Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 73.045
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la sentencia apelada del día 31/5/2024 y su aclaratoria del día 3/6/2024, y rechazar íntegramente la demanda; imponiendo las costas de ambas instancias al actor vencido, a quien se exime de su pago por encontrarse amparado por el beneficio de gratuidad, y dejando a salvo la facultad de la demandada de demostrar la solvencia del consumidor mediante el incidente correspondiente (arts. 957, 958, 959, 1091 y ccs. del CCCN; art.53 ley 24.240; arts.68, 330, 354, 375, 384 y ccs. del CPCC). Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-73045-2024 "ALONSO LEANDRO NAZARENO C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCION DE REAJUSTE"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los dieciséis días del mes de Octubre del año Dos Mil Veinticinco, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dra. María Inés Longobardi, Dr. Víctor Mario Peralta Reyes y Dr. Marcos Federico Garcia Etchegoyen, con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Alonso Leandro Nazareno c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de reajuste" (Causa n°73045). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes, Dr. Garcia Etchegoyen y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia apelada del día 31/5/2024 y su aclaratoria del día 3/6/2024?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Leandro Nazareno Alonso promovió demanda contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener la revisión del contrato de préstamo bancario con garantía hipotecaria que las partes formalizaron mediante la escritura n° 88 de fecha 1 de marzo de 2018, otorgada ante el Escribano Enrique José Osa, que obra agregada a las actuaciones. Tal como surge de este instrumento público, la entidad bancaria otorgó al actor un préstamo correspondiente a la cartera de consumo, con destino a “construcción/ampliación/terminación/refacción”, con desembolso por tramo de obra, por la suma de $ 1.015.000, equivalente a 45.783 unidades de valor adquisitivo (UVA), conforme cotización del día en que se otorgó la referida escritura de $ 22,17 por unidad de valor adquisitivo (UVA), publicada por el Banco Central de la República Argentina. Se hizo constar que el préstamo sería desembolsado mediante acreditación en caja de ahorro del actor, conviniéndose un desembolso inicial de $ 169.998, y restantes entregas cuando el banco verificara el avance de la obra. Se estableció que el préstamo se otorgó por el plazo de 120 meses, con destino a la terminación del inmueble que en ese acto se hipotecó, y que los saldos adeudados -actualizables mediante la aplicación del CER- se expresarán en cantidades de unidades de valor adquisitivo (UVA). Asimismo, el deudor se obligó a restituir el capital del crédito en 120 cuotas mensuales y consecutivas, mediante el sistema de amortización francés, devengando intereses a una tasa de interés fija nominal anual vencida sobre el capital ajustado del 5,90% (TNAV), siendo la tasa efectiva anual vencida del 6,06% (TEAV), y el costo financiero total del 6,31% (CFT).
Incursionando en el meollo de su demanda, sostuvo el actor que, en un comienzo, su situación económica le permitió abonar los montos del préstamo sin grandes inconvenientes, pero que, posteriormente, el aumento de las cuotas sobre la base del valor UVA, le produjo una importante afectación de su salario. Y a los efectos de evidenciar esta afectación, en la demanda se insertó un cuadro comparativo que abarca el período febrero/2019 a septiembre/2022 (34 meses), donde se consignó el monto abonado por cada cuota, el salario percibido en esos meses, y el porcentaje de afectación de su salario como consecuencia del pago de dichas cuotas. Y dijo el actor, seguidamente, que “el cobro de cada una de las cuotas pactadas, ha impactado fuertemente en el salario percibido mensualmente. Todas las cuotas superaron el 20% del mismo. Es este el motivo principal por el que se ha iniciado este proceso. La afectación de mi salario en un porcentaje superior al que se encuentra permitido en caso de embargo, se transforma en un obrar ilegal y arbitrario”. Luego de citar las normas de la ley de contrato de trabajo, adujo que “resulta clara la necesidad de establecer un límite porcentual para las cuotas a abonar, que no superen el 20% que ha decretado la legislación mencionada. De no hacerlo, el contrato se torna abusivo, y de muy difícil cumplimiento para quienes resultamos tomadores del mutuo”. Sobre la base de estas alegaciones, solicitó el dictado de una medida cautelar que limite el valor de la cuota a abonar con un tope del 20% del salario, o el porcentaje que el Juez considere “a los fines de evitar el abuso que esta parte sufre por su posición de parte vulnerable en la contratación” (conf. demanda de fecha 14/11/2022).
II. La pretensión cautelar del accionante fue receptada por el Juez de origen en la resolución de fecha 5/12/2022, pero con un alcance menor al requerido en la demanda. En dicha resolución se citó el precedente de esta Sala en la causa n° 66.971, “Butera”, de fecha 18/3/2021, donde se trajo a colación la opinión de De Lázzari, quien postuló la procedencia de la medida cautelar innovativa en procesos de revisión de cláusulas contractuales indexatorias abusivas, al acreditarse “el exagerado incremento de las cuotas y saldos” y “la afectación sustancial del nivel real de ingresos del deudor, partiendo del análisis de la evolución de aquéllos desde el inicio de la contratación, comparándolos con la de las cuotas” (Medidas Cautelares, tomo I, 2da. edición, Ed. LEP, 1995, págs.583, 584 y sgtes., con cita de doctrina y jurisprudencia). Sobre esa base dogmática y de otras opiniones doctrinarias en sentido similar, en la mencionada causa “Butera”, este Tribunal consideró razonable modificar la medida preventiva cautelar innovativa, y fijar un tope al aumento de las cuotas sucesivas que sólo podrán afectar hasta el 30% de los haberes del actor, “con lo cual se otorga a la cuota una razonable movilidad que acompañe el incremento de sus haberes, componiendo de esta manera los intereses en pugna hasta tanto se resuelva la acción principal (cfr. art.7 de la ley 27.271 ‘Sistema de Fomento de la Inversión de la Vivienda’)”.
Con apego a esos parámetros, el Juez de grado consideró las particularidades del caso (crédito hipotecario para refacción de la vivienda, porcentajes de afectación de salario, necesidad de certidumbre en el consumidor), y dispuso como medida cautelar que “las cuotas mensuales pendientes del crédito no podrán superar el 30% de los haberes del actor - porcentaje establecido por la Alzada como criterio orientador y que en este caso, como dije, otorga certeza al débil jurídico pero tampoco desestabiliza las cuentas del Banco…” (mencionada resolución de fecha 5/12/2022).
III. Luego de contestar la demanda el banco accionado (escrito del día 30/1/2023), y de la posterior presentación del actor de fecha 13/2/2023, se realizó la audiencia preliminar y se proveyó la prueba ofrecida por las partes (auto de fecha 1/6/2023). Transitado el período probatorio se dictó la sentencia definitiva de fecha 31/5/2024, donde el juzgador se planteó si corresponde o no hacer lugar a la demanda de readecuación del contrato en el marco de la imprevisión (art.1091 del CCCN), y, en su caso, qué mecanismo de actualización corresponde aplicar (apartado I de los considerandos del fallo).
Tras examinar los requisitos del instituto de la imprevisión, el juzgador se preguntó si en el caso de autos “existió una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración del contrato, ajena a las partes y diferente del riesgo asumido por el Sr. Alonso”. A los fines de dilucidar este interrogante, en la sentencia se analizó la relación cuotasalario, la relación entre la cuota y el aumento del valor de mercado del inmueble, y se concluyó en que hubo un desmedido incremento del valor de las cuotas, un error en las proyecciones del Banco Central a través de sus Relevamientos de Expectativas de Mercado (REM), una brecha entre inflación proyectada e inflación real, y una distorsión en la relación cuotaingreso del actor; por lo que se tuvo por probada la excesiva onerosidad sobreviniente de la prestación a cargo del accionante (art.1091 del CCCN; apartado III) 3.1) de los considerandos).
