Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I · Causa 73.882
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Confirmar la sentencia de fecha 28.02.2025 tanto en lo que refiere a la responsabilidad civil allí asignada; y modificarla en el aspecto y con los alcances explicitados en el apartado I) del voto a la segunda cuestión.
II. Dejar sin efecto el criterio aplicado en la instancia de origen que convertía el capital de condena en una determinada cantidad de SMVM para preservar su valor (arts. 36, 163 y concds. del C.P.C.C.).
III. Establecer que al capital indemnizatorio reconocido a la coactoras, a excepción de aquel reconocido en concepto “Daño psicológico” (redeterminado en esta instancia al que se le aplicarán los intereses conforme se tratara en la cuestión anterior), se le deberá adicionar la alícuota del 6% anual desde la fecha del hecho (09.09.19.) hasta la fecha del dictado del auto recurrido, esto es el día 28.02.25. (S.C.B.A., C. 120.536, "Vera” del 18.04.18. y C. 121.134, “Nidera S.A.” del 03.05.18.); y de aquí en más, y hasta su efectivo pago, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (S.C.B.A.; C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" del 21.10.09.; y C. 119.176, "Cabrera" 15.06.16.; conf. esta Sala, causas n° 63.536, “Tagliani” del 02.07.19.; n° 64.975, “Faure” del 03.03.20.; Sala II, causa n° 63.121, “Olaciregui” del 28.08.18., entre otras).
IV. Imponer las costas de Alzada en 20 % a las actoras y en un 80% a los codemandados (arts. 71, 274 y concds. del C.P.C.C.). …
Causa: 1-73882-2025-
"TAPIA MARIA DE LOS ANGELES Y OTROS C/ YAQUINTA JUAN MANUEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
En la ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Lucrecia Inés Comparato, Esteban Louge Emiliozzi y Yamila Carrasco, para dictar sentencia en los autos caratulados: "TAPIA MARIA DE LOS ANGELES Y OTROS C/ YAQUINTA JUAN MANUEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", (Causa Nº 1-73882-2025), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores: COMPARATO - LOUGE EMILIOZZI - CARRASCO.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia de fecha 28.02.2025?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN; la señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
I).- El proceso es iniciado por María de los Ángeles Tapia, Ignacia Viana, Laura Viana y Emilia Viana, quienes solicitan la indemnización por los daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito ocurrido el 9 de septiembre de 2019, en el que falleció Fermín Viana (hijo de la primera y hermano de las restantes). Según se relata en el escrito de demanda, ese día, alrededor de las 12:20 horas, Fermín Viana viajaba como acompañante en un automóvil Ford Mondeo Ghia (dominio HJK140) por la ruta nacional n.º 3, con destino a la ciudad de Tandil. Al llegar al kilómetro 73 (sector de semi autopista), en las inmediaciones de Cañuelas, el vehículo impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok (dominio AB982MR), que ingresó a la ruta desde un acceso contiguo a una estación de servicio. La acción se entabló contra Héctor Jorge Alves -conductor y titular registral de la Volkswagen Amarok-, Juan Manuel Yaquinta y Luis Carlos Irigoyen -conductor y titular registral del Ford Mondeo-, y se citó en garantía a “Federación Patronal Seguros S.A.” -por la pick up AmaroK-, y a “San Cristóbal SMSG” -por el Ford Mondeo-.-
II).- Luego de integrarse la litis con los codemandados (conf. presentaciones de fechas 30.11.22., 01.12.22., 27.12.22., 03.05.23.), de transitarse por la etapa probatoria (conf. proveimiento de pruebas de fecha 14.06.23. y certificación de fecha 10.02.25.), el día 28.02.2025 se arriba al dictado de la sentencia en el que el Sr. Juez de grado resolvió: “…1°) HACIENDO LUGAR a la demanda de daños y perjuicios promovida por TAPIA MARIA DE LOS ANGELES, VIANA LAURA, VIANA IGNACIA y VIANA EMILIA contra YAQUINTA, JUAN MANUEL, ALVES, HECTOR JORGE e IRIGOYEN, LUIS CARLOS y en consecuencia 2°) CONDENANDO a estos últimos, en la proporción de responsabilidad que a cada uno les corresponde en autos, a abonar, a la Sra. María de los Ángeles Tapia, la suma equivalente a CIENTO DOS COMA CINCUENTA Y OCHO (102,58)
SALARIOS MINIMOS, VITALES Y MOVILES; a LAURA VIANA, la equivalente a TREINTA Y OCHO CON TREINTA (38,30) SALARIOS MINIMOS VITALES Y MOVILES; a IGNACIA VIANA, la suma equivalente a CIENTO DOS COMA CINCUENTA Y OCHO (102,58) SALARIOS MINIMOS, VITALES Y MOVILES y a EMILIA VIANA la suma equivalente a OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO (85,48) SALARIOS MINIMOS, VITALES Y MOVILES, con más los intereses establecidos en el Considerando V), sujeto a liquidación, en el plazo de DIEZ (10) días, bajo apercibimiento de ejecución 3°) HACIENDO EXTENSIVOS los alcances de la condena a las citadas en garantía FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. y SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES -en la proporción correspondiente a la responsabilidad atribuida a cada uno de sus asegurados- en los términos del art. 118 de la Ley 17.418; 4°) IMPONIENDOSE las costas a la demandada vencida, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad prevista por el art. 51 de la Ley 14.967. REGISTRESE. NOTIFIQUESE…”.- III).- Dicho decisorio fue objeto de dos embates recursivos.-
En efecto, los codemandados Juan Manuel Yaquinta, Luis Carlos Irigoyen y “San Cristóbal SMSG” lo apelaron en la presentación electrónica de fecha 10.03.25., concedido libremente el recurso en la providencia del día 11.03.25., y expresaron agravios en la presentación electrónica del día 19.05.25., obteniendo respuesta de la parte actora en fecha 09.06.25.-
Por su parte, “Federación Patronal Seguros S.A.” y el Sr. Alves lo recurrieron en la presentación electrónica de fecha 05.03.25., concedido libremente el recurso en la providencia del día 11.03.25., y expresaron agravios en fecha 20.05.2025., obteniendo respuesta tanto de la parte actora en fecha 09.06.2025., como de los codemandados Yaquinta, Irigoyen y “San Cristóbal SMSG” en fecha 06.06.2025.-
Para ganar en claridad expositiva y evitar reiteraciones, al contenido de dichas piezas lo iré mencionando infra, a medida que vaya tratando los distintos planteos allí formulados.-
IV).- El día 10.04.2026 se llamó autos para sentencia y con fecha 30.04.2026 se practicó el sorteo de ley, por lo cual las actuaciones se encuentran en estado de resolver.-
V).- INCIDENCIA DE LA CAUSA PENAL EN EL PROCESO CIVIL - LA PREJUDICIALIDAD – SU VALOR PROBATORIO.-
De manera preliminar, corresponde destacar que la causa penal iniciada a instancias del hecho dañoso objeto de litis (causa n° IPP nro. 06-03-003645-19/00, de trámite por ante la UFI N° 2 Descentralizada de Cañuelas) concluyó con el sobreseimiento del imputado fundado en la inimputabilidad de este, lo que a la postre impidió continuar el proceso penal (conf. sentencia de fecha 02.08.24.).-
Por consiguiente, el sobreseimiento del imputado no impide analizar la responsabilidad civil en virtud del alcance de la cosa juzgada del artículo 1777 del C.CyC.-
Sin perjuicio de ello, en virtud del principio de adquisición, las mismas tienen pleno valor probatorio en sede civil por cuanto han sido ofrecidas como medio de prueba por las partes.- Esta Sala, en el precedente n° 64.842, “Cranca” del 26.12.19., tuvo oportunidad de pronunciarse -con cita de prestigiosos juristas-, en el siguiente sentido: “…Cuando la causa penal fue ofrecida como prueba, su valor probatorio resulta indiscutible, con mayor razón si no existen en el ámbito civil otras constancias que desvirtúen la plena fe que a la misma corresponde otorgarle como a las diligencias sumariales cumplidas o pasadas en presencia de los funcionarios públicos intervinientes (art. 296 del CC y C). Estos son ajenos a las partes y carecen de interés con relación al resultado final del pleito…” (Kiper, Claudio; “Accidentes de Automotores”; Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fé, Año 2018, Tomo II, pag. 199/200).- Asimismo, la opinión generalizada confiere pleno valor probatorio en el juicio civil a aquellas constancias del sumario cumplido por los agentes policiales en ejercicio de sus funciones, de manera similar a lo previsto para los instrumentos públicos (Zavala de González, Matilde “Resarcimiento de daños”, T. 3, “El proceso de daños”, págs. 160; esta Sala, causa n° 64.842, “Cranca” del 26.12.19.; n° 68.024, “Bianciotti” del 31.03.22.).-
VI).- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR LOS CODEMANDADOS EN TORNO A LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD DISPUESTA EN LA INSTANCIA DE ORIGEN.-
Por razones de orden lógico, inicialmente abordaré la procedencia de las críticas que los codemandados formulan en torno a la atribución de responsabilidad decidida por el Sr. Juez de grado, toda vez que, conforme se resuelva la misma, cobrarán virtualidad los restantes agravios vertidos por las partes en torno a otros aspectos que contiene la misma.-
a).- Crítica ensayada por “Federación Patronal Seguros S.A.” y el Sr. Alves.-
Los apelantes cuestionan la atribución de responsabilidad efectuada por el “a quo”, señalando que no se encuentra probado que el codemandado Alves haya ingresado a la Ruta 3 por una vía clandestina ni que su incorporación a la vía pública haya sido concausa del accidente.- Sostienen que la sentencia se aparta de las constancias de la causa penal, en la cual se determinó que el único responsable fue Yaquinta, y se basa en una pericia realizada cuatro años después del hecho, la que contradice la mecánica del siniestro acreditada en sede penal.- Asimismo, refieren que la imputación del 30% de responsabilidad carece de sustento, pues el accidente ocurrió a una distancia considerable de la estación de servicio y fue consecuencia del alcance producido por el Ford Mondeo, que circulaba a velocidad excesiva y sin dominio del rodado.-
Destacan que el codemandado Alves solo fue citado como testigo en la instrucción penal, que su maniobra fue reglamentaria y que no existe prueba alguna de un ingreso indebido a la ruta.-
Todo ello los lleva a exponer que la conducta de Yaquinta fue el único factor determinante del hecho y que la hipótesis seguida por el sentenciador resulta arbitraria y ajena a la realidad acreditada en el expediente.-
b).- Argumentos expuestos por los codemandados Juan M. Yaquinta, Luis C. Irigoyen y “San Cristóbal SMSG”.-
Estos recurrentes sostienen que un adecuado análisis de las constancias probatorias solo conduce al rechazo total de la pretensión respecto de ellos, por cuanto consideran que razones argumentadas en la sentencia de grado no constituyen fundamentos jurídicos válidos.- Señalan que, contrariamente a lo allí resuelto, Yaquinta no circulaba a velocidad superior a la permitida ni a una velocidad que pudiera reputarse inadecuada o excesiva en función de las condiciones de tiempo y lugar, toda vez que la pericia mecánica estableció que el vehículo Ford Mondeo lo hacía a 82,65 km/h., inferior al límite reglamentario y que debe ser considerado prudente atendiendo a las circunstancias que rodearon el hecho.-
Manifiestan que la sentencia de grado incurre en error al sostener que la velocidad permitida en el lugar del impacto era de 60 km/h., pues el propio dictamen pericial determinó que desde el cartel indicativo de esa velocidad hasta el posible lugar de colisión mediaba una distancia de 301 metros, lo que equivale a afirmar que el accidente se produjo en un tramo de ruta donde el límite aplicable era el general de 120 km/h.- Agregan que, si la colisión ocurrió a 301 metros del referido cartel, resulta absolutamente desacertado sostener que circular a 82,65 km/h configuraba exceso de velocidad, puesto que, una vez superada dicha señal, los conductores pueden retomar la velocidad permitida para rutas.- Destacan que la sentencia deduce de modo arbitrario e injustificado que, por haber sido la velocidad de impacto apenas superior a los 80 km/h, Yaquinta venía circulando a una velocidad mucho mayor con anterioridad, razonamiento que no se sostiene en elemento probatorio alguno y que admite igualmente la interpretación contraria, esto es, que el conductor pudo haber transitado el sector de la estación de servicio a 60 km/h y luego haber incrementado progresivamente su velocidad hasta alcanzar los 82,65 km/h pericialmente determinados, respetando en todo momento los límites vigentes.-
En este punto indican que la sentencia incurre en un segundo error al ponderar el exceso de velocidad tomando como parámetro los 80 km/h, cuando se encuentra demostrado que el accidente se produjo a 301 metros del cartel que indicaba esa restricción, lo que conduce a concluir que la velocidad permitida en el lugar del impacto era la general de ruta.- Sostienen además que el reproche del magistrado en punto a que Yaquinta debió haber disminuido la velocidad y extremado los recaudos ante la llovizna persistente resulta temerario e incorrecto, pues considerar en abstracto que no extremó las diligencias a su cargo, cuando se halla acreditado que circulaba por debajo del límite reglamentario, no es sino una conclusión arbitraria desprovista de respaldo en las actuaciones.- A partir de ello, aducen que haberle atribuido a Yaquinta una participación del 70% en el accidente por circular a 82,65 km/h sobre una ruta no constituye una conclusión válida, en tanto la sentencia no explica ni justifica qué conducta distinta podría haber desplegado aquel para evitar la colisión frente a un vehículo que se incorporó de manera repentina desde un lugar no habilitado y a escasa velocidad.-
Sobre este punto, exponen que la circulación sobre una ruta supone necesariamente hacerlo a velocidades elevadas respecto de las arterias comunes, y que la aparición imprevista y a baja velocidad del vehículo conducido por Alves tornó inevitable la colisión por alcance, sin que ninguna diligencia razonable hubiera permitido a Yaquinta evitarla.- Argumentan que la velocidad de circulación del Ford Mondeo no tuvo incidencia causal en el accidente, pues aún de haber transitado a menor velocidad no habría podido sortear la aparición del imprevisible obstáculo que el vehículo de Alves representaba.-
Señalan que, si el magistrado reconoció la existencia de llovizna que disminuía la visibilidad y mantenía la calzada mojada, debió haber sometido a un análisis más riguroso el comportamiento exigible a Alves, quien ante esas condiciones estaba obligado a cerciorarse de que ningún vehículo circulara por la ruta antes de incorporarse al tránsito desde un lugar no permitido y a velocidad reducida.-
Agregan que en la sentencia de grado se omitió ponderar lo dispuesto en el artículo 45 inciso d) de la Ley 24.449, que prohíbe a todo conductor estorbar la fluidez del tránsito circulando a una velocidad menor que la de operación del carril, norma que Alves infringió abiertamente al incorporarse a la ruta en forma lenta y desde un lugar prohibido, lo que debió conducir a su declaración como único responsable del hecho.-
Destacan asimismo que la sentencia incumplió el régimen de prioridad de paso establecido en el artículo 41 inciso d) de la misma ley, que impone detener la marcha antes de ingresar o cruzar una autopista o ruta, norma que Alves desatendió completamente al no ceder el paso al vehículo conducido por Yaquinta.-
En este punto, indican que la maniobra intempestiva de incorporación al tránsito vehicular ejecutada por Alves, desde un lugar no permitido y a baja velocidad, convierte a este último en el único y exclusivo responsable del accidente, sin que pueda confirmarse válidamente lo resuelto.-
Por todo ello, solicitan que se revoque la sentencia apelada en cuanto atribuye responsabilidad al codemandado Yaquinta y se rechace la demanda en su totalidad respecto de este, con expresa imposición de costas a la actora. Subsidiariamente, solicitan la morigeración del porcentaje de responsabilidad que se le atribuye.-
c).- Estudio y abordaje del agravio transcripto precedentemente. La solución.-
A modo preliminar, corresponde señalar que no ha sido objeto de agravios la existencia del hecho y las circunstancias de día, hora y lugar de ocurrencia del accidente de tránsito objeto de litis, personas intervinientes, sentido de circulación de los rodados participantes en el mismo y el marco jurídico asignado a las presentes actuaciones por el Sr. Juez de instancia originaria (arts. 163, 375, 376, 384 y concds. del C.P.C.C.; arts. 1723, 1727, 1728, 1730, 1731, 1734, 1736, 1744, 1757, 1769 y concds. del C.CyC.).-
También que, en materia de responsabilidad extracontractual, quien acciona en el marco de un accidente de tránsito debe probar: a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa; d) el carácter de dueño o guardián de los demandados, respondiendo en principio el dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño de manera objetiva; mientras que el responsable sólo se libera demostrando la causa ajena (conf. arts. 1.722, 1.757 y 1.758, 1.769 y concds. del C.CyC.). De modo que la carga de la prueba del factor de atribución, del daño y de la relación de causalidad recae sobre quien la alega, en este caso la parte actora; mientras que la carga de probar el eximente de responsabilidad o causa ajena pesa sobre quien la invoca, en este caso, el demandado (conf. arts. 1734, 1736 y 1744 del C.CyC.; art. 375 del C.P.C.C.; esta Sala, causa n° 65.163, “Arano” del 02.06.20.; n° 65.562, “Galmez” del 23.06.20.; n° 65.768, “Cantagallo” del 22.09.20., entre otras).- Vertidos tales conceptos, corresponde ahora adentrarme en el estudio de los agravios volcados por los apelantes.- Respecto del recurso de apelación deducido por “Federación Patronal Seguros S.A.” y el codemandado Alves, entiendo que los argumentos que contiene al mismo no logran conmover el fundamento central de la sentencia apelada.-
En efecto, para así decidirlo, considero que el sentenciante de grado expresamente señaló que resultaba irrelevante determinar si la salida merecía o no el calificativo “clandestino” atribuido a la salida utilizada por el codemandado Alves, en tanto lo dirimente era establecer, con apoyo en elementos objetivos, por cuál acceso ingresó efectivamente el rodado a la ruta. Sobre este punto, la pericia mecánica no se limitó a una afirmación dogmática, sino que fundó su conclusión en el cotejo entre la ubicación del punto de impacto, la impronta de las deformaciones sufridas por ambos rodados y la geometría de los dos accesos existentes en las inmediaciones de la estación de servicio. Esto último resulta relevante, dado que si Alves hubiese egresado por la salida oficial (de trazado oblicuo, coincidente con el sentido de circulación hacia el retorno), las deformaciones de la camioneta debieron localizarse en su lateral izquierdo, y no en su sector trasero, tal como efectivamente se constató.
Este razonamiento técnico, apoyado en un dato físico verificable (la localización de los daños) y no en una mera presunción, no ha sido rebatido por el apelante con un argumento de igual entidad científica, sino tan solo con su propia versión de los hechos, lo que resulta insuficiente para desvirtuar una pericia debidamente fundada (arts. 163, 375, 473 y 474 del C.P.C.C.; arts. 1734, 1736 y concds. del C.CyC.).- En cuanto a la afirmación de que los croquis de la causa penal no reflejarían la existencia de un acceso alternativo, cabe recordar que dicha causa tuvo por objeto investigar la responsabilidad penal de Yaquinta, y no relevar exhaustivamente todos los accesos a la ruta en la zona del siniestro.
La circunstancia de que la pericia mecánica producida en sede civil (con relevamiento fotográfico propio, verificación de la señalización existente y constatación de una huella compatible con tránsito reiterado de vehículos) haya identificado dicho acceso, no contradice, sino que complementa las constancias penales, sin que ello configure absurdo valorativo alguno por parte del Sr. Juez de grado (arts. 163, 375, 384, 473 y 474 del C.P.C.C.).- Por otra parte, en respuesta a otro de los pasajes recursivos, la circunstancia de que en sede penal Alves solo haya sido convocado a prestar declaración testimonial, no importa un pronunciamiento judicial sobre la inexistencia de responsabilidad civil de este último, puesto que, en materia de accidentes de tránsito, la misma se asienta sobre un factor objetivo de atribución vinculado al riesgo de la cosa (arts. 1722, 1757, 1769 y concds. del C.CyC.).-
En lo que hace a la objeción fundada en el paso del tiempo transcurrido desde el siniestro vial hasta la confección de la pericia mecánica de autos, cabe destacar que dicha circunstancia no invalida por sí sola sus conclusiones vertidas por el Ing. Trinchero, en tanto estas se apoyaron en elementos de la infraestructura vial (tales como ubicación de accesos, señalización, existencia de arbolados) cuya perdurabilidad en el tiempo fue objeto de verificación por el propio perito, quien incluso constató, en una visita posterior a la pericia, que se había colocado un montículo de tierra para impedir el uso del acceso identificado, dato que antes que debilitar corrobora la preexistencia y utilización de dicho paso (conf. respuestas a pedido de explicaciones) . Frente a las impugnaciones articuladas por la parte demandada, el experto brindó explicaciones circunstanciadas que no fueron eficazmente rebatidas con elementos de prueba de similar rigor técnico, por lo que la crítica del apelante no trasciende el plano de la mera discrepancia con las conclusiones periciales, lo que resulta insuficiente para su apartamiento (arts. 163, 375, 384, 473 y 474 del C.P.C.C.).- Respecto al recurso deducido por Juan M. Yaquinta, Luis C.
Irigoyen y “San Cristóbal SMSG”, considero que el razonamiento del “a quo” no se sustentó en la premisa de que Yaquinta hubiera infringido, en sentido estricto, el límite numérico de velocidad señalizado en el lugar exacto del impacto, sino en el deber de prudencia genérico que el artículo 39, incisos a) y b), de la Ley 24.449 impone a todo conductor, consistente en adecuar la velocidad de circulación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con independencia de cuál sea el límite máximo abstractamente aplicable a ese tramo de la ruta.-
Y en el caso, esas circunstancias eran múltiples y concurrentes: llovía, la calzada se encontraba mojada, la visibilidad se hallaba reducida, el tramo se ubicaba en las inmediaciones de una estación de servicio con previsible ingreso y egreso de vehículos, y a escasos metros existía una dársena de giro que por su propia función supone la reducción de velocidad de los rodados que pretenden utilizarla.-
Frente a ese cúmulo de circunstancias, el hecho de que el punto de impacto se encontrara a 301 metros del último cartel de reducción no autoriza, sin más, a concluir que la velocidad de circulación general de la ruta era la única exigible en ese preciso lugar, pues la obligación de circular a una velocidad prudente y compatible con el dominio efectivo del vehículo no se agota en el respeto de la cartelería puntual, sino que se proyecta sobre la totalidad del tramo en el que subsisten, como en el caso, las condiciones de riesgo que la motivaron.-
Tampoco encuentro atendible el argumento según el cual la incorporación del conductor de la VW Amarok habría constituido, por sí sola, un obstáculo insalvable e imprevisible que tornaba inevitable la colisión, cualquiera hubiese sido la velocidad de Yaquinta. La huella de frenada de 40,60 metros que el Ford Mondeo dejó impresa sobre el asfalto me permite inferir que su conductor sí llegó a percibir la presencia de la pick up con antelación suficiente para iniciar una maniobra evasiva, lo que descarta la hipótesis de una aparición súbita e imprevisible equiparable a la de un animal suelto en la ruta o a la de un peatón que irrumpe intempestivamente en la calzada. La diferencia respecto de tales supuestos es sustancial; mientras que aquellos involucran obstáculos por naturaleza imprevisibles para cualquier conductor diligente, en el caso de autos se trataba de otro vehículo, que ya circulaba o maniobraba sobre la traza de la ruta, en un punto donde la propia infraestructura vial (estación de servicio, dársena de giro) hacía previsible la eventual presencia de rodados incorporándose o reduciendo su marcha. Un conductor que transita esa zona con la prudencia que las circunstancias exigen debe estar en condiciones de percibir y reaccionar ante esa clase de contingencia, previsible antes que sorpresiva.- En cuanto a la invocación de los artículos 41 inciso d) y 45 inciso d) de la Ley 24.449 (relativos a la prioridad de paso de quien circula por la vía principal y a la prohibición de entorpecer la fluidez del tránsito circulando por debajo de la velocidad de operación del carril), observo que se trata de normas que el propio apelante dirige contra la conducta de Alves, y que en nada contradicen ni debilitan el reproche que, en paralelo y no en sustitución, cabe formular respecto de la conducta de Yaquinta. La infracción de esas normas por parte de Alves constituye el fundamento del 30% de responsabilidad que se le atribuyó, y no excluye, sino que concurre con, la valoración negativa de la velocidad de Yaquinta para las circunstancias del lugar. Ambos reproches conviven, sin excluirse mutuamente, en la ecuación causal que el “a quo” reconstruyó con apoyo en la prueba pericial rendida en autos (arts. 163, 375, 384, 473 y 474 del C.P.C.C.).-
Los precedentes jurisprudenciales que invocan los apelantes tampoco resultan trasladables al caso. Los mismos involucraban conductas de la propia víctima del accidente (el peatón o el conductor de la motocicleta damnificado) que se interponían en la trayectoria de un vehículo en circunstancias donde ese último no tenía, por la naturaleza del obstáculo, posibilidad razonable de anticipación. En el caso de autos, en cambio, ninguno de los dos conductores involucrados en la colisión resultó ser la víctima fatal del hecho, sino que ambos fueron, según la pericia mecánica de autos, protagonistas directos y activos del suceso.-
Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar los recursos de apelación bajo estudio y, consecuentemente, confirmar la distribución de responsabilidad establecida en la instancia de origen, en el 70% a cargo de Juan Manuel Yaquinta y el 30% a cargo de Héctor Jorge Alves (arts. 163, 375, 384, 421 y concds. del C.P.C.C.; arts. 1722, 1729, 1734, 1757, 1769 y concds. del C.CyC.; arts. 39, 51 y concds. de la Ley 24.449).-
VII).- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS REFERENTES AL RECONOCIMIENTO Y JUSTIPRECIACIÓN DE LOS RUBROS INDEMNIZATORIOS TRATADOS EN LA SENTENCIA APELADA.-
a).- En este apartado trataré los agravios vertidos por los apelantes contra la procedencia del rubro “Daño moral” en favor de la madre y de las hermanas de Fermín Viana, y por el cual el “iudex a quo” reconoció en las sumas de $ 20.000.000 para la primera y $ 10.000.000 a las últimas (conf. Considerando IV.a.).-
i).- Al respecto, “Federación Patronal S.A.” y el Sr. Alves sostienen que el juez declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 1741 del C.CyC., apartándose de su texto expreso.-
Exponen que la norma es clara al limitar la legitimación activa para reclamar daño moral por muerte o gran discapacidad a ascendientes, descendientes, cónyuge y convivientes con trato familiar ostensible, exclusión que alcanza a los hermanos.-
Afirman que dicha restricción responde a criterios objetivos y razonables vinculados con la previsibilidad de los riesgos y la cobertura de los daños, conforme lo ha reconocido la CSJN.-
Destacan que ninguna de las partes cuestionó la validez constitucional del art. 1741, por lo que la declaración de inconstitucionalidad de oficio resulta improcedente, un pronunciamiento sobre una cuestión ajena al litigio y contrariar el deber de los jueces de decidir dentro del marco de las pretensiones deducidas.-
Solicitan el rechazo del rubro en estudio respecto de las hermanas de la víctima, y subsidiariamente, impugnan por excesivos los montos fijados en favor de cada una de ellas.-
Por último, señalan que el fallo funda la cuantía en las pericias psicológicas y, paralelamente, reconoce indemnización por daño psicológico, configurando una doble reparación por el mismo hecho.-
Por ello, aun sin desconocer la gravedad del suceso, postulan que las sumas establecidas en concepto de “Daño moral” resultan desproporcionadas y deben ser reducidas a valores más razonables.- ii).- Por su parte, “San Cristóbal SMSG” y los codemandados Yaquinta e Irigoyen se alzan exponiendo que, en relación con la Sra. Tapia, el fallo en crisis carece de un razonamiento fundado que permita reconstruir las pautas utilizadas para determinar las sumas de dinero reconocidas, limitándose el magistrado de origen a afirmar que, ante la ausencia de parámetros objetivos, estimaba “prudente” fijar dicha suma.-
