Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 32.915-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar parcialmente la Resolución (DE PRLA) Nº 8266/2012, de fecha 19/11/12, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 10023-8936-2008, en cuanto condena al Sr. Daniel Abarquero Hernandez, conjuntamente con el Sr. Juan José Roisecco Vila, al pago de una multa que asciende a la suma de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($ 32.580.-); y confirmar parcialmente la citada resolución, en lo que respecta a la pena de comiso.
2Costas conforme los mutuos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-91508358-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 20 de Agosto de 2025 Reunidos los Vocales de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “ABARQUERO HERNANDEZ DANIEL c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. N° 32.915-A.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que regresan estos autos a conocimiento del Tribunal Fiscal de la Nación, en virtud del pronunciamiento emitido, en fecha 4 de octubre de 2024, por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (véase fs. 114/118 y vta.), que resolvió revocar la sentencia de fecha 7/02/24 (véase fs. 91/93), mediante la cual esta Sala “F” había declarado la nulidad del auto de apertura de sumario y, por ende, la prescripción de la acción del Fisco para imponer multa, atento no haberse imputado hecho concreto alguno en la corrida de vista conferida, ni individualizado la norma legal en la cual encuadraría la conducta del Sr. Daniel Abarquero Hernández lo que impedía su derecho de defensa y, por lo tanto, la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Que, para así decidir, el aquem consideró que lo resuelto por este Tribunal Fiscal de la Nación no resulta conteste con los antecedentes del caso, así como tampoco guarda correlato con las cuestiones planteadas. Agrega que lo actuado en sede aduanera no constituyó sino la puesta en práctica de la manda judicial dispuesta por el señor juez penal actuante en la causa por presunto contrabando por la resolución del 22/07/08, por la que dispusiera el sobreseimiento y mandara extraer copia de lo actuado a efectos de ser remitido a la AFIP-DGA, para que tomara intervención y avanzara con la investigación de una posible infracción aduanera.
Que, por las razones expuestas, la Alzada ordenó reenviar la causa a esta instancia para que se dicte un pronunciamiento respecto de las cuestiones propuestas por el señor Abarquero Hernández, con base en las cuales impugnó la Resolución (DE PRLA) 8266/2012.
II. Que a fs. 9/15 el Sr. Daniel Abarquero Hernández, por su propio derecho, con patrocinio letrado, interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) Nro. 8266/2012, de fecha 19/11/2012, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 10023-8936-2008, mediante la cual se lo condena, conjuntamente, con el Sr. Juan José Roisecco, Vila al pago de una multa de $ 32.580 y al comiso de la mercadería descripta en el Acta Lote nro. 06001ALOT000275 C, por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 947 del CÓDIGO Aduanero.
Invoca la aplicación de la doctrina sentada en el fallo “De la Rosa Vallejos s/ Contrabando” (CSJN 9/08/83). Sostiene que las facultades del servicio aduanero se limitan a imponer las sanciones accesorias, cuando el Tribunal ha verificado la existencia de delito, lo que no se daría en el presente caso.
Señala que fue sobreseído definitivamente por las circunstancias obrantes en la causa penal (sentencia de fecha 22/07/08 de fs. 33/37) y en sede aduanera mediante Resolución (DE PRLA) nro. 1733, la cual fuera aprobada por el superior por Resolución 12/09 (SDG TLA), respeto del hecho tipificado por el artículo 863 y siguientes del CÓDIGO Aduanero.
Dice que la Resolución apelada en la litis vulnera elementales garantías constitucionales, como ser la prohibición de la doble persecución penal.
Sostiene que la atribución de competencia al servicio aduanero para la aplicación de las sanciones de comiso, multa e inhabilitación no responde a su jurisdicción en cuestiones de infracciones aduaneras, sino a su facultad administrativa de imponer ciertas consecuencias accesorias de la condena penal.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 25/31 la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Luego de hacer un breve resumen de los hechos acontecidos en sede aduanera, niega todas las copias y documentación acompañadas por la actora, que no sean objeto de un especial reconocimiento de su parte.
Manifiesta que la recurrente no aporta prueba alguna que acredite el legal ingreso del vehículo marca Honda, Modelo: Civic, Año: 1994 con dominio de la República Oriental del Uruguay Nº B114916, secuestrado como consecuencia del control vehicular llevado a cabo por personal de la Gendarmería Nacional. Añade que los informes de dependencias aduaneras (División Coordinación Jurídica) y de la Gendarmería Nacional dan cuenta que el rodado de mención no se encuentra afectado a ningún régimen de importación temporaria u otro régimen vigente, además que tampoco se pudo determinar la Aduana de ingreso al territorio nacional, circunstancias que evidenciarían que el automóvil ingresó clandestinamente a nuestro territorio nacional. Concluye, que la conducta del imputado encuadra en la figura de contrabando (art. 863 del CA), pero en atención al valor en plaza de la mercadería (que es inferior a $100.000), su accionar encuadra en el artículo 947 del CÓDIGO Aduanero. Señala que no se da en la especie una afectación al principio “non bis idem”, dado que en sede penal se investigó la comisión de un delito (el contrabando previsto y reprimido en el artículo 863 de la ley 22.415), mientras que en sede aduanera se investigó y reprimió una infracción aduanera (la de contrabando menor, prevista en el artículo 947 del citado cuerpo legal).
Afirma que no resulta aplicable el precedente “De la Rosa Vallejos”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fuera expresamente invocado por su contraria. Explica que la doctrina creada por el Alto Tribunal consiste en que para la Aduana pueda aplicar las penas accesorias correspondientes al delito de contrabando, debía mediar condena firme en sede penal por dicho delito, lo que no guarda ninguna relación con el caso de autos.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Cita normativa y doctrina aplicable, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con expresa imposición de costas.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA nro. 12064-212-2006 se inician con el Acta de Procedimiento labrada, en fecha 16/04/06, por personal de la Sección Seguridad Vial Autopista “La Plata” de la Gendarmería Nacional. En dicha oportunidad, los funcionarios intervinientes procedieron a realizar un control vehicular respecto de un rodado marca HONDA, modelo CIVIC 1994, Dominio B-114916, Motor Nro. D16Z636257423, Chasis Nro. 2HGEJ1120RH533355, empadronado en Maldonado, República Oriental del Uruguay (véase Acta de Procedimiento a fs. 4).
Que el vehículo en cuestión se encontraba a nombre del Sr. Juan José ROISECCO VILAS, CI 1.662.174-9, sin embargo era conducido, en esa oportunidad, por el Sr. Daniel Abarquero Hernández, de nacionalidad Argentina, 39 años de edad, soltero, domiciliado en la calle Brandsen Nro. 380, Quilmes, Provincia de Buenos Aires, de profesión médico psicólogo.
Que el Sr. Daniel Abarquero Hernández exhibe al momento del control policial, la cédula de identificación de la Policía Federal nro. 12.197.954 y, una carta poder expedida por la señora Mónica Laura Carro Larrama, escribana y abogada de la República Oriental del Uruguay. Dicho poder, otorgado por el titular del vehículo Sr. Juan José ROISECCO VILAS, autoriza a los Sres. Daniel Abarquero Hernández -CI 5.070420-4- y José Alberto Arroyo Frache -CI 4.207.830-8- a conducir el vehículo en el territorio de la República Oriental del Uruguay o en el extranjero o, que a su vez, dichas personas puedan autorizar a otras a conducir el vehículo (véase carta poder a fs. 7ref/8ref de las act. adm SIGEA Nº 10023-8936-2008).
Ante tal situación y previendo una presunta infracción al artículo 970 del CÓDIGO Aduanero, toda vez que no se pudo determinar si el vehículo en cuestión se encontraba afectado a algún régimen de importación temporaria u otro semejante, el personal de Gendarmería se contactó con la Dra. Valeria Rosito, Secretaria del Juzgado Nacional nro. 1 en lo Penal y Económico, a cargo del Dr. Bernardo Vidal Duran, a quien se la puso en conocimiento del hecho, disponiendo que se efectúe el secuestro del vehículo y se traslade al asiento de la Unidad de Procedimientos Judiciales “Campo de Mayo” (véase Acta de Inventario de Vehículo a fs. 5/6 y vta.). Que, en fecha 18/04/06, se recibe el sumario aduanero en el Juzgado interviniente quien, previa toma de razón, remite la causa, en los términos del artículo 196 del CPPN, a la Fiscalía nro. 6 del mismo fuero. La Sra. Fiscal, Dra. María Del Carmen Rogliano, considera que el hecho investigado debe ser subsumido en una infracción de contrabando menor por lo que se debería proceder al archivo de las actuaciones.
Que el Dr. Ezequiel Beron de Astrada, a cargo del Juzgado Nacional nro. 1 en lo Penal y Económico, resuelve, con fecha 22/07/08, decretar el sobreseimiento total respecto del Sr. Daniel Abarquero Hernández por no encuadrar el hecho investigado en una figura legal. Asimismo, ordenó la extracción de testimonios de las partes pertinentes de la presente causa y la remisión de los mismos a la Dirección General de Aduanas a fin de que se investigue la posible comisión de una infracción aduanera. Para así decidir, el magistrado interviniente, compartiendo del criterio expuesto por la Sra. Fiscal, entendió que el hecho investigado constituiría un contrabando menor conforme las previsiones del artículo 947 de la ley 22.415.
V. Que, llegados los autos a esta instancia, corresponde resolver si la resolución apelada por la que se condena al Sr. Daniel Abarquero Hernández, en los términos del artículo 947 del CÓDIGO Aduanero, por la infracción de contrabando menor por la conducta tipificada en el artículo 863 del referido ordenamiento legal, mediante la cual se lo condena, en forma solidaria con el Sr. Juan José Roseicco Vilas, al pago de una multa y comiso del automóvil, se ajusta a derecho.
Que la norma citada en primer término, en su parte pertinente prevé que: "En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865 inciso g), 871 y 873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor y se aplicará exclusivamente una multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces el valor en plaza de la mercadería y el comiso de ésta.".
Que el delito de contrabando imputado a la recurrente se encuentra reglado en el Capítulo 1 del Titulo 1 de la Sección XII del C.A, arts. 863 y ss. En lo que aquí importa, cabe mencionar que en el artículo 863 se reprime al que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones. Que la presente causa tuvo su inicio como consecuencia del procedimiento realizado por personal de la Sección Seguridad Vial Autopista “La Plata” de la Gendarmería Nacional donde en un control vehicular, personal allí apostado, procedió al secuestro de un vehículo marca Honda, Modelo: Civic, Año: 1994 con dominio de la República Oriental del Uruguay Nº B114916, atento no poder constatarse su legal ingreso, lo que encuadraría en la figura prevista en el artículo 947 del Código Aduanero. El vehículo era conducido por el Sr. Daniel Abarquero Hernández quien estaría autorizado a circular, al igual que el Sr. José Alberto Arroyo Frache, mediante carta poder que le fuera otorgada por el titular del automotor, el Sr. Juan José Roisecco Vilas.
Que de la sentencia dictada en el marco de la causa penal se desprende que el automóvil marca HONDA, Dominio B-114916 no se encontraba afectado a algún régimen de importación temporaria u otro régimen vigente. Allí, además, se aclara que la División Coordinación Jurídica de la Dirección General de Aduanas -en informe rectificativo- hizo saber que la Aduana de Concordia y Gendarmería Nacional no registraban movimientos ante la jurisdicción de Salto Grande del vehículo mencionado. En el mismo sentido, se había expedido, previamente, la División Sumarios de Prevención de la Dirección General de Aduanas señalando que el vehículo secuestrado no había ingresado por las Aduanas dependientes de la Subdirección General (véase causa penal obrante a fs. 32ref/37ref).
Que, por otro lado, de la documentación obrante en las actuaciones administrativas surge que el Jefe (Int.) de la División Investigación, Control y Procedimientos Externos informó a la Aduana de Gualeguaychú que no había movimientos migratorios del ciudadano Sr. Daniel Abarquero Hernández con relación al vehículo mencionado (véase fs. 67 de las act. adm. SIGEA nro. 12064-212-2006).
Que, de igual modo, la Sección Resguardo de la División Aduana de Gualeguaychú, mediante informe nro. 26/10, señaló que consultado el movimiento migratorio del Sr. Daniel Abarquero Hernández (DNI 18.134.537), resultó que el citado no tiene movimiento por ese punto operativo. Agregó que a fecha contemporánea con el momento de constatada la posible infracción el recurrente registró movimiento por el puente Internacional Tancredo Neves, jurisdicción de la Aduana de Iguazú y que tampoco surgía de los registros de esa aduana formulario alguno para el citado vehículo.
VI. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros, Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215). Así las cosas, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del Código Penal, sino también aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular, de aquellos que integran el denominado bloque federal de constitucionalidad (confr. voto del suscripto in re “La Mercantil Andina c/ DGA”, del 31/7/12 de la Vocalía Nro. 13, Expte. Nro. 23.469-A).
En efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las infracciones aduaneras y la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”), señalándose que “el carácter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos penales aduaneros, no empece la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal [...] en tanto la ley penal especial no disponga derogación expresa o tácita” (Fallos 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Angel Bercaitz y Agustín Díaz Bialet).
En tal orden de ideas, cabe concluir que los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras (Fallos: 293:670), pues admitir lo contrario significaría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción apelada (Fallos. 310:1822). En tal sentido, en lo concerniente a la caracterización del ilícito y en cuestiones de índole sancionatoria, el Tribunal Cimero ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (cfr. Fallos: 271:297, entre otros).
Ello, no obstante, si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que se subsume en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema legal vigente (cfr. Fallos: 278:266, entre otros)
VII. Que, bajo tales premisas, cabe recordar que en materia infraccional aduanera, siguiendo el principio de culpabilidad, de raigambre constitucional, el CÓDIGO Aduanero argentino adoptó el factor de atribución de responsabilidad subjetivo. Ello implicó sin duda un cambio normativo cualitativo respecto de la regulación contenida en la Ley de Aduana, que conforme las modificaciones introducidas por la ley 21.898, recogía expresamente el criterio de responsabilidad objetiva.
En la Exposición de Motivos del CÓDIGO Aduanero argentino se expresa que el sistema de responsabilidad en materia infraccional en esa norma gira en torno del cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero. En ese sentido, el artículo 902 del citado ordenamiento legal establece que no podrá imponerse sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación, o cualquier otro acto o situación [...].
Ese sistema de responsabilidad conlleva que para aplicar una sanción lo que se exija es un mínimo de culpa y no necesariamente dolo. Lo que no resulta admisible es la imputación objetiva, ya que no respetaría la plena vigencia de las garantías enunciadas en el artículo 8° de la CADdHh, que conforme la doctrina de la Corte Suprema debe ser respetada por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales (conf. “Losicer”, Fallos: 335:1126).
Al respecto, cabe destacar que el artículo 4 del CÓDIGO Penal establece que las disposiciones generales de ese código resultan de aplicación a todos los delitos previstos por leyes especiales. Por ende, cabe colegir que entre la contravención y el delito no existe otra diferencia más que la cuantitativa (confr. Fallos 293:50, Consid. 5°, entre otros), por lo que aquellas disposiciones generales resultan también de aplicación al juzgamiento de las contravenciones aduaneras.
Por ende, a los fines de la imposición de una sanción de palmaria naturaleza penal, la resolución debe, al menos, contener una clara exposición de elementos esenciales, a efectos de no vulnerar el debido proceso adjetivo. Se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional.
Dichos elementos son:
a) los hechos que la sustentan, b) los elementos de juicio que constan en el expediente y que acreditan la existencia de la contravención, c) las razones que ameritan tener por configurado el hecho punible, tanto en su faz objetiva como subjetiva (culpa o dolo, según correspondiere), y d) los fundamentos de la graduación de la sanción aplicada en el caso particular.
A tal fin, la DGA tiene que describir la conducta punible en forma precisa, sin recurrir a fórmulas genéricas, como así también debe hallarse probada en forma clara y suficiente la maniobra denunciada, debiendo ponerse de manifiesto todos los elementos considerados por la Administración que demuestren que la decisión adoptada es fruto de la valoración de la conducta del agente.
En efecto, tratándose de materia infraccional aduanera, y por estricta e ineludible aplicación de los enunciados penales supra referidos, nunca se debe presumir la culpa o el dolo del presunto infractor, sino su inocencia, por lo que, a consecuencia de ello, el servicio aduanero, como órgano acusante, debe probar la culpabilidad del aquí recurrente -lo que en la especie NO se encuentre suficientemente acreditado-, y no exigirle a éste la difícil prueba de su inocencia, para tener por suficiente acreditada la existencia de la conducta infraccional. Que una vez analizados los elementos obrantes y acreditados en autos, se puede afirmar que no está probado en forma clara y suficiente que el Sr. Daniel Abarquero Hernández haya ingresado el vehículo, ilícitamente, al país. Cabe aclarar que la responsabilidad no puede recaer sobre el recurrente por el sólo hecho de ser quien conducía el vehículo cuando fue detenido en el control vehicular, toda vez que también se requiere la efectiva configuración tanto del elemento objetivo como así también el subjetivo, del tipo requerido por el artículo 863 del CÓDIGO Aduanero, a los fines del reproche infraccional, para brindar suficiente sustento al factor de atribución de responsabilidad aduanera.
Que tanto el aquí imputado, el Sr. Daniel Abarquero Hernández, como así también el Sr. José Alberto Arroyo Frache contaban con autorización del Sr. Juan José ROISECCO VILAS -titular del vehículo- para conducir el rodado en el territorio nacional o en el extranjero y, a su vez, podían dichas personas autorizar a otras a conducir el vehículo (véase a fs. 7ref./8ref. carta poder expedida en la República Oriental del Uruguay por la escribana, Sra. Mónica Laura Carro Larrama).
Que cualquiera de las tres personas supra señaladas (u otra cualquiera) pudieron haber introducido el vehículo al territorio aduanero. En ese sentido, el servicio aduanero carece de los registros informáticos o soportes documentales que demuestren que el ingreso del vehículo lo efectuó de modo efectivo el Sr. Daniel Abarquero Hernández y no otra persona, presupuesto este ineludible a los fines de condenar al recurrente. Es más, de la prueba que ofrece la actora en autos, una declaración del Sr. José Alberto Arroyo Frache, que vale aclarar ha sido impugnada por el Fisco, surge que dicha persona reconoce ser quien ingresó el vehículo al territorio aduanero (véase a fs. 2 de autos el Acta donde luce la pregunta y respuesta octava de la declaración del Sr. José Alberto Arroyo Frache).
Por lo tanto, bajo la plataforma fáctica que se desprende del sub-lite, lo cierto es que se advierte la falta de elementos que permitan considerar que la demandada ha efectuado un acertado encuadre jurídico de la situación descripta en relación al recurrente.
Por ende, cuando el resultado disvalioso no permite inferir la falta de cuidado y previsión de la apelante, no se puede atribuir responsabilidad, salvo que se trate de una ley que atribuye responsabilidad sin culpa, lo que estaría en contra de los principios elementales del derecho penal, como así también de la Constitución Nacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En efecto, tanto en materia penal como en la infraccional, la efectiva operatividad del principio de legalidad impone la necesidad de practicar una hermenéutica que, basada en las palabras utilizadas para la elaboración del tipo legal, resuelva las dudas interpretativas en la forma más limitativa de la criminalización. En consecuencia, la opción en favor de una exégesis que amplifique el ámbito de la prohibición penal compromete ciertamente la garantía que implica el nullum crimen sine lege y, por ello, resulta preferible la elección de la interpretación más restrictiva de la punición en la medida en que, además, no provoca en el caso una consecuencia ridícula o absurda (CSJN in re “Valerga, Oscar Alfredo”, del 28 de agosto de 2007: disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni).
En consecuencia, y no existiendo un nexo causal de tipo subjetivo entre la infracción endilgada por el servicio aduanero y la conducta del recurrente, se encuentra suficientemente probada en la litis la imposibilidad de realizar respecto de DANIEL ABARQUERO HERNÁNDEZ el principio de culpabilidad, siendo que no resulta jurídicamente admisible la alternativa de exigirle un comportamiento diferente al desplegado en autos, precisamente por su incapacidad –en el caso sometido a análisis del Tribunal- de acción y de autodeterminación, pues ello implicaría, sin más, negar la base misma del juicio de reproche.
VIII. Que las circunstancias reseñadas llevan a concluir que la Resolución condenatoria N° 8266/12 no permite alcanzar el umbral de certeza para conformar un grado de convicción necesaria que este Tribunal Fiscal requiere, lo que se traduce en una situación de duda que debe resolverse a favor de la recurrente, siendo estrictamente aplicable el principio constitucional del “in dubio pro reo”.
En tal sentido, el principio de la duda como pauta de valoración de la conducta del imputado en el proceso es una consecuencia natural de la presunción de inocencia contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional (confr. Sala IV CAF in re “Prodmet S.A. c/ ANA” del 15/3/96; “Solanas Country S.A.” del 3/4/01; y “Curtiembre Pelicce S.A. (T.F. 9684-A) c/ DGA”, del 31/8/2004) Consecuentemente, quien suscribe considera que la pena de multa impuesta en los términos del artículo 987 del Código Aduanero debe revocarse por estricta aplicación del artículo 898 de dicho ordenamiento, norma que recepta en debida forma garantías constitucionales de ineludible aplicación en la materia. Todo ello sin perjuicio de la opinión del suscripto acerca de las facultades y límites jurisdiccionales de la Administración a los fines de la imposición de la multa objeto de autos, atento su singular naturaleza jurídica de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros); extremo sobre el que no corresponde pronunciamiento alguno en atención al modo en que se resuelve el presente.
IX. Que, sin perjuicio de lo dispuesto en los Considerandos precedentes, entiendo que corresponde confirmar el comiso de la mercadería objeto de denuncia descripta en el Acta Lote Nº 06001ALOT000275C, pues el vehículo en cuestión fue ingresado al territorio aduanero, ilícitamente, es decir, eludiendo el control aduanero, toda vez que no se encuentra afectado a ningún régimen de importación temporaria u otro régimen, como así tampoco se ha podido determinar la Aduana de ingreso al territorio nacional, todo ello más allá de que no se haya podido individualizar a la persona que efectivamente ingresó el vehículo de manera ilícita.
X. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho revocar la sanción de multa y confirmar el comiso endilgado por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el suscripto – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por lo expuesto, VOTO por:
1. Revocar parcialmente la Resolución (DE PRLA) Nº 8266/2012, de fecha 19/11/12, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 10023-8936-2008, en cuanto condena al Sr. Daniel Abarquero Hernandez, conjuntamente con el Sr. Juan José Roisecco Vila, al pago de una multa que asciende a la suma de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($ 32.580.-); y confirmar parcialmente la citada resolución, en lo que respecta a la pena de comiso.
2. Costas conforme los mutuos vencimientos.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que, a la luz de los hechos relatados por el dr. Garbarino y de los elementos de prueba colectados en el marco de la instrucción de la causa, adhiero a su propuesta en razón de los fundamentos que aquí expongo, pues no comparto las apreciaciones personales que realiza respecto a la dogmática infraccional, irrelevantes a los fines de dar solución al entuerto pues, amén de que esta jurisdicción fue excitada en razón de especiales condiciones objetivas de punibilidad establecidas por el legislador –cuestiones de monto- no dejamos de encontrarnos ante figuras típicas –a las que remite la norma- que para su comisión exigen como presupuesto de hecho, la verificación de una conducta dolosa del“infractor que delinquió”.
Veamos, la cuestión aquí ventilada radica en la imputación formulada por la Aduana en los términos del art. 947 del C.A. al ciudadano argentino Daniel Abarquero Hernández quien fue sorprendido por personal preventor al mando de un vehículo de origen uruguayo cuyo ingreso regular a plaza fue descartado.
Simple y concretamente: se encontraba en uso de un bien cuya importación fue materializada irregular e ilícitamente por un tercero que no sería su titular registral quien a su vez le habría otorgado una autorización para circular, documento que no alcanza –de forma alguna- para habilitar el uso de un vehículo usado ingresado a plaza en las condiciones señaladas.
Ahora bien, la autoridad aduanera, al momento de emitir el pronunciamiento aquí recurrida entendió–remitiéndose a lo dispuesto en el art. 863 del C.A.- que procedía la imputación –y resultó fundamento de la condena- en tanto “no se ha acreditado el debido ingreso del vehículo, ni sea desvirtuado la maniobra tendiente a eludir el control aduanero para su ingreso al país” (ver fs.7)
Vale destacar al respecto que, el imputado, no puede escudarse en una autorización notarial emitida por el titular del bien como documento exculpatorio de su responsabilidad cuando fue habido al mando de un vehículo a sabiendas de su origen foráneo (las chapas patentes colocadas dan acabada cuenta de ello) y sin tener la documentación que acredite la legítima importación al territorio aduanero argentina, ergo, el vehículo no se encontraba en condiciones de circular por el territorio aduanero.
Y, si bien es casi imposible evaluar una conducta en los términos imputados por el fisco (art.947 del C.A.), como bien lo señaló el dr. Garbarino, pudo determinarse en autos –a través de prueba testimonial- que el aquí imputado no fue quien ingresó el rodado a plaza y su accionar limitóse a la receptación del bien a sabiendas de que su importación hubo de ser ilícita. (Quien conduce un rodado importado con chapa patente extranjera sin la documentación respectiva que habilite su circulación sabe y acepta que podrá ser sancionado)
Si bien -para quien suscribe- la conducta endilgada encuadraría en la tipificada en el art.874 inc. d) del C.A. esta competencia administrativa y jurisdiccional, encuentra en los términos de lo normado en el art.947 del C.A. una limitación que la veda a transitar el camino que traza esa lógica: la prohibición de la reformatio in peius, principio rector en la materia y a cuya férrea observancia estamos conminados los operadores jurisdiccionales.
Por ello es que, en definitiva comparto la solución desvinculatoria propuesta por el Dr. Garbarino. Respecto al comiso de la mercadería dispuesta en el marco de la investigación que conforma el objeto de autos, y en línea con lo oportunamente sostenido en “FALAGAN HÉCTOR JOSÉ c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 39.973-A, en atención a la importación ilícita del bien mueble en cuestión, corresponde confirmar la medida dispuesta a su respecto por la Dirección General de Aduanas. Así lo voto.-
Por ello, SE RESUELVE:
1. Revocar parcialmente la Resolución (DE PRLA) Nº 8266/2012, de fecha 19/11/12, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 10023-8936-2008, en cuanto condena al Sr. Daniel Abarquero Hernandez, conjuntamente con el Sr. Juan José Roisecco Vila, al pago de una multa que asciende a la suma de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($ 32.580.-); y confirmar parcialmente la citada resolución, en lo que respecta a la pena de comiso.
2. Costas conforme los mutuos vencimientos.
Regístrese. Notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.08.19 11:29:32 ART Date: 2025.08.20 10:00:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.20 10:01:21 -03:00
Fin de la sentencia