De esta manera, se hizo lugar a la acción de readecuación de contrato por imprevisión promovida por el actor contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sobre la base del principio del esfuerzo compartido, y se dispuso un nuevo mecanismo de cálculo de la totalidad de las cuotas del contrato de mutuo (120 cuotas), “tomando el punto medio entre la proyección de inflación en las leyes de presupuesto nacional y la inflación efectivamente acaecida en cada período”, con adición de los intereses pactados por las partes. Se dispuso, asimismo, que “el importe de las cuotas hasta la finalización de la vinculación contractual no podrá superar el 30% de los ingresos del actor como chofer de camiones en relación de dependencia”. Se previó la hipotética obligación de devolución a cargo del banco, en el supuesto que lo abonado por el actor fuera superior al monto emergente de la readecuación contractual ordenada en la sentencia. Finalmente, las costas del juicio se impusieron a la entidad bancaria demandada, en su carácter de vencida (conf. sentencia apelada de fecha 31/5/2024 y su posterior aclaratoria del día 3/6/2024).
IV. La referida sentencia fue apelada por la accionada, quien expresó sus agravios en esta alzada mediante su presentación de fecha 18/12/2024. En este escrito, innecesariamente extenso, se consideró inaplicable la teoría de la imprevisión al presente caso; se dijo que en la sentencia se omitió considerar la afectación que tuvieron los ingresos del actor a raíz del monto de la cuota abonada, al inicio del contrato y en el último mes indicado en la demanda; y se arguyó que no hubo un hecho extraordinario, porque no puede considerarse tal al aumento de la inflación, máxime que en el contrato celebrado por las partes se previó que la cuota podía aumentar conforme a la variación del CER.
Luego de estas consideraciones, el escrito recursivo se fue dilatando en reflexiones relativas a la modalidad del contrato UVA; a la forma de actualización del UVA dispuesta por el Banco Central; a la supuesta violación al principio de confianza; a la arrogación de facultades legislativas por parte del Juez; a la actividad bancaria, al carácter estatal del demandado, y al CER como creación legislativa; a la errónea aplicación de la ley de defensa del consumidor; y a la arbitrariedad del fallo de primera instancia. Dicho esto, en la pieza en examen se volcaron consideraciones finales a modo de resumen.
La expresión de agravios fue contestada por la parte actora con fecha 21/2/2025, tras lo cual se emitió el dictamen fiscal del día 26/3/2025. De este modo, se practicaron los demás pasos procesales de rigor y se realizó el sorteo de ley, habiendo quedado estos autos en condiciones a los fines del dictado del presente decisorio.
V. 1. En un precedente de este Tribunal que versó sobre la temática en análisis, se presentaban circunstancias similares a las del presente caso, al no haber objeciones de las partes en torno a la existencia y términos del contrato, a que la operatoria resulta alcanzada por las normas protectorias del consumidor, y a que la obligación principal asumida por el actor debe calificarse como deuda de valor (art.772 del CCCN; Cám. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala I, causa n° 174.821 del 27/10/2022, “Camesana”; Cám. Civ. y Com. 2da. La Plata, Sala I, causa n° 134.095 del 1/6/2023, “Castiglioni”). En efecto, en el caso de autos, el préstamo correspondiente a la cartera de consumo que el banco accionado le otorgó al actor ascendió a la suma de $ 1.015.000, equivalente a 45.783 unidades de valor adquisitivo (UVA), conforme a la cotización del día en que se otorgó la escritura de mutuo con garantía hipotecaria. Y como se dijo en el mencionado precedente, es innegable que el índice de inflación incide en la cuantificación del CER, el que, a su vez, determina el valor UVA, conforme se desprende de la normativa que los gobierna (DNU 905/02, ratif. por ley 25.827; ley 27.271; Com. A 5945 y A 6069 BCRA (esta Sala, causa n° 71.022, “Ramírez Héctor Fabián c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/Acción de Reajuste”, sentencia del 11/6/2024; en los desarrollos siguientes abordaré los aspectos centrales de este decisorio).
Asimismo, en un reciente voto he tenido oportunidad de referirme a las características del régimen estatuido por la ley 25.827, en el que se inscribe el contrato de préstamo bancario formalizado entre las partes. Allí señalé que acerca de esta normativa se ha puntualizado que “el instrumento crediticio denominado Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) o la Unidad de Vivienda (UVI) emplea como mecanismo la determinación de una referencia (la unidad UVA/UVI) que se constituye en el objeto de la obligación de restitución. La unidad UVA o UVI es un objeto único de referencia que permite asegurar la constancia en el tiempo del valor. La deuda de unidades UVA o UVI se convierte al momento de vencimiento de la deuda en una suma de dinero, como ocurre con toda deuda de valor que tiene reconocimiento expreso en el art.772 del CCC, donde el dinero aparece como un medio y como una regulación subsidiaria luego de operada la conversión. Representa una excepción a la prohibición de indexar contenida en el artículo 7 de la ley 23.928 (modif. por ley 25.561). Este tipo de obligación tiene por notas características que: a) El dinero no es lo debido, no aparece in obligatione sino in solutione; b) existe un momento de conversión a dinero, lo que denominaremos momento de traducción, y c) una vez operado ese momento, ésta se transforma en una obligación de dar una suma de dinero, siéndole aplicable su regulación (arts.765 a 771, CCC)” (conf. Sozzo Gonzalo, Las relaciones contractuales en tiempos de emergencia, Santa Fe 2020, págs.394 y 395; lo destacado es propio; esta Sala, causa n° 72774, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/Beloscar Lis Naiara…..”, sentencia del 2/9/2025).
2. Pues bien, al igual que en el caso abordado en la citada causa n° 71.022, “Ramírez”, resulta de utilidad recalar en los términos de la demanda que dio inicio a estas actuaciones. En este escrito destacó el actor como “un aspecto de importantísima relevancia en la cotidianeidad de quien suscribe”, la marcada afectación sufrida por su salario a raíz del aumento de las cuotas del préstamo bancario, habiendo señalado que es éste el motivo principal por el que se inició el presente proceso (ver acápite denominado “afectación del salario”).
Así se tiene que en el escrito inicial de fecha 14/11/2022, se brindó un detalle de la afectación sufrida por el salario del actor, como consecuencia del pago de la cuota correspondiente al préstamo otorgado en unidades de valor adquisitivo (UVA). Y allí se precisó que la primera cuota del préstamo fue de $ 15.956,67, que representaba una afectación del 25,52% del salario neto que percibió en el mes 2/2019, el cual ascendió a la suma de $ 62.520. Tal como se sostuvo en la citada causa “Ramírez”, esta inobjetada afirmación del demandante debe ser tenida especialmente en cuenta, en orden a juzgar si procede o no la aplicación de la denominada teoría de la imprevisión, toda vez que representa la ecuación económica que el deudor libremente sopesó al momento de contratar el préstamo UVA con el banco demandado. En efecto, conforme a lo dispuesto en el art.1091 del CCCN, para que a un contrato se le aplique el régimen de la imprevisión, la excesiva onerosidad debe provenir de “una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada”; o sea que debe tratarse de un acontecimiento que altere extraordinariamente las bases del contrato (conf. Sánchez Herrero, La imprevisión contractual, Bs. As. 2019, págs.131 y 132).
Ahora bien, el detalle practicado en la demanda abarca el lapso comprendido entre los meses de febrero de 2019 (2/2019) y septiembre de 2022 (9/2022), es decir, un total de 34 períodos, omitiéndose algunos meses en los que hubo un “congelamiento por decreto”. Allí se indica el monto abonado en cada mes en concepto de cuota, el salario neto percibido por el actor, y el porcentaje de afectación del salario como consecuencia del pago de las cuotas del crédito UVA que motiva el presente litigio.
Aquí cabe señalar que este detalle inserto en la demanda no ha sido controvertido por el demandado, quien, por el contrario, sostuvo su defensa en un “todo de acuerdo a los propios dichos del actor”, ya que “el análisis surge de los guarismos volcados en la demanda propuesta”. Y sobre la base de estos datos emergentes de la demanda planteada por el actor, adujo el accionado que “la afectación promedio de sus ingresos no ha superado el 30%. Ergo, no existe sustento a su reclamo, y sí configura una aventura jurídica” (ver apartado VIII de la contestación de demanda presentada con fecha 30/1/2023, donde se analiza la teoría de la imprevisión, entre otros institutos jurídicos) (arts.330, 354 y ccs. del CPCC).
En lo que específicamente interesa al caso de autos, debe puntualizarse que el pago de las cuotas del crédito produjo una afectación variable de los salarios netos del actor, en porcentajes disímiles que analizaré seguidamente. Así debe examinarse, primeramente, la afectación salarial del período 4/2020, por resultar llamativo que se haya alcanzado el elevado porcentual del 55,24%. Pero claro, si se examinan los recibos de haberes del actor que lucen agregados a la causa, puede observarse que en ese mes se produjo un marcado descenso de la remuneración con relación a los montos que se venían cobrando con anterioridad (en el mes 2/2020 el actor cobró $ 107.133, en el mes 3/2020 percibió $ 85.528, y en el mes 4/2020, su remuneración descendió ostensiblemente a la suma de $ 46.539).
Evidentemente, lo sucedido en el mes de abril del año 2020 reviste un carácter atípico, pudiendo presumirse que vicisitudes inherentes a la relación laboral habrían traído aparejada una merma sustancial de la remuneración, alterando los parámetros de normalidad y habitualidad con que se venían percibiendo los haberes anteriores. Y esto es evidentemente así, porque si se revisa el recibo de sueldo del mes de abril de 2020, en el mismo no se consigna el rubro “sueldo” que se mantuvo inalterable en los recibos anteriores; así como tampoco constan las retribuciones por “kilómetro recorrido” que son propias de la actividad del transporte y que se visualizan en los recibos precedentes. En lugar de estos rubros habituales de la actividad, en el recibo del mes 4/2020, se volcaron los conceptos “Lic.
Por Vacaciones”, “Promedio Enfermedad” y “Plus Vacacional”, que ya de por sí están denotando una situación especial, que no ha sido debidamente clarificada por el demandante (arts.375 y 384 del CPCC).
Prosiguiendo, entonces, con el análisis de los demás meses indicados en el detalle practicado en la demanda, y soslayando el período 4/2020 por las razones indicadas en el párrafo anterior, se advierte que la afectación del salario del actor a raíz de la cuota del préstamo UVA, oscila entre un máximo algo superior al 38% en tres meses (4/2021: 38,32%; 5/2021: 38,46%; y 6/2021: 38,88%), y un mínimo del 17,55% (8/2019). Y dentro de esa escala se observa que la mayor cantidad de períodos oscilan en una banda que va del 20% al 30% (19 meses), algunos períodos en los que la afectación fue algo superior al 30% (9 meses), y un solo período en que se elevó al 36,71% (mes 8/2022).
Se extrae de lo antedicho, que el promedio de afectación del salario del demandante, como consecuencia del pago de las cuotas del préstamo UVA, alcanzó un porcentaje del 28%, aun incluyendo el mes 4/2020, que -como ya lo señalé- presenta una situación muy especial en atención a la merma que experimentó el salario del actor -que no fue debidamente clarificada por éste-. Y dicho porcentaje de afectación del salario (28%), que resulta inferior al determinado en diversos pronunciamientos de esta alzada -a modo de parámetro- en el porcentual del 30%, viene a definir -a mi juicio- la suerte adversa de la pretensión del accionante, poniendo en evidencia la razón que le asistió a la demandada, cuando sostuvo que el reclamo del actor carece de sustento porque “la afectación promedio de sus ingresos no ha superado el 30%”.
Precisamente, este tope de afectación del 30% del salario del consumidor, es el que ha establecido este Tribunal en diversos precedentes que mencionaré más adelante. Fue así que, en la citada causa “Ramírez” se puntualizó que “el criterio de cotejar cómo la cuota UVA incide sobre los ingresos del deudor no es novedoso, habida cuenta que, con alcance cautelar, este tribunal ya ha tenido ocasión de disponer que las cuotas mensuales pendientes de un préstamo UVA, no debían superar el 30% de los haberes del deudor” (esta Sala, citadas causa n° 71.022, “Ramírez” del 11/6/2024, y causa n° 66.791, “Butera” del 18/3/2021, entre otras).
Surge a todas luces evidente que, si la primera cuota del préstamo UVA importó una afectación del 25,52% del salario neto del actor (ver segundo párrafo de este punto 2), y si el promedio de afectación de ese salario en los diferentes períodos detallados en la demanda, fue del 28%, no es posible aseverar que en el desarrollo del contrato de préstamo en análisis, se haya producido una “alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada”, en los términos del art.1091 del CCCN. En definitiva, no ha habido una alteración extraordinaria de las bases del contrato, sino que, por el contrario, la afectación de los ingresos del accionante se ha mantenido bastante constante, con la sola excepción de algunos meses en que resultó mas significativa. O sea que, un dato relevante de la cuestión de autos está dado por el promedio de afectación del salario a lo largo de los meses indicados en la demanda, el cual -como dije- se ubicó en el 28%, o sea, levemente por encima del porcentaje inicial de afectación del 25,52%, que se produjo con el pago de la primera cuota (debiendo advertirse que para el cálculo de este promedio también he computado el mes 4/2020, donde acaeció una notoria merma en la remuneración del actor, que no ha sido debidamente explicada por éste).
3. Luego de los desarrollos precedentes me encuentro en condiciones de señalar que la sentencia apelada se apartó de la cuestión medular del litigio, que consiste en relacionar dos variables -cuotas del préstamo UVA e ingresos del deudor-, a fin de determinar el porcentaje de afectación que dichas cuotas han provocado sobre las remuneraciones del accionante. Esta es la temática central del proceso, que motivó la interposición de la demanda de revisión del contrato, y que no ha sido considerada por el Juez de la anterior instancia.
En efecto, en la sentencia apelada se concluyó en el acogimiento de la demanda de readecuación del contrato por imprevisión, sobre la base de considerar que el valor UVA había aumentado en mayor medida que el salario del actor, en el período considerado que va desde febrero de 2019 a septiembre de 2022. Así se señaló que el aumento salarial en ese período fue del 292%, mientras que el incremento del valor cuota UVA fue del 402%, puntualizándose que “la diferencia de aumento entre valores finales con respecto a sus valores iniciales es de 402% - 292%= 110%” (ver sentencia apelada del día 31/5/2024 y la posterior aclaratoria del día 3/6/2024).
Esta forma de resolver la contienda no puede ser compartida, porque se soslaya del análisis el aspecto esencial del conflicto, que está dado por la concreta afectación que tuvieron los ingresos del actor -en cada uno de los meses considerados-, como consecuencia del pago de las cuotas del préstamo UVA. Tal como se dijo en la causa “Ramírez”, resulta insoslayable ponderar la interacción de los ingresos regulares del actor con las cuotas pagadas en cada uno de los períodos mensuales, siendo ellas “las variables imprescindibles que deben ponderarse para determinar si efectivamente se produjo la excesiva onerosidad en el devenir de la operatoria, que habilita acudir a la teoría de la imprevisión”.
Y si se analizan los datos emergentes de la causa, se concluye en que la respuesta a ese interrogante es negativa, ya que el porcentaje en que cada cuota UVA afectó los ingresos regulares del actor, se ha mantenido razonablemente constante a lo largo del contrato (me remito al análisis comparativo realizado en el anterior punto 2). Utilizando las mismas expresiones de la citada causa n° 71.022, “Ramírez”, cabe sostener que “la comparación entre ambas variables (cuota/ingreso) se encuentra ampliamente justificada, pues demuestra que la ecuación económica sopesada por el actor al momento de la celebración se ha mantenido razonablemente constante durante la ejecución del contrato, equilibrio negocial que torna insostenible el argumento de que la prestación a cargo del deudor devino en exceso onerosa”. Ello emana con absoluta claridad de la prueba allegada a las actuaciones, de la cual resulta que en la primera cuota se produjo una afectación del 25,52% del salario del actor, mientras que el promedio de afectación de los ingresos en los meses sucesivos fue del 28%, lo que denota un leve incremento que en modo alguno torna procedente la adecuación del contrato en los términos del art.1091 del CCCN (y eso que para la obtención de dicho promedio del 28%, he computado el mes de abril de 2020, donde se produjo una merma no clarificada en la remuneración del accionante; por lo que dicho porcentaje, en rigor, debería ser menor).
Volviendo una vez más sobre los conceptos vertidos en la causa “Ramírez”, cabe puntualizar que “aún cuando picos o aumentos elevados y abruptos de la inflación puedan provocar incrementos proporcionales en la cuota UVA (por la incidencia del índice respectivo en la unidad de valor), no corresponde acudir automáticamente a las soluciones previstas en la teoría de la imprevisión (art.1091, CCCN). Para ello es preciso demostrar que el aumento de la cuota UVA afectó de un modo tan significativo los ingresos del deudor -que no aumentaron en similar proporción-, que provocó el quiebre de la ecuación económica existente al momento de la celebración, tornando excesivamente onerosa la obligación a cargo del afectado” (citada causa n° 71.022). En este orden de ideas señala Lorenzetti, con cita de jurisprudencia, que “lo que cuenta no es la prestación en sí misma, sino en su relación de equivalencia con la prestación a cargo del otro contratante, cuyo desajuste produce una alteración fundamental de la base económica del negocio” (Tratado de los Contratos, Parte General, 3ª edición, Santa Fe 2018, págs.635; lo destacado me pertenece). Por lo demás, tal como lo señalé con anterioridad, dicho porcentaje de afectación de los ingresos del actor, resulta inferior al límite del 30% que este Tribunal ha considerado razonable en diversos precedentes (esta Sala, citada causa n° 66.791, “Butera” del 18/3/2021; causa n°66629, “Bilbao” del 22 de abril de 2021; causa n°66878, “Blanco” del 22 de abril de 2021; causa n° 72.493, “Chaparro” del 13/9/2024; en este mismo sentido, Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala I, 28/2/2023, Rubinzal on line RC J 625/23).
VI. Por lo expuesto, propongo al acuerdo revocar la sentencia apelada del día 31/5/2024 y su aclaratoria del día 3/6/2024, y rechazar íntegramente la demanda, imponiendo las costas de ambas instancias al actor vencido, a quien se exime de su pago por encontrarse amparado por el beneficio de gratuidad, y dejando a salvo la facultad de la demandada de demostrar la solvencia del consumidor mediante el incidente correspondiente (arts. 957, 958, 959, 1091 y ccs. del CCCN; art.53 ley 24.240; arts.68, 330, 354, 375, 384 y ccs. del CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Garcia Etchegoyen y Longobardi, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
costas de ambas instancias al actor vencido, a quien se exime de su pago por encontrarse amparado por el beneficio de gratuidad, y dejando a salvo la facultad de la demandada de demostrar la solvencia del consumidor mediante el incidente correspondiente (arts. 957, 958, 959, 1091 y ccs. del CCCN; art.53 ley 24.240; arts.68, 330, 354, 375, 384 y ccs. del CPCC). Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Garcia Etchegoyen y Longobardi, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 16 de Octubre de 2025.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: Revocar la sentencia apelada del día 31/5/2024 y su aclaratoria del día 3/6/2024, y rechazar íntegramente la demanda; imponiendo las costas de ambas instancias al actor vencido, a quien se exime de su pago por encontrarse amparado por el beneficio de gratuidad, y dejando a salvo la facultad de la demandada de demostrar la solvencia del consumidor mediante el incidente correspondiente (arts. 957, 958, 959, 1091 y ccs. del CCCN; art.53 ley 24.240; arts.68, 330, 354, 375, 384 y ccs. del CPCC). Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia