Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 38.222-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 05 073 IT16 000045 H, por la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. en las actuaciones SIGEA N° 12210-5637- 2009, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A.
2Revocar el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 2438/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 31/05/2016, en la actuación SIGEA N° 12210-5637-2009, por los motivos expuestos en los considerandos X y XI de la presente.
3Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-21003352-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Febrero de 2024 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 38.222-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 2438/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 31/05/2016, en la actuación SIGEA N° 12210-5637-2009, en cuanto resuelve condenar a la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. al pago de una multa equivalente a $ 156.172,42 y formularle cargo, conjuntamente a la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en concepto de tributos adeudados por U$S 50.787,78 (derechos de importación, tasa de estadística e IVA) y $ 114.397,08 (IVA adicional e impuesto a las ganancias), atento a encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 05 073 IT16 000045 H.
II. Fundamentos de la apelación:
A fs. 29/35 se presenta por apoderado ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución aquí apelada. En primer lugar, efectúa un relato de los hechos y antecedentes del sumario. Hace una reseña de los hechos y desarrolla sus agravios. A continuación, explica que el servicio aduanero omitió valorar la equivalencia presentada mediante actuación SIGEA N° 12206-13117-2009, la cual importó la absolución de la firma en casos similares. Agrega que la resolución omitió ponderar el instituto de la prescripción de la acción, que debe proceder de oficio atento a tratarse de un instituto de orden público. Afirma que el acto atacado es nulo, por violar garantías constitucionales incorporadas a la Constitución Nacional en la reforma del año 1994. En razón del tiempo transcurrido es que solicita se declare la prescripción de la acción para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos reclamados. Asevera que las obligaciones impuestas por el régimen al que se adhirió fueron cumplidas, teniendo en cuenta el dictamen aportado y que el mismo aclara la correspondencia entre las medidas. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 47/50 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso interpuesto y, posteriormente, acompaña las actuaciones administrativas. Luego de efectuar un relato de los hechos de la causa, formula una negativa genérica. Sostiene que la conducta punible se materializó, habiendo transcurrido el plazo legal y frente al incumplimiento por parte de la actora de las obligaciones asumidas como condición del otorgamiento del beneficio. Se expide acerca de la carga de la prueba y afirma que el accionar del servicio aduanero resultó acorde a derecho. Explica que la infracción imputada no necesita de intencionalidad para su configuración, ya que las infracciones aduaneras son de carácter objetivo. Con relación al planteo de prescripción, alega que el plazo comenzó a computarse el 01/01/2007 y quedó suspendido con el dictado del auto de apertura de sumario, razón por la cual la acción continúa vigente. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-5637-2009 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia N° 512/09, de fecha 14/10/2009. A fs. 4 se encuentra el sobre contenedor de la destinación N° 05 073 IT16 000045 H. A fs. 6/7 obra el aforo de la mercadería y la liquidación de los tributos. A fs. 9/21 se agrega la actuación SIGEA N° 12206-13117-2009, la solicitud de CTC S01-130670/03 y la nota del INTI vinculada al mismo. A fs. 22 se dispone la instrucción de sumario, en fecha 31/05/2011. A fs. 25/26 se efectúa liquidación por multa y tributos. A fs. 29 se dispone correr vista a la importadora de lo actuado y citar a la aseguradora, a efectos de que ejerzan su derecho de defensa. A fs. 38/47 y 48/49 se presentan la importadora y la aseguradora y contestan vista. A fs. 51 luce la Nota N° 4598/16 (SE OPRE). A fs. 53/56 luce la resolución apelada y las constancias de su notificación (fs. 58 y 62). A fs. 59/60 la importadora comunica la apelación ante este Tribunal y acompaña formulario F4.
V. Que a fs. 54 se declaró la causa como de puro derecho. En fecha 19/02/2024 se elevan los autos a la Sala “G” (PV-2024-17548826-APN-VOCXXI#TFN). Finalmente, en fecha 22/02/2024, pasan a sentencia (IF-2024-18936342-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que preliminarmente, cabe analizar el planteo de prescripción opuesto por la actora relativo a las acciones en cabeza del fisco para perseguir el cobro de los tributos e imponer sanciones. Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.).
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 25/02/2006. Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2007 y que el mismo vencía el 31/12/2011.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 31/05/2011 (ver fs. 22 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 4 meses y 30 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 7 meses y un día, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 31/05/2011) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que, no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” (la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.) ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA 2438/2016 dictada el 31/05/2016.
Que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 31/05/2011 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 31/05/2016 (fecha del dictado de la resolución aduanera). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que, conforme lo antes expuesto, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 01/06/2016. Es decir, que desde allí comenzó a correr los 7 meses y un día que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que, dicho plazo (el aludido de 7 meses y un día) se cumplió el 02/01/2017, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). El único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que, por lo demás, la aludida notificación se efectuó en fecha 03/07/2017 (ver fs. 58 vta. de las act. adm.) es decir cuando ya había vencido el plazo prescriptivo.
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación –al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos (ello en armonía con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A. y de conformidad con lo sostenido jurisprudencialmente por el suscripto). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos.
VII. Que el temperamento a adoptar respecto a la prescripción de la acción para imponer sanciones resulta diferente, a la luz del análisis que a continuación se efectúa. Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 25/02/2006 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2007. Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 31/05/2011). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 01/06/2011, finalizando el 31/05/2016 (ese mismo día se dictó la resolución aquí apelada).
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado, no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones y, como consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción, sin costas, en orden al tratamiento conjunto con el fondo de la cuestión.
VIII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que en el caso que nos ocupa, no surge que exista un CTC definitivo, pero sí se cuenta con una solicitud (S010130670/03 y rect. 0191524/03).
Que como se referenció anteriormente, el Decreto 1439/96 impone a dicha Secretaría deberes concretos: “tramitará” la declaración jurada presentada y, en consecuencia “emitirá” el certificado “en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnicoadministrativos que se estipulen.”
Que abordando el deber en cabeza de la Secretaría de emitir el correspondiente certificado, se advierte que no ha sido cumplido, pero tampoco obra constancia alguna por parte de la entidad que detalle incumplimiento o requerimiento alguno a cumplimentar por parte de la importadora a los fines de emitir tal documento.
Que no es ocioso recordar que- como ha señalado la doctrina- la competencia es definida como un conjunto de poderes o atribuciones que el ordenamiento jurídico atribuye a un órgano o ente estatal y que su ejercicio es de carácter obligatorio (Cfr. Monti, Laura, “La jerarquía y la competencia como principios de la organización administrativa”, en “Organización administrativa, función pública y dominio público”, Editorial RAP, 2005, pág. 113, Ivanega, Miriam M., “Los principios de la organización administrativa”, en Documentación Administrativa N° 267-268, INAP, España 2004, pp. 189/204 y COMADIRA, Julio R., “Los criterios para determinar el alcance de la competencia de los órganos y los entes del Estado”, en Organización Administrativa, pp. 31/43)
Que precisado ello, es claro que la omisión en cabeza de la entidad de ejercer esta atribución a su cargo, sin que haya especificado o se advierta incumplimiento alguno en cabeza del administrado, no puede resultar en su contra.
Que es por todo ello, que a los fines de considerar la descarga que se efectuará, será tomada como válida la solicitud de C.T.C.
X. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que mediante la destinación bajo análisis, oficializada el 16/02/2005, la actora importó 400 kg. del insumo Claritromicina Acuosa (bajo la P.A. 3003.20.29) para ser incluido en el proceso de elaboración del medicamento Klaracid pediátrico 250 mg.
Que en oportunidad de contestar la vista conferida en sede administrativa (contenido del sobre adjunto a fs. 39) la actora acompañó copias de los permisos de embarque, de la solicitud del CTC aplicable a ellos (S01 0130670/03 y rect. 0191524/03) y de la correspondiente nota del INTI (de fecha 08/05/2009). Que en cuanto a la solicitud S 01 0130670/03, como se detalla en el cuadro adjunto, aplica para el insumo Claritromicina Acuosa (P.A. 3003.20.29) y para los productos exportados bajo las posiciones arancelarias incluidas en los permisos de embarque aportados en autos (P.A. 3004.20.29).
Que en el trámite de la solicitud, personal responsable de la evaluación Técnica del INTI informó a la Dirección de Promoción de las Exportaciones, en fecha 21/11/2003, la convalidación del proceso informado por la empresa.
Que la apelante también acompañó un informe elaborado por el Centro de Investigación y Desarrollo en Química del INTI, del que surge la equivalencia entre kgactivos y kilogramos (actuación SIGEA N° 12206-13117-2009), ya que el insumo declarado en la DIT fue consignado en esa unidad, pero los permisos de embarque demuestran- a los fines de la descarga- valores expresados en kilogramos, en consonancia con la relación insumo/producto derivada de la solicitud en ellos detallada (kilos/unidades).
DIT 05 073 IT 16 000045 VTO. 25/02/2016 H INSUMO UNIDAD P.A.
Claritromicina KGS 400,00 3003.20.29 PERMISOS DE EMBARQUE OBRANTES EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Permiso Fecha P.A. Solicitud Cantidad Producto Klaricid 250 05 001 EC03 008215 D 15/03/2005 3004.20.29 S010130670/03 11,11 mg.20 ml Klaricid 250 05 001 EC03 008215 D 15/03/2005 3004.20.29 S010130670/03 38,36 mg. 50 ml Klaricid 250 05 001 EC03 009444 X 23/03/2005 3004.20.29 S010130670/03 1,71 mg. 20 ml Klaricid 250 05 001 EC03 009460 G 23/03/2005 3004.20.29 S010130670/03 20,88 mg. 20 ml Klaricid 250 05 001 EC03 012289 J 19/04/2005 3004.20.29 S010130670/03 10,76 mg. 20 ml Klaricid 250 05 073 EC03 002338 M 25/02/2005 3004.20.29 S010130670/03 63,79 mg.60 ml Klaricid 250 05 073 EC03 002688 U 07/03/2005 3004.20.29 S010130670/03 21,07 mg. 50 ml Klaricid 250 05 073 EC03 002807 N 09/03/2005 3004.20.29 S010130670/03 12,58 mg. 50 ml Klaricid 250 05 073 EC03 003176 N 17/03/2005 3004.20.29 S010130670/03 20,38 60 ml Klaricid 250 05 073 EC03 003225 X 18/03/2005 3004.20.29 S010130670/03 101,77 mg. 60 ml Klaricid 250 05 073 EC03 003227 K 18/03/2005 3004.20.29 S010130670/03 43,88 mg. 20 ml Klaricid 250 05 073 EC03 003874 S 04/04/2005 3004.20.29 S010130670/03 41,75 mg. 50 ml 05 073 IC81 000353 R 05/08/2005 3003.20.29 nacionalización 11,96 Claritromicina TOTAL 400 Que la totalidad de los permisos antes detallados fueron oficializados en forma previa al vencimiento de la destinación (25/02/2006).
Que en efecto, compulsados aquellos permisos, se advierte que todos ellos poseen la correspondiente declaración de insumos, de la que surge la relación insumo/producto obrante en la solicitud de CTC aplicable, dependiendo de los ml. del producto exportado (Klaricid 250 mg. por 20 ml, por 50 ml. o 60 ml.)
Que en cada permiso, la actora identificó las cantidades de kgs. a descargar, así como las unidades del producto a exportar, conforme la relación insumo producto derivada de la solicitud de CTC, de forma tal que avala la descarga de la totalidad de la mercadería importada (teniendo en cuenta aquella que ha sido nacionalizada).
XI. Que corresponde tener presente que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, de aplicación supletoria, dispone (artículo 7°) cuáles son los requisitos esenciales del acto. Que entre ellos podemos encontrar la causa, es decir, los antecedentes de hecho y de derecho; el objeto que debe ser cierto, física y jurídicamente posible y decidir todas las peticiones formuladas y la motivación, entendida como la expresión de las razones que llevan al órgano a su dictado. Que en relación a este requisito, la jurisprudencia de la CSJN y destacada doctrina ha enfatizado que no se trata de un mero rigorismo formal, sino que posee una relación estrecha con el principio de juridicidad y con el debido derecho de defensa, ya que permite al administrado conocer las razones fácticas y jurídicas que lo sustentan. Resulta a todas luces una exigencia propia del sistema republicano de gobierno (Cfr. Sacristán, Estela, “La Motivación como requisito esencial del acto administrativo”, en Ediciones RAP, Acto Administrativo y Reglamento, 2002).
Que de la simple lectura de la resolución aquí puesta en crisis no se advierten fundamentos que sustenten válidamente la configuración de la infracción endilgada.
Que de los considerandos de la resolución surge que “…si bien la encartada se presentó en estos obrados y manifestó que había cumplido con el régimen de importación temporal en tiempo y forma, ello no fue debidamente probado toda vez que no se aportó prueba alguna que desvirtúe el incumplimiento que se le endilga.” y que “…esta instancia no puede tener por acreditada la reexportación de la mercadería involucrada en autos.”
Que la documentación aportada por la importadora al momento de contestar la vista conferida no ha sido debidamente valorada (únicamente aparece mencionada en el relato de los antecedentes del dictado de la resolución) por el área técnica competente, ni siquiera para ser descartada.
Que por lo expuesto, no cabe más que revocar la resolución apelada, con costas a cargo del Fisco. Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- DECLARAR prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 05 073 IT16 000045 H, por la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. en las actuaciones SIGEA N° 12210-5637- 2009, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. 2).- REVOCAR el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 2438/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 31/05/2016, en la actuación SIGEA N° 12210-5637-2009, por los motivos expuestos en los considerandos X y XI de la presente.
3. Costas a cargo del Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- DECLARAR prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 05 073 IT16 000045 H, por la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. en las actuaciones SIGEA N° 12210-5637- 2009, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. 2).- REVOCAR el artículo 1° de la Resolución DE PRLA N° 2438/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 31/05/2016, en la actuación SIGEA N° 12210-5637-2009, por los motivos expuestos en los considerandos X y XI de la presente.
3. Costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel Nathan Licht (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2024.02.28 11:59:54 ART Date: 2024.02.28 12:30:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.28 12:31:14 -03:00
Fin de la sentencia