Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 74.568
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia de autos en cuanto ha sido materia de agravios, 2) Imponer las costas de alzada por su orden, en atención a tratarse de una cuestión con distintas opiniones en doctrina y jurisprudencia.(art. 68 párr. 2° del CPCC. 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
Causa nº: 2-74568-2025 "IRIART, AIDA LIVIA C/ ESCALA, JUAN BERNARDO S/ COBRO EJECUTIVO (INFOREC 911) "
JUZGADO DE PAZ - BENITO JUAREZ
En la ciudad de Azul, a los dieciocho días del mes de Junio de Dos Mil Veintiséis, celebran Acuerdo los Jueces integrantes de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Marcos Federico García Etchegoyen, Dra. María Inés Longobardi y Dr. Víctor Mario Peralta Reyes, con la presencia del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “Iriart Aída Livia c/Escala Juan Bernardo s/ Cobro Ejecutivo " (causa nº 74.568). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: Dra. Longobardi- Dr. García Etchegoyen – Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. - ¿Es justa la sentencia de primera instancia de fecha 3/7/2025? 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Sra. Jueza Dra. Longobardi dijo:
I. Aída Livia Iriart, por derecho propio, con patrocinio letrado de la Dra. Julieta Zabalza, promovió juicio ejecutivo contra Juan Bernardo Escala, con sustento en un pagaré sin protesto librado por el demandado con fecha 2/10/2021 por la suma de U$S 30.000 (Dólares estadounidenses Treinta mil). Diligenciado el mandamiento de intimación de pago y embargo, con fecha 24/04/2025 se presentó el demandado e interpuso excepción de inhabilidad de título, basado en que el título ejecutado carecía de lugar de emisión o libramiento del documento; por lo cual y a tenor de los arts. 101 inc. f y 102 del dec-ley 5965/63 y modif., no resulta válido como pagaré. Corrido traslado de la excepción, la misma fue refutada por la actora, sosteniendo que los presupuestos de la excepción de inhabilidad de título están enumerados en el art. 542 CPCC y que es requisito de su interposición, que el ejecutado niegue su firma y adeudar la obligación. Adujo que el lugar de libramiento no necesariamente debe estar en la parte superior y que, en el documento en cuestión, se encuentra debajo, en el domicilio del librador. Además, sostuvo que, en subsidio, se trata de la excepción prevista en el art. 102 inc. 2° segundo párrafo del citado dec.ley sobre letras de cambio y pagarés y que, también subsidiariamente, de no resultar válido como pagaré, sí resulta título ejecutivo en tanto instrumento privado que trae aparejada ejecución puesto que contiene una obligación líquida exigible y de plazo vencido.
II). La sentencia, que llega apelada por el ejecutado, rechazó la excepción interpuesta e hizo lugar a la ejecución, negando la aplicabilidad al supuesto , del art. 102, inc. 2°, párrafo segundo del citado dec. ley invocado por la ejecutante al contestar el traslado de la excepción, pero admitiendo el argumento subsidiario de la accionante en el sentido que, aunque el documento ejecutado no resulte válido como pagaré, al no haber sido negada la autenticidad de la firma del ejecutado en él inserta, es válido como instrumento privado que trae aparejada ejecución, de conformidad con el inc. 2°) del art. 521 del Código de Procedimientos. Citó jurisprudencia (Morello, Sosa, Berizónce, Códigos Procesales Comentado, ed. 1981, V.IV, pg. 85, con cita de plenario “Krshichnowsky, Miguel c. Weliki, Daniel”, del fuero Comercial Nacional).
En consecuencia, mandó llevar adelante la ejecución hasta hacerse pago íntegro del capital reclamado de U$S 30.000, con más intereses a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días; con costas al vencido. Difirió la regulación de honorarios (art. 51 ley 14.967).
La sentencia, como dije, fue apelada por el ejecutado (11/7/2025), siéndole concedido el recurso en relación (17/7/2025) y fundado el 11/8/2025.Corrido traslado del memorial, el mismo fue respondido por la contraria.
Encontrándose cumplidos todos los pasos procesales, se encuentran estos autos en condiciones de su estudio para dictar sentencia.
III. Los agravios del ejecutado.
El ejecutado se agravia de la decisión del juez que, aún considerando que efectivamente el título ejecutado no es hábil como pagaré por faltarle el lugar de emisión, de todas formas establece que el documento es título ejecutivo comprendido en el inc. 2° del art. 521 del CPCC, es decir, Instrumento privado con firma reconocida judicialmente. Ello, porque la sentencia consideró que, al no haber el ejecutado negado la firma, estaban cumplidos los recaudos del instrumento privado con firma reconocida judicialmente.
Manifiesta que el juez de primera instancia ha fallado por fuera de los elementos constitutivos del proceso, esto es, las cuestiones jurídicas que han sido sometidas a su consideración. Agrega que de la simple lectura del libelo de inicio se advierte que la actora promueve cobro ejecutivo por tratarse de tenedora legítima (según sus propios términos), pero que ninguna referencia realiza en cuanto al origen del pagaré, o bien, las razones por las cuales él le adeudaría a la ejecutante el abultado importe que le reclama. Que bajo ningún punto de vista se encuentra ínsita en su pretensión que ante la inhabilidad del documento como “pagaré”, éste valga como instrumento de cobro por una deuda líquida y exigible, de la que ni siquiera especifica su origen, aunque, claro está, en el caso del pagaré como instrumento válido esto no es necesario.
Dice que la parte actora recién introduce esta posibilidad al momento de contestar la excepción de inhabilidad de título, pero que la contestación de este traslado en modo alguno puede importar la introducción de cuestiones novedosas al pleito, es decir, de aquellas que no fueron plasmadas al inicio de la acción, ni mejorar la situación procesal del actor. Que ello trastoca el contenido de la pretensión primigenia, vulnerando así el derecho de defensa en juicio y la preclusión procesal. Que de ninguna manera, luego de corrido el traslado de la demanda, puede variar la pretensión o modificarse o ampliarse el contenido del escrito inicial, cuestión que tampoco se habilita al contestar el traslado de las excepciones interpuestas por el ejecutado.
Por ende, la sentencia dictada resulta nula, en razón de violar el principio de congruencia al resolver una cuestión no introducida por las partes al proceso en su debido momento.
Cita luego en apoyo de su postura, un fallo de la Excma. Cámara de Documentos y Locaciones del Centro Judicial Monteros, de la Provincia de Tucumán, fechada en Concepción, el 21/12/2022, Expte. N°226/19, autos “Velárdez Hernán Albano c/ Chocobar Fabiola del Valle s/Cobro Ejecutivo”, (a cuya transcripción me remito por haber corroborado su autenticidad). Sentencia que, a su vez, refiere – y se contrapone – a la doctrina emanada del fallo Plenario de la Cámara Nacional Comercial en autos “Krshichanowsky Miguel c. Weliki Daniel”, del 22/9/1981, que indica que el pagaré carente de indicación del lugar de emisión puede servir como título en vía ejecutiva y opera la apertura de tal procedimiento, cuando es invocado como instrumento privado continente de una promesa de dar dinero y es hábil para fundar la sentencia ejecutiva cuando, luego de despachada la ejecución, quien imputa la omisión de esa emisión no acompaña su argumento defensivo con una explicación sobre el motivo por el cual esa ausencia debiera obstar al cobro del quirografario (CCom, Sala A, 13.8.2008, “Quintana Daniel c/Moronta Héctor Gabriel s/Ejecutivo”; id., “Coop. De Viv.Cred. y Consumo Dielmar Ltda. c/Buceta Daniel”).
IV). Contestación del ejecutante al traslado del memorial.
En su presentación de fecha 27/8/2025, el ejecutante sostiene que la sentencia debe ser confirmada, por las siguientes razones:
1. Afirma que no existe violación al principio de congruencia ,con cita de un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Tucumán, (que decide precisamente lo contrario del fallo de Cámara de Tucumán en que se sustenta el excepcionante), el cual sostiene que el planteo de nulidad de la sentencia por haber rechazado la excepción de inhabilidad de título, en razón de que el excepcionante al oponerla, no negó la firma inserta en los documentos, por lo cual no se encuentra controvertido que las firmas le pertenecen; o sea, que, si bien la actora denominó pagarés a los títulos base de la ejecución, en virtud del principio “iuria novit curia”, corresponde a los tribunales encuadrar las cuestiones de hecho invocadas, en la norma de derecho aplicables. Surgiendo así que” lo decisivo fue que los títulos ejecutados (en dicho precedente eran varios), aunque no son válidos como pagarés, sí lo son como instrumentos privados suscriptos por el obligado….” (S.C.J. Tucumán, expte. 6412/20, autos “G&M Enterprises S.A.S. c/ Grego, Pablo s/ Cobro Ejecutivo”, sent. del 09/02/2023).
Agrega que esa es la jurisprudencia que casi por unanimidad han sostenido todos los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Además, que es presupuesto de admisibilidad en la excepción en tratamiento, que se niegue la firma y la obligación, por lo que al no haber el demandado negado su rúbrica, la excepción debe ser rechazada.
2. En segundo término recalca -tal como lo manifestara con la cita anterior del STJT-, que aunque el instrumento ejecutado no valga como pagaré porque carece del lugar de creación, es válido como instrumento privado que trae aparejada ejecución, puesto que contiene una obligación líquida exigible y de plazo vencido, conforme el art. 521 inc. 2 del CPCC. Cita copiosa jurisprudencia en tal sentido, como el plenario de la Cámara Nacional de Comercio en pleno, E:D: 95-641 (autos Krshichanowsky, Miguel c. Welicki, Daniel, septiembre 22 de 1981, citado por el anterior sentenciante, y diversos fallos de Cámaras de esta Provincia en sus diversas Salas, a cuya lectura me remito por razones de brevedad).
V). La cuestión que aquí se plantea, ha motivado opiniones dispares en la doctrina y jurisprudencia nacional y provincial, desde antaño. Ello motivó el conocido plenario de la Cámara Nacional en lo Comercial del 22/9/1981, arriba citado, cuyo objeto a resolver -que encuadra perfectamente el problema-fue el siguiente:” Si la falta de indicación del lugar de emisión en un pagaré, por incumplimiento del requisito del art. 101, inc. 6°, del dec-ley 5965/63, lo hace inhábil para requerir su pago por la vía ejecutiva, o si tal omisión debe considerarse superada, pudiendo proseguir el curso de la ejecución, cuando quien invoca el vicio de nulidad es el suscriptor del título” . En el mismo, por mayoría, se decidió que: “El pagaré carente de indicación del lugar de emisión puede servir como título en vía ejecutiva y opera la apertura de tal procedimiento cuando es invocado como instrumento privado continente de dar una suma de dinero, o es hábil para fundar la sentencia ejecutiva cuando luego de despachada la ejecución quien le imputa la omisión de esa mención no acompaña su argumento defensivo con una explicación sobre el motivo por el cual esa ausencia debiera obstar al cobro de tal quirografario”.
(los destacados me pertenecen). Más adelante me referiré a los diversos fundamentos que sustentaron esta posición francamente mayoritaria. La minoría en dicho plenario, con voto preopinante del Dr. Morandi al que adhirieron varios de los restantes camaristas, se ciñó al rigor cambiario del título ejecutado (conf. Inc. 5 del art. 523 CPNCC), remitiendo al inc. 6 del art. 101 del dec-ley 5965/63 que requiere la indicación del lugar y fecha de emisión, resaltando el distinto tratamiento que la ley cambiaria da al título incompleto según se trate de una letra o un pagaré, considerando que “el correlato de las disposiciones de los art. 101; 102 y 103 excluye la solución supletoria del art. 2°.En la interpretación de la norma, invocó la directiva de Kelsen, lo cual implica un paradigma interpretativo netamente positivista, que no es el marco del actual CCCN (art. 2 y concs.).
Se refirió luego al proceso de creación del pagaré incompleto, el cual admite una “formación lenta”, diferenciando dos posturas claras al respecto: la del suscriptor de una “declaración de voluntad cambiaria incompleta”, cuya presentación en esas condiciones implicaría que no fue voluntad del suscriptor crear un documento con validez cambiaria; o bien, que aquella voluntad haya existido sin que, por decisión del beneficiario, o por omisión involuntaria, el mismo no hubiese sido completado antes de su presentación. Pero, concluye, en ambos casos la consecuencia es la misma: el documento no vale como pagaré. Ello, por cuanto la emisión de un título cambiario en blanco es un hecho lícito y no está restringida y su circulación; quien lo adquiere de buena fe está legitimado para completarlo, facultad que debe ejecutar antes de su presentación.
Lo cual no significa que aquel que aparece como acreedor en un documento presentado incompleto -lo que obsta a considerarlo como pagaré- se vea privado de su derecho, pero excluida la vía cambiaria directa, deberá ejecutarlo como instrumento privado, en otro proceso a través de la acción que considere viable, puesto que dicho instrumento está desprovisto de la legitimidad del crédito que resulta de la especial configuración jurídica del instrumento cambiario (del voto en minoría del Dr. Morandi, citado). VI).1.-Admisión de la conversión de un “no pagaré” en título ejecutivo como instrumento privado con firma reconocida, en el mismo proceso, por encuadrar “iuria novit curia” en el art. 521 inc. 2° del CPCC.
Diversos autores -y numerosos fallos de Cámaras y de Cortes de distintas provincias-, han admitido, incluso con anterioridad al citado plenario de las Cámaras Comerciales nacionales, que en los supuestos denominados de “no pagaré”, por falta de algún requisito formal de los previstos en los arts. 101 y 102 del Dec. Ley 5965/63 en el texto del mismo, al momento de su presentación a juicio, por haber sido librado total o parcialmente en blanco y haberse omitido completarlo antes de su presentación a juicio, y ello motivase que el ejecutado opusiera la excepción de inhabilidad de título, el juez puede, haciendo uso del principio “iuria novit curia” y por razones de economía y celeridad procesal, recalificar el título ejecutivo que no reviste el carácter de pagaré -y en consecuencia no admite la acción cambiaria sustancial-, encuadrándolo como título ejecutivo de los previstos en el inc. 2° del art. 521 del CPCC, es decir, instrumento privado con firma reconocida. Ello, siempre que el ejecutado, al ser intimado de pago, no hubiese negado su firma, acompañado con una explicación del perjuicio que la falta del requisito en cuestión -en el caso, lugar de emisión-pudiere acarrearle; por considerar que, dado la obligación que establecía el art. 1031 del Cód., Civil, y establece asimismo el art. 314 del CCCN vigente, de reconocer o negar la firma que se le atribuye como suya, aquella había quedado tácitamente reconocida al momento de trabarse la litis y oponer la excepción de inhabilidad de título.
A favor de esta interpretación amplia de la cuestión se pronunciaron diversos autores. Así, por ejemplo, Lino E. Palacio (Derecho Procesal Civil. (T. VII; pg. 340/341 y en especial nota n° 111 en comentario a fallo de la C. Nac. Com., sala A., ED 87-388, nro. 52, 2da. Edición actualizada por Carlos Enrique Camps) sostuvo: “Nos parece más convincente, empero, la doctrina judicial en cuya virtud, aunque el documento que se ejecuta no sea válido como pagaré en razón de no reunir los requisitos establecidos por el dec-ley 5965/63, si contiene un reconocimiento de suma líquida a pagarse en fecha determinada que se encuentra vencida, resulta procedente la acción ejecutiva de conformidad con lo dispuesto por los arts. 520 y 523, inc. 1° , del Código procesal de la Nación (C.NAC: Com., Sala B, JA 1972-XV-542; Sala C, LL 146-514)”.En igual sentido Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales Comentados (T. VI, pág.699 y 753).
Por su parte, Matilde Zavala de González participa muy asertivamente en favor de esta postura amplia, en su obra “Doctrina Judicial- solución de casos” (T. 2, pg.265/72, Ed. Alveroni), que trataré de resumir en relación al tema que nos ocupa, que es la omisión del lugar de creación del pagaré. Ello, dice esta autora, implica la prescindencia de un requisito esencial, que destituye al documento de la validez como pagaré, sin posibilidad de que sea suplida por otra indicación (arts. 101, inc. 6 y 102, primer párrafo, decley 5965/1963. Ahora bien, explica, (no) cabe confundir el carácter cambiario o extracambiario de la acción (aspectos de derecho sustancial) con la índole del juicio (ejecutivo u ordinario), dentro del cual se ejerce la acción. Puesto que un pagaré es válido para la promoción de dos acciones: la cambiaria y la documental común (omito las citas de artículos pues se corresponden al Código Procesal de Córdoba). Con relación a la vía ejecutiva común, manifiesta, cabe observar que si se trata de un instrumento privado que no goza de presunción de autenticidad (como la que, en cambio, sí goza un instrumento con la eficacia del cambiario), es menester que haya sido reconocido judicialmente o declarado tal. Lo cual supone la preparación de la vía ejecutiva, toda vez que el reconocimiento no se vierte en la propia litis. Y explica entonces que existe al respecto una controversia. Acorde con una postura rigurosa, promovido el proceso ejecutivo sobre la base de un pagaré carente de la naturaleza de tal, no cabe que la ejecutividad del título pueda integrarse durante el curso del proceso. Ello, porque de tal modo se alterarían los términos de la litis, con violación del principio de congruencia. En cambio, una tesis más amplia, que es la que comparte, acepta la eventualidad opuesta.
Sostiene en tal sentido que “no hay motivo para debatir sobre la preparación de la vía ejecutiva, cuando el demandado admite de modo inequívoco, aunque sea elípticamente, que el documento privado ha sido suscripto, lo que tiene la jerarquía del reconocimiento judicial. Exigir dicho reconocimiento de manera insoslayable y estrictamente previa a la promoción de la demanda ejecutiva, y pese a que él es practicado al trabarse la litis, importaría la consagración ritualista de un trámite que el contenido del proceso revela como innecesario, lo cual es equivalente a un injustificable exceso ritual manifiesto (C.8ª. C.C. Córdoba, Sent. N° 167,26-6-87, y Sent. n° 97,8-10-90, Semanario Jurídico, 833, 18-4-91)”, (el destacado en mío).
Profundizado el tema, incursiona en el esclarecimiento de si, pese a una falencia cambiaria, queda o no perjudicada la ejecutividad de los documentos, para lo cual no puede prescindirse de la valoración sustancial (y no sólo formal, atinente a los requisitos cambiarios), de qué incidencia concreta tiene el elemento preterido en los intereses del demandado, acorde con las circunstancias del caso, pues el interés es la medida de toda acción en justicia, y ,correlativamente, el agravio es el fundamento y límite de todo recurso.
En el caso que analiza, al igual que el que se nos presenta en autos, el demandado no ha negado en ningún momento la firma que se le atribuye en los documentos, ni interpuesto excepción de falsedad por tal motivo, pero tampoco aduce algún gravamen irreparable concreto en vinculación con el elemento preterido; por ejemplo, en cuanto a la competencia, capacidad del suscriptor, etc. (que son las cuestiones para las que tiene relevancia consignar el lugar de emisión). En tales condiciones, continúa Zavala de González, descalificar la vía ejecutiva intentada y exigir su previa preparación, sin que aquel contra quien se exhiben los documentos aduzca algún motivo razonable (fuera del exclusivamente formal cambiario), no deja de advertirse como un exceso ritual manifiesto, atenido a la letra de las normas y no a su verdadera finalidad. Afirma que repugna a un sentido elemental de justicia, que por una inadvertencia del receptor de los documentos, queden ellos privados de toda fuerza ejecutiva, a pesar de que tal omisión no perjudica al demandado.
Considera que el principio de la buena fe y la proscripción de los actos abusivos (art. 1071 Cód. Civil) descartan los ritualismos inútiles y dispendiosos, que se conectan con excesos en el ejercicio del derecho de defensa en juicio. Insiste, que estas conclusiones adquieren mayor fuerza cuando el elemento ausente, no gravita en contra de ningún interés específico de la persona a quien se atribuyen los documentos, y ésta no impugna su autenticidad.
De modo que, a los efectos de decidir si un título reviste o no fuerza ejecutiva, basta que se adecúe a algunos supuestos indicados en la ley procesal. Si el invocado por el actor en su demanda, es incorrecto, cabe “iuria novit curia” su ubicación en otro que, aunque diferente, permita concluir en que la vía ejecutiva intentada es correcta. Cita en sentido concordante con la interpretación amplia que propicia, varios fallos, de los que destaca un voto (por la minoría) de la C.1ª. C.C. Córdoba (30-11-89, Semanario Jurídico, 828, 14-3-9141), del que rescato una frase que considero de interés:” …la ley protege a quien no está obligado, no al deudor malicioso…”. Asimismo, cit. 3ª.C.C. Córdoba, 8-2-85, Semanario Jurídico, 8-9-85; Córdoba; y en especial, la misma tesitura acogida por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (que transcribe en partes ), que sostiene que “no es incongruente el fallo que, ante la demanda fundada en un pagaré con vicios de forma, despacha la ejecución por ser el defectuoso pagaré un instrumento privado que contiene el reconocimiento de una deuda líquida y exigible (iuria novit curia) la demanda ejecutiva se funda en el título adjunto a la demanda. Su calificación como ´pagaré´ es una categorización jurídica, no un hecho, que la acción así acogida deje de ser “cambiaria” no obsta a la conclusión apuntada; la acción ejecutiva, al igual que la cambiaria, no es causal y se funda exclusivamente en el título invocado, el distinto sustento jurídico no implica cambio de acción. No hay defensa alguna que la errónea calificación del título invocado como ¨pagaré¨ haya dificultado o frustrado….(voto del Dr. Ferrer). La deficiencia formal del título cambiario no podría ser opuesta por quien la hubiera provocado…si el librador del pagaré creó a sabiendas un documento inhábil, y no desconoció la firma, prevalece el principio de que quien fue el autor de la nulidad no puede argüir el vicio para no pagarlo….Para nada cambia la situación el hecho de que el actor haya iniciado su pretensión como una acción ejecutiva cambiaria, ya que el principio ”iuria novit curia” permite a los tribunales encuadrar jurídicamente las cuestiones de hecho invocadas por las partes, siempre y cuando no se modifique la acción en sus elementos esenciales (voto del Dr. Sesin)”(T.S.J.Córdoba, Sent. n°1, 4-2-97).” (los subrayados no están en el original).
Tenemos, por otra parte, otros comentaristas como Fraga (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Concordado…, Dir. Elena I. Highton – Beatriz A. Areán, Dirección, T. 9, pg. 428/431), que mencionan las mismas dos posturas encontradas, con cita de diversos fallos tribunales de distintas provincias, y aclara que la mayoría de los tribunales de la provincia de Buenos Aires y de otros Estados provinciales, se inclina por la tesis amplia seguida por el plenario de la justicia nacional en lo Comercial ya citado (1981).
Sin embargo , dice, la tesis minoritaria, fue seguida en un plenario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, que por mayoría estableció la siguiente doctrina: ”Ante una demanda ejecutiva iniciada como cambiaria directa en virtud de un “no pagaré” por falta de alguno de los requisitos dispositivos para serlo y opuesta defensa haciéndolo notar, no es factible de analizar de oficio, si pese a ello puede el título tener habilidad remanente como simple quirógrafo” (Plenario 14/6/00, “Canosa Héctor A. c. Grondona, Emilio y otro”,LLBA, 2001,67; J.A.,2000-IV-549).
Pues bien, siendo obligatoria la doctrina de un plenario (art. 37 inc. 7, Ley 5827), debemos establecer, en primer lugar, si el caso que nos ocupa es el mismo supuesto de hecho que aquél que era motivo del plenario, o bien tiene matices que hacen innecesario seguir dicha doctrina, que no sería entonces aplicable al caso de autos.
2.-Anticipo mi opinión favorable a la tesis mayoritaria amplia, por lo que, antes de comentar las similitudes y/o diferencias del presente caso con aquél plenario, daré mis razones.
No son nuevos argumentos, por supuesto, porque sobre el tema prácticamente todo está dicho. Los comercialistas más “duros” y apegados a las formas clásicas se inclinan por dar preponderancia a la acción y al título cambiario; pero ante ello, la tesis amplia afirma, (como lo dice la cita del S.T.J. de Córdoba, en el voto del Dr. Sesin citado por Matilde Zavala de González que he mencionado más arriba), que debe distinguirse el título cambiario, regulado por el decreto-ley 5965/63, del título para ejecutar, cuestión sometida al Código Procesal…(de cada provincia). Por otra parte, recuerdan algunos, el decreto-ley sobre letra de cambio y pagaré, no contiene una regulación específica de la acción cambiaria, por lo que debe recurrirse para ello a la acción ejecutiva común reglada en los códigos procesales provinciales.
En el caso que nos ocupa, el ejecutante inició acción ejecutiva en los términos de los arts. 518, 521 y concs. del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Provincia. Intimado de pago, el ejecutado opuso excepción de inhabilidad de título, pero no negó su firma, sino que se atuvo a la insuficiencia del título ejecutado, que lo torna no apto como pagaré, por faltarle la fecha de emisión. En ningún momento negó su firma, ni adujo falsificación, por lo cual, tácitamente la misma quedó reconocida, al no oponer excepción de falsedad. Si bien negó adeudar suma alguna a la ejecutante, en su carácter de mera tenedora, lo hizo sin brindar mayores explicaciones al respecto (ver escrito del 24/4/2025).
Al contestar la excepción, el ejecutante negó que la falta de lugar de emisión debiera serle imputado a su parte, sino a la contraria; e introdujo otros argumentos defensivos. Pero, además, con carácter subsidiario -a diferencia del caso planteado en el plenario Canosa (cuyas particularidades luego referiré en base a la sentencia de primera instancia)-, planteó la cuestión aquí en debate: solicitando subsidiariamente, para el caso que el juez considerara que el título ejecutado no era válido como pagaré, se lo considerase título ejecutivo hábil como instrumento privado, en los términos del inc. 2° del art. 521 CPCC, puesto que la firma había quedado reconocida judicialmente al oponerse la excepción de inhabilidad sin desconocerla (ver presentación del ejecutante del día 20/5/2025).
A favor de la tesis amplia, podríamos decir que quienes la sostienen han planteado: 1- que en virtud del principio “iuria novit curia”, el juez al sentenciar puede, en caso de tratarse de no-pagarés, dar curso a la ejecución cuando el ejecutado ha comparecido y opuesto excepción de inhabilidad de título en razón de la carencia o carencias formales que prescribe el dec.-ley 5965/63, pero no ha negado su firma, por lo cual el título es válido como ejecutivo en calidad de instrumento privado con firma reconocida judicialmente (art. 521 inc. 2 CPCC); 2-No resulta violado el principio de congruencia, porque no se modifican los hechos (el instrumento contiene una deuda líquida y exigible) sino la calificación jurídica del título ejecutado; 3-quien emite un pagaré faltando algunos de los recaudos formales, como el lugar de emisión (o la fecha, aunque la ley cambiaria habilite la circulación de títulos en blanco pero requiere sean completados antes de su presentación a juicio), no puede prevalerse de la falta de un requisito que él mismo ha omitido; 4- si al plantear la excepción de inhabilidad, el ejecutado no señala cuál es el perjuicio que dicha omisión podría acarrearle (por ej., en cuanto a la competencia, en cuanto a la legitimación, etc.),no se justifica que, por un excesivo rigor formal que puede calificarse como exceso ritual manifiesto, se invoque la violación del derecho de defensa y la nulidad por la nulidad misma, porque ello implica abuso del derecho, expresamente vedado por nuestra ley (arts. 1071 del Cód. Civil y art. 10 y concs. del CCCN; arts. 171 y 172 del CPCC).
A lo cual cabe agregar un interrogante: si el art. 529 CPCC otorga al juez la facultad de examinar el título previo a ordenar el mandamiento de embargo, para constatar que el instrumento con que se deduce ejecución se halle comprendido en los arts. 521,522, o en otra disposición legal, y puede volver a examinar el título al momento de sentenciar (art. 549), ¿por qué negarle la facultad de recalificar el título como comprendido en el inc. 2°, del art. 521?. Esta facultad, por otra parte, encuentra sus similares en todos los códigos procesales.
3. Arribo finalmente al caso que originó el fallo plenario “Canosa” de esta Cámara (Reg. n° 53 del 14-6-2000). Dicha ejecución había tramitado ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 4, de este Departamento Judicial, Expte.N° 46.811/1998. Allí se dio una situación diversa a la de estos autos,, ya que los co-demandados Emilio Grondona y Raúl E. Vittori plantearonseparadamente- excepción de inhabilidad de título. El primero adujo la falta del lugar de creación, y el segundo dijo faltar también el lugar de pago (lo que fue desvirtuado por el juez de grado). Dijeron que la obligación era inexistente, al faltar tales requisitos. Corrido traslado de la excepción opuesta, la parte actora la contesta y solicita su rechazo, poniendo de resalto que ninguno de los ejecutados había negado su firma, y afirmando que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Cámara departamental tenían criterio formado en el sentido que el pagaré, aunque no tenga lugar de emisión, no pierde la calidad de título ejecutivo, siempre que reúna los requisitos de deuda líquida y exigible, firma reconocida expresado tácitamente y monto no cuestionado fehacientemente. No obstante, y ello lo diferencia del caso de autos, no solicitó -ni siquiera en subsidio- que el título fuera considerado título válido como instrumento privado con firma reconocida (inc. 2 del art. 521). El juez de grado al sentenciar, analizó el caso, reconociendo que el título examinado no puede ser considerado como pagaré, pero sí es un instrumento privado en el que se consigna una obligación líquida, exigible e incondicionada de dar suma de dinero, admisible en la tipología del inc. 2 del art. 521 CPCC, y mandó llevar adelante la ejecución hasta el pago íntegro del capital reclamado, sus intereses y costas del proceso.
Apelada la sentencia, ésta motivó el llamado a plenario, puesto que la Sala I, por mayoría integrada por el Dr. Céspedes y la Dra. Onetti de Dours, participaba de la tesis amplia, en tanto el restante miembro Dr. Ojea (en minoría) y la recientemente creada Sala II, integrada por las Dras. Fortunato de Serradell, De Benedictis y el Dr. Galdós, consideraban que el no pagaré podía hacerse valer como instrumento privado, pero en otro juicio. En el plenario dictaron su voto el Dr. Céspedes, adhiriendo la Dra. Onetti de Dours, en favor de admitir la conversión o recalificación de oficio del título ejecutado por el juez; y votaron por la negativa el Dr. Ojea, voto al que adhirieron, con algunas consideraciones adicionales, los integrantes de la sala II. Se advierte en el análisis de los diversos votos que conformaron la mayoría, pero en particular el de la Dra. Fortunato de Serradell, que allí se debatió exclusivamente la cuestión de si era factible resolver “de oficio” una distinta calificación jurídica del instrumento ejecutado, lo que diferencia las conclusiones de dicho plenario del caso de autos. En su voto dijo la Dra. Fortunato de Serradell: “En efecto, considero que la conversión de la acción no puede hacerse en el mismo proceso en tanto ello conlleve a una valoración oficiosa de la validez remanente de dicho título, y una desestimación implícita de la defensa esgrimida por el ejecutado. Y es este el punto dirimente que tuvo en cuenta esta sala en oportunidad de votar la causa n°38.543, caratulada “Lombardi, Naldo D. c. Meléndez, Andrés y otra s/ ejecutivo”, toda vez que en ella, (además de haberse desconocido la deuda), no hubo invocación de la parte actora que permitiera efectuar una valoración diferente de lo que conformó el aspecto inicial de la pretensión”.
Hoy en día, veinticinco años después y sancionado un nuevo Código Civil y Comercial, con distintos paradigmas tanto en cuanto a las fuentes del derecho como a los criterios interpretativos del juez al sentenciar, sigue prevaleciendo la tesis amplia, que admite la recalificación “iuria novit curia” como instrumento privado (con firma reconocida tácitamente), art. 521 inc. 2 CPCC), al igual que el plenario de la Cámara Nacional en lo Comercial “Krshichanowsky”(Sept. 22/1981, Ed, t. 95-641, LL-1981, D-253). Así lo ha puesto de resalto, con cita de abundante jurisprudencia, la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelaciones de La Plata, con fecha 3/8/2021, que menciona el ejecutante, con voto del Dr.
Ricardo Sosa Aubone al que adhirió el Dr. Jaime Oscar López Muro (autos: “Fraomeni Agustín c. Casa Tomada SRL y otro/a s/ cobro Ejecutivo”, causa n° 129.827).En dicha sentencia, la alzada, luego de examinar las características del pagaré, y efectuar una comparación con el pagaré de consumo, regulado en el art. 36 de la LDC, en los cuales el juez debe actuar de oficio y puede dar oportunidad al accionante para completar el título; como también los títulos desmaterializados y los restantes títulos reglados en el CCCN (arts., 1836,1852 y sigtes.CCCN), se refiere a los requisitos extrínsecos del pagaré que tienen carácter constitutivo (arts. 101 y 102 del Dec. Ley 5965/63-Ley Cambiaria Argentina; 1833 CCCN) y hacen al rigor cambiario formal.
Acto seguido concluye que el instrumento ejecutado, en efecto, no es un pagaré, por faltarle el lugar de creación, que reviste “especial interés para determinar todo lo relativo a los requisitos exigidos por las leyes del lugar de creación - locus regitactum-, así como para determinar la capacidad del librador para obligarse cambiariamente”. Luego destaca la distinción que efectúa la ley cambiaria, en la regulación entre la letra de cambio y el pagaré, (cuestión que revestía interés en el caso concreto allí analizado). Concluye admitiendo la aptitud ejecutiva de un instrumento privado que no es pagaré y que por ello ha perdido la certidumbre (cambiaria) de la existencia del crédito que de él resulta.
Considera que cuando el título presentado como pagaré carece del lugar de creación, luego del reconocimiento de firma efectuado al contestar la ejecución y oponer la excepción de inhabilidad de título, posee habilidad ejecutiva, no ya como pagaré, sino como instrumento privado (mero quirógrafo) que contiene una promesa de dar dinero. Cita muy abundante jurisprudencia (a la que me remito, que incluye el ya referido plenario de la Cámara en lo Comercial de la Nación, sentencias de los Departamentos Judiciales de San Nicolás, La Plata, Quilmes, La Matanza, entre otras).
Como conclusión de todos los criterios expuestos, entiendo que, por las numerosas razones dadas por la jurisprudencia mayoritaria y la calificada doctrina que ha sido citada, deben considerarse los nuevos paradigmas de justicia que emanan de los principios y valores jurídicos que refiere el nuevo CCCN como fuentes del derecho (arts., 1,2, 9, 10 y concs. principios de buena fe y prohibición de abuso del derecho), y principalmente la necesidad imperiosa de evitar la nulidad invocada por la nulidad misma (a contrario de los arts. 169, 171, 172 del C.P.C.C). Asimismo, por razones de celeridad y economía procesales, es perfectamente admisible que el instrumento que ha sido calificado como no pagaré por falta de alguno de sus requisitos esenciales (arts. 101 y 102 del dec.-ley 5965/63 LCA), en los casos en que el ejecutado ha opuesto excepción de inhabilidad de título y no ha negado su firma, la que en consecuencia ha quedado tácitamente reconocida (art. 314 del CCCN), y el ejecutante lo ha solicitado al contestar el traslado de la excepción -como ha sucedido en el presente caso-, que se considere al documento descalificado como pagaré por falta de lugar de emisión, como título ejecutivo hábil en tanto instrumento privado con firma reconocida (art. 521 inc. 2° del CPCC). De igual manera, la conclusión a la que arribo se encuentra en sintonía con el criterio de esta Cámara (por mayoría) en el más reciente plenario que admitió la posibilidad de integración del pagaré de consumo hasta el momento del dictado de sentencia (autos “HSBC Bank Argentina c/ PARDO Cristian Daniel s/ Cobro Ejecutivo”, plenario del 9/3/2017, causa n°1-61380-2016).
En consecuencia, propicio al Acuerdo se haga lugar a la presente ejecución, confirmándose la sentencia apelada. Las costas de alzada se imponen por su orden, por tratarse de una cuestión en la que existen diversas opiniones en la doctrina y jurisprudencia (art. 68 del CPCC). Así lo voto.
A LA MISMA CUESTIÓN, los Sres. Jueces Dres. y García Etchegoyen y Peralta Reyes votaron en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi dijo:
Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de la cuestión anterior, corresponde: 1) Confirmar, por los fundamentos dados, la sentencia de autos en cuanto ha sido materia de agravios, 2) Imponer las costas de alzada por su orden, en atención a tratarse de una cuestión con distintas opiniones en doctrina y jurisprudencia.(art. 68 párr. 2° del CPCC) 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión, los Sres. Jueces Dres. García Etchegoyen y Peralta Reyes votaron en igual sentido, por los mismos fundamentos. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 18 de Junio de 2026.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia de autos en cuanto ha sido materia de agravios, 2) Imponer las costas de alzada por su orden, en atención a tratarse de una cuestión con distintas opiniones en doctrina y jurisprudencia.(art. 68 párr. 2° del CPCC. 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFIQUESE por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia