Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 28640-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar el punto 2º) del decisorio de grado y, en consecuencia: tener por allanada a la firma actora respecto del saldo de 15 unidades sin regularizar y establecer que la multa relativa a dichas unidades se fija en 1 vez el monto de los tributos adeudados, con costas por su orden. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado.
En atención al modo en que se decide, se deja sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 96 por el Tribunal Fiscal de la Nación y se torna insustancial el tratamiento de los recursos articulados por las partes en su contra a fs. 105 y 115.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 27366/2025/CA1; ABB SA (TF 28640–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
DVP Buenos Aires, de octubre de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Mediante sentencia del 28/05/2024, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: i) revocar la Resolución DE PRLA 4841/2010 recaída en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197-575- 2005, por intermedio de la cual se formulaba cargos e imponía multa a la parte actora por haber incurrido en la conducta tipificada en el art. 970 C.A – con relación a 6 unidades de la mercadería importada temporariamente mediante la DIT Nº 01001T16000329W, con costas en el orden causado, ii) tener por allanada a la firma actora respecto del saldo de 15 unidades sin regularizar de la referida DIT, con costas a la recurrente; iii) tener presente la voluntad de pago informada respecto de los tributos por la suma de $29.103,20 –con más intereses conforme al art. 794 del C.A– y de la multa por el monto de $9.173,55 –equivalente a una vez el importe de los tributos–. Para así decidir, luego de reseñar las posiciones adoptadas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones y efectuar una síntesis de las actuaciones administrativas que llevaron al dictado de la Resolución impugnada, atento al consentimiento de la imputación infraccional respecto de 15 unidades que habrían sido nacionalizadas mediante DI 03001IC81000637L y el allanamiento al pago de los tributos y de la multa calculada en una vez el valor de aquellos, puntualizó que la cuestión a resolver se circunscribía a determinar si la firma actora había incurrido en la infracción prevista en el art. 970 del C.A respecto de las 6 unidades presuntamente reexportadas y la graduación de la multa en 4 veces el monto de los tributos, por la totalidad de las unidades.
Remarcó que, conforme la jurisprudencia y la normativa vigente, la carga de probar la reexportación de la mercadería en término – como requisito ineludible para obtener las ventajas establecidas por el régimen–, recaía en los beneficiarios del régimen preferencial, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado para producir la inversión de la carga del a prueba.
En esta tónica, afirmó que le correspondía a la firma actora demostrar mediante la correspondiente documentación aduanera el cabal cumplimiento de sus obligaciones, remarcando que de esta debía necesariamente surgir –en casos como el de autos– la adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan. Aseveró que, conforme lo expresamente reglado en el Decreto 1439/96 y la Res. ANA 479/95, a cuyo amparo se había efectuado la importación temporaria, los permisos de embarque para reexportación de consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante debía consignar el Certificado de Tipificación, numero de DIT, clase y cantidad de mercadería importada comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria.
Remarcó que el CTC es el documento por el cual se establece la relación insumo-producto que permite a la Aduana conocer que cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del nuevo producto que se reexporta.
Sentado todo ello, realizó un análisis de la documental obrante en el expediente administrativo y la aportada por las partes y consideró que, contrariamente a lo manifestado por el servicio aduanero, toda vez que en la solicitud de CTC se encontraba debidamente tipificada la mercadería importada así como el producto exportado –coincidiendo en su modelo, descripción y cantidad con lo declarado en la DIT y el PE 02001EC03001036R– correspondía revocar la resolución apelada respecto de las 6 unidades de la DIT 01001IT16000329W.
En lo relativo a las 15 unidades sin nacionalizar sobre las cuales la firma actora había manifestado la voluntad de pago de los tributos pero se había opuesto a la graduación de la multa en 4 veces el importe de estos – allanándose sin embargo al pago de una vez dicho importe en concepto de multa– sostuvo que los pronunciamentos sobre los que se basaba el servicio aduanero para considerar que la firma actora ya había incurrido en incumplimientos como los aquí analizados –y por ello graduar la multa– Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 27366/2025/CA1; ABB SA (TF 28640–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
habían quedado firmes con posterioridad al hecho analizado en el subexamine por lo que no podía considerársela reincidente en los términos del art. 927 del C.A.
En virtud de ello, y sumado al hecho de que la actora había acreditado la reexportación de 6 unidades, consideró razonable que correspondía reducir la multa a una vez el monto de los tributos.
II. Contra dicha decisión se alza la parte actora. Interpone recurso de apelación el 07/08/2024 y expresa agravios en fecha 23/08/2024, los que fueron replicados por la contraria 14/03/2025.
La actora estructura su memorial en torno a dos agravios:
En primer lugar, sostiene que no hay fundamentos para considerar que deba cargar con las costas de una cuestión que no fue materia de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Remarca que sin perjuicio de haberse allanado al saldo de 15 unidades de las documentadas en la DIT 01001IT16000329W y que la aduana no desarrollo argumento alguno respecto de estas piezas, el Tribunal Fiscal le impuso las costas en este punto.
Asevera que la controversia únicamente versó sobre las 6 piezas debidamente reexportadas y la graduación de la multa, en donde resultó vencedora por lo que es el servicio aduanero el que debe cargar con las costas en su totalidad.
En segundo lugar, en punto a la graduación de la multa, sostiene que no hay fundamentos para que se fije un importe superior al mínimo. Explica que al no existir reincidencia –único argumento desarrollado por el servicio aduanero para fijar un importe superior al mínimo– la graduación de la multa carece de fundamentos.
Recalca que las infracciones por las que se lo consideró reincidente son posteriores a la endilgada en autos.
III. En primer término, es importante destacar que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf., CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus, “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022; “PBB Polisur SRL (TF 40583686–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº 15235/2024, del 20/02/2025; “Argensun SA (TF 36606041–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº 5623/2024, del 27/03/2025, entre muchos otros IV. Asimismo, es menester recordar que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022; “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022; “PBB Polisur SRL (TF 40583686–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº 15235/2024, del 20/02/2025; “Argensun SA (TF 36606041–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº 5623/2024, del 27/03/2025; “Rafaela Alimentos SA (TF 140898946-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 17930/2025 del 07/10/2025, entre otros)
En definitiva, si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del TFN, constituye un requisito de Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 27366/2025/CA1; ABB SA (TF 28640–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
procedencia que el recurrente demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria.
V. Sentado lo anterior, se observa que los planteos esgrimidos por la parte actora pueden ser sintetizados en: i) el régimen de costas dispuesto por el a quo respecto de las quince unidades sin regularizar;
ii) la graduación de la multa relativa a las 15 unidades sobre las que consintió la imputación infraccional. Dada la íntima vinculación que existe entre uno y otro agravio, serán analizados en conjunto.
VI. En primer lugar, corresponde señalar que la sentencia constituye una unidad lógico jurídica, y para su interpretación ha de atenderse no sólo a su parte dispositiva sino también a sus fundamentos y resoluciones complementarias (esta Sala, “Casalla Mario Carlos c/ Ministerio de Cultura y Educación”, del 9/05/1958). En efecto, la parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en sus fundamentos. No es, pues, sólo el imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento: estos dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión (CSJN, “Crimer, David c/ Romero, Fernando”, del 16/5/2006 y Fallos 312:1058; 313:475 y 326:1885 y 2783). Ello así, asiste razón a la parte actora en cuanto afirma que la materialidad de la infracción, respecto de las quince unidades que debieron ser nacionalizadas para consumo, no fue objeto del recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, limitándose únicamente a cuestionar la graduación de la multa, aspecto sobre el cual –incluso– debería haber sido reputada vencedora. En efecto, conforme surge de los puntos II y, especialmente, III del escrito presentado ante el Tribunal a quo, la actora consintió “la imputación infraccional respecto de las 15 unidades importadas para consumo” formulando su voluntad de pago por la totalidad de los tributos adeudados y la multa en una vez el valor de estos –contrario a las cuatro veces que surgían de la resolución aduanera impugnada–.
En esta línea, respecto de dichas unidades, la apelante cuestionó únicamente la graduación de la multa afirmando que, ante la no configuración de la reincidencia en los términos del art. 927 CA, “la graduación de la multa en más de una vez el importe de los tributos es absolutamente desproporcionada”.
El Tribunal a quo recogió el argumento formulado por la actora y, en el considerando IX in fine, expresamente reconoció que resultaba “… razonable reducir la multa del saldo en infracción a una vez el monto de los tributos…”, sin perjuicio de lo cual tuvo por allanada a la firma actora por el saldo de las 15 unidades sin regularizar, con costas a su cargo (punto 2º del decisorio) y por presente la voluntad de pago respecto a los tributos, con más intereses, y la multa por el monto equivalente a una vez el importe (punto 3º), pero no refirió específicamente –en la parte dispositiva– a la reducción de esta y a las costas asociadas a dicha reducción.
En esta tónica, el art. 970 CA, en lo que aquí interesa, establece que “…el que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo…” (el énfasis no corresponde al original).
Asimismo, resulta relevante traer a colación lo normado en el art. 1163 del C.A donde se establece que “…cuando en función de las facultades que otorga el artículo 1143, el Tribunal Fiscal de la Nación recalifique la conducta o reduzca la sanción a aplicar, las costas se impondrán por el orden causado…”cuya aplicación al caso de autos resulta evidente.
En virtud de lo expuesto, corresponde revocar el punto 2º) del resolutorio de grado y, en consecuencia, tener por allanada a la firma actora respecto del saldo de 15 unidades sin regularizar y establecer –por los motivos argüidos por el a quo en el considerando IX del decisorio– que la multa relativa a dichas unidades se fija en 1 vez el monto de los tributos Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 27366/2025/CA1; ABB SA (TF 28640–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
adeudados, con costas por su orden (cfr. arg. arts. 1143 y 1163 C.A; arts. 307 y 70 CPCCN)
VII. En lo que respecta a las costas de Alzada, en virtud de las particularidades del caso y la forma en que se resuelve, corresponde imponerlas en el orden causado (cfr. art. 1163 C.A; art. 68, segundo párrafo, CPCCN)
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: revocar el punto 2º) del decisorio de grado y, en consecuencia: tener por allanada a la firma actora respecto del saldo de 15 unidades sin regularizar y establecer que la multa relativa a dichas unidades se fija en 1 vez el monto de los tributos adeudados, con costas por su orden. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado.
En atención al modo en que se decide, se deja sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 96 por el Tribunal Fiscal de la Nación y se torna insustancial el tratamiento de los recursos articulados por las partes en su contra a fs. 105 y 115.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia