Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos opuesto por las coactoras, en relación en relación a los sumarios que tramitaran mediante SIGEA Nros. 12210-4928-2006 y 12210-4933-2006, iniciados por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a las operaciones documentadas mediante las destinaciones Nros. 03 073 IT14 001763 L y 03 073 IT14 001811 F, sin costas.
2Confirmar parcialmente el art. 1° de las Resoluciones DE PRLA Nros. 7835/2013 y 7599/2013, dictadas por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en los Exptes. SIGEA Nros. 12210-4928-2006 y 12210-4933-2006, reduciendo las multas allí impuestas, y fijándolas en las sumas de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 61/100 CVOS. ($ 13.581,61.-) y PESOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 30/100 ($ 74.313,30.-) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 29 % a cargo de la actora y en un 71 % a cargo del fisco.
3Confirmar parcialmente el art. 3° de las resoluciones apeladas, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XIII del presente, declarando que las coactoras adeudan la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 61/100 CVOS. ($ 13.581,61.-) y PESOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 30/100 ($ 74.313,30.-), en …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-99794344-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Domingo 27 de Agosto de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin a fin de resolver en los autos caratulados: “ABB S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expte. Nº 34.640-A, y sus acumulados “ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” Expte. N° 34.664-A y “ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” Expte. N° 34.665-
A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Determinar si las Resoluciones DE PRLA Nros. 7599/13 y 7835/13 dictadas por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el marco de las actuaciones SIGEA Nros. 12210-4933-2006 y 12210-4928-2006, resultan ajustadas a derecho en cuanto condenan a la firma ABB S.A. al pago de multas y tributos adeudados, en los términos que a continuación se detallan. La resolución citada en primer término condena a la referida firma al pago de una multa equivalente a $ 260.096,55 y formula cargo-a la importadora y su garante- por la suma de U$S 59.688,52, con relación a la infracción tipificada en el artículo 970 del C.A. respecto de la mercadería importada temporariamente mediante DIT N° 03 073 IT14 001811 F, cuyo vencimiento operaba el 10/07/2004. La segunda la condena al pago de una multa equivalente a $ 47.535,63 y formula cargo-a la importadora y su garante- por la suma de U$S 10.908,80, con relación a la infracción tipificada en el artículo 970 del C.A. respecto de la mercadería importada temporariamente mediante DIT N° 03 073 IT14 001763 L, cuyo vencimiento operaba el 9/07/2004.
II. Fundamentos de las apelaciones:
* Coactora importadora ABB S.A.:
A fs. 46/60 se presenta por apoderado la firma ABB S.A. e interpone recurso de apelación contra las resoluciones mencionadas. En primer término, efectúa un relato de los antecedentes que originaron las causas. A continuación, aduce que las obligaciones impuestas por el régimen legal han sido cumplidas, habiéndose reexportado la totalidad de la mercadería importada temporariamente. Especifica en relación a ello que la mercadería importada mediante la DIT N° 03 073 IT14 001811 F fue cancelada conforme la siguiente documentación: permisos de embarque Nros. 03 001 EC03 0022454 C y 03 001 EC03 022465 E y solicitudes de CTC Nros. 148690/03, 148692/03 y 154528/03. En cuanto a la DIT N° 03 073 IT14 001763 L refiere que ha sido cancelada mediante el permiso de embarque N° 03 001 EC03 022465 E y la solicitud de CTC N° 148690/03. Cita jurisprudencia. Afirma que la injustificada demora en la tramitación del sumario configura una grave violación al derecho de defensa. Subsidiariamente, plantea que ha operado la prescripción de la acción en cabeza del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos reclamados y que el auto de instrucción de sumario debió haber sido notificado para surtir los efectos que la norma le atribuye. Cita jurisprudencia. En el mismo sentido, requiere que se aplique lo normado en el art. 898 del C.A. y el reencuadre en el art. 972 del C.A. En cuanto a la liquidación de tributos, entiende que la inclusión del derecho adicional es ilegítima e improcedente, así como también las percepciones de IVA e impuesto a las ganancias. Se agravia también en relación a la graduación de la multa. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
*Coactora aseguradora ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A A fs. 247/253 y 284/290 la compañía aseguradora se presenta por apoderada e interpone recurso de apelación contra ambas resoluciones. Los agravios que integran ambos recursos resultan idénticos. Primeramente, efectúa una reseña de los hechos que originaron ambas causas. Asevera que las destinaciones en cuestión fueron íntegramente canceladas por parte del importador, adhiriendo a las defensas por él impetradas. Afirma que la compañía aseguradora únicamente responde por el límite de las pólizas y requiere sean agregadas. En cuanto a la liquidación de los tributos, sostiene la improcedencia de la inclusión del derecho adicional y del tipo de cambio empleado en la resolución. Asimismo, opone la prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos reclamados. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas.