Postulan que el aspecto recurrido es arbitrario y jurídicamente descalificable, en tanto no se ponderaron las satisfacciones sustitutivas y compensatorias exigidas por el art. 1741 del C.CyC.- Luego de citar jurisprudencia que consideran como respaldatoria de su postura, objetan la declaración de oficio de la inconstitucionalidad del art. 1741 del C.CyC. que a la postre permitió el reconocimiento del parcial en favor de las hermanas de la víctima.- Al respecto, vituperan que la norma limita la legitimación para reclamar consecuencias no patrimoniales, en caso de muerte, a ascendientes, descendientes, cónyuge y convivientes con trato familiar ostensible, exclusión que alcanza a los hermanos.-
Afirman que no se acreditó ninguna circunstancia excepcional que habilite la declaración de inconstitucionalidad, la cual constituye una última ratio y no puede ser dictada sin una fundamentación concreta y vinculada al caso.-
Sostienen que el pronunciamiento se limita a consideraciones abstractas, sin demostrar la existencia de trato familiar ostensible ni de una situación de extrema injusticia que justifique apartarse del régimen legal.-
Por todo ello solicitan se revoque el reconocimiento del parcial en examen en favor de las hermanas de Fermín Viana.-
Subsidiariamente, impugnan los montos fijados por considerarlos excesivos y señalan que la sentencia en trance de revisión utiliza las pericias psicológicas para justificar la cuantía del daño moral, pese a que también se reconoció un rubro autónomo por daño psicológico, configurando (a su entender) una doble indemnización por el mismo hecho.- iii).- Expuesto lo anterior, a modo preliminar, he de sindicar que el art. 1741 del C.CyC. regula la indemnización de las consecuencias no patrimoniales estableciendo para ello que: “…Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible. La acción sólo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas…”.-
A partir de ello, los agravios en estudio no merecen acogida favorable en esta instancia.-
Para así decidirlo, postulo que en autos se encuentra acreditado que las coactoras convivían con su hermano en un departamento sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa convivencia, lejos de constituir un dato meramente circunstancial, resulta reveladora de un trato cotidiano y de una asiduidad de contacto que trascienden el vínculo fraterno considerado en abstracto, y que permite inferir razonablemente la existencia de una comunidad de vida compartida con la víctima al momento del hecho (arts. 163, 375, 384 y concds. del C.P.C.C.).-
No desconozco que de la documental obrante en la causa penal surge que Fermín Viana tenía denunciado en su documento nacional de identidad un domicilio en la ciudad de Tandil. Sin embargo, entiendo que ese dato registral, por sí solo, no resulta suficiente para desvirtuar la convivencia que tengo por acreditada, en tanto es sabido que el domicilio consignado en el documento de identidad no siempre refleja el lugar de residencia efectiva de una persona, sobre todo tratándose de un joven profesional que, como en el caso, había trasladado el centro de su vida a otra ciudad, primero por estudios y luego por razones laborales. En efecto, los medios de prueba testimonial, documental e informativa incorporados a la causa, valorados en su conjunto y a la luz de las reglas de la sana crítica, me permiten tener por acreditado que la víctima residía efectivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a sus hermanas, conclusión que se ve reforzada y probada por la circunstancia de que se desempeñaba laboralmente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dato que resulta plenamente compatible con una residencia efectiva y estable en esa ciudad, y no en la mera constancia formal de un domicilio que, para entonces, había dejado de reflejar su realidad habitacional.- A ello se suman las restantes medios de prueba incorporados a la causa, en particular las pericias psicológicas y las declaraciones testimoniales, que dan cuenta del impacto que el fallecimiento de Fermín Viana produjo en el espíritu de las accionantes.-
Entiendo, en consecuencia, que se encuentran cumplidos los recaudos que el artículo 1741 del C.CyC. exige para habilitar el reclamo de las coactoras. Como fuera señalado, la norma reconoce legitimación activa para reclamar la reparación del daño moral, en los supuestos de fallecimiento de la víctima, no solo a los ascendientes, descendientes y al cónyuge o conviviente, sino también a quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible. Siendo ello así, y habiéndose acreditado en el caso concreto la convivencia de las hermanas con la víctima y el trato familiar consecuente, la legitimación de las recurrentes surge de la aplicación directa del texto vigente del artículo 1741, sin necesidad de recurrir a una interpretación extensiva ni a un apartamiento de sus términos (conf. Lorenzetti, Ricardo L., "Código Civil y Comercial de la Nación comentado", T. VIII, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 503; Ibarlucía, Emilio A.; “La legitimación para reclamar reparación del daño moral. Un fallo prudente”, Publicado en: RCCyC 2018 (junio), Cita: TR LA LEY AR/DOC/741/2018; (2018) Ossola, Federico Alejandro. Legitimados para accionar por el resarcimiento de daño moral. Revista de Derecho de Daños. 47-104- Vol., Num.: 2018-3, Valdés Tietjen, Benjamín, “Legitimación para reclamar daño moral en el Código Civil y Comercial”, Publicado LA LEY AR/DOC/325/2017).-
A partir de lo expuesto, entiendo que corresponde dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1741 del C.CyC. decretada en la instancia de origen. En efecto, si la legitimación de las hermanas de la víctima para reclamar la reparación del daño moral surge, tal como quedó expuesto, de la aplicación directa del texto vigente de la norma (en tanto esta contempla expresamente a quienes convivían con el fallecido recibiendo trato familiar ostensible), deviene innecesario el juicio de inconstitucionalidad efectuado por el sentenciante de grado, pues la declaración de inconstitucionalidad constituye la “última ratio”. Por tales razones, propongo al Acuerdo revocar en este aspecto el pronunciamiento apelado, dejando sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1741 del C.CyC. allí decretada, sin que ello obste, por lo ya reseñado, al reconocimiento del derecho de las hermanas a obtener la reparación del daño moral reclamado (arts. 163, 375 y concds. del C.P.C.C.; art. 1741 y concds. C.CyC.).-
Tampoco comparto la crítica que sostiene que la suma de $ 20.000.000 fijada en concepto de daño moral a favor de la madre de la víctima carece de fundamentación. Para así decidirlo, considero que el Sr. Juez de grado explicitó, con precisión, el conjunto de elementos objetivos que tuvo en cuenta para arribar a esa estimación. Esto es, la edad de Fermín Viana al momento del hecho (treinta años), las declaraciones testimoniales de personas cercanas al núcleo familiar coincidentes en describir el trato asiduo y afectivamente próximo que la víctima mantenía con sus familiares, así como su disposición constante a acompañarlos y asistirlos.-
En lo que respecta puntualmente al daño moral por la muerte de un hijo, tiene dicho este Tribunal –siguiendo los preceptos establecidos por Zavala de González- que su procedencia no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica; asimismo, su titularidad y determinación debe efectuarse atendiendo a todos los padecimientos y aflicciones que la muerte presumiblemente pudo haber provocado en el estado anímico y en la vida de relación de los damnificados. Es incuestionable la lesión de las legítimas afecciones de los padres que derivan de la muerte abrupta de un hijo a raíz de un accidente. Es que los mismos resultan “…Depositarios de incontables afanes y desvelos, los hijos constituyen una proyección espiritual de los padres, el centro de los más hondos afectos y lo mejor que uno puede dejar en esta tierra. Como lo dice Mosset Irurraspe, “…la vida de los hijos representa para los padres, desde el ángulo de los sentimientos, un valor incomparable. El padre o la madre ven en los hijos el fruto de su amor y la continuación de sus vidas más allá de las propias, y esperan recibir de ellos buena parte al menos del cariño que han depositado como consuelo y ayuda espiritual en los altos años de la vida…” (Zavala de González, Matilde; “Perjuicios económicos por muerte”, Astrea, T. 2, pág. 275; esta Sala causas n° 52.964, “Ojues”, del 02.07.2009; n° 53.489, “Alvarado” del 30.10.2009.; n° 55.239, “Serrano”, del 27.09.2011.; n° 58.235, “Gerez”, del 29.10.2013; n° 64.413, “Macaya” del 23.02.21.; n° 72.514, “Barraza” del 26.11.24., entre otros).-
Retomando lo dicho en precedentes de este tribunal (causas n° 59.268, “Zampieri”, del 22.12.14. y n° 60.387, “Germain”, del 28.04.2016), cualquiera sea el criterio que se adopte para cuantificar el daño moral, ellos siempre tropezarán con un obstáculo imposible de superar en los supuestos de “daños irreparables”, como es el caso paradigmático de la muerte de un hijo. Es que, tal como lo dijo la cámara bahiense en una causa que allí se cita, en estos casos “…el resarcimiento necesariamente debe ser infravalorado ya que la cuantificación del daño tiende al infinito…”. En idéntica orientación, se señala en los fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación que a la hora de fijar la indemnización hay limitaciones difíciles de superar, como ocurre, por ejemplo, con la indemnización dineraria que nunca puede conformar la desaparición de un ser querido (esta Sala, causa n° 72.514, “Barraza” del 26.11.24.).- Es sabido que el daño moral no admite, por su propia naturaleza extrapatrimonial, una cuantificación sujeta a parámetros matemáticos o tarifas prefijadas, motivo por el cual el artículo 1741 del C.CyC. remite a la prudente ponderación judicial de las circunstancias del caso.-
Por otro lado, si bien las sentencias que fijan el daño moral acudiendo a parámetros que se consideran “justos”, “prudentes” o “razonables” pueden ser sospechadas de arbitrariedad, entiendo que no debe confundirse arbitrariedad con subjetivismo. En tal sentido, afirma el eminente jurista Ramón Pizarro en su clásica obra, que la determinación del “quantum” indemnizatorio del daño moral está presidida de una marcada dosis de subjetivismo, y que la propia entidad extrapatrimonial del perjuicio y la inexistencia de un mercado de valores espirituales afectados impiden una calibración exacta en términos económicos. Y a continuación añade que el cartabón para medir el daño moral es diferente del que rige en materia de daño patrimonial, ya que “es el metro de la mente y del espíritu el que brinda la solución” (aut. cit., “Daño moral”, pág. 385; esta Sala, causa n° 69.221, “Iribarren” del 20.10.22.).-
Asimismo, no debemos olvidar que la razonabilidad es un principio que nutre de sentido común al sistema, al punto que ha sido defendido su empleo como criterio de individualización de la norma y de fundamento de la decisión judicial (Patti, Salvatore “La razonabilidad en el derecho civil”, LL 2013-B-1034; esta Sala, causa “Zampieri”, del 22.12.14.).- En suma, la crítica de arbitrariedad solo puede prosperar cuando el apelante demuestra que la suma fijada resulta desproporcionada con relación a las circunstancias comprobadas de la causa, extremo que en el caso no ha sido siquiera esbozado por los recurrentes, quienes se limitaron a cuestionar genéricamente la falta de explicitación de un criterio, sin hacerse cargo de las pautas concretas (edad, actividad, ingresos e intensidad del vínculo afectivo) que la sentencia efectivamente desarrolló.- Superado el tramo que cuestiona el reconocimiento del rubro en estudio, resta ahora abordar si la cuantificación reconocida se ajusta a derecho.-
En tal sendero, considero pertinente comenzar por reseñar que: “…En la actualidad se superó el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba "el precio del dolor" para aceptarse que lo resarcible es el "precio del consuelo" que procura "la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias"; se trata "de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado", de permitirle "acceder a gratificaciones viables", confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a la víctima, como lo decidió la Corte nacional, "obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales…” (Jorge M. Galdós en Lorenzetti, Ricardo Luis, Director, "Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado". T. VIII, arts. 1614 a 1881, 1era ed. Santa Fe., Ed. Rubinzal - Culzoni, Año 2015, pág. 503; el destacado me pertenece).-
Por su parte, la Suprema Corte provincial ha dicho que el daño extrapatrimonial (antes llamado moral): “…comprende las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes que, se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, y tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida de la persona y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos…” (S.C.B.A., B 64.180, “Yane” del 27.12.17., con sus citas).-
En autos, al responder los puntos de pericia que requerían que informe si el accidente y sus consecuencias habían influido negativamente en el estado de salud psíquica o psicológica de cada las reclamantes, la Lic. Etchemendi expuso que: “…De la actora Tapia: En la actora hay indicadores de un impacto negativo en su salud psíquica, donde hay un monto de angustia elevado al presente. La actora muestra una gran capacidad de resiliencia, logrando afrontar las situaciones de la vida cotidiana, aunque ha tendido a intelectualizar y sobre compensar las situaciones dolorosas, trabajando arduamente, por ejemplo, siendo este un mecanismo de afrontamiento del dolor, mostrándose por momentos sobre adaptada. De Emilia Viana: se evidencia un impacto negativo en su salud psicológica, hay marcada dificultad de aceptación, aspectos disociativos asociados o desencadenados por el trauma vivido, angustia marcada y elevada, aislamiento social y afectivo como mecanismo de defensa prevalentes. De Laura Viana: se encuentran referidos cambios en las relaciones con la familia nuclear, sobre todo con la mamá, a quien se siente en necesidad de proteger. Aparece angustia en su relato y en otras manifestaciones a lo largo de la evaluación. De Ignacia Viana: ella presenta un malestar significativo que abarca distintas áreas de funcionamiento, social, laboral, orgánico, desencadenado en el momento del accidente. Fue ella quien recibió la noticia inicialmente, reconoció el cuerpo de su hermano, comunicó la noticia al resto del grupo familiar. Aparecen signos de estrés postraumático marcados. No solo se evidencia angustia sino trastorno del sueño, dificultad de concentración, aislamiento social y afectivo, pérdida de capacidad de disfrute, temor, y efectos orgánicos asociados al estrés o al menos posteriores a este…” (conf. pto. III.i de pericia psicológica de fecha 29.09.23.).-
A partir de lo anterior, cabe consignar que en autos ha quedado corroborada la presunción de daño moral de las accionantes por las aflicciones y angustias provocadas por la muerte de Fermín Viana. Las pautas vertidas y un análisis comprensivo de los medios de prueba obrantes me llevan a considerar como adecuadas las sumas de dinero fijadas en la instancia de origen para cada una de ellas; montos que indemnizan razonablemente los padecimientos alegados, permitiendo a estas llevar adelante actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen las afectaciones padecidas (art. 165, 165, 375, 384, 474 y concds. del C.P.C.C.; arts. 1740, 1741 y concds. del C.CyC.).-
Por tales razones, propongo al Acuerdo revocar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1741 del C.CyC, decretada en la instancia de origen y confirmar (por las consideraciones expuestas) las sumas de dinero reconocidas a las accionantes en el parcial en estudio.-
b).- Emprenderé ahora, siempre siguiendo el orden propuesto en la sentencia de grado, el estudio de las críticas que los apelantes formulan contra el reconocimiento y cuantificación del parcial “Daño psicológico”, y por el cual se concedió la suma de $ 5.000.000 para la Sra. Tapia, $ 15.000.000 en favor de Emilia Viana, $ 1.200.000 para Laura Viana y $ 20.000.000 para Ignacia Viana (conf. Considerandos IV.b.1 a 4).- b.i).- Cuestionamiento efectuado por “Federación Patronal S.A.” y el Sr. Alves.-
Estos recurrentes cuestionan los montos reconocidos por “Daño psicológico”, señalando que el “a quo” otorgó sumas desproporcionadas y carentes de sustento técnico, pues utilizó los mismos argumentos empleados para justificar el “Daño moral”, lo que a la postre genera una doble indemnización.-
Sostienen que la indemnización para este rubro debe guardar relación con el tratamiento indicado y no reproducir, sin más, el impacto emocional propio del duelo, que ya se encuentra resarcido en el rubro “Daño moral”.-
Asimismo, denuncian la arbitrariedad del método utilizado para cuantificar el mismo, dado que se habría aplicado una operación aritmética automática ($ 5.000.000 por cada 10 puntos de incapacidad) sin explicar su origen ni justificar la razonabilidad de los montos fijados.- Alegan que tal criterio desconoce la doctrina y jurisprudencia que distinguen el padecimiento emocional propio de la pérdida de un ser querido de la verdadera lesión psíquica con entidad patológica, por lo que solicitan la revocación de las sumas de dinero reconocidas, como así también su adecuación a parámetros más prudentes y acordes a derecho.- b.ii).- Argumentos vertidos por “San Cristóbal SMSG” y los codemandados Yaquinta e Irigoyen.-
Estos se alzan exponiendo que el fallo en crisis convalida una duplicación de rubros, pues utiliza el mismo padecimiento espiritual que justificó el daño moral para otorgar una indemnización adicional bajo otra denominación.-
Sostienen que el magistrado de grado se apartó de la doctrina y jurisprudencia que descartan la autonomía resarcitoria del daño psicológico cuando no existe una verdadera lesión psíquica con entidad patológica, y que la sentencia incurre en un error conceptual al indemnizar dos veces el mismo perjuicio.-
Asimismo, denuncian que los montos fijados carecen de toda fundamentación y se apartan de criterios objetivos de cuantificación, configurando una decisión arbitraria que no explica cómo se arriba a cifras tan elevadas ni qué parámetros se utilizaron para su determinación.- En virtud de ello, solicitan se revoque el reconocimiento del parcial cuestionado por resultar improcedente, injustificado y contrario a la prohibición de doble indemnización que la SCBA ha reiterado en precedentes análogos.-
b.iii).- La solución.-
En respuesta a ello, adelanto al Acuerdo que tales agravios merecen acogida parcial a partir de las siguientes consideraciones.- Esta Cámara, con especial referencia al daño psíquico, a través de sus dos Salas, ha seguido la postura que sostiene que el denominado “Daño psicológico”, no obstante su indisputable autonomía conceptual, no puede -en principio- verse como un rubro resarcitorio autónomo y distinto del daño moral y patrimonial, por lo que no constituye un tercer género (esta Sala, causas nº 49.261, “Oroquieta” del 08.06.06; nº 49.607, “Otero” del 07.09.06., nº 50.982, “Saez” del 06.12.07.; nº 52.544, “Echeverría” del 29.04.09., nº 53.514, “Romay” del 18.11.09., nº 57753, “Medrano” del 04.06.13.; n° 59.530, “Montagna” del 16.04.15.; n° 64.638, “Arrieta” del 12.12.19., entre otras; Sala II, causa nº 45.685, “Colazo” del 11.09.03.; nº 47.844, “Villarreal” del 24.02.05., entre otras). Esta ha sido, por lo demás, la postura adoptada por la S.C.B.A. (Ac. 77.461, “González” del 13.11.02.), por un importante sector de la doctrina (véase a Galdós, Jorge M., “Daños a la persona”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros”, Año VII, Nº 2, febrero de 2005), y ha sido ratificada –por mayoría- por la Comisión Nº 2 de las XXI Jornadas Nacionales de Derecho Civil llevadas a cabo en el mes de septiembre de 2007.-
Por esa senda, en las causas n° 55.239, “Serrano” del 27.09.11.; n° 59.530, “M., M. J.” del 16.04.15.; n° 65.737, “Ibarlucia” del 08.10.20. –entre otras-, esta Sala ha señalado que: “…El daño psicológico, y aunque la cuestión no es unívoca, es un daño conceptualmente autónomo, pero que –por vía de principio- se resarce en las partidas daño patrimonial o extrapatrimonial, o en ambas. Es decir no constituye un tercer género de daños a los fines de su indemnización ya que en forma indistinta o simultánea puede constituir un daño patrimonial, emergente o lucro cesante, por las erogaciones de asistencia psicológica y psiquiátrica y farmacológica, y por la incapacidad permanente que produce, y a la vez un daño moral por los dolores, molestias y padecimientos extrapatrimoniales…”.-
Se trata, como se ha señalado en otra ocasión y desde otro lugar, de indemnizar el daño injustamente sufrido por el damnificado, que atienda a toda la afectación a la integridad psicofísica de la persona, considerando y discriminando los distintos rubros que la componen y constituyen, incluyendo -claro está- al daño psicológico. (Galdós, Jorge; “Acerca del daño psicológico” Publicado en J.A. 2005-I fasc. 10).- En esa dirección, este Tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse en diversos precedentes acerca de la procedencia del daño psíquico o psicológico en supuestos como el presente, en los cuales se reclaman los daños derivados del fallecimiento de una persona (causas n° 55.239, “Serrano” del 27.09.11.; n° 55.358, “Strosio” del 01.12.11.; n° 56.476, “Tomasco” del 07/08/12; n° 60.489, “Beltrán” del 02.02.17.; n° 62.781, “Falcón” del 10.05.18.).-
La conclusión a la cual se arribó en dichos precedentes es que, en principio, y a diferencia de lo que sucede cuando se reclama por daños a la propia integridad psicofísica, en los casos en que la víctima fallece, los legitimados solo pueden reclamar la indemnización del daño material (compuesto por el aporte económico que la víctima hacía a sus familiares y otros eventuales daños materiales, como los gastos de sepelio o el tratamiento psicológico ya realizado o al menos recomendado) y moral. Sin embargo, también se puntualizó que, si el reclamante logra acreditar que el fallecimiento del ser querido le produjo un menoscabo psíquico con afectación de su propia capacidad para actuar o en su potencialidad laboral, con incidencia directa en el plano material, cabría la procedencia del “daño psicológico”, aunque subsumido en la partida del daño material por no constituir el daño psicológico un tercer género (esta Sala, causa n° 63.075, “Lochbaum” del 13.07.18.; n° 66.624, “Trueba” del 11.05.21.).-
Por otro lado, también se aclaró que ninguna duda cabe de que el costo del tratamiento psicológico (ya realizado o recomendado) sí es procedente e integra la partida del daño material (arts. 1740, 1745 y concds. del C.CyC.).-
Cabe destacar, sin embargo, que se trata de una excepción de interpretación restrictiva, que esta Sala solo ha admitido en contadas ocasiones y respecto de la progenitora del fallecido, cuando se ha acreditado de manera fehaciente y concreta (no meramente conjetural) el cumplimiento de los recaudos que habilitan dicha excepcionalidad, esto es, la efectiva incidencia del menoscabo psíquico en la capacidad de actuar o en la potencialidad laboral de la reclamante, con directa proyección patrimonial (esta Sala, causas n° 63.075, “Lochbaum” del 13.07.18.; n° 66.624, “Trueba” del 11.05.21.).-
Sentado lo anterior, corresponde examinar la situación de cada una de las reclamantes a la luz de la doctrina reseñada.-
Adelanto que, a mi juicio, ninguna de las cuatro coactoras logra sortear el estándar excepcional recién expuesto. En efecto, y comenzando por la Sra. Tapia, si bien la pericia de la Lic. Echetmendi le atribuye una incapacidad psíquica del 10%, no encuentro en la causa alegación ni prueba concreta de que ese cuadro haya repercutido en su capacidad para trabajar o en su potencialidad laboral, ni que de él derive un menoscabo patrimonial autónomo y diferenciado del que ya recibe cobertura bajo el rubro “Daño moral”. El hecho de tratarse de la madre del joven fallecido, y la lógica gravedad que reviste para cualquier progenitora atravesar una pérdida de esa naturaleza, son circunstancias que ya se encuentran ponderadas al momento de fijar el resarcimiento por daño moral, y no bastan, por sí solas, para tener por configurado el presupuesto excepcional mencionado previamente.-
Idéntica conclusión corresponde extender a Emilia Viana, Laura Viana e Ignacia Viana. Respecto de ellas, tampoco advierto que se haya alegado ni acreditado que los cuadros diagnosticados (Depresión Mayor Moderada en el caso de Emilia, y TPEPT moderado con Depresión Leve en el de Ignacia, no se informó respecto de Laura) hayan repercutido en su capacidad laboral o en su aptitud para el desempeño de tareas remuneradas, ni que de ellos derive un menoscabo patrimonial autónomo y distinto del que ya recibe cobertura bajo el rubro “Daño moral”. La sola constatación pericial de un padecimiento psíquico con entidad patológica no basta, conforme la doctrina de esta Sala ya reseñada, para tener por configurado el presupuesto excepcional que habilitaría, en su caso, el reconocimiento autónomo del rubro en cabeza de damnificados indirectos.- A partir de lo reseñado, propongo al Acuerdo hacer lugar a los agravios en estudio y modificar el reconocimiento del “Daño psicológico” como partida autónoma respecto de las accionantes, correspondiendo solo el costo del tratamiento psicológico y terapéutico aconsejado por la perito para cada una de ellas, en la medida en que dicha erogación (con total independencia de que aún no la hayan afrontado) resulta necesaria para su rehabilitación y responde a la manda de reparación integral que informa el sistema de responsabilidad civil (arts. 1738, 1740 y concds. del C.CyC.).- A los fines de su cuantificación, tomaré como parámetro objetivo el arancel mínimo vigente informado por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires - Distrito X, equivalente a 6 Unidades Psi (U.P.), cuyo valor asciende actualmente a $ 4.990 cada una, lo que arroja un arancel mínimo de $ 29.940 por sesión (fuente:
www.psicologosdistritox.org/matricula/). Sobre esa base, y en función de la cantidad de sesiones de tratamiento aconsejadas por la perito para cada una de las reclamantes, propongo reconocer las siguientes sumas: $ 360.000 para María de los Ángeles Tapia, $ 1.600.000 para Emilia Viana, $ 390.000 para Laura Viana y $ 2.340.000 para Ignacia Viana (arts. 163, 165, 375, 384, 474 y concds. del C.P.C.C.; arts. 722, 1738, 1740 y concds. del C.CyC.). A dichas sumas de dinero se les aplicará la alícuota del 6% anual desde la fecha de ocurrencia del hecho (09.09.19.) hasta la fecha del dictado de la presente (arts. 165, 375, 384 y concds. del C.P.C.C.; arts. 1738, 1740 y concds. del C.CyC.; S.C.B.A., C. 120.536, "Vera” del 18.04.18. y C. 121.134, “Nidera S.A.” del 03.05.18.), y de aquí en más, y hasta su efectivo pago, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (S.C.B.A.; C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" del 21.10.09.; C. 119.176, "Cabrera" 15.06.16.; n° C. 124096, “Barrios” del 17.04.24.; conf. esta Sala, causas n° 63.536, “Tagliani” del 02.07.19.; n° 64.975, “Faure” del 03.03.20.; Sala II, causa n° 63.121, “Olaciregui” del 28.08.18., entre otras).-
c).- Por último, analizaré los embates formulados contra la procedencia y cuantificación asignada al ítem que fuera reconocido en favor de la Sra. Tapia bajo el concepto “Pérdida de chance” y por la suma de $ 5.000.000 (conf. Considerando IV.c).-
c.i.).- Argumentos propuestos por “Federación Patronal S.A.” y el Sr. Alves.-
Sostienen que la suma de dinero resulta arbitraria y desprovista de sustento probatorio, y que se estipuló una indemnización sin explicar cómo se arriba a ese valor ni cuál habría sido la porción del ingreso que el hijo podría destinar a su madre.-
Exponen que, en los supuestos de muerte de un hijo, lo resarcible es el daño futuro cierto derivado de la esperanza con contenido económico que la vida del hijo representaba para su progenitora. Que esa indemnización procede únicamente como pérdida de una oportunidad que, de haber vivido, podría haberse concretado en una ayuda o sostén económico; y que tal chance frustrada constituye un daño futuro cierto, no eventual.-
Agregan que la pérdida de chance no equivale a lucro cesante, sino a la frustración de una oportunidad verosímil y probable según el curso ordinario de las cosas y la normal dinámica de las relaciones familiares; y que la colaboración de los hijos hacia sus padres no se expresa únicamente en aportes dinerarios, sino que también comprende tiempo, asistencia y dedicación.-
Por último, señalan que para cuantificar este rubro se debe evaluar lo que el progenitor podía esperar del hijo, atendiendo a la situación concreta de las partes; y que en autos se encuentra acreditado que la Sra. Tapia se encontraba laboralmente activa.-
Por todo lo expuesto, solicitan la reducción del monto reconocido en un 50 %.
c.ii).- Agravios formulados por “San Cristóbal SMSG” y los codemandados Yaquinta e Irigoyen.-
Agravia a los apelantes la concesión del rubro, pues consideran que no se encuentra mínimamente acreditado que la accionante recibiera asistencia económica de su hijo, ni que hubiera requerido tal ayuda en su ancianidad, menos aún por la suma arbitraria reconocida.- Sostienen que la indemnización otorgada omite considerar que, aun admitiendo una eventual pérdida de expectativa de ayuda económica, dicha colaboración no podría identificarse con la totalidad del ingreso del hijo.-
Expresan que debe ponderarse que la víctima no convivía con su madre y debía afrontar sus propios gastos, los cuales, según el curso ordinario de las cosas, habrían aumentado al conformar su propia familia.- Todo lo expuesto evidencia la arbitrariedad del pronunciamiento, por lo que corresponde revocar el parcial concedido a favor de la accionante.-
c.iii).- La solución.-
Dando inicio al tratamiento de este rubro, considero propicio destacar que: “…si bien la vida humana posee un valor inconmensurable y comprensivo, eventual y mediatamente, de facetas económicas, lo que debe indagarse no es el valor total de esa existencia, sino el daño derivado de su pérdida. No se mensura la vida sino los intereses frustrados con la muerte. Por lo tanto, el daño patrimonial en estudio se calibra atendiendo a una doble perspectiva: 1) La de la persona fallecida: lo que producía o podía producir, en sentido amplio y no sólo como fuente de ingresos monetarios. 2) La del pretensor: si y cómo gravitaba en sus intereses esa productividad, real o potencial, presente o futura… En verdad -continúa la autora-, bajo la impropia denominación “valor vida” del hijo se quiere significar “el valor de la pérdida” experimentada por los padres, y ceñida en muchos casos (especialmente tratándose de niños) a la frustración de una esperanza de ayuda y sostén en la vejez o ante carencias existenciales… la expresión usual “valor vida” viene a designar los “efectos nocivos de la muerte” que, dentro del ámbito material, a veces consisten en un daño efectivo y, más ceñidamente, en una mutilación de chances…” (Zavala de González, Matilde; “Tratado de daños a las personas. Perjuicios Económicos por muerte” Ed. Astrea, T.2, págs. 3/5. En sentido similar S.C.B.A.; causa C. 97.184 “Pogonza” del 22.09.10. 22/9/10 y sus citas; esta Sala, causa n° 62.781, “Falcon” del 10.05.18.; n° 66.619, “Menéndez” del 24.08.21.; n° 67.128, “Espan” del 07.09.21.; n° 68.74, “Álvarez” del 03.08.22.; n° 69.893, “Ibarra” del 14.07.23.).-
Así, en lo general, la pérdida de chance concierne a la cooperación que pueden esperar los padres, por lo general coincidente con un estadio avanzado de la existencia de éstos (su jubilación o ancianidad).- La prestigiosa jurista que vengo citando, destacaba además el valor de las presunciones hominis en aquellos casos de exclusión de presunciones legales sobre perjuicios económicos a partir de la muerte de hijos; conclusiones aplicables ante la ausencia de datos sobre ingresos económicos de los progenitores, o de la propia víctima, situación familiar de esta última, cooperación económica, etc. En esa dirección la Dra. Zavala de González, decía: “…La exclusión de presunciones “legales” sobre perjuicios económicos a partir de la muerte de hijos no descarta la operatividad de presunciones hominis, es decir, inferencias judiciales, a partir de los datos de la causa y según las enseñanzas de la experiencia. Así pues, en numerosas situaciones no se rinde prueba directa sobre cooperación económica, pero ésta es inducible en atención a circunstancias específicas, sobre todo cuando son plurales y coherentes, y que además cuentan con el serio respaldo de una rotunda obligación alimentaria. Entre ellas, puede citarse la convivencia, la soltería, viudez o divorcio del hijo; el hecho de que éste tuviese ingresos abundantes en comparación con los precarios o modestos de los ascendientes, etc. Las presunciones hominis operan no sólo en favor de la víctima, sino también del responsable, al circunscribir el daño resarcible cuando media indefinición probatoria directa sobre la entidad de la ayuda prestada por el hijo. De tal manera, y cuando se desconoce con cuánto él contribuía, se ha decidido que, si trabajaba y convivía con sus padres, debe deducirse de la indemnización lo que se supone que destinaba a sus requerimientos personales…” (Matilde Zavala de González, ob. cit. págs. 19/20).-
En este punto cabe poner de manifiesto la diferencia conceptual -que determina el alcance de la indemnización-, entre el lucro cesante y la pérdida de chance derivada de la muerte de un hijo. La mencionada correlación entre ambos rubros, ha sido receptada en numerosos fallos de esta Sala (causas n° 51.598, “García” del 19.06.08.; n° 52694, “Gnocchini” del 04.03.09.; n° 52.964, “Ojues” del 02.07.09.; n° 53.489, “Alvarado” del 30.10.09.; n° 52.239, “Serrano” del 27.09.11.; n° 60.888, “Bujacich” del 28.06.16.; n° 66.619, “Menéndez” del 24.08.21.; n° 67.128, “Espan” del 07.09.21.; 68.474, “Álvarez” del 03.08.22.; n° 69.893, “Ibarra” del 14.07.23., entre otras), donde se dijo: “…En cuanto a la indemnización que corresponde otorgar al progenitor por el valor vida producto de la muerte de un hijo de… años de edad, se ha señalado que ella se enmarca en un daño futuro cierto que corresponde si no a título de lucro cesante, sí al menos, como pérdida de una “chance” u oportunidad de que en el futuro de vivir le hubiese proporcionado ayuda material y espiritual” … “Bajo estos parámetros se advierte que la cuantificación del resarcimiento por este daño no puede hacerse en base a la comparación que el actor apelante efectúa respecto de los bienes materiales. No se trata de un valor vida completo, sino de una pérdida de chance en donde debe tenerse en cuenta, además de la edad de la víctima, el entorno familiar de ésta y del reclamante, en el que resulta trascendente para valorar la ayuda que… el occiso podría haber brindado en el futuro, no sólo la existencia de otros hijos (hermanos de la víctima), pues la misma chance les corresponde tener con igual expectativa respecto de todos ellos, sino la posibilidad futura de haber conformado una familia y la proyección de vida o supervivencia de la accionante…”.-
Por consiguiente, en cuanto al valor potencial de ayuda a los padres que la vida futura del hijo representa, es impropio sobreestimar o subestimar este valor potencial: ni concebirlo exageradamente, ni menospreciarlo por carecer de realidad, en tanto se trata en sustancia de un daño futuro, que participa de las contingencias y eventualidades de una vida que puede o no producirse; y en cualquier hipótesis los cálculos deben inclinarse en favor del damnificado, ya que invoca una razonable probabilidad, esto es, el curso normal de la vida y los deberes que imponen la educación y la moral en la asistencia de los padres por los hijos (conf. Cammarata, Responsabilidad Extracontractual, Hechos y Actos ilícitos, citado por Zavala de González, “Resarcimiento de Daños” T° 2 “b” pág. 258).-
Naturalmente, en el caso donde sólo se reconoce una chance malograda, la medida del apoyo material es comúnmente inferior y, sobre todo, difusa y mucho más difícil de evaluar.- No debe perderse de vista que la ayuda esperada por los padres de sus hijos generalmente llega cuando estos se acogen a los beneficios jubilatorios, donde los ingresos experimentan una merma considerable respecto de los percibidos durante la etapa de actividad (esta Sala, causas acumuladas n° 70.842 y n° 71.879 del 10.07.24.). Tampoco deben desconocerse los aportes que realizan los hijos en la mayor edad o ancianidad de sus padres, los que se traducen en la asistencia de distintos órdenes (ya sea aportes económicos, actos de colaboración que tienen significación material, llevarlos al médico, pagar sus impuestos, supervisar su bienestar, atenderlos en las enfermedades, por dar algunos ejemplos).- Y sin desconocer la ayuda que Fermín Viana podría haber brindado a su grupo familiar.
También reflexiono que dicho apoyo económico no se traduce en la solvencia de todos los gastos de manutención -en este casode su progenitora, a lo que debo adicionar que la joven víctima también habría de atender a sus propias necesidades como adulto y de formar una familia; con alto grado de certeza que el mayor porcentaje de sus ingresos los habría destinado a su propia economía doméstica (art. 163, 384 y concds. del C.P.C.C.).-
Repasando lo actuado en la instancia de origen, advierto que el Sr. Juez de grado no determinó la cuantificación del rubro de manera antojadiza, sino que partió de un conjunto de datos concretos acreditados en la causa. Entre estos, que Fermín Viana tenía treinta años al momento del hecho, que era abogado recientemente graduado, que residía en la Ciudad de Buenos Aires junto a sus hermanas, y que se desempeñaba bajo contrato de locación de servicios en la Subsecretaría de Contenidos de la Jefatura de Gabinete porteña, percibiendo una remuneración de $ 50.000 mensuales, cifra que el propio magistrado contrastó, como pauta comparativa, con el salario mínimo, vital y móvil vigente a esa fecha ($ 15.625, según Resolución 6/2019).-
A ello se sumó (dato que surge de la pericia psicológica) que la Sra. Tapia a la fecha del accidente vivía sola y que, si bien trabajaba, no acreditó el monto de sus ingresos.-
Por lo expuesto, entiendo que los agravios en estudio no logran descalificar el decisorio en crisis, puesto que este se funda en elementos de prueba concretos y en un razonamiento que guarda coherencia con esos elementos, por lo que propongo al Acuerdo su rechazo y la confirmación del monto fijado en la instancia de origen en concepto de “Pérdida de chance” a favor de la coactora María de los Ángeles Tapia (arts. 163, 165, 375, 384 y concds. del C.P.C.C.; arts. 1740, 1745 y concds. del C.CyC.).-
VIII).- En este tramo abordaré la objeción planteada por “Federación Patronal S.A.” y el Sr. Alves respecto de dos aspectos que contiene el Considerando V de la sentencia de fecha 28.02.25..- En primer término, cuestionan la decisión del Sr. Juez de grado de convertir el monto de condena en salarios mínimos vitales y móviles, señalando que no se encuentra acreditado que la suma fijada pudiera perder poder adquisitivo en el contexto económico actual y que, por el contrario, las mediciones recientes del INDEC demostrarían estabilidad.- Sostienen que el magistrado de origen incumplió su deber de determinar un “quantum” cierto al sustituirlo por una unidad variable, sin que ninguna de las partes lo hubiera solicitado ni existiera prueba de que dicho mecanismo preserve efectivamente el capital.-
Añaden que, conforme a la información publicada por el Consejo del Salario, sólo está prevista una actualización en el mes de julio, lo que refuerza la improcedencia del criterio adoptado.-
Asimismo, se agravian de la tasa de interés aplicada, solicitando que se revoque lo decidido y se adopte el criterio sostenido por esta Sala en precedentes análogos. Esto es, fijar una alícuota del 6% anual desde la fecha del hecho (09.09.19.) hasta el dictado de la sentencia de Cámara, y desde allí hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a 30 días, conforme a la doctrina legal sentada en Vera (SCBA, C. 120.536, 18/04/2018), Nidera (C. 121.134, 03/05/2018) y Barrios (C. 124.096, 18/04/2024).-
En respuesta a ello, conviene señalar que en la sentencia recurrida se dispuso que: “…nominalizados los rubros y a fin de mantener incólume el valor del crédito reconocido, conforme lo ya señalado en el párrafo anterior -y toda vez que no puede preverse cuáles serán los índices inflacionarios a futuro-, disponer que dichas sumas continúen constituyendo un determinado valor hasta el momento del efectivo pago; momento en el cual se traducirán nuevamente a un capital nominal. A esos fines, y toda vez que el parámetro considerado -entre otras circunstancias- para evaluar el cánon resarcitorio de la incapacidad sobreviniente a favor del actor, ha sido el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de este decisorio, corresponde determinar cuántos SMVyM representa el capital de condena, pues ése es el valor que deberá abonar el perdidoso. Así, teniendo en consideración el referido valor (que según Resolución N° 17/2024, asciende en la actualidad a la suma de $ 292.446.- las sumas concedidas representan el equivalente a 328,94.- Salarios Mínimos Vitales y Móviles, por lo que tales valores son los que deberán abonar perdidosos. Considero que tal mecanismo -es decir, el de diferir la nominalización del monto de la condena para el momento del efectivo pago, art. 557 y 589 del C.P.C.C.- constituye una herramienta eficaz para mantener incólume el crédito reconocido a los actores y soslayar la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23928, en cuanto prohíbe la actualización, reajuste o indexación de las obligaciones dinerarias expresadas en moneda de curso legal atendiendo, reitero, al carácter de deuda de valor de las sumas reconocidas en autos (…)…” (conf. Considerando V de sentencia de fecha 28.02.25.).-
Sobre este punto corresponde recordar lo ya sostenido por este Tribunal al pronunciarse sobre la cuestión debatida. En particular, en los autos “Penna” y “Degreff” (esta Sala 73.604, “Penna” del 19.08.25., n° 74.522, “Degreff” del 30.04.26.), se afirmó que: “…no es correcto el mecanismo empleado por el presentenciante para preservar el valor del monto de condena, esto es, traducir ese importe en su equivalente a Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) y disponer que su conversión a pesos se produzca al momento del efectivo pago, sin dejar de conocer que el mismo puede resultar valioso y ya ha sido empleado por otros tribunales (v. considerandos en págs. 8 y 9/10 de la sentencia y parte resolutiva en págs. 10/11). Afirmo ello pues en la ya citada causa “Barrios” se enumera toda una serie de posibilidades para evitar la erosión de los montos de condena, pero no se menciona la posibilidad de fijar montos de condena que no sean expresados en sumas de dinero. Y a ello cabe adicionar la existencia de una doctrina legal preexistente, en el antecedente “Córdoba” (C. 119449 del 15.07.15.), donde se consideró que la indemnización reconocida en “Jus arancelarios” por la sentencia casada y convertirla a pesos al momento de la liquidación constituía un mecanismo de repotenciación prohibido por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928. Más precisamente, se estableció que la correcta fijación de la indemnización por daños en un proceso judicial debe establecerse en moneda de curso legal y en cantidad líquida (de conformidad con lo dispuesto en el C.CyC.); y que dicho procedimiento debe realizarse en la sentencia, salvo que haya imposibilidad justificada para hacerlo en ese momento. También, entre otras cuestiones, se expuso que la ley 23.928 prohíbe cualquier mecanismo de indexación o reajuste, lo que significa que el monto fijado no puede ser modificado posteriormente por variaciones de precios o costos. Finalmente, es dable observar que el precedente de la Sala II de esta Cámara citado por el anterior magistrado no se trataba de un reclamo de daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito…” .-
A partir de lo desarrollado, propongo al Acuerdo dejar sin efecto el criterio aplicado en la instancia de origen que convertía el capital de condena en una determinada cantidad de SMVM para preservar su valor (arts. 36, 163 y concds. del C.P.C.C.).-
Por todo lo expuesto, y a partir de que el capital indemnizatorio reconocido a la coactoras ha sido a valores actualizados a la fecha del dictado de la sentencia en crisis (conf. Considerando V) es que propongo al Acuerdo que al mismo se le adicione la alícuota del 6% anual desde la fecha del hecho (09.09.19.) hasta la fecha del dictado del auto recurrido, esto es el día 28.02.25. (S.C.B.A., C. 120.536, "Vera” del 18.04.18. y C. 121.134, “Nidera S.A.” del 03.05.18.); y de aquí en más, y hasta su efectivo pago, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (S.C.B.A.; C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" del 21.10.09.; y C. 119.176, "Cabrera" 15.06.16.; conf. esta Sala, causas n° 63.536, “Tagliani” del 02.07.19.; n° 64.975, “Faure” del 03.03.20.; Sala II, causa n° 63.121, “Olaciregui” del 28.08.18., entre otras).-
Y, para el caso de que se produzca una considerable demora en la efectivización del pago y las actoras consideren que las sumas indemnizatorias se encuentran desactualizadas, podrán solicitar su reajuste en la instancia de origen, siempre que se declare la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928. Por supuesto, se deberá respetar el principio de congruencia en relación con lo discutido en el expediente (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 278 y concds. del C.P.C.C.; S.C.B.A. C. 124.096 “Barrios” del 17.04.24., especialmente considerandos V.16.e y V.17.d.; esta Sala, causa n° 71.846, “Leal” del 14.05.24.; n° 71.948, “Cancian” del 30.07.24.; n° 71915, “Borrego” del 08.08.24.).-
Así lo voto.-
El Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI y la Sra. Jueza Doctora CARRASCO adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN; la Señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al
I).- Confirmar la sentencia apelada de fecha 28.02.2025 en lo principal que decide y modificarla en lo que atañe a las sumas de dinero que cuantifican el parcial “Daño psicológico”, reconociéndose solo la faz que indemniza el “tratamiento psicológico sugerido”. Las mismas se reducen y readecuan de la siguiente manera: a).- para María de los Ángeles Tapia la suma de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS $ 360.000; b).- para Emilia Viana la suma UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 1.600.000); c).- para Laura Viana la suma TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 390.000); y d).- para Ignacia Viana la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 2.340.000; arts. 163, 165, 375, 384, 474 y concds. del C.P.C.C.; arts. 722, 1738, 1740 y concds. del C.CyC.). A dichas sumas de dinero se les aplicará la alícuota del 6% anual desde la fecha de ocurrencia del hecho (09.09.19.) hasta la fecha del dictado de la presente (arts. 165, 375, 384 y concds. del C.P.C.C.; arts. 1738, 1740 y concds. del C.CyC.; S.C.B.A., C. 120.536, "Vera” del 18.04.18. y C. 121.134, “Nidera S.A.” del 03.05.18.), y de aquí en más, y hasta su efectivo pago, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (S.C.B.A.; C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" del 21.10.09.; C. 119.176, "Cabrera" 15.06.16.; n° C. 124096, “Barrios” del 17.04.24.; conf. esta Sala, causas n° 63.536, “Tagliani” del 02.07.19.; n° 64.975, “Faure” del 03.03.20.; Sala II, causa n° 63.121, “Olaciregui” del 28.08.18., entre otras).-
II).- Dejar sin efecto el criterio aplicado en la instancia de origen que convertía el capital de condena en una determinada cantidad de SMVM para preservar su valor (arts. 36, 163 y concds. del C.P.C.C.).- III).- Establecer que al capital indemnizatorio reconocido a la coactoras, a excepción de aquel reconocido en concepto “Daño psicológico” (redeterminado en esta instancia al que se le aplicarán los intereses conforme se tratara en la cuestión anterior) se le deberá adicionar la alícuota del 6% anual desde la fecha del hecho (09.09.19.) hasta la fecha del dictado del auto recurrido, esto es el día 28.02.25. (S.C.B.A., C. 120.536, "Vera” del 18.04.18. y C. 121.134, “Nidera S.A.” del 03.05.18.); y de aquí en más, y hasta su efectivo pago, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (S.C.B.A.; C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" del 21.10.09.; y C. 119.176, "Cabrera" 15.06.16.; conf. esta Sala, causas n° 63.536, “Tagliani” del 02.07.19.; n° 64.975, “Faure” del 03.03.20.; Sala II, causa n° 63.121, “Olaciregui” del 28.08.18., entre otras).-
IV).- En relación con las costas de Alzada, ha de estarse al resultado del recurso (S.C.B.A., C. 89.530, “Díaz” del 25.02.09., entre muchas otras; esta Sala, causa n° 53.223, “Orella” del 21.10.09.; n° 59.348, “Piriz” del 10.02.15; n° 63.125, “López Escribano” del 11.09.18., entre muchas otras). Por lo tanto, atendiendo prudencialmente al resultado obtenido en esta instancia, propongo su distribución en un 20 % a las actoras y en un 80% a los codemandados (arts. 71, 274 y concds. del C.P.C.C.).-
V).- Diferir la regulación de los honorarios de Alzada para la oportunidad prevista por el art. 31 de la ley 14.967.-
Así lo voto.-
El Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI y la Sra. Jueza Doctora CARRASCO adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del C.P.C.C., se
I).- Confirmar la sentencia de fecha 28.02.2025 tanto en lo que refiere a la responsabilidad civil allí asignada; y modificarla en el aspecto y con los alcances explicitados en el apartado I) del voto a la segunda cuestión. II).- Dejar sin efecto el criterio aplicado en la instancia de origen que convertía el capital de condena en una determinada cantidad de SMVM para preservar su valor (arts. 36, 163 y concds. del C.P.C.C.). III).- Establecer que al capital indemnizatorio reconocido a la coactoras, a excepción de aquel reconocido en concepto “Daño psicológico” (redeterminado en esta instancia al que se le aplicarán los intereses conforme se tratara en la cuestión anterior), se le deberá adicionar la alícuota del 6% anual desde la fecha del hecho (09.09.19.) hasta la fecha del dictado del auto recurrido, esto es el día 28.02.25. (S.C.B.A., C. 120.536, "Vera” del 18.04.18. y C. 121.134, “Nidera S.A.” del 03.05.18.); y de aquí en más, y hasta su efectivo pago, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (S.C.B.A.; C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" del 21.10.09.; y C. 119.176, "Cabrera" 15.06.16.; conf. esta Sala, causas n° 63.536, “Tagliani” del 02.07.19.; n° 64.975, “Faure” del 03.03.20.; Sala II, causa n° 63.121, “Olaciregui” del 28.08.18., entre otras). IV).- Imponer las costas de Alzada en 20 % a las actoras y en un 80% a los codemandados (arts. 71, 274 y concds. del C.P.C.C.). V).- Diferir la regulación de los honorarios de Alzada para la oportunidad prevista por el art. 31 de la ley 14.967. Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf.art.10 del Reglamento para presentaciones y notificaciones electrónicas (SCBA. Ac.4039 del 14/10/2021) y oportunamente devuélvase.-
MODIFICA
Fin de la sentencia