Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 30.720-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la nulidad planteada por la actora. Sin costas.
2Revocar la Resolución Nº 435/11 (DI ADEZ), dictada en el expediente SIGEA 13289-35167-2009 y, en consecuencia, hacer lugar a la repetición de la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.851,99.-), en relación a la destinación Nº 04 073 IC04 013857 B, solicitada por “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.”, en concepto de Arancel Externo Común, con más los intereses devengados desde el 28/12/2009 (fecha de presentación del escrito por el cual se reclamó la repetición de los tributos) hasta la fecha de la efectiva puesta a disposición de los fondos, en los términos del art. 811 del C.A.
3Costas al Fisco Nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-47605029-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 27 de Abril de 2023 ADUANAS s/ recurso de apelación” - Sentencia.
Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura, (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 30.720-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 21/31vta. se presenta la firma “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 435/11 (DI ADEZ) dictada por la Directora de la Dirección Aduana de Ezeiza, en el expediente SIGEA 13289-35167-2009, en cuanto deniega la repetición correspondiente al 1,5% en concepto de arancel externo común, que considera abonado en demasía en relación con el despacho de importación a consumo Nº 04 073 IC04 013857 B. Señala que por la citada operación se vió obligada a abonar la suma de U$S629,93.-, en concepto de incremento transitorio del 1,5% de A.E.C. Explica que el 31/12/03 finalizó la vigencia de dicho incremento transitorio por lo que, tratándose de una operación efectuada en el 2004, no se le debió haber exigido. Reseña las decisiones del C.M.C. en virtud de las que se estableció “con carácter transitorio” la vigencia del A.E.C. Afirma que con posterioridad al 31/12/03, a pesar de la obligación impuesta por el marco legal del MERCOSUR, en nuestro país se siguió exigiendo durante aproximadamente 8 meses y medio de forma ilegítima el pago del 1,5% por A.E.C., hasta que con fecha 06/09/04 se publicó la Resolución MEyP Nº 607/04. Destaca que las mercaderías involucradas en la causa no se encuentran comprendidas en el Anexo I de la Resolución MEyP Nº 603/03. Plantea la nulidad de la resolución apelada por considerarla arbitraria, argumentando que no se expide sobre el hecho de que la mercadería no se encuentra comprendida en el Anexo I de la Resolución MEyP Nº 603/03. Se agravia de la aplicación por parte de la Aduana del referido 1,5% correspondiente al A.E.C. a las mercaderías no comprendidas en el Anexo I de la Resolución ME Nº 603/03. Cita jurisprudencia de la C.S.J.N., así como también del TFN y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Refiere al principio de legalidad y a la prohibición constitucional de delegación legislativa al P.E., y plantea la inconstitucionalidad de tal delegación, basando su análisis en los arts. 4, 17, 19, 75 inc. 1º y 99 de la Constitución Nacional. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita que se dicte sentencia que declare la nulidad de la resolución apelada y ordene la devolución de los importes solicitados, con costas.
II. Que a fs. 35/45 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa un breve relato de las actuaciones. Niega todos y cada uno de los hechos, afirmaciones, derecho, documentación y/o copias contenidas en el escrito de la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento o que no surjan de la prueba documental que acompaña.
Reseña la normativa aplicable. Contesta los agravios relativos a la nulidad y sostiene que ese planteo es extemporáneo. No obstante, indica que la actora cuenta con esta instancia para hacer valer sus derechos, por lo que no correspondería la declaración de nulidad. Señala que la resolución N°607/04 (publicada en el Boletín Oficial el 06/09/2004) fue la que dejó sin efecto el incremento transitorio del 1,5% del A.E.C. siendo obligatoria su aplicación para el servicio aduanero a partir de su entrada en vigencia. Expresa que el MERCOSUR es un organismo intergubernamental por lo que las normas emanadas del mismo deben ser internalizadas por los derechos nacionales respectivos. Asimismo, subraya que dicha normativa dictada por los órganos del Mercosur sin la posterior internalización no son fuente de derecho y no obligan ni crean derechos para los habitantes del país. Sostiene que el art. 20 de la ley 23.905 es inaplicable. Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso interpuesto, con costas.
III. Que a fs. 63 se elevan los autos a la Sala “G”, y a fs. 67 se los pasa a sentencia.
IV. Que la Actuación SIGEA Nº 13289-35167-2009 se inicia a fs. 1/5vta. con la solicitud de devolución presentada por la firma “Abbott Laboratories Argentina S.A.”, en fecha 28/12/2009, con relación al D.I. Nº 04 073 IC04 013857 B. A fs. 15/vta. se provee la presentación efectuada por la actora. A fs. 19/20 ref. obran prints de pantalla de consulta declaración detallada. A fs. 21 ref. obra sobre contenedor de la destinación en trato. A fs. 27 obra nota de la División Sumarial y Repeticiones en las que se deja constancia de que se dio cumplimiento con las intervenciones en el sistema SIADERE, CENPRI y SIN conforme lo requerido por Res. Gral. AFIP 2365/2007. A fs. 28/29 luce Nota Nº 1664/10 (DE TEIM). A fs. 30/34 obra copia del Dictamen Nº 1848/05 (DV RTAG). A fs. 35/37 obra Nota Nº 321/2010 (DI ASOR). A fs. 49/51 se glosa la cédula de notificación y la sentencia de este Tribunal dictada el 20/09/2011 en el expediente Nº 29.872-A caratulado “Abbott Laboratories Argentina S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de amparo”. A fs. 54 obra Resolución Nº 435/11 (DI ADEZ) -apelada en autos- notificada el 17/02/2012 (v. cédula obrante a fs. 56/vta.).
V. Que, en primer término, corresponde resolver el planteo de nulidad opuesto por la recurrente. Que la actora plantea la nulidad de la resolución apelada por considerarla arbitraria con fundamento en que el servicio aduanero no se expide sobre el hecho de que la mercadería no se encuentra comprendida en el Anexo I de la Resolución MEyP Nº 603/03.
Que la nulidad que la recurrente invoca hace a los agravios de fondo, por lo que la nulidad así planteada queda absorbida por el recurso de apelación destinado a intentar obtener la revocatoria de la decisión administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia y doctrina.
Que, a su vez, atento la posibilidad de la actora en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que siendo la decisión fundada no se requiere la expresa mención de todos los argumentos o pruebas invocados por las partes, debiendo tratarse sólo aquellos que razonablemente se estimen conducentes a la decisión del caso (entre otros, Corte Suprema Nacional: Fallos, 251-39).
Que por lo expuesto, corresponde rechazar la nulidad planteada por la actora, sin costas.
VI. Que corresponde determinar en autos la procedencia o no de la devolución de los tributos que “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.” considera abonados en demasía en relación con la destinación Nº 04 073 IC04 013857 B.
Que por la citada destinación, oficializada el 11/02/2004, ante la Aduana de Ezeiza, la actora documentó la importación a consumo con documento de transporte Nº 04 073 IC04 013857 B de mercadería correspondiente a la posición arancelaria Nº 3004.39.19.000D.
Que, a efectos de cuestionar la liquidación tributaria que automáticamente practica el SIM con la información aportada por el documentante, con fecha 28/12/2009, la firma importadora inició el procedimiento de repetición solicitando la devolución del 1,5% en concepto de incremento transitorio del A.E.C. de la operación señalada que consideró abonado en demasía.
Que merece destacarse que el pago referido ha quedado verificado con la documentación del D.I., en el que se detalla la letra “P” en el rubro “derechos importación” liquidado por el SIM, y no ha sido objeto de observación alguna, en esta instancia, por parte de la demandada.
Que el fundamento del planteo de devolución radica según la actora en que, a la fecha de la oficialización de los D.I., el incremento transitorio del A.E.C. – equivalente al 1,5% exigido por dicho concepto– no se encontraba vigente, de conformidad a lo previsto en la Decisión C.M.C. 21/02, vigente desde el 24/12/03. Subsidiariamente, invoca el carácter operativo de la citada decisión, como consecuencia de lo cual considera que la misma resultaba de obligatorio cumplimiento para el Estado Argentino.
Que surge de lo actuado en el expediente administrativo que la solicitud de devolución fue denegada por el servicio aduanero, en consideración de que, según su opinión, la norma interna por la cual se tornó operativa la Decisión C.M.C. 21/02, en nuestro ordenamiento, fue la Resolución MEyOSP Nº 607/04, dictada con fecha 3/09/04 (B.O., 06/09/04), ello es, con posterioridad al registro de la operación involucrada, concluyendo el Fisco que el importe abonado era correcto, en cuanto el incremento transitorio del A.E.C. fue plenamente aplicable hasta la entrada en vigencia de dicha resolución.
VII. Que, conviene recordar que el Tratado de Asunción, aprobado mediante la ley 23.981, en su artículo 1 dispone que el Mercado Común implica “la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países...; el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económicocomerciales regionales e internacionales; la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes...; el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración” y se funda en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados Partes (artículo 2).
Que el Protocolo de Ouro Preto, aprobado el 17/12/1994 y vigente desde el 15/12/1995 para los cuatro países integrantes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de dicho Tratado –del que forma parte integrante–, y en atención a la dinámica implícita en todo el proceso de integración, reguló una nueva estructura institucional del Mercosur para el cumplimiento de los objetivos propuestos, creando nuevos órganos, precisando y ampliando la competencia de los existentes. En su art. 2, dispuso que los órganos con capacidad decisoria, de naturaleza intergubernamental, son el Consejo del Mercado Común (C.M.C.), el Grupo Mercado Común (G.M.C.) y la Comisión de Comercio del Mercosur (C.C.M.).
Que este Tribunal en diversos precedentes, entre ellos en los expedientes nros. 22.780-A y 22.565-A, ambos caratulados “Sancor C.U.L. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, dictados con fecha 30/04/08 y 22/04/2008, respectivamente, consideró que las cláusulas de este Tratado son meramente programáticas, compartiendo en dicho aspecto lo sostenido por la Dra. Catalina García Vizcaíno en la sentencia dictada con fecha 12/8/2005 en el expediente nro. 18.476-A, caratulado “NIDERA S.A.”, aún cuando en dichos precedentes se debatiera sobre la procedencia de la imposición de derechos de exportación, por parte de nuestro país, para el comercio intrazona con los demás Estados parte del Mercosur, y no la cuestión debatida en estos autos.
Que la solución no cambia en el presente caso, por cuanto el marco normativo invocado por las partes para resolver el fondo del asunto involucra normas emanadas de un órgano creado en función del citado Tratado, referidas al Arancel Externo Común, herramienta por la cual se fija, de común acuerdo entre los Estados partes del Tratado, el sistema arancelario con relación a las importaciones de terceros países.
Que, en los precedentes citados, se ha sostenido que por el artículo 31 de la Constitución Nacional Argentina se establece el principio de jerarquía de las normas, al disponer: “...Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación...”.
Que la reforma del año 1994, en el artículo 75 inciso 22, especifica que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. A su vez, el inciso 24 del artículo 75 se refiere a los tratados de integración que deleguen competencia y jurisdicción a entidades supraestatales, en las condiciones allí establecidas, reconociendo a las normas que se dicten en su consecuencia jerarquía superior a las leyes.
Que respecto al mentado principio, la Dra. María Angélica Gelli, en su libro “La Constitución de la Nación Argentina, Segunda edición ampliada y actualizada” Ed. La Ley del año 2003 (pág. 593), opina que “la reforma constitucional, dispuso expresamente que todos los tratados están por encima de las leyes, sean bilaterales; multilaterales, acuerdos de integración o Concordatos con la Santa Sede...”. Asimismo, al comentar el artículo 75, inciso 24 (pág. 600), manifiesta respecto de la Integración Supraestatal, la jerarquía y los alcances que “El fenómeno de integración supraestatal en diversos niveles, supone una transformación de la soberanía tal como se la concebía cuando nacieron los estados nacionales en el siglo XV y que se definían a si mismos con relación a la extranjería representada por las otras naciones...”.
Que sin perjuicio de la supremacía de los tratados internacionales, derivado de las normas constitucionales citadas, cabe señalar que no se advierte de la estructura institucional dada al Mercosur que los estados partes cedan o deleguen competencias pertinentes a favor de organismos comunitarios que, con su accionar independiente posibiliten la operatividad de las decisiones adoptadas en su seno.
Que el Dr. Basaldúa (“Mercosur y derecho de la integración”, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1999, págs. 573 y 654) explica al respecto que el carácter intergubernamental atribuido a los órganos con capacidad decisoria – que resultaba igualmente de la integración dispuesta para cada órgano –, implica que al no tratarse de órganos supraestatales, las normas que dictan no constituyen tampoco un derecho supraestatal que se imponga por sí mismo a las normas de los Estados miembros del Mercosur, careciendo, en principio, de aplicación directa, por lo que deben ser receptadas o incorporadas al orden jurídico de cada Estado Parte mediante el procedimiento que corresponda a la naturaleza de la norma de que se trate, siguiendo el procedimiento previsto a tal efecto en cada caso, conforme lo expresa el artículo 42.
Que, además, el sistema de adopción de decisiones previsto en el artículo 37 de dicho Protocolo, así como la normativa emanada tendiente a regular la incorporación de la normativa Mercosur al ordenamiento interno de cada Estado Parte (entre ellas Decisiones C.M.C. 23/00, 20/02) corrobora lo hasta aquí expuesto. Que, tal como lo señala Dra. Catalina García Vizcaíno, citando a Cassagne (“Derecho Administrativo” – homenaje a Miguel S. Marienhoff –, Buenos Aires, 1998, Lexis Nexis Nº 1701/001026), “el derecho tributario originario del Mercosur está conformado por el Tratado de Asunción y los Protocolos de Brasilia y Ouro Preto y sus anexos (cabe agregar el Protocolo de Olivos)... no puede asimilarse a una constitución frente al déficit institucional del Mercosur, que no es todavía una integración comunitaria...” concluyendo que si bien es un tratado fundacional, reviste los caracteres de un Tratado marco, por el cual se establecen “los mecanismos y parámetros esenciales para llegar a la formación de un mercado común entre las partes, aunque por una vía evolutiva y dinámica a la que los tratados sólo otorgan ciertas bases institucionales flexibles”. Que, en consecuencia, se considera que el derecho derivado, constituido por las normas dictadas por los órganos con capacidad decisoria del Mercosur, en la realidad operativa del Mercosur que le reconoce a dichos órganos el carácter de intergubernamentales, no reviste carácter supraestatal con la jerarquía reconocida, en virtud de la reforma constitucional del año 1994, por el inciso 24 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional.
VIII. Que, sentado lo expuesto, cuadra reseñar que mediante el Decreto 2275/94 (B.O. 30/12/94), nuestro país incorporó al orden jurídico nacional las Decisiones C.M.C. nros. 22/94 y 24/94, adoptadas en el ámbito Mercosur, relativas a la adopción de un Arancel Externo Común, la primera de ellas, y al Régimen de Adecuación, la segunda.
Que a partir de allí se sustituyó la Nomenclatura del Comercio Exterior (N.C.E.) y se adoptó, en el orden nacional, la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) que figura como Anexo I al mencionado Decreto, vigente desde el 1º de enero del año 1995, que contiene los niveles arancelarios tanto para el comercio intrazona - Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera-, como para el de extrazona, con su correspondiente arancel externo común, derechos de importación y reintegros, de conformidad a lo acordado con los restantes países miembros del Mercosur que adoptaron procedimientos idénticos a tal fin.
Que, por el Decreto 998/95 (B.O. 29/12/95, vigente desde el 1º de enero de 1996), que modificó al Decreto 2275/94, se contempla la aprobación del Arancel Externo Común (A.E.C.) basado en la Nomenclatura Común del Mercosur, ajustándose a la II Enmienda de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías, adoptada por el Consejo de Cooperación Aduanera (Organización Mundial de Aduanas).
Que por la Decisión 15/97 del Consejo Mercado Común, de fecha 15/12/97, se aprobó, transitoriamente, a partir de 1998, el incremento, general y uniforme, del Arancel Externo Común en tres puntos porcentuales, autorizando a los Estados Parte a disponer la modalidad y extensión del incremento al momento de la incorporación de dicha Decisión a los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales y disponiendo que su vigencia no podía extenderse mas allá del 31/12/00. A tal efecto, en el ámbito interno, se dictó la Resolución MEyOSP Nº 12/98 (B.O. 08/01/98), por la que se dispuso ajustar el D.I.E. correspondiente a todo el universo arancelario de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), con algunas excepciones y aclaraciones, elevándolo en un 3%, hasta el 31/12/99, luego prorrogado hasta el 31/12/00 mediante la Resolución ME Nº 21/99 (B.O. 30/12/99).
Que, a su turno, por la Decisión C.M.C. 67/00, se mantuvo para el año 2001 – desde el 1/1/01 y por un período máximo de dos años –, el incremento transitorio previsto en la Decisión C.M.C. 15/97, reduciendo la alícuota a 2,5 puntos porcentuales, exigiendo su incorporación a los ordenamientos jurídicos de los Estados parte antes del 31/1/01. Dicha decisión fue adoptada en el ámbito interno, en el plazo convenido, mediante el dictado de la Resolución MEyOSP Nº 1088/00 publicada en el Boletín Oficial el 2/1/01, sin que se prevea expresamente la fecha de finalización de su vigencia.
Que por la Decisión C.M.C. 6/01, se redujo el incremento transitorio del A.E.C. en un punto porcentual para el año 2002 – quedando fijado en 1,5% –, previendo que podría aplicarse el mismo desde el 01/01/02 y que los Estados parte debían incorporarla antes del 31/12/01. En el ámbito interno, con fecha 26/4/02, el Poder Ejecutivo Nacional dicta el Decreto 690/02 (B.O. 02/05/02), por el cual, entre diversas medidas, se dispuso ajustar el texto de la N.C.M. a la modificaciones introducidas por la III Enmienda a la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (conforme Resolución G.M.C. 65/01), sustituyendo el Anexo I del Decreto 2275/94, modificado por el Decreto 998/95, y adoptar el referido incremento para todas las posiciones arancelarias de dicha Nomenclatura, con las excepciones allí previstas.
Que, finalmente, en lo que hace a la cuestión debatida en autos, la Decisión C.M.C. 21/02, de fecha 06/12/02, dispuso prorrogar el incremento fijado en 1,5% por la decisión antes citada para el año 2003 (concretamente hasta el 31/12/03), estableciendo, en su art. 4, que dicha norma debía ser incorporada a los ordenamientos jurídicos nacionales de cada Estado Parte antes del 31/01/03.
Que la Resolución MEyP Nº 603/03 (B.O. 23/12/03), vigente desde el 24/12/03, en su art. 2, dispuso mantener, sin límites temporales, el incremento transitorio del art. 3 del decreto 690/02 para las posiciones arancelarias de la N.C.M., detalladas en su Anexo I.
Que merece destacarse que, entre las consideraciones efectuadas para su dictado, se encuentra expresamente referenciada la Decisión C.M.C. 21/02, por la cual se acordó prorrogar hasta el 31/12/03, se reitera, la vigencia del incremento transitorio del Arancel Externo Común – y, en consecuencia, del D.I.E. – establecido por las Decisiones 15/97, 67/00 y 6/01 del Concejo del Mercado Común.
Que, en efecto, en sus considerandos se expresa “Que por la Decisión Nº 21 de fecha 6 de diciembre de 2002 del Consejo del Mercado Común se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2003 la vigencia del incremento temporario del Arancel Externo Común establecido por las Decisiones Nº 15 de fecha 15 de diciembre de 1997, Nº 67 de fecha 14 de diciembre de 2000 y Nº 6 de fecha 22 de junio de 2001 del Consejo del Mercado Común”. Que la interpretación lógica y razonable de dicha norma lleva a concluir que todos los bienes que clasifiquen en posiciones arancelarias comprendidas en su Anexo I resultan alcanzados por el incremento transitorio del A.E.C. dispuesto en el artículo 3 del Decreto 690/02, sin que se contemplen excepciones respecto del resto del universo arancelario que, paralelamente, se encuentren consignados en el Anexo II de dicho Decreto.
Que las posiciones por las que se clasificó la mercadería importada en las destinaciones que nos ocupan (3002.90.10.190K, 3822.00.90.119Y, 3926.90.40.900C, 4911.10.90.900J, 3003.20.29.900X, 2202.90.00.200F, 3402.13.00.900N, 3824.90.89.990W, 7010.90.90.000X y 3002.10.36.000C) no fueron incluidas en el listado que conforma el Anexo I de la Resolución MEyP Nº 603/03, de lo cual no cabe sino inferir que, para todas aquellas posiciones que no fueron expresamente individualizadas en el citado Anexo, se dejó sin efecto el incremento transitorio del A.E.C., en un 1,5%, conforme había sido acordado en la Decisión C.M.C. 21/02.
Que basta lo hasta aquí señalado para concluir que las mercaderías importadas para consumo por las operaciones de importación aquí involucradas no se encontraban alcanzadas por el incremento transitorio del A.E.C., a la fecha en que se registraron las mismas.
Que la interpretación que efectúa la demandada, en cuanto expresa que el incremento transitorio del A.E.C. fue recién dejado sin efecto mediante el dictado de la Resolución MEyP Nº 607/04 (B.O. 6/9/04) es errónea pues omite considerar que la Resolución MEyP Nº 603/03 se refirió al incremento en trato manteniéndolo solo para las P.A. detalladas en su anexo I.
Que la solución a la que se arriba resulta conforme a reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema, que prescribe que las normas jurídicas deben ser interpretadas siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 296:372; 297:142; 300:1080, entre muchos otros).
Que, ello así, el art. 1 de la Resolución MEyP Nº 607/04, en cuanto dispuso “Déjase sin efecto el incremento transitorio de UNO COMA CINCO (1,5) puntos porcentuales aplicables al Arancel Externo Común (A.E.C.) y al Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) dispuesto, respectivamente, por el Artículo 3° del Decreto N° 690 de fecha 26 de abril de 2002 y por el Artículo 1° de la Resolución N° 12 de fecha 6 de enero de 1998 del ex- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, sus normas modificatorias y complementarias”, sólo pudo referirse a las mercaderías correspondientes a las posiciones insertas en el Anexo I de la Resolución MEyP Nº 603/03, que eran las únicas a cuyo respecto se habría mantenido el incremento del art. 3 del decreto 690/02.
IX. Que, por lo expuesto, se concluye que a la fecha de registro de la destinación Nº 04 073 IC04 013857 B no se encontraba vigente el incremento transitorio del arancel externo común, equivalente al 1,5%, para la mercadería clasificada en la posición arancelaria Nº 3004.39.19.000D, por no incluirse las mismas en el Anexo I de la Resolución MEyP Nº 603/03 (B.O. 23/12/03). En consecuencia, el pago efectuado por la importadora, por dicho rubro y en el porcentaje referido, constituye un pago efectuado sin causa al Fisco y, como tal, torna procedente la devolución de lo reclamado por la actora, con más los intereses que correspondan de conformidad con lo previsto por el art. 811 del C.A.
X. Que, en otro orden de ideas, cabe poner de relieve que en el caso de autos, los tributos cuya restitución se admitió precedentemente, fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23905. En consecuencia, conforme la doctrina esbozada por nuestro Máximo Tribunal “...la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues –de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. “Editorial Perfil S.A.”, sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos en los términos del Decreto 214/02 (…) el art. 809 del Código Aduanero -que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente- establece expresamente que la Aduana ´devolverá directamente los importes que hubiere percibido indebidamente en concepto de tributos´ (el subrayado no corresponde al original). En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco una deuda en dolares” (CSJN, “Cencosud S.A. (TF 29535-A) vs. Dirección General de Aduanas”, 15/05/2014).
XI. Que, en virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la repetición solicitada por la actora en el expediente SIGEA 13289-35167-2009, por el importe de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.851,99.-), con más los intereses devengados desde el 28/12/2009 (fecha de presentación del escrito por el que se reclamó la repetición de los tributos), hasta la fecha de la efectiva puesta a disposición de los fondos, en los términos del art. 811 del C.A. Con costas al Fisco Nacional. Por lo expuesto, voto por:
1. Rechazar la nulidad planteada por la actora. Sin costas.
2. Revocar la Resolución Nº 435/11 (DI ADEZ), dictada en el expediente SIGEA 13289-35167-2009 y, en consecuencia, hacer lugar a la repetición de la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.851,99.-), en relación a la destinación Nº 04 073 IC04 013857 B, solicitada por “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.”, en concepto de Arancel Externo Común, con más los intereses devengados desde el 28/12/2009 (fecha de presentación del escrito por el cual se reclamó la repetición de los tributos) hasta la fecha de la efectiva puesta a disposición de los fondos, en los términos del art. 811 del C.A.
3. Costas al Fisco Nacional.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la nulidad planteada por la actora. Sin costas.
2. Revocar la Resolución Nº 435/11 (DI ADEZ), dictada en el expediente SIGEA 13289-35167-2009 y, en consecuencia, hacer lugar a la repetición de la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.851,99.-), en relación a la destinación Nº 04 073 IC04 013857 B, solicitada por “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.”, en concepto de Arancel Externo Común, con más los intereses devengados desde el 28/12/2009 (fecha de presentación del escrito por el cual se reclamó la repetición de los tributos) hasta la fecha de la efectiva puesta a disposición de los fondos, en los términos del art. 811 del C.A.
3. Costas al Fisco Nacional.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.04.21 18:56:02 ART Date: 2023.04.27 12:57:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.27 13:18:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.27 13:19:06 -03:00
Fin de la sentencia