió a la entrega de la casa en una fecha determinada, estableciéndose penalidades específicas para el caso de que volviera a incumplir”. Y agregó que “este acuerdo muestra que los supuestos peligros que alega el Sr. Sosa (perder la casa y todo lo abonado), no eran tales y que ambas partes mantenían vigentes sus pretensiones y su libertad para negociar, siendo intrascendente la caducidad decretada en el juicio referenciado para el resultado obtenido. Es decir, no puede responsabilizarse a mi actuación la pérdida de un derecho, pues en verdad no lo hubo en la concertación de un negocio donde los resultados fueron favorables a las partes. Sosa renegoció el importe adeudado y la constructora la fecha de entrega de la vivienda. No es que Sosa como consecuencia de haber perdido el juicio debió afrontar una deuda que no tenía. Para nada. Su postura se encontraba incólume y la negociación que llevó a cabo, purga cualquier efecto que pudiera haber ocasionado lo actuado en el juicio antecedente. Reitero, la única cuestión es el pago de las costas judiciales. Nada más” (lo destacado es propio).
Dijo que, desde un principio, reconoció su responsabilidad en la situación acontecida y ofreció la reparación respectiva mediante el pago de las costas judiciales del proceso donde se declaró la caducidad. Estas costas corresponden a los honorarios de los letrados que intervinieron en el juicio caduco, y que fueron percibidos por estos profesionales de los fondos existentes en la cuenta abierta en dicho expediente, donde se depositaban las cuotas a cargo de Francisco Martín Sosa, en virtud del boleto de compraventa que había suscripto con la firma ZYA S.A. (en el tercer párrafo del apartado I de este voto, ya me he referido a la forma en que se realizaba el depósito judicial de esas cuotas).
Aludió también el apelante a las aflicciones espirituales y psicológicas que dice padecer el actor, y que han sido receptadas en el fallo, expresando que las mismas “son fruto de sus propias limitaciones y su carácter”, y agregando que “estas circunstancias personales le impidieron aceptar el error cometido. Producto de ello, Sosa jamás se mostró propenso a superar la situación y su único objetivo que se me imponga una importante sanción”. Así dijo que estas cuestiones personales no pueden ser cargadas sobre su responsabilidad, por lo que solicitó “que la condena citada sea morigerada a los reales alcances y consecuencias. Como ya lo he expresado, no pretendo salir indemne porque acepto el error que cometí y estoy dispuesto a repararlo pero en un marco de respeto y razonabilidad, pues resulta injusto que deba responder por consecuencias que no he causado y que sólo persigan un fin de venganza” (lo resaltado me pertenece). En la última parte del escrito recursivo, se agravió el demandado en cuanto a la fecha desde la cual deben aplicarse los intereses sobre los rubros cuestionados. Aseveró que los mismos no pueden computarse desde la declaración de caducidad, sino a partir de la mora en el pago, es decir, penando un incumplimiento de la condena inserta en el fallo.
V. La aludida expresión de agravios fue contestada por el actor, quien, en primer lugar, peticionó la declaración de deserción del recurso interpuesto por la contraparte, pues, en su decir, no satisface la carga técnica de fundamentación exigida por el código de rito. Este planteo de deserción debe desestimarse, puesto que el escrito de expresión de agravios alcanza el umbral exigido por este Tribunal en orden al cumplimiento del recaudo establecido en el art.260 del Código Procesal, conteniendo -en lo sustancial- una crítica concreta y razonada de las motivaciones del decisorio apelado; por lo que, a continuación, me abocaré al análisis de su procedencia.
Con posterioridad se cumplimentaron los pasos procesales de rigor y se practicó el sorteo de ley, habiendo quedado las actuaciones en condiciones de ser examinadas a los fines del dictado de la presente sentencia.
VI. A modo de inicio, corresponde formular las siguientes aclaraciones para delimitar -adecuadamente- la temática litigiosa que ha arribado a la decisión de esta alzada.
En primer lugar, surge de la reseña precedente que el demandado ha reconocido su responsabilidad profesional por la caducidad de instancia decretada en el anterior juicio caratulado “Sosa Francisco Martín c/ZYA S.A. s/Daños y Perjuicios por Incumplimiento Contractual”. Así manifestó que está dispuesto a reparar los reales perjuicios que su accionar ha ocasionado, limitándose a cuestionar los alcances de la pretensión indemnizatoria del actor, y ofreciendo la reparación respectiva mediante el pago de las costas judiciales de ese proceso, las cuales consisten en los honorarios de los letrados que intervinieron en el mismo -Dr. Ernesto Erramouspe por la demandada y Dra. Mariela Grill en el carácter de mediadora-.
En segundo lugar, en el decisorio de la anterior instancia se ha rechazado el daño emergente reclamado por el actor, por lo que esta cuestión ha arribado firme a esta instancia recursiva. De tal manera, la tarea revisora de este Tribunal se encuentra ceñida a los rubros indemnizatorios receptados en la sentencia apelada, que han sido objeto de los agravios del demandado apelante (pérdida de chance, daño moral y daño psicológico); a lo que se suma el agravio final del recurrente, relativo al momento desde el cual deben computarse los respectivos intereses (arts.260, 266, 272 y ccs. del C.P.C.C.).
VII. Ahora bien, en lo que respecta a la pérdida de chance acogida en el pronunciamiento apelado, resulta de interés realizar una breve reseña de los antecedentes del presente proceso.
1. Así es menester remontarse al boleto de compraventa que Francisco Martín Sosa celebró con la firma ZYA S.A., por el cual esta empresa se comprometió a entregarle una unidad funcional (dúplex), en la fecha establecida en ese instrumento, mientras que el actor debía pagar el precio de la operación mediante una entrega inicial a la firma del boleto, y el saldo financiado en ciento veinte (120) cuotas mensuales y consecutivas. Según las manifestaciones del actor, vencida la fecha de entrega en el mes de enero de 2016, y habiendo verificado personalmente que la obra no avanzaba conforme a lo establecido, comenzó a efectuar reclamos por diferentes vías, hasta que decidió reclamar por la vía judicial, a cuyo efecto otorgó poder a favor del Dr. J. F. M. C.
Fue así que, cumplida la etapa de mediación, con fecha 13/6/2019 se interpuso la demanda que dio inicio al juicio caratulado “Sosa Francisco Martín c/ZYA S.A. s/Daños y Perjuicios por Incumplimiento Contractual” (expediente n° 50.169), en el que el Dr. M. C. -en representación del actorrealizó el depósito judicial de diversas cuotas correspondientes al saldo de precio de la compraventa. Así se tiene que, en ese escrito de demanda, el actor manifestó que ya había abonado la entrega inicial y ochenta y tres (83) cuotas del saldo de precio, hasta el mes de mayo de 2019 (ver fs.208 del citado expediente). Con posterioridad, se realizó el depósito de las siguientes cuotas: números 84 y 85, correspondientes a los meses de junio y julio de 2019 (fs.232), número 86 de agosto de 2019 (fs.236), número 87 de septiembre de 2019 (fs.238), número 88 de octubre de 2019 (fs.240), número 89 de noviembre de 2019 (fs.242). Asimismo, luego de haber sido intimado a impulsar la causa bajo apercibimiento de caducidad de instancia, el Dr. M. C. realizó el depósito judicial de las cuotas correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020 (escrito del 13/5/2020), y las correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020 (escrito del 28/7/2020). O sea que, en la cuenta de este expediente judicial se depositaron trece (13) cuotas, que correspondían al referido boleto de compraventa suscripto entre el Sr. Sosa y la firma ZYA S.A.
Y estas fueron las únicas cuotas depositadas por el actor, ya que, con fecha 17/2/2021, se decretó la caducidad de instancia y se regularon honorarios a los letrados intervinientes: al Dr. M. C. 15 jus, al Dr. Erramouspe 21,44 jus, y a la Dra. Grill 11 jus. Por lo demás, de los fondos existentes en la cuenta de este juicio que, como se dijo, correspondían a depósitos de las cuotas de la compraventa, se libraron giros para cancelar los honorarios y aportes del Dr. Erramouspe ($ 54.408,29), y los honorarios, aportes e IVA de la Dra. Grill ($ 31.413,80). Posteriormente, se presentó en el proceso el actor Francisco Martín Sosa, con un nuevo patrocinio letrado, y solicitó la entrega de los fondos remanentes, ordenándose dos giros a su favor: el primero con fecha 18/8/2021 por la suma de $ 101.725,16, y el segundo con fecha 12/10/2021 por la suma de $ 22.156,89.
2. Ahora bien, después de haberse declarado la caducidad de instancia que puso fin al referido expediente n° 50.169, se produjo un hecho que reviste marcada trascendencia a los fines de determinar si realmente el actor ha sufrido la pérdida de chance cuyo resarcimiento pretende. Me estoy refiriendo, claro está, a la “Adenda del Boleto de Compraventa” que, con fecha 14/12/2021, suscribieron Francisco Martín Sosa en el carácter de comprador y la firma ZYA S.A. en su condición de vendedora, a la que ya hice referencia en el quinto párrafo del apartado I del presente voto. En esta “adenda” se aludió al boleto de compraventa que las partes suscribieron con fecha 22/5/2012, y se puntualizó, en forma expresa, que el mismo continuaba vigente, con las adecuaciones y modificaciones establecidas en este nuevo instrumento contractual. O sea que, con la intención de arribar a una solución del conflicto que había dado lugar a la promoción del juicio que tramitó en el citado expediente n° 50.169 -que culminó con la declaración de caducidad de instancia-, las partes renegociaron el contrato originario y establecieron las condiciones a las que se ajustaría el negocio (cláusula primera).
En lo que reviste importancia se hizo constar que, por motivos imputables a ZYA S.A., se ha incumplido con la fecha de entrega de la vivienda, y también se dejó constancia que “se han registrado incumplimientos en el pago de las cuotas por parte del comprador”. Así se estableció que a la fecha de la firma de esa “adenda”, se encontraban pendientes de pago las cuotas 85 a 113, o sea veintinueve (29) cuotas, que serían abonadas por el comprador mediante tres desembolsos a realizarse en los días 14/12/2021, 14/1/2022 y 14/2/2022 (cláusulas segunda y tercera).
Quiere ello decir que, si a la fecha de suscripción de esta “adenda” el actor debía veintinueve (29) cuotas, no era muy relevante la cantidad de cuotas que se habían depositado en el expediente que culminó por caducidad de instancia (trece cuotas), lo que desmerece el planteo esbozado por el actor en su demanda, donde pretende conferirle a estos depósitos una importancia que no tienen. Y aún menos trascendencia presenta el depósito de trece cuotas, si se repara en la cantidad de cuotas que importaba el saldo financiado (120 cuotas), de las cuales el actor había pagado ochenta y tres (83), al momento de promover la demanda que dio inicio al frustrado expediente n° 50.169.
Prosiguiendo, entonces, con la “adenda” en análisis, en su cláusula cuarta se estableció que las cuotas no vencidas (cuotas 114 a 120), se cancelarían mensualmente, venciendo la primera el día 10/3/2022 (cláusula cuarta). A su vez, se acordó un último plazo para que la vendedora finalizara todas las obras conforme a lo pactado, el que vencería el día 30/9/2022, oportunidad en que se entregaría la posesión del inmueble al comprador, completamente terminado. Por lo demás, al recibir la posesión, el comprador cancelaría las trece cuotas que se encontraban previstas (cláusula quinta). Y finalmente, se insertó una cláusula que permite arribar a la convicción de que la suscripción de esta “adenda” implicó la solución integral del conflicto, habiendo quedado satisfechos los intereses del comprador Francisco Martín Sosa. Así se estableció que “las partes pactan dejar sin efecto cualquier acto que implique la resolución contractual del Boleto de Compraventa con reintegro de las obligaciones mutuamente cumplidas. Ello supone que el presente importa la consolidación del acceso definitivo a la propiedad de la parcela adjudicada, en el estado en que se encuentre, por parte de la compradora y el derecho, para el supuesto que mediare obstrucción por parte de la vendedora a recurrir a la justicia civil y comercial requiriendo el acceso inmediato a la vivienda, en el estado en que se encuentre y el derecho a concluir con su construcción, a costa exclusiva y excluyente de la vendedora, renunciando a todo tipo de oposición, defensa o excepción que tienda a obstruir y/o dilatar el ejercicio del legítimo derecho por parte de la compradora”.
3. De la reseña precedente se desprende, con absoluta nitidez, que no sólo no prescribió la acción que el actor promovió a través del expediente caduco, sino que su derecho se vio plenamente satisfecho mediante la adenda analizada precedentemente, que se suscribió con posterioridad al decreto de caducidad de instancia. En efecto, en virtud de esta adenda el actor obtuvo la satisfacción de la pretensión esencial del frustrado proceso anterior, que consistía en la entrega de la vivienda que fuera objeto del boleto de compraventa de fecha 22/5/2012.
Por lo demás, tampoco se advierte que el actor haya sufrido alguna clase de menoscabo o perjuicio como consecuencia de la referida caducidad de instancia, pues la adenda trajo aparejada la íntegra solución del conflicto planteado entre las partes, ya que en la misma se estableció el momento de entrega de la vivienda y la forma en que el comprador abonaría las cuotas adeudadas que, por cierto, eran numerosas (tal como ya lo puntualicé, las cuotas depositadas en el expediente caduco eran solamente trece). Desde otro ángulo, no se observa que la negociación de esta adenda se hubiera dado en un plano de inferioridad para el actor, como consecuencia de la frustración del juicio anterior; ni tampoco se advierte alguna concesión o renunciamiento de su parte en la negociación de la adenda, que hubiera tenido su origen en esa desafortunada contingencia procesal. Por el contrario, se visualiza que, en la celebración de este nuevo instrumento contractual, el actor estuvo dotado de todas las potencialidades necesarias para obtener un satisfactorio resultado, sin que se evidencie -ni por asomo- alguna merma en su capacidad negociadora que tuviera su causa en la forma en que había concluido el proceso anterior.
Tal como ya lo destaqué, mediante la concertación de esta adenda, el actor obtuvo el cumplimiento de la prestación principal esgrimida en el expediente caduco, esto es, la entrega de la vivienda, y en cuanto a los demás conceptos que había reclamado en el anterior proceso, no hay ninguna certeza de que los mismos podrían haber prosperado (arts.1738, 1739, 1744 y ccs. del C.C.C.N.). De este modo, la pérdida de chance pretendida en estas actuaciones carece de todo asidero, porque no hay ninguna verosimilitud de que, si el juicio caduco hubiera continuado hasta el dictado de sentencia, el actor hubiera conseguido un mejor resultado que el obtenido a través de la mencionada adenda. En este punto debe desestimarse el fundamento de la sentencia apelada, donde el Juez de grado señaló: “No obstante lo cual, encuentro verosímil que si el juicio iniciado por el demandado hubiera prosperado -o al menos se hubiera trabado la litis-, el actor no habría suscripto la adenda agregada a la demanda con la empresa constructora o lo habría hecho en las condiciones que finalmente lo hizo”. Esta aserción no puede ser compartida en modo alguno, porque -como ya lo destaqué- no hay ningún elemento probatorio del cual pueda surgir que la caducidad de instancia haya afectado la capacidad negociadora del accionante, o que de los términos de la adenda se desprenda algún perjuicio o menoscabo de sus derechos (arts.375, 384 y ccs. del C.P.P.C.).
En lo que atañe a la pérdida de chance como concepto indemnizatorio, establece el art.1739 del C.C.C.N., que “la pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador” (arts.1726, 1727, 1728, 1736 y ccs. del C.C.C.N.). Así se ha sostenido en doctrina que “hay pérdida de chances patrimoniales cuando se frustra una oportunidad de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo de esa índole. Lo frustrado no es el beneficio económico esperado (como ocurre con el lucro cesante), sino la mera oportunidad o probabilidad de hallarse en condiciones de obtenerlo, que habría tenido el damnificado en caso de no haber mediado el hecho ilícito aquiliano o el incumplimiento obligacional. O sea, la chance en sí misma…Su reparación deberá ser realizada atendiendo al mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta, por lo que el valor de la frustración estará dado por el grado de probabilidad” (conf. Pizarro y Vallespinos, Tratado de Responsabilidad, Santa Fe 2017, tomo I, págs..136 y 137, con citas de Orgaz, Bustamante Alsina y Zannoni; lo destacado es propio; en ese mismo sentido esta Sala, causa n°71214, ”Mujica”, sentencia del día 21 de marzo de 2024). Pues bien, en el caso de autos no hay ningún grado de probabilidad de que, mediante la prosecución del juicio caduco, el actor hubiera conseguido un mejor resultado que el que en definitiva obtuvo a través de la adenda que se formalizó con posterioridad a la declaración de caducidad de instancia. Es por ello que propicio la revocación de la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la pérdida de chance reclamada por el actor y cuantificó este rubro en la suma de $ 5.000.000. Por el contrario, la condena al demandado debe limitarse al pago de las costas generadas en el juicio que culminó con la declaración de caducidad de instancia, tal como lo habré de precisar seguidamente.
4. En este orden resulta de interés resaltar la opinión de Trigo Represas, quien analiza la pérdida de una chance en el caso del abogado o procurador que deja perimir un juicio o no interpone los recursos pertinentes contra una sentencia adversa. Y sostiene que “sin duda el resultado del pleito es siempre incierto, pero que en la concurrencia de factores pasados y futuros, necesarios y contingentes, hay indiscutiblemente una consecuencia actual y cierta, y es que a raíz del acto imputable se ha perdido una chance, oportunidad o probabilidad, por la que debe reconocerse el derecho a exigir reparación. La doctrina aconseja entonces hacer un razonable balance de perspectivas en pro y en contra y del saldo de las mismas surgiría la proporción de resarcimiento” (conf. Trigo Represas, Responsabilidad civil del abogado, Bs. As.1991, págs.175 y 176).
Y seguidamente, este autor vuelca un concepto que resulta estrictamente aplicable al caso que nos ocupa, al puntualizar que “ante todo debe estar demostrada la pérdida de la chance, lo que obliga primeramente a acreditar la imposibilidad de volver a intentar nuevamente la misma acción, lo cual en principio sería factible si aquélla no se encuentra prescripta, y si no media cosa juzgada sobre el fondo de la cuestión litigiosa; ya que si la litis perdida, v.gr., por caducidad de la instancia o por el éxito de alguna excepción dilatoria, puede volver a iniciarse, estaríamos más bien frente a un daño emergente concreto, con relación al cual la indemnización no debería ir mucho más allá del importe de las costas devengadas (y a veces de los intereses)” (ob. cit. págs.176 y 177; lo resaltado me pertenece).
Esto es, precisamente, lo que ha acontecido en el presente caso, ya que, pese a la perención de instancia, la acción del actor no prescribió, y éste logró la satisfacción de su pretensión mediante la adenda formalizada con posterioridad a aquella caducidad del anterior proceso. En virtud de ello, tal como ya lo anticipé, la condena al letrado demandado debe limitarse al pago de las costas devengadas en el juicio caduco; lo que, si bien constituye un daño emergente, ha sido expresamente reconocido por el Dr. M. C., con el alcance de un “verdadero allanamiento” (ver punto 3, segundo párrafo, de la contestación de demanda). En efecto, el profesional demandado reconoció su responsabilidad por la declaración de caducidad, y ofreció la reparación respectiva mediante el pago de las costas judiciales del proceso donde se declaró la caducidad. Estas costas corresponden a los honorarios, aportes e IVA de los letrados que intervinieron en ese juicio, y que fueron percibidos por estos profesionales de los fondos existentes en la cuenta abierta en el expediente n° 50.169, donde se depositaban las cuotas correspondientes al boleto de compraventa que el actor había celebrado con la firma ZYA S.A.
Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, propicio la revocación parcial de la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la pérdida de chance reclamada por el actor y cuantificó este rubro en la suma de $ 5.000.000, debiendo limitarse la condena del demandado al pago de las costas generadas en el juicio que culminó con la declaración de caducidad de instancia, en atención a que este concepto ha sido expresamente reconocido por el letrado accionado (arts.34 inc.4, 266, 272, 307 y ccs. del C.P.C.C.). Concretamente, el demandado deberá pagar los importes correspondientes a los honorarios regulados y percibidos por el Dr. Ernesto Erramouspe (21,44 jus, con más aportes) y por la Dra. Mariela Grill (11 jus, con más aportes e IVA), a los que se deberán adicionar intereses a la tasa del 6% anual, desde el momento en que estos letrados percibieron los fondos (22/3/2021 y 25/3/2021, respectivamente) y hasta el efectivo pago (art.1748 del C.C.C.N.).
VIII. Cabe abordar ahora, el agravio del demandado relativo a los otros rubros resarcitorios fijados en la sentencia apelada, esto es, el daño extrapatrimonial y el daño psicológico.
Con respecto al primero de ellos, en la sentencia apelada se dijo que “se encuentra debidamente probado el daño extrapatrimonial padecido: la pericia psicológica producida en autos da cuenta de las afecciones anímicas que padece el actor a consecuencia de los hechos que se ventilan y que hoy se traducen incluso en una incapacidad laborativa parcial”. Y a ello se agregó el informe del Dr. Pierotti agregado a la demanda, que da cuenta que los síntomas de gastritis y colon irritable padecidos por el actor, volvieron a aparecer en el año 2021 con un deterioro general, aumento significativo de peso y reaparición de síntomas digestivos. También ponderó los dichos del testigo Rivas, quien refirió al deterioro anímico que le provocaron al actor los hechos por los que reclama, afectando incluso el progreso de su negocio. Y fue así que, sobre la base de este plexo probatorio conformado por la pericia psicológica, el informe médico del Dr. Pierotti y la declaración testimonial de Rivas, en la sentencia apelada se hizo lugar al resarcimiento del daño extrapatrimonial y se cuantificó el mismo en la suma de $ 600.000. Asimismo, en lo tocante al daño psicológico señaló el Juez de grado que en la pericia psicológica se determinó que el actor presenta depresión neurótica, con un grado moderado y con una incapacidad del 20%, recomendando psicoterapia a fin de recuperar su autoestima, volver a confiar en sí mismo y en los demás; y como consecuencia, retomar su emprendimiento para seguir potenciando sus capacidades personales y profesionales, con sesiones semanales a un valor de honorarios de forma particular que ronda entre $ 3.500 y $ 4.000 por sesión, durante al menos 1 año de duración. Por estas razones, estimó justo hacer lugar al rubro indemnizatorio, fijando prudencialmente la suma de $ 600.000, comprensiva de la psicoterapia a realizar a fin de restaurar sus capacidades psíquicas.
Pues bien, estas motivaciones del juzgador no han sido pasibles de una crítica concreta y razonada en la expresión de agravios del demandado, por lo que no se ha dado cumplimiento a la carga de fundamentación exigida por el art.260 del Código Procesal. Así se observa que el apelante se limitó a señalar que “las aflicciones espirituales y psicológicas que dice padecer el actor y que han sido receptadas en el fallo, son fruto de sus propias limitaciones y su carácter. Estas circunstancias personales le impidieron aceptar el error cometido. Producto de ello, Sosa jamás se mostró propenso a superar la situación y su único objetivo que se me imponga una importante sanción”. Como puede apreciarse, se trata de meras apreciaciones sobre la personalidad del actor, que no presentan significación en orden a la cuestión en análisis; sin que el recurrente se haya hecho cargo de las fundadas argumentaciones de la sentencia apelada, con arreglo a las pruebas colectadas en el proceso.
Y esta tesitura se reitera en los párrafos siguientes, donde el apelante insiste en criticar el accionar del actor, el cual -en su decir- “está direccionado a desacreditarme y lograr una condena social o un verdadero escarnio público, poniendo en conocimiento del hecho en los distintos ámbitos donde me desempeño o relaciono, para desacreditarme y pedir que se dicte una ‘condena ejemplar’ hacia mi persona o directamente ante mi empleador para que me deje sin trabajo”. Prosigue su relato aludiendo a un deseo de venganza del accionante, y solicita una morigeración de la condena a sus reales alcances y consecuencias, afirmando que “no pretendo salir indemne porque acepto el error que cometí y estoy dispuesto a repararlo pero en un marco de respeto y razonabilidad, pues resulta injusto que deba responder por consecuencias que no he causado y que sólo persigan un fin de venganza”.
