Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 79991
Causa Nº F3-79991 R.S. 35/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 10 de Marzo de 2020, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Roberto Camilo Jordá y José Luis Gallo, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "C. D. A. Y OTRO S/ABRIGO", Causa Nº F3-79991 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDÁ , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
V O T A C IÓ N
A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Familia nro. 3 Departamental a fs. 1166/1173 resolvió declarar a D. A. C. y a L. A. C. en estado judicial de desamparo y colocarlos en situación de adoptabilidad.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 1191 la Sra. M. P., progenitora de los menores, interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 1204, fundado con el memorial de fs. 1205/1208vta. y contestado por la Asesoría interviniente con la presentación electrónica de fecha 19 de septiembre de 2019.-
La recurrente se agravia de la resolución apelada pues considera que la misma causa agravios a ella misma y a sus dos hijos, argumentando que le dificulta puntualizar cada agravio pues de la lectura de la resolución surgen repeticiones abundantes.-
Asimismo, destaca que la exigencia prevista en la carga regulada del art. 260 del CPCC debe ser razonable y esquiva a miradas estrictas, formalistas y excesivamente rigurosas, debiendo el tribunal aplicar el denominado principio de caridad según el cual habrá de estarse a la interpretación más razonable que sea posible.-
La recurrente considera que la Sra. Jueza no hizo más que ponderar y reproducir los dichos de los profesionales que esporádica y separadamente han intervenido, valorando únicamente los informes que resultaron adversos a su parte, soslayando aquellos informes y certificados que resaltaban la excelente relación del vínculo materno filial, el profundo y recíproco amor y cuidados brindados entre madre e hijos, no proveyendo las probanzas por ella ofrecidas. Tampoco consideró las constancias de atención médica y psicológica aportadas. Así como tampoco tomó en consideración las denuncias penales presentadas ante las Fiscalías de Morón y de La Plata, ni el negativo informe institucional de fecha 10 de enero de 2018 de fs. 485/493.-
Luego de realizar un breve relato de distintas circunstancias desde la toma de la medida de abrigo, la recurrente manifiesta que resulta incomprensible que sus hijos sean declarados en estado de adoptabilidad cuando de autos surgen sus reclamos para que los mismos regresen a su cuidado, por lo que considera conculcado su derecho de defensa.-
Reitera que ha sido desmerecido su rol materno pues se ha sustentado en informes incompletos, breves y esporádicos, no siendo ninguno de ellos elaborado en forma articulada e interdisciplinariamente.-
También se agravia de la resolución apelada pues la misma tiene base en su condición económica humilde, en la escasez de integrantes de su familia y en su salud mental.-
La recurrente se refiere al informe de fs. 873/874, alegando que el mismo no establece cuántas visitas se realizaron y que tampoco surge si los niños fueron evaluados y oídos conforme lo establece la CIDN.-
Alega que no le constan las reales, efectivas y eficientes intervenciones que le cupo al Servicio Local para concluir que sus hijos se encuentran en estado de desamparo, que sus reclamos demuestran su amor y dedicación a sus hijos y que nunca fue una madre abandónica.-
Entiende que las circunstancias no ameritan la separación definitiva de sus hijos ni declarar su estado de abandono y adoptabilidad.-
Finalmente, solicita con carácter de urgente una audiencia para que los niños sean oídos y se fije una entrevista con la recurrente.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse en honor a la brevedad.-
1. El estado de adoptabilidad en teoría:
Sabido es que la Corte Internacional de Derechos Humanos reconoce que la familia constituye el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y fortalecer a la familia a través de las diversas medidas que ésta requiera para el mejor cumplimiento de su función natural en este campo. Debe preservarse y favorecerse la permanencia del niño en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes para separarlo de su familia, en función del interés superior de aquél ("Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes", Dir. Silvia Fernández, Tomo I, pág. 137).-
Entonces, en caso de existir dichas razones por haberse vulnerado alguno o varios de los derechos fundamentales de la infancia, se activa el sistema de protección de derechos en busca de recuperar los derechos vulnerados.-
Entre las medidas que pueden tomarse en el afán de recuperar los derechos humanos de la infancia, nos encontramos con la separación de los niños, niñas y adolescentes de su grupo familiar, la que de carácter excepcional, prioriza la protección de aquéllos fuera de su ámbito familiar, cuando éste resulta nocivo para su desarrollo integral .-
Consecuencia de ello y del funcionamiento del sistema de protección de derechos, dicha medida excepcional puede lograr el reintegro de los niños/as o adolescentes a su familia de origen o, frente al fracaso de dichas posibilidades, decidir su institucionalización.-
A partir de allí, puede recorrerse el camino administrativo y judicial hacia una adopción que pueda, en los mejores de los casos, recuperar los derechos humanos vulnerados de las pequeñas personas, siendo el punto de partida para ello la declaración de adoptabilidad.-
La declaración judicial del estado de adoptabilidad es un proceso judicial cuyo objetivo consiste en definir si un niño o niña se encuentra, efectivamente, en condiciones para ser dado en adopción, o que la satisfacción del derecho a vivir en familia se verá efectivizada si el niño se inserta en otro grupo familiar que el de origen .-
La declaración judicial de la situación de adoptabilidad es el proceso que, a modo de puente, permite correr el eje de intervención centrado en la familia de origen o ampliada -por imperativo del derecho a que el niño permanecerá en ella-, a la familia adoptiva.-
Es un proceso en el que la familia de origen o ampliada -según el caso- ejerce de manera plena el derecho de defensa en juicio, derecho constitucional muy comprometido hasta la reforma del actual Código Civil y Comercial de la Nación pero que la doctrina y jurisprudencia han puesto en crisis en varias oportunidades, incluso repudiada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el renombrado caso "Fornerón C/ Argentina" del 27 de abril de 2012, surgiendo así con la referida reforma un proceso judicial de declaración de situación de adoptabilidad con reglas propias, en el que la familia de origen tiene plena participación (art. 607 del CCyCN, "Código Civil y Comercial de la Nación -Comentado-", Dr. Ricrado L. Lorenzetti, Tomo IV, págs. 84 y sgtes., autora Marisa Herrera).-
Dicho derecho de defensa en un proceso judicial de esta índole permite a la familia de origen del niño, niña o adolescente (NNA) utilizar todas las herramientas que considere necesarias conforme a su objetivo, sea conservar al NNA en su seno familiar o permitir que los menores encuentren otra familia que los cobije.-
No obstante el carácter constitucional del derecho de defensa referido (art. 15 Const. Provincia de Buenos Aires), su ejercicio debe ser balanceado con los principios generales del derecho de familia, expuestos en el art. 706 del CCyCN .-
Y al respecto he de referir que " En materia de procesos de familia, el nuevo Código consagra una tutela efectiva y diferenciada con base en un modelo de justicia de acompañamiento (Rosales Cuello, Ramiro y Marino, Tomás; "Las normas procesales en el nuevo Código Civil y Comercial", publicado en SJA 2014/11/26-3; JA 2014, IV).-
El art. 706 del Código Civil y Comercial pone de resalto una serie de principios rectores que deben aplicarse en los procesos de familia .-
Entre ellos se destaca el deber de respetar el principio de tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, especialmente en los casos en que -como en la especie- intervienen personas vulnerables (art. cit. inc. a).-
Se completa el cuadro de principios generales aplicables con otras directivas: el principio de inmediación, la buena fe y lealtad procesal, la oficiosidad en la labor jurisdiccional, la preeminencia de la oralidad, el acceso limitado al expediente, la facilitación de la resolución pacífica de los conflictos, la especialización que deben tener los jueces del fuero, la posibilidad de contar con apoyo multidisciplinario y la necesidad de tener en cuenta el interés y bienestar de la persona en cuyo interés se realiza el proceso .-
Cabe recordar que la tutela judicial efectiva se encuentra reconocida en los arts. 8 y 25 de la CADH (Pacto de San José de Costa Rica), y comprende la garantía de acceso a la justicia y se complementa con los principios de concentración y celeridad, que derivan del principio de economía procesal (Bertoldi de Fourcade, María V. y Ferreyra de De la Rúa, Angelina, "Régimen Procesal del Fuero de Familia", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 42). -
Aquí resulta imprescindible referir que el " interés superior del niño (art. 3°, inc. 1°, CDN): entendido como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías de la infancia (art. 3°, ley 26.061), y que para nuestra Corte Suprema configura una pauta de decisión ante un conflicto de intereses y un criterio para la intervención institucional destinada a proteger a la persona menor de edad, en tanto proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio a ellos.-
Además de funcionar como un derecho sustantivo y un principio interpretativo fundamental, el interés superior del niño es semejante a un derecho procesal que obliga al Estado a introducir disposiciones para garantizar que esa pauta sea considerada " ("Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes", Silvia Eugenia Fernández -directora-, "Principios Rectores del Debido Proceso de Infancia", Martín Alesi -autor-, Tomo III, pág. 2408).-
Desde esta Sala se ha dicho que " el concepto de "interés superior del niño" es un término flexible, toda vez que permite y a su vez exige que -en cada caso puntual- se lo califique y redefina, atendiendo a las particularidades de la situación, dependiendo -en cada caso- de circunstancias específicas; esta particularidad -se dice también- llevará a los órganos de aplicación a asumir la importantísima tarea de "descubrir" qué curso de acción llevará a la defensa del interés superior del niño en cada caso particular; aclarándose que lo que la Convención establece es que resulta obligatoria para esos agentes la búsqueda que lleve a ese "descubrimiento" de qué es lo que mejor resguarda ese interés superior del niño (Martinez Ruiz, Analia en AAVV, Ines M. Weinberg, directora. Convención sobre los derechos del niño, p. 101) " (causas nros. 52.888 R.S. 820/05, 54.725 R.S. 744/06, 54.779 R.S. 145/97).-
Esta arista -su flexibilidad- que conlleva el interés superior del niño no puede perderse de vista en la búsqueda de una solución acorde a la satisfacción de dicho principio, pensando exclusivamente en los beneficiarios de su aplicación: niñas, niños y adolescentes.-
O, dicho de otro modo, en cada supuesto que se tenga que decidir por parte del órgano jurisdiccional es menester detenerse para ponderar, en el caso concreto (y de acuerdo con sus específicas circunstancias, art. 171 Const. Pcial.) cuál será el curso de acción que mejor satisfaga y resguarde aquel interés.-
A ello se agrega que en el caso que se encontraren en pugna derechos valederos tanto de niñas, niños o adolescentes como de adultos, los primeros tendrán prioridad en su atención en post de su particular interés superior.-
Además, se debe considerar el paso del tiempo , el cual es un elemento fundamental en la vida de los niños, niñas y adolescentes.-
Dijo la Corte Interamericana en “Forneron” (CIDH, “Fornerón e Hija Vs. Argentina”, sentencia del 27/4/2012) que “ esta Corte también ha sostenido que en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentran en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades ”.-
En este sentido, el art. 607 del CCyCN –en su párrafo final- determina que “ el juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de noventa días ”.-
Es una norma clara e imperativa, a ser interpretada –como es lógico- en clave convencional, al estar en juego aquí algo fundamental: el tiempo de vida de niños, niñas y adolescentes, con un bien precioso e insustituible: el tiempo.-
Con esto se quiere significar que muchas cuestiones pueden hacerse en el ámbito de un proceso judicial, pero hay algo que nunca –o casi nunca- se logrará: revertir las consecuencias del paso del tiempo.-
2. Cuestiones previas:
En primer lugar, marcado el camino de actuación en esta etapa del proceso, previo al análisis de la cuestión aquí planteada, resulta oportuno recordar que desde el primer momento de nuestra intervención en autos, destacamos, la red de contención profesional existente alrededor de la niña L., el niño D. y la Sra. P., ello a través de los equipos profesionales que trabajaron antes y durante la toma de la medida de abrigo de marzo de 2017, a saber -a modo de ejemplo-: Hospital Posadas, Hospital Tobar García, Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Morón, Equipo Técnico del Juzgado de Origen, Equipo Profesional del "Hogar San Patricio".-
Por ello, no comparto y rechazo el agravio presentado por la recurrente y su asistencia letrada, respecto a que la resolución en crisis se basa en los "dichos de los profesionales que esporádica y separadamente han intervenido..." y "que ha sido sustentado en incompletos, breves y esporádicos informes, ninguno de ellos elaborado de forma articulada e interdisciplinariamente".-
Realmente, de la lectura de todo lo actuado en la causa desde su inicio, se puede advertir que no es así, que el trabajo en conjunto de los profesionales de cada institución u organismo que entendieron en la situación familiar ha sido constante, continuo y en equipos de trabajo, lo cual se vislumbra en cada informe.-
Es más, la Asesoría de Incapaces también sostiene la existencia de dicha red de contención a través de todas las instituciones y organismos que trabajaron en la situación familiar, describiendo detalladamente en su contestación de traslado a los agravios de la recurrente, uno a uno los integrantes de dicha red (ver presentación electrónica de fecha 19 de septiembre de 2019).-
Dicha red también es descripta con claridad por el Servicio Local de Morón en su presentación de fs. 1037/1040.-
En segundo lugar, de la lectura de la resolución apelada y de aquellas que hemos analizado en anteriores oportunidades donde hemos entendido, surge que las mismas han tenido en cuenta todos los informes aportados, sin discriminar entre aquéllos "adversos" a la recurrente -como ella los refiere- o "aquellos informes y certificados que resaltaban la excelente relación del vínculo materno filial, el profundo y recíproco amor y cuidados brindados entre madre e hijos", no especificando cuáles serían los informes a los que se refiere en ambos postulados, además de que no surge de la lectura que hemos hecho desde nuestra primera intervención, informe alguno que refiera una relación tan positiva como refiere la Sra. P..-
Es más, en la presente resolución se mencionan informes anteriores a la toma de la medida de abrigo para referir la situación en la que se encontraban la niña y el niño junto a su progenitora, los informes de evaluación de la familia ampliada (abuelas y tía) y luego los informes provenientes del Hogar San Patricio sobre los avances de L. y D. en su permanencia en el mismo.-
Es decir que el eje de la resolución en cuestión no se basa en "informes adversos o a favor" de la Sra. P. sino en informes sobre la situación de la familia de origen y sobre su situación actual para resolver el mejor camino para el desarrollo integral de los pequeños.-
Es que el eje de la presente resolución resulta ser el interés superior de L. y D. el que resulta de mayor jerarquía que los derechos que pudiera pretender la Sra. P. y que -por supuesto- pudieran afectar el desarrollo integral de los menores.-
Finalmente, la recurrente se agravia de la resolución apelada pues manifiesta que la Sra. Jueza no ha tenido en cuenta el informe institucional de fecha 10 de enero de 2018 realizado por la Secretaría Ejecutiva del ORL de la Pcia. de Bs. As. ni ha tomado medidas para averiguar o conocer sobre el contenido y estadio de las denuncias penales presentadas por la recurrente ante las Fiscalías de Morón y de La Plata.-
Ante ello debo decir que el informe y las causas mencionadas no serían un elemento que pudiera influenciar en el objeto de la presente causa donde debe resolverse sobre la situación de vida de L. y D. donde no se juzgan cuestiones de materia penal -como las ventiladas ante las fiscalías respectivas- o administrativas -como las referidas en el informe respecto del Hogar-. Ambas cuestiones tramitan por las vías penales y administrativas correspondientes y que la Sra. Jueza solicite o no informes para tomar conocimiento sobre ellas en nada afecta la prosecución de la presente causa.-
Por todas estas razones, considero que hasta aquí la recurrente no esboza agravio alguno que pueda conmover la decisión apelada.-
3. La cuestión a resolver:
Previamente, debo hacer la salvedad que la decisión a tomar, tanto en estos obrados como en la causa nro. 7894 -determinación de capacidad de la Sra. P. -, es ardua, pues todos los derechos involucrados son atendibles e importantes.-
Ahora bien, retomando la cuestión principal, a pesar de la existencia de aquella red que ya mencionara, concluíamos el 20 de septiembre de 2018, luego de un exhaustivo estudio de las actuaciones, que la Sra. P., en su rol materno, no pudo procurar a L. y D. educación, atención médica y tratamientos psicológicos-psiquiátricos que ambos necesitaban . Asimismo, respecto de su propia salud mental, se obtuvo en esa oportunidad que la Sra. P. no pudo sostener sus espacios terapéuticos ni tratamientos, que no podía ejercer el rol materno, hallándose agotadas las estrategias desplegadas por la red de contención referida. Tampoco se obtuvo respuesta de su familia ampliada , estando -en ese momento- la expectativa pendiente respecto de la abuela y tía materna como apoyos para el ejercicio de dicho rol, ni siquiera el Sr. C. -progenitor de L. y D. - pudo colaborar en el cuidado de los pequeños .-
Es así como en dicha resolución esta Sala II confirmó la legalidad de la medida de abrigo que fuera tomada por el Servicio Local de Morón el día 27 de marzo de 2018.-
Posteriormente, intervinimos en autos en una nueva resolución de fecha 15 de noviembre de 2018 donde se resolvió no hacer lugar al reintegro del niño y de la niña a la Sra. P.,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.