Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 73.546
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada de fecha 29/11/2024, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravios; imponiéndose las costas de alzada a los apelantes que han resultado vencidos en esta sede recursiva (art.68 del CPCC). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967).
Causa nº: 2-73546-2025 "YATZKY ARMANDO RENE C/ ETCHEVERRIA MONICA GISELA Y OTROS S/ TERCERIA MEJOR DERECHO (TRAM.SUMARIO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los treinta días del mes de Octubre del año Dos Mil Veinticinco, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dra. María Inés Longobardi, Dr. Víctor Mario Peralta Reyes y Dr. Marcos Federico Garcia Etchegoyen, con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Yatzky Armando Rene c/ Etcheverría Mónica Gisela y otros s/ Terceria mejor derecho" (Causa n°73045). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes, Dr. Garcia Etchegoyen y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia apelada del día 29/11/2024?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Armando Rene Yatzky y Laura Elena Van Gelder Verdenelli promovieron tercería de mejor derecho con relación al automotor marca Jeep, modelo Cheerokee Limited 3.7, dominio MGO760, con el objeto de obtener el levantamiento de los embargos trabados sobre dicho vehículo en los siguientes procesos: “Zabalegui Pablo Mauricio Fernando c/Etcheverría Mónica Gisela s/Cobro Ejecutivo”, expediente n° 48.237; “Zabalegui Pablo Mauricio Fernando c/Etcheverría Mónica Gisela s/Cobro Ejecutivo”, expediente n° 49.351; “Zabalegui Pablo Mauricio c/Etcheverría Mónica Gisela s/Cobro Ejecutivo”, expediente n° 49.352; y “Pey María Gabriela c/ Etcheverría Mónica Gisela s/Ejecución de Honorarios”, expediente n° 51.337.
En sustento de su demanda invocaron el boleto de compraventa suscripto con fecha 8/3/2021, por el cual Armando Rene Yatzky le compró a Mónica Gisela Etcheverría el referido automotor, en la suma de u$s 12.500, pagadera de contado y en efectivo; adquiriendo en ese momento la posesión del vehículo. Dijeron que, al día siguiente, o sea el 9/3/2021, la titular registral del rodado -Mónica Gisela Etcheverría- suscribió el correspondiente formulario 08, que es apto para transferencias de dominio según la ley registral de automotores. Precisaron que la firma estampada por la titular registral en dicho formulario 08, se encuentra certificada por el Escribano Alejandro Zubiaurre de la ciudad de Tandil, en esa misma fecha - 9/3/2021-, lo cual le confiere fecha cierta en los términos del art.317 del CCCN.
Continuaron expresando que, con fecha 16/11/2021, Armando René Yatzky le vendió el automotor a Laura Elena Van Gender Verdenelli, en la suma de u$s 14.700, habiéndose instrumentado esa operación mediante el boleto de compraventa que acompañan. Y dijeron que, con fecha 28/12/2021 se completó el referido formulario 08, mediante la suscripción del mismo por la adquirente del vehículo -Laura Elena Van Gender Verdenelli-, cuya firma fue certificada por el Escribano Diego Martín Querejeta, de la ciudad de Neuquén. Pero añadieron que, al realizar la inscripción en el Registro Automotor, surgieron diversos embargos trabados en procesos ejecutivos seguidos contra la titular registral del rodado, por lo que se frustró la transferencia del mismo.
Destacaron el perjuicio que esa situación le generó a la adquirente y actual poseedora del automotor -Laura Elena Van Gender Verdenelli-, y señalaron que la venta realizada por Mónica Gisela Echeverría a favor de Armando René Yatzky fue anterior a los embargos trabados en el Registro Automotor. En función de estas consideraciones, dirigieron la demanda contra Pablo Mauricio Fernando Zabalegui, en su condición de actor - ejecutante- en los mencionados juicios ejecutivos donde se trabaron embargos; contra María Gabriela Pey que también trabó embargo sobre el automotor en el indicado proceso de ejecución de honorarios; y contra Mónica Gisela Etcheverría, en su carácter de titular registral y a fin de que reconozca su firma en el boleto de compraventa del día 8/3/2021. Culminaron arguyendo que no se discuten las ejecuciones iniciadas contra la titular registral, sino que sólo se persigue el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre el rodado, para su transferencia a la legítima poseedora, “en virtud del derecho preferente del Sr. Armando Rene Yatzky, al haber comprado el vehículo, a su titular registral, con anterioridad a la traba de los embargos, cuando no pesaba sobre el mismo ningún tipo de gravamen” (conf. demanda de fecha 6/9/2023).
II. La demanda fue contestada por Pablo Mauricio Fernando Zabalegui y María Gabriela Pey, quienes luego de negar los hechos relatados en el escrito inicial, hicieron referencia al contrato de locación que uniera a los hermanos Zabalegui, en su condición de locadores, y a Mónica Gisela Etcheverría, en su carácter de garante del locatario Pablo Víctor Etcheverría. Y así señalaron que, ante los reiterados incumplimientos derivados de ese contrato de locación, promovieron diversas acciones judiciales y trabaron embargos sobre el automotor objeto de autos, que se inscribieron con fecha 7/7/2021.
Sostuvieron los accionados que carece de fecha cierta el boleto de compraventa de fecha 8/3/2021, invocado por el coactor Armando Rene Yatzky, y que en el formulario 08 acompañado con la demanda sólo se certificó la firma de la parte vendedora. En el mismo sentido, dijeron que también carece de fecha cierta el otro boleto de compraventa de fecha 16/11/2021, que Yatzky habría celebrado a favor de Laura Elena Van Gender Verdenelli. Y alegaron que el resto de la documentación presentada para demostrar la posesión del bien, tiene fecha posterior a la inscripción de los embargos en cuestión (conf. escrito de contestación de demanda presentado con fecha 24/10/2023).
III. Cumplimentada la etapa probatoria se arribó al dictado de la sentencia de primera instancia, en la que se hizo lugar a la demanda de tercería de mejor derecho promovida por Yatzky y Van Gender Verdenelli, con respecto a las medidas cautelares trabadas por Zabalegui y Pey en los procesos de ejecución indicados precedentemente (expedientes números 51.337, 48.237, 49.351 y 49.352), ordenándose el levantamiento de las mismas en el momento procesal oportuno. Las costas se impusieron a la demandada vencida, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (sentencia de fecha 29/11/2024).
En la parte medular del presente voto, me referiré a la valoración de la prueba realizada por el Juez de grado a los fines de establecer la conclusión antedicha.
IV. La aludida sentencia fue apelada por los codemandados Pablo Mauricio Fernando Zabalegui y María Gabriela Pey, quienes expresaron sus agravios en esta sede mediante la presentación del día 14/5/2025. En su escrito recursivo, los apelantes hicieron referencia al contrato de locación que unió a los hermanos Zabalegui con Mónica Gisela Echeverría -garante de su hermano-, y a los incumplimientos de estos últimos que motivaron la promoción de las ejecuciones y la traba de las medidas cautelares. Mediante los desarrollos siguientes procuraron desmerecer los elementos probatorios allegados por la contraparte, destacando las falencias que en su parecer aquejan a estas probanzas. Insistieron en la falta de fecha cierta de los boletos de compraventa adjuntados a la demanda; en las carencias del formulario 08, en el que sólo consta la firma de la vendedora; y en la falta de credibilidad de la absolución de posiciones de la codemandada Mónica Gisela Etcheverría. En suma, negaron que en el caso se encuentren cumplidos los requisitos exigidos por la doctrina y jurisprudencia imperante, a fin de que resulte viable la tercería de mejor derecho; y requirieron la revocación del pronunciamiento dictado en origen, con costas a la parte actora.
La mencionada expresión de agravios fue contestada por la contraria mediante escrito de fecha 11/6/2025, quien solicitó la confirmación de la sentencia apelada, con costas. Con posterioridad se llamaron autos para sentencia y se practicaron los demás pasos procesales de rigor, habiéndose realizado el sorteo de ley. De esta manera, han quedado estos autos en condiciones a los fines del dictado de la presente sentencia.
V. Adelanto opinión en el sentido de que propiciaré la confirmación de la sentencia apelada, por cuanto las constancias probatorias allegadas a las actuaciones resultan suficientes para cumplimentar los requisitos que viabilizan la tercería de mejor derecho (arts.97, 98 y ccs. del CPCC). Y en ese mismo orden de ideas corresponde destacar, que las críticas vertidas por los apelantes no alcanzan a conmover los fundamentos sobre los que se estructura el pronunciamiento dictado en la anterior instancia.
1. Así aseveró el Juez de grado, luego de diversas consideraciones dogmáticas, que “la cuestión aquí se presenta en torno a dilucidar si el vehículo automotor sobre el que recayeron los embargos de los demandados salió del patrimonio de la deudora con anterioridad a la toma de razón de las cautelares”. Y si bien sostuvo que de la prueba documental y de los expedientes acompañados, no se desprende nada con eficacia acreditativa de tal extremo, dejó a salvo -con especial énfasis- al formulario 08 con firma certificada acompañado por los actores, al cual le confirió relevante eficacia probatoria.
También le confirió valía probatoria a la absolución de posiciones de la titular registral del vehículo -Mónica Gisela Etcheverría-, donde esta codemandada dijo no tener la posesión del automotor, porque reconoció la operación de compraventa por la cual, con fecha 8/3/2021, se lo vendió - por boleto- al coactor Armando René Yatzky; oportunidad en la que recibió el precio acordado de u$s 12.500. Y así afirmó que, al día siguiente, o sea con fecha 9/3/2021, firmó el correspondiente formulario 08, en su condición de vendedora, en la escribanía Zubiaurre. Y complementando sus dichos puntualizó que, luego de venderle a Yatzky el rodado objeto de estas actuaciones, adquirió un vehículo Citroen C3, que puso a su nombre (arts.375, 384, 421 y ccs. del CPCC).
2. En mi opinión, en el caso de autos se ha conformado un plexo probatorio que dota de suficiente certeza a la compraventa celebrada entre Yatzky y Etcheverría, la cual se instrumentó mediante el referido boleto de fecha 8/3/2021. Y si bien este instrumento privado carece de fecha cierta, la misma resulta de la inmediata suscripción al día siguiente -9/3/2021-, del correspondiente formulario 08, que es el instrumento emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, a los fines de la inscripción registral de las transferencias de automotores (decreto ley 6582/1958, ratificado por ley 14.467, decreto 335/1988 y demás normas reglamentarias dictadas en la materia).
Si se analiza el formulario 08 que se adjuntó a la demanda, puede observarse que en el mismo consta la firma de Mónica Gisela Etcheverría en su carácter de “vendedor o transmitente”; indicándose, seguidamente, que asciende al 100%, “el porcentaje del vehículo que vende o transmite”. Y en lo atinente a la concreta situación de autos, es dable destacar que la firma de la nombrada se encuentra certificada por el escribano Alejandro A. Zubiaurre, mediante el sello de actuación notarial número DAA028012734, de fecha 9 de marzo de 2021, correspondiente al Libro de Requerimientos número 54, Acta 261, Folio 261; el cual hace plena fe en su condición de instrumento público, con arreglo a lo establecido en los arts.289, 290, 292, 293, 296 inc. a) y ccs. del CCCN.
En dicha actuación notarial señaló el escribano, que “a la presente certificación se anexa formulario “08” del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor número 45544544 de un todo terreno marca JEEP Dominio MGO760”; y dejó constancia “que en dicho formulario no constan datos comprador, fecha ni precio de la operación”. Efectivamente, en el momento en que el escribano Alejandro A. Zubiaurre certificó la firma de la titular registral, en esta actuación del día 9/3/2021, en el referido formulario 08 no constaban los datos de la compradora, los que recién fueron completados el día 28/12/2021, cuando el Escribano Diego Martín Querejeta de la ciudad de Neuquén, certificó la firma de la adquirente Laura Elena Van Gender Verdenelli (conforme certificación de firmas n° 02000473, registrada en el Libro de Requerimientos para Certificaciones de Autenticidad de Firmas e Impresiones Digitales n° 169, Acta n° 385).
Aquí debe destacarse que constituye una práctica por demás habitual, que el formulario 08 sea firmado únicamente por el vendedor, cuando éste hace entrega del automotor a una persona que se dedica a la comercialización de automotores, como es el caso de Yatzky, tal como lo señaló la Sra. Etcheverría al absolver posiciones, cuando dijo que “se dedica a comprar y vender autos”. De esta manera, se posibilita la venta posterior del rodado a otra persona, que al inscribirlo a su nombre consignará sus datos personales y colocará su firma en el mismo formulario 08, en el carácter de “comprador o adquirente”; debiendo aclararse que, si bien esta firma del comprador también debe contar con la pertinente certificación, la misma recién se habrá de formalizar en el momento de concretarse la segunda operación de compraventa. Esto es lo que se observa, con habitualidad, en el desenvolvimiento del mercado de automotores, y esto es lo que ha ocurrido en el caso de autos, tal como emana de las constancias probatorias de la causa (arts.163 inc.5, 375, 384, 421 y ccs. del CPCC).
3. Es por lo antedicho que deben desestimarse los agravios de los accionados, cuando al aludir a la sola firma de la vendedora en el formulario 08, señalaron que tal circunstancia “lleva a la seria presunción de que esa firma no estaba vinculada en ese momento a una venta real”, sino que “solamente respaldaba una futura venta que podía no realizarse nunca”. Entiendo, por el contrario, que al estampar su firma la Sra. Etcheverría en el formulario 08 -el día 9/3/2021-, en su calidad de “vendedor o transmitente”, dio estricto cumplimiento a las obligaciones a su cargo, derivadas del boleto de compraventa que el día anterior -8/3/2021- había celebrado con Armando René Yatzky. Esta conclusión se ve corroborada con la absolución de posiciones de la Sra. Etcheverría, donde reconoció el boleto del día 8/3/2021 y dijo haber percibido el precio de la operación; sin que conste en el proceso alguna constancia probatoria que evidencie lo contrario. Precisamente, la ausencia de algún elemento de la causa que pueda conducir a una conclusión contraria, lleva a desestimar la alegación de los apelantes, cuando expresan que los dichos de esta persona “no pueden tomarse seriamente como veraces” (arts.384 y 421 del CPCC).
Es por ello que coincido con lo señalado por el sentenciante, cuando puntualiza que “la versión de la codemandada Etcheverría (al momento de la absolución de posiciones) en el sentido de reconocer que celebró el negocio en marzo e 2021, que entregó el auto (JeepCheeroke) y que se compró uno nuevo con el dinero que recibiera, sumado a la certeza que brinda la firma certificada del formulario 08 (del 9 de marzo de 2021) me convencen en la decisión de hacer lugar a la tercería de mejor derecho propuesta por el actor Yatzky, por considerar que este ha adquirido por boleto privado, que tenía fecha cierta la firma del “08”y que tenía efectiva posesión del vehículo que luego le vendiera a Gender…” (la segunda expresión en negrita corresponde al suscripto).
Efectivamente, tal como lo sostiene el Juez de la anterior instancia, corresponde dar prevalencia al boleto de compraventa formalizado entre Yatzky y Etcheverría el día 8/3/2021, porque si bien se trata de un instrumento privado sin fecha cierta, la misma emana de la inmediata suscripción al día siguiente -9/3/2021- del formulario 08, que cuenta con la firma de la vendedora Mónica Gisela Etcheverría, certificada por el Escribano Alejandro A. Zubiaurre (ver el anterior punto 2 de este apartado V). De esta manera, se advierte una clara certidumbre fáctica de que el boleto celebrado entre Yatzky y Etcheverría data del día 8/3/2021, pues así se desprende de las constancias probatorias de la causa (seguidamente, ahondaré en este concepto de “certidumbre fáctica”).
4. Ya me he pronunciado -en el marco del código derogado- con relación a la fecha cierta del instrumento sobre el que se basa la pretensión del tercerista, con mención de las posturas existentes en la materia y de un precedente de este Tribunal donde se sostuvo que, si bien este requisito no se encuentra expresamente referido en los arts.1185 bis del Código Civil y 146 de la Ley de Concursos y Quiebras, se trata de una exigencia emanada de los arts.1034, 1035 y concordantes de dicho código, para la oponibilidad de los instrumentos privados a terceros. Y señalé, además, que esta postura adoptada por la Suprema Corte Provincial en los autos “Flamini” (C 97.118 del 4 de mayo de 2011), ha recibido expreso acogimiento normativo en los arts.1170 y 1171 del Código Civil y Comercial, los que si bien no resultaban estrictamente aplicables a ese caso por el momento de ocurrencia de los hechos, sí constituían una guía interpretativa para su resolución (esta Sala, causa n° 61.655, “Rusconi Rubén Santos s/incidente de verificación tardía en autos Bos Joaquín Enrique (h) s/quiebra”, sentencia del 7/3/2017).
Asimismo, se destacó en dicha causa n° 61.655, que no puede perderse de vista que en los citados autos “Flamini”, la Suprema Corte recogió también el criterio de la “certidumbre fáctica” respecto de la fecha en que fue firmado el boleto, “como arbitrio de excepción que permite sortear la ausencia de fecha cierta”. Explicó allí que “la certidumbre fáctica implica la reunión de un conjunto de hechos y circunstancias, debidamente acreditado, que conduce a advertir sin esfuerzo la oportunidad y sinceridad del acto” (SCBA, causa cit. n° 97118, “Flamini”, voto del Dr. De Lázzari que hizo mayoría).
Incluso, en los autos “Cisneros” ha reiterado el Máximo Tribunal local que “…cierto es que este Tribunal ha expresado desde antiguo que el requisito de la fecha cierta resulta inexcusable en los términos establecidos por el art. 1035 del Código Civil como recaudo inherente a la naturaleza de los instrumentos privados a los efectos de su oposición a terceros (conf. causas Ac. 48.594, sent. de 27-IV-1993; Ac. 53.634, sent. de 13-VI-1995). Mas no lo es menos que también ha señalado la conveniencia de efectuar una interpretación flexible del citado precepto que autoriza a admitir que dicho texto no contiene una lista cerrada y limitada que impida el reconocimiento judicial de otros casos en los que medie certidumbre fáctica respecto al momento en que fue suscripto determinado instrumento (conf. causas C. 97.118, sent. de 4-V-2011; C. 103.677, sent. de 9-XI-2011)…” (SCBA, C. 108.354, "Cisneros, Elisabet…”, del 10/10/12). Así es que ya desde tiempo atrás el Superior Tribunal provincial ha dotado a la prueba del recaudo de la fecha cierta, de razonable flexibilidad, tendiente a impedir que el rigor probatorio prima facie emanado del artículo 1035 C.C., lo erija en un valladar formal e injusto a la procedencia del derecho invocado. Por otra parte, la razonabilidad de tal criterio encuentra ahora un aval a la luz del art. 317 del actual Código Civil y Comercial, en cuanto prescribe que los instrumentos privados reconocidos adquieren fecha cierta “el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosamente por el juez”, (esta Sala, causa n° 61.655, “Rusconi”, sentencia del 7/3/2017; causa n°62.718, “Torres”, sentencia del 8/5/2018).
5. Ahora bien, luego de las reflexiones precedentes me encuentro en condiciones de retomar el análisis del caso de autos, donde también se advierte otro aspecto que se suma a la certidumbre fáctica del boleto de compraventa de fecha 8/3/2021, y que viene a sellar la suerte favorable de la tercería de mejor derecho. Me estoy refiriendo a la circunstancia de que Armando Rene Yatzsky le compró el automotor a quien revestía el carácter de titular dominial del mismo, esto es, la codemandada Mónica Gisela Etcheverría -tal como emana del informe de estado de dominio expedido por el Registro de la Propiedad Automotor, que ha sido agregado a estas actuaciones-. Es decir, en dicha operación no hubo intermediarios de ninguna índole, sino que la compraventa fue celebrada -en forma directa- con la titular de dominio del vehículo; lo que se ajusta -con estrictez- a lo establecido en el inciso a) del art.1170 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En efecto, es requisito indispensable para que el boleto de compraventa sea oponible al tercero embargante, que el mismo haya sido formalizado por un adquirente de buena fe (art.1185 del derogado Código Civil y art.1170, primer párrafo, del CCCN). Y para que se configure esta buena fe es preciso que el adquirente haya extremado las diligencias a su alcance para cerciorarse de la efectiva intervención en el negocio del titular de dominio del bien; ya que, si éste no hubiera participado en la operación y no se obtuviere su posterior conformidad, la pretensión del tercerista se desvanecería en forma estrepitosa, pues se trataría de un supuesto de venta de cosa ajena sin ratificación del propietario (arts.1329 y 1330 del derogado Código Civil y arts.1008 y 1132 del CCCN).
En este punto es de interés transcribir el citado art.1170 del Código Civil y Comercial, que establece: “El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble, si: a) el comprador contrató con el titular registral, o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos; b) el comprador pagó como mínimo el veinticinco por ciento del precio con anterioridad a la traba de la cautelar; c) el boleto tiene fecha cierta; d) la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria”. En comentario al primer inciso de esta norma -que versa sobre la cuestión que aquí nos ocupa-, se ha señalado que el requisito de que el comprador hubiese contratado con el titular registral o pueda subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos, parece referido a la exigencia de que el comprador por boleto haya actuado de buena fe (conf. Wayar, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Lorenzetti director, tomo VI, pág.448).
Acerca de la buena fe del adquirente por boleto de compraventa, se ha señalado que “la buena fe se presume, salvo los casos en los que expresamente el art. 1919 presume la mala fe, que debe existir al tiempo de la celebración del contrato, y que se refiere a la conducta del adquirente en la concertación del negocio jurídico y consiste en haberlo celebrado sin connivencia con el promitente”. Y seguidamente se puntualizó: “Cuando la adquisición mediando boleto de compraventa es posterior a la traba de una medida cautelar y ésta fue exteriorizada en el registro, o el adquirente la conoció o pudo conocerla obrando con la debida diligencia, no podrá invocar su buena fe. En cambio, si la adquisición mediando boleto de compraventa precede a la medida precautoria y aquélla tuvo publicidad suficiente registral o posesoria, no es dudoso que quien trabó la cautelar no puede regularmente cuestionar la buena fe del adquirente por boleto” (conf. Código Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético, Jorge H. Alterini, Director general, Ignacio E. Alterini Coordinador, 3ª edición, Bs. As.2019, págs.166 y 167; lo resaltado es propio).
6. Emana de las consideraciones precedentes, que en el caso en examen se hallan reunidos los distintos presupuestos para la procedencia de la tercería de mejor derecho (arts.97 y 98 del CPCC), puesto que el coactor Armando René Yatzky adquirió el automotor de buena fe y a su titular registral -la codemandada Mónica Gisela Etcheverría- (art.1170 inciso a) del CCCN), mediante la suscripción del boleto de compraventa de fecha 8/3/2021, que se complementa con el formulario 08 que al día siguiente - 9/3/2021- suscribió la vendedora; habiendo sido certificada la firma de esta última mediante actuación notarial realizada por el Escribano Alejandro A. Zubiaurre. De esta manera, en el presente caso se advierte una indudable certidumbre fáctica de que dicho boleto de compraventa fue efectivamente suscripto el día 8/3/2021, por lo que se tiene por cumplimentado el requisito de la fecha cierta previsto en los arts.317 y 1170 inciso c) del CCCN. Asimismo, surge del texto de dicho boleto de compraventa y de la absolución de posiciones de la Sra. Etcheverría, que el adquirente abonó íntegramente el precio de la operación, por lo que también se encuentra satisfecho el recaudo previsto en el inciso b) de dicho artículo 1170.
En otro orden, deben desestimarse los agravios referidos a que Yatzsky no acreditó haber tenido la posesión del vehículo, ya que los elementos allegados a la causa arrojan certeza sobre la suficiente publicidad de la adquisición, en los términos del inciso d) del citado artículo 1170 (conf. Alterini, ob. cit. págs.168 y 159). En efecto, surge de la absolución de posiciones de Etcheverría la efectiva entrega del automotor a Yatzsky, lo que se complementa con la suscripción del formulario 08 por parte de la titular registral, cuya firma fue certificada mediante actuación notarial. Asimismo, el comprador Armando René Yatzsky vendió con posterioridad el automotor a Laura Elena Van Gender Verdenelli -a quien se lo entregó-, y ambos promovieron la demanda que dio inicio al presente juicio.
VI. Por las consideraciones expuestas, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fecha 29/11/2024, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravios; debiendo imponerse las costas de alzada a los apelantes que han resultado vencidos en esta sede recursiva (art.68 del CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Garcia Etchegoyen y Longobardi, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
alzada a los apelantes que han resultado vencidos en esta sede recursiva (art.68 del CPCC). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Garcia Etchegoyen y Longobardi, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 30 de Octubre de 2025.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: confirmar la sentencia apelada de fecha 29/11/2024, en todo lo que decidió y ha sido materia de agravios; imponiéndose las costas de alzada a los apelantes que han resultado vencidos en esta sede recursiva (art.68 del CPCC). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia