Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I · Causa 74.247
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en lo que refiere a la distribución de costas, 2) Modificar la sentencia de grado e imponer las costas por ambas pretensiones en el orden causado (art. 68 del CPCC), 3) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el demandado, 4) Exhortar al letrado de la parte demandada reconviniente conforme apartado VIII), 5) Oficiar al Colegio de Abogados departamental en orden a lo dispuesto en el apartado VIII), 6) Las costas de alzada se imponen en el orden causado atento el modo en que se resuelve (arts. 68 y 71 del Cpcc) difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).-
Causa: 1-74247-2025-
"S. L. Y OTROS C/ P. G. G. S/ ESCRITURACION"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
En la ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Lucrecia Inés Comparato, Esteban Louge Emiliozzi y Yamila Carrasco, para dictar sentencia en los autos caratulados: "S. L. Y OTROS C/ P. G. G. S/ ESCRITURACION", (Causa Nº 1-74247-2025), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores:
COMPARATO - CARRASCO - LOUGE EMILIOZZI.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia del día 12.02.2025?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION: la Señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
I.a. En fecha 23 de noviembre de 2023 se presentan LEANDRO, MARIA SOLEDAD, EMANUEL y NILDA GRACIELA S., a entablar demanda de escrituración contra GASTÓN GERMÁN P., solicitando se condene al demandado a otorgar la pertinente escritura pública traslativa de dominio sobre el inmueble designado catastralmente como Circ I, Sección D, Chacra 93, Manzana 93E, Parcela 1, Partida Inmobiliaria 11.466, inscripto el dominio en la matrícula 18746 del Partido de Tandil, Pcia de Buenos Aires, en el plazo que se estime pertinente y bajo apercibimiento de que si el accionado no cumpliere dentro del plazo fijado, la misma se suscriba por el Juzgado (cfr. art. 510, CPCC) y se condene al demandado al pago de DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOVENTA Y CINCO MIL (u$s 95.000), en concepto de saldo de precio, más intereses, desde la fecha de la mora hasta el día en que se efectivice la obligación de escrituración que aquí se demanda, con más la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS c/ 60/100 ($ 656.742,60) en concepto de daño directo, o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos, haciendo expresa reserva de ampliar el reclamo ante eventuales daños sobrevinientes con expresa imposición de costas al accionado.
Señalan que, el día 28 de diciembre de 2022 celebraron con el Sr. GASTON GERMAN P. una operación inmobiliaria de compra-venta que se instrumentó mediante el boleto que se acompaña. En el mismo se acordó la venta del inmueble mencionado, se estipuló un precio total de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA MIL (U$S 150.000) que serían abonados mediante la entrega inmediata de U$S 55.000 al momento de la firma del boleto y el saldo de U$S 95.000 debería ser abonado al momento de la suscripción de la escritura traslativa de dominio.
La escrituración sería inmediata, más allá de los tiempos naturales para la preparación del acto, sin perjuicio de lo cual se fijó un plazo de 60 días, conforme se pactara en la cláusula tercera del boleto mencionado. Se fijó en primera instancia fecha de escrituración para el día 24 de febrero 2023, y la notaria procedió a solicitar los certificados de dominio e inhibición, entre otros, de los que surgía la plena posibilidad de proceder a la firma de la escritura traslativa de dominio, pero dada la medida de fuerza gremial de empleados del Registro de la Propiedad de la PBA, dichos informes arribaron ya vencidos, dada la gran demora en el procesamiento de los mismos por parte del registro mencionado.
Ello llevó a tener que pedir nuevos certificados y una vez obtenidos, fijar nueva fecha para escrituración, esta vez para el día jueves 29 de junio de 2023.
En el ínterin, por medio de sendas cartas documentos Guillermo Oscar P., actuando en nombre y representación de su hermano aquí demandado hace saber su voluntad de RESOLVER el contrato de compraventa, en las CD señala que el motivo de la RESOLUCIÓN requerida encuentra su fundamento de hecho en el proyecto de Ley de Expropiación del inmueble objeto del contrato y halla su sustento jurídico en el Artículo 1090 del Código Civil y comercial de la Nación (Frustración de la Finalidad). Ante ello rechazan lo manifestado en las cartas documentos contestando las mismas. Finalmente, el día 29 de junio 2023 comparecieron a finalizar la operación, no haciendo lo propio el comprador.
Es así que ante el incumplimiento del comprador inician la presente acción.-
b) El día 21 de diciembre de 2023 se presenta GERMAN ANTONIO MARTÍN Y. y adhiere a todos los términos de la demanda iniciada en fecha 15 de Noviembre de 2023. A posteriori se denuncia su fallecimiento encontrándose ya presentada su esposa quien resulta heredera forzosa y según sus dichos única heredera.
c) El día 30 de enero de 2024 se presenta P. Gastón Germán, a fin de contestar la demanda, solicitando su total rechazo, conforme los hechos y consideraciones normativas y dogmáticas que se invocan e introduce reconvención contra los actores solicitando que se declare la resolución del contrato de compraventa del inmueble en cuestión condenando a los demandados a la restitución de la suma de U$S 55.000 (dólares estadounidenses cincuenta y cinco mil) con más los intereses, con más el pago de los gastos de martilleros de u$s 13.500 (dólares estadounidenses trece mil quinientos), con más el pago de los daños y perjuicios causados, todo ello con expresa imposición de costos y costas de este proceso judicial.
Señala que los martilleros y sus asesores los designó la vendedora y no la compradora. Que la parte vendedora sabía del proyecto de expropiación del bien objeto del contrato por reuniones mantenidas con el Sr. Matías Moreno (Subsecretario de DDHH de la Provincia de Buenos Aires), especialmente al momento de haberse realizado una inspección ocular en el inmueble con génesis en una causa de delitos de lesa humanidad, que dicha información fue ocultada maliciosamente.
Relata en los mismos términos que la parte actora todo lo relativo a la firma del boleto de compraventa y la demora en llevarse a cabo la escritura debido a razones ajenas a la voluntad de las partes y a la escribana. En el ínterin y en la primer sesión de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, el Gobernador Axel Kicillof, envió a la legislatura en fecha 12/03/2023, en su PRIMER proyecto del ley del 2023, la iniciativa para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble objeto del contrato de autos para ser asignado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos que recibió la denominación A1 2023-2024. Con el paso de las horas la noticia se comenzó a difundir por distintos medios locales y nacionales (ver prueba documental), hasta llegar a su conocimiento.
Frente a semejante noticia se comunica inmediatamente con la escribana y con el martillero para informarles su deseo de resolver el contrato ya que el fin se encontraba frustrado. La escribana contactó a los vendedores quienes se negaban a resolver el contrato aduciendo que de los informes surgiría que el inmueble no tenía impedimentos para escriturarse, desconociendo el real perjuicio que ya estaba sufriendo, toda vez que la sola noticia que circuló por medios nacionales, provinciales y locales, ya le había generado un perjuicio haciendo por ejemplo que el inmueble sea prácticamente invendible, también truncó inmediatamente la posibilidad de realizar proyectos inmobiliarios y/o construcción alguna por el mismo motivo, quien decidiría invertir en un inmueble que se busca expropiar? El que adquiere un inmueble lo hace para capitalizar ahorros, invertir para luego venderlo o para construir, en este último caso para vivienda propia, para vender las propiedades o para alquilar las mismas. Nadie, pero absolutamente nadie quiere adquirir un bien inmueble para que se lo expropien.
Dice que la decisión política ya estaba tomada. Que paralelamente se solicitó una entrevista con el Subsecretario de DDHH de la Provincia de Buenos Aires Dr. Matías Facundo Moreno. Que en dicha reunión, la cual fue bastante extensa, el Dr. Moreno informa entre las cuestiones más relevantes que: a) en ocasión de que debía realizarse una inspección ocular en el predio Quinta de los Méndez, ordenada por el Tribunal oral Federal N° 1 de Mar del Plata en el ámbito de investigación de delitos de lesa humanidad, contactó al martillero para informarle que debían ingresar al predio con los funcionarios judiciales, testigos etc. b) Que el martillero (del cual desconoce el nombre) accedió a dicho pedido. c) Que en ocasión de facilitarle el acceso, el Dr. Matías Moreno le informa al martillero la decisión política de iniciar la expropiación del predio por parte de la provincia d) Que personalmente (el Dr. Moreno) mantuvo comunicaciones con la diputada provincial Melisa Greco, con Sr. Intendente de Tandil Dr. Miguel Angel Lunghi y con distintos funcionarios como el Sr. Julio César Elichiribehety donde les adelantó no solo sobre el proyecto de expropiación sino que el fin de la expropiación sería la creación de un "Centro de la memoria y promoción de los derechos humanos". En definitiva, la reunión mantenida con el Subsecretario de DDHH no hizo más que confirmar que la decisión política ya estaba tomada y no habría marcha atrás con la expropiación e incorpora otro nuevo dato de interés: "que el martillero (o la persona que se presentó como tal) contaba con información precisa sobre la intención de la provincia de expropiar el inmueble, cuestión que maliciosamente fue ocultada. Para confirmar la información brindada por el Sr. Matías Moreno se consultó personalmente a la diputada provincial Melisa Greco y el Sr. Julio César Elichiribehety. Estos confirmaron inmediatamente que estaban al tanto de la expropiación y estaban trabajando en conjunto el proyecto a realizar en el predio a expropiar.
Es así que se remiten las cartas documento mencionadas por la parte actora en las que se hace saber de la resolución del contrato por frustración de la causa fin. Sin perjuicio de ello se intentó buscar una salida alternativa y ante la negativa de los vendedores de resolver el contrato y/o readecuar el negocio (bajar considerablemente el precio de venta), la escribana actuante fijó nueva fecha para la escrituración la cual se instrumentaría el día 29/06/2023.
En resumen señala que, las circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato y tenidas especialmente en cuenta en la formación de su consentimiento, variaron con el proyecto de expropiación presentado por el Gobernador (al momento de la contestación y reconvención ya cuenta con media sanción en el Senado de la Provincia) y afectaron el motivo determinante que lo llevó a realizar el boleto de compraventa.
d) El día 17 de febrero de 2024 contestan el traslado de la reconvención los actores.- Dicen que tal como ya lo habían dicho al entablar la demanda el predio objeto de autos se encontraba señalizado como sitio de memoria, verdad y justicia desde el 31 de agosto de 2012 en razón de haberse declarado que en ese sitio funcionó un centro clandestino de detención tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar. Además ello surge de público y notorio por la propia señalización conforme las imágenes acompañadas por la demandada y consta en la página del Ministerio de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires. Manifiestan que fue ineficaz el pedido de resolución contractual alegado por el demandado reconviniente. Niegan haber tenido conocimiento de la expropiación. Agregan que la presentación de un proyecto de este tipo para nada implica certeza de sanción de una ley, menos aún habilitaría a resolver un contrato por conversaciones con funcionarios públicos que habrían dado información sobre la supuesta seguridad de sanción de una ley. Enfatizan respecto de la falta de alegación de la causa fin del contrato por parte del comprador, entre otras cuestiones.-
e) Con fecha 12.02.2025 dicta sentencia el Sr. Juez de la instancia de origen, allí resuelve: “1. RECHAZAR la demanda DE ESCRITURACION promovida por S. LEANDRO, S. MARIA SOLEDAD, S. EMANUEL y S., NILDA GRACIELA (por si y como heredera de GERMAN ANTONIO MARTÍN Y.) contra GASTÓN GERMÁN P. 2. HACER LUGAR A LA RECONVENCION DEDUCIDA y proceder la RESOLUCIÓN CONTRACTUAL como vicisitud extintiva PERO NO CULPABLE NI FUNDADA EN EL INCUMPLIMIENTO DE NINGUNA DE LAS PARTES, entiendo que procede únicamente los efectos restitutorios de aquellas prestaciones parcialmente cumplidas y factibles de ser restituidas. En el caso, la parte actora vendedora perdidosa deberá restituir, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, la suma de u$s 55.000 (DOLARES CINCUENTA Y CINCO MIL), con intereses COMPENSATORIOS (no moratorios porque ya vimos no existió incumplimiento ni mora en la devolución) a una tasa de 5% anual desde la fecha del boleto de compraventa (entrega del dinero), esto es 28 de diciembre de 2022; a la parte demandada compradora reconviniente gananciosa. Y esta parte demandada compradora reconviniente NO deberá restituir la posesión porque, según el boleto, la misma estaba prevista como prestación a cumplirse al escriturar. NO prosperan el resto de las pretensiones resarcitorias. 3. IMPONER las costas DE AMBAS PRETENSIONES a la vencida, por el rechazo de la acción de escrituración y el acogimiento de la reconvención (art. 68 del CPCC)...”.
f) La sentencia mencionada fue apelada por ambas partes. Los actores y reconvenidos expresaron agravios con fecha 4.08.2025, el demandado reconviniente expresó agravios con fecha 08.08.2025, en ambos casos los agravios fueron respondidos por la contraria. Una vez concluidos los pasos procesales pertinentes se procedió al sorteo de ley encontrándose los autos para resolver.-
II. En virtud de un buen orden procesal trataré en primer término los agravios esgrimidos por la parte actora reconvenida. Referiré los mismos en forma muy sucinta remitiéndome en su extensión a la presentación respectiva.-
Plantean en primer lugar que no ha alegado el demandado y consecuentemente probado cuál era la finalidad de la compraventa. El testigo único refirió que podía ser uso particular de disfrute o inversión inmobiliaria (las que considera antagónicas). Entienden que no se ha cumplimentado el requisito esencial de la frustración de la causa fin del contrato, toda vez que no fue exteriorizada por el demandado.
También señalan que no se ha probado que el proyecto de ley para declarar de utilidad pública y expropiar el bien en cuestión fuera un hecho imprevisible y extraordinario. Sostienen que el comprador siempre supo de esa posibilidad. La prueba es el bajo precio, la cartelería colocada desde hace años que señaliza el lugar como un sitio de “la memoria”, el testimonio del Martillero quien especificó los valores reales de la propiedad y la reducción que se llevó a cabo por tal circunstancia, los antecedentes de otros sitios que ya se habían expropiado por haber resultado centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, que el comprador ya se había representado que ello podía suceder. Máxime teniendo en cuenta que había ganado las elecciones el actual gobernador quien públicamente se había manifestado en su campaña electoral a favor de crear nuevos centros de la memoria. Cita los dichos del testigo Santos quien expresamente dijo que al momento de firmarse el boleto de compraventa se habló que el bien tenía una exposición pública por haber sido un centro clandestino, que en tal oportunidad el comprador dijo que en su caso podía ceder una porción del terreno ya que el mismo tenía aproximadamente 8.800 metros.-
Ponen de resalto que el demandado reconviniente no acreditó debidamente su voluntad resolutiva antes de la fecha de otorgamiento de la escritura.- Cuestionan la carta documento enviada y dicen que no fue eficaz en los términos del art. 1078 del CCyC.
Agregan que, al momento de la escrituración la ley de expropiación aún no había sido dictada, solo se encontraba un proyecto de ley que podía no ser aprobada por el Congreso. La plataforma fáctica al momento de la escrituración difiere del momento en que se dicta la sentencia. Finalmente solicitan subsidiariamente la distribución de costas por su orden.-
III. Como quedó expuesto el primer agravio se refiere al incumplimiento del primer requisito del art. 1090 del CCyC que tiene que ver con la frustración de la causa fin del contrato, fundando el agravio en que el demandado reconviniente no verbalizó tal causa, no dijo en ningún momento cuál era la finalidad de la compraventa del bien.-
Cabe decir que la presente causa se encuentra enmarcada en la resolución del contrato de compraventa por frustración del fin del contrato conforme lo normado por el art. 1090 del CCyC. Siguiendo a Sánchez Herrero en su obra “Contratos. Parte General” (pags. 763 y ssgtes.), específicamente en la pág. 770 de la obra señalada y analizando los requisitos de la norma aludida dice “Con el segundo elemento se hace referencia a la causa fin del contrato, que es uno de sus elementos esenciales (Stiglitz, Leiva Fernández, Caramelo). Así se desprende de la definición prevista en el art. 281 del Cod. Civ. Y Com.: La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente sin son esenciales para ambas partes…. De acuerdo con la definición del art. 281, la causa está integrada por dos componentes: -el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico y que ha sido determinante de la voluntad de las partes, y -los motivos exteriorizados y lícitos de las partes que han sido incorporados al contrato, ya sea en forma expresa o tácita. A los efectos de la aplicación del art. 1090, basta con la frustración de cualquiera de estos dos componentes (Caramelo). En términos negativos: no es necesario que la frustración alcance a los dos. De hecho, lo más común es que, de haber frustración, solo afecto a los motivos “causalizados”… En cambio, la frustración de los motivos individuales de uno de los contratantes, que no han llegado a integrar la causa, no justifica la aplicación del art. 1090 (Lorenzetti).”
En otro capítulo de la obra que vengo citando, Sánchez Herrero analiza en profundidad “la causa y el objeto del contrato, obviamente se refiere al art, 281 del CCyC ya mencionado y señala: “Se adopta una concepción neocausalista, integrada por elementos objetivos y subjetivos, en la que caben tanto la finalidad inmediata y determinante de la voluntad autorizada por el ordenamiento jurídico como los motivos lícitos “bilateralizados” o “causalizados” en forma expresa o tácita (Freytes)…estos componentes que integran la causa fin, orientando el análisis hacia los contratos, son dos: a) la finalidad abstracta -esto es, la función socioeconómica del tipo contractual-, que siempre integra la causa fin del acuerdo y permanece idéntica en todos los contratos del mismo tipo, y b) la finalidad concreta -los móviles específicos de las partes-, que también integra la causa fin del contrato, en la medida en que sea lícita, haya sido determinante de la celebración del acuerdo y se haya bilateralizado en forma expresa o tácita. La finalidad abstracta siempre integra la causa fin del contrato. No así, en cambio, los motivos concretos.” (ob.cit. pág. 322).-
Ibáñez en su obra “Derecho de los contratos-Parte General” (pág. 358) dice: “Se ha señalado que “la causa es la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad, de valor constante y abstracto, no se corre el riesgo de crear inseguridad, ya que todo contratante sabe qué clase de contrato, él y su co-contratante, han querido celebrar”. Además no debemos olvidar que conforme lo normado por el art. 1013 la causa debe existir en el momento de la formación del contrato, durante su celebración y subsistir durante su ejecución.-
En el sub lite puede apreciarse que no se verbalizó una causa específica, sino que debemos estar a la finalidad abstracta, esto es aquello que naturalmente o habitualmente puede inferirse que resulta de una compraventa, en el caso del comprador disponer libremente y sin condicionamientos del bien, ya sea para uso privado o para negocio. Luego si hubiera otra causa fin específica, por ejemplo: compro el bien para lotearlo, resultando ello la esencial causa de la compra, luego surge que el bien no se podía lotear, si ello fue verbalizado y puesto como condición de la compra, la imposibilidad de loteo significaría la frustración de la causa. Si tal cuestión no fue verbalizada no fue puesta como condición de la compra entonces luego no puede ser invocada como frustración del fin.- Es una obviedad que quien compra un bien lo haga para poder ejercer su dominio plenamente no para que se le imponga que otro ejerza tal dominio como sucede con la expropiación. Es lo cierto que en el caso el bien aún no se encuentra expropiado -en sentido estricto- sino sujeto a expropiación, lo cual hace que aún pueda transmitirse el dominio (conf. Ley 5708) claro está que si se encontrara expropiado la resolución no sería por frustración de la causa fin sino por imposible cumplimiento ya que el vendedor no podría transmitir el dominio, ahora bien, es lo cierto que las leyes se dictan para ser cumplidas y en principio es dable tener por cierto que la expropiación se concretará y en consecuencia la causa por la que el bien fue adquirido se frustraría (conf. Morello “El boleto de compraventa inmobiliaria” (pág. 504)).-
Distinto sería si por ejemplo en este caso el demandado hubiese manifestado su intención de comprar el bien con fines altruistas para que se disponga del mismo en honor a aquello que representa para la historia de nuestro país. No resulta necesario que el comprador explicite la causa cuando la misma es aquella que se condice con la normalidad del contrato que se encuentra celebrando. Distinto, reitero, cuando la causa implique una especificidad que va más allá de lo que normalmente un contrato de compraventa implica.-
Asimismo, tal como lo señala el Sr. Juez en la sentencia de grado, el testigo que propuso el mismo actor y que además es un testigo esencial por resultar Martillero y quien intervino en el negocio, dijo que al momento de firmarse el boleto el demandado manifestó que en su caso podía ceder algunos metros de los 8.800 mtrs. de la propiedad a los fines de su uso conmemorativo.- En ningún momento manifestó que su intención fuera que le expropien el bien.- Así es que, el hecho de no haber manifestado si el bien lo adquiría para su uso personal o para negocio, no implica que la causa fin no sea tener la disposición del bien en concreto para una cosa o la otra.- Abro un paréntesis para referirme al testigo toda vez que seguiré citando sus dichos en lo sucesivo. Del mismo cabe decir que resulta ser Martillero y testigo directo y presencial. Ello lleva a considerar sus dichos como el de un testigo calificado. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha precisado que “para la exacta valoración del dicho de los testigos, se deben tomar en cuenta ciertos factores de cuya concurrencia dependerá la credibilidad del mismo, tales como idoneidad, moralidad, intelectualidad, afectividad, verosimilitud, concordancia, exposición, razón del dicho…” (Fenochietto, Carlos “Código…”, p. 509, esta Sala causas n° 59.659 “Madueña”, del 29.09.15, n° 60.673 “Sedesa…” del 7.06.2016, entre otras).-
En orden a todo o expuesto y lo normado por los arts. 281, 1013, 1090 y cctes. del CCyC el agravio en análisis no es de recibo.-
IV. Como quedó expuesto, a posteriori se agravian los recurrentes de la sentencia en cuanto consideró que el proyecto de ley (rectius ley) de expropiación fue un hecho extraordinario e imprevisible.
Antes analicé la causa del contrato, toda vez que uno de los requisitos de aplicación del art. 1090 del CCyC resulta la frustración de la causa fin, otro de los requisitos resulta que tal frustración se deba a un hecho imprevisible, una circunstancia extraordinaria ajena a las partes y que no se encontraba al momento de la celebración del contrato.-
Tal como lo señala Sánchez Herrero en la obra que vengo citando (págs. 771 y ssgtes.): “cualquier acontecimiento que altere extraordinariamente las bases del contrato puede dar pie a la aplicación del régimen del art. 1090…” luego continúa diciendo: “Por lo general cuando se celebra un contrato de duración o de ejecución diferida, lo previsible es que, para cuando deba cumplirse, habrá un escenario distinto al vigente existente al tiempo de su celebración. La clave está en lo previsible… El problema se produce cuando los hechos posteriores a la celebración se desarrollan de una manera distinta a la que razonablemente debía ocurrir, teniendo en cuenta las circunstancias existentes al contratar”.-
No se encuentra discutido en autos que la propiedad se encontraba señalizada como un hito histórico en virtud de los lamentables sucesos que allí se produjeron y que eran conocidos por todas las partes contratantes. Ahora bien, Leandro (actor de autos y vendedor) infundió confianza al comprador de que nada sucedería en relación al inmueble. Ello surge de la AVC en la que el testigo propuesto por la parte actora y que ya he citado, se explaya sobre las conversaciones mantenidas al momento de la firma del boleto de compraventa en el que se charló respecto de la situación del inmueble en cuanto a su valor histórico, ello a partir del min. 11.22 (siempre que cito los minutos es aproximadamente), luego en el minuto 11.39 Leandro mencionó que ya se había vendido otra parcela que pertenecía al inmueble en cuestión y el comprador no había tenido problemas, es así que el comprador (demandado en autos) conforme el testimonio (min. 12.08) dijo que en su caso podía ceder una porción del terreno (con fines conmemorativos y de actos) dada la amplia extensión del mismo. Que se siguió hablando del valor histórico y que en ningún momento se mencionó la posibilidad de una expropiación (min. 12.31).-
El testigo señala además que, Leandro le comentó que habían comprado la propiedad cuando la Argentina se encontraba en Democracia y que habían procedido a demoler casi todo lo allí edificado sin inconveniente alguno.
Asimismo, el testigo señala que una anterior oferta de mayor valor no fue aceptada por los tíos de Leandro (quienes según surge del certificado de dominio adjuntado no eran propietarios del bien sino usufructuarios), que luego cuando fallece el padre de éste y ante la necesidad de contar con una vivienda, aceptan una oferta menor diciendo que además los restantes vendedores cedían la parte que les correspondía a favor de Leandro, tal razón de la baja de precio, además de las situaciones que se generaban en virtud de los actos que se realizaban en la portada del predio generalmente los días 24 de Marzo de cada año. Los mismos actores señalan otras razones como fundamento del menor precio, al menos tal es lo que le dijeron al Martillero actuante.-
Por otra parte y en cuanto a la situación política de la provincia de Buenos Aires, cabe decir que en Diciembre del año 2023 el Gobernador fue reelecto, de modo tal que no resulta una situación política diferente a la que se presentaba antes de esa fecha.- Asimismo tal como surge de los dichos de las partes, el predio se encontraba señalizado desde el año 2012 como sitio histórico sin que hasta el año 2023 se hablara de expropiación.- Así las cosas, si para los actores (vendedores) era tan claro que podía expropiarse el bien, debían haberlo trasmitido al momento de la compra, y no lo hicieron, sino que, como antes señalé especularon con que nada había sucedido a pesar de los años transcurridos poniendo como ejemplo la venta del otro lote o parcela que correspondía al mismo predio, cabe agregar que tal como surge del informe de dominio ahora acompañado la división del bien se materializó a fines del año 2011 sin que en tal oportunidad se obstruyera el trámite.
En cuanto a la baja del valor, nunca le manifestaron al Martillero que se podía deber a una expropiación cercana, sino que se debía a la premura de la venta por la necesidad de vivienda de Leandro y también por la marcación histórica del lugar que hacía más difícil encontrar compradores. No está demás decir que dada la sensibilidad de los hechos allí sucedidos no cualquier persona se atrevería a comprar el predio.- Los actores enfatizan ahora con la posibilidad de la expropiación, más al momento de la venta no se manifestaron al respecto, sino que como antes señalé trataron de infundir (al menos uno de los vendedores confianza en que nada sucedería). Me permito traer a colación aquí lo dicho en la causa n° 55.742 “Macchiavelo…” del 2.08.2012 que contó con primer voto de nuestro estimado ex colega Dr.
Ricardo Bagu: “En esta labor judicial reviste decisiva trascendencia la directiva básica de la buena fe (art. 1198 C.C.) que no sólo sirve para esclarecer el sentido del contrato, sino también para pautar su contenido, es decir, permite precisar cuales son los alcances en los que el contratante está jurídicamente vinculado (conf. Alterini Atilio Aníbal, Contratos Civiles, Comerciales de Consumo, Teoría General, págs. 411/12). Por lo demás la faena interpretativa reviste diversos contornos, pues si bien la misma debe empezar por el análisis literal del documento, el objeto de la interpretación no es meramente el documento o instrumento en que se materializó el acuerdo, sino el negocio jurídico contractual en su integridad, incluyendo el comportamiento de las partes, anterior, simultáneo y posterior a la conclusión del contrato.”
En tal contexto estimo que fue sorpresivo y un hecho extraordinario para el comprador el proyecto de ley y luego ley de expropiación n° 15.509, desestimándose así el agravio en ciernes.-
V. Continúan agraviándose los actores respecto de la parte de la sentencia que tiene por eficaz la comunicación resolutoria del contrato. De una lectura detenida del escrito de demanda no surge un cuestionamiento claro y contundente respecto de la ineficacia de la comunicación resolutoria, más ello se encuentra planteado al contestar la reconvención.- Centrándome en los agravios, allí solo cuestionan lo relacionado con el mandato o representación del hermano del demandado reconviniente, alegando que actuó con un mandato sin representación conforme lo normado por el art. 1321 del CCyC, esto es que el mandatario actúa en nombre propio pero en interés del mandante, quien no queda obligado directamente respecto del tercero, ni éste respecto del mandante, por lo que no parece suficiente para la extinción de un contrato como el que nos convoca, continúan diciendo que no satisface las exigencias que el art 1078 impone en preservación de la seguridad jurídica. La primera manifestación rupturista atribuible al comprador debe situarse con el inicio de la mediación, siendo que en esa instancia ya se encontraba absolutamente en mora. Por ende, la resolución que pretende hacer valer la reconviniente es ineficaz y que no habiendo sido otorgado en su caso el mandato no resulta válido.
No se agravian de lo resuelto por el Sr. Juez en cuanto a la comunicación realizada solo a los firmantes del boleto de compraventa, de modo tal que por el principio de congruencia no me referiré a ello.- He de adelantar que desinterpretaron los actores el alcance de la representación de Guillermo P. respecto de su hermano Gastón P. Conforme surge de las cartas documentos por las que se hizo conocer la facultad resolutoria (art. 1078 del CCyC), Guillermo P. invocó la representación de su hermano, veamos la redacción de las CD en su parte pertinente: “Quien suscribe, Guillermo Oscar P., … actuando en nombre y representación de mi hermano el Sr. Gastón German P. y bajo expresas y precisas instrucciones de éste, quien se encuentra fuera del país hasta finales de Junio….”.-
Puede que el agravio se generara a partir de la confusión de los conceptos de representación, poder y mandato.-
Al respecto Noemí Nicolau con la claridad que la destaca dice: “La representación es una figura por medio de la cual una persona (representante) ejecuta un negocio jurídico en nombre de otro (representado) en forma tal que el negocio se considera directamente celebrado por éste y los derechos y obligaciones emergentes del acto celebrado por el representante recaen en el representado (Aparicio, Fontanarrosa) (Noemí Nicolau-Carlos Hernández “Contratos en el Código Civil y Comercial” ed. La Ley, pág. 741). El código Civil y Comercial dedica los arts. 358 al 361 a todo tipo de representación y los arts. 362 al 381 a la representación de fuente convencional, que es la que aquí interesa. Luego a partir del art.1319 se regula el contrato de mandato.-
La representación voluntaria o convencional es aquella que tiene origen en la voluntad misma del representado, quien confiere un poder para que emita declaraciones de voluntad negociales, cuyos efectos caerán luego en su esfera de intereses.-
La autora que vengo citando a posteriori dice (pág. 746): “Luego de haber desarrollado algunos conceptos básicos en torno al instituto de la representación, y previo a profundizar las cuestiones vinculadas con la representación convencional, resulta pertinente realizar algunas observaciones en torno a la diferenciación entre los conceptos de representación, mandato y poder. Se trata de categorías que son usualmente objeto de cierta ambigüedad y uso indistinto.” Luego de conceptualizar tales términos agrega: “En consecuencia, de acuerdo a las diferencias establecidas, se puede hablar de representación sin poder, que luego produzca efectos directos para el representado por vía de la ratificación de lo actuado o de la representación aparente; de mandato sin poder, y de poder sin mandato; y finalmente de mandato representativo y no representativo…” (pág. 747).-
A ello cabe agregar que la doctrina es conteste en cuanto que, en el Código Civil y Comercial se ha logrado clarificar y separar al mandato del poder y de la representación. El nuevo ordenamiento establece en una relación de género especie la figura del mandato como una relación de especie dentro de la representación. La definición de mandato en el Código vigente se circunscribe entonces a la indicación del contrato que estableciendo las relaciones obligacionales que alcanzan a los sujetos del contrato puede o no conferir representación (conf. Leiva Fernández en la obra “Código Civil y Comercial comentado-Tratado exegético” Director Jorge Alterini, coordinador Ignacio Alterini, Tª VI, pág. 722).-
En forma acertada, el CCyC utiliza expresamente el término “contrato”, despejando toda duda sobre la naturaleza jurídica del mandato y habilitando la indispensable diferenciación con la representación y el poder. En tal sentido, la “representación” es la situación jurídica que, cuando es convencional, puede surgir del “mandato”, que es el contrato que le sirve de fuente. A su turno, la instrumentación llega a través del “poder”. También la representación convencional puede ser causada por un contrato de mandato, por uno de sociedad… o por cualquier otro contrato en el que se utilice la representación (conf. Nicolau-Hernández, ob.cit, págs. 761/762).- No está demás agregar que, según los efectos que produce el mandato, puede ser representativo o no representativo. En el primer supuesto, el mandatario actúa en nombre y por cuenta de su mandante, es decir, del titular del interés. El efecto principal del mandato representativo es la eficacia directa del acto en el patrimonio del representado. En otras palabras, en el mandato con representación las relaciones activas y pasivas nacen directamente entre el tercero y el mandante.
En orden a lo expuesto, resulta claro que el hermano del demandado reconviniente ha actuado en representación conforme lo normado por los arts. 358, 362, 363, 1319 y cctes. del CCyC.- Que más allá de no contar con un poder en forma escrita su actuación ha sido ratificada por la conducta anterior y posterior del representado (anterior toda vez que antes de la cita para la escrituración ya se había manifestado por la resolución conforme los dichos del testigo, posterior por los hechos plasmados en estos autos) es así que aún sin que se hubiera otorgado un poder, en orden a lo normado por los arts. 362 y 369 del CCyC.-
Así las cosas me permito citar lo resuelto en la causa n° 63453 “Torres…” del 21.03.2019, que si bien se resolvió con la normativa del Código Velezano resulta aplicable en lo sustancial al presente, teniendo en cuenta los conceptos que hoy se encuentran clarificados en la normativa aplicable: “Sabido es que el mandato puede ser expreso o tácito y que el expreso puede darse por instrumento público o privado, cartas y también verbalmente (art. 1873 C.C.).” Continué refiriéndome al mandato expreso verbal citando la causa nº 59.659 “Madueña….” y la causa n° 55.229 del 13/09/2011, en las que señalé otros precedentes de esta Sala (causa Nº 48664, “Silva….”, del 07/09/2011) con cita a su vez de la Sala C de la Cámara en lo Comercial de la capital federal, en la causa “MARBY S.A….” del 17.4.2008 publicada en JA 2009-I-564 y sigtes., con primer voto del Dr.
Juan M. Ojea Quintana, donde se dijo: “El Código Civil, dispone en el art. 1869 que existe mandato, cuando una parte da a la otra el poder que ella acepta, para representarla, al efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto jurídico, o una serie de actos de esta naturaleza. Tiene dicho la jurisprudencia que para una adecuada comprensión del marco legal que regula el mandato, resulta esclarecedora la definición que el art. 221 Cod.Com. utiliza para definir al contrato de mandato, empleando una acepción amplia, pero distinguiendo dos clases de mandato, reservando la denominación de mandato al concepto estricto que se caracteriza por el hecho de que el obligado a actuar (el mandatario) cumple “obrando en nombre del interesado”.
Mientras que cuando el que debe actuar obra en nombre propio, lo denomina “comisión o consignación”. Y si bien en el Código Civil no se emplea el vocablo “comisión” pese a que se remite a las comisiones comerciales en el art. 1940, resulta indudable que el mandato sin representación directa es la comisión civil y al definir el mandato, general en el art. 1869, no incluya la “comisión civil” ya que exige que la actuación sea “en nombre” del mandante y no en nombre propio (doctrina art. 1929, Cód.Civil) ( conf. CNac Com., Sala A. in re “Calcagno Eduardo R. C/ Industrias Audiovisuales Argentinas S.A. S/ ordinario” del 10.7.2001)”.- “Tal como lo establece el art. 1873 del Código Civil y en coincidencia con lo que el mismo Código dispone en los arts. 915 y 917, según como se manifieste la voluntad contractual, el mandato puede ser expreso o tácito.- Como indica el artículo, no se exigen formas especiales para el otorgamiento, ya que en una simple ejemplificación se señala el instrumento público, el privado, las cartas y la oralidad.
La disposición es coincidente con lo que expresa el art. 974 sobre la libertad de las formas, aunque como excepción, en algunos supuestos específicos se exige la escritura pública (conf. art. 1184 inc. 7 C.C., conf. Belluscio y Zannoni, “Código Civil y Leyes Complementarias, comentado, anotado y concordado” Tº IX. Ed. Astrea ps. 187/189).-”
“En el mismo sentido se ha resuelto: “Puesto que la operación llevada a cabo por el mandatario —en el caso, retiro de los repuestos y trabajos de tornería realizados en la máquina sembradora del demandado— no se encuentra referida a ninguno de los supuestos contemplados por el art. 1184 inc. 7 del Código Civil, no resultaba necesario que el mandato sea hecho en escritura pública, pudiendo en consecuencia probarse por medio de testigos en la forma en que lo habilita el art. 1190 del Código Civil, tanto más cuando el mandato expreso puede darse incluso verbalmente —art. 1873 del Código Civil—.” (Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Nicolás en autos: “Tornería Manuel Castro S.R.L. c. Negro Daniel s/cobro de pesos” del 29/11/2012, public. en LLBA 2013 (abril),342).- También puede considerarse, en este caso, que el mandante incluso ha ratificado el acto celebrado en su nombre, ya que ella también puede ser expresa o tácita. Este resultará de cualquier hecho del mandante que importe una aprobación de lo que hubiere realizado el mandatario, siendo que la ratificación equivale al mandato (arts 1935 y 1936 C.Civil, Borda, Contratos t. I-496)”.- En orden a lo expuesto y la normativa citada se desestima el agravio aquí analizado, toda vez que la comunicación de resolución del contrato ha sido eficaz.-
VI. Continúan señalando los apelantes que al momento de la escrituración del bien, esto es al momento del cumplimiento de contrato - 29.06.2023- solo existía un proyecto de ley, ingresado en el Senado por autoría del Poder Ejecutivo con fecha 13 de Marzo del año 2023, que el 12 de Abril adquirió estado parlamentario siendo aprobado por la Cámara de Senadores con fecha 28 de septiembre siempre del año 2023, convirtiéndose en ley luego de haber pasado a la Cámara de Diputados en Octubre del año 2024.-
Es cierto que para el momento en el cual se citó a P. a los fines de cumplir con el pago restante y firmar la escritura traslativa de dominio, solo se advertía un proyecto de ley, más es lo cierto que con el discurrir del tiempo ello se concretó tal como lo preveía el comprador (inclusive ya se encuentra inscripta la sujeción a expropiación del bien conforme surge del certificado de dominio), es así que no resulta posible desconocer los hechos posteriores ciertos y concretos que tiene directa relación con la causal invocada de frustración del contrato, esto es el mismo hecho concretado finalmente. Máxime, tal como lo señalaran los mismos apelantes, teniendo en cuenta que el proyecto de ley fue presentado por el Sr. Gobernador quien en tal oportunidad contaba con las mayorías necesarias en el poder Legislativo para que se procediera a su aprobación.-
Ahora bien, tal situación que se concretó en el transcurrir del proceso me lleva a hacer lugar al agravio subsidiario, esto es la imposición de costas por su orden (art. 68 segundo párrafo del Cpcc). Es que es dable considerar que los actores pudieron creerse con derecho a litigar toda vez que uno de los requisitos de aplicación de la norma es que el hecho sobreviniente se presente determinado y concreto al momento del cumplimiento o durante el período que debía cumplirse el contrato, resultando solo un proyecto de ley en el momento de la comunicación de la resolución del contrato y del inicio de las presentes actuaciones.-
VII. Continuaré con los agravios esgrimidos por el demandado reconviniente. Estos se refieren al rechazo de la devolución oportunamente solicitada correspondiente al pago realizado a los martilleros y que ascendía a la suma de U$S 13.500. En la sentencia de grado el Sr. Juez (transcribo tal como lo hace el apelante) dijo: “No prosperan el resto de las pretensiones resarcitorias. Reclama el demandado reconviniente "Gastos de martilleros de u$s 13.500 (dólares estadounidenses trece mil quinientos)" pero estos gastos realizados encuentran que los percibieron personas que no fueron demandadas en este juicio, y por ello, imposible de ser condenadas en esta instancia (debido proceso).”
Es muy claro el fundamento dado por el Sr. Juez en la sentencia de grado, esto es desestima el rubro por no encontrase demandados quienes lo percibieron. A ello el apelante dice que corresponde por razones de equidad y de reparación integral. Señala que se encuentra probado el gasto en ciernes y reconocido por el testigo Santos. Más nada dice respecto de la necesariedad o no de la citación de quienes percibieron el monto que reclama a los fines de resolver sobre la procedencia de dicho reclamo.- Sabido es que, las interpretaciones paralelas del razonamiento del Juez o el desentendimiento de los fundamentos vertidos en la sentencia al momento de expresar agravios, llevan a declarar la deserción del recurso por no fundarse conforme lo prevee el art. 261 del Cpcc.
Reiteradamente hemos dicho que: "la expresión de agravios constituye para el apelante una verdadera carga procesal trascendente. Que la crítica concreta está referida a lo preciso, indicado, determinado. Lo razonado, indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones. Deben precisarse punto por punto los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. es decir, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del "a quo", a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general, los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación" (Morello, Augusto Mario - Sosa Gualberto Lucas - Berizonce, Roberto O. "Códigos Procesales...", tomo III, pág. 351; esta Sala, causas n° 33534 "patronelli del 29.10.92; n° 34602, "Santomauro" del 23.02.94; n°49772, "Bussetti", del 20.09.06; n° 53.074, "Tutelar Fiduciaria" del 31.03.09; n° 54.904, "Basualdo" del 17.05.11; n° 65078, Musa" del 22.10.20; n° 65981, "García" del 6.11.20, entre otras).”
Así como se exige un adecuado razonamiento al juez para exponer sus ideas y que se pueda percibir el camino lógico seguido desde la ponderación fáctica hasta la solución del fallo pasando por la subsunción normativa, así también el litigante si quiere conmover una norma individual dictada por un órgano del Estado deberá argumentar de manera adecuada, con solidez y objetividad .Ha dicho nuestra Corte que el desarrollo de los agravios a la luz del art. 260, CPCC, supone, como carga procesal, una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su injustica. Requiere así una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (ob. Cit. pág.475; esta Sala, causas 55955, "Lovecchio" del 10.05.12; n° 55504, "Trovato", del 29.05.12; n° 56192,"Cenoz", del 28.06.12; n° 59238, "Mendizábal..." del 4.8.15; n° 61.121 "Schamberger" del 9.2./18; n° 62.993, "Di Fonzo" del 23.8.18; n° 65078, "Musa" del 22.10.20; n° 65981 "García" del 6.11.20; n° 67674, "Blasina" del 30.12.21, entre muchas otras).
Cabe señalar también, que este Tribunal ha venido aplicando un criterio amplio en la apreciación de los requisitos que debe satisfacer el memorial, y aunque el mismo diste de exhibir una adecuada suficiencia técnica, siempre que se exteriorice, aunque mínimamente, el agravio o el esbozo de la crítica, se abre la función revisora en miras de asegurar más adecuadamente el derecho de defensa (causas n°43894,"Ane", del 20.02.2002; n° 49665, Adami", del 16.03.2006; n° 51438 "Bonnat", del 29.11.2007; n° 51278, "Valerio", del 06.12.2007; n° 53567, "Bruni", del 28.10.2009; n°58450, "Enrique", del 10.04.2014; n° 67674 "Blasina" del 30.12.21, nº 70841 “Busquet…” del 3.10.2023). En esa senda, hemos señalado que los principios y límites en esta materia deben ser aplicados en su justa medida, bajo riesgo de caer en rigorismo excesivo por apego a las formas, no querido por el ordenamiento legal (conf. causas n° 44262 "Banca Nazionale del Lavoro S.A." del 17.05.2002; N° 61121 "Schamberger" del 9.2.18; n° 62.526 "García" del 12.4.18; n° 62993, "Di Fonzo" del 23.8.18; n°65632, "Lattour" del 6.10.20; n° 65078, "Musa" del 22.10.20; n° 67674, "Blasina" del 30.12.21, entre otras). Es así que, aún aplicando un criterio amplio, la expresión de agravios en ciernes dista de ser una crítica concreta y razonada de la sentencia.
Por lo expuesto -tal como lo adelanté- estimo que corresponde declarar la deserción del recurso interpuesto (arts. 260 y 261 del CPCC) en relación al rechazo del rubro en ciernes por no haber cuestionado debidamente el fundamento troncal de la sentencia cuestionada en lo que refiere a tal rechazo, asimismo y como se verá a continuación la deserción se encuentra fundada también por fundarse los agravios con citas jurisprudenciales inexistentes.-
VIII. Por último me referiré a la jurisprudencia citada por el demandado reconviniente en la contestación de agravios y esencialmente en la expresión de agravios toda vez que funda éstos en tales citas.- Conforme surge de la sentencia interlocutoria del día 20.02.2026, ante la imposibilidad de encontrar los fallos citados por el apelante se le solicitó que adjuntara los mismos o en su caso indicara el o los sitios de los cuales los extrajo.-
Contesta dicha petición en forma evasiva. Transcribo la parte pertinente: “Las referencias a precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de Cámaras Nacionales fueron incorporadas a partir de reseñas y compilaciones doctrinarias consultadas al momento de la redacción, en las cuales se transcribían extractos de fallos vinculados con la frustración del fin contractual y la incidencia de procesos expropiatorios. Al intentar su individualización posterior en los repositorios oficiales (JUBA, MEV y demás bases institucionales), no ha sido posible corroborar la correspondencia exacta entre número, carátula y texto en los términos consignados en el escrito.”.-
Puede inferirse de la contestación mencionada que se ha utilizado la IA, lo cual no está prohibido más requiere de un uso extremadamente responsable.- Entiendo que ha utilizado la IA toda vez que no señala los sitios web o bibliografía de la cual extrajo los fallos en ciernes y descarto que fueran inventados por el propio apelante toda vez que ello conllevaría a una actitud dolosa rayana con la estafa procesal.- Asimismo estimo se trata de las llamadas alucinaciones de la IA, a continuación transcribo en su parte pertinente lo dicho al respecto.
“En términos técnicos, la IA implica el procesamiento de grandes volúmenes de información (big data) y, mediante el aprendizaje automático (machine learning), formula predicciones y ejecuta tareas a través de algoritmos. Dentro de este campo, la inteligencia artificial generativa (IAGen) destaca por su capacidad de crear contenidos originales (textos, imágenes, audios, código) a partir de instrucciones o prompts específicos.” “…Ahora bien, en el ámbito jurídico la autonomía de las inteligencias artificiales plantea novedosos desafíos: ¿Puede la inteligencia artificial contribuir a la imparcialidad o, por el contrario, introducir nuevos sesgos? De esta manera, la autonomía de estos sistemas plantea desafíos jurídicos fundamentales. Entre los más críticos se encuentran:… b) Las alucinaciones (hallucinations): Este fenómeno se produce cuando el modelo inventa respuestas falsas o inexactas, pero presentadas de manera convincente. Ocurre cuando el algoritmo carece de información suficiente y la completa con inferencias plausibles pero erróneas. En el ámbito judicial, esto ha derivado en la citación de jurisprudencia y normas inexistentes, como se ha documentado en casos de Brasil, Estados Unidos y Argentina. Según Bielli "las alucinaciones también son un problema actual e importante en el uso de LLMs. En el contexto judicial, las alucinaciones pueden tener consecuencias graves, especialmente si el juez o los abogados no tienen los medios para verificar la veracidad de la información proporcionada por el modelo".” (conf. Javier Guillardoy, “Inteligencia artificial y función judicial. Análisis a partir del fallo "Provincia de Chubut c. P. R. A.", public. en DPyC 2026 (febrero), 160, Cita: TR LALEY AR/DOC/53/2026)).-
Conforme lo antes expuesto, se puede advertir un uso inadecuado de las herramientas de Inteligencia Artificial al no verificar o corroborar la información recabada y luego citada, siendo que ello no resulta difícil para un abogado desde que tiene acceso a las bases de datos jurisprudenciales de los organismos que en este caso citó.-
Tal conducta, considero, resulta contraria a los deberes de diligencia, probidad y lealtad exigidos en el ejercicio profesional, de modo tal que estimo pertinente exhortar (conforme art. 35 inc. 5 ap. d) del Cpcc) al letrado del demandado a verificar la autenticidad de las citas que utilice en sus presentaciones, conforme las pautas éticas y de responsabilidad que se establezcan para el uso de IA en la abogacía.-
Por otra parte, advirtiendo que tal conducta no resulta aislada, ello en orden a aquello que surge de las causas: CCiv. y Com. Rosario, Sala II, "Giacomino, César Adrián y otros c. Monserrat, Facundo Damián y otros s/ daños y perjuicios", 20/08/2025, TR LALEY AR/JUR/95812/2025, CCiv. y Com. 5a Nom. Córdoba, "Barrera, Victoria Élida c. Cuevas, Blanca Ruta Yohana s/ acciones posesorias/reales - reivindicación - trám. oral", 05/09/2025, TR LALEY AR/JUR/105882/2025, CCiv. y Com. Morón, Sala I, "Acevedo, Gerardo Gabriel c. Cáceres Mareco, Willian Arsenio y Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada s/ daños y perj. autom. c/les. o muerte (exc. Estado)", 15/09/2025, TR LALEY AR/JUR/104798/2025, CCiv., Com. y Minería General Roca, "M., J. L. c. Peugeot Citroën Argentina SA y otra s/ sumarísimo", 18/09/2025, TR LALEY AR/JUR/106260/2025, CNCom., Sala F, "Biotronik Argentina SRL y otro c. Solo importación SRL s/ ejecutivo", 03/10/2025, TR LALEY AR/JUR/110194/2025 (comentadas por Cagliero Yamila “Jurisprudencia agrupada: Inteligencia Artificial en la práctica jurídica: Ética, responsabilidad y sanciones” Publicado en: LA LEY 05/01/2026, 1, Cita: TR LALEY AR/DOC/3141/2025), estimo pertinente se oficie al Colegio de Abogados Departamental a fin que por su intermedio se creen espacios de capacitación para el uso adecuado de la IA en los procesos.- Ello a fin de evitar en un futuro sanciones más gravosas y esencialmente evitar perjudicar los intereses de sus representados, toda vez que el uso inadecuado o negligente aquí advertido puede conllevar a la declaración de deserción de los recursos o nulidades, entre otras consecuencias.-
Asi lo voto.-
La Señora Jueza Doctora CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTION: La Señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en lo que refiere a la distribución de costas, 2) Modificar la sentencia de grado e imponer las costas por ambas pretensiones en el orden causado (art. 68 del Cpcc), 3) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el demandado, 4) Exhortar al letrado de la parte demandada reconviniente conforme apartado VIII), 5) Oficiar al Colegio de Abogados departamental en orden a lo dispuesto en el apartado VIII), 6) Las costas de alzada se imponen en el orden causado atento el modo en que se resuelve (arts. 68 y 71 del Cpcc).-
Así lo voto.-
La Señora Jueza Doctora CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A -
POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC, se
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en lo que refiere a la distribución de costas, 2) Modificar la sentencia de grado e imponer las costas por ambas pretensiones en el orden causado (art. 68 del CPCC), 3) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el demandado, 4) Exhortar al letrado de la parte demandada reconviniente conforme apartado VIII), 5) Oficiar al Colegio de Abogados departamental en orden a lo dispuesto en el apartado VIII), 6) Las costas de alzada se imponen en el orden causado atento el modo en que se resuelve (arts. 68 y 71 del Cpcc) difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).- Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf.art.10 del Reglamento para presentaciones y notificaciones electrónicas (SCBA. Ac.4039 del 14/10/2021) y oportunamente devuélvase.-
MODIFICA
Fin de la sentencia