Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 25394-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por el fisco nacional en cuanto al fondo de la cuestión, y admitirlo en lo que respecta a las costas, de conformidad con lo establecido en el considerando VIII; con costas de alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).
A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
41.824/2023; “ABB SA (TF 25394-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 12 de marzo de 2024. JSY Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso En 1999, la firma ABB SA ingresó mercadería bajo el régimen de importación temporaria. En 2001, se formuló un acta de denuncia contra la firma, atento a que la mercadería no habría sido regularizada dentro del término concedido. En 2008, mediante una resolución, la Dirección General de Aduanas consideró que la firma ABB SA había cometido la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero, por lo que la condenó al pago de una multa y formuló cargo por los tributos adeudados. En consecuencia, ABB SA interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el cual admitió parcialmente su pretensión. En el caso, se discute la validez de la reducción del importe de la multa por parte del Tribunal Fiscal y las costas impuestas al fisco nacional en la instancia anterior.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 27/2/2023 (obrante a fs. 284/287), resolvió: (i) confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 5251/2008, dictada el 4/9/2008 por el Subdirector General de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera, en el trámite de la actuación administrativa SIGEA 12039-274-2008 (expediente ADGA 600.300/2002), y declarar que la multa ascendía a la suma de $43.025,77; (ii) confirmar parcialmente la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA adeudada por la actora, la cual que ascendía a la suma de $17.210,31, con más los intereses del art. 794 del Código Aduanero hasta la fecha del efectivo pago; (iii) imponer las costas por sus respectivos vencimientos. Para decidir de ese modo, luego de efectuar una reseña de las actuaciones administrativas, se refirió a los alcances del art. 970 del Código Aduanero, así como a la importancia del Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC). Sobre esto último, hizo mención al decreto 1439/96, a la resolución MEyOSP 72/92 y a la resolución SIC 18/92.
Seguidamente, analizó los documentos obrantes en las actuaciones administrativas y en la causa ante el tribunal a fin de verificar si los mismos resultaban suficientes para acreditar el cumplimiento de la normativa citada, como así también de la cancelación total de la DIT bajo análisis. El tribunal comprobó el cumplimiento parcial del régimen de importación temporaria y concluyó que se había acreditado la reexportación en tiempo y forma de siete unidades de insumos importados temporariamente mediante la DIT 99 073 IT14 000578 G. En consecuencia, afirmó que el saldo de mercedaria que había sido regularizada ascendía también a siete unidades.
En lo que respecta a la liquidación tributaria, por aplicación dela jurisprudencia de la Corte Suprema, consideró que no correspondía el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del decreto 1439/96, atento a que no se había configurado el presupuesto de hecho que daba lugar a su aplicación, por lo que correspondía revocarlo y modificar la exigencia tributaria.
Por otro lado, consideró que la DGA carecía de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias.
De este modo, modificó la exigencia tributaria y reliquidó la multa impuesta, cuya graduación, aclaró, no había sido materia de agravio en la causa. En consecuencia, puntualizó que el importe adeudado en concepto de multa ascendía a la suma de $43.025,77 y e1 importe de tributos adeudado por la mercadería en infracción (7 unidades introducidas por la DIT N° 99 073 IT14 000578 G) en concepto de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 41.824/2023; “ABB SA (TF 25394-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Derecho de Importación, Tasa de Estadística e IVA ascendía a la sumada de $17.210,31), con más CER y los intereses del art. 794 del CA, hasta la fecha de su efectivo.
En lo que respecta a la procedencia de la aplicación del CER, el tribunal puso de relieve que atento que la deuda tributaria había sido expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 214/02, consideró que resultaba aplicable lo dispuesto por los arts. 4 y 8 del decreto citado.
Por consiguiente, afirmó que la conversión de la deuda a razón de un peso ($1) con más el CER correspondiente a la fecha de pago, resultaba impuesta legalmente de conformidad con el criterio sentado por la jurisprudencia de la Corte Suprema, en el sentido de que las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del decreto 214/02, el CER era inescindible del capital adeudado. Por lo tanto, concluyó que la inclusión del CER a la deuda tributaria resultaba ajustada a derecho. Ante aquel pronunciamiento, el fisco planteó aclaratoria a fs. 293 manifestando que en la parte resolutiva no se había incluido el CER. El Tribunal Fiscal, el 13/6/2023 (obrante a fs. 305/306), aclaró que el punto II de la parte resolutiva en la que se confirmaba parcialmente la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA adeudada por la actora, ascendía la suma de $17.210,31, con más el CER y los intereses del art. 794 CA hasta la fecha del efectivo pago.
III. Agravios del fisco nacional Contra la sentencia del 27/2/2023 (obrante a fs. 284/287)
el fisco nacional interpuso recurso de apelación a fs. 295 y expresó agravios a fs. 299/303, los cuales fueron contestados por la parte actora a fs. 312/316.
En primer lugar, atento a que la aclaratoria todavía no había sido resuelta, se agravió que no se incluyera el CER a los efectos de la actualización de la deuda tributaria.
En segundo lugar, se queja de la reducción del importe mínimo de la multa, en virtud de la liquidación tributaria en la cual se excluyen de los tributos a abonar el derecho adicional, el IVA adicional y el anticipo de impuesto a las ganancias. Al respecto, sostiene que la determinación de una condena infraccional es algo radicalmente diferente a una liquidación tributaria y debe fijarse en función lo que la norma explícitamente establece y no de una liquidación tributaria que, con posterioridad, determina la correspondencia o no de algún tributo en particular con base a criterios diversos que no guardan relación con el momento imponible y, por ende, con el momento en que legalmente se establece la condena. Así las cosas, señala que una vez determinado el importe de la condena en virtud de los tributos que corresponderían abonarse al momento de la configuración del hecho gravado, estos no resultan modificables en virtud de nuevas liquidaciones tributarias. En tercer lugar, se agravia del modo en que fueron impuestas las costas. Precisa que en la medida en que la recurrente no aportó en sede administrativa los CTC que en el caso, le permitieron al tribunal formular la descarga parcial de la DIT 99-073-IT14-000578-G, no resulta ajustada la condena en costas a su parte. Afirma que toda vez que es responsabilidad de la importadora aportar los Certificados de Tipificación y Clasificación correspondiente, su parte no tuvo otra opción que condenar a la importadora, por cuanto no se encontraba acreditada la regularización de la mercadería oportunamente importada.
IV. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 41.824/2023; “ABB SA (TF 25394-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
V. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho En este orden de ideas, es menester recordar que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Renault Argentina SA”, del 7/3/1995; “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14/11/2009; “Agencia Maritima Tagsa SA (TF 18034-A) c/ DGA”, Causa Nº 25.245/2005, del 20/10/2011; “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 6.774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Odfjell Argentina SA c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 28.558/2018, del 26/2/2019, “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos otros).
VI. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso Así las cosas, corresponde precisar que en el caso corresponde expedirse sobre la procedencia de los agravios del fisco nacional respecto de la reducción del importe de la multa, así como la imposición de costas.
En este sentido, con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, resulta conveniente reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las actuaciones administrativas. Bajo esta perspectiva, de las constancias acompañadas a la causa, conforme fueran reseñadas adecuadamente por el Tribunal Fiscal, surge que:
(i) Las actuaciones administrativas SIGEA 12039-274-
2008 (Expte. ADGA N° 600.300/2002) se iniciaron con el Acta de Denuncia N°406/01 contra la firma Asea Brown Boveri SA por la presunta comisión de la infracción al art. 970 CA (cfr. fs. 1). A su vez, obra el sobre contenedor con la DIT 99 073 IT14 000573 G (cfr. fs. 4) y se practicó liquidación de tributos (cfr. fs. 7/8) lo que fue reiterado con posterioridad con la liquidación de las multas (cfr. fs. 12).
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(ii) El 2/10/2003, se instruyó sumario y se corrió vista de todo lo actuado a la actora (cfr. fs. 16) y a Chubb de Fianzas y Garantías SA, en su carácter de garante de la obligación tributarías. La aseguradora y la importadora contestaron la vista conferida (cfr. fs. 17/21 y 22/56, respectivamente).
(iii) Seguidamente, se las tuvo por presentadas en legal tiempo y forma las vistas, se tuvo por agregada la prueba documental y se ordenó, como medida para mejor proveer, el libramiento de una nota solicitando al área que corresponda el original de las destinaciones de exportación a consumo que regularizarían la DIT de autos (cfr. fs. 61). (iv) El Jefe (Int.) de la Secretariado Actuación N° 4 del DE PRLA amplió el auto de corrida de vista haciéndole saber a la firma importadora y a la aseguradora, que los tributos reclamados se ajustarían mediante el CER. Asimismo, intimó a la firma a acompañar originales o copias certificadas de los CTC y de las Declaraciones Juradas de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos correspondientes a la DIT denunciada (cfr. fs. 66).
(v) El Jefe de la División Registro de Exportación informó que los permisos de embarque requeridos se encontraban prescriptos, estando reservados y separados para su destrucción (cfr. fs. 73). (vi) Asimismo, el Jefe de la Secc. Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza informó que mediante permiso de embarque 00 001 ECO4 000098 A se reexportaron 4 unidades de la DIT en cuestión (items 1.4, 1,3, 1.2 y 2) y que a los fines de verificar la reexportación de los Insumos mediante los permisos de embarque Nros. 00 001 EC03 000641 Z, 99 001 EC03 027838 F y 00001 EC03 00638W, resultaba necesario contar con los CTC definitivos correspondientes (cfr. fs. 76).
(vii) Así las cosas, se practicó nueva liquidación de tributos y multa (cfr. fs. 81).
(viii) Finalmente, se dictó la resolución DE PRLA 5251/2008, apelada en autos.
VII. Improcedencia de los agravios del fisco nacional En este entendimiento, corresponde referirse a los agravios del fisco nacional referidos a la reducción del importe de la multa por parte del Tribunal Fiscal.
Al respecto, cabe puntualizar que el tribunal ponderó los documentos obrantes en las actuaciones administrativas y en esta causa, a fin de verificar si los mismos resultaban suficientes para acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable. Así las cosas, el tribunal comprobó el cumplimiento parcial del régimen de importación temporaria y concluyó que se había acreditado la reexportación en tiempo y forma de siete unidades de insumos importados temporariamente mediante la DIT 99 073 IT14 000578 G.
En esta línea, tuvo en cuenta que de la prueba documental acompañada al recurso de apelación interpuesto (cfr. fs. 6/53) como de la producida en autos (cfr. fs. 115/165), surgían copias, entre otros, de las CTC definitivos Nros. 3928/0, 3979/0, 3955/0 y 3919/0, emitidos en el marco de la solicitudes de CTC Nros. 061-012592/99, 061-000307/00, 061-000308/00 y 061-000303/00, respectivamente, consignadas en la descarga de los permisos de embarque Nros. 99 001 EC03 027838 E, 00001 ECO3 00638 W y 00 001 EC03 000641 Z, para acreditar la relación insumo-producto. Asimismo, tuvo en cuenta que surgía que en las Solicitudes de CTC Nros. 061-012591/99 y 061-000304/00, también consignadas en la descarga de los permisos de embarque Nros. 99 001 E003 027838 F y 00001 EC03 000638 W, no obraban agregadas constancias de emisión de los CTC definitivos.
De este modo, tuvo en cuenta el precedente de la Corte Suprema registrado en Fallos: 238:550, “Colalillo”, en el cual sostuvo que los jueces no podrían renunciar a la verdad jurídica objetiva (la cual se encuentra receptada en el art. 1. punto f, inc. 2 de la Ley Nacional de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 41.824/2023; “ABB SA (TF 25394-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Procedimientos Administrativos) por consideraciones meramente formales. Por lo tanto, afirmó que debían tenerse por válidos aquellos CTC definitivos obrantes en autos, ya que entender lo contrario implicaría caer en un excesivo rigorismo formal, desatendiendo la voluntad de la firma apelante para acreditar el efectivo cumplimiento de sus obligaciones ante el servicio aduanero.
Así las cosas, del análisis de la DIT en trato junto con toda su documentación complementaria (cfr. fs. 5 de las actuaciones administrativas), de los permisos de embarque Nros. 00001 EC03 000641 Z, 99 001 EC03 027838 F y 00 00 1 EC03 00638 W (cfr. fs. 39/57 de las actuaciones administrativas), de la prueba ofrecida por la actora como base de su defensa y de la producida ante el aquel tribunal, concluyó que se comprobaba el cumplimiento parcial del régimen de importación temporaria. De este modo, el Tribunal Fiscal modificó la exigencia tributaria y, en consecuencia, reliquidó la multa impuesta. Sobre la cuestión, aclaró que la graduación de la multa en dos veces y medio del importe que de los tributos que gravaban la importación para consumo, no había sido materia de agravio.
En este entendimiento, cabe señalar que el art. 970, inc. 1 del Código Aduanero estipula que la sanciones de multa para el que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del exportación temporaria será sancionado “con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al TREINTA (30%) por ciento del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada”.
Así las cosas, no se advierte que sea desacertado el criterio seguido por el Tribunal Fiscal. En efecto, el tribunal, luego de valorar la prueba obrante tanto en las actuaciones administrativas como en estos autos, consideró que la parte actora había cumplido parcialmente el régimen de importación temporaria, toda vez correspondía tener como válidos los CTC definitivos obrantes en estas actuaciones, independientemente de que no habían sido aportados en sede administrativa. Por lo tanto, modificó la exigencia tributaria y, en consecuencia, reliquidó la multa. Al hacerlo, mantuvo la graduación (en el caso, dos veces y media) que había tenido en cuenta el órgano fiscal para imponer la multa.
Por lo tanto, el criterio utilizado por el Tribunal Fiscal para adecuar la multa no se advierte como irrazonable, siendo los argumentos planteados por el fisco nacional insuficientes para revertir el criterio adoptado.
De este modo, a la luz de las constancias de la causa y de las normas aplicables, corresponde confirmar lo decidido por el Tribunal Fiscal.
VIII. Costas En lo que respecta a las costas, como lo ha expresado esta Sala en el diversos precedentes, cabe recordar que el principio general es que se imponen al vencido, puesto que el fundamento –y principio esencial– de la institución radica en el hecho objetivo de la derrota, habida cuenta que la aplicación de costas al vencido importa una reparación de los gastos necesarios que fueran efectuados por la parte que ha resultado vencedora en el pleito, para obtener el reconocimiento de su derecho (cfr., esta Sala, in rebus: “Federal Express Corporation (TF 30587-A) c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 22.937/2023, del 5/9/2023; “Pancho Dotto y Asociados SA c/ EN - AFIP- DGI - Resol. 7/02/07 s/ Dirección General Impositiva”, del 26/6/2013). Ello así, el art. 68, primer párrafo, del Código Procesal, recepta este principio en tanto dispone que la parte vencida en el juicio deba pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 41.824/2023; “ABB SA (TF 25394-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
solicitado. En ese sentido, inveterada doctrina del Máximo Tribunal expone que el art. 68 del Código Procesal consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (CSJN, Fallos: 323:3115; 325:3467); y quien pretenda exceptuarse de esa regla debe demostrar acabadamente las circunstancias que justificarían el apartamiento de ella (CSJN, Fallos: 312:889). Sin perjuicio de lo expuesto, vale recordar que es posible reconocer excepciones a la regla del art. 68 del Código Procesal en las condiciones que se establecen en el segundo párrafo de la misma norma, al facultarse a los jueces a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, por decisión fundada (CSJN, Fallos: 311:809 y 317:1640, entre otros). En efecto, “aunque una de las partes haya sido totalmente vencida en el pleito, el artículo 68, apartado 2° del código procesal confía al arbitrio de los jueces eximir a aquélla del pago de las costas” (cfr. esta Sala, in re: “Puntal S.A.C.I.F.I.A. c/ Banco Hipotecario Nacional”, del 31/8/1982). La adopción de tal temperamento requiere comprobar que el tema debatido en el juicio es discutible y de singular complejidad (CSJN, Fallos 280:176, considerando 14° de la mayoría y 17° de la disidencia) o la cuestión es novedosa de tal modo que todo ello ha podido generar en la parte la creencia de que su pretensión era, al menos, opinable (esta Sala, in re: “Morales Silvia Mónica c/ EN – PEN – AFIP – Resol 3212/11 s/ amparo Ley 16.986”, Causa Nº 30.272/12, del 20/12/2012).
Sentado lo expuesto, cabe sopesar adecuadamente las circunstancias que rodean al caso bajo análisis, a fin de resolver la cuestión planteada. En este entendimiento, como se indicó en los considerandos que anteceden, el Tribunal Fiscal admitió parcialmente el recurso interpuesto por la firma actora y concluyó que se comprobaba el cumplimiento parcial del régimen de importación temporaria. Para decidir de ese modo, consideró que correspondía tener como válidos los CTC definitivos obrantes en estas actuaciones, aunque reconoció que aquellos no habían sido aportados en sede administrativa. De este modo, teniendo en cuenta estas circunstancias, considero que corresponde admitir los agravios del fisco nacional y establecer que las costas que le fueran impuestas a su parte en la instancia anterior se distribuyan en el orden causado (art. 68, segunda parte, del Código Procesal; art. 1163 del Código Aduanero).
Por análogas razones y en atención al resultado del recurso, las costas de alzada se imponen en el orden causado (art. 68, segunda parte, del Código Procesal).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por el fisco nacional en cuanto al fondo de la cuestión, y admitirlo en lo que respecta a las costas, de conformidad con lo establecido en el considerando VIII; con costas de alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).
A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia