Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 32.915-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en las actuaciones SIGEA n° 10023-8936-2008, y de la Resolución (DE PRLA) n° 8266/12.
2Declarar que la acción del Fisco para imponer multa, en las referidas actuaciones, se encuentra prescripta.
3Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-14086964-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 7 de Febrero de 2024 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala F, Dres. Pablo A Garbarino y Christian M González Palazzo, para dictar sentencia en el expediente N° 32.915-A, caratulado “ABARQUERO HERNÁNDEZ, DANIEL c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, a fs. 9/15, se presenta el Sr. DANIEL ABARQUERO HERNANDEZ por derecho propio, e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) n° 8266/12, dictada por el Jefe de Departamento Procedimiento Legales Aduaneros, en las actuaciones administrativas SIGEA n° 10023-8936-2008, en cuanto lo condena al pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 947 del C.A. En primer término, realiza un breve relato de los hechos que dieron lugar al dictado de la resolución apelada. Expresa que en sede penal se lo ha sobreseído del delito del art. 863 del C.A. Agrega que en dicha causa se consideró que los hechos objeto de la investigación no se cometieron, no obstante, el servicio aduanero lo ha condenado por la infracción tipificada en el art. 947 del C.A. Hace referencia a los arts. 863 a 867 y 947 del C.A. Sostiene que no puede ser juzgado nuevamente por los mismos hechos. Manifiesta que el servicio aduanero no ha podido probar que se haya ingresado el automóvil de manera irregular al país. Subsidiariamente, solicita la aplicación del art. 898 del C.A. Realiza consideraciones respecto a la Ley n° 21.898. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se rechace la resolución apelada, con costas.
II. Que, a fs. 25/31, la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas antecedentes de esta causa. En primer término y por imperativo procesal, niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento o que surja de las actuaciones administrativas. Expresa que la resolución apelada es absolutamente legítima y en virtud de que el valor en plaza de la mercadería involucrada es inferior a pesos $ 100.000 corresponde se aplique la infracción prevista y penada del art. 947 del C.A. Manifiesta que no se ha acreditado el legal ingreso del vehículo al territorio aduanero nacional. Considera que la sentencia de sede penal de ninguna manera expresó que los hechos no se cometieron. Se refiere al principio non bis in ídem. Sostiene que no existe identidad de causa entre el procedimiento llevado a cabo en sede penal y el tramitado ante la DGA. Expresa que el deber de probar la legal introducción al país del vehículo es la actora. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas 10023-8936-2008 se inician, a fs. 3, con el Acta de Procedimiento de fecha 16/04/07de la Gendarmería Nacional Argentina, a fs. 33/37, obra copia de la sentencia del 22/06/08 y; a fs. 39/41, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 43/44, obra el Dictamen n° 1539/08. A fs. 54, se corre vista de lo actuado a la recurrente. A fs. 59/59 vta., se notifica (15/3/12). A fs. 60/61 vta., la recurrente contesta la vista. Finalmente, a fs. 73/76, se dicta la Resolución (DE PRLA) n° 8266/12, apelada en autos.
Que las actuaciones administrativas 12064-212-2006 se inician, a fs. 1, con el Acta de Denuncia n° 172/06, a fs. 4/5, obra copia del Acta de Procedimiento de fecha 16/04/07de la Gendarmería Nacional Argentina y; a fs. 46/49 vta., obra copia de la sentencia del 22/06/08. A fs. 51/51 vta., se dicta la Resolución n° 9163/08. A fs. 52/53, obra el Dictamen n° 408/09. A fs. 58, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 64, obra el Informe n° 25/10 de la Sección Resguardo.
IV-. Que corresponde resolver en autos sobre la procedencia de la multa reclamada a la recurrente, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 947 del C.A.
Que de las actuaciones administrativas surge que mediante el Acta de Procedimiento de fecha 16/04/16, la Gendarmería Nacional Argentina detectó, a través de un control vehicular, que el automóvil marca Honda, modelo CIVIC 1994, dominio B-114916, empadronado en Maldonado (República Oriental del Uruguay) a nombre del Sr. Juan José Roisecco Vilas, era conducido por el Sr. Daniel ABARQUERO. Al efecto, éste exhibió una carta poder emitida por una escribana de Uruguay y una cédula de identificación de tal país, situación que dio lugar al secuestro del vehículo en cuestión.
Que si bien en las actuaciones administrativas consta el Acta de Denuncia n° 172/06 en el que encuadra los hechos precedentes en la infracción del art. 970 del C.A. (ver fs. 1 de las act. adm.), no obstante, la causa siguió tramitándose en sede penal. Al respecto, cabe destacar la sentencia dictada por el Juzgado Nacional Penal Económico N° 1, causa n° 5561 caratulada “ABARQUERO HERNANDEZ, DANIEL S/INFRACCIÓN LEY 22.415”, que sobreseyó a la recurrente del delito de contrabando atento a “no encuadrar el hecho investigado en una figura legal (art. 863 de la Ley 22.415, 335, 336 inc. 3ro del CPPN)” (ver fs. 49 vta. de las act. adm.). Que, con posterioridad a la sentencia de la causa antes mencionada, el servicio aduanero, a través de la Resolución n° 7133/08, también, sobreseyó a la recurrente del delito tipificado en el art. 863 del C.A. y dispuso la instrucción de sumario, a los fines de que se investigue la posible comisión de la infracción del art. 947 del C.A. (a fs. 39/41 de las act. adm.), toda vez que el valor en aduana del vehículo alcanzaba el monto de $ 16.290.- Que, atento a ello, la recurrente consideró que, siendo los hechos investigados los mismos hechos de la causa en sede penal, la ahora condena por la figura tipificada en el art. 947 del C.A. afectaría la garantía constitucional de cosa juzgada.
V. Que, ante todo, corresponde que este Tribunal determine los motivos del sobreseimiento de la causa penal del delito de contrabando, a los fines de poder establecer si el servicio aduanero se encontraba facultado para instruir sumario administrativo sobre los términos del art. 947 del C.A. y, eventualmente, aplicar la sanción exigida, ya que esta posibilidad se haya circunscripta a los alcances de la cosa juzgada en sede penal.
Que el Juzgado sostuvo que “… el suscripto comparte el criterio expuesto por la Sra. Fiscal, entendiendo que nos encontraríamos ante un hecho de contrabando menor, conforme a las previsiones del art. 947 de la Ley 22.415 (Código Aduanero),el cual dispone que: “En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865 inciso g), 871 y 873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de pesos quinientos mil ($100.000), el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor…”, toda vez que conforme surge de la verificación y aforo practicada en autos (ver fs. 214/221), se determinó que el valor en plaza del automóvil secuestrado resulta ser de dieciséis mil doscientos noventa pesos ($16.290.-)”. En párrafos posteriores, continúa diciendo que “Por lo tanto, y encontrándose el suscripto en la necesidad de resolver de manera definitiva la situación procesal de Daniel ABARQUERO HERNÁNDEZ, corresponde adoptar en relación al nombrado el remedio procesal establecido en el art. 336 inc. 3ro del C.P.P.N., toda vez que el hecho materia de imputación no encuadra en una figura legal” (ver fs. 34 vta./36 de las act. adm.). Que de lo expuesto se infiere que el Juez interviniente, al resolver sobre la absolución del imputado, ha tenido en cuenta que la pretensión punitiva del delito de contrabando no superaba el umbral del monto contemplado en la figura infraccional del art. 947 del C.A. y, tal es así, que comparte el criterio del Ministerio Público Fiscal que entiende que la conducta llevada a cabo por la recurrente encuadraba en la figura infraccional de contrabando menor.
Que resulta de la Exposición de Motivos del Código Aduanero la delimitación entre delito e infracción aduanera en el contrabando, cuando establece que “Se define en el art. 947 el contrabando menor, manteniendo su estructura mediante su asimilación al tipo penal del delito de contrabando, en su formas simple y tentada, como así también la agravada, limitada en este acaso a los supuestos contemplados en el art. 865, incs. a) y b), y conservando el elemento valor en plaza de la mercadería como demarcatorio del plano delictual e infraccional” (el resaltado nos pertenece).
Que esto implica que, aunque el comportamiento pueda identificarse con el tipo penal del delito de contrabando, si el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando no supera el monto establecido en el art. 947 del C.A., dicha conducta quedará excluida del ámbito de la punibilidad del delito y quedará en el ámbito de la responsabilidad infraccional, dado que no se ha superado la condición objetiva de punibilidad establecida. Que, asimismo, el art. 952 del C.A. establece que a los fines de considerar al hecho como infracción o delito, en todos los casos, el valor en plaza de la mercadería será el que fije la autoridad aduanera con relación al momento de la constatación del ilícito.
Que, por lo tanto, resulta inadmisible el agravio de la recurrente fundado en la garantía de cosa juzgada, ya que lo decidido en la causa penal se circunscribió a una inexistencia de un acto de tipo delictual, punible por el art. art. 863 del C.A., quedando el asunto configurado como contrabando menor (infracción aduanera), del cual es competente para su juzgamiento la autoridad aduanera (art. 951 del C.A.).
VI. Que, aclarada la cuestión antedicha, corresponde determinar si se ha configurado en el presente caso la infracción del art. 947 del C.A.
Que el art. 947 dispone en su primer párrafo que “En los supuestos previstos en los arts. 863, 864, 865, inc. g), 871 y 873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de pesos cien mil, el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor y se aplicará exclusivamente una multa de dos a diez veces el valor en plaza de la mercadería y el comiso de ésta”.
Que, en tales condiciones, para que se configure el contrabando menor es necesario que se encuadre la conducta en cuestión en alguno de los supuestos previstos en los arts. 863, 864, 865, inc. g), 871 y 873, del Código Aduanero. En otras palabras, el art. 947 no describe conducta punible alguna, por lo que resulta imprescindible encuadrar la conducta o el "hecho" que se pretende reprimir en alguna de los supuestos o tipificaciones legales que se describen en las normas citadas.
Que, en la causa, nótese que al disponerse la apertura de sumario y correrse vista (ver fs. 39/41 y 54 de las act. adm.), a la recurrente no se ha precisado "la infracción que se le imputa", es decir, no se indica la conducta reprochada encuadrándola en alguna de las normas referidas por el art. 947.
Que, sin embargo, la resolución condenatoria indicó que “… a criterio de esta instancia, el proceder de los imputados, encuadra dentro de los parámetros que el art. 863 del C.A., tipifica, es decir que no se ha acreditado el debido ingreso del vehículo, ni se ha desvirtuado la maniobra tendiente a eludir el control aduanero para su ingreso al país.”. Al respecto, seguidamente manifestó que “…corresponde mencionar que atento que el valor en plaza de la mercadería involucrada en autos ($ 16.290) es inferior a $ 100.000, el hecho investigado se considera infracción aduanera de contrabando menor, conforme los términos del art. 947 del Código Aduanero, modificado por el art. 31 de la Ley n° 25.986.”.
Que, como se ha visto, la Aduana precisó la imputación jurídica del hecho con el dictado de la sentencia condenatoria, frustrando así a la recurrente de un adecuado ejercicio del derecho de defensa toda vez que la apertura de sumario contenía una remisión genérica al art. 974 del C.A. -en virtud del monto- sin determinar la acción típica punida.
Que en el art. 1094 se establece que “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. Que, en consecuencia, no habiéndose imputado hecho concreto alguno en la vista conferida, ni individualizado la norma legal en la cual su conducta encuadraría, el cabal ejercicio del derecho de defensa no resulta posible para el administrado y, por ende, la garantía constitucional de la defensa en juicio ha resultado afectada. Que, por consiguiente, corresponde declarar la nulidad de la apertura de sumario así como de la resolución aduanera impugnada.
Que, así las cosas, al ser nulo tanto el auto de apertura de sumario, de fecha 30/10/08, como la resolución definitiva, dictada en 19/11/12, no pudieron suspender la prescripción en los términos del art. 934 del CA, ni tampoco interrumpirla, en los términos del art. 937, inc a) del CA.
Que ello así por cuanto el plazo de prescripción de 5 años, conforme de los art. 803 y 934 del CA, comenzó a correr el 01/01/07 – siendo que el hecho se constató en el año 2006 –, operando el 31/12/11, en cuanto no ha mediando causales suspensivas e interruptivas.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en las actuaciones SIGEA n° 10023-8936-2008, y de la Resolución (DE PRLA) n° 8266/12.
2. Declarar que la acción del Fisco para imponer multa, en las referidas actuaciones, se encuentra prescripta.
3. Costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Que, por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en las actuaciones SIGEA n° 10023-8936-2008, y de la Resolución (DE PRLA) n° 8266/12.
2. Declarar que la acción del Fisco para imponer multa, en las referidas actuaciones, se encuentra prescripta.
3. Costas a la DGA.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Felix G. Daglio (20-26095721-0). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2024.02.07 18:58:15 -03:00 Date: 2024.02.07 21:01:59 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.07 21:02:00 -03:00
Fin de la sentencia