Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2025-91294296-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto se determinó impuesto e intereses, con costas.
2Revocar la multa por omisión allí aplicada, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-58848662-APN-VOCV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 12 de Junio de 2026
El Expediente N° EX-2025-91294296-APN-SGAI#TFN caratulado: “ABACK S.A. s/ RECURSO DE APELACION” a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pérez dijo:
I. Que mediante RE-2025-91291305-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la RESOL-2025-94-E-ARCA-DVRRCE#SDGOPIM del 25 de julio de 2025 por la cual se determinó de oficio la obligación de la contribuyente en el Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2020, con más sus intereses resarcitorios y se aplica multa con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Explica que ARCA cuestionó la aplicación e imputación del ajuste por inflación al valor histórico del quebranto acumulado al año 2019, con impacto en el Impuesto a las Ganancias del período 2020. En primer lugar plantea la nulidad de la conducta del ente recaudador por cuanto indica que le ocasionó a la recurrente un efectivo perjuicio las graves irregularidades existentes tanto en el acto administrativo apelado así como en el procedimiento que lo precedió, a saber: la incorrecta valoración de la prueba aportada y/u ofrecida por la recurrente en sede administrativa siendo la misma determinante para una recta dilucidación del conflicto; la falta de producción de la prueba ofrecida en la contestación de la vista; y la ausencia de coherencia a la hora de sustentar el rechazo de la producción probatoria.
Indica que el ente recaudador no meritó la prueba propiciada y ésta era gravitante para resolver con acierto este conflicto y, ergo, el acto administrativo recurrido, al desestimar arbitrariamente la pericia propuesta por no considerarla ni valorarla en forma correcta, impone la nulidad articulada pues, en definitiva, la conducta de la ex AFIP renunció deliberadamente a la verdad jurídica objetiva. Afirma que resulta vital entender la importancia de una recta aplicación del ajuste por inflación integral puesto que la existencia del proceso inflacionario en la economía nacional resulta ser un hecho de público y notorio conocimiento en la sociedad argentina.
Sostiene que la actualización de los quebrantos acumulados es viable de conformidad con las directrices propias de la LIG. Sostiene que el ajuste integral por inflación cuenta de 4 (cuatro) componentes básicos, a saber: a) El ajuste producido por el patrimonio neto expuesto a la inflación (artículo 106 de la LIG); b) El ajuste de los quebrantos acumulados (artículo 25 de la LIG); c) El ajuste por inflación de las amortizaciones (artículos 87 y 88 de la LIG y 209 del DRLIG); y d) El ajuste por inflación de los costos de los bienes inmuebles, muebles amortizables, intangibles y acciones y participaciones sociales (artículos 62 a 65 de la LIG).
Alega que si se aplicase exclusivamente el ajuste producido por el patrimonio neto expuesto a la inflación sin completar el cálculo con el ajuste por inflación de las amortizaciones y sin el agregado del ajuste de los quebrantos acumulados, la consideración de los efectos de la inflación en la determinación del IG sería incompleta y parcial y, por ende, el gravamen determinado sería equivocado por no haber sido considerado en su totalidad los efectos del ajuste por inflación. Señala que una interpretación sistémica de los distintos artículos invocados de la normativa concerniente al IG permite inferir con meridiana claridad, por un lado, que los quebrantos impositivos son actualizables con el IPIM y, por el otro, que los mismos tienen un trato diferenciado con relación a los conceptos previstos en el artículo 93 de la LIG. En razón de ello, se colige, entonces, que el artículo 93 de la LIG no es aplicable a la actualización de los quebrantos acumulados y, por lo tanto, la falta de cómputo de la inflación, resultado del congelamiento del índice de inflación a marzo de 1992, no tiene proyección en el foco de este conflicto.
Alega que otra exégesis que avala el criterio propiciado por la recurrente se sustenta en que, de acuerdo a lo establecido por la LIG, la actualización de los quebrantos impositivos debe realizarse con independencia de las otras normas a las que remite el artículo 93 de la LIG y el artículo 39 de la Ley N° 24.073.
Indica que el artículo 25, penúltimo párrafo, de la LIG dispone que los quebrantos se actualizarán teniendo en cuenta la variación Índice Precios Mayoristas –que es el índice de uso exclusivo para la actualización de los quebrantos-, publicado por el INDEC, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida.
Sostiene que el artículo 93, segundo párrafo, de la LIG prevé que las actualizaciones previstas en los artículos 62 a 66, 71, 78, 87 y 88, y en los artículos 98 y 99, respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del ¼/2018, se realizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del IPC suministrado por el INDEC.
Alega que es susceptible de mención que el segundo párrafo del artículo 93 de la LIG fue establecido por la Ley N° 27.430 y, posteriormente, fue modificado por la Ley N° 27.468 y esto, en la práctica, implicó -en materia de actualización- la aplicación del IPC, en reemplazo del IPIM, para los ejercicios fiscales o años fiscales iniciados a partir del 1.1.2018.
Señala que el artículo 93 de la LIG no es aplicable a la actualización de los quebrantos acumulados y, por lo tanto, la falta de cómputo de la inflación, resultado del congelamiento del índice de inflación a marzo de 1992, no tiene proyección en el foco de este conflicto.
Manifiesta que otro aspecto que torna procedente la actualización de los quebrantos acumulados es que, su eventual falta de corrección, implica la presencia de una situación confiscatoria. Alega que la aplicación del ajuste por inflación, convalidada por los numerosos precedentes judiciales referidos en su escrito, es aplicable a todos los conceptos incluidos en la LIG en la medida en que se verifique una situación confiscatoria y, por ello, no habría ninguna justificación para que la misma no sea aplicable a la actualización de los quebrantos impositivos acumulados, tal como acontece en este conflicto.
Sostiene que también es crucial evaluar la variedad de los escenarios posibles para la recurrente para determinar la existencia (o no) de una situación de confiscatoriedad y, en esta hipótesis, se parte de la premisa de que la actualización del quebranto utilizada y cuestionada por la ex AFIP es de $26.893.192,93, cálculo de actualización que, se aclara, no fue cuestionado por ninguna de las partes. Señala que una primera interpretación, esgrimida por la recurrente, consistente en la utilización del mencionado quebranto acumulado debidamente actualizado arrojó, en el ciclo fiscal 2020, un resultado del ejercicio determinado a efectos del cálculo del IG anterior a la deducción de la actualización del quebranto cuestionada de $182.36.324,77, luego de deducir la actualización del quebranto acumulado de $26.893.192,23, ascendió a $155.483.131,84 y, finalmente luego de la deducción del quebranto a valores históricos de $62.895.253,90 quedó una ganancia sujeta a impuesto de $92.587.877,94 y un impuesto determinado de $27.776.363,38 lo que representa, en la práctica, una tasa efectiva del 30% establecida en la LIG.
Manifiesta que este contraste de temperamentos no es menor ya que la recurrente debería abonar para el IG del año fiscal 2020 una tasa efectiva del 38,71% -en lugar del 30% que es la tasa exigida por la normativa aplicable- y, ergo, el gravamen deviene en confiscatorio y esto es inconcebible porque la avidez recaudadora exige gravar con un tributo un rédito absolutamente ficticio, artificial y/o nominal alejado completamente de toda realidad económica del contribuyente.
Sostiene que la recurrente es de la opinión de la plena inviabilidad de los accesorios en función de estas particularidades: a) La complejidad del asunto en discusión; b) La oportuna información de ASA al Fisco -mediante carta documento- en cuanto a la actualización de los quebrantos; c) El correcto comportamiento fiscal que ASA siempre ha exhibido en su “historia” impositiva; y d) La clara y patente ineficiencia de ARCA que cuatro años después de haber informado su proceder decidió determinar una presunta diferencia impositiva a su favor.
Sostiene que el Fisco Nacional le aplicó a la recurrente una multa por omisión de impuestos consagrada en el artículo 45 de la LPT y, por ende, resulta indispensable su análisis preliminar para verificar si la misma es viable en la especie.
Afirma que las sanciones fiscales, incluyendo naturalmente a la omisión de impuestos como acontece en este supuesto, tienen una naturaleza jurídica de carácter penal y, ergo, su procedencia depende inexorablemente de la materialización concurrente de los elementos objetivo y subjetivo. Manifiesta que no se verificó el aspecto objetivo desde el momento que ASA procedió de conformidad con la legislación aplicable tal como se señaló con antelación y, por la otra, que no se materializó el elemento subjetivo ya que su comportamiento fiscal fue oportunamente informado a la ex AFIP mediante carta documento, razón por la cual se puede apreciar que no tuvo por intención perjudicar al erario –sino todo lo contrario-.
Ofrece prueba documental, pericial contable y formula reserva del caso federal, solicitando se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, mediante IF-2025-112609602-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el recurso. Que en primer lugar, con respecto al planteo de nulidad manifiesta que la recurrente quiere resaltar que en la ley de procedimiento administrativo, en su art. 7°, se establecen los elementos esenciales del acto administrativo que condiciona la validez y eficacia de éste, a saber: competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad. A los que debe agregarse la Forma, prevista por el art. 8° de la misma ley. Señala que la nulidad es una sanción de una gravedad mayor que elimina el acto administrativo al punto de considerarlo inexistente y que tiene su razón de ser y sentido cuando se encuentran en peligro algunos de los derechos y garantías protegidos por la Constitución Nacional. La sanción de nulidad no puede prosperar toda vez que de aceptarse una sanción de tamaña gravedad sin lesión de derechos amparados por normas de rango constitucional como lo es entre otros el derecho de defensa en juicio, se consagraría el criterio de sancionar la nulidad por la nulidad misma y no para preservar derechos y garantías que la justifiquen, criterio éste rechazado de manera unánime por la jurisprudencia y la doctrina.
Indica que la contribuyente procedió a computar en su DDJJ correspondiente al periodo fiscal 2020, un quebranto impositivo acumulado al 2019 a su valor actualizado por inflación. Sin embargo, la Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.628 (t.o. en 2019 y sus modificaciones), en su artículo 25, permite que el quebranto impositivo sufrido en un período fiscal que no pueda absorberse con ganancias gravadas del mismo período se deduzca de las ganancias gravadas que se obtengan en los años inmediatos siguientes.
Sostiene que la reforma legislativa permitió el traslado de quebrantos, pero imposibilitó su actualización, razón por la cual se proyectó la declaración jurada de Impuesto a las Ganancias periodo 2020, adecuando los importes correspondientes a quebrantos computables a los que surgen de las declaraciones juradas de origen, es decir, por su valor histórico.
Señala que desde las reformas introducidas por las Leyes N° 27.430 y 27.541 a la Ley del Impuesto a las Ganancias resultó habilitada para los sujetos empresa -a partir del ejercicio comenzado el 1/1/18- la posibilidad de deducir o incorporar al resultado impositivo del ejercicio que se liquida el ajuste por inflación a fin de determinar la ganancia neta imponible -art. 105 de la ley del impuesto-; ello en la medida de que estuvieran presentes las condiciones previstas en el art. 106 del referido texto legal. Manifiesta que en función de las previsiones del art. 39 de la Ley N° 24.073 (B.O. 13/4/92) y demás normas concordantes, el ajuste por inflación había perdido operatividad con posterioridad al 31/3/92 pues su aplicación quedó sujeta a la variación de un índice fijado en uno (1). Y resultó bajo ese período, en el que se volvió “neutro” ese mecanismo de actualización, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en el precedente “Candy S.A.” y sus sucesivos; habilitando la aplicación del ajuste por inflación en supuestos de confiscatoriedad.
Alega que si bien el undécimo párrafo del artículo 25 de la ley del tributo se encuentra plenamente vigente, el coeficiente de actualización que debe considerarse es 1 (uno), toda vez que, el artículo 93 de la ley del impuesto, salvo para las excepciones expresamente mencionadas en su segundo párrafo -entre las que no se encuentran los quebrantos-, en su primer párrafo dispone que debe estarse a lo previsto en el artículo 39 de la Ley N° 24.073 (B.O. 13/4/1992).
Señala que conforme la normativa vigente en la Ley de Impuesto a las Ganancias, cabe concluir que no resulta de aplicación a los quebrantos, excepción alguna a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 93 de la ley; es decir la propia norma es la que no autoriza la posibilidad de actualizarlos bajo otro índice que no sea 1 (uno).
Afirma que la aplicación de los intereses resarcitorios en materia tributaria está relacionada con el hecho de no haber ingresado, en fecha, el pago de una obligación de dar sumas de dinero. Es decir que los intereses resarcitorios se adicionan por la omisión de pago de la obligación.
Respecto a la aplicación de multa manifiesta que la omisión imputada a la recurrente no sólo se encuentra jurídicamente tipificada en la norma, sino que ha provocado un claro perjuicio al Estado al privarlo de los recursos que por ley le corresponde durante el período por los que fuera practicado el ajuste, debiéndose además tener en consideración que tal omisión fue detectada a raíz de una inspección.
Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas.
III. Que mediante PV-2025-119290587-APN-VOCV#TFN se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba pericial contable. En IF-2026-17211042-APN-DTD#JGM se produce la prueba pericial contable. En PV-2026-32773739-APN-VOCV#TFN se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la sala “B” y mediante IF-2026-36361634-APN-VOCV#TFN se ponen los autos para alegar, habiendo alegado las partes finalmente, se llaman los autos a sentencia.
IV. Que conforme surge de las actuaciones administrativas a modo de resumen se detectó que la contribuyente procedió a computar en su declaración jurada correspondiente al periodo fiscal 2020, un quebranto impositivo acumulado al 2019 a su valor actualizado, lo que a críterio del Organismo Fiscal resulta improcedente toda vez que dicho mecanismo se encuentra suspendido, dejando de ingresar, en consecuencia, el gravamen resultante en su justa medida.
La actora respondió a los requerimientos del personal fiscalizador. Se analizó la documentación aportada y se consultaron los sistemas informáticos de esta Agencia. Se pudo observar que ABACK S.A. computó dentro de los “ajustes que disminuyen la utilidad o aumentan la pérdida” la suma de $7.796.577,42 bajo el concepto de “Resultado por exposición a la inflación”, por lo que implicaría –a priori- que en el ejercicio económico en trato se está computando 2/3 del 2019.
En la columna II, aumentando la utilidad contable, se computa 1/6 de ajuste por inflación del ejercicio 2020 (5.625.219,50) tal como lo establece el artículo 194 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. De la información aportada en sede administrativa, surge que la contribuyente computó en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2020, quebranto atribuible al período fiscal 2019, actualizando el importe correspondiente al período 2020, aplicando los "índices de Precios Internos al por Mayor (IPIM)— Base 1993 — Período de referencia diciembre 2015 = 100", calculando el coeficiente de actualización 1,427587, resultado del cociente entre el índice Junio 2020: 321,9738 y el índice Junio 2019: 225,537 (fs. 447 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias N.° 3).
V. Que aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto se agravia del accionar del Fisco Nacional al desestimar arbitrariamente la pericia propuesta por no considerarla ni valorarla en forma correcta.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros). Que respecto a las objeciones nulificantes que plantea la actora, cabe señalar que desde lo estrictamente formal, la resolución apelada en auto, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Por otra parte ha fundado su pretensión en los elementos recabados por la fiscalización. Asimismo en lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la arbitrariedad alegada al sostener la misma que se ha prescindido de prueba ofrecida, cabe señalar que así como resulta cierto que el contribuyente tiene derecho a ofrecer pruebas durante el procedimiento administrativo, el juez administrativo interviniente tiene el deber de evaluar su admisibilidad procesal. Esta evaluación discrecional cae, por supuesto, dentro de la órbita jurisdiccional de este Tribunal quien juzgará, en definitiva, sobre la pertinencia o ilegitimidad de la resolución adoptada en la etapa anterior, pero para lo cual, deberá, necesariamente entrar al examen de la cuestión de fondo controvertida y como esta fue propuesta por ambas partes. Solamente dicho examen permitirá a este Tribunal evaluar, a la postre, la justeza del rechazo probatorio en sede fiscal, agravio que se torna inviable en proporción excepcional.
Que, la ponderación de la admisibilidad o pertinencia de las medidas propuestas por el contribuyente, realizada por el Juez Administrativo, resulta un aspecto del acto que se encuentra dentro de la potestad revisora de este Tribunal. Empero, aun en el caso de una “desestimación arbitraria” de las medias, tal agravio no resulta suficiente, por sí solo para ocasionar la nulidad del acto en un planteo por vía excepcional, aunque pueda originar, sin dudas, la revocación del mismo al momento de analizar el fondo de la cuestión controvertida.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costasque aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. En cuanto a la procedencia o no de la actualización de quebrantos se plantea un conflicto en la interpretación de ciertos artículos de la ley de impuesto a las ganancias por lo que a fin de lograr una mayor claridad expositiva, cabe realizar un análisis de las normas aplicables al caso traído a decisión de este Tribunal.
Toda vez que el período involucrado es el 2020, a los efectos del análisis de la normativa aplicable al caso de autos, se hará referencia a continuación al texto ordenado por el Decreto Nº 824/2019 que aprobó un nuevo texto de la Ley de Ganancias. Las leyes 27.430, 27.468 y 27.541, introdujeron diversas modificaciones en lo que hace al mecanismo denominado “ajuste por inflación” que está expuesto en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, estableciéndose el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste. Asimismo, se efectuaron modificaciones en los índices de actualización que se encuentran dispersos por la norma y su procedencia.
En lo que al ajuste por inflación se refiere, el artículo 105 del mencionado texto ordenado establece que “...los sujetos a que se refieren los incisos a) a e) del artículo 53, a los fines de determinar la ganancia neta imponible, deberán deducir o incorporar al resultado impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por inflación que se obtenga por la aplicación de las normas de los artículos siguientes”.
Por su parte, el artículo 106 establece el procedimiento a seguir a los efectos de practicar el ajuste por inflación al que se refiere el artículo anterior, disponiendo en sus dos últimos párrafos lo siguiente: “El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 93, acumulado en los TREINTA Y SEIS (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al CIEN POR CIENTO (100 %)”.
“Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %), un TREINTA POR CIENTO (30 %) y en un QUINCE POR CIENTO (15 %) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente.”
Por otra el artículo 194 (texto según Ley 27541) establece: “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de impuesto a las ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019”.
En lo que hace al régimen general aplicable a los quebrantos que se compensan con las ganancias del ejercicio, el art. 25 se modificó mediante la Ley 27.430 disponiendo “(…) Los quebrantos se actualizarán teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida.” Por su parte, la misma Ley 27.430 en su art. 59 sustituye el artículo 89 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el nuevo art. 93 que dispone: “Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 24.073.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las actualizaciones previstas en los artículos 62 a 66, 71, 78, 87 y 88, y en los artículos 98 y 99, respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de precios al consumidor nivel general (IPC) que suministre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, conforme las tablas que a esos fines elabore la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS”.
Reseñados los artículos involucrados, corresponde hacer una breve reseña histórica que a nuestro entender ayudará a poner claridad sobre el texto legal en crisis.
Que el mecanismo de ajuste por inflación expuesto en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, establecía el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste, entre otras cosas (arts. 94 a 98).
Sin embargo, posteriormente, la ley 24.073 (art. 39, parte pertinente) agregó: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683, t.o. en 1978 y sus modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1 de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive”. Finalmente, la ley 25.561 modificó el art. 10 de la ley 23.928 manteniendo “derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.”
Ello implicó que durante muchos años de contexto inflacionario se discutiera la validez de dichas normas. En efecto se planteó su inconstitucionalidad ya que no podían mantenerse las disposiciones del art. 39 de la ley 24.073 en el contexto económico generado a partir de enero de 2002, con el abandono de la convertibilidad, habida cuenta de que las causas que originaron su dictado desaparecieron en ese año y, por lo tanto, recobró plena vigencia y operatividad el mecanismo de ajuste por inflación.
Al respecto, debe señalar que la Sala “D” de este Tribunal sostuvo en oportunidad de expedirse en los autos “C.D.R. Comunicaciones”, “Swaco de Argentina S.A.” (ambos de fecha 22/03/2007) y “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.” (de fecha 7/10/2010) –criterio compartido por la Sala “B” in re “Cragnolino, Raúl José” del 18/04/2008-, que “la virtual derogación del sistema en forma oblicua o indirecta..., no existe, porque no basta que algunas opiniones doctrinarias... lo sugieran, sino que para que deje de regir, la abrogación debe encontrarse plasmada en norma dispositiva expresa, lo que no ha ocurrido hasta el presente, precisando así el desigual enfoque que la ley otorga a las distintas categorías de contribuyentes. El dictado posterior de otras normas legales que hacen directa referencia al mecanismo, ratifican su permanencia (vrg. Ley 24.587 – B.O. 22/11/95)”.
“Que no obsta a esas consideraciones que la aplicación del mecanismo corrector en la práctica no logre el efecto que de él se espera. Ello así, porque sin necesidad de modificar un ápice el texto legal, el sistema de actualización y de ajuste de valores ha dejado de hallarse operativo por lo dispuesto en el citado art. 39 de la ley 24.073, pues al fijar como tope las variaciones de índice hasta el mes de marzo de 1992 inclusive, ha tornado inocua su aplicación en cuanto a este aspecto se refiere, situación que subsistirá en tanto dicha norma se encuentre vigente”.
Que, en ese orden, en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” (Fallos: 328:2567), se expuso: “Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas)”.
Más tarde en el reconocido fallo “Candy S.A.” del 3/7/2009, el Máximo Tribunal convalida la constitucionalidad de dichas normas, reiterándose la doctrina de que “no es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas decididas por otros poderes del Estado, sino ponerles un límite cuando violan la Constitución y, en este caso, el derecho de propiedad”.
“Los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si éstas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152)”.
“A partir de lo señalado, puede colegirse, nítidamente, que no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los “principios de la ciencia económica” (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos 314:1293)”.
En virtud de dichos precedentes, se convalidó la normativa y se admitió su cuestionamiento en el caso en que se demuestre una lesión al derecho a la propiedad y al de igualdad traducido en el principio de capacidad contributiva, en virtud de acreditar que existió confiscatoriedad en el caso particular. Ahora bien, volviendo a la contienda que se suscita en autos, si bien los precedentes mencionados no analizan en concreto la normativa actual, resultan de suma importancia ya que la discusión se reedita en cuanto a si el límite dispuesto en el artículo 93 -primer párrafo- el que remite al mismo art. 39 de la Ley 24.073, resulta un valladar a la aplicación de la actualización prevista en el art. 25 respecto de los quebrantos.
Es decir vuelven a coexistir, por un lado, una norma que establece un mecanismo de actualización y por otro una norma que lo limita.
En ese sentido, teniendo en cuenta los antecedentes reseñados cabe interpretar que el legislador dispuso expresamente en el segundo párrafo del art. 93 los artículos y, en consecuencia, los conceptos que se excluían del primer párrafo, es decir de la aplicación del tope del primer párrafo y no incluyó expresamente al art. 25 del texto legal, por lo cual estos juzgadores entienden que la actualización de los quebrantos en los términos de la ley no se encuentra operativa por lo dispuesto en el art. 39 de la Ley 24.073 .
Tal como surge del voto del Dr. Rosatti en el caso “CAF 49252/2011/1/RH1 Telefónica de Argentina SA y otro c/EN – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva” 25/10/2022 “Que la Constitución Nacional habilita al Gobierno federal para la emisión de moneda (art. 75, inc. 6°) y fijación del valor de la moneda (art. 75, inc. 11), y para legislar sobre su falsificación (art. 75, inc. 12). Estas cláusulas de habilitación se complementan con otras de prohibición, dirigidas a las provincias, quienes no pueden "acuñar moneda" ni "emitir billetes" -prohibición que no es absoluta, en la medida en que es allanable mediante autorización del Congreso federal-; ni legislar sobre "falsificación de moneda o documentos de Estado" (art. 126).
Específicamente, la fijación del valor de la moneda prevista en el inc. 11 encuentra relación con el inc. 19, en cuanto encomienda al Congreso “(p)roveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.
Dicha norma, cuyos destinatarios son todos los poderes del Estado federal, provincial y también los particulares, no se limita a defender la autenticidad de la moneda sino que supone que su solvencia intrínseca coadyuvará al crecimiento económico con justicia social y a la productividad de la economía nacional, con generación de empleo. Y aun cuando podría ser reputada como una cláusula programática, como norma vigente hace valer la fuerza del programa que expresa en tanto: i) constituye una regla interpretativa; ii) expresa un mandato para que los poderes públicos la tornen operativa; iii) e impide que se dicte una norma o decisión contraria al programa. De allí se desprende que a la potestad constitucional de fijación del valor de la moneda como expresión de soberanía (art. 75, inc. 6°), le sigue un correlativo deber de igual carácter de promover y defender ese valor (art. 75, inc. 19).
7. Que en los términos expuestos, resulta claro que la Constitución, en cuanto prohíbe la confiscación y la percepción de tributos sin sustento en la capacidad contributiva, no mira -necesariamente- al medio o instrumento por el cual este tipo de despojos puede producirse (v.gr.: la determinación de la base imponible, la fijación de una alícuota específica, la ausencia de actualización de mecanismos como los quebrantos, cuota anual de amortizaciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles, o los costos computables –arts. 19, 58, 59, 60 LIG, 81, inc. f, 83 y 84 de la ley 20.628-), sino el resultado final efectivamente generado. Tal es el método realista que ha seguido esta Corte en el precedente “Candy” (Fallos: 332:1571), al corroborar que la absoluta falta de ponderación de la depreciación monetaria en la determinación del impuesto a las ganancias puede generar alícuotas efectivas confiscatorias y, por ende, tributaciones carentes de sustento”.
Que de acuerdo con lo expuesto y a las reseñas que anteceden, no es función de este Tribunal juzgar el mérito de las políticas económicas, correspondiendo la aplicación al caso particular del primer párrafo del art. 93 de la LIG y en consecuencia del art. 39 de la Ley 24.073.
Ello se ve ratificado con las disposiciones establecidas en la Ley 27.742 conocida como la “Ley Bases”. Justamente el espíritu de dicha norma es otorgar incentivos diferenciales a quienes adhieran al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones “RIGI” por lo que su artículo 183, segundo párrafo, inciso c) dispone lo siguiente en relación a los beneficios por adherir: “(...) Los quebrantos, al igual que el régimen general que les resulta aplicable, se actualizarán por la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. A estos efectos, se aclara que no resultará de aplicación el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (...)”. Esto último no hace más que precisar que no resultará de aplicación el art. 93 de la LIG a quienes adhieran al RIGI como beneficio diferencial respecto del resto de los contribuyentes. Al igual que la Ley 27.802 en su artículo 190 que sustituye el undécimo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente: “Los quebrantos generados en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2025, inclusive, se actualizarán teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 93 de esta ley”.
En otras palabras el legislador modifica nuevamente el índice aplicable y aclara que a partir de 1/01/2025 no será aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 93. Esa precisión del legislador en la nueva norma no hace más que confirmar que hasta entonces consideró que el mismo sí aplicaba.
VII. Sentado ello, cabe señalar que todo lo expuesto no obsta que este Tribunal analice en el caso particular conforme a los términos expuestos por la CSJN en las causas "Candy" y “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI”, si en el caso particular se da un supuesto de confiscatoriedad y que la no aplicación de la actualización insuma una parte sustancial de la renta en un monto que exceda cualquier límite razonable de imposición, .
Cabe entonces pronunciarse sobre los agravios de la apelante que intentan poner en evidencia un menoscabo en su derecho de propiedad, implicando la confiscatoriedad del impuesto discutido de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación en su totalidad, en particular en este caso de la actualización de los quebrantos trasladables, como única tangente válida admitida para hacer lugar hipotéticamente, en cada caso concreto, al ajuste solicitado.
Que, al respecto, se ha señalado inveteradamente que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).
Que, a fin de resolver la cuestión ventilada en estos autos, ha de estarse al criterio de la Corte Suprema, a partir del precedente "Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo", sentencia del 3/7/2009. Allí, en lo principal, el Alto Tribunal discurrió: “Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. En razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. impuesto sucesorio -Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial -Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes”.
Asimismo expresó “Que como ya se ha señalado, si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (confr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
“Que de acuerdo con dichas pautas, y en virtud de las conclusiones arribadas en los considerandos 8° y 9° del presente decisorio, cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”. Que, en consecuencia, las pautas rectoras que pueden extraerse de dicho precedente para delimitar la aplicación de la doctrina de la no confiscatoriedad en el impuesto a las ganancias, son de carácter sustancial y no nominal, toda vez que el Máximo Tribunal no estableció un porcentaje concreto como límite aplicable, sino que corresponde su ponderación conforme las pruebas de la causa, en cada caso concreto, en tanto no existe una línea divisoria absoluta que permita delimitar hasta dónde resulta aceptable en este contexto que la alícuota efectiva exceda a la legal, es decir, hasta qué punto se tolera cierta distorsión inflacionaria.
A lo expuesto cabe agregar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI” de fecha 25/10/2022 donde, con remisión al dictamen de la Procuración Fiscal, se señala que “Por un lado, nada encuentro en la sentencia de la causa “Candy” que permita inferir que V.E. haya consagrado al título VI de la LIG como único mecanismo de ajuste permitido para demostrar la confiscatoriedad del tributo. Por otra parte, de la lectura de la LIG se desprende que, además del mecanismo previsto en su título VI, dicha ley permitía también reflejar las variaciones de precios para el cálculo de: a) las amortizaciones impositivas de bienes muebles (art. 84, primer párrafo, inc. 2º, LIG), inmuebles (art. 83, tercer párrafo, LIG) e inmateriales (art. 84, segundo párrafo, LIG); b) los costos impositivos computables correspondientes a los bienes muebles, inmuebles, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares enajenados (arts. 58, 59 y 60 de la LIG); y c) los quebrantos (art. 19 LIG). El estudio de tales preceptos conduce a colegir, sin hesitación, que la LIG regulaba en dichos rubros el impacto de las variaciones de precios ocurridas desde su fecha de alta hasta la correspondiente al mes de la fecha de cierre del periodo fiscal que se liquidaba y, para morigerar tales efectos, expresamente preveía la posibilidad de ajustarlos mediante los índices fijados por el INDEC (ver arts. 58 y 59, en cuanto allí remite al art. 89 de la LIG)”.
Al respecto, cabe traer a colación el voto del Dr. Rosenkrantz en la causa “SYNGENTA AGRO S.A.” del 27/12/2024, donde en relación al fallo Telefónica antes citado, ha dicho que: “…la Corte sostuvo que resulta claro que ello no importa la negativa a actualizar, en los términos del art. 19 de la ley del tributo, los quebrantos con los que ya contaba la empresa a fin de analizar la confiscatoriedad en cada uno de los períodos fiscales cuestionados, sino que solo implica la imposibilidad de reconocer nuevos créditos, o acrecentar los existentes, que puedan trasladarse a períodos fiscales futuros.” En definitiva, la cuestión a dilucidar es si se encuentra debidamente acreditada en la presente causa la confiscatoriedad invocada por la recurrente, respecto del período fiscal 2020, en función del informe pericial contable producido ante esta instancia.
Que del informe pericial contable producido en autos (IF-2026-25137177-APN-DTD#JGM) ambos peritos son contestes en que la tasa efectiva del Impuesto a las Ganancias determinado por ARCA, computando el quebranto a valor histórico, es del 38,71% sobre el resultado impositivo computando el quebranto actualizado del ejercicio anterior.
En efecto, las conclusiones del informe pericial presentado por los peritos contadores llevan a este Tribunal a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad según el criterio establecido en los considerandos 7° y siguientes del precedente “Candy” de la Corte, toda vez que la tasa efectiva del tributo determinado supera la alicuota máxima prevista en la ley del gravamen para el período en cuestión -30%-.
Que de acuerdo con lo expuesto y a las conclusiones arribadas en los considerandos que anteceden, cabe concluir que la limitación de la actualización de quebrantos establecida en el artículo 25 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, resulta inaplicable al caso de autos, conforme a los términos expuestos por la CSJN en la jurisprudencia analizada a lo largo del presente voto, dado que el impuesto determinado por la AFIP excede el límite razonable de imposición, configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad.
No obsta a lo expuesto el hecho de que el resultado del Ajuste por Inflación impositivo del ejercicio actual sea positivo (es decir, una ganancia gravada) y que se impute solo un sexto (según el artículo 194 de la LIG). El diferimiento en sextos es una medida de política recaudatoria, no una medida de determinación de ganancia real. Esta circunstancia en modo alguno invalida ni suspende el derecho a actualizar el stock de quebrantos de años anteriores -en supuestos como el aquí analizado donde se prueba la confiscatoriedad-, ya que el ajuste por inflación es un mecanismo para determinar la ganancia neta real del ejercicio actual, en tanto la actualización de quebrantos es un mecanismo para mantener el valor real de una pérdida acumulada que se compensará contra dicha ganancia. Por otra parte, en la ley del impuesto se encuentran regulados por separado y no existe norma alguna que supedite la actualización de los quebrantos al signo (positivo o negativo) del ajuste por inflación del ejercicio.
En consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada en lo que fue materia de agravio en esta instancia. Costas por su orden en atención a las particularidades y complejidad del caso en examen. Los Doctores Porporatto y Magallón dijeron:
I. En primer lugar, adherimos íntegramente a los Considerandos I a VI del voto del Dr. Pérez. Sin embargo, disentimos con la conclusión alcanzada en el Considerando VII respecto a la existencia de confiscatoriedad en este caso y la consecuente revocación integral del acto apelado. Nuestros fundamentos son los siguientes:
Que conforme surge del mencionado voto del Dr. Rosatti en el caso “CAF 49252/2011/1/RH1 Telefónica de Argentina SA y otro c/EN – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva” del 25/10/2022, la garantía de no confiscatoriedad y el principio de capacidad contributiva no se agotan en el análisis de un "medio o instrumento" aislado. En efecto, el Magistrado antes citado es taxativo al señalar que la Constitución "no mira —necesariamente— al medio o instrumento por el cual este tipo de despojos puede producirse" (citando expresamente la ausencia de actualización de quebrantos o amortizaciones), sino que lo determinante es el "resultado final efectivamente generado" en la carga tributaria total.
En este sentido, la "confiscatoriedad" no puede ser una conclusión segmentada. No es posible alegar que el impuesto es confiscatorio porque un rubro específico (el quebranto del ejercicio anterior) no se actualizó, si al mismo tiempo otros efectos del mismo fenómeno (por ejemplo, la ganancia por exposición integral a la inflación del ejercicio) se mantienen reducidos por disposiciones legales de diferimiento, conforme se verá seguidamente.
La confiscatoriedad debe probarse sobre una base imponible real e integral. Si el contribuyente invoca la doctrina "Candy" para apartarse de la ley en busca de evidenciar "renta real” evitando que se tribute sobre rentas puramente nominales, debe ser consistente en su planteo y demostración: no puede tomar el beneficio del ajuste constitucional para sus pérdidas y mantener el beneficio del diferimiento legal para sus ganancias por inflación del mismo período.
Que conforme surge de las actuaciones, la recurrente pretende un tratamiento asimétrico y sesgado de los efectos de la inflación, a los fines de acreditar confiscatoriedad.
Ello así, por cuanto a efectos del mencionado análisis, con respecto al ajuste integral por inflación (AxI) del ejercicio 2020 (que arrojó una ganancia impositiva), pretende por un lado, considerar la actualización íntegra del quebranto acumulado del ejercicio 2019 ($ 26.893.192,93) cuya procedencia legal no se encuentra permitida y, simultáneamente, computa un sexto (1/6) del resultado positivo ($5.625.219,50), aplicando el diferimiento legal previsto en el artículo 194 de la LIG (por un monto de $28.126.097,50) .
Ahora bien, si realizamos un análisis integral (aplicando la actualización del quebranto pretendida por la actora pero considerando el efecto íntegro -beneficio, en este caso- del AxI 2020), se observa que el impuesto determinado de oficio por el Fisco ($35.844.321,26) respecto de la utilidad real del periodo que surgiría de una aplicación técnica, integral y simultánea de -todos- los efectos de la inflación que surgen de estas actuaciones, no absorbe una parte sustancial de dicha renta, dado que la tasa efectiva sería menor al 30% -la tasa legal aplicable para este año-.
Por ello que, en nuestra opinión, no hay lesión al derecho de propiedad considerando íntegramente los efectos de la inflación para ese año.
Que para que un impuesto sea confiscatorio, debe demostrarse que absorbe una porción sustancial de la renta real. En este caso, el cálculo de la tasa efectiva del 38,71% que menciona la pericia se basa exclusivamente en la falta de actualización del quebranto. Sin embargo, ese porcentaje no refleja la realidad económica del sujeto si no se pondera qué ocurriría si el ajuste por inflación del propio ejercicio 2020 se computara íntegramente, en lugar de diferirse en sextos.
Dicho cálculo para acreditar confiscatoriedad no puede considerarse una prueba clara, precisa y de una relación racional estimada entre la renta real y el monto del gravamen. De este modo, a nuestro entender el contribuyente no ha demostrado en forma concluyente que, si se aplicara un sistema de ajuste técnicamente íntegro y simétrico (en este caso no solo la actualización de quebrantos sino también el AxI del ejercicio al 100%), la tasa efectiva seguiría superando los límites constitucionales. Que, como bien señala el Fisco en sus alegatos, la interpretación de la actora es parcial. Pretender que se aplique la doctrina "Candy" para demostrar confiscatoriedad y así perforar el congelamiento de índices del artículo 93, pero mantener en el análisis el beneficio del diferimiento legal para la ganancia por AxI, implica desconocer la capacidad contributiva real e integral de la aquí recurrente. Por lo expuesto, consideramos que no se ha acreditado de forma concluyente la confiscatoriedad del gravamen en las circunstancias particulares de este caso, ya que no se puede alegar una lesión al derecho de propiedad fragmentando los efectos de la inflación a conveniencia del contribuyente.
II. Que, respecto de los intereses resarcitorios cabe precisar que la CSJN ha señalado que “Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, “Citibank NA c/ DGI”, 01/06/2000). Con arreglo a dicha doctrina, se confirman los intereses fijados en la determinación recurrida, con costas.
III. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente multa con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental. En ese sentido, es sabido que dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas. Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”.
Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido de que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
Por su parte, el segundo artículo agregado mediante la ley 27.430 a continuación del artículo 50 de la ley de rito, incorpora que se entenderá que existe “error excusable” cuando la norma aplicable al caso —por su complejidad, oscuridad o novedad— admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. Y continúa, en orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, que deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades.
Al respecto cabe tener en cuenta el Dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos en IF-2025- 96787300-APN-DNI-MEC en el que se consignó que “Aclarado lo que antecede, cabe ahora centrarse en la consulta que propicia esta intervención: el encuadre que es pasible de dispensar, en los términos de la norma procedimental, a la conducta de aquellos sujetos que regularicen su situación frente al organismo recaudador, por los conceptos incluidos en el primer párrafo del artículo 1° de la RG (ARCA) N° 5684/25 y sus modificatorias, y atento los fundamentos que la propia ARCA esgrime en dicho acto acerca de ello. En ese orden de ideas, en el marco de las infracciones materiales contenidas en la Ley N° 11.683, se advierte que en su artículo 45 se legisla acerca de los diferentes supuestos que son pasibles de encuadrar como omisión culposa de tributos, en tanto que su artículo 46 versa acerca de la figura de “defraudación”; por su parte, en el segundo artículo sin número incorporado a continuación del artículo 50 de la norma legal en comentario se considera que existe “error excusable” cuando “…la norma aplicable al caso -por su complejidad, oscuridad o novedadadmitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado”.
El ilícito material por la “omisión” contemplado en el citado artículo 45 de la Ley N° 11.683 deviene aplicable en tanto se haya “…dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 - que versa acerca de la figura de “defraudación”- y en tanto no exista error excusable…”, para quienes resultaren comprendidos en los supuestos enumerados en sus diferentes incisos. A su vez, la existencia del error excusable también descarta la conducta dolosa. Así, centrándonos, en particular, en la conducta a la que alude el organismo fiscal en ocasión del dictado de la ya citada RG (ARCA) N° 5684/25 y sus modificatorias, aquél ha exteriorizado que dicha medida tiene como objeto principal, que quienes por error hayan computado quebrantos de ejercicios anteriores de manera incorrecta, en los términos allí señalados, puedan subsanar su situación fiscal a través de la presentación espontánea y voluntaria de una declaración jurada, ingresando al plan de regularización allí instituido cuya adhesión da por acreditada la inexistencia de una acción negligente o dolosa.
Para los contribuyentes y responsables que adhieran al régimen de facilidades de pago de que se trata quedaría configurado el error que conlleva un carácter exculpatorio que encontraría su fundamento en oportunidad de las interpretaciones disímiles que pudieron haber surgido respecto de la aplicación de la norma al caso concreto - como lo manifiesta el señalado segundo artículo sin número incorporado a continuación del artículo 50 de la Ley N° 11.683- la que “…por su complejidad, oscuridad o novedad- admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado.” En ese entendimiento, cabe concluir que siendo la propia Agencia de Recaudación y Control Aduanero quien exterioriza tal postura en su Resolución General N° 5684/25 y sus modificatorias -la del error-, ello permite colegir que la valoración de la conducta del contribuyente o responsable que adhiere al plan de regularización no sólo deviene en que resulte aplicable la excepción prevista para no configurar la figura tipificada en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 sino que además, descarta la comisión de una conducta dolosa sobre la que se sostiene el artículo 46 de la citada norma procedimental”.
Más allá de que el Dictamen se centra en la RG Nº 5684/25, reconoce la existencia de interpretaciones disímiles por la complejidad de la cuestión, lo cual además es así considerado por los suscriptos, por lo que corresponde entender que en el caso concreto pudo haber existido una duda razonable por parte del contribuyente en la interpretación de la norma, lo que lleva a entender que corresponde revocar la sanción, con costas por su orden.
En virtud de lo expresado, votamos por: i) confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto se determinó impuesto e intereses, con costas y ii) revocar la multa por omisión allí aplicada, con costas por su orden.
Por lo expuesto, por mayoría, SE
1. Confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto se determinó impuesto e intereses, con costas.
2. Revocar la multa por omisión allí aplicada, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.06.12 12:46:21 ART Date: 2026.06.12 15:59:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.12 16:25:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.12 16:26:24 -03:00
Fin de la sentencia