III. Contestaciones de los traslados:
A fs. 79/84 la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 12210-4928-2006 y 12210-4933-2006. En primer lugar, efectúa una negativa genérica. A continuación, efectúa una réplica de los agravios esgrimidos por la actora importadora. Afirma que no es cierto que se haya producido la reexportación de la mercadería vinculada a las destinaciones en trato y que la infracción endilgada se encuentra configurada. Cita jurisprudencia. Sustancialmente, remite a los informes de fs. 50 y 79 de las actuaciones administrativas de los que se infiere una falta de correspondencia entre el insumo importado y el producto exportado, al no encontrarse la solicitud o el CTC definitivo aplicable. A mayor abundamiento, remarca que la actora importadora no ha logrado incorporar documentación alguna que permita demostrar el cumplimiento de las respectivas importaciones temporales. Seguidamente, se opone a los planteos y cuestionamientos realizados a la liquidación y la confirma en todos sus rubros. Asimismo, entiende que resulta improcedente la aplicación de los arts. 898, 972 y 916 del C.A. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas.
A fs. 259/268 y 302/306 la representación fiscal contesta los traslados de los recursos impetrados por la coactora aseguradora, respecto de las Resoluciones 7599/13 y 7835/13. En el escrito referido en primer lugar, la representación fiscal efectúa una negativa general. Acto seguido, se opone al planteo de prescripción promovido por la coactora aseguradora. Asimismo, explica las características del tipo infraccional regulado en el art. 970 del C.A. y enfatiza que la carga de la prueba se encuentra a cargo de la importadora-o su responsable solidario. Resalta que verificado el incumplimiento, la DGA se encuentra habilitada a requerir de la compañía aseguradora los respectivos montos. Cita jurisprudencia. Afirma que al haberse producido el siniestro, corresponde a la coactora afrontar el pago de los tributos. A fs. 302/306 la representación fiscal contesta el traslado conferido y efectúa una negativa general de las afirmaciones esgrimidas por la garante. A continuación, solicita el rechazo del planteo de prescripción. Aduce que su calidad de garante trae aparejada la responsabilidad pecuniaria respecto de la totalidad de los tributos. En el mismo sentido, se explaya en relación al régimen de importación temporal y destaca que la conducta punible se concretó, incumpliendo la importadora con las obligaciones asumidas. Cita jurisprudencia.
Finalmente, en ambas oportunidades, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas.
IV. Actuaciones administrativas:
• SIGEA N° 12210-4928-2006:
Que las referidas actuaciones administrativas se inician a fs. 1/8 con la solicitud de devolución de la garantía incoada por la despachante de aduana Mónica Nora Fernández en representación de la importadora, vinculada a la DIT N° 03 073 IT14 001763 L y acompaña copia del despacho, del permiso de embarque N° 03 001 EC03 022465 E y de la solicitud de CTC N° 148690/03. A fs. 9/11 obra acta de denuncia N° 309/06, de fecha 18/09/2006. A fs. 12 se agrega la carpeta del despacho en trato. A fs. 13 la Sección de Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza advierte que no puede constatarse la reexportación de la mercadería ante la falta de CTC definitivo. A fs. 13 vta. se adjunta liquidación. A fs. 20, en fecha 26/11/2008, se dispuso la instrucción de sumario. A fs. 21/22 obra nueva liquidación por multa y tributos, en pesos y dólares. A fs. 25 y vta. se dispone correr vista de todo lo actuado a la importadora y a la compañía de seguros ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. a efectos de que ejerzan su derecho de defensa. A fs. 31 y 32 lucen las cédulas de notificación de la corrida de vista, en fechas 13/05/2013 (aseguradora) y 16/05/2013 (importadora). A fs. 33/40 y 41/55 aquellas se presentan y contestan las vistas conferidas. A fs. 57 la Sección de Procedimientos Técnicos ratifica la denuncia, reiterando que no puede determinarse la correspondencia entre el insumo importado y el producto exportado al no encontrarse la solicitud o CTC definitivo aplicable. A fs. 58/63 se adunan constancias del registro de infractores relativos a la actora importadora. A fs. 64/68 se encuentra la resolución aquí apelada y las constancias de su notificación (fs. 79/80). A fs. 81 la firma ABB S.A. comunica la apelación (tramitada por SIGEA N° 13289-21764-2014) ante este Tribunal y acompaña formulario F4 (fs. 82).
• SIGEA N° 12210-4933-2006:
Que dichas actuaciones se originan a fs. 1/21 con la solicitud de devolución de la garantía incoada por la despachante de aduana Mónica Nora Fernández en representación de la importadora, vinculada a la DIT N° 03 073 IT14 001811 F y acompaña copia del despacho, de los permisos de embarque Nros. 03 001 EC03 022465 E y 03 001 EC03 0022454 C y de las solicitudes Nros. 148690/03, 148692/03 y 154528/03. A fs. 9/11 obra acta de denuncia N° 308/06, de fecha 18/09/2006. A fs. 25 se agrega la carpeta del despacho en trato. A fs. 26 la Sección de Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza advierte que no puede constatarse la reexportación de la mercadería ante la falta de CTC definitivo. A fs. 26 vta. se adjunta liquidación. A fs. 33, en fecha 26/11/2008, se dispuso la instrucción de sumario. A fs. 34/35 obra nueva liquidación por multa y tributos, en pesos y dólares. A fs. 38 y vta. se dispone correr vista de todo lo actuado a la importadora y a la compañía de seguros ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A a efectos de que ejerzan su derecho de defensa. A fs. 44 y 45 lucen las cédulas de notificación de la corrida de vista, en fechas 13/05/2013 (aseguradora) y 16/05/2013 (importadora). A fs. 46/53 y 54/68 aquellas se presentan y contestan las vistas conferidas. A fs. 70 la Sección de Procedimientos Técnicos ratifica la denuncia, reiterando que no puede determinarse la correspondencia entre el insumo importado y el producto exportado al no encontrarse la solicitud o CTC definitivo aplicable. A fs. 71/76 se adunan constancias del registro de infractores relativos a la actora importadora. A fs. 77/81 se encuentra la resolución aquí apelada y las constancias de su notificación (fs. 92/93). A fs. 94 la firma ABB S.A. comunica la apelación (tramitada por SIGEA N° 12210-4933-2006) ante este Tribunal y acompaña formulario F4 (fs. 96).
V. Que a fs. 88 se abre la causa a prueba. A fs. 375 se declaró cerrado el período probatorio. A fs.433 se ponen autos para alegar y a fs. 453 pasan a sentencia.
VI. Que, previo a todo análisis corresponde decidir acerca del planteo de prescripción efectuado por ambas coactoras en los respectivos escritos iniciales (fs. 49 vta., 252 vta. /253 y 289 vta./290). Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que de la compulsa de los autos de apertura del sumario (fs. 20 y 33 de los respectivos antecedentes administrativos) se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el artículo antes referenciado para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye. Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al auto de apertura, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería (fs. 13 y vta. y 26 y vta. respectivamente).
Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de las temporales en trato operaron en fechas 9/07/2004 y 10/07/2004 conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2005.
Que en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, las instrucciones del sumario se dictaron en idéntica fecha (26/11/2008), hasta ese momento habían transcurrido 3 años, 10 meses y 25 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 1 año, 1 mes y 5 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” (la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.) es la resolución definitiva recaída en los sumarios aquí tratados, esto es, las Resoluciones DE PRLA Nros. 7599/13 y 7835/13 dictadas el 31/10/2013 y el 4/11/2013.
Que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 26/11/2008 (dictado de ambos autos de apertura del sumario) y las fechas 31/10/2013 y 4/11/2013 ( dictado de las resoluciones aduaneras). Siendo estas últimas fechas los límites de las suspensiones de la que se tratan, correspondiendo tomar las mismas en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que, conforme lo antes expuesto, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 1/11/2013 y 5/11/2013. Es decir, que desde allí comenzó a correr el plazo de 1 año, 1 mes y 5 días que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que previo a que dicho término transcurra se produjeron las notificaciones de las resoluciones aduaneras (22 y 23 de mayo de 2014) actos que ostentan virtualidad interruptiva del plazo, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que respecto de la prescripción de la acción para imponer sanciones se llega a idéntica conclusión, a la luz del análisis que a continuación se efectúa.
Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de las temporales en trato operaron en el año 2004, conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2005. Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado de los autos de apertura de sumario (ambos, como ya se indicó, de fecha 26/11/2008). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 27/11/2008, finalizando el 27/11/2013. Cabe destacar que ambas resoluciones aduaneras han sido dictadas antes de que dicho plazo transcurra (31/10/2013 y 4/11/2013).
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión de los actos atacados, no había operado la prescripción de las acciones en cabeza del fisco para imponer sanciones. Es por ello que corresponde rechazar el planteo de prescripción opuesto, sin costas, por el tratamiento integrativo con el fondo.
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante las destinaciones Nros. 03 073 IT14 001811 F y 03 073 IT14 001763 L, de la firma ABB S.A., registradas ante la Aduana de Ezeiza, el 16/07/2003 y 10/07/2003, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 10/07/2004 y el 9/07/2004.
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que esta expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
X. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total de las destinaciones en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que puntualmente a fs. 48 la importadora alega que la DIT N° 03 073 IT14 001763 L ha sido cancelada mediante el permiso de embarque N° 03 001 EC03 022465 E y la solicitud de CTC N° 148690/03. En relación a ello, cabe considerar que el sobre contenedor del citado permiso de embarque fue incorporado a fs. 111 como resultado de la prueba producida en el expediente. A fs. 173 se desprende de la contestación de oficio efectuada por la Secretaría de Comercio Exterior que, en relación a la solicitud aludida por la actora-N° 148690/03-no se ha emitido certificado de tipificación y clasificación. La copia de la solicitud bajo análisis fue agregada a fs. 180/195. Ahora bien, del cotejo de dicha documental se advierte que en la hoja de insumos del permiso de embarque N° 03 001 EC03 022465 E no se detalla solicitud (o CTC definitivo) alguno, razón por la cual resulta imposible vincular dichos documentos, ycomo consecuencia-efectuar la descarga.
Corresponde ahora tratar los agravios esgrimidos por la actora importadora vinculados a la segunda de las destinaciones. En ese punto, surge del escrito de apelación (fs. 47 vta. in fine) que la apelante refiere que la DIT fue cancelada mediante la siguiente documentación: permisos de embarque Nros. 03 001 EC03 0022454 C y 03 001 EC03 022465 E y solicitudes de CTC Nros. 148690/03, 148692/03 y 154528/03. Cabe precisar que el sobre contenedor del permiso N° 03 001 EC03 0022454 C fue agregado a fs. 97. En lo que hace a esta destinación (N° 03 073 IT14 001811 F) cabe llegar a idénticas conclusiones, ya que tampoco ha sido identificado en las respectivas hojas de insumos de los permisos de embarque identificados (Nros. 03 001 EC03 0022454 C y 03 001 EC03 022465 E) solicitud de CTC o CTC definitivo alguno que permita vincular dicha documentación, y como consecuencia, efectuar la descarga. Es por ello que no cabe más que concluir que no se encuentra debidamente acreditada la reexportación de la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante las destinaciones analizadas.
XI. Que las pólizas en virtud de las cuales la Aduana funda sus exigencias a la firma aseguradora son las Nros. 32190 (fs. 337/338) y 32319 y 32394 (fs. 361/362) extendidas por la firma ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por las sumas de $ 35.000, $ 125.000 y $ 55.000 a favor de la aduana, respecto de las obligaciones tributarias que hubieran podido resultar de la importación temporaria realizada por la firma ABB S.A. mediante las destinaciones Nros. 03 073 IT14 001763 L y 03 073 IT14 001811 F.
Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del CA, y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un "fiador" (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria.
En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial, Ley 26.994).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
XII. Que, previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, corresponde que me expida sobre los agravios vertidos sobre la incorporación del derecho adicional, que fuera reclamado en las liquidaciones practicadas en las actuaciones administrativas. Al respecto, previamente a efectos de los rubros que componen los tributos, como se explicará, debe dejarse sentado que no procede el cálculo del derecho adicional.
Ello así en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (página 6, considerando 9), párrafo tercero). Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal..." (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307- 1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Consecuentemente, debe reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 21/22 y 34/35 de las actuaciones administrativas.
XIII. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar que la liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero a fs. 21/22 y 34/35 de las actuaciones administrativas ha sido cuestionada en relación a diversos rubros que la integran.
Al respecto, debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias. Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar las aludidas exigencias tributarias, sin incluir las percepciones de IVA y ganancias, ni el derecho adicional, (conf., a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
DIT N° 03 073 IT14 001763 L BASE BASE TRIBUTOS MULTA V.A 10.732,78 V.A 10.732,78 D.A 0% 0,00 D.A 0% 0,00 D.I 17,5% 1.878,24 D.I 17,5% 1.878,24 T.E 0,5% 53,66 T.E 0,5% 53,66 BASE IVA 12.664,68 BASE IVA 12.664,68 IVA 21% 2.659,58 IVA 21% 2.659,58 IVA ADIC 0% 0,00 IVA ADIC 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 TOTAL 4.591,48 TOTAL 4.591,48 TC 2,9580 13.581,61 TC 2,9580 13.581,61 DIT N° 03 073 IT14 001811 F BASE BASE TRIBUTOS MULTA V.A 58.725,62 V.A 58.725,62 D.A 0% 0,00 D.A 0% 0,00 D.I 17,5% 10.276,98 D.I 17,5% 10.276,98 T.E 0,5% 293,63 T.E 0,5% 293,63 BASE IVA 69.296,23 BASE IVA 69.296,23 IVA 21% 14.552,21 IVA 21% 14.552,21 IVA ADIC 0% 0,00 IVA ADIC 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 TOTAL 25.122,82 TOTAL 25.122,82 TC 2,9580 74.313,30 TC 2,9580 74.313,30 TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS POR LAS DESTINACIONES DIT N° 03 073 IT14 001763 L Y 03 073 IT14 001811 F: $ 13.581,61 + 74.313,30 = $ 87.894,91.-
XIV. Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
Que, por lo tanto, los intereses corren, para la coactora aseguradora, desde el 27/05/2013, y para la coactora importadora, desde el 30/05/2013, ello así en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Que las sumas adeudadas en concepto de tributos se encuentran dentro de los topes máximos asegurados mediante las pólizas Nros. 32190 (fs. 337/338) y 32319 / 32394 (fs. 361/362) extendidas por la firma ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., respecto de la obligación tributaria de las destinaciones Nros. 03 073 IT14 001763 L Y 03 073 IT14 001811 F.
XV. Que corresponde me refiera a las multas impuestas, que según resulta de las resoluciones apeladas, a los fines de determinar el quantum, se tuvo en cuenta las impresiones de pantallas del Registro General de Infractores obrantes a fs. 58/63 y 71/76 de las actuaciones administrativas, de las que resultarían antecedentes infraccionales (razón por la cual se graduó en 3 veces y media el importe de los tributos). Al respecto cabe destacar que, según resulta de las constancias antes citadas, la totalidad de las resoluciones con condena que surgen del registro de infractores (Resoluciones Nros. 2655/07, 6722/11, 6016/11, 4459/09, 7658/09, 4478/09 firmes en los años 2007, 2012, 2010 y 2009) han quedado firmes con posterioridad a la comisión de las infracciones de autos.
En tal situación, no puede afirmarse que se configura la situación de reincidencia a que alude el art. 927 del Código Aduanero, que considera que se es reincidente cuando con posterioridad a una condena firme, cometa una nueva infracción o delito aduanero.
Aunque el art. 915 del Código Aduanero, solo requiere tener en cuenta entre otros aspectos a los antecedentes del imputado, sin mencionar de manera específica a la “reincidencia” como concepto técnico, estimo que las situaciones expresadas en el párrafo anterior pueden ser tenidas también en cuenta como un mero antecedente, aunque sin poder equipararse en su evaluación, que no reviste la misma importancia, al supuesto de “reincidencia”.
Al respecto debe recordarse que la Corte Suprema ha dicho que “…son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 290:202, 5º considerando y sus citas)” (“SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27/12/88, Fallos, 311:2779).
Por ello, la graduación de la conducta del responsable debe ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias que, en la convicción del intérprete -juez administrativo-, permitan encontrarla configurada y en los antecedentes computables que puedan endilgársele al infractor. En consecuencia, las multas deben fijarse en una (1) vez el importe de los tributos.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1. RECHAZAR el planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos opuesto por las coactoras, en relación en relación a los sumarios que tramitaran mediante SIGEA Nros. 12210-4928-2006 y 12210-4933-2006, iniciados por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a las operaciones documentadas mediante las destinaciones Nros. 03 073 IT14 001763 L y 03 073 IT14 001811 F, sin costas.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1° de las Resoluciones DE PRLA Nros. 7835/2013 y 7599/2013, dictadas por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en los Exptes. SIGEA Nros. 12210-4928-2006 y 12210-4933-2006, reduciendo las multas allí impuestas, y fijándolas en las sumas de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 61/100 CVOS. ($ 13.581,61.-) y PESOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 30/100 ($ 74.313,30.-) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 29 % a cargo de la actora y en un 71 % a cargo del fisco.
3. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de las resoluciones apeladas, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XIII del presente, declarando que las coactoras adeudan la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 61/100 CVOS. ($ 13.581,61.-) y PESOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 30/100 ($ 74.313,30.-), en concepto de tributos adeudados, con más los intereses que corren para la coactora aseguradora, desde el 27/05/2013, y para la coactora importadora, desde el 30/05/2013, ello así en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 42 % a cargo de las coactoras y en un 58 % a cargo del fisco. El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a V del voto del Dr. Segura y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. En primer termino, corresponde examinar si la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse las resolucones apeladas, como lo plantean las coactoras.
En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX- 2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086- APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae. Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
III. En tales condiciones, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que los autos de apertura de sumario fueron dictados (en la Actuación SIGEA Nº 12210-4933-2006 -relacionada con el DIT Nº 03 073 IT14 001811 F- a fs. 33 y en la Actuación SIGEA Nº 12210-4928-2006 -relacionada con el DIT Nº 03 073 IT14 001763 L- a fs. 20), con fecha 26/11/2008, no advirtiéndose en las respectivas actuaciones, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, los actos examinados carecen de la entidad suficiente para interrumpir la prescripción de la acción del fisco para imponer penas –art. 937 inc. a) del CA- y suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos –art. 805 inc. a) del CA.
En el marco de lo descripto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2005, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2009 (cfme. arts. 934 a 937 y 803 a 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de las resoluciones apeladas (dictadas el 31/10/2013 –Resolución DE PRLA Nº 7599/2013 y 04/11/2013 –Resolución DE PRLA Nº 7835/2013). En adición a lo expuesto, cabe subrayar que los autos de corrida de vista de fs. 38 (SIGEA Nº 12210-4933- 2006) y fs. 25 (SIGEA Nº 12210-4928-2006) fueron dictados el 29/04/2013 y notificados cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba vencido.
En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos relativos a los DIT Nros. 03 073 IT14 001811 F y 03 073 IT14 001763 L.
Por ello, voto por:
Declarar prescripta la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos en relación a los DIT Nros. 03 073 IT14 001811 F y 03 073 IT14 001763 L. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. RECHAZAR el planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos opuesto por las coactoras, en relación en relación a los sumarios que tramitaran mediante SIGEA Nros. 12210-4928-2006 y 12210-4933-2006, iniciados por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a las operaciones documentadas mediante las destinaciones Nros. 03 073 IT14 001763 L y 03 073 IT14 001811 F, sin costas.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1° de las Resoluciones DE PRLA Nros. 7835/2013 y 7599/2013, dictadas por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en los Exptes. SIGEA Nros. 12210-4928-2006 y 12210-4933-2006, reduciendo las multas allí impuestas, y fijándolas en las sumas de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 61/100 CVOS. ($ 13.581,61.-) y PESOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 30/100 ($ 74.313,30.-) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 29 % a cargo de la actora y en un 71 % a cargo del fisco.
3. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de las resoluciones apeladas, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XIII del presente, declarando que las coactoras adeudan la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 61/100 CVOS. ($ 13.581,61.-) y PESOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 30/100 ($ 74.313,30.-), en concepto de tributos adeudados, con más los intereses que corren para la coactora aseguradora, desde el 27/05/2013, y para la coactora importadora, desde el 30/05/2013, ello así en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 42 % a cargo de las coactoras y en un 58 % a cargo del fisco. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2023.08.25 19:22:58 ART Date: 2023.08.25 21:58:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.27 08:52:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.27 08:53:02 -03:00
Fin de la sentencia