Con las transcripciones precedentes he puesto de manifiesto la insuficiencia técnica del agravio en examen, que no encierra una crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo apelado, y no demuestra el supuesto error en que habría incurrido el Juez de la anterior instancia. Por ende, propongo desestimar el agravio del demandado referido al daño extrapatrimonial y al daño psicológico, por lo que adquiere firmeza lo resuelto en la sentencia apelada con relación a estos conceptos indemnizatorios (art.260 del C.P.C.C.).
IX. Sólo resta ocuparse del agravio del accionado atinente a los intereses sobre las sumas de condena, respecto a los cuales debo formular las siguientes precisiones.
Con relación a los montos del daño emergente, reconocido por el demandado y consistente en los importes de las costas del juicio concluido por caducidad de instancia, ya he establecido precedentemente la forma en que deben aplicarse los respectivos intereses, por lo que a lo allí señalado me remito (ver apartado VII, último párrafo). Con respecto a los intereses sobre los montos correspondientes al daño extrapatrimonial y al daño psicológico, el Juez de grado los fijó a la tasa del 6% anual desde el hecho dañoso, que se situó en la fecha en que adquirió firmeza la resolución que declaró la caducidad de instancia en el expediente n° 50.169 (1/3/2021), y hasta la sentencia apelada; y de allí en adelante se establecieron a la tasa pasiva digital, en cuanto tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Esta forma de establecer los intereses se ajusta a lo establecido en el art.1748 del C.C.C.N., según el cual, “el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio”. Efectivamente, el hecho generador del daño ha sido la declaración de caducidad de instancia en el expediente n° 50.169, por lo que en la sentencia apelada se estableció correctamente el momento inicial de los intereses en la fecha en que esa resolución adquirió firmeza. Es así que el agravio del demandado carece de asidero y debe ser desestimado, al postular que los intereses se apliquen “a partir de la mora en el pago, es decir penando un incumplimiento del fallo que lo dispone, y no retrotraerse al momento de celebración del contrato”. Este argumento es inaudible, porque en el pronunciamiento apelado no se estableció el inicio del curso de los intereses desde el momento de celebración del contrato -como afirma el recurrente-, sino desde el acaecimiento del hecho dañoso, esto es, desde la firmeza de la resolución que declaró la caducidad de instancia. Lo resuelto por el Juez de grado se ajusta a derecho, por lo que el agravio en examen debe ser rechazado, adquiriendo firmeza lo decidido en la sentencia apelada con relación a los intereses sobre los montos indemnizatorios por daño extrapatrimonial y por daño psicológico (arts.1716, 1717, 1728, 1748 y ccs. del C.C.C.N.).
X. En virtud de lo expuesto precedentemente, propicio adoptar la siguiente resolución: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada de fecha 18/10/2023, en cuanto hizo lugar a la pérdida de chance reclamada por el actor y cuantificó este rubro en la suma de $ 5.000.000, debiendo limitarse la condena del demandado al pago de las costas generadas en el juicio que culminó con la declaración de caducidad de instancia (expediente n° 50.169). 2) Consecuentemente, condenar al demandado a pagar los importes correspondientes a los honorarios regulados y percibidos por el Dr. Ernesto Erramouspe (21,44 jus, con más aportes) y por la Dra. Mariela Grill (11 jus, con más aportes e IVA), a los que se deberán adicionar intereses a la tasa del 6% anual, desde el momento en que estos letrados percibieron los fondos (22/3/2021 y 25/3/2021, respectivamente) y hasta el efectivo pago. 3) Rechazar el agravio del demandado referido al daño extrapatrimonial y al daño psicológico, adquiriendo firmeza lo resuelto en la sentencia apelada respecto de estos conceptos indemnizatorios (art.260 del C.P.C.C.). 4) Rechazar el agravio del demandado relativo a los intereses sobre los montos indemnizatorios del daño extrapatrimonial y del daño psicológico, adquiriendo firmeza lo decidido en la sentencia apelada con relación a estos intereses. 5) Mantener la imposición de las costas de primera instancia al demandado, conforme se dispuso en la sentencia apelada, dado que la limitación de condena que se dispone en la presente sentencia, no le quita al accionado su condición de vencido en el juicio (arts.68 y 274 del C.P.C.C.). 6) Imponer las costas de alzada en un setenta por ciento (70%) al demandado, y en el restante treinta por ciento (30%) al actor, en atención al resultado obtenido por las partes en el trámite recursivo (arts.68 y 69 del C.P.C.C.). 7) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
actor y cuantificó este rubro en la suma de $ 5.000.000, debiendo limitarse la condena del demandado al pago de las costas generadas en el juicio que culminó con la declaración de caducidad de instancia (expediente n° 50.169). 2) Consecuentemente, condenar al demandado a pagar los importes correspondientes a los honorarios regulados y percibidos por el Dr. Ernesto Erramouspe (21,44 jus, con más aportes) y por la Dra. Mariela Grill (11 jus, con más aportes e IVA), a los que se deberán adicionar intereses a la tasa del 6% anual, desde el momento en que estos letrados percibieron los fondos (22/3/2021 y 25/3/2021, respectivamente) y hasta el efectivo pago. 3) Rechazar el agravio del demandado referido al daño extrapatrimonial y al daño psicológico, adquiriendo firmeza lo resuelto en la sentencia apelada respecto de estos conceptos indemnizatorios (art.260 del C.P.C.C.). 4) Rechazar el agravio del demandado relativo a los intereses sobre los montos indemnizatorios del daño extrapatrimonial y del daño psicológico, adquiriendo firmeza lo decidido en la sentencia apelada con relación a estos intereses. 5) Mantener la imposición de las costas de primera instancia al demandado, conforme se dispuso en la sentencia apelada, dado que la limitación de condena que se dispone en la presente sentencia, no le quita al accionado su condición de vencido en el juicio (arts.68 y 274 del C.P.C.C.). 6) Imponer las costas de alzada en un setenta por ciento (70%) al demandado, y en el restante treinta por ciento (30%) al actor, en atención al resultado obtenido por las partes en el trámite recursivo (arts.68 y 69 del C.P.C.C.). 7) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 29 de Agosto de 2024.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada de fecha 18/10/2023, en cuanto hizo lugar a la pérdida de chance reclamada por el actor y cuantificó este rubro en la suma de $ 5.000.000, debiendo limitarse la condena del demandado al pago de las costas generadas en el juicio que culminó con la declaración de caducidad de instancia (expediente n° 50.169). 2) Consecuentemente, condenar al demandado a pagar los importes correspondientes a los honorarios regulados y percibidos por el Dr. Ernesto Erramouspe (21,44 jus, con más aportes) y por la Dra. Mariela Grill (11 jus, con más aportes e IVA), a los que se deberán adicionar intereses a la tasa del 6% anual, desde el momento en que estos letrados percibieron los fondos (22/3/2021 y 25/3/2021, respectivamente) y hasta el efectivo pago. 3) Rechazar el agravio del demandado referido al daño extrapatrimonial y al daño psicológico, adquiriendo firmeza lo resuelto en la sentencia apelada respecto de estos conceptos indemnizatorios (art.260 del C.P.C.C.). 4) Rechazar el agravio del demandado relativo a los intereses sobre los montos indemnizatorios del daño extrapatrimonial y del daño psicológico, adquiriendo firmeza lo decidido en la sentencia apelada con relación a estos intereses. 5) Mantener la imposición de las costas de primera instancia al demandado, conforme se dispuso en la sentencia apelada, dado que la limitación de condena que se dispone en la presente sentencia, no le quita al accionado su condición de vencido en el juicio (arts.68 y 274 del C.P.C.C.). 6) Imponer las costas de alzada en un setenta por ciento (70%) al demandado, y en el restante treinta por ciento (30%) al actor, en atención al resultado obtenido por las partes en el trámite recursivo (arts.68 y 69 del C.P.C.C.). 7) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia