Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 545/2013, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en la actuación SIGEA N° 12148-155- 2004, en cuanto condena a la actora al pago de la multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., declarando que la misma debe reducirse en proporción al saldo en infracción, correspondiente al ítem 8 subítems 14, 17 y 18, ítem 9 subítem 7 e ítem 3 subítem 33 de la destinación N° 03 001 IT14 003505 V.
2Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución DE PRLA N° 545/2013, declarando que la exigencia tributaria debe reducirse de conformidad al saldo que se encuentra en infracción, conforme lo indicado en el artículo 1°.
3Ordenar al servicio aduanero que, en los términos del art. 1166 del C.A. practique liquidación de multa y tributos, conforme lo dispuesto en el considerando XII de la presente y en base a la mercadería en infracción. En cuanto a los tributos, deberá incluir también los intereses desde el 09/09/2008 hasta el momento de practicarse la liquidación, todo ello sin perjuicio de los que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
4Diferir las regulaciones de honorarios de los letrados intervinientes hasta que se apruebe la liquidación que se ordena practicar precedentemente.
5Costas según los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-41412640-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Abril de 2024 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “ABB S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 33.169-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 545/2013 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 27/02/2013, en la actuación SIGEA N° 12148-155-2004, en cuanto resuelve condenar a la firma ABB S.A. al pago de una multa equivalente a $ 260.934,15 y formularle cargo, conjuntamente a la aseguradora ZURICH ARGENTINA S.A. en concepto de tributos adeudados por $ 204.618,80, atento a encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 03 001 IT14 003505 V.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 137/147 se presenta por apoderado ABB S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución aquí apelada. En primer lugar, efectúa un relato de los hechos y antecedentes del sumario. Hace una reseña de los hechos y desarrolla sus agravios. A continuación, explica que dio cabal cumplimiento al régimen legal vigente y que, en oportunidad de contestar la vista conferida, acompañó la totalidad de la documental que así lo acreditaba. Agrega que la omisión por parte del servicio aduanero de analizar dicha documental, así como la excesiva dilación en el trámite del procedimiento, se traduce en una vulneración a su derecho de defensa. Cita jurisprudencia. Especifica que la resolución apelada es nula y que fue dictada al único efecto de eludir el límite de la prescripción, para percibir las sumas en concepto de multa y tributos. Subsidiariamente, solicita la aplicación de lo previsto en los arts. 898 y 972 del C.A. y plantea la improcedencia de la aplicación de las percepciones de IVA e impuesto a las ganancias. De igual forma, considera que la graduación de la multa fue exacerbada, sin que pueda justificarse en motivos válidos elevarla a tres veces el mínimo legal. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 188/192 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso interpuesto y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de efectuar un relato de los hechos de la causa, formula una negativa genérica. Sostiene que no se encuentra probado que se haya regularizado la totalidad de la mercadería y que ello legitima la imposición de la multa y el cargo por tributos. Se expide acerca de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., y resalta que únicamente se requiere que, vencidos los plazos de permanencia, no se haya producido la nacionalización o reexportación de la mercadería ingresada. Agrega que la actora debía conocer la normativa que regía la operación y cita el texto del Anexo III de la Resolución 479/95 (ANA). Cita jurisprudencia. Explica que no existe constancia alguna que acredite reexportación alguna (permisos de embarque o CTC) que pueda vincularse a la destinación analizada. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal, y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12148-155-2004 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia N° 795/04, de fecha 26/08/2004. A fs. 4 se agrega sobre contenedor de la destinación N° 03 001 IT14 3505 V. A fs. 8/26 se efectuó el aforo de la mercadería y se liquidaron los tributos. A fs. 28 se dispuso la instrucción de sumario- en fecha 18/04/2008- y corrida de vista (cédulas de notificación adjuntas a fs. 139/140). A fs. 33/138 se presenta la importadora, contesta vista y adjunta documentación. A fs. 142 obra la Nota N° 46/13 (SE PRTE). A fs. 145/156 se agregan constancias de consulta al Registro de Infractores. A fs. 154/156 luce la resolución aduanera apelada y las constancias de su notificación (fs. 157/158). A fs. 166/167 la recurrente comunica la apelación ante este Tribunal y acompaña formulario F4.
V. Que a fs. 193 se abrió la causa a prueba, en fecha 10/10/2014. En fecha 13/02/2023 se certificó la prueba producida y se declaró cerrado el período probatorio.
VI. Que en fecha 07/02/2023 se elevan los autos a la Sala “G” (PV-2024-14049040-APN- VOCXXI#TFN). Por IF-2024-14350551-APN-VOCXXI#TFN se pusieron autos para alegar y finalmente, en fecha 20/03/2024, pasan a sentencia (IF-2024-29181200-APN-VOCXXI#TFN).
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado. Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”
Que al respecto, la CNCAF expresó que “El régimen de perfeccionamiento del dec. 1439/96 -a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos-, implica una transformación del insumo importado para su posterior reexportación en la nueva forma resultante, siendo indispensable contar con dicho CTC –o copia en caso de no poder acompañarlo- a efectos de determinar la relación insumoproducto y así evaluar el cumplimiento del régimen” (Sala I, “Pellital SA c/ AFIP - DGA s/DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS”, del 12/09/2023, Sala III, “Pellital SA c/ EN – AFIP DGA, RESOL 8441/11 s/ Proceso de Conocimiento”, del 7/04/17 “Conuar SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, el 17/05/22; Sala IV, “Visteon SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 11/09/18). Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
X. Que corresponde tener presente que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, de aplicación supletoria, dispone (artículo 7°) cuáles son los requisitos esenciales del acto. Que entre ellos podemos encontrar la causa, es decir, los antecedentes de hecho y de derecho; el objeto que debe ser cierto, física y jurídicamente posible y decidir todas las peticiones formuladas y la motivación, entendida como la expresión de las razones que llevaron al órgano a su dictado. Que en relación a este requisito, la jurisprudencia de la CSJN y destacada doctrina ha enfatizado que no se trata de un mero rigorismo formal, sino que posee una relación estrecha con el principio de juridicidad y con el debido derecho de defensa, ya que permite al administrado conocer las razones fácticas y jurídicas que lo sustentan. Resulta a todas luces una exigencia propia del sistema republicano de gobierno (Cfr. Sacristán, Estela, “La Motivación como requisito esencial del acto administrativo”, en Ediciones RAP, Acto Administrativo y Reglamento, 2002).
Que de la simple lectura de la resolución aquí puesta en crisis se advierte, en lo sustancial, una carencia de motivación.
Que de los considerandos del acto se desprende que “…la firma imputada no ha alcanzado ese objetivo, atento no haber presentado la documentación imprescindible a fin de demostrar la cancelación en tiempo y forma de la DIT denunciada toda vez que la misma es requerida por el área técnica a fin de poder proceder a la descarga de la mercadería reexportada en función de la normativa vigente (Anexo III, punto 8, Resol. N° 479/95 A.N.A.)”
Que del referido texto normativo surgen diversos requisitos que el beneficiario del régimen debe cumplimentar para lograr la cancelación de la importación temporaria, en lo que aquí interesa: “8.1. Se efectuará mediante la presentación por parte del importador de una declaración jurada por cada D.I.T. que contenga el siguiente detalle, según corresponda: a) Número y Año del Despacho de Importación Temporaria y Aduana por la que se registró. b) Permiso de Embarque: Número, dígito, año y Aduana donde se tramitó la operación; cantidad de mercadería exportada; cantidad de insumos utilizados y número del Certificado de Tipificación y Clasificación y Circular Interna en que fuera publicado. c) Detalle indicando la cantidad de mermas, residuos y sobrantes irrecuperables. d) Detalle indicando la cantidad de mermas, residuos y sobrantes con valor comercial, informando el número y año del Despacho de Importación y la Aduana de registro por la que se importaron definitivamente para consumo. e) Detalle de la cantidad de mercadería, importada para consumo, sin perfeccionamiento industrial, informando el número y año del Despacho de Importación y la Aduana de registro por la que se importó definitivamente para consumo. f) Detalle de la cantidad de mercadería exportada para consumo, sin perfeccionamiento industrial, informando número, año, dígito y Aduana del correspondiente Permiso de Embarque. g) Resumen de la declaración jurada que indique el total importado temporariamente y a consumo, exportado y las cantidades irrecuperables. h) Detalle de los Certificados de Tipificación y Clasificación o copia de los mismos autenticadas por el Despachante de Aduana, cuando aún no se hubieren publicado en Circular Interna.”
Que asiste razón a la actora quien en su recurso de apelación (cfr. 2° párrafo de fs. 138 vta.) esgrime que en ningún momento se especifica cuál fue el incumplimiento que se le endilga, o la omisión en la que habría incurrido. Más aún, tampoco encontramos referencia alguna de ello en la resolución aduanera. Que, contrariamente, en las actuaciones administrativas existe profusa documentación aportada por la actora al momento de efectuar la corrida de vista (permisos de embarque y CTC, cfr. fs. 33/138) que, sumada a la prueba producida en el expediente principal, posibilita efectuar la descarga de gran cantidad de mercadería que no se encuentra en infracción.
Que dicha documentación no ha sido valorada por el área técnica competente, ni siquiera para ser descartada.
Que, a mayor abundamiento, de la Nota N° 46/13 (SE PRTE) emitida por la Sección de Procedimientos Técnicos (fs. 142 de las actuaciones administrativas) únicamente surge que “…no se pudo llevar a cabo el cruce de rigor, atento no cumplir con lo dispuesto en la Resolución N° 479/95.”
XI. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que mediante la destinación bajo análisis, oficializada el 03/06/2003, la actora importó diversas piezas (a través de los 21 ítems y subítems) a efectos de ser incorporados a la fabricación de tableros eléctricos de bajo voltaje.
Que los permisos de embarque cuyas copias obran en las actuaciones administrativas (03 001 EC03 033794 L, 03 001 EC03 033388 K, 04 001 EC03 006978 Z, 03 001 EC03 020158 B, todos ellos bajo la P.A. 8537.10.90) y en el expediente principal poseen los detalles de cancelación que fueron cotejados en esta instancia conjuntamente con los CTC (2226/04, 2228/04, 2227/04, 2262/04, 2256/04, 2229/04, 2257/04, 1715/04, 2259/04, 2258/04, 2260/04, 2261/04, 2262/04, 1716/04, 2363/04, 1717/04, 2230/04, 1718/04, 289/04) individualizados en ellos y que obran en autos.
Que la totalidad de los permisos fueron oficializados en forma previa al vencimiento de la destinación (31/05/2004), a saber, en fechas: 23/12/2003, 19/12/2003, 11/03/2004 y 12/08/2003.
Que los CTC acompañados incluyen la P.A. referenciadas en los permisos de embarque antes detallados y en cuanto al insumo utilizado, en los anexos correspondientes se puede vincular la descripción del insumo con aquellos incluidos en los respectivos ítems y subítems que componen la destinación, de forma tal que permite descargar casi la totalidad de la mercadería importada.
Que, sin perjuicio de ello, la mercadería que se encuentra en infracción es la que se vincula a los permisos de embarque Nros. 04 001 EC03 006978 Z y 03 001 EC03 020158 B (correspondientes al ítem 8 subítems 14, 17 y 18, ítem 9 subítem 7 e ítem 3 subítem 33 de la DIT), ya que en ellos no se precisó solicitud o CTC aplicable, cuestión que imposibilita vincular la documentación y, en consecuencia, efectuar descarga alguna.
XII. Que, por lo expuesto, corresponde ordenar al servicio aduanero que, en los términos del art. 1166 del C.A. practique liquidación de multa y tributos teniendo en cuenta el saldo de mercadería que se encuentra en infracción.
En cuanto a los tributos, la importadora fue notificada de la corrida de vista, con fecha 26/08/2008 (fs. 139 vta. de las act. adm.), por lo tanto, los intereses corren, en el caso, desde el 10/09/2008, ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A. Todo ello sin perjuicio de los que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 545/2013, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en la actuación SIGEA N° 12148-155- 2004, en cuanto condena a la actora al pago de la multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., declarando que la misma debe reducirse en proporción al saldo en infracción, correspondiente al ítem 8 subítems 14, 17 y 18, ítem 9 subítem 7 e ítem 3 subítem 33 de la destinación N° 03 001 IT14 003505 V.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE el artículo 3° de la Resolución DE PRLA N° 545/2013, declarando que la exigencia tributaria debe reducirse de conformidad al saldo que se encuentra en infracción, conforme lo indicado en el artículo 1°.
3. ORDENAR al servicio aduanero que, en los términos del art. 1166 del C.A. practique liquidación de multa y tributos, conforme lo dispuesto en el considerando XII de la presente y en base a la mercadería en infracción. En cuanto a los tributos, deberá incluir también los intereses desde el 09/09/2008 hasta el momento de practicarse la liquidación, todo ello sin perjuicio de los que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
4. DIFERIR las regulaciones de honorarios de los letrados intervinientes hasta que se apruebe la liquidación que se ordena practicar precedentemente.
5. Costas según los respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 545/2013, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en la actuación SIGEA N° 12148-155- 2004, en cuanto condena a la actora al pago de la multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., declarando que la misma debe reducirse en proporción al saldo en infracción, correspondiente al ítem 8 subítems 14, 17 y 18, ítem 9 subítem 7 e ítem 3 subítem 33 de la destinación N° 03 001 IT14 003505 V.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE el artículo 3° de la Resolución DE PRLA N° 545/2013, declarando que la exigencia tributaria debe reducirse de conformidad al saldo que se encuentra en infracción, conforme lo indicado en el artículo 1°.
3. ORDENAR al servicio aduanero que, en los términos del art. 1166 del C.A. practique liquidación de multa y tributos, conforme lo dispuesto en el considerando XII de la presente y en base a la mercadería en infracción. En cuanto a los tributos, deberá incluir también los intereses desde el 09/09/2008 hasta el momento de practicarse la liquidación, todo ello sin perjuicio de los que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
4. DIFERIR las regulaciones de honorarios de los letrados intervinientes hasta que se apruebe la liquidación que se ordena practicar precedentemente.
5. Costas según los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2024.04.23 11:35:59 ART Date: 2024.04.23 13:18:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.23 13:18:48 -03:00
Fin de la sentencia