Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 73.998
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada de fecha 16/4/2025, que rechazó la demanda de escrituración que dio inicio al presente proceso.
2En consecuencia, sobre la base de la declarada rebeldía del codemandado Luis Delfín Salvatierra y del allanamiento de las herederas de Luis Alberto Volpi, corresponde hacer lugar a la demanda de escrituración promovida por Guillermo José Rolandi y María Teresa Michela, condenando a los demandados a otorgar a favor de los actores la escritura traslativa de dominio de los inmuebles objeto de autos, dentro del plazo de treinta días de adquirir firmeza este pronunciamiento, con arreglo a lo estipulado en los boletos de compraventa de fechas 16/3/1980 y 14/9/1992 -analizados en el apartado VI del presente voto-. Ello, bajo apercibimiento de que, si los obligados no cumplieren dentro del plazo fijado, el Juez suscribirá la escritura por ellos y a su costa; pudiendo el magistrado, además, ordenar las medidas complementarias que correspondan (art.510 del CPCC).
3Imponer las costas del juicio a los herederos de Luis Delfín Salvatierra, quienes también deben cargar con las costas de alzada, con sujeción a la regla del vencimiento en juicio, en virtud de las razones indicadas en el apartado X de este voto (arts.60 último párrafo, 68, 70 y 274 del CPCC).
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
Causa nº: 2-73998-2025 "ROLANDI GUILLERMO JOSE Y MICHELA MARIA TERESA C/ SALVATIERRA LUIS DELFIN Y VOLPI LUIS ALBERTO S/ ESCRITURACIÓN "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - AZUL
En la ciudad de Azul, a los cinco días del mes de Marzo del año Dos Mil Veintiséis, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Marcos Federico Garcia Etchegoyen, Dra. María Inés Longobardi y Dr. Víctor Mario Peralta Reyes, con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Rolandi Guillermo José y otro/a c/ Salvatierra Luis Delfin y otro/a s/ Escrituración" (Causa n°73998). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes, Dr. Garcia Etchegoyen y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del día 16/4/2025?.
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Guillermo José Rolandi y María Teresa Michela promovieron demanda de escrituración contra Luis Delfín Salvatierra y Luis Alberto Volpi, con relación a tres lotes de terreno ubicados en el balneario Reta, Partido de Tres Arroyos, designados catastralmente como Circunscripción XII, Sección B, Manzana 64, Parcelas 6, 8 y 12. Sostuvieron los actores en su escrito de demanda, que, con fecha 14/12/1992, adquirieron dichos inmuebles a Luis Alberto Volpi, quien, a su vez, se los había comprado a Luis Delfín Salvatierra mediante boleto de compraventa de fecha 16/3/1980, lo que acreditaron con los instrumentos privados adjuntados a dicha presentación inicial.
Asimismo, alegaron los actores que la escrituración no pudo concretarse debido al fallecimiento de Luis Alberto Volpi, si bien los herederos de éste reconocieron la referida operación de compraventa. Y agregaron que, en reiteradas oportunidades, trataron de lograr la escrituración directamente de Luis Delfín Salvatierra, pero ello no fue posible. Por todo ello solicitaron que, oportunamente, se haga lugar a la escrituración demandada, con costas (ver fs.38/40 del expediente n° 56.735, que tengo a la vista).
II. Posteriormente, comparecieron a las actuaciones las herederas de Luis Alberto Volpi: Emma Argentina Cisint de Volpi, Analía Aída Volpi y Olga Carmen Volpi, quienes se allanaron incondicionalmente a la demanda de escrituración, solicitando se las exima de afrontar las costas del juicio (ver fs.68 del presente expediente).
Más adelante se realizaron diversos intentos para notificar la demanda al codemandado Luis Delfín Salvatierra, lo que se concretó mediante cédula del día 19/10/2015, diligenciada en el domicilio de calle Pampa n° 5695 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.111/112). Y no habiendo el citado comparecido al proceso, se dictó el auto de fecha 9/12/2015, en el cual se le dio por decaído el derecho que dejó de usar, declarándoselo en rebeldía (fs.114). Asimismo, se libró la cédula de notificación del auto de rebeldía, la que se diligenció el día 3/3/2017, en el mismo domicilio en que se formalizó la anterior (fs.155/156vta.). Mediante el auto de fecha 7/4/2017, se dispuso como medida para mejor proveer el libramiento de oficio al RENAPER, a los fines de que informe si consta inscripta la defunción de Luis Delfín Salvatierra (fs.158/158vta.). Por su parte, de la constancia expedida por la Cámara Nacional Electoral (fs.160), se desprende que el nombrado falleció en Capital Federal el día 3/3/2017; mientras que del informe expedido por el Archivo General del Poder Judicial de la Nación de fecha 27/9/2021, surge que en el Registro de Juicios Universales no figura como iniciado su juicio sucesorio.
Con motivo de la presentación de la Defensora Oficial de fecha 6/12/2021, se dictó la providencia de fecha 14/12/2021, donde se ordenó una nueva publicación de edictos en el lugar del domicilio del coaccionado Luis Delfín Salvatierra, sito en calle La Pampa n° 5695, piso I, depto. A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De este modo se citó por edictos a Luis Delfín Salvatierra y/o sus herederos y/o quien se considere con derechos sobre los inmuebles motivo de este juicio, para que en el plazo de diez días comparezcan a las actuaciones, bajo apercibimiento de proseguir las mismas sin su intervención, y tener por asumida la representación de la Sra. Defensora Oficial. La publicación de los edictos se ordenó por dos días en el Boletín Oficial y en el diario La Nación de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
III. Fue así que, en su presentación del día 13/7/2022, la Defensora Oficial asumió la representación de los herederos de Luis Delfín Salvatierra, en el carácter de defensora de ausentes, de conformidad con lo establecido en el art.341 del CPCC.
En dicha presentación, negó los hechos denunciados en la demanda y desconoció toda la prueba documental e instrumental presentada por la parte actora, que no revistiera carácter de instrumento público y/o no poseyere tales cualidades de fe de autenticidad. Así negó que los actores sean adquirentes y poseedores de los inmuebles objeto de autos, que hubieran adquirido los mismos de Luis Alberto Volpi, y que éste, a su vez, se los hubiera comprado a Luis Delfín Salvatierra.
En lo que respecta a la prueba documental, negó expresamente la validez y autenticidad de los boletos de compraventa allegados con la demanda, así como también del reconocimiento de cumplimiento y derechos expedido por los herederos de Luis Alberto Volpi.
IV. Transitada la etapa probatoria se arribó al dictado de la sentencia definitiva de fecha 16/4/2025, en la cual se rechazó la demanda por escrituración interpuesta por los actores, con costas a su cargo con arreglo a la regla del vencimiento en juicio.
En dicho pronunciamiento se consideró el carácter ganancial de los inmuebles de titularidad de Luis Delfín Salvatierra, y se sostuvo que en el boleto de compraventa por el cual éste le habría vendido los bienes a Luis Alberto Volpi, no consta el asentimiento conyugal. Asimismo, en otro orden, se destacó que la firma atribuida a Salvatierra fue desconocida por la Defensora Oficial, y así aseveró el juzgador que “tenemos un documento, desconocido por la defensa, que carece de los requisitos mínimos para hacer presumir la veracidad del negocio, pues tampoco se ofreció como prueba una pericia caligráfica para recabar documentos indubitables del demandado Salvatierra y cotejarlos con el mencionado boleto”. Más adelante, puntualizó: “Tampoco prueba la actora que el Sr. Volpi, de quien adquiere los lotes, haya efectivamente cumplido sus obligaciones con el Sr. Salvatierra, siendo este cumplimiento un requisito esencial (art.1201 CC) para poder exigir el otorgamiento de la escritura, pues el saldo de precio debía cancelarse el 15/04/1980”.
V. La aludida sentencia fue apelada por la parte actora, quien expresó sus agravios mediante la presentación del día 16/7/2025. Allí cuestionó la recurrente la intervención de la Defensora Oficial, por haberse alterado el debido curso procesal “al permitir retrotraer su actuación a contestar la demanda, cuando la parte a quien suplía (sucesores desconocidos del demandado fallecido) había perdido el derecho a contestar demanda y había sido declarada rebelde”. Más adelante puntualizó que “el decreto de rebeldía quedó consentido pues no fue cuestionado por la Defensora Oficial, y si no lo ha cuestionado no puede contestar la demanda por los herederos del fallecido que ya había sido declarado en rebeldía”. Dijo que en el caso no se ha respetado el principio de preclusión procesal, y alegó la transgresión del art.60 del código de rito, según el cual, “la rebeldía no alterará la secuela regular del proceso”. También dijo que se soslayó lo dispuesto en el art.64 del mismo código, en el sentido de que el rebelde puede comparecer en cualquier estado del juicio, sin que pueda en ningún caso retrogradarlo. A modo de segundo agravio, en el escrito recursivo se refutó la referencia de la sentencia a la venta de cosa ajena (art.1329 del Código Civil), y se dijo que Salvatierra tiene un título perfecto formalizado en una escritura pública debidamente inscripta, mientras que Volpi cedió sus derechos emergentes del boleto de compraventa. Agregó que lo relativo al saldo de precio adeudado por Volpi, al que se alude en el decisorio apelado, en nada influye en el presente caso ni obsta al reclamo de escrituración. Cuestionó que el Juez de grado haya requerido una certificación de las firmas del boleto de compraventa, ya que no existe norma alguna que imponga tal recaudo, pues “el art.1012 del Código Civil, requiere como condición esencial del instrumento privado, sólo la firma de las partes”. Finalmente, la apelante critica lo decidido en la sentencia sobre la carencia del asentimiento conyugal en el boleto de compraventa, y al respecto afirma que la falta de este requisito sólo acarrea una nulidad relativa, la que ha quedado saneada en el caso de autos por el transcurso del tiempo, “al haber prescripto toda acción emergente de la ausencia de tal asentimiento”.
La aludida expresión de agravios fue contestada por la Sra. Defensora Oficial, tras lo cual se han cumplimentado los trámites procesales de rigor y se practicó el sorteo de ley, habiendo quedado las actuaciones en condiciones para el dictado de la presente sentencia.
VI. A los efectos de dar solución a la controversia que ha generado la presente litis, cabe recalar en los instrumentos privados sobre los que se basó la pretensión de los accionantes, tarea que acometeré en el presente apartado introductorio.
Mediante boleto de compraventa de fecha 16/3/1980, Luis Delfín Salvatierra vendió a Luis A. Volpi y Juan Carlos Matilla cinco lotes de terreno ubicados en el balneario Reta, designados como lotes L, H, I, J y F, haciéndose constar que Matilla adquirió los lotes I y J, mientras que Volpi compró los lotes F, H y L (ver boleto de fs.19/19vta.). En este instrumento aparecen las firmas del vendedor y de ambos compradores, pero no consta el asentimiento de la cónyuge del primero, siendo que en las respectivas escrituras se consignó que Salvatierra era casado en primeras nupcias con Dominga Zungri (ver escrituras agregadas a las actuaciones con el escrito de demanda del día 15/10/2009).
Posteriormente, se celebró el boleto de compraventa de fecha 14/9/1992, por el cual Luis Alberto Volpi vendió a los aquí accionantes Guillermo José Rolandi y María Teresa Michela, los tres lotes de terreno que había adquirido al titular registral Delfín Salvatierra, designados como lotes 6, 8 y 12 -antes lotes F, H y L- (ver boleto de fs.20). Por su parte, esta operación fue reconocida por las herederas de Luis Alberto Volpi (Emma Argentina Cisint de Volpi, Analía Aída Volpi y Olga Carmen Volpi), en el convenio de “Reconocimiento de cumplimiento y derechos” suscripto con fecha 20/2/2006 (ver fs.21). En la cláusula II de este reconocimiento de derechos, se hizo constar que “los compradores recibieron del Sr. Luis Alberto Volpi y de plena conformidad la posesión de los inmuebles, con todo lo plantado y edificado, y nada reclaman por ello, no teniendo nada que reclamar y dejando constancia que los mismos han abonado en su totalidad el saldo de precio oportunamente pactado, por lo que nada cabe reclamar de los mismos”. A esto cabe agregar que, como lo señalé precedentemente, las herederas de Luis Alberto Volpi se allanaron en forma incondicional de la demanda de escrituración, solicitando se las exima de cargar con las costas causídicas (ver apartado II, primer párrafo, de este voto).
VII. Ahora bien, habiendo descripto los instrumentos privados sobre los que se asienta el reclamo escriturario de los accionantes, debo detenerme en los fundamentos dados en la sentencia apelada para desestimar dicha pretensión. Adelanto opinión en el sentido de que dichas motivaciones no se ajustan a las constancias de la causa, por lo que propiciaré la revocación de la sentencia apelada de fecha 16/4/2025, y el consecuente acogimiento de la demanda de escrituración promovida por Guillermo José Rolandi y María Teresa Michela.
1. Tal como ya lo anticipé, uno de los argumentos esgrimidos por el Juez de grado para sentar su postura, estuvo basado en que la firma atribuida a Luis Delfín Salvatierra en el referido boleto de compraventa de fecha 16/3/1980, fue desconocida por la Sra. Defensora Oficial. Y así sostuvo que “tenemos un documento, desconocido por la defensa, que carece de los requisitos mínimos para hacer presumir la veracidad del negocio, pues tampoco se ofreció como prueba una pericia caligráfica para recabar documentos indubitables del demandado Salvatierra y cotejarlos con el mencionado boleto”.
Esta conclusión del decisorio de grado se ha apartado de las constancias de autos, al haber soslayado los actos procesales -firmes y consentidos- cumplimentados en el curso del proceso, transgrediéndose, de este modo, el principio de preclusión (art.36 inciso 1 del CPCC). Ha señalado esta Alzada que son por demás conocidos los efectos que produce la preclusión en el trámite del proceso, siendo doctrina reiterada de la Suprema Corte Provincial, que “la firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica que justifica su validez, no obstante los vicios que pudieran eventualmente presentar y la preclusión opera como un impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior” (S.C.B.A. L 120037 del 30/5/2018, “Olguin”; L 120028 del 16/5/2018, “Estigarribia”; L 103400 del 12/12/2012, “Crespin”; L 99432 del 14/7/2010, “González”; L 96.275 del 15/4/2009, “S., A.I.”; L 90208 del 12/11/2008, “Alasia”; L 88911 del 7/3/2007, “Nuñez”; L 88658 del 12/7/2006, “Betancor Vila”; lo destacado me pertenece). Tal como lo señala Couture, con claridad, “el principio de preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados” (Fundamentos del derecho procesal civil, pág.194; en un mismo sentido ver Palacio, Derecho Procesal Civil, tomo I, págs.278 y 279), (causa n° 64.135, “Juaiek Cereales SA s/Concurso Preventivo (Pequeño)”, sentencia del 19/6/2019, en el mismo sentido, causa n° 71.292, “Vega”, sentencia del 26/3/2024).
2. Y arribo a la conclusión antedicha porque, al haberse receptado el desconocimiento de la documentación allegada a la demanda -formulado por la Sra. Defensora Oficial-, se han soslayado los efectos procesales producidos por la rebeldía del codemandado Luis Delfín Salvatierra, la que ha quedado firme y consentida. En efecto, tal como ya lo destaqué, la demanda fue notificada al codemandado Luis Delfín Salvatierra mediante cédula del día 19/10/2015, diligenciada en el domicilio de calle Pampa n° 5695 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.111/112). Y no habiendo el citado comparecido al proceso, se dictó el auto de fecha 9/12/2015, en el cual se le dio por decaído el derecho que dejó de usar, declarándoselo en rebeldía (fs.114). Asimismo, se libró la cédula de notificación del auto de rebeldía, la que se diligenció el día 3/3/2017, en el mismo domicilio en que se formalizó la anterior (fs.155/156vta.). Los actos procesales indicados en el párrafo precedente no fueron pasibles de ningún cuestionamiento por parte de la demandada, por lo que han adquirido firmeza. En este punto es de utilidad recalar en la resolución de fecha 4/7/2023, dictada con posterioridad a la presentación de la Defensora Oficial de fecha 13/7/2022 -a la cual aludí en el apartado III del presente voto-. En efecto, en dicha resolución del día 4/7/2023 se partió de la base de la notificación de la rebeldía a Salvatierra el día 3/3/2017, y se señaló: “No obstante ello, con posterioridad asume su intervención por los herederos y/o ausentes la Unidad de Defensa n° 3 de Azul”. Y en lo que reviste especial relevancia, sostuvo el Juez de grado: “Si bien la oportunidad de contestar demanda -por el Señor Salvatierra- en los términos del art.354 del CPCC, se encontraba precluida en virtud de la declaración de rebeldía, ello no empecé a que el citado Organismo Público asuma su intervención, se manifieste al respecto y haga la reserva de contralor de la producción de la prueba ofrecida”.
O sea que en la resolución del día 4/7/2023, se dejó bien en claro que la oportunidad de contestar la demanda por parte del codemandado Luis Delfín Salvatierra, había precluido en virtud de la declaración de su rebeldía, y que la intervención del Organismo Público quedaba exclusivamente reservada al contralor de la prueba; debiendo destacarse que dicha resolución no fue pasible de ningún cuestionamiento. Sin embargo, en la sentencia en análisis no se tuvo en cuenta esta situación procesal, y se receptó el desconocimiento de la documentación allegada a la demanda efectuado por la Defensora Oficial, contrariando el principio de preclusión procesal al que aludí precedentemente.
3. Los efectos de la rebeldía del codemandado Luis Delfín Salvatierra resultan -con absoluta nitidez- del art.60 del Código Procesal, que establece: “La rebeldía no alterará la secuela regular del proceso. La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el art.354, inc.1. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. Serán a cargo del rebelde las costas causadas por su rebeldía”. Al abordar los efectos de la declaración de rebeldía, puntualiza Camps: “La ley establece que la sentencia se pronunciará según el mérito de la causa. Esto es, no se exime al actor de la carga de probar lo conducente para sustentar lo pretendido. Claro que la rebeldía -declarada judicialmentede la contraria operará como una presunción de veracidad de los hechos afirmados por su contraparte, así como un reconocimiento pleno de la autenticidad de los documentos por ella presentados, según la remisión que se realiza al artículo 354, inciso 1, CPCCBA” (conf. Camps, Derecho Procesal Civil y Comercial Eficaz, Erreius, Bs. As. 2018, págs.1075 y 1076). Y en nota al pie de página cita un precedente jurisprudencial en el que se sostuvo: “La actitud omisa de la parte demandada, además de causarle pérdida del ejercicio de actos procesales y de originar la preclusión, crea asimismo la presunción desfavorable a la parte renuente que faculta discrecionalmente al juzgador a estimar ese silencio como un reconocimiento de los hechos sobre los cuales no se explicó la rebelde e inclusive a tener por auténtica la documentación acompañada” (CCiv. y Com. Morón, Sala 2, “Dossi, Pablo C. c/Fama Hnos. SACIFI s/incumplimiento de contrato”, 11/8/1994, citado por Camps, ob. cit. págs.1075 y 1076, nota 114; todo lo destacado en negrita corresponde al suscripto).
En otra obra doctrinaria se vierten similares conceptos y se relacionan las normas procesales antedichas con el art.1031 del Código Civil, que obligaba al firmante de un instrumento privado a declarar “si la firma es o no suya”, en el caso de que ese instrumento se le presentara en juicio (en el mismo sentido art.314 del CCCN). Así expresa González: “En relación con los documentos privados que se le atribuyesen al demandado y a las cartas y telegramas dirigidos a éste, se los tendrá fictamente reconocidos en su existencia material y contenido, en concordancia con el art.1031 del Cód. Civil, disposición de rango normativo prevaleciente, en tanto dispone que todo aquel contra quien se presente en juicio un instrumento privado firmado por él, debe declarar si la firma le pertenece o no. O sea que se trata de un caso de reconocimiento tácito de la firma derivada del silencio, con lo que queda configurado uno de los supuestos excepcionales en que existe obligación legal de explicarse, interpretándose el silencio como una manifestación de voluntad conforme con el acto o interrogación (art.919, Cód. Civil)” (conf. González, en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Highton-Areán dirección, Hammurabi, Bs. As.2004, tomo 2, pág.14; lo resaltado en negrita es propio).
En la obra antedicha se menciona un precedente jurisprudencial donde se decidió que “corresponde confirmar la resolución del a quo que admitió la acción por cobro de facturas, pues el silencio del accionado produce el efecto de tener por reconocidos o recibidos los documentos agregados por el demandante en el escrito inicial y no se aportó elemento alguno que aconseje el rechazo de la pretensión articulada en su contra (CNCom., Sala D, 11/2/2004, DJ, 26/5/04,286)” (ob. cit. pág.24; en esa misma línea de pensamiento, jurisprudencia citada en la obra Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación Comentados y Anotados, Morello, Sosa, Berizonce, Abeledo Perrot, Bs. As.2015, págs.808, 809, 811 y 812).
En virtud de lo hasta aquí señalado y, como consecuencia de la declarada rebeldía del codemandado Luis Delfín Salvatierra, debe tenerse por reconocida la autenticidad de la firma estampada por éste en el boleto de compraventa suscripto con fecha 16/3/1980 -allegado a fs.19/19vta.-, por el cual le vendió a Luis Alberto Volpi los inmuebles objeto de estas actuaciones (arts.919 y 1031 del Código Civil, vigente cuando sucedieron los hechos del presente juicio; arts.59, 60, 64, 354 inc.1 y ccs. del CPCC). En consecuencia, debe revocarse la solución contraria que se adoptó en la sentencia apelada.
VIII. Habiendo quedado definida la cuestión precedente, me ocuparé ahora de otro fundamento esgrimido por el Juez de grado para desestimar la pretensión de los actores. Tal como ya lo adelanté, en la sentencia apelada se consideró el carácter ganancial de los inmuebles de titularidad de Luis Delfín Salvatierra, y se sostuvo que en el boleto de compraventa por el cual éste le habría vendido los bienes a Luis Alberto Volpi, no consta el asentimiento conyugal (ver boleto de compraventa de fecha 16/3/1980, que luce a fs.19/19vta.). Efectivamente, en este instrumento aparecen las firmas del vendedor y de ambos compradores, pero no consta el asentimiento de la cónyuge del primero, siendo que en las respectivas escrituras se consignó que Salvatierra era casado en primeras nupcias con Dominga Zungri (ver escrituras agregadas a las actuaciones con el escrito de demanda del día 15/10/2009).
Sin embargo, la carencia de asentimiento conyugal no puede acarrear las consecuencias indicadas en el pronunciamiento apelado, por lo que también propiciaré la revocación de esta parcela del decisorio en análisis, en virtud de las razones que expondré a continuación.
La doctrina y la jurisprudencia han abordado con detenimiento la cuestión en examen, a la luz del art.1277 del Código Civil, que es la norma aplicable al presente caso en atención al momento en que aconteció la trama fáctica (art.7 del CCCN). Así se ha expresado, siguiendo la opinión mayoritaria, que el acto otorgado sin el asentimiento, cuando el mismo fuera necesario, está afectado por una nulidad relativa (arts.1043, 1048 y ccs. del Código Civil). Y en lo que reviste decisiva trascendencia, se ha sostenido que, al tratarse de un supuesto de nulidad relativa del acto, la misma “sólo podrá ser invocada por el cónyuge que debía prestar el asentimiento omitido, y en cuyo interés se ha establecido dicho recaudo. Por la misma razón, aquel puede confirmar el acto, en forma expresa o tácita (arts.1058, 1059 y 1061, Cód. Civil)” (conf. Fleitas Ortiz de Rosas y Roveda, Régimen de bienes del matrimonio, 2da. edición actualizada y ampliada, La Ley, pág.113). En ese mismo orden de ideas, precisa Borda que “se trata de una nulidad relativa, es decir, sólo oponible por el cónyuge cuyo asentimiento se omitió; pero el disponente no puede accionar por nulidad del acto, fundada en la falta de consentimiento de su cónyuge” (conf. Borda, Tratado de Derecho Civil, Familia, 10ª edición, La Ley, Bs.As.2008, pág.337; todo lo destacado me pertenece).
Y siempre con arreglo a la nulidad relativa del acto, se ha puntualizado que ésta “puede ser subsanada por confirmación o prestación ulterior del asentimiento omitido, por renuncia del beneficiario de la acción, por convalidación o autorización judicial posterior, y por prescripción decenal, cuyo curso queda suspendido hasta la disolución del matrimonio (arts.3969 y 3970)” (conf. Belluscio, en Código Civil y leyes complementarias, Director Belluscio, Coordinador Zannoni, Astrea, Bs. As. 1998, tomo 6, pág.180).
Con arreglo a las directrices antedichas cabe analizar el caso de autos, en el cual se observa que la falta de asentimiento conyugal no ha sido planteada por la cónyuge del vendedor -única facultada para ello-, por lo que, al tratarse de un supuesto de nulidad relativa, no resulta procedente que la misma sea declarada por el juzgador. Y, más aún, dicha nulidad relativa ha quedado subsanada por el transcurso del tiempo “al haber prescripto toda acción emergente de la ausencia de tal asentimiento”, como acertadamente lo expresa la recurrente en su expresión de agravios. En efecto, aun cuando se tome como inicio del plazo de prescripción a la disolución del matrimonio producida por el fallecimiento de Salvatierra -3/3/2017-, al carecerse de datos sobre el deceso de su esposa o de otras causales de disolución del vínculo, se concluye en que han transcurrido -con holgura- los plazos establecidos en los arts.2560 y 2562 inciso a) del CCCN, por lo que la acción en análisis se encuentra prescripta.
En consecuencia, debe revocarse la sentencia apelada en cuanto sustentó la desestimación de la pretensión de los actores, en la falta de asentimiento conyugal en el boleto de compraventa por el cual el titular registral -Luis Delfín Salvatierra- le vendió los inmuebles a Luis Alberto Volpi.
IX. Corresponde examinar, finalmente, el argumento traído en la sentencia apelada, donde se señaló que la actora no ha probado que Luis Alberto Volpi haya cumplido sus obligaciones con el vendedor Luis Delfín Salvatierra, dado que del boleto de compraventa del día 16/3/1980, se desprende la existencia de un saldo de precio que debía cancelarse el día 15/4/1980.
Dicho fundamento del fallo no se ajusta al principio de congruencia, porque lo relativo a un supuesto saldo de precio que se encontraría pendiente de pago, no fue introducido por ninguna de las partes del presente proceso, tratándose de una materia ajena al ámbito decisorio del magistrado, de conformidad con lo dispuesto en los arts.34 inciso 4 y 163 inciso 6 del Código Procesal.
X. En virtud de lo anteriormente expuesto, propicio la revocación de la sentencia apelada de fecha 16/4/2025, que rechazó la demanda de escrituración que dio inicio al presente proceso. En consecuencia, sobre la base de la declarada rebeldía del codemandado Luis Delfín Salvatierra y del allanamiento de las herederas de Luis Alberto Volpi, corresponde hacer lugar a la demanda de escrituración promovida por Guillermo José Rolandi y María Teresa Michela, condenando a los demandados a otorgar a favor de los actores la escritura traslativa de dominio de los inmuebles objeto de autos, dentro del plazo de treinta días de adquirir firmeza este pronunciamiento, con arreglo a lo estipulado en los boletos de compraventa de fechas 16/3/1980 y 14/9/1992 -analizados en el apartado VI del presente voto-. Ello, bajo apercibimiento de que, si los obligados no cumplieren dentro del plazo fijado, el Juez suscribirá la escritura por ellos y a su costa; pudiendo el magistrado, además, ordenar las medidas complementarias que correspondan (art.510 del CPCC).
En cuanto a las costas del juicio, en atención al allanamiento incondicionado, oportuno y efectivo de las herederas de Luis Alberto Volpi, y a la declarada rebeldía de Luis Delfín Salvatierra, corresponde imponerlas a los herederos de este último, quienes también deben cargar con las costas de alzada, con sujeción a la regla del vencimiento en juicio (arts.60 último párrafo, 68, 70 y 274 del CPCC). La regulación de honorarios se difiere para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Garcia Etchegoyen y Longobardi, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
En consecuencia, sobre la base de la declarada rebeldía del codemandado Luis Delfín Salvatierra y del allanamiento de las herederas de Luis Alberto Volpi, corresponde hacer lugar a la demanda de escrituración promovida por Guillermo José Rolandi y María Teresa Michela, condenando a los demandados a otorgar a favor de los actores la escritura traslativa de dominio de los inmuebles objeto de autos, dentro del plazo de treinta días de adquirir firmeza este pronunciamiento, con arreglo a lo estipulado en los boletos de compraventa de fechas 16/3/1980 y 14/9/1992 -analizados en el apartado VI del presente voto-. Ello, bajo apercibimiento de que, si los obligados no cumplieren dentro del plazo fijado, el Juez suscribirá la escritura por ellos y a su costa; pudiendo el magistrado, además, ordenar las medidas complementarias que correspondan (art.510 del CPCC). 3) Imponer las costas del juicio a los herederos de Luis Delfín Salvatierra, quienes también deben cargar con las costas de alzada, con sujeción a la regla del vencimiento en juicio, en virtud de las razones indicadas en el apartado X de este voto (arts.60 último párrafo, 68, 70 y 274 del CPCC). 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Garcia Etchegoyen y Longobardi, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 5 de Marzo de 2026.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Revocar la sentencia apelada de fecha 16/4/2025, que rechazó la demanda de escrituración que dio inicio al presente proceso. 2) En consecuencia, sobre la base de la declarada rebeldía del codemandado Luis Delfín Salvatierra y del allanamiento de las herederas de Luis Alberto Volpi, corresponde hacer lugar a la demanda de escrituración promovida por Guillermo José Rolandi y María Teresa Michela, condenando a los demandados a otorgar a favor de los actores la escritura traslativa de dominio de los inmuebles objeto de autos, dentro del plazo de treinta días de adquirir firmeza este pronunciamiento, con arreglo a lo estipulado en los boletos de compraventa de fechas 16/3/1980 y 14/9/1992 -analizados en el apartado VI del presente voto-. Ello, bajo apercibimiento de que, si los obligados no cumplieren dentro del plazo fijado, el Juez suscribirá la escritura por ellos y a su costa; pudiendo el magistrado, además, ordenar las medidas complementarias que correspondan (art.510 del CPCC). 3) Imponer las costas del juicio a los herederos de Luis Delfín Salvatierra, quienes también deben cargar con las costas de alzada, con sujeción a la regla del vencimiento en juicio, en virtud de las razones indicadas en el apartado X de este voto (arts.60 último párrafo, 68, 70 y 274 del CPCC). 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia