Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 30.630-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución Nro. 9898/2014 (DE PRLA) en cuanto fue materia de agravio, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-18078258-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 20 de Febrero de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ABAD TEJIDOS SACIFI c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, TFN N° 39.843-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 11/17 y vta. se presenta la firma ABAD TEJIDOS SACIFI, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 9898/2014 de fecha 30 de diciembre de 2014, dictada en el marco de las actuaciones 13806-187-2010, por la que se la imputó por la comisión de la infracción prevista en el Art. 954 inc. a) del C.A., intimando el pago de $ 219.725,74 en concepto de multa y US$ 48.614,76, con más los intereses resarcitorios que pudieren corresponder conforme prevé el Art. 794 del C.A. Primeramente realiza un breve relato de los hechos que motivaron la presente causa, y pone de manifiesto los argumentos de la resolución recurrida elaborados por el fisco. Plantea la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, sosteniendo que el plazo de la prescripción acaeció en el mes de marzo de 2015 debiendo el servicio aduanero notificar la resolución definitiva dentro de los 5 (cinco) días desde su dictado.
Subraya que de la compulsa de las facturas comerciales de cada uno de los despachos, puede advertirse que la condición de venta concertada por las partes fue CIF, pese a ello al tiempo de realizar la declaración detallada la empresa consignó mal la información que compone el valor de la mercadería, lo cual generó que la empresa pagara los derechos de importación por un importe mayor. Destaca que los valores declarados como FOB en realidad son CIF y que, en lugar de haberles adicionado el costo del seguro y el flete, se los tendría que haber deducido. Detalla mediante un cuadro los valores involucrados en los permisos de embarque en cuestión, y afirma que la empresa ha pagado los derechos de importación calculando su importe sobre una base imponible superior a la que efectivamente hubiera correspondido.
Destaca que habiéndose producido la verificación obligatoria que impone el trámite de Canal Rojo, el valor no solo no fue observado, sino que además prestó su conformidad interviniente del ramo. Pone de manifiesto que nuestro país adoptó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) dentro del cual se encuentra para la aplicación del Art. VII, y que la valoración de las mercaderías importadas debe ser realizada por orden de prelación y que en las transacciones bajo análisis se cumplen todas y cada una de las condiciones y exigencias previstas por la norma para la aplicación del primer método de valoración, no encontrándose acreditadas las razones del servicio aduanero para apartarse del mismo.
Resalta que el escueto análisis del valor obrante a fs. 4 de las actuaciones administrativas carece de contenido y no reúne las condiciones legales exigidas para ser considerado el elemento causa de un acto administrativo, y que el ajuste de valor realizado carece de seriedad suponiendo una manifiesta violación de derecho de defensa a partir de ignorar la causa y desconocer las pruebas y fundamentos idóneos para oponer su defensa. Impugna la liquidación de tributos por haber sido liquidada e intimada en una moneda distinta a la del curso legal, citando normativa y jurisprudencia al respecto. Remarca que la existencia de elementos que justifican un ajuste de valor no es causa suficiente para constituir la infracción de declaración inexacta, cita jurisprudencia y doctrina al respecto, y que ha declarado en la destinación bajo análisis el valor de las mercaderías correctamente, los cuales coinciden con el precio expresado en las facturas comerciales.
Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se dicte sentencia declarando la prescripción invocada y, subsidiariamente, se revoque la resolución apelada en lo que ha sido objeto de apelación, con costas a cargo de la demandada.
II. Que a fs. 26/28 y vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. En primer lugar realiza un breve resumen del objeto de la causa y de lo actuado en sede aduanera. Asimismo, niega todas y cada uno de las afirmaciones de la actora, tanto como la documentación por ella acompañada, excepto aquella que sea objeto de su reconocimiento expreso por no constarle su autenticidad. Seguidamente contesta el planteo realizado por la actora en relación a la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos, advirtiendo que cuando se tramitó el sumario se suspendió la prescripción, en tanto que con la notificación de la liquidación de los tributos se interrumpió. En relación a los agravios vertidos respecto al ajuste de valor, manifiesta que se ha detectado una inconsistencia en la condición de venta CIF en el campo correspondiente a la declaración del FOB total, ya que el valor consignado fue coincidente con el precio CIF documentado en la factura, dando ello lugar a un posterior estudio comparativo con mercadería similar, que arrojó una diferencia tributaria. Subraya que el Código Aduanero establece como principio la inalterabilidad de la declaración aduanera, que cede solo en casos verdaderamente excepcionales, por lo que entiende que existió una declaración inexacta. Destaca que en la materia predominan las infracciones constituidas por la simple omisión o comisión antijurídica, y que el pretendido error no exime de responsabilidad a la actora, toda vez que no hace falta “la intención”. Asimismo señala que la actora no se trata de un profano comerciante sino de una entidad que ejerce una actividad profesional que cuenta con el debido asesoramiento por parte de los distintos empleados que conforman su cuerpo técnico laboral. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, plantea la cuestión federal y solicita que, oportunamente, se dicte sentencia rechazando el recurso incoado con costas a la actora.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 13806-187-2010 se inician a fs. 1 el acta de denuncia 116/2010. A fs. 2 obra el sobre contenedor del despacho de importación para consumo N° 05 001 IC04 069650 S, en tanto que a fs. 3 obra el sobre del despacho N° 05 001 IC04 072683 S. A fs. 4/5 surge la Nota 368/09, a través de la cual se realiza el ajuste de valor de los despachos de importación para consumo mencionados. A fs. 6/7 surgen las liquidaciones en relación a las diferencias de los tributos. A fs. 10 obra el auto de apertura de sumario, en tanto que a fs. 13/13 y vta. surge la corrida de vista a la firma ABAD TEJIDOS SA y al despachante de aduana Sergi Juan Carlos. A fs. 18/22 y vta. la firma ABAD TEJIDOS SA contesta la vista conferida. A fs. 49 se declara rebelde al despachante de aduana Sergi Juan Carlos por no haber contestado la vista conferida. A fs. 50/52 se acompañan las impresiones de pantalla del sistema informático malvina del antecedente utilizado como mercadería similar a la importada. A fs. 57/59 y vta. surge la Resolución DE PRLA N° 9898/2014. A fs. 60/60 y vta. obra el dictamen 968/15, y a fs. 61/63 la Resolución N° 1065/15 mediante la cual se aprueba la Resolución DE PRLA N° 9898/2014. A fs. 91 la firma ABAD TEJIDOS SA informa que ha interpuesto recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación y acompaña el formulario F4.
IV. Que, en primer término, corresponde entender en la cuestión de prescripción opuesta por la firma recurrente respecto de los tributos aduaneros.
Bajo tales premisas, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de 5 años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2006, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que los hechos gravados controvertidos en autos tuvieron lugar en el año 2005, en ocasión de la oficialización de las respectivas destinaciones de importación a consumo), debiendo haber operado el 1/1/2011, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el 2 de noviembre de 2010 en que se dispuso la apertura del sumario (vide fs. 10 act. adm.), es decir, ya transcurridos 4 años, 10 meses y 2 días, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
V. Que teniendo en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 - voto del Dr. Garbarino-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
VI. Que, en tal sentido, cabe colegir que si bien desde el auto de apertura de sumario (2/10/2010) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 30 de diciembre de 2014- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo –que fuera aprobado mediante la resolución Nro. 1065/2015 (SDG TLA) en fecha 6/7/2015- NUNCA se notificó, y la empresa recurrente recién tomó vista del mismo el día 17 de diciembre de 2018 (confr. fs. 90 vta. act. adm.), en exceso del plazo legal y cuando el curso de la prescripción había fenecido, constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar.
En efecto, toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415.
En tal sentido, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Por ello, la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinta día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
VII. Que, por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la toma de vista –jamás existió notificación aduanera- de la resolución aquí apelada, por lo cual correspondería hacer lugar a este planteo; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años –en el caso fueron casi cuatro-, lustros, decenios, etc.) una resolución suscripta antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados.
VIII. Que, por lo demás, entiendo que la forma en que propicio que se resuelva el presente agravio es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.). No obstante, habida cuenta la inveterada y mayoritaria jurisprudencia del Tribunal Fiscal y de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en el aspecto prescriptivo –cuya solución difiere de la doctrina sustentada en tal sentido por la Vocalía de la 16° Nominación-, el modo en que dicho planteo es habitualmente decidido por los otros Vocales -como así también por la propia Alzada- ante situaciones fácticas sustancialmente análogas a la presente litis, a los estrictos fines de formar mayoría y por razones de celeridad y economía procesal, se procede a votar el fondo del asunto, prescindiendo del criterio particular del suscripto en la materia, por devenir minoritario, sin imposición de costas. ASÍ LO VOTO.-
IX. Que, bajo tales postulados, resta dilucidar en autos si la multa de $ 219.725,74 por presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 954, ap. 1), inciso a), del Código Aduanero en relación a las destinaciones de importación 05001IC0469650S y 05001IC0472683S, que fuera impuesta en el artículo 1° de la resolución apelada, se ajusta a derecho, en cuanto ha sido materia de recurso.
En tal sentido, corresponde puntualizar que la condena impuesta por la comisión de la infracción al artículo 954, ap. 1), inciso c) del citador ordenamiento legal no ha sido materia de agravios ante esta instancia, por lo que no corresponde pronunciarse sobre un planteo que no ha sido peticionado por la interesada, màxime cuando la jurisdicción de este Tribunal se encuentra en este supuesto limitada por los términos del escrito en recurso (confr. doctrina de Fallos: 296:291; 302:283; entre muchos otros).
X. A tal efecto, es necesario recordar que el artículo 954 del CÓDIGO Aduanero, en lo que aquí interesa, establece: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio.
En tales condiciones, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el bien jurídico tutelado por el citado precepto -que sanciona las declaraciones inexactas-, es, según su Exposición de Motivos, el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería objeto de una operación o destinación aduanera, pues en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación, reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 315:929; 321:1614; 325:786, 830 y 333:300, entre otros).
XI. Que, bajo tales premisas, corresponde analizar si la multa endilgada con motivo de la infracción prevista en el artículo 954 de la ley 22.415, se encuentra ajustada a derecho en razón de los hechos acaecidos en el presente expediente. Del análisis de las actuaciones administrativas, se observa que en las carpetas de los despachos de importación (05 001 IC04 069650S y 05 001 IC04 072683S) el valor declarado como valor FOB total, coincide con el valor CIF que es el resultante de lo pactado comercialmente y que surge de las facturas de compra de la mercadería. La actora ha utilizado ese valor equivocado y le ha incorporado el flete y el seguro, tomando dicho valor total como el valor en aduana de la mercadería, a partir del cual se calculan los tributos a pagar. Por ende, mediante este análisis se puede observar que ha incurrido en un error para determinar la base imponible. Sin embargo, no puede determinarse en el caso de autos que, como emana del inc. a) de la citada norma, exista un perjuicio fiscal, toda vez que la firma actora ha tomado una base imponible superior a la que debiera haber utilizado, habiendo abonado –consecuentemente- un monto superior en concepto de tributos.
En definitiva, se observa que no se ha configurado el referido perjuicio fiscal (art. 954, inc. a), C.A.) que ha imputado el servicio aduanero en el artículo 1° de la Resolución apelada en la especie, en virtud de que la empresa recurrente ha tomado una base imponible superior para realizar el cálculo de los tributos, circunstancia que determina que las arcas del Estado no han sufrido perjuicio alguno en virtud de dicho error. Por lo tanto, resulta ajustado a derecho revocar la Resolución Nro. 9898/2014 (DE PRLA) en cuanto ha sido materia de agravio, con costas a la DGA.
XII. Que por la forma que se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios introducidos en la litis. Que, por todo lo expuesto, VOTO por:
Revocar la Resolución Nro. 9898/2014 (DE PRLA) en cuanto fue materia de agravio, con costas a la DGA. El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que los hechos han sido relatados en los puntos I al III del voto del dr. Garbarino, a los cuales me remito por razones de método y de economía.
II. Que, en primer lugar, corresponde expedirse sobre el planteo de prescripción de la acción tributaria esgrimido por la recurrente.
Al respecto, cobra relevancia lo normado en los artículos 803 y 804 del Código Aduanero, en cuanto establecen que el plazo de vigencia de la potestad del Fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera es de cinco (5) años, a contar desde el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado o, en caso de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, el primero de enero del año siguiente a la fecha de dicho incumplimiento.
Así, teniendo en cuenta las fechas de oficialización de las destinaciones en cuestión (03/06/2005 y 09/06/2005), cabe señalar que, en el caso de autos, el cómputo del plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2006. Ahora bien, para dar solución al planteo en análisis, es útil recordar que el artículo 805 inc. a) del C.A. establece que la prescripción de la acción tributaria se suspende “(...) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión (...)”. En este orden de ideas, el plazo prescriptivo empezó a correr en fecha 01/01/2006 y fue suspendido el 03/11/2010, con el dictado del acto de apertura de sumario en los términos del art. 1090, inc. c) del C.A. Siendo menester agregar que dicha suspensión se mantiene al día de la fecha, en tanto la norma es clara en determinar como límite temporal, para el efecto suspensivo asignado al acto de apertura del sumario, a la existencia de una “decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”.
Es prístino, para quien suscribe, que una decisión –o acto administrativo– recién deja habilitado el ejercicio de la acción –para su ejecución– cuando ésta adquiere firmeza, lo que solamente puede darse una vez transcurrido el plazo previsto en la norma para su cuestionamiento, lo que, a su vez, comienza a transcurrir desde su notificación al pretenso obligado.
Entiéndase, esa decisión administrativa –revestida de ropaje de sentencia– no puede ser ejecutada mientras no sea notificada ni temporáneamente cuestionada por aquél a quien se pretende exigir el cumplimiento de lo allí exigido, ergo, la suspensión prevista en la norma se encuentra en pleno vigor y por ello debe rechazarse el planteo prescriptivo introducido por la actora.
En virtud de lo expuesto, cabe declarar que la acción del Fisco para percibir tributos se encuentra suspendida desde la apertura del sumario, por lo que, corresponde rechazar el planteo incoado por la recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, sin costas.
III. Corresponde entonces adentrarse en el análisis de los agravios de la actora en relación a la cuestión de fondo. La recurrente cuestiona la legitimidad de la pretensión tributaria y la existencia de conducta infraccional en los términos del artículo 954, inciso a) del C.A.
En este sentido, cabe destacar que la denuncia formulada en sede aduanera tiene dos fundamentos: (i) el haber consignado en el campo “FOB Total” correspondiente a las Destinaciones N° 05 001 IC04 069650 S y 05 001 IC04 072683 S un importe idéntico al precio CIF documentado en las facturas comerciales; y (ii) la comparación de dichos valores con los documentados en otras operaciones de mercadería similar (conf. fs. 4/5 de las actuaciones administrativas).
Respecto al primer fundamento, es dable observar que la conducta desplegada por la importadora no encuadra en la conducta infraccional del artículo 954, ap I inciso a) del C.A. Ello por cuanto, el accionar descripto, lejos de generar el perjuicio fiscal requerido por la norma, produjo el pago de mayores tributos a los que hubiese correspondido, al elevarse el monto expresado como base imponible en el campo “Valor en Aduana” en función de contener dos veces el importe correspondiente a los gastos de seguro y flete (los que ya se encontraban incluidos en el precio de factura, que indicaba la cláusula “CIF” como condición de venta, y no fueron detraídos al conformar el campo “FOB Total”).
Que lo anterior se corrobora con lo informado a fs. 5 de las actuaciones administrativas, dado que al compararse el “Valor en Aduana declarado” contra el “Valor en aduana s/factura”, surge que el primero –es decir, el que fuera tomado como base imponible para el cálculo de los tributos abonados en las operaciones– es el de mayor monto. En relación al segundo fundamento de la denuncia, cabe resaltar que si bien al inicio de las actuaciones administrativas se estimó el importe del perjuicio fiscal en base a una “diferencia de base imponible”, en aquel entonces no se detallaron las operaciones de mercadería similar que se habrían tomado como antecedentes comparables.
Que es recién a fs. 50/52 de las actuaciones administrativas, luego de contestada la vista otorgada a la actora en sede administrativa, que se individualiza una operación que habría sido utilizada para la “determinación del valor definitivo” y tomada como base para calcular el perjuicio fiscal atribuido a las operaciones objeto de autos. Que dicha operación, utilizada como antecedente, es la misma que se menciona en la contestación de oficio producida en esta instancia a fs. 49/60.
En estos términos, la circunstancia de haber objetado los valores documentados en las operaciones de autos en base a un solo antecedente, impide analizar y constatar fechacientemente la inexactitud reprochada en relación a los mismos, tornando en infundada y arbitraria a la sustitución del valor en aduana de las mercaderías importadas. Que todo ello redunda en la ausencia de demostración del perjuicio fiscal requerido por el tipo infraccional del artículo 954 ap 1, inciso a) del C.A., imponiéndose la revocación de la Resolución N° 9898/2014 (DE PRLA) en lo que ha sido materia de agravios, con costas.
IV. Que no corresponde adentrarse en el análisis de la condena impuesta por la comisión de la infracción al artículo 954, apart 1 inciso c) del C.A., atento que la misma no ha sido materia de agravios ante esta instancia, por lo que ha quedado consentida.
V. Por lo hasta aquí expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos opuesto por la actora, sin costas.
2. Revocar la Resolución N° 9898/2014 (DE PRLA) en cuanto fue materia de agravio, con costas a la D.G.A. Así lo voto.-
Por ello, SE
Revocar la Resolución Nro. 9898/2014 (DE PRLA) en cuanto fue materia de agravio, con costas a la DGA. Regístrese. Notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.02.20 17:40:07 ART Date: 2026.02.20 22:12:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.20 22:13:24 -03:00
Fin de la sentencia