Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I · Causa 73.962
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación incoado por la actora mediante presentación electrónica de fecha 21.04.2025 y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada el día 10.04.2025 y otorgar la autorización supletoria para que el adolescente I. O. salga del país con fines vacacionales, recreativos, deportivos y/o educativos, solo o en compañía de su progenitora, por períodos indeterminados de tiempo, sin limitación de destinos y hasta que el mismo adquiera la mayoría de edad; dejando expresa constancia de que la presente autorización no implica en modo alguno la venia para radicarse en el extranjero.
2Dejar aclarado que la autorización que aquí se confiere con los alcances establecidos en el punto anterior, resulta ser supletoria del consentimiento paterno; de modo que, para el caso en que en el futuro el adolescente I.
O. requiera salir del país solo, la Sra. M. A. C. deberá extender la autorización correspondiente en cualquiera de las formas previstas normativamente (conf. art. 7° del Anexo I de la Disposición N° 2656/11 de la Dirección Nacional de Migraciones y sus modificatorias; …
Causa: 1-73962-2025-
"C., M. A. C/ O., J. D. S/ AUTORIZACIÓN JUDICIAL"
JUZGADO DE FAMILIA Nº 1 - TANDIL
En la Ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I-, Doctores Yamila Carrasco, Lucrecia Inés Comparato y Esteban Louge Emiliozzi, para dictar sentencia en los autos caratulados: "C., M. A. C/ O., J. D. S/ AUTORIZACIÓN JUDICIAL" (Causa Nº 1-73962-2025), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores LOUGE EMILIOZZI – CARRASCO - COMPARATO.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia dictada el día 10.04.2025?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI, dijo:
I.a. En la fecha indicada al formular la cuestión se dicta sentencia de primera instancia, a partir de la cual la Sra. Jueza de grado resuelve rechazar el otorgamiento de la autorización judicial supletoria que oportunamente requiriera la actora en los términos del art. 645 inc. “c” del Código Civil y Comercial, con el objeto de que se autorice al hijo menor de edad de las partes I. O. -de 14 años de edad a la fecha de elaboración de la presente- a salir del país con fines vacacionales, recreativos, deportivos y/o educativos, solo o en su compañía, por períodos indeterminados de tiempo, sin limitación de destinos y hasta que el mismo adquiera la mayoría de edad (arts. 639, 641, 645, 699 a 702, 706 y cc del CCyC; arts. 3°, 4°, 5°, 18 y cc de la CDN; art. 19 de la CADH; ley 26.061).-
Asimismo, impone las costas a la actora vencida (conf. art. 68 del CPCC); y regula los honorarios profesionales (conf. arts. 9° ap. I.1. “e” y cc de la ley 14.967).-
b) El mentado decisorio fue apelado por la actora mediante presentación electrónica de fecha 21.04.2025, recurso que se le concedió en relación a partir del auto dictado el día 22.04.2025 y que fue abastecido con la expresión de agravios de fecha 30.04.2025.- Al exponer sus críticas, se agravia la apelante por haberse rechazado la pretensión de fondo por ésta incoada en la demanda, en virtud de entender que se hallan presentes en autos los presupuestos que justifican conceder a su hijo I. O. la autorización para salir del país en los términos amplios requeridos (conf. arts. 25, 26, 638, 639, 642, 645 y cc del CCyC; CDN; art. 24 ley 26.061).-
Destaca que, a dichos fines, corresponde valorar que las partes se separaron cuando I. O. tenía apenas meses de vida, momento desde el cual ha sido ella quien ha asumido su cuidado en forma unilateral; que desde hace años el progenitor no mantiene vínculo personal con su hijo, incumpliendo asimismo su obligación alimentaria; que hace 5 años que ésta se encuentra en pareja con el Sr. J. C. R. P., con quien ha realizado diversos y frecuentes viajes a destinos nacionales junto a su hijo, habiendo planificado viajar al exterior en distintas oportunidades sin poderlo concretar en virtud del desinterés del demandado para otorgar la autorización correspondiente, habiéndose frustrado todos los intentos para gestionarla en forma extrajudicial sin justificación alguna; y que ello da cuenta de un ejercicio abusivo de la responsabilidad parental por parte del Sr. J. D. O., que ha vulnerado los derechos de su hijo a disfrutar de los viajes familiares y a conocer otras culturas.-
Señala que ha de considerarse asimismo la actitud procesal del demandado, quien hallándose debidamente notificado no se presentó al proceso, desentendiéndose una vez más de las necesidades de I. O.; que los viajes de la familia son frecuentes y que en breve el adolescente -a quien no se ha escuchado en primera instanciacomenzará a planificar su viaje de egresados, oportunidad en la que viajará solo, todo lo que justifica que la autorización sea conferida en los términos amplios en que fuera peticionada.-
En esa línea, manifiesta que la interpretación restrictiva del art. 645 inc. “c” del CCyC efectuada por la magistrada y por el Asesor de Menores resulta arbitraria y contraria al interés superior del niño y al interés familiar que la propia norma exige valorar, en tanto, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, resulta posible que los progenitores confieran la autorización para que su hijo salga del país en términos genéricos y hasta que el mismo adquiera la mayoría de edad, por lo que también ha de ser factible que ante la negativa de uno de ellos la misma sea suplida, con los mismos alcances, por el juez (conf. normativa de la Dirección Nacional de Migraciones y precedentes jurisprudenciales citados). Y destaca que el rechazo al otorgamiento de la autorización judicial supletoria en términos genéricos y amplios, obliga a ésta a tener que iniciar un proceso judicial en cada una de las ocasiones en que planifiquen salir del país y a hacerlo con la antelación suficiente para que lo peticionado no caiga reiteradamente en abstracto, como ya ha acontecido, asumiendo además en forma exclusiva los costos que ello demanda; todo lo cual termina premiando la indiferencia del demandado para con las necesidades y derechos de su hijo.-
En función de ello -y valorando que ella ya ha manifestado su voluntad de informar con la antelación que se requiera sobre los destinos y fechas en que se vayan realizando los viajes a futuro-, solicita que se revoque el decisorio apelado y se confiera la autorización a su hijo I. O. para salir del país en los términos peticionados en la demanda, con costas al accionado.-
c) Con fecha 06.05.2025 el Asesor de Menores Departamental, Dr. Ezequiel Andrés Belaunzarán, formuló su dictamen, oportunidad en la que señaló que la actora tuvo la posibilidad de reconducir el pedido para ver satisfecha su pretensión dentro del marco legal vigente y no lo hizo (conf. arts. 699, 700 y cc del CCyC), por lo que entiende que corresponde rechazar el recurso.-
d) Elevadas que fueran las actuaciones a esta Alzada, por autos de fecha 27.05.2025 y 03.06.2025 se procedió a convocar a audiencia a fines de mantener contacto personal con el adolescente I. O., la cual tuvo lugar el día 18.06.2025, oportunidad en la que también fuera oída su progenitora.-
e) Con fecha 30.06.2025 se recibió el informe elaborado por la Licenciada Sofía Canevello, Perito Psicóloga del Cuerpo Técnico Auxiliar del F.R.P.J. Departamental, quien estuvo presente en la audiencia llevada a cabo ante este organismo y a pedido del Tribunal elaboró el mentado informe dando cuenta de sus observaciones; y el día 11.07.2025 se presentó el nuevo dictamen formulado por el Asesor de Menores.-
f) Con fecha 03.09.2025 se dispuso que por ser definitiva la cuestión objeto de la apelación debía resolverse con la formalidad del acuerdo y el día 15.09.2025 se practicó el sorteo de ley, por lo que las actuaciones se encuentran en estado de resolver.-
II.a. Al respecto, es dable señalar en primer lugar que, conforme han puesto de resalto la doctrina y la jurisprudencia, una de las más significativas novedades del nuevo derecho familiar es el cambio de paradigma en la regulación y concepción del instituto de la responsabilidad parental. Ciertamente, el Código Civil y Comercial ha producido un reajuste sustancial de las reglas de juego, a partir del cual plantea un verdadero desafío a los padres y madres que no conviven: aprender a compartir el cuidado de sus hijos. Que ello implica colaborar, participar, comunicar, acompañar la crianza; en una palabra, cooperar con el otro en un esfuerzo conjunto para que niños y adolescentes crezcan en forma saludable y alcancen un desarrollo pleno, procurando evitar a partir de la nueva dinámica que los hijos queden recluidos como “rehenes” del conflicto parental (Kemelmajer de Carlucci, Aída y Molina de Juan, Mariel F., “Una visión transversal de la ley, la sociedad y la praxis judicial en la responsabilidad parental. El desafío de compartir”, LL del 09/10/2015, pág.1; Bigliardi, Karina A, “Responsabilidad parental en el Código Civil y en el proyecto de Código Civil”, publicado en MicroJuris el 14.12.2012, MJ-DOC-6111-AR, MJD6111; esta Sala, causas n° 65199 “D´Ángelo” del 30.12.2020, n° 67266 “Castagnino” del 03.06.2021, n° 68224 “Bordón” del 13.03.2022, n° 69302 “Ledesma” del 28.11.2023, n° 72297 “Agosti” del 23.05.2024, entre otras).- Y en esa línea, el Código Civil y Comercial clarifica las diferentes nociones que involucra la figura de la responsabilidad parental, esto es: a) la titularidad, que corresponde a ambos progenitores; b) el ejercicio de la responsabilidad parental; y c) el cuidado personal del hijo (art. 640 del CCyC).-
Y en el ordenamiento jurídico vigente, el ejercicio de la responsabilidad parental –entendido como la concreción o puesta en acto del conjunto de deberes y derechos de los progenitores orientados a la protección, desarrollo y formación integral de los hijos-, al igual que la titularidad, también es compartido, con prescindencia de si los padres viven juntos o separados (art. 641 incs. a y b del CCyC). Lo que implica que las definiciones y toma de decisiones respecto de los hijos dejan de ser prioridad de uno y pasan a ser un derecho-deber de ambos (ver Calá, María Florencia, "Ejercicio de la responsabilidad parental, cuidado personal del hijo y régimen de contacto paterno-materno-filial", Revista Cartapacio de Derecho, volumen 41, 2022).-
De este modo, la nueva normativa recepta el principio de coparentalidad, el cual responde a un sistema familiar democrático en el que cada uno de sus miembros ejerce su rol, e importa una dinámica vincular entre los padres y sus hijos que persigue mantener las responsabilidades parentales en cabeza de ambos adultos, procurando que aunque los mismos se separen las funciones que cada uno desempeñaba durante la convivencia queden a resguardo de la crisis, y que la ruptura de los adultos tenga la menor incidencia posible en la vida de los hijos (arts. 7°, 9°, 18 y cc de la Convención sobre los Derechos del Niño; art. 7° y cc ley 26.061; art. 641 ss y cc del CCyC; Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, 2012; Kemelmajer de Carlucci, Aída y Molina de Juan, Mariel, “Op. Cit.”, pág. 2 y ss; esta Sala, causas n° 62945 “Couture de Troismonts” del 15.05.2018, n° 63481 “Caravaggio” del 23.10.2018, n° 65199 “D´Ángelo” del 30.12.2020, n° 67266 “Castagnino” del 03.06.2021, n° 66826 “Umpiérrez” del 07.10.2021, n° 68224 “Bordón” del 13.03.2022, n° 69302 “Ledesma” del 28.11.2023, n° 72297 “Agosti” del 23.05.2024, entre otras).-
En base a ello, en todos los casos de ejercicio conjunto rige la presunción de que los actos realizados por uno de los progenitores cuentan con la conformidad del otro, con excepción de los supuestos contemplados en el art. 645 en los que se exige el consentimiento expreso de ambos, o de que medie expresa oposición (arts. 641 incs. a y b, 642, 645 y cc del CCyC; ver Pellegrini, María Victoria, en obra colectiva "Código Civil y Comercial Comentado”, tomo II (arts. 401 a 723), iBooks, Infojus, pág. 596; Lloveras, Nora, Orlandi, Olga y Tavip, Gabriel, comentario a los arts. 641 y 642 del Código Civil y Comercial, en obra colectiva “Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, tomo IV, pág. 43 y ss).-
De este modo, el Código -al igual que su par anterior- distingue, y por eso regula de manera diferente, los actos que hacen a la cotidianeidad de la vida de los hijos de aquellos que, por su tenor y posibles consecuencias, involucran decisiones de entidad o trascendencia respecto de los mismos. Es así que, conforme se anticipara, el sistema que rige para los primeros actos se encuentra previsto en el art. 641 del CCyC, conforme al cual -cuando los niños tienen doble vínculo filial- si bien el ejercicio de la responsabilidad parental, como principio, está en cabeza de ambos progenitores, opera respecto de los mismos un régimen centrado en la noción de presunción, por lo cual los actos que desarrolle uno de los padres se presume que cuentan con la anuencia o conformidad del otro, salvo oposición expresa. Por el contrario, los actos de mayor relevancia para la vida del hijo -contemplados en el art. 645 del CCyC, dentro de los cuales se encuentra la decisión que nos ocupa- necesitan del consentimiento expreso de ambos progenitores, no siendo aquí posible presumir la conformidad del otro (Herrera, Marisa, comentario al art. 645 del CCyC, en obra colectiva “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, dirigida por Ricardo Luis Lorenzetti, Rubinzal-Culzoni, 2015, tomo IV, pág. 312 y ss; Calá, María Florencia, "Op. Cit.", pág. 1 y ss; Lloveras-Orlandi- Tavip, “Op. Cit.”, pág. 69, entre otros).-
Es entonces en la regulación relativa a estos actos de mayor relevancia o que revisten peculiar gravedad por el impacto que pueden producir en la vida del hijo -y en los que el legislador establece, a priori, la participación activa de ambos padres-, donde se observa de manera tajante la diferencia entre titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental. Y ello pues, sea el ejercicio compartido -en cualquiera de las dos modalidades previstas normativamente- o unilateral, se necesita el consentimiento expreso de ambos progenitores para su realización (Herrera, Marisa, “Op. Cit.”, pág. 314; Mizrahi, Mauricio Luis, “Actos trascendentes para la vida del hijo en el Proyecto de Código”, LL 2013-D-1093). Y en este punto, se advierte asimismo que el Código Civil y Comercial ha introducido una modificación sustancial a partir de la ampliación del ámbito subjetivo de la relación, en tanto, cuando se trata de actos relativos a hijos adolescentes, además del consentimiento expreso de ambos progenitores debe contarse con el consentimiento expreso del hijo, completando así el acto del que se trate (arts. 25, 645 in fine y cc del CCyC).-
Por lo demás, para el caso en que uno de los progenitores no dé su consentimiento -ya sea que se niegue o que guarde silencio frente al requerimiento del otro- o medie imposibilidad o dificultades para prestarlo, cualquiera de los padres -o el hijo que cuente con edad y grado de madurez suficiente- podrá acudir a la vía judicial a fines de obtener la autorización supletoria para la realización del acto; proceso en cuyo marco deberá garantizarse la debida intervención de la persona menor de edad (arts. 25, 26, 645, 707 y cc del CCyC; ver Mizrahi, Mauricio, “Op. Cit.”, pág. 2 y ss; Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La autonomía progresiva del niño, niña y adolescente”, en “Tratado de Derecho de Familia”, Rubinzal- Culzoni, 2023, tomo VI-A, pág. 15 y ss y jurisprudencia allí citada; Cám. Apelaciones en todos los Fueros de Junín de los Andes, fallo del 28.03.2017, Microjuris: MJJ103945).-
b) Que a fines de analizar la procedencia de la autorización requerida en forma supletoria, el magistrado habrá de ponderar el interés superior del niño en ese determinado contexto biográfico (art. 639 y cc del CCyC), como así también, tratándose de actos como el traído a juzgamiento –esto es, la autorización al adolescente I. O. para salir del país con fines recreativos, vacacionales, deportivos y/o educativos, solo o acompañado por su progenitora, hasta que adquiera la mayoría de edad-, el interés familiar (conf. art. 645 del CCyC). La prescripción apunta así a impedir el ejercicio antifuncional o abusivo de la responsabilidad parental, la que se define como el conjunto de derechos y deberes que se atribuyen a los progenitores, pero en correspondencia directa con la protección y formación integral de los hijos (SCBA, C. 99273, “F., M. B. c/ R., L. s/ Venia supletoria”, 21.05.2008, analizando el art. 264 del Código derogado, cuyas disposiciones, en este punto, resultan ser de igual tenor a las del texto vigente).-
En esa línea, conforme destaca la Observación General n° 14 del Comité de los Derechos del Niño –dedicada justamente a profundizar y materializar el concepto de “interés superior del niño” en tanto concepto jurídico indeterminado-, el interés superior del niño tiene una triple función: ser un derecho, un principio y una norma de procedimiento. Es un derecho sustantivo, lo cual implica que el niño tiene derecho “a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar los distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida”, y por lo tanto se trata de una obligación intrínseca para los Estados de aplicación directa e inmediata. Es un principio jurídico interpretativo, por lo que si una disposición jurídica admite más de una interpretación, ha de elegirse la que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Y es además una norma de procedimiento, lo cual conlleva que “siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño…el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño interesado” (ver Herrera, Marisa, “Manual de Derecho de las Familias”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2015, pág. 39 y ss).-
El interés superior del niño, representa entonces la consideración del hijo menor de edad como una persona independiente, el reconocimiento de sus propias necesidades y la aceptación de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo (Grosman, Cecilia, “Los derechos del niño en la familia”, Buenos Aires, 1998, Ed. Universidad, págs. 23 y 37). Es así que su determinación excluye toda consideración meramente dogmática, para atender exclusivamente a las circunstancias concretas y particulares que presenta cada caso (S.C.B.A. Ac. 63.120 del 31/03/1998, Ac. 79931, Ac. 73.814 del 27.09.2000, voto Dr. Petiggiani, entre otras; esta Sala, causas n° 56750 “S. A., X. C. I.” del 04.10.2012, n° 68224 “Bordón” del 13.03.2022, n° 71498 “Marmeto” del 16.05.2024, entre muchas otras).- Y en esa línea, se observa que, tratándose de cuestiones que impactan tan profundamente en la vida cotidiana del hijo - como la traída a juzgamiento-, debe valorarse especialmente la opinión del niño, niña o adolescente, comprendiendo el mandato convencional y constitucional de escuchar a los niños el derecho de éstos a expresar su opinión de conformidad con su edad y grado de madurez y a que ésta sea debidamente tenida en cuenta (arts. 5°, 12 y cc de la CDN; CIDH, Opinión Consultiva 17/2002, párrafos 100 y 102; art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).-
Al respecto, se ha sostenido que si bien es sabido que conocer la opinión del niño no implica aceptar incondicionalmente su deseo si ello puede resultar perjudicial para su interés superior, sí se exige que su opinión sea considerada en la decisión, para lo cual es imprescindible que el juez analice cuidadosamente las circunstancias que lo rodean y las pondere mesuradamente en relación con las restantes connotaciones que presente el caso y, particularmente, con la índole de los derechos en juego (SCBA, C. 92.267, sent. del 31-X-2007; ídem, C. 115.080, sent. del 28-III- 2012, entre otras). En ese sentido, el Comité de Derechos del Niño ha señalado que el derecho del niño a que su opinión sea debidamente tenida en cuenta conlleva el correlativo deber del juez de informar al niño de qué modo se tuvieron en cuenta sus opiniones, máxime en un caso en el que la solución de fondo implica el rechazo de su reclamo (Observación General N° 12/2009, “El derecho del niño a ser escuchado”, punto II.A.2.d, párrafo 45); habiendo sostenido el Máximo Tribunal Bonaerense que “…es menester que en tales supuestos de colisión con el deseo del menor, el juez exprese los motivos de su apartamiento de la opinión recogida", pues caso contrario se vulneraría el principio contenido en el art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (SCBA, Ac. 78.728, 2-V-2002, voto del Dr. Pettigiani; ídem, C. 100.742, sent. del 4-II-2009; ídem, C. 118.272, sent. del 10-XII- 2014; entre otras).
El Código Civil y Comercial se hace eco del modelo de protección integral de derechos emergente de la Convención y, por ende, recoge sus reglas estructurales; entre ellas, la concepción jurídica de la infancia como una época de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía personal y social. En este contexto, el Código reconoce la capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes, dejando así de lado las categorías cerradas emergentes del sistema anterior (arts. 24, 25, 26 y cc); y consagra expresamente esta regla al regular diversas cuestiones atinentes al ejercicio de la responsabilidad parental (arts. 639 inc. b, 643, 645 in fine, 646 inc. c, 653 inc. c, 655 in fine, 661 inc. b, 677 in fine, 679, 680 y cc), habiéndose señalado al respecto que la mera petición del niño o adolescente en el sentido descripto en dichas normas, permite presumir su madurez, presunción que admite prueba en contrario (ver esta Sala, causa n° 67169 “Heredia” del 19.08.2021, n° 66826 “Umpiérrez” del 07.10.2021, n° 67823 “Correa” del 02.06.2022, n° 68224 “Bordón” del 13.06.2022, n° 69302 “Ledesma” del 28.11.2023, n° 71498 “Marmeto” del 16.05.2024, entre otras).-
Y conforme fuera puesto de resalto anteriormente, la recepción del principio de autonomía progresiva en el tema que nos ocupa reviste especial entidad, en tanto, si se trata de un hijo adolescente como en el caso de autos, la realización del acto en ciernes o la autorización judicial para que el mismo se lleve a cabo exige el consentimiento del adolescente (ver párr. 23, 24 y 25 de la Observación General 20/2016 del Comité de los Derechos del Niño, sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia; ver también Christello, Mercedes y Rivero, Agustín, “Representación y participación en el marco del procedimiento judicial de los niños, niñas y adolescentes: propuestas y reflexiones a la luz del art. 645 del Código Civil y Comercial”, RDF, n° 79, pág. 77). Al respecto, ha señalado la jurisprudencia al autorizar un viaje al exterior por un período que excedía el vacacional, que el respeto a la decisión del adolescente de conocer y disfrutar nuevas culturas y costumbres, da muestras de estar asumiendo un tramo de su vida que debiera ser observado antes que riesgoso y desestabilizante de su personalidad, como un concreto ejercicio de las normas de la Convención en cuanto a asegurar su desarrollo, su formación y su responsabilidad, en aras a una progresiva autonomía en la cual no ha de ponerse el acento en riesgos conjeturales, sino en la confianza en que sus decisiones serán las que coadyuven a vertebrar su personalidad;
destacando, por lo demás, que no se observaba en el caso la existencia de riesgos de una incidencia tal como para dejar de lado su voluntad y convertir la manda constitucional en una expresión de contenido hueco (CCiv. y Com. de Necochea, fallo del 07.10.2015, ED 265-461, con comentario favorable de Kemelmajer de Carlucci, Aída, en “La autonomía progresiva…”, ya citada, pág. 151 y ss; en similar sentido, JCCFam. 3? Nom. de Villa María, fallo del 06.12.2016, comentado por Videtta, Carolina, “Los niños, niñas y adolescentes como sujetos del proceso. A propósito de un precedente que cierra la brecha entre el discurso que emerge del “corpus iuris” de la niñez y la adolescencia y la práctica cotidiana”, RDF, 2017-III-120; Trib.Coleg.Fam. N° 3 de Rosario, sentencia del 29.12.2017, RDF, 2018-IV-295; entre otros).- c) Centrándonos concretamente en el acto que nos ocupa, se observa que el art. 645 del CCyC establece que “si el hijo tiene doble vínculo filial, se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para…c) autorizarlo para salir de la República o para el cambio de residencia permanente en el extranjero…”.-
Al respecto, se ha puesto de resalto que si bien ambos supuestos están sometidos al mismo régimen, al analizar la procedencia de la autorización judicial supletoria ante la falta de consentimiento expreso de uno de los progenitores, el tratamiento de cada una de las situaciones debe ser diferente, en tanto, claro está, las consecuencias del simple egreso temporario del país por motivos de esparcimiento o estudio no son las mismas que el egreso para radicarse en forma permanente y estable en un país extranjero (Lloveras-Orlandi- Tavip, “Op. Cit.”, pág. 75; Pérez Hegi, Leonardo y Anelo, Susana B., “Autorización judicial supletoria para salir del país”, LLBA, 2006/1021). De modo que el examen en torno al otorgamiento de la autorización judicial en el primero de los supuestos requiere de una mayor flexibilidad, pues en estos casos la venia concedida no implica para el niño o adolescente una modificación de su centro de vida que altere el status quo, sus costumbres, su cultura, ni conlleva un desarraigo afectivo que pueda comprometer o influir en su estabilidad emocional o armonía espiritual, por lo que, en principio y en tanto no surja la existencia de un riesgo potencial para el hijo, no habría motivos para denegarla (ver SCBA, C. 99.273 “F., M.
B. c/ R., L. s/ Venia supletoria”, del 21.05.2008; en el mismo sentido, Mizrahi, Mauricio, “Op. Cit.”, pág. 1096 y ss). Y en este punto, los lineamientos aplicados por la jurisprudencia determinan que los pedidos de autorización para viajar al exterior deben ser en principio concedidos si redundan en efectos positivos para el hijo, estimándose que no debe evaluarse si el viaje requerido es necesario, sino solo si es conveniente para el niño o adolescente (Mizrahi, Mauricio, “Op. Cit.”, pág. 1096 y jurisprudencia citada); siendo el único requisito que se ha exigido para atender a estas peticiones el que no se afecte sustancialmente el vínculo entre el hijo y el otro padre -como sería el caso de que, en la única oportunidad en que uno de los progenitores pueda tomar vacaciones con su hijo, el otro plantee precisamente trasladarse con él al exterior- y que se resguarde el contacto paterno-materno-filial durante la permanencia del hijo en el extranjero (CNCiv., Sala B, “D.
B., A. y otro c/ B., H. R.”, del 09.02.2009; CNCiv., Sala L, “C., M. c/ Y., J.”, del 16.02.2010, La Ley Online, AR/JUR/4155/2010; JFam. N° 3 Quilmes, causa n° 128.911 “M. M. A. c/ A. G. A. s/ Materia a categorizar”, del 22.02.2019; Lopes, Cecilia, “Actualidad en jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires”, RDF, 2020-I- 253).-
Por otra parte, en lo que refiere al alcance, contenido y modalidades de la autorización a la persona menor de edad para salir del país, se observa que, conforme lo establece el ordenamiento normativo vigente, cuando la misma es otorgada por uno o ambos progenitores optando por alguna de las formas previstas legalmente (conf. art. 7° del Anexo I de la Disposición N° 2656/11 de la Dirección Nacional de Migraciones y sus modificatorias; Disposiciones 1036/22 y 373/2025 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas), podrá ser amplia, autorizando al hijo menor de edad a viajar a todos los países del mundo -solo o acompañado- hasta que alcance la mayoría de edad, o bien restringida, efectuando especificaciones sobre la vigencia de la autorización y/o el país de destino del viaje y/o datos del acompañante en caso de autorizar al niño o adolescente a viajar acompañado; estableciéndose asimismo que el consentimiento expreso del hijo adolescente requerido por el art. 645 del CCyC, se tendrá por materializado con su presentación voluntaria ante la autoridad encargada de efectuar el control migratorio (arts. 8°, 13 y cc del Anexo I de la Disposición N° 2656/11 de la Dirección Nacional de Migraciones y sus modificatorias; Disposición 373/2025 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas).-
De modo que, conforme lo ha entendido la doctrina y gran parte de la jurisprudencia en forma contraria al criterio sostenido por la jueza de grado, no habría inconveniente en que la autorización judicial destinada, justamente, a suplir el consentimiento de uno o de ambos progenitores, revista los mismos alcances que aquélla que puede ser otorgada por éstos en ejercicio de los derechos-deberes emanados de la responsabilidad parental (ver Saucedo, Ricardo, “Las autorizaciones de viaje y la restitución de menores desde la perspectiva del derecho internacional privado notarial”, La Ley, AP/DOC/645/2018 y jurisprudencia allí citada; Lopes, Cecilia, “Actualidad en jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires”, RDF, 2020-I-253; CNCiv., Sala M, “Q., M. R. y otro c/ S., D. E.” del 12.07.2016, La Ley, AR/JUR/45892/2016; Trib.Col.Fam. N° 5 de Santa Fe, en causa “González c/ R. s/ Venia para viajar” n° 21-10701086-3, del 25.10.2018; Juzg. Flia. N° 7 Cipoletti, “C. M. B. s/ Autorización para viajar” del 27.06.2024; Juzg. Flia. N° 11, 2da. Circ., General Roca, en autos “S. C. M. c/ R. S. F. s/ Autorización para viajar” del 18.10.2024; entre otros). Y en esa línea, ha de señalarse -en atención a los argumentos esgrimidos en el decisorio apelado- que si bien es cierto que, al momento de resolver, la solución ha de ajustarse al caso concreto, ello no implica que en supuestos como el de autos deba analizarse, necesariamente, cada viaje en concreto, en tanto lo que en realidad procura la expresión en ciernes es dejar de lado un marco dogmático rígido o un parámetro interpretativo que funcione en modo mecánico y a priori para cualquier caso similar, atendiendo a las particularidades que presenta la situación afectiva y familiar sometida a juzgamiento (ver Morello, Augusto y Morello de Ramírez, maría Silvia, “El moderno derecho de familia. Aspectos de fondo y procesales”, Librería Editora Platense, La Plata, 2002, pág. 55, citado por Pérez Hegi y Antelo, “Op. Cit.”, pág. 1024).-
Y al momento de otorgar la autorización judicial supletoria en los términos amplios referidos -esto es, hasta la mayoría de edad del hijo y para que éste viaje solo o acompañado a destinos indeterminados-, se han valorado especialmente, además de los dictámenes de especialistas y de la voluntad del niño o adolescente de acuerdo con su edad y grado de madurez y desarrollo (ver Mizrahi, Mauricio, “Op. Cit.”, pág. 1093 y vasta jurisprudencia allí citada), los fundamentos esgrimidos por el progenitor para oponerse al otorgamiento de la autorización y la conducta de este último, tanto en forma previa a la promoción de la acción como en el marco del proceso (ver Lopes, Cecilia, “Actualidad en jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires”, RDF, 2020-I-253). En esa línea, han sido diversos los pronunciamientos que otorgaron la autorización supletoria en términos amplios y genéricos cuando la negativa resultaba injustificada o irrazonable; o frente a los supuestos en los que el progenitor que no prestó su consentimiento no dio debida observancia a las obligaciones derivadas de la responsabilidad parental, incumpliendo en forma reiterada su deber alimentario y/u omitiendo mantener contacto regular con el hijo durante amplios períodos de tiempo, sustrayéndose voluntariamente de la función paterna y delegando en los hechos el cuidado personal del hijo y la toma de decisiones respecto de la vida del mismo en el otro progenitor; como así también en los casos en los que aquél no se presentó al proceso ni a las instancias previas de mediación pese a hallarse debidamente citado, denotando un desinterés en el pedido de la actora (CNCiv., Sala M, “Q., M. R. y otro c/ S., D. E.” del 12.07.2016, La Ley, AR/JUR/45892/2016; Trib.Col.Fam. N° 5 de Santa Fe, en causa “González c/ R. s/ Venia para viajar” n° 21-10701086-3, del 25.10.2018; Juzg. Flia. N° 7 Cipoletti, “C. M. B. s/ Autorización para viajar” del 27.06.2024; Juzg. Flia. N° 11, 2da. Circ., General Roca, en autos “S. C. M. c/ R. S. F. s/ Autorización para viajar” del 18.10.2024; Mizrahi, Mauricio, “Op. Cit.” y jurisprudencia allí citada; Lopes, Cecilia, “Op. Cit.” y jurisprudencia citada; entre otros).-
Y ello así, a fines de no hacer pesar la actitud desinteresada del padre sobre el niño o adolescente y sobre el otro progenitor que ejerce el cuidado del hijo y asume su sostén en forma exclusiva, evitando de este modo que éstos deban acudir al auxilio judicial en todos y cada uno de los viajes que deseen emprender, con el desgaste personal -en tiempo y dinero- que ello demanda y la consiguiente revictimización de la persona menor de edad (ver Yankielewicz, Daniela y Zalazar, Pablo, “Presupuestos de la autorización judicial supletoria ante la negativa de uno de los progenitores a otorgar su consentimiento para la salida del país del hijo menor de edad”, DFyP, La Ley, 2016 (septiembre), pág. 71; Ortiz, Diego O., “Un fallo que vincula un proceso de autorización para viajar con el procedimiento de violencia familiar”, Revista Digital Pensamiento Civil, septiembre de 2017; Cám. de Apelaciones en todos los Fueros de Junín de los Andes, “P. R. E. B. s/ Autorización para viajar”, 28.03.2017, Microjuris: MJJ103945; Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La autonomía progresiva…”, ya citada, pág. 15 y ss y jurisprudencia citada; Trib.Col.Fam. N° 5 de Santa Fe, en causa “González c/ R. s/ Venia para viajar” n° 21-10701086-3, del 25.10.2018; Juzg. Flia. N° 7 Cipoletti, “C. M. B. s/ Autorización para viajar” del 27.06.2024; Juzg. Flia. N° 11, 2da. Circ., General Roca, en autos “S. C. M. c/ R. S. F. s/ Autorización para viajar” del 18.10.2024, entre otros).-
d) Aplicando dichos principios al caso de autos, se observa que de las constancias obrantes en el expediente y en los autos conexos “O., I. c/ O., J. D. s/ Alimentos” n° 7538/13 y “C., M. A. c/ O., J. D. s/ Autorización judicial” n° 29324/22, se desprende que, habiendo cesado la convivencia de las partes cuando I. O. tenía menos de un año de vida, ha sido la actora quien desde ese entonces ha asumido el cuidado del niño en forma unilateral. Que si bien en un principio el progenitor continuó manteniendo contacto con el niño, lo hacía en forma esporádica e irregular cuando iba a la ciudad de Tandil -pues el mismo reside en otra ciudad, haciéndolo en la actualidad en la localidad de Burzaco-; que dicha comunicación se fue espaciando en el tiempo, hasta llegar al punto en que, al día de la fecha, hace años que el adolescente no mantiene contacto alguno con su padre, ni siquiera en forma virtual; y que si bien las partes oportunamente convinieron una cuota alimentaria a abonar por el Sr. J. D. O. en beneficio de su hijo, lo cierto es que la Sra. M. A. C. ha denunciado reiterados incumplimientos de la misma -desprendiéndose, por lo demás, de la consulta de movimientos de la cuenta judicial efectuada a la fecha de elaboración de la presente, que el último depósito realizado allí por el demandado data del día 10.05.2019- (conf. demanda de fecha 08.11.2024 y documental allí acompañada, presentación de fecha 20.02.2025 e informe pericial de fecha 30.06.2025; presentaciones de fecha 16.09.2022 y 19.09.2022 en el marco del expte. 29324/22 y documental allí acompañada; actas de audiencia de fecha 04.06.2013, 04.08.2015 y 17.09.2015 y presentación de fecha 19.04.2023 en el expte. 7538/13).-
Que asimismo, han sido variados y frecuentes los viajes realizados en los últimos años por la Sra. M. A. C. junto a su actual pareja y a su hijo I. O. a distintos destinos nacionales. Que en al menos dos oportunidades los mismos desearon visitar también un país extranjero, pero no pudieron concretarlo ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del progenitor de I. O., no obstante haber realizado diversas gestiones a dichos fines en las que incluso interviniera el entonces letrado patrocinante de la actora, Dr. Ricardo Martín Leiva -quien manifestó que era él quien se comunicaba con el Sr. J. D. O. y que éste siempre se comprometía a extender la autorización, pero cuando llegaba la fecha convenida para la cita ante escribano público el mismo no asistía alegando carecer de recursos, aun cuando hacía meses que no pagaba la cuota alimentaria y cuando la Sra. M. A. C. y su pareja se ofrecieron a abonar los costos- (conf. demanda de fecha 08.11.2024 y documental acompañada; demanda de fecha 16.09.2022 y presentación de fecha 19.09.2022 en el expte. 29324/22 y documental acompañada).-
Que frente a ello, la Sra. M. A. C. solicitó en dos oportunidades la autorización judicial supletoria para la realización de dos viajes concretos a destinos específicos -la primera, para que se los autorice a viajar a Brasil desde el día 26.09.2022 y hasta el día 01.10.2022 en oportunidad en que visitarían las Cataratas del Iguazú, dando origen al expte. 29324/22; y la segunda, promovida como medida de tutela anticipada en el marco de la demanda de fecha 08.11.2024 que diera origen a la presente, a fines de que se los autorizara a viajar a Chile desde el día 28.12.2024 y hasta el 12.01.2025, en oportunidad en que los mismos visitarían Mendoza-. Que en ninguna de esas ocasiones lograron obtener la autorización judicial supletoria requerida, en virtud de no haberse llegado a resolver la cuestión en forma previa a la fecha prevista para cada uno de los viajes, deviniendo el caso en abstracto (conf. resoluciones de fecha 22.09.2022 y 11.02.2025, respectivamente). Y ello así en atención a que, merced al obrar del progenitor que hasta último momento manifestó que otorgaría la autorización, las acciones se promovieron en una fecha no muy lejana al inicio de los viajes -10 días en el primero de los casos y 50 días en estos actuados-; a que, dado que el Sr. J. D. O. se domicilia en otra localidad, resulta más dificultoso el diligenciamiento de la notificación dirigida a su domicilio real; y en virtud del trámite procesal impreso en ambos expedientes, pues en su marco se efectuaron diversos requerimientos a la actora en forma previa a conferir traslado de la demanda -e incluso en autos se la intimó a rectificar el objeto de la pretensión, en el entendimiento de que no resultaba posible conferir la autorización general requerida en forma principal por la accionante conjuntamente con la solicitada como anticipo de tutela-, todo lo cual acarreó una demora que en los hechos produjo que se viera frustrada la solicitud (ver Cám. 2? Civ. y Com. La Plata, Sala II, en autos “O. G. A. c/ G. B. C. s/ Medidas precautorias (Art. 232 CPCC)”, 28.03.2019, La Ley, AR/JUR/6307/2019, oportunidad en la que se estimara afectada la tutela procesal efectiva).-
Que conferido que fuera finalmente en autos el traslado de la demanda al Sr. J. D. O., el mismo no se presentó al proceso pese a hallarse debidamente notificado (conf. cédula de fecha 22.12.2024).- Que así las cosas, dictado que fuera el decisorio en crisis y elevadas las actuaciones a esta Alzada, con fecha 18.06.2025 se celebró la audiencia a partir de la cual este Tribunal mantuvo contacto personal con el adolescente I. O y con su progenitora. Que conforme se desprende del informe formulado el día 30.06.2025 por la perito psicóloga interviniente en el acto, Lic. Sofía Canevello, el adolescente se presentó con actitud colaborativa y sostuvo un relato espontáneo, logrando expresar con claridad su postura personal frente a los acontecimientos familiares que dieran origen a la presente.
Que el mismo comentó que reside en Tandil junto a su madre, la pareja de su madre -a quien nombra como J.- y al hijo de éste último; que señaló que no tiene relación con su padre desde hace aproximadamente 4 años, reconociendo que antes de eso pasaban juntos ocasionalmente algún fin de semana cuando el progenitor viajaba a Tandil; que manifestó que en la actualidad tampoco tienen comunicación de manera virtual y que la última vez que dialogaron de esa forma fue hace aproximadamente 2 años, agregando: “nunca tuve relación, nunca le importé, lo he visto pocas veces cuando venía dos días a Tandil, pero hace 2 años, es una persona que no conozco” (sic); que no obstante, invitado que fuera a pensar sobre la posibilidad de retomar el vínculo con su padre, mencionó “por mí ningún problema” (sic).
Que manifestó conocer el motivo del encuentro, señalando “es por el viaje que necesito que firme, él no quiere firmar el permiso” (sic); que expresó con malestar que su progenitor viajaría en pocos días al Caribe, enfatizando con descontento “él puede viajar y yo no porque no firma el permiso” (sic); y que comentó que en diversas situaciones su mamá le propuso a su padre diversas facilidades para lograr la firma de la autorización -como pagar los gastos, si fuera necesario la participación de un abogado, etc-, pero igual no consiguieron que firme. Que al ser preguntado sobre qué representaría para él la posibilidad de viajar al exterior, manifestó que se trata de la oportunidad de disfrutar y conocer otros países, que incluso han viajado a provincias donde podrían haber cruzado a un país limítrofe y no pudieron hacerlo por no contar con la autorización correspondiente (el resaltado me pertenece).-
Que en lo que respecta a la Sra. M. A. C., la misma efectuó un recorrido de las diversas instancias transitadas con la finalidad de obtener la autorización del Sr. J. D. O. para que su hijo pudiera salir del país, comentando con enojo que inició los trámites con anticipación suficiente y que sin embargo no consiguió del progenitor respuestas afirmativas, aun cuando ella y su pareja habían ofrecido diversas opciones para facilitar la firma del documento. Que señaló que luego de la separación la relación con el demandado era esporádica, pero que al menos solía responder los mensajes telefónicos, lo que no hace en la actualidad; que en varias ocasiones acordaron un encuentro para la firma de la autorización, pero llegado el día no se presentaba; que aquél no cumple con su obligación alimentaria, por lo que se le sugirió reactivar el reclamo, y que ante la sugerencia de promover actuaciones para la revinculación paterno-filial - frente a lo manifestado por I. O.- señaló que ésta no tiene objeción alguna para que su hijo se comunique con su padre y que puede establecer dicho contacto cuando I. O. lo decida. Que en esta instancia, el Sr. Asesor de Menores, Dr. Belaunzarán, reiteró la postura de la Asesoría en cuanto a que recomendaba iniciar las acciones legales tendientes a la privación de la responsabilidad parental del Sr. J. D. O., frente a lo cual la actora dio cuenta de que I. O. ha exteriorizado recurrentemente un marcado malestar respecto de la ausencia de su padre, expresando incluso su voluntad de cambiarse el apellido, pero que entiende que esa determinación dependerá de su hijo cuando éste lo considere pertinente. Que finalmente, manifestó un evidente agotamiento producto del prolongado conflicto familiar, expresando como primordial la necesidad de lograr un acuerdo definitivo que permita dar por finalizada esta situación con el demandado.-
Que frente a ello, concluyó la perito que en la actora se evidencian circunstancias conflictivas con el demandado que datan de varios años, lo que ha generado un deterioro significativo de la relación entre ambos y provocado en aquélla la necesidad de distanciarse del mismo; pero que, no obstante ello, no presenta objeciones para que se desarrolle la relación paterno-filial conforme las necesidades de su hijo. Que la dinámica del grupo familiar conviviente se observa adecuada, hallándose claramente definidos los roles parento-filiales y la implementación de estrategias para la resolución de los conflictos y la toma de decisiones de forma colaborativa y a través del diálogo. Que en lo que respecta al adolescente, se observan en éste manifiestos signos de desgaste emocional, evidenciando un incipiente resentimiento hacia su padre fundado en la percepción de que éste limita sus oportunidades de esparcimiento -específicamente en lo concerniente a viajes y actividades recreativas con su grupo familiar-; y que si bien se constata a través de su discurso que percibe al progenitor como una figura ajena a sus experiencias de vida, el análisis global no permite identificar en él manifestaciones de rechazo explícito hacia su padre.
Que en función de ello, la perito sugirió implementar las acciones necesarias para garantizar la formalización del documento que autorice los desplazamientos internacionales del niño o, en su defecto, que se requiera al progenitor que fundamente en forma expresa su negativa, a fines de prevenir la cristalización de afectaciones emocionales negativas en el niño asociadas a la figura paterna, en atención a las incipientes manifestaciones de malestar vinculado a la relación paterno-filial que se observaran (el resaltado me pertenece).- e) Que así las cosas, se advierte en primer término que si bien el ordenamiento jurídico vigente consagra expresamente el derecho-deber de coparentalidad -el cual la jueza a-quo estima que se vería vulnerado de conferirse la autorización en los términos peticionados por la actora-, no ha de perderse de vista que, conforme fuera desarrollado con anterioridad, éste importa una dinámica vincular entre los padres que persigue mantener las responsabilidades parentales en cabeza de ambos adultos, a partir de la cual las definiciones y toma de decisiones respecto de los hijos dejan de ser prioridad de uno y pasan a ser un derecho-deber de ambos progenitores.
Y ello exige de éstos la colaboración, participación, comunicación y acompañamiento en la crianza; en una palabra, cooperar con el otro en un esfuerzo conjunto para que niños y adolescentes crezcan en forma saludable (ver Kemelmajer de Carlucci, Aída y Molina de Juan, Mariel; “Una visión transversal de la ley, la sociedad y la praxis judicial en la responsabilidad parental. El desafío de compartir”, La Ley, 09.10.2015, pág. 1). En esa línea, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de todo niño a alcanzar un "pleno y armonioso desarrollo de su personalidad", en el marco de un contexto familiar donde participen activamente sus dos progenitores "en un ambiente de felicidad, amor y comprensión".
A su vez, el artículo 7° subraya el derecho del niño "en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos"; y el art. 18 garantiza el principio por el cual "ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño", el cual se vincula estrechamente con el principio de igualdad de los progenitores en las materias relacionadas con sus hijos, expresamente consagrado por la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la Mujer (CEDAW, art. 16), que obliga a los Estados partes a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares.
Y estos mandatos fueron recogidos en el derecho de fuente interna a partir del dictado de la ley 26.061, cuyo art. 7° establece que "el padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos"; giro legislativo que, conforme se desprende del desarrollo anterior, fuera luego profundizado en el Código Civil y Comercial a partir de la consagración normativa del principio de coparentalidad.-
Es así que, en el caso de autos, no puede pasarse por alto que -tal como surge de la síntesis formulada precedentemente respecto de la situación fáctica que constituye el sustrato de la acción de marras- ha sido el propio Sr. J. D. O. quien se ha sustraído voluntariamente de la observancia de este derecho-deber de coparentalidad, vulnerando el principio de igualdad de los progenitores al haber delegado en los hechos exclusivamente en la Sra. M. A. C. las funciones de crianza y sostén del hijo de ambos -conducta que constituye violencia de género (arts. 5°, 6° y cc de la ley 26.485)-, todo lo cual exige adoptar un enfoque de género para procurar corregir esta desigualdad de base estructural existente entre las partes (ver Opinión Consultiva CIDH 31/2025 sobre “El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”, del 12.06.2025; Morello, María S. y Portillo, Claudia, “Juzgar con perspectiva de género”, RDF, nro. 71, págs.. 184/185; Ruiz, Alicia, “Cuestiones de género y el acceso a la justicia como derecho”, Número Especial de la Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones “Ambrosio L. Gioja”, año V, 2011; Balán, Alejandra S., “Autorización cautelar de viaje y violencia de género”, RDF, 2016-IV, pág. 121; entre otros). Y dicha perspectiva justifica adoptar una solución que no obligue a la progenitora, quien desde hace años se encuentra criando y cuidando sola, a tener que promover expedientes de autorización judicial para todos y cada uno de los viajes que desee emprender junto a su hijo - con la posibilidad de, aun así, no obtener el resultado pretendido, tal como ha acontecido en las anteriores oportunidades-, profundizando de ese modo el desgaste emocional que, tal como remarcara la perito psicóloga en el informe referido, la misma ya se encuentra padeciendo.-
Que, asimismo, dicho proceder del demandado ha afectado el derecho de I. O. a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular (art. 652 y cc del CCyC; art. 7° de la CDN). Y conforme ha puesto reiteradamente de resalto la doctrina, el derecho del hijo a relacionarse con su padre guarda una relación simétrica con el deber del progenitor de comunicarse con aquél, pues lo que realmente está ínsito en toda comunicación materno o paterno-filial es una función familiar, en consideración a que su objetivo apunta en esencia a atender las necesidades afectivas, educacionales y el desarrollo armónico y equilibrado de la personalidad del niño, resguardando su mundo psicológico y espiritual (Mizrahi, Mauricio L., “Régimen de comunicación de los padres con los hijos”, La Ley, 10.03.2014, pág. 1 y vasta doctrina allí citada; entre otros; esta Sala, causa n° 66493 “Saravia” del 27.09.2022).-
Que por otra parte, ese desinterés del progenitor se ha visto reflejado también en el marco de la presente pues, conforme se anticipara, hallándose el Sr. J. D. O. debidamente notificado del traslado de la demanda, el mismo no se presentó al proceso y, por tanto, no formuló oposición a la pretensión de la actora, pudiendo hacerlo, ni señaló en consecuencia argumento alguno del que se desprenda la inconveniencia o irrazonabilidad del pedido (ver CNCiv., Sala M, “Q., M. R. y otro c/ S., D. E.”, 12.07.2016, La Ley, AR/JUR/45892/2016; Trib.Col.Fam. N° 5 de Santa Fe, en causa “González c/ R. s/ Venia para viajar” n° 21-10701086-3, del 25.10.2018; Juzg. Flia. N° 7 Cipoletti, “C. M. B. s/ Autorización para viajar” del 27.06.2024; Juzg. Flia. N° 11, 2da. Circ., General Roca, en autos “S. C. M. c/ R. S. F. s/ Autorización para viajar” del 18.10.2024, entre otros).- Que frente a dicho contexto, debe procurarse arribar a soluciones que impidan el ejercicio antifuncional y abusivo de la responsabilidad parental y respeten el requisito de solidaridad con el que necesariamente deben desenvolverse las relaciones de familia, advirtiéndose que si bien la intervención judicial en esta materia es de carácter subsidiario, en el caso de autos se hallan presentes los presupuestos que dan cuenta de la necesidad de la misma a fines de garantizar la efectividad de los derechos del adolescente I. O. a disfrutar de la recreación, el esparcimiento y el conocimiento que otorga el hecho de viajar y conocer otras realidades y culturas (art. 31 de la CDN), evitando incrementar el desgaste emocional que se observó en el mismo y que se profundizaría para el supuesto en que se viera obligado a participar de un proceso judicial en cada una de las oportunidades en las que éste y su grupo familiar deseen realizar un viaje con carácter temporario (arts. 3°, 12 y cc de la CDN; art. 3° ley 26.061; arts. 645, 707 y cc del CCyC).-
Por lo demás, advierto que la sugerencia efectuada por el Asesor de Menores en cuanto a que hubiera sido preciso iniciar un proceso de privación de la responsabilidad parental contra el Sr. J. D. O. (art. 700 del CCyC), además de no aparecer como necesaria pues puede obtenerse el resultado deseado por la actora y el adolescente sin llegar al extremo de extinguir los restantes derechos-deberes emanados de la responsabilidad parental y el vínculo paterno-filial, tampoco se condice con la voluntad de la Sra. M. A. C. y del adolescente I. O., quien incluso se mostró abierto a la revinculación con su progenitor (conf. informe del 30.06.2025).-
En función de lo expuesto, y en el entendimiento de que es la solución que mejor se condice con el interés superior de I. O., el principio de autonomía progresiva y el interés familiar ponderado en este caso concreto (arts. 639, 645 y cc del CCyC), propongo al acuerdo hacer lugar al recurso y, en consecuencia, otorgar la autorización supletoria para que el adolescente I. O. salga del país con fines vacacionales, recreativos, deportivos y/o educativos, solo o en compañía de su progenitora, por períodos indeterminados de tiempo, sin limitación de destinos y hasta que el mismo adquiera la mayoría de edad; dejando expresa constancia de que la presente autorización no implica en modo alguno la venia para radicarse en el extranjero.-
Y en esa línea, a fines de evitar que la presente sea desinterpretada generándose eventuales desentendimientos, se deja sentado que la autorización que aquí se confiere con los alcances establecidos precedentemente, resulta ser supletoria del consentimiento paterno. De modo que, para el caso en que en el futuro el adolescente I. O. requiera salir del país solo, la Sra. M. A. C. deberá extender la autorización correspondiente en cualquiera de las formas previstas normativamente (conf. art. 7° del Anexo I de la Disposición N° 2656/11 de la Dirección Nacional de Migraciones y sus modificatorias; Disposiciones 1036/22 y 373/2025 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas).-
Asimismo, con miras a garantizar la observancia del deber recíproco de información sobre cuestiones de educación, salud y otras relativas a la persona y bienes del hijo que pesa sobre ambos progenitores (art. 654 del CCyC; Rotondo, Martín, “El deber de información y su interrelación con el art. 645 del Código Civil y Comercial”, La Ley, 02.03.2023, pág. 1 y ss) y valorando el ofrecimiento formulado al respecto por la actora; corresponde disponer que la Sra. M. A. C. deberá informar al Sr. J. D. O. con una antelación razonable y por un medio fehaciente - whatsapp, aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier otro medio que estime pertinente- los detalles de cada uno de los viajes al exterior que en el futuro emprenda I. O. -esto es, fechas de egreso y regreso, tiempo de permanencia en el extranjero, finalidad del viaje, lugar de destino y acompañantes si los hubiera-.-
Finalmente, se hace saber a los progenitores lo observado y sugerido por la perito psicóloga, Lic. Sofía Canevello, en su informe de fecha 30.06.2025; y, en función de ello, se exhorta a ambas partes a llevar a cabo las acciones que estén a su alcance para promover la reanudación de una adecuada comunicación paterno-filial respetuosa del deseo y de la estabilidad emocional de I.O. (esta Sala, causas n° 61397 “Flammini” del 13.09.2016, n° 63481 “Caravaggio” del 23.10.2018, n° 70414 “Elfstram” 13.04.2023, entre otras).-
f) Sentado lo expuesto, corresponde determinar el criterio que ha de regir la imposición de costas en el marco de la presente.- Al respecto, se advierte que si bien, frente a contiendas no patrimoniales referidas al derecho de familia -como la que aquí nos ocupa-, la doctrina autoral y la jurisprudencia han señalado que no corresponde imponer las costas con fundamento en el principio de la derrota, pues la intervención del juez es una carga común necesaria para componer las diferencias entre las partes; lo cierto es que también han puesto de resalto que sí cabe imponer las costas a una de las partes en estos asuntos, cuando su conducta fuera irrazonable, gratuita o injustificada y la consiguiente intervención de la justicia, obviable (Loutayf Ranea, “Condena en costas en el proceso civil”, pág. 450 y ss; esta Sala, causas n° 58244 “Martinez Fuentes” 08.10.2012, nº 58123 “Kessler” del 15.10.2013, n° 58744 “Marilu” del 08.02.2014, n° 60797 “Saavedra” del 04.11.2015, n° 62945 “Couture De Troismonts” del 15.05.2018, n° 64266 “Martínez” del 11.04.2019, entre otras; esta Cámara, Sala II, causa n° 54.293 “E.A.M…” del 14.10.2010, entre otras).-
En función de ello, estimo que, en atención a la situación fáctica presente en el sub-lite y sucintamente descripta precedentemente, corresponde imponer las costas al demandado (art. 68 del CPCC); solución que, en atención al modo en que se resuelve, ha de extenderse a las costas de Alzada (art. 68 y cc del CPCC).-
Así lo voto.-
Las Señoras Juezas Doctora CARRASCO y Doctor COMPARATO, adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.-
A LA SEGUNDA CUESTION: el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:
Atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, propongo al acuerdo: 1) Hacer lugar al recurso de apelación incoado por la actora mediante presentación electrónica de fecha 21.04.2025 y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada el día 10.04.2025 y otorgar la autorización supletoria para que el adolescente I. O. salga del país con fines vacacionales, recreativos, deportivos y/o educativos, solo o en compañía de su progenitora, por períodos indeterminados de tiempo, sin limitación de destinos y hasta que el mismo adquiera la mayoría de edad; dejando expresa constancia de que la presente autorización no implica en modo alguno la venia para radicarse en el extranjero. 2) Dejar aclarado que la autorización que aquí se confiere con los alcances establecidos en el punto anterior, resulta ser supletoria del consentimiento paterno; de modo que, para el caso en que en el futuro el adolescente I. O. requiera salir del país solo, la Sra. M. A. C. deberá extender la autorización correspondiente en cualquiera de las formas previstas normativamente (conf. art. 7° del Anexo I de la Disposición N° 2656/11 de la Dirección Nacional de Migraciones y sus modificatorias; Disposiciones 1036/22 y 373/2025 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas). 3) Disponer que la Sra. M. A. C. deberá informar al Sr. J. D. O. con una antelación razonable y por un medio fehaciente -whatsapp, aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier otro medio que estime pertinente- los detalles de cada uno de los viajes al exterior que en el futuro emprenda I. O. -esto es, fechas de egreso y regreso, tiempo de permanencia en el extranjero, finalidad del viaje, lugar de destino y acompañantes si los hubiera- (art. 654 y cc del CCyC). 4) Hacer saber a los progenitores lo observado y sugerido por la perito psicóloga, Lic. Sofía Canevello, en su informe de fecha 30.06.2025; y, en función de ello, exhortar a ambas partes a llevar a cabo las acciones que estén a su alcance para promover la reanudación de una adecuada comunicación paterno-filial respetuosa del deseo y de la estabilidad emocional de I.O. 5) Imponer las costas al demandado (art. 68 del CPCC), solución que, en atención al modo en que se resuelve, ha de extenderse a las costas de Alzada (art. 68 y cc del CPCC); viéndose el monto de los honorarios correspondientes a las actuaciones de segunda instancia reflejado en la parte resolutiva.
Así lo voto.-
Las Señoras Juezas Doctora CARRASCO y Doctor COMPARATO, adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A –
POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC, se
1. Hacer lugar al recurso de apelación incoado por la actora mediante presentación electrónica de fecha 21.04.2025 y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada el día 10.04.2025 y otorgar la autorización supletoria para que el adolescente I. O. salga del país con fines vacacionales, recreativos, deportivos y/o educativos, solo o en compañía de su progenitora, por períodos indeterminados de tiempo, sin limitación de destinos y hasta que el mismo adquiera la mayoría de edad; dejando expresa constancia de que la presente autorización no implica en modo alguno la venia para radicarse en el extranjero. 2) Dejar aclarado que la autorización que aquí se confiere con los alcances establecidos en el punto anterior, resulta ser supletoria del consentimiento paterno; de modo que, para el caso en que en el futuro el adolescente I.
O. requiera salir del país solo, la Sra. M. A. C. deberá extender la autorización correspondiente en cualquiera de las formas previstas normativamente (conf. art. 7° del Anexo I de la Disposición N° 2656/11 de la Dirección Nacional de Migraciones y sus modificatorias; Disposiciones 1036/22 y 373/2025 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas). 3) Disponer que la Sra. M. A. C. deberá informar al Sr. J. D. O. con una antelación razonable y por un medio fehaciente -whatsapp, aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier otro medio que estime pertinente- los detalles de cada uno de los viajes al exterior que en el futuro emprenda I. O. -esto es, fechas de egreso y regreso, tiempo de permanencia en el extranjero, finalidad del viaje, lugar de destino y acompañantes si los hubiera- (art. 654 y cc del CCyC). 4) Hacer saber a los progenitores lo observado y sugerido por la perito psicóloga, Lic.
Sofía Canevello, en su informe de fecha 30.06.2025; y, en función de ello, exhortar a ambas partes a llevar a cabo las acciones que estén a su alcance para promover la reanudación de una adecuada comunicación paterno-filial respetuosa del deseo y de la estabilidad emocional de I.O. 5) Imponer las costas al demandado (art. 68 del CPCC); solución que, en atención al modo en que se resuelve, ha de extenderse a las costas de Alzada (art. 68 y cc del CPCC). 6) En función de ello, en atención a la cuantía, valor y mérito de los trabajos realizados, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 9° ap. I.1) inc. “e”, 15, 16, 31 y cc de la ley 14.967, corresponde regular los honorarios profesionales por las actuaciones en segunda instancia, de la siguiente manera: a la Dra.
CAROLINA NATALIA CARO, en la suma equivalente a CINCO JUS ARANCELARIOS (5 Jus.-); casos con más la adición de Ley (arts. 12 y 14 leyes 8455 y 10.268) e I.V.A. en caso de profesionales inscriptos. En cuanto a las regulaciones de honorarios practicadas, las notificaciones del caso deberán ser efectuadas en Primera Instancia, en su caso con la transcripción prevista por el art. 54 de la ley 14.967. 7) Encomendar a la jueza de grado que, una vez devueltas las actuaciones a la instancia de origen, se notifique desde allí el contenido de la presente al demandado, Sr. J. D. O., mediante cédula dirigida a su domicilio real (arts. 36, 62, 135 inc. 12 y cc del CPCC). Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf. art. 10 del Reglamento para Presentaciones y Notificaciones Electrónicas, SCBA, Ac. 4013/21 y sus modificatorias) y oportunamente devuélvase a la instancia de origen.-
REVOCA
Fin de la sentencia