Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI-118358
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al pedido de producción de prueba formulado en la expresión de agravios de la demandada.
2Revocar la sentencia apelada, rechazándose en consecuencia la demanda, con costas en ambas instancias en el orden causado.
Nro de Orden:
Libro: S-205 Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 4 Dptal Expte: SI-118358 Juicio: ABARIA PABLO DANIEL C/ MONDELEZ ARGENTINA SA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Marzo de 2021, se reúnen en Acuerdo continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y TOMAS MARTIN ETCHEGARAY, quien interviene por haberse realizado el sorteo del presente expediente cuando integraba la Sala en su carácter de Presidente de esta Excma. Cámara (Ac. Extraordinario del 12/06/2020, arts. 35 y 36 de la ley 5827; art. 4° del Ac. Extraordinario del 25/09/2008, publicado en el Boletín Oficial el 06/12/2010, pags. 12.609/12.610), con la intervención de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-118358 , en los autos: “ABARIA PABLO DANIEL C/ MONDELEZ ARGENTINA SA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1°.- ¿Debe hacerse lugar al pedido de producción de prueba de la demandada formulado en el punto III.E de su expresión de agravios?
2°.- En caso negativo, ¿es justa la sentencia apelada?
3°.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Tomás M. Etchegaray.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. En el punto III.E de su expresión de agravios la empresa demandada dice que al momento de dictarse sentencia estaba pendiente la prueba informativa por ella ofrecida consistente en exhortos diplomáticos a SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certificatión y DNV GL – Business Assurance, pese a que había sido denunciado en el escrito electrónico de fecha 22/07/20 donde se pidió la prórroga del plazo probatorio, el que no fue agregado en autos por lo que quedó sin proveer. Dice que el oficio a Cancillería fue diligenciado y el 18/09/20 la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional informó al juez y a la demandada que en esa fecha se había solicitado a las autoridades respectivas información sobre el estado de dichos trámites.
Expresa que si bien el art. 370 del C.P.C. establece que una vez vencido el plazo extraordinario de prueba, el juez puede dictar sentencia, para el supuesto de que esta Sala considere que dicha prueba es esencial para dictar sentencia, solicita que permita a Mondelez continuar con su producción y ordene el oficio reiteratorio a Cancillería.
II. La expresión de agravios fue sustanciada sin que la actora se expidiera al respecto. Tampoco se pronunció la Fiscalía de Cámara.
III. El art. 493 del C.P.C. establece que el juez en el proceso sumario puede dictar sentencia si hubiese prueba pendiente de producción, sin perjuicio de que en la Cámara se considere la misma si fuere agregada al hallarse los autos en la alzada.
Esto último no ha ocurrido, pero no considero esencial la producción de dicha prueba (art. 370 C.P.C.). Además, señalo que los autos para sentencia dictados por el juez “a quo” de fecha 7/08/20 quedaron consentidos, y así se dejó constancia en la MEV con fecha 20/08/20.
Por ello, VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Dr. Tomás M. Etchegaray, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia de fecha 21/08/20 es apelada por ambas partes quienes expresan agravios en forma electrónica, siendo contestados los de la demandada. La Fiscalía de Cámara contesta la vista conferida. Como medida para mejor proveer, esta Sala pidió la remisión de los autos “Abaria c. Mondelez Argentina S.A. s/Dilig. Preliminares” y recibido los mismos, los autos están en condiciones de ser fallados.
II.- 1.- El sr. Pablo Daniel Abaria promovió demanda contra Mondelez Argentina S.A. por indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de haber ingerido una galletita marca Manón de la línea Terrabusi fabricada por la accionada comprada en un quiosco. Dijo que el 22/04/16 al dar el primer mordisco a la galletita sintió un malestar en una pieza dental, y, forzando el alimento para retirarlo de la boca, percibió un hilo resistente que pasaba por el centro del producto, por lo que, con minuciosidad y sigilo logró retirarlo quedando pendiente de la mitad no mordida. Expresó que no sólo perjudicó la pieza dental sino que percibió un intenso malestar estomacal y emocional de desagrado y disgusto, que le provocó vómitos, debido a lo cual debió someterse a una consulta médica ya que el cuadro se intensificaba con el tiempo.
Continuó narrando que presentó la queja por mail a “atención al cliente” de la demandada, la que, consciente de su responsabilidad, pretendió mitigarla enviándole por vía postal cajas de galletitas. Agotada la vía administrativa, inició un expediente de diligencias preliminares, que determinó la presencia de un material no metálico en la muestra, correspondiente a un trozo de cordel de algodón (piolín), cuerpo extraño, motivo suficiente para considerar no cumplido el Código Alimentario Argentino; o sea, no prohibido para su comercialización.
Por tal razón reclamó la fijación de sumas por daño punitivo ($ 500.000), daño moral ($ 270.000), y gastos por gestiones extrajudiciales y judiciales ($ 30.000).
2. Contestó Mondelez Argentina S.A. Dijo que en las audiencias realizadas ante la Dirección de Defensa del Consumidor su parte intentó llegar a un arreglo pero no fue posible porque el actor prentendía una suma exagerada, y señaló vicios en la tramitación de la diligencia preliminar (en realidad, prueba anticipada), que no le permitieron ejercer su derecho, por lo que era todo nulo. No obstante, observó que el perito dictaminó que el trozo de cordel hallado no “presentaría” riesgos para la salud.
Luego de negar todos los hechos expuestos en la demanda, reconoció el intercambio de correos electrónicos por medio de los cuales el actor había reconocido que tenía problemas estomacales hacía años y que no había ingerido el piolín. Dijo que la prueba anticipada no había probado que el elemento extraño hubiera provenido de la fábrica de su mandante, y que solamente había confirmado que había un elemento extraño en el producto totalmente inofensivo.
Adujo que el actor no había sufrido daño alguno, que no había acompañado constancias de haber sido atendido por un odontólogo, y que de los certificados médicos agregados no surgía que las enfermedades en ellos referidas tuvieran vinculación con el hecho denunciado en la demanda. Dijo que el mismo actor decía que recién diez después del hecho había experimentado vómitos, que no había ingerido el piolín y que no podía pasarse por alto que el actor no reclamaba por daño físico, y que el daño moral en materia contractual debía interpretarse en forma restrictiva. Cuestionó la procedencia del daño punitivo.
3. Producida la prueba, se dictó sentencia haciéndose lugar a la demanda por el daño moral, con costas, pero rechazando el daño punitivo y derivando el daño material para la etapa de liquidación. Para así decidir el juez dio por probada la ocurrencia del hecho (existencia de un trozo de cordel o piolín en la galletita) con el dictamen del perito ingeniero químico de la prueba anticipada, pero consideró que el actor no lo había tragado, ya que sólo lo había mordido y al encontrar el piolín había retirado la galletita de la boca. Dijo que no se había acreditado el daño en una pieza dental y que la descompostura y los vómitos eran problemas que arrastraba desde antes conforme reconoció al ser interrogado libremente en la audiencia realizada.
No obstante, teniendo en cuenta lo prescripto por los arts. 5 y 40 de la L.D.C. consideró que la indemnización correspondía por daño moral, el que, frente a lo leve del daño, fijó en la suma de $ 1.000. Desestimó la indemnización por daño punitivo por entender que no se había probado una culpa grave, negligencia grosera o conducta temeraria, sino que, por el contrario, la empresa había tomado acciones para evitar que lo sucedido se repitiera. En cuanto a los gastos resolvió que, en la medida que eran por lo irrogado en forma extrajudicial y por la promoción del juicio, debían computarse en la liquidación definitiva. Fijó intereses a la tasa abonada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por los depósitos a treinta días.
III.- 1.- La parte actora se agravia diciendo que la sentencia se reduce al absurdo dado que, por un lado hace lugar a la pretensión pero otorga un monto ridículo que tiene como efecto negar el derecho en que se basa para hacer lugar a la misma. Sostiene que altera el principio lógico de “no contradicción”.
Expresa que la sentencia se inscribe en la teoría de la insignificancia, que responde al principio romano “de mínima non curat praetor”, pero que es cuestión de otro fuero (en materia penal, con cita de autores). En el caso – alega – el monto indemnizatorio concedido es alegórico, rayano en la burla, dado que no alcanza a cubrir los gastos en fotocopias. Sostiene que la demandada ha transgredido el deber de seguridad y el principio de confianza impuesto al proveedor en su carácter de experto; o sea, el deber de impedir o de neutraliza los efectos perjudiciales de la actividad contratada en el marco de la relación de consumo conforme al art. 5 de la LDC.
Se agravia de la valoración de la prueba pericial llevada a cabo en el expediente de diligencias preliminares, donde el perito dictaminó que el alimento en las condiciones expuestas era prohibido por el Código Alimentario Argentino. Expresa que el modo potencial empleado por el experto – “desde el punto de vista microbiológico no presentaría riesgo a la salud” – no puede llevar a hacer cargar a su parte con la prueba, dado que debe aplicarse la carga probatoria dinámica en el caso.
Pide que se efectúe una nueva valoración de los daños directos alegados, conforme al certificado médico de fecha 2/05/16 acompañado, en el entendimiento de que consumir un alimento con un elemento extraño implica un grado de probabilidad considerable de sufrir un malestar digestivo según el curso ordinario de las cosas.
Afirma que en el caso rige el criterio de la “tolerancia cero”, de acuerdo al cual determinadas actividades como la fabricación, envasado, distribución y comercialización de productos alimenticios y medicamentos exigen del proveedor una máxima diligencia que debe apreciarse en los términos del art. 1725 del C.C.C.
Se agravia del rechazo del daño punitivo sobre la base de la conducta “ex post” de la empresa relatada por los testigos (empleados de la demandada), ya que es como validar un accidente de tránsito por un desperfecto mecánico porque luego se toman medidas para repararlo. Sostiene que el riesgo para la salud que implica que se encuentre un elemento extraño en un producto justifica la multa civil por daño punitivo, de forma de hacer que los proveedores de productos destinados al consumo humano pongan el máximo de diligencia para prevenir hechos futuros semejantes. Dice que en la audiencia videograbada los expertos y analistas de control de procesos de calidad declarantes dieron cuenta de reclamos de todo tipo por la existencia de elementos en los productos de la empresa (como tornillos) y que el caso “Abaria” produjo una revolución al descubrir fallas en las lonas transportadoras de la masa con que se fabrican las galletitas, lo que hizo que se cambiaran por otras “sanitarias” y la implantación de métodos para la detección temprana. En otro orden, expresa que debe tenerse en cuenta que en el expte. administrativo de Defensa del Consumidor de Luján no se sancionó a la demandada por lo que no existe riesgo de doble imposición.
Se agravia de que la sentencia derive a la etapa de liquidación el cómputo de los gastos extrajudiciales incurridos ya que están reconocidos por el art. 1740 del C.C.C. y de que se condene a pagar intereses a la tasa pasiva, solicitando que se aplique la tasa activa.
Finalmente dice que debe aplicarse el principio “in dubio pro consumidor”.
2. Se agravia la demandada de que la sentencia haga lugar al reclamo por daño moral y gastos siendo que la actora no acreditó afectaciones morales ni la efectiva erogación de los gastos denunciados, como así también de la imposición de las costas.
Alega que la sentencia incurre en incongruencia y autocontradicción dado que reconoce que el actor no tragó el piolín y no acreditó la supuesta rotura de la pieza dental, y que, conforme reconoció en la audiencia confesional, la descompostura y vómitos los sufría desde que tenía uso de razón, pese a lo cual fija una indemnización por daño moral. Recuerda que la pericia consideró que desde el punto de vista microbiológico no presentaría riesgos para la salud.
Sostiene que no existió un obrar antijurídico en los términos del art. 5 de la L.D.C. y que quedó acreditado que la empresa apenas supo del hecho tomó todas las medidas necesarias para evitar que volviera a ocurrir.
Dice que el actor no probó padecimiento espiritual justificante de daño moral, el que es de interpretación restrictiva en materia contractual, y señala que en el intercambio por correo electrónico el actor agradeció la atención recibida, que esperaba que todo fuera para el bien de la empresa y que no cambiara su prestigio. Sostiene que las situaciones de disgusto no dan lugar a la reparación por daño moral.
En relación a los gastos, dice que aún cuando se tomaran por válidos los comprobantes acompañados la suma sería de $ 3.791,78 y no los $ 30.000 pedidos.
Se agravia de la imposición de la totalidad de las costas en cabeza de la accionada, dado que, aún cuando se confirmara la sentencia deberían imponerse por su orden en virtud del 2do. párr. del art. 68 y del art. 71 del C.Proc.
3. En la contestación de los agravios, la actora pide que se desestimen y que se apliquen sanciones a tenor del art. 45 del C.P.C. por expresiones vertidas por la demandada.
4. Al contestar la vista conferida, la Fiscalía de Cámara dice que comparte los argumentos de la demandada por no haberse acreditado el daño alegado. Señala que no es posible forzar, por aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba, la interpretación favorable al consumidor cuando no se cuenta con uno de los elementos esenciales para que el demandado sea obligado a responder.
IV. Responsabilidad.
1. ¿Surge de autos daño resarcible?
No llega cuestionada a esta instancia la existencia del hecho que motiva la demanda. Es decir, que el actor, al intentar consumir una galletita “Manón” fabricada por Mondelez Argentina S.A., sintió que contenía un cordel o “piolín”. El hecho ha sido dado por acreditado en la sentencia, y es de señalar que las declaraciones testimoniales prestadas en autos por empleados de la demandada que cumplen funciones en el proceso de control de calidad de los productos dieron por sentado que el hecho tuvo lugar.
Pero lo que sí llega controvertido es que el hecho causó un daño resarcible al actor. Mientras la accionada afirma que no tuvo entidad alguna como para ser considerado como daño, el actor, naturalmente, dice lo contrario, y, como ha sido referenciado, insiste en que en materia alimentaria debe primar la “tolerancia cero”.
El art. 5 de la LDC establece que los bienes y servicios deben ser suministrados o prestados de forma tal que, utilizados en forma previsible y normal de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios. Ahora bien, el Cap. X de la misma ley contempla la responsabilidad por daños y no escapa a las reglas generales de la responsabilidad civil en cuanto al daño se refiere. Es así que el art. 40 bis prescribe que el daño directo es todo perjuicio o menoscabo producido al consumidor susceptible de apreciación pecuniaria ocasionado de manera directa sobre sus bienes o sobre su persona. La norma establece las condiciones en que los órganos administrativos de aplicación de la ley pueden fijar las indemnizaciones, y aclara que ello no se aplica a la violación de derechos personalísimos, la integridad corporal y psicofísica, las afectaciones espirituales legítimas y al proyecto de vida en general, que deja librado a los órganos judiciales.
Tradicionalmente la jurisprudencia y la doctrina han sostenido que el daño, como elemento de la responsabilidad civil, debe ser cierto y no eventual (S.C.B.A., Ac. 33.797 del 18/06/85; Ac. 46.097 del 17/03/92; C. 92.796 del 4/05/11; Ac. 79.556 del 20/12/16, C 101.593 del 14/04/20, entre varias; Trigo Represas-López Mesa, “Tratado de la responsabilidad civil”, La Ley, Bs. As., 2004,T. I, p. 412 y ss.). Ello ha sido recogido expresamente por el art. 1739 del C.C. que para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Veamos el caso de autos. En la demanda el actor narró que se hallaba “presto a ingerir una galletita”, “momento en el cual y al dar el primer mordisco siento un malestar en una pieza dental, forzando el alimento para retirarlo de mi boca, logro percibir un hilo resistente que pasaba por el centro del producto, con minuciosidad y con sigilo logré retirarlo quedando pendiente de la mitad no mordida” (fs. 31vta.). Lo primer que surge del relato, entonces, es que no ingirió el hilo sino que logró retirarlo de su boca. A continuación dijo: “No sólo perjudiqué dicha pieza dental sino que…”. No obstante no dijo que hubiera concurrido a ser asistido por un odontólogo, no acompañó documental alguna de que así hubiera sido, ni tampoco siquiera se intentó probar en autos. Segunda conclusión: no está probado el “perjuicio” a una pieza dental.
Continuó diciendo que experimentó un intenso malestar estomacal y emocional de desagrado y disgusto que le provocó vómitos, debido a lo cual, con posterioridad, se sometió a una consulta médica por el cuadro de intensificación en el tiempo, conforme certificado médico de fecha 2/05/16.
Lo primero que se advierte es que el malestar estomacal no debe haber sido tan intenso si recién concurrió a un médico diez días después. El certificado médico de fs. 5 sólo deja constancia de haber asistido al paciente por cuadro de vómitos y diarrea; nada dice acerca de la causa del mismo, y, como dice el juez, el actor reconoció en la audiencia confesional (audiencia videograbada, CD agregado a fs. 378) que desde mucho antes padecía problemas estomacales, gastrointestinales agudos, vómitos y diarrea. Además así se lo dijo a la empresa por vía del mail enviado el 28/04/16 (fs. 10). Aclaró sí en la audiencia que después del episodio de autos, ello se agravó y dijo que un mes después del hecho se operó, pero ninguna prueba idónea (v.g.: historia clínica, pericial médica) se agregó en autos demostrativa de que la necesidad de la operación haya tenido alguna relación causal con el intento de comer una galletita que contenía un pedacito de hilo en su interior. Se suma a todo ello que el dictamen pericial de la prueba anticipada dijo que el elemento extraño hallado (de 1 cm., fs. 38 del expte. de Dilig. Preliminares) desde el punto de vista microbiológico no presentaría riesgo a la salud (fs. 43 de igual expte.).
Es posible que el actor haya tenido una sensación de desagrado al percibir algo extraño al morder la galletita y advertir que se trataba de un hilo, pero ¿es ello un daño indemnizable?, ¿es catalogable de daño cierto y subsistente?
Esta Sala se ha pronunciado a favor de la indemnización del daño moral mínimo, en especial cuando de afectación de derechos del consumidor se trata (causas n° 111.134, “Coronel, Pedro c. La Nueva Bailanta”, sentencia del 28/06/07; 109.017, "Molanquino c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires", 15/02/05; 117.524, “Vagni c. Zurita del Matilde Zavala de González, en un magistral trabajo (“Los daños morales mínimos”, L.L. 2004-E-1311; sobre el daño moral en las relaciones de consumo: causa nro. 117.024 del 18/12/2018; 117.437 del 07/05/19; 114.457 del 29/08/13, 118.312 del 05/02/21; SCBA LP 115486 S 30/09/2014, CC0002 AZ 62827 85 S 05/06/2018, CC0201 LP 120537 rsd 286/16 S 25/10/201, CC0102 MP 161454 263-S S 03/11/2016, CC0002 QL 16462 113/15 S 07/08/2015, CC0002 QL 16312 49/15 S 16/04/2015, CC0001 LM 213 RSD-25- S 09/09/2004; JUBA), pero en el caso de autos no advierto que el episodio de intento de comer la galletita (reitero: intento) pueda ser calificable como daño cierto. Adviértase que el mismo actor en su expresión de agravios se introduce en la teoría de la insignificancia del daño y cita doctrina de importantes autores penalistas, pero no llega a explicar por qué ello sería aplicable en materia penal pero no en materia civil.
La tesis de la “tolerancia cero” en materia de productos alimenticios volcados al mercado en forma masiva implica que deben analizarse con suma estrictez cualquier excusa que el proveedor pueda esgrimir, pero no puede significar que se indemnice un daño inexistente. El fallo de la Sala B de la C.N.Com. en los autos “B., J. R. vs. Coto Integral de Comercialización S.A. s/ Ordinario” del 10/03/16 (Rubinzal Online 8169/2013; RC J 2039/16), donde se sostuvo esa tesis fue muy distinto al presente. En efecto, se trató de una demanda deducida contra la cadena de comercialización por la venta de tres cajas de sorrentinos en mal estado de conservación (conforme análisis bromatológicos, lo cual había dado lugar a la imposición de una multa administrativa) con doble etiquetado; es decir, adulterada la fecha de vencimiento por superposición de fechas, razón esta por la cual el tribunal entendió que el fabricante, en lugar de destinarlas al descarte una vez expirada la fecha durante la cual resultaban aptas para el consumo, les insertó una nueva fecha de vencimiento para venderlas. Es decir, la Cámara entendió que había habido por parte de la empresa supermercadista una conducta dolosa o, al menos, culpa grave, y valoró también que se había desinteresado de atender las quejas formuladas por la actora.
Destaco que en el caso de las patitas de pollo en mal estado vendidas por un local de Mc Donald´s fallado por la Suprema Corte provincial (C 117.760 ,“G., A. C. c. Pasema S.A. y otros” del 1/04/15), se establecieron importantes pautas sobre régimen de la prueba en materia de daños en las relaciones de consumo (especialmente acerca del art. 53 de la LDC), pero la cuestión versó sobre la acreditación o no de la relación de causalidad entre el daño denunciado y la venta por parte de la demandada; la ingesta del producto por parte de los menores actores no estuvo en discusión. La situación planteada en esta instancia, en la que una parte, pese a admitirse la demanda, dice que la sentencia es autocontradictoria por fijar una suma ridícula, y la otra también la califica de esa manera pero por establecerla – no es otra cosa que la consecuencia de que el daño, si lo hubo, fue insignificante; o sea, no reúne las exigencias del art. 1739 del C.C.C. Concluyo, entonces, compartiendo el dictamen del Ministerio Público, que no puede hablarse de daño moral en el caso de autos (art. 1741 C.C.C.).
2. La multa civil (daño punitivo) pedida.
Descartado que el actor haya sufrido daño resarcible, corresponde analizar si corresponde fijar la multa civil contemplada por el art. 52 bis de la LDC que también pidiera, y que, denegada, motiva los agravios ya reseñados. La pregunta es: ¿puede el juez establecer un monto por daño punitivo si no hay daño resarcible?
El art. 52 bis establece que el juez puede aplicar una multa civil a favor del consumidor, que debe graduarse en función de la gravedad del hecho y de las circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. A mi juicio, el término “independientemente” no puede leerse como que habilita al consumidor a pedir la multa civil si no ha sufrido un daño. Es que lo que no puede perderse de vista es que, aunque se trata de relaciones de consumo, estamos en el campo de la responsabilidad civil.
No he encontrado un caso de jurisprudencia donde se halla fijado la multa civil sin reconocimiento de daño resarcible. La mayoría de los autores lo dan por descontado. Algunos califican a los daños punitivos como “función accesoria” (Yrigoyen Testa, “Necesidad de los daños punitivos ante la culpa o dolo de una embotelladora”, RCyS 2012-VIII, 77). Solamente Jorge Luis Bilbao considera que no es necesaria la existencia de una condena por daños para la fijación de la multa civil, pero reconoce que la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata – en sentencia del 11/06/14, “Acuña c. AMX Arg.” - expresamente ha sostenido que no es una pretensión autónoma (SAIJ: DACF 180.258, 4/12/18).
Es destacable al respecto que en EE.UU. donde nació el “penalty damage” la Corte Suprema puso un coto a su cuantificación estableciendo que no podía ser superior a diez veces el daño resarcible (fallos “Cooper c. Leatherman Tool Group” de 2001,citado por Chamatropulos, Demetrio, “Daños punitivos si, daños punitivos no…”, L.L. 2012-C, 63; “State Forum Mutual Automobile Insurance Company Campbell” de 2003, citado por Nadal, Florencia, “Prudencia y cuantificación del daño punitivo”, L.L. 2012-C, 432). Si ello es así, es evidente que no puede ser autónomo del daño efectivamente sufrido.
Esta Sala se ha pronunciado por la interpretación del del art. 52 bis en el sentido de que debe graduarse según las circunstancias y gravedad del hecho en el caso concreto juzgado (causas nros 116.576, “Lespade c. Telecom Personal S.A.” del 14/07/16 -elDial.com - AA97F6- y 117.024, “Dinardi c. Volkswagen S.A de Ahorro para Fines Determinados” del 18/12/2018; 117.437, “Acuña c. Luxcar” del 07/05/19 ), punto de vista que coadyuva a la tesis de la falta de autonomía del daño punitivo.
Algunos autores consideran que el daño punitivo sólo procede cuando la proveedora obtiene un lucro actuando de esa manera – v.g.: no cambiar una línea de producción porque es muy costoso hacerlo, no perder ganancias fácilmente obtenidas, etc. -. O sea, cuando esa forma de operar de las empresas proveedoras está motivada en el mezquino cálculo de que muy pocos consumidores promoverán juicios por daños, y, en su caso, deberán afrontar sumas menores en relación a las ganancias que con tal proceder obtienen (origen del “penalty damage” en la jurisprudencia norteamericana), y por ello se sostiene que se trata de una conducta casi dolosa.
Pues bien, en el caso de autos no advierto que la empresa demandada halla obrado con tales motivaciones. Alegó al contestar la demanda que estaba sometida a rígidos controles de calidad de sus productos, lo que es creíble dado que, aunque no se produjo la prueba informativa ofrecida, ha sido corroborado por los testigos empleados de la accionada, no cuestionados en sus dichos por la actora (art. 456 C.P.C.).
En este orden, no puedo dejar de valorar la actitud de la empresa ante el reclamo del actor por vía de correo electrónico a “atención al cliente”, de lo que dan cuenta los intercambios de fs. 6/11 ,al punto de que el actor en un principio se mostró satisfecho por la respuesta recibida (fs. 7). La testigo Carina Andrea Romero (analista de control de procesos de calidad) declaró que su función era atender especialmente los reclamos de los consumidores y relató el procedimiento que seguían a tal fin, como reuniones interdisciplinarias para evaluar los casos que se presentaban.
Cierto es que reconocieron que la causa de la aparición del hilo en la galletita podía deberse a que las cintas por donde se transportaba la masa para su fabricación era de lona de algodón y podía haber habido un deshilachamiento, razón por la cual la habían cambiado por una cinta plástica. Los declarantes (además de Romero, Mauricio Ignacio May, gerente de calidad de la empresa) dieron cuenta de todas las medidas que se habían adoptado en la empresa para que estas cosas no ocurrieran (audiencia videgrabada). Veo que, como toda empresa productora de alimentos, tiene un sistema armado para detectar fallas en el proceso y prevenirlas. Pueden haber advertido el problema con anterioridad a la denuncia de Abaria pero no considero que pueda hablarse de comportamiento doloso o de negligencia grave causados por un afán de lucro, que caracteriza la procedencia de la multa civil del art. 52 bis de la LDC. Señalo, demás, que la empresa no fue objeto de sanción administrativa por la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Lujan en el expediente formado por la denuncia del caso de autos, conforme dice la actora en la expresión de agravios.
Concluyo, entonces, que debe confirmarse la sentencia en este aspecto.
3. Reintegro de gastos.
Reclamó el actor en la demanda el reintegro de los gastos extrajudiciales y judiciales incurridos, que estimó en la suma de $ 30.000. El juez lo derivó al momento de la práctica de la liquidación definitiva, de lo que se agravia el actor diciendo que se trata de erogaciones necesarias para iniciar el juicio. También se agravia la demandada pidiendo la revocación de la sentencia al respecto.
Es evidente que si no es procedente la demanda por falta de daño resarcible e improcedencia de la multa por daño punitivo el reintegro pedido no corresponde, por lo que debe revocarse lo decidido.
V. Temeridad y malicia Al contestar la expresión de agravios pide la actora que se aplique a la demandada sanciones a tenor del art. 45 del CPCC por los argumentos esgrimidos en relación a la existencia del piolín. Por más que el suscripto no los comparte en absoluto, de ninguna manera pueden ser calificados de temerarios o maliciosos. No escapan al ejercicio del derecho de defensa, por lo que se desestima.
VI. Costas.
Pese al rechazo de la demanda que propicio, entiendo que existen razones para eximir de costas a la actora perdidosa (art. 68 2do. párr. C.P.C.). Ello así porque el art. 52 bis de la LDC es tan vago e impreciso que alienta (tienta) a los consumidores y a sus letrados a promover demandas aunque el daño sea inexistente, y, ciertamente, la doctrina y jurisprudencia es muy variada y contradictoria en relación a su interpretación. Así, mientras para algunos autores basta un mero incumplimiento legal o contractual para su procedencia, para otros – ateniéndose a su origen y razón de ser - es necesario que la proveedora del producto lucre con esa forma de actuar; para algunos no hace falta un factor de atribución especial (están quienes hasta sostienen que es objetivo), y para otros hace falta dolo o culpa grave. Posturas interpretativas muy difíciles motivadas en la ambigüedad y falta de precisión de la ley, que lo deja librado a la total discrecionalidad del juzgador.
Por ello, propongo que las costas en ambas instancias sean impuestas en el orden causado (art. 68 2do. párr. C.P.C.C.).
VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Dr. Tomás M. Etchegaray, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA, el señor Juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a la forma en que han quedado votadas las cuestiones anteriores, el pronunciamiento que corresponde dictar es: 1°.- No hacer lugar al pedido de producción de prueba formulado en la expresión de agravios de la demandada.
2°.- Revocar la sentencia apelada, rechazándose en consecuencia la demanda, con costas en ambas instancias en el orden causado.
ASI LO VOTO.-
El señor juez Dr. Tomás M. Etchegaray, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser REVOCADA.-
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1°.- NO HACER LUGAR al pedido de producción de prueba formulado en la expresión de agravios de la demandada.
2°.- REVOCAR la sentencia apelada, rechazándose en consecuencia la demanda, con costas en ambas instancias en el orden causado.
NOTIFIQUESE por medios electrónicos (conf. Res. del Presidente de la S.C.B.A. nro. 10/20 y Res. S.C.B.A 480/20 y sus sucesivas prórrogas).Y DEVUELVASE.
Fin de la sentencia