Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 91797434-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada y revocar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto declaró prescripta la acción del Fisco Nacional para imponer penas y cobrar tributos;
2Reenviar la causa para que el Tribunal Fiscal se pronuncie en cuanto al fondo de la cuestión, y
3Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (artículos 279 y 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
44532/2023 “ABBOT LABORATORIES ARGENTINA SA (TF 91797434-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”
///nos Aires, 23 de febrero de 2.024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 3/02/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró prescripta la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación objeto de autos. Declaró extinguida la acción penal en la presente causa. Impuso las costas a la D.G.A.
Para así resolver, por mayoría (voto del Dr. Garbarino al cual adhirió el Dr. Gonzalez Palazzo), sostuvo que, respecto de los hechos traídos a estudio, correspondía remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada por la Vocal preopinante (Dra. Musso). Sentado ello, destacó que el planteo prescriptivo formulado por la firma recurrente encontraba adecuada respuesta en la sentencia dictada con fecha 3 de febrero de 2022 por esa Sala “F” en el precedente caratulado “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A” (EX –2019 -112544550- APNSGASAD#TFN), cuyos fundamentos, mutatis mutandi, correspondía aplicar a fines de resolver el presente, en toda su extensión.
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 7/03/2023 interpuso recurso de apelación y expresó agravios la demandada, los que fueron replicados por la contraria el 17/03/2023.
Sostiene la recurrente que, mediante la sentencia impugnada, el Dr. Garbarino con el apoyo del Dr. González Palazzo resolvió declarar prescripta la acción del Fisco para percibir tributos y extinguida la acción penal en virtud de la aplicación del criterio sentado en la sentencia de fecha 03/02/2022 de su misma Sala y su mismo voto caratulado “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.) (EX-2019-112544550-
APNSGASAD#TFN).
Aduce que, en dicho fallo se dispuso “1.- Declarar la inconvencionalidad del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en virtud de los fundamentos desarrollados en los Considerandos del voto del Dr. Garbarino, en tanto la prescripción no puede quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera. 2.- Revocar la Resolución (DE PRLA) n° 1965/10 en cuanto exige el pago de tributos a la firma “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”. 3.- Declarar prescripta la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación temporaria 98 001 IT14 006969 G. Con costas”.
Apunta que, el TFN llega a esa decisión a través de un análisis errado del derecho aplicable al caso, resolviendo la “inconvencionalidad” de un artículo del Código Aduanero, lo cual no puede prosperar, apartándose de manera flagrante de lo dispuesto en el art. 1164 del C.A.
Asimismo, respecto al supuesto “plazo razonable” invocado por el TFN en el precedente viciado de nulidad, es importante destacar que tal como fuese receptado por Cecilia Medina Quiroga, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) (2002-2009), “(…) el plazo razonable es un concepto indeterminado y abierto y que no puede fijarse un período de tiempo determinado, de aplicación general para todos los casos de una misma naturaleza, porque sólo caso a caso se puede apreciar el delicado equilibrio que debe existir entre la celeridad de la decisión, la posibilidad de las partes de poder desarrollar sus defensas y la posibilidad del juez de disponer del tiempo necesario para examinar cuidadosamente las alegaciones y las pruebas” (cfr. “La Convención Americana. Vida, Integridad Personal, Libertad Personal, Debido Proceso y Recurso Judicial”, pág. 333, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2003).
En virtud de ello, resalta que, en la presente causa se evidencia una situación bien distinta a aquellas en las que se analizaron favorablemente planteos de esa índole, ya que en aquellos casos transcurrieron 20 años o más desde el acaecimiento de los hechos supuestamente infraccionales y hasta la resolución condenatoria (conf. Fallos 335:1126, A 1210.XLVIII “Alvarado, Pedro Alberto Carlos y otro c/ BCRA Resol 379/08 s/causa n° 100298/97”, sentencia del 16/04/13; R769 XLVII. “Rezzonico, Edgardo Hugo y otro c/BCRA resol 88/08, expediente 100563/86 Sum Fin 725”, sentencia del 26/09/12 B. 331. XLVII “Banco de Italia y Rio de la Plata y otros c/BCRA resol 49/99 expediente 102529/85 Sum Fin 581”, sentencia del 02/10/12), o bien, se corroboró que el procedimiento recursivo incluyendo la instancia de revisión ante la Cámara, se había prolongado durante más de veintitrés años, excediéndose todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso (conf. Fallos 334:1264 que, precisamente, se refiere a un procedimiento por infracciones aduaneras), lo que no se verifica en la especie. En síntesis, señala que la garantía de plazo razonable invocada por la actora no resulta aplicable al caso de autos por cuanto: (i) las garantías establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos solo son acordadas a las personas físicas, excluyendo de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas como lo es la recurrente (conf. artículo 1.2 de la Convención, su Preámbulo, la Opinión Consultiva 22 del 2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Informe Nº 10/1991 elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo expresado en el voto del Dr. Garbarino en autos “ABB SA c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, expediente TF 35759-A, sentencia del 13/05/2019 al cual me remito); además, (ii) no estamos ante un procedimiento penal en el cual se vea amenazada la libertad ambulatoria de la imputada; y a todo evento, (iii) lo cierto es que el plazo transcurrido no se advierte como irrazonable.
Puntualiza que, es criterio de esa representación fiscal que, a la hora de contabilizar los tiempos, en miras de este principio tan importante, no resulta acertado incluir el plazo del que su parte goza para ejercer sus facultades de control ex post. Es decir, la contraria sabe perfectamente que luego de realizadas las operaciones, el servicio aduanero cuenta con 5 años para realizar el control documental de las destinaciones y analizar el correcto cumplimiento de las mismas. Por ello, arguye que el tiempo transcurrido entre las operaciones y la apertura del sumario no debería ser tenido en cuenta para considerar incumplido el principio del plazo razonable. Éste debe ser contabilizado desde el momento en que el servicio aduanero inicia el correspondiente procedimiento y notifica la intimación. Razona, entonces, que hasta que ello no haya ocurrido no hay “proceso” propiamente dicho sobre el cual recaiga la garantía de ser juzgado en un “plazo razonable”.
Añade que, si bien, y como se ha expuesto anteriormente, el principio que intenta hacer valer la actora es de estricta aplicación a personas físicas y a la materia penal (en procedimientos en los cuales pueda llegar a recaer una pena privativa de la libertad), lo que pretende ilustrar aquí es cómo tanto más irrazonable parece un plazo cuando se le suma al mismo el tiempo legal que tiene un sujeto (privado o público) para ejercer sus acciones. En consecuencia, solicita se rechace la aplicación de la garantía del plazo razonable en las presentes actuaciones, con costas.
En relación a los tributos, precisa que, el Tribunal a quo, consideró que la suspensión del plazo de prescripción dispuesta por el art. 805 inc. a) cesaría con el dictado de la resolución aduanera, es decir, sin necesidad que la misma sea notificada y adquiera el estado de firmeza, debido a que “el texto legal no menciona su notificación”. Ahora bien, si bien el artículo 805 inc. a) no refiere a la notificación de la resolución condenatoria, hace referencia a una “decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo...”.
En tales condiciones, considera que, para que su parte tenga habilitada la vía ejecutiva para el cobro de los tributos se requiere de una resolución condenatoria firme, o bien de una sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Es decir, si se relaciona el art. 805 inc. a) con otras disposiciones del C.A. existirán únicamente dos posibilidades de obtener esta “decisión que habilitare el ejercicio de la acción”, a saber: 1) cuando la Resolución Administrativa – como la que en estos actuados apeló la importadora – haya sido notificada y no se haya interpuesto recurso contra la misma, lo cual conforme el art. 1139 “si no se interpusiere apelación ni demanda contenciosa, cuando fueren viables, la resolución del administrador dictada en los procedimientos de impugnación, de repetición y para las infracciones se tendrá por firme y pasará en autoridad de cosa juzgada”, habilitando entonces este pronunciamiento la ejecución del tributo como acción necesaria para percibirlo; 2) en caso de que la resolución administrativa haya sido apelada – como aquí ocurrió –, existirá esa “decisión habilitante para la ejecución de los tributos” a la cual la norma refiere, cuando recayere sentencia del Tribunal Fiscal, la que, en virtud del art. 1172, tiene efecto devolutivo, no requiriendo entonces estar firme para proceder a la ejecución dispuesta en el art. 1122. En este contexto, considera que el Tribunal Fiscal de la Nación se encuentra mal interpretando la normativa aquí en debate. Es que, si se sigue el criterio sostenido en la sentencia, se le estaría otorgando al solo dictado de la resolución aduanera fuerza ejecutiva, sin necesidad incluso de que la misma sea notificada. Ya que según esta lógica, la decisión condenatoria sería “una decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo”. Y considera que ello es incorrecto, pues su parte no puede ejecutar un tributo si la decisión por cual la se establece no se trata de uno de los dos supuestos mencionados más arriba. Destaca que, esto quiere decir que, aún hoy el plazo de prescripción para el cobro de los tributos se halla suspendido, ello conforme al art. 1134 C.A., que le otorgó efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto por la actora contra la Resolución Aduanera dictada por su parte.
Apunta que, asimismo, el Tribunal Fiscal de la Nación considera que el único acto que podría en autos haber interrumpido el plazo de prescripción de la acción para el cobro de los tributos hubiera sido la notificación de la resolución apelada, considerando que “esa notificación habría sido la de “… la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.”. Seguidamente, refiere a que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera” que se menciona en el art. 806 inc. a) como acto interruptivo de la acción tributaria, no incluiría a la notificación de la vista del art. 1101 del C.A., pese a que, mediante dicho acto se notifica la liquidación tributaria aduanera.
Manifiesta que, en lo que respecta a la imposición de la pena, el a quo consideró que la acción de su parte estaría prescripta atento a que una vez dictada la resolución aduanera, “se interpreta” (sic) que el nuevo plazo prescriptivo empezó a correr al día siguiente de su dictado. Con lo que, al haberse notificado la resolución más allá de los cinco años, habría acaecido la prescripción. Al respecto, aclara que el Tribunal considera que no sería aplicable al caso, el precedente “Hughes Tools S.A.”, plenario de fecha 23/09/03, ya que en el mismo se habría tratado la falta de notificación del auto de apertura de sumario. Tal y como surge de dicho antecedente, el mismo se refirió a la interrupción del plazo de prescripción de la acción penal por el solo dictado de la resolución condenatoria. A saber: “En el caso traído a conocimiento del tribunal en pleno no cabe duda alguna de que el legislador ha tomado en consideración para interrumpir la prescripción aquel acto en el cual el funcionario habilitado ejerce dentro del tiempo hábil para hacerlo la facultad otorgada en el Código, condenando al imputado, sin que en el texto legal se exija, para su configuración como tal, de ningún otro acto o circunstancia…”. Es por ello, que comparte lo sostenido por la mayoría de la Sala II del fuero en cuanto a que la fecha en que fue notificado el fallo aduanero no tiene relevancia alguna para el cómputo de la prescripción porque el Código Aduanero es categórico al establecer en el inciso d) del artículo 937, como causal de interrupción de la acción para imponer penas por infracciones aduaneras, “el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”. Y así, recuerda que los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, reunidos en pleno, acordaron como doctrina legal que: “De acuerdo a la legislación aduanera, interrumpe el plazo de prescripción el simple dictado del acto administrativo constitutivo de la resolución condenatoria, sin que para ello se requiera su previa notificación”.
En tales condiciones, entiende que, el Tribunal Fiscal de la Nación está otorgándole a la notificación de la resolución condenatoria un efecto que no posee, es decir, si bien considera que el solo dictado de este acto interrumpe el plazo de prescripción, mal interpreta cuándo se encontraría extinguida la acción para imponer penas por la imposición misma de la pena.
En definitiva, concluye que, tal como surge del plenario “Hughes Tools S.A.” de fecha 23/09/03, “la fecha en que fue notificado el fallo aduanero no tiene relevancia alguna para el cómputo de la prescripción...”, lo que resulta coherente con la interpretación de esa representación fiscal respecto a que con el solo dictado resolución aduanera condenatoria ya existe imposición de pena, y su falta de firmeza solo impide la ejecución de la misma.
En consecuencia, afirma que la acción penal de su parte no se encuentra prescripta.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, en caso de que se considere que el Tribunal Fiscal de la Nación tiene el deber de resolver pretensiones o defensas no articuladas por las partes, cabe referirse al único tema planteado en el recurso de apelación de la Actora, el cumplimiento o no al Régimen de Importación Temporal. Precisa que, el quid de la cuestión radica en que la importación temporaria es un beneficio, y como tal acarrea ciertos requisitos que, por su causa (situación preferencial), deben ser observados y cumplidos de la forma más estricta. Pone de relieve que, desde el punto de vista infraccional, no se acreditó la efectiva reexportación de la mercadería, ello en virtud de que, como bien surge de las actuaciones administrativas se ha aplicado mal la relación insumo/producto. Es por ello que mediante Resolución 7774 el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros consideró correctamente configurada entonces la infracción prevista y sancionada por el art. 970 del Código Aduanero.-
Afirma que, las infracciones revisten un carácter objetivo, es decir, que acreditados los extremos requeridos por la norma, se tiene por configurada la infracción sin que sea necesario considerar el elemento culposo. Y aquí, surge claramente de las actuaciones administrativas que en ningún momento la actora ha acreditado la reexportación en legal tiempo y forma los insumos importados temporalmente. En virtud de lo expuesto, hace hincapié en que, más allá de la intención de la administrada, lo cierto es que ante el carácter objetivo de la infracción, y dado que en definitiva el régimen ha sido incumplido, corresponde el cargo tributario formulado por el Servicio Aduanero ante la típica infracción cometida.
Considera que, la posición de la contraria carece de todo sustento y fundamento; ello, en virtud de que es la actora la que debe probar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado, lo cual no lo hizo en las actuaciones administrativas en trato, dando lugar a la apertura de sumario de autos y ante la falta de prueba que desvirtúe la denuncia, y la incorrecta aplicación de la relación insumo producto, el servicio aduanero ha tenido correctamente por configurada la infracción prevista en el art. 970 del CA.
Indica que, todo lo hasta aquí expuesto ha sido receptado correctamente por la Dra. Musso en lo que, lamentablemente, resultó ser el voto en disidencia de la sentencia recurrida. Efectúa una transcripción del voto aludido. En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravios, y se confirme la resolución aduanera, con costas a la actora.
III. Que, en los términos descriptos, corresponde establecer si se verifican los recaudos necesarios para hacer lugar al recurso articulado, para lo cual, es importante recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).
IV. Que, en primer lugar, corresponde tratar el agravio del Fisco relativo a la aplicación realizada por el Tribunal Fiscal del principio del “plazo razonable” y de la declaración de inconvencionalidad, efectuada por el Tribunal Fiscal, en cuanto a la aplicación del artículo 805, inciso a) en cuanto al cómputo de la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos.
Al respecto, cabe señalar que el principio del "plazo razonable" de duración de los procesos fue concebido para ser aplicado en cuestiones relativas a la materia penal, tal como resulta de los términos en que se encuentra concebido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho concepto fue asimismo aplicado a los procedimientos infraccionales y; en tal sentido, se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA" , respecto del procedimiento ante el Banco Central de la República Argentina y en el precedente “Bossi y García S.A. (TF 5932-A) c/ DGA” (Fallos 334:1264), en cuanto al procedimiento infraccional ante el servicio aduanero, que en ese caso se había extendido durante 23 años.
En tales condiciones, lo cierto es que, en el caso en examen, el plazo de casi diez años transcurrido entre el hecho imponible y el dictado de la resolución definitiva no se advierte como irrazonable, a diferencia del ponderado en el precedente de Bossi y García S.A.”, de 23 años, eventualmente aplicable de manera analógica.
En el caso de autos, la duración del proceso en la actuación en sede aduanera, ha tenido claramente una extensión inferior a la verificada en las causas citadas.
V. Que, con relación a la inconvencionalidad del modo de aplicación de lo establecido en el artículo 805, inciso a) del Código Aduanero, de conformidad con lo establecido en el artículo 1164 del Código Aduanero (y en igual sentido en lo que atañe al art.185 de la ley 11.683), el Tribunal Fiscal tenía vedada la posibilidad de pronunciarse respecto a la falta de validez constitucional de una norma en la medida en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no lo hizo con anterioridad en ningún precedente.
Se ha dicho que: “[E]se impedimento o restricción al ejercicio de control constitucional no es absoluto… Gamberg y Buitrago enseñan que esta limitación jurisdiccional no es más que la recepción legislativa del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido que cualesquiera que sean las facultades que corresponde al poder administrador para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no cabe admitir que sea de su resorte declarar la inconstitucionalidad de éstas. En definitiva, es la regla jurídica que impide a la administración efectuar el control de validez de las leyes, en tanto a este órgano sólo le compete una potestad aplicativa, ejecutiva, de acatamiento de las normas vigentes.” (Diez Fernando J. - Ruetti Germán J., “Procedimiento Tributario Ley 11.683 Comentada”, La Ley, Buenos Aires, 2016, pág.897).
Y, en sentido concordante, “[E]l fundamento se halla en el principio de que un órgano administrativo no puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes tributarias, así pues, planteada la apelación sobre la constitucionalidad y otras cuestiones, el Tribunal entenderá sobre el resto de argumentaciones esgrimidas y dejará para el superior -Cámara Federal- el eventual entendimiento del planteo constitucional” (Gottifredi, Marcelo Antonio, “Código Aduanero Comentado”, Ediciones Macchi, Tercera Edición, Buenos Aires, 2007, págs.1091/1092).
Cabe puntualizar que se ha señalado que “El artículo 1164 del Código Aduanero resulta más que claro al prohibirle al Tribunal Fiscal pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes tributarias o aduaneras. Al respecto esta Sala, con una integración distinta -que sus actuales integrantes comparten- ha sostenido que "la limitación que pesa sobre el Tribunal Fiscal en materia tributaria…impide al organismo jurisdiccional pronunciarse respecto de la falta de validez constitucional de las leyes (C. Ad. 1164), pero ninguna prohibición pesa sobre su facultad de conocer sobre ella y pronunciarse sobre su validez, debiendo abstenerse de efectuar su descalificación desde el punto de vista de la Carta Magna. Ello encuentra su justificación legislativa en la circunstancia de integrar el tribunal parte de la Administración, por lo que quedaría impedido de descalificar las normas del Poder Legislativo como del ejecutivo del cual forma parte. Se trata de una norma de política legislativa que de ningún modo afecta el ordenamiento constitucional, en tanto los vocales del Tribunal Fiscal aun reuniendo todas las garantías de los jueces de la Nación, no forman parte del Poder Judicial y, por lo tanto, nada impide que la ley establezca limitaciones respecto a la jurisdicción reconocida a los jueces de la Constitución. Ello, claro está, sin perjuicio de que nada impediría que se le reconociera legislativamente esa facultad habida cuenta de la independencia funcional con la que cuenta ese organismo." (conf. expediente nº 17.628/2006 "Mondini Anibal Eugenio (TF 12431-A) c/ DGA", sentencia del 14/4/2009). Por ello, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por el Fisco Nacional y revocar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación” (Sala IV, in re, “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. s/ recurso directo”, Expte. Nº 46.118/16, sentencia del 10/3/16).
Por otro lado, ha de advertirse que en el sub examine, siquiera la actora interesada realizó planteo de inconstitucionalidad o inconvencionalidad alguno de dicha norma en su recurso de fs.12/28 para que esta Alzada examine la cuestión, ya que fue introducida extra petitio al analizar el sistema prescriptivo en materia aduanera, extremo que excede el marco de las facultades que posee dicho organismo de conformidad con el art. 1.164 del C.A., plexo normativo que a la fecha no ha sido derogado por norma posterior ni tachado de inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (esta Sala, in re: expte. 51461/2016, “TPC Compañía de Seguros SA c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 26/12/20166, entre muchos otros).
VI. Que, sentado ello, y a fin de analizar si ha prescripto o no la facultad del Fisco Nacional para imponer penas y exigir el pago de tributos, corresponde hacer una reseña de la actuación administrativa nº 12210-5735-2009: - El 16/10/2009, la Aduana formuló denuncia en los términos de los artículos 970 y 972 del Código Aduanero con relación a la destinación de importación temporal n° 05073IT16000307X, cuyo vencimiento operó el 25/11/2006 (fs.1).
- A continuación se glosa la carpeta del DIT n° 05073IT16000307X con su documentación complementaria (fs. 4 y sgtes.).
- El 12/11/2009 se procede a la clasificación y valoración de la mercadería y el 17/11/2009 se liquidan los tributos (fs. 6/7).
- El 31/10/2011 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. El 29/05/2015 se remiten las Actuaciones al Contador del Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros a efectos de practicar liquidación sin el concepto de derecho adicional, de conformidad con la doctrina de la CSJN en los precedentes “Frisher SRL” y “IEF Latinoamericana SA” (fs.11). A fs. 12 se practica liquidación de tributos y se determina el monto de la multa. A fs. 14 se glosa print de pantalla de consulta de una garantía global o unitaria. - El 8/08/2016 se corre vista a la importadora en los términos del art. 1101 del C.A., y se cita a la aseguradora, en su carácter de garante de la obligación tributaria (fs. 19 y vta). La importadora y la aseguradora se notificaron el 12/08/2016, conforme constancias de fs. 20 y 21. Con fechas 17/08/2016 y 30/08/2016 la aseguradora y la importadora contestaron la vista respectivamente (fs. 22/23 y fs. 27/30).
- El 27/10/2016 se dicta la Resolución DE PRLA nº 5011/2016. Con fecha 3/06/2019 la importadora se notificó personalmente de la resolución condenatoria.
VII. Que, desde ya, corresponde adelantar que, asiste razón al Fisco Nacional cuando plantea que la decisión debe ser revocada dado que -en una recta interpretación de lo que establecen las disposiciones del Código Aduanero- sus acciones no alcanzaron a extinguirse por prescripción.
Teniendo en cuenta la fecha de vencimiento del DIT involucrado en el caso (25/11/2006), el plazo de prescripción correspondiente a la acción para imponer penas comenzó a correr el 1/1/07 y, de no mediar causales suspensivas o interruptivas, hubiese vencido el 1/1/12 (arts. 934 y 935, CA). No obstante, el artículo 937 del Código Aduanero establece que la prescripción de la acción para imponer penas se interrumpe por: “a) El dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario;…d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”.
Es decir que, dado el texto de las normas involucradas, tanto el auto de apertura del sumario como la resolución condenatoria del Fisco tienen la virtualidad de interrumpir el curso de la prescripción, independientemente, en principio, de que lleguen a conocimiento del afectado (conf. Sala IV del Fuero, en autos 39.480/2015 “Lito Diesel SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 10/11/15).
Al punto, cuadra reflexionar que la referencia al “dictado” del acto no puede considerarse superflua, pues si la intención del legislador hubiera sido que dichas causales operasen a partir de la notificación del acto, hubiese hecho una referencia precisa en tal sentido, como la que efectuara en el artículo 806, literal a), del Código Aduanero.
En este sentido, recuérdese que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (conf. CSJN, Fallos, 323:620; 339:1514; entre otros); por manera que cabe asignar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuya fuente inicial es la letra de la ley y, en tanto su inconsecuencia no se presume, la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (conf. CSJN, Fallos, 313:1149; 327:769; 339:323; entre otros).
Así lo entendió no sólo la Cámara en pleno en los autos “Hughes Tool SA c/ ANA”, sentencia del 23/9/03 -con relación a la causal del art. 937, inc. d-, sino también la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 332:1109, donde sostuvo -con relación a la causal prevista en el inciso a, del mismo artículoque el ordenamiento “habla de ´dictado´ del acto respectivo por lo que si la intención del legislador hubiese sido que se produjera con la notificación de aquel acto, […] así lo habría indicado en el texto legal”.
En razón de lo expuesto, el plazo de la prescripción de la acción infraccional, que en el caso se había iniciado el 1/1/07, se interrumpió el 31/10/2011, con el dictado del auto de apertura del sumario. A partir del 1/11/2011, comenzó a correr un nuevo plazo quinquenal que hubiese vencido el 1/11/2016; pero la resolución condenatoria se dictó el 27/10/2016, por lo tanto, resulta de toda claridad que la acción del Fisco para imponer penas no se encuentra prescripta. Por lo demás, dado el texto de las normas involucradas, la fecha en que fue notificado el fallo aduanero no tiene ninguna relevancia para el cómputo de la prescripción porque el Código Aduanero es categórico al establecer en el artículo 937, inciso d, como causal de interrupción de la acción para imponer penas por infracciones aduaneras, “el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”. A partir de entonces carece de sentido hablar de prescripción de la acción para sancionar, dado que, ya dictada la resolución condenatoria en sede aduanera, forzoso es concluir en que la pena ha sido impuesta.
VIII. Que a igual conclusión se llega en lo que respecta a la acción para percibir los tributos. En este caso, el plazo de prescripción también comenzó a correr el 1/1/07 y hubiese vencido el 1/1/12 (arts. 803 y 804, CA), pero -en lo que es pertinente señalar- se mantiene suspendido desde el dictado del auto de apertura del sumario del 31/10/2011; toda vez que, hasta la fecha, la acción del Fisco no se encuentra expedita (arg. arts. 805, incs. a y c, 1134 y 1172 del C.A.). Es que, al encontrarse recurrida la sentencia del Tribunal Fiscal y por no existir aún un “pronunciamiento que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” el plazo de la prescripción de la acción tributaria se encuentra todavía suspendido. En este sentido, este Tribunal ha sostenido que la causal de suspensión prevista en el citado art. 805, inc. a), fue ideada en consideración a que la acción del Fisco para percibir el tributo no se halla expedita, debiendo esperarse hasta la finalización de la causa abierta para investigar la existencia de un ilícito aduanero (cfr. esta Sala, in re: expte. n° 15/2019 “Pilotes Trevi SACI de Mandatos y Servicios c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19/05/2020; Sala III, en autos “Isamar S.A. TF 30628-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. nº 86.967/17, del 31/10/2019).
En tales condiciones, deben desestimarse las afirmaciones del organismo jurisdiccional administrativo relativas a que la suspensión del plazo de prescripción dispuesta por el art. 805 inc. a) cesaría con el dictado de la resolución aduanera, es decir, sin necesidad que la misma sea notificada y adquiera el estado de firmeza, debido a que, “...la última parte del inciso a) del art. 805 del C.A., que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación”.
Al respecto, cabe precisar que contrariamente a lo argumentado por el Tribunal Fiscal, el artículo 805 inc. a) no refiere a la notificación de la resolución condenatoria, hace referencia a una “decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo...”, pues sólo la resolución aduanera notificada y que no ha sido apelada tiene fuerza ejecutiva (art. 1139 del C.A.), supuesto, este último, que no se configura en el sub lite.
Pues, en el caso en estudio, y tal como se señaló supra, aún hoy el plazo de prescripción para el cobro de los tributos se halla suspendido, de conformidad con lo establecido en el art. 1134 del C.A.
Por todo lo hasta aquí expuesto, el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación del 3/02/2023, en cuanto declara prescriptas las acciones del Fisco para imponer penas y cobrar tributos, debe ser revocado.
IX. Que sentado ello y, en la medida en que en los presentes autos el Tribunal Fiscal omitió pronunciarse respecto a los planteos de fondo realizados por la parte actora en su escrito de apelación (puntualmente cancelación total del DIT 05073IT16000307X) corresponde reenviar la causa al Tribunal Fiscal para que se expida a su respecto.
X. Que las costas de esta instancia se imponen a la actora vencida, de acuerdo con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (arts. 279 y 68, 1º parte del C.P.C.C.N.).
Por las razones apuntadas, este Tribunal RESUELVE: 1°) hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada y revocar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto declaró prescripta la acción del Fisco Nacional para imponer penas y cobrar tributos; 2°) reenviar la causa para que el Tribunal Fiscal se pronuncie en cuanto al fondo de la cuestión, y 3°) imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (artículos 279 y 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia