Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 11192
Causa Nº MO-11129-2020
En la fecha impuesta al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "R. I. S/ ABRIGO Causa N º MO-11129-2020" habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
V O T A C IÓ N
A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
I. Antecedentes recursivos:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Familia nro. 6 Departamental con fecha 8 de julio de 2022 resolvió declarar la situación de adoptabilidad del niño I. D. R.. Asimismo dispuso no hacer lugar al pedido de cuidado del niño efectuado por los Sres. C. A. y E. P., dejando sentado que se considerará al momento del dictado de la sentencia de adopción si resulta beneficioso para el niño mantener el vínculo con los mismos, respetando sus tiempos y teniendo en cuenta su interés superior.
La Sentenciante considera que la solución propicia al interés superior de I. es la declaración de su estado de adoptabilidad pues ello surge claramente de las evaluaciones agregadas en los informes de autos que han sido detallados en los considerandos de la resolución apelada.
Asimismo, si bien los Sres. C. A. y E. P. han solicitado el cuidado de I., no se evidencian en ellos capacidades para erigirse como adultos responsables que puedan asegurar un desarrollo sano e integral del niño, tal como lo refieren los profesionales del Equipo Técnico del Juzgado.
2. Contra tal forma de decidir se alzaron la Sra. C. A. -abuela materna- y el Sr. E. P. -pareja de la Sra. A.- planteando recurso de apelación con fecha 15 de julio de 2022, siendo concedido el recurso en relación y con efecto devolutivo en la misma fecha, mereciendo el dictamen del Sr. Asesor interviniente con fecha 17 de agosto.
Con fecha 30 de noviembre de 2022, la abogada del niño Dra. A. -luego de ser intimada desde esta Sala II con fecha 24 de noviembre-, contestó el traslado del memorial presentado.
Los progenitores del niño que se encuentran patrocinados por la UFD N° 1 Dptal., no contestaron el respectivo traslado.
Los recurrentes expresan en los antecedentes del caso que el informe del Organismo de Niñez que refiere que la Sra. A. manifestó no poder continuar con el cuidado del niño, no es real, que nunca pudo comprender el contenido del acta por ser analfabeta y no tener a nadie que le explique pues no permitieron que el Sr. P. ingresara con ella.
En un primer agravio, se quejan del decreto de adoptabilidad del niño pues no se tomaron en cuenta elementos de suma importancia que obran en autos para mantener al pequeño dentro del ámbito familiar, como tampoco se contempla la posibilidad de retomar la comunicación con el niño, sino recién al momento del dictado de la sentencia de adopción.
Entienden que no pueden dejar de considerarse los datos objetivos que surgen de la lectura del expediente, entre ellos, que el Servicio Local se contradice al expresar que la Sra. A. expuso que no podía continuar cuidando a I. con la propia documentación emanada de dicho organismo.
Asimismo, destaca del informe proveniente del jardín de infantes de fecha 4 de octubre de 2021, que el mismo ha resultado favorable para acreditar el compromiso de la familia con la actividad escolar y que el propio Servicio Local ha explicado las razones de la falta de participación en las clases virtuales, mencionando que es una familia con gravísimas dificultades socio económicas, que no pudo acceder a las clases virtuales por cuestiones de vulnerabilidad pero no por cuestiones de irresponsabilidad o descuido (PER final).
Agrega que de dicho informe (14 de septiembre de 2021) surge que no existió desatención por parte de la Sra. A. en la salud de su nieto sumado a la extensa copia de HC allí agregada, de la cual no se advierte informe alguno correspondiente a desatención o descuido.
Que respecto del informe pericial de fecha 19 de octubre de 2021, resulta que es muy difícil imaginar cómo podría el niño preguntar por su familiares sino se vinculaba con el personal con lenguaje alguno , aclarando la abuela que I. sí habla con ella. Además cuestiona las razones por las que la Directora del Hogar no le podía brindar información o la comunicación con su nieto para luego informar que el niño no recibe visitas de nadie.
A continuación refiere que la Sra. Jueza no ha considerado la prueba testimonial producida en autos, haciendo referencia a que los tres testigos han coincidido en el amor y cuidados que los recurrentes brindaron al niño.
Que la Sra. Jueza tampoco hace referencia a la presentación de la abogada del niño de fecha 19 de diciembre de 2021 donde la misma solicitó que se evalúe la posibilidad de visitar al niño , lo cual consideró beneficioso para I., pero que nunca se le ha dado respuesta, reiterando que se agravia que dicho contacto esté supeditado a la sentencia de adopción.
También refiere el informe pericial de fecha 9 de marzo de 2022 donde se evaluó a la progenitora con la abuela materna cuando debieron ser evaluadas en forma separada destacando cuestiones a favor de la Sra. A..
Asimismo, respecto del informe proveniente del Hogar Pascual Crudo de fecha 6 de julio de 2022, el cual expresa los progresos de I., solicitan que no se pierda de vista que cuando retiran al niño de sus cuidados, estábamos atravesando la pandemia, circunstancia que sumó obstáculos a todas las familias , que I. ya presentaba problemas de salud cuando fue puesto bajo sus cuidados, que la madurez de un niño de 4 años es distinta a la de un niño de 3 años o que la tristeza al ingresar al Hogar pudo haber sido por haber sido arrancado de su familia.
Finaliza este agravio expresando que la abogada del niño y la Dra. Lazarte han comprendido el amor por I., y que los testigos pueden dar fe del cuidado y amor que desplegaron. Agregando que el Sr. P. no ha sido evaluado, que las medidas tomadas son de carácter represivas y que el art. 8 ley 13298 establece que la carencia de recursos materiales no constituye causa para la institucionalización de los niños/as .
En segundo lugar, se agravian del decisorio apelado por aplicar el principio del interés superior del niño en forma abstracta y no en el caso concreto, alegando que el fallo no ha respetado el interés superior de I. en tanto lo han criado con amor y cuidados, reconociendo que han necesitado el apoyo estatal para ello (objetividad). Que no se consideró la situación actual de la familia, que han acreditado haberse encargado de la escolaridad, controles médicos, del cuidado y atención de I. y que el mismo fue separado ilegítimamente de la familia de origen (actualidad). Y que el interés superior del niño debió interpretarse en forma armónica con los derechos en situación de extrema vulnerabilidad, ello detectado en el informe de la perito Lazarte.
Entonces, el decisorio no responde a dicho paradigma por ignorar los elementos objetivos obrantes en el expediente y el encuadre del caso en el art. 607, inc. c, del CCyCN resulta erróneo por ignorar el estado socio económico de los recurrentes, la irregularidad en la implementación de la medida y la acreditación del amor y cuidados dispensados a I..
Finalmente, solicitan se tenga en consideración que el Sistema de Protección de Niñez debe ser interpretado en armonía con los derechos de personas en situación de extrema vulnerabilidad y que no admite para el caso de autos una sanción represiva de la pérdida del cuidado, menos aún sin vínculo alguno con su abuela Sra. A. y el Sr. P..
Por todo ello, solicitan se revoque la declaración de adoptabilidad y se les restituya la guarda del niño.
3. El Sr. Asesor interviniente refiere que el informe de fecha 4 de octubre de 2021 expone elementos claros para la confirmación de la decisión, así como también, recuerda que la Sra. A. tuvo varios hijos institucionalizados por vulneraciones en sus derechos y que el Servicio Local interviniente concluye que resultaría perjudicial para I. persistir en su familia de origen, con lo cual también coincide el Equipo Técnico del Juzgado de Origen.
Entonces, en ausencia de un ámbito familiar contenedor y en pos de los derechos del niño, el Sr. Asesor entiende que deberá confirmarse la resolución apelada.
4. Asimismo, la abogada del niño, Dra. Isabel Appugliese, contesta el memorial de agravios donde sigue sosteniendo que sería beneficioso para I. evaluar la posibilidad de mantener vínculo con su abuela, Sra. A. pero coincide con la resolución apelada en cuanto decreta el estado de adoptabilidad.
Entiende que dicha decisión se basa en que la denuncia del 25 de abril de 2018 realizada por el Hospital de Morón ante el mal estado de salud del niño fue hecha en ocasión que la Sra. A. lo llevara a una consulta, debiendo permanecer internado; además que el Servicio Local informa que la abuela no podría garantizar el cuidado y controles de salud que I. necesitaba y que es imposible que sus padres biológicos pudieran hacerse cargo conforme todos los informes agregados en autos, por lo que entiende que no resultarían familia responsable para ocuparse del niño.
La letrada expresa que ha conocido a la Sra. A. y al Sr. P., que no duda que sean buenas personas ni que la abuela pueda brindarle amor pero lo mejor para su asistido es el estado de adoptabilidad y el encuentro inmediato de una familia que asegure la satisfacción de sus derechos.
No obstante ello, coincide con la sentenciante en evaluar al momento de dictar sentencia de adopción si resultaría sería benefícioso para I. mantener vínculo con su abuela materna.
Finalmente, agrega que no puede vislumbrar una red de contención que le pudiese facilitar a la Sra. A. el hacerse cargo de un niño tan pequeño con todas las necesidades que el mismo demanda.
II. Solución propuesta:
1. El estado de adoptabilidad:
La declaración judicial del estado de adoptabilidad es un proceso judicial cuyo objetivo consiste en definir si un niño se encuentra, efectivamente, en condiciones para ser dado en adopción, o que la satisfacción del derecho a vivir en familia se verá efectivizada si el niño/a se inserta en otro grupo familiar que el de origen .
La declaración judicial de la situación de adoptabilidad es el proceso que, a modo de puente, permite correr el eje de intervención centrado en la familia de origen o ampliada por imperativo del derecho a que el niño/a permanecerá con ellos, a la familia adoptiva.
Es un proceso en el que la familia de origen o ampliada -según el caso- ejerce de manera plena el derecho de defensa en juicio, derecho constitucional muy comprometido hasta la reforma del actual Código Civil y Comercial de la Nación pero que la doctrina y jurisprudencia han puesto en crisis en varias oportunidades, incluso repudiada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el renombrado caso "Fornerón C/ Argentina" del 27 de abril de 2012, surgiendo así con la referida reforma un proceso judicial de declaración de situación de adoptabilidad con reglas propias, en el que la familia de origen tiene plena participación (arts. 607 del CCyCN, "Código Civil y Comercial de la Nación -Comentado-", Dr. Ricrado L. Lorenzetti, Tomo IV, págs. 84 y sgtes., autora Marisa Herrera).
Dicho derecho de defensa en un proceso judicial de esta índole permite a la familia de origen del niño, niña o adolescente (NNA) utilizar todas las herramientas que considere necesarias conforme a su objetivo, sea conservar al NNA en su seno familiar o permitir que los menores encuentren otra familia que los cobije.
No obstante el carácter constitucional del derecho de defensa referido (art. 15 Const. Provincia de Buenos Aires), su ejercicio debe ser balanceado con los principios generales del derecho de familia, expuestos en el art. 706 del CCyCN .
Y al respecto he de referir que " En materia de procesos de familia, el nuevo Código consagra una tutela efectiva y diferenciada con base en un modelo de justicia de acompañamiento (Rosales Cuello, Ramiro y Marino, Tomás; "Las normas procesales en el nuevo Código Civil y Comercial", publicado en SJA 2014/11/26-3; JA 2014, IV).
El art. 706 del Código Civil y Comercial pone de resalto una serie de principios rectores que deben aplicarse en los procesos de famili a.
Entre ellos se destaca el deber de respetar el principio de tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, especialmente en los casos en que -como en la especie- intervienen personas vulnerables (art. cit. inc. a).
Se completa el cuadro de principios generales aplicables con otras directivas: el principio de inmediación, la buena fe y lealtad procesal, la oficiosidad en la labor jurisdiccional, la preeminencia de la oralidad, el acceso limitado al expediente, la facilitación de la resolución pacífica de los conflictos, la especialización que deben tener los jueces del fuero, la posibilidad de contar con apoyo multidisciplinario, y la necesidad de tener en cuenta el interés y bienestar de la persona en cuyo interés se realiza el proceso .
Cabe recordar que la tutela judicial efectiva se encuentra reconocida en los arts. 8 º y 25 de la CADH (Pacto de San José de Costa Rica), y comprende la garantía de acceso a la justicia y s e complementa con los principios de concentración y celeridad, que derivan del principio de economía procesal (Bertoldi de Fourcade, María V. y Ferreyra de De la Rúa, Angelina, "Régimen Procesal del Fuero de Familia", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 42) -
El paso del tiempo es un elemento fundamental en la vida de los niños, niñas y adolescentes.
Dijo la Corte Interamericana en “Forneron” (CIDH, “Fornerón e Hija Vs. Argentina”, sentencia del 27/4/2012) que “ esta Corte también ha sostenido que en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades ”.
En este sentido, el art. 607 del CCyCN –en su párrafo final- determina que “ el juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de noventa días ”.
Es una norma clara e imperativa, a ser interpretada –como es lógico- en clave convencional, al estar en juego aquí algo fundamental: el tiempo de vida de niños, niñas y adolescentes, con un bien precioso e insustituible: el tiempo.
Con esto se quiere significar que muchas cuestiones pueden hacerse en el ámbito de un proceso judicial, pero hay algo que nunca –o casi nunca- se logrará: revertir las consecuencias del paso del tiempo.
Aquí resulta imprescindible referir que el " interés superior del niño (art. 3°, inc. 1°, CDN): entendido como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías de la infancia (art. 3°, ley 26.061), y que para nuestra Corte Suprema configura una pauta de decisión ante un conflicto de intereses y un criterio para la intervención institucional destinada a proteger a la persona menor de edad, en tanto proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio a ellos.
Además de funcionar como un derecho sustantivo y un principio interpretativo fundamental, el interés superior del niño es semejante a un derecho procesal que obliga al Estado a introducir disposiciones para garantizar que esa pauta sea considerada " ("Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes", Silvia Eugenia Fernández -directora-, "Principios rectores del Debido proceso de Infancia", Martín Alesi -autor-, Tomo III, pág. 2408).
La flexibilidad que conlleva el interés superior del niño no puede perderse de vista en la búsqueda de una solución acorde a la satisfacción de dicho principio, pensando exclusivamente en los beneficiarios de su aplicación: niñas, niños y adolescentes.
O, dicho de otro modo, en cada supuesto que se tenga que decidir por parte del órgano jurisdiccional es menester detenerse para ponderar, en el caso concreto (y de acuerdo con sus específicas circunstancias, art. 171 Const. Pcial.) cuál será el curso de acción que mejor satisfaga y resguarde aquel interés.
2. En este camino, he de definir el interés superior del niño I. paro lo cual debo analizar los antecedentes obrantes en autos y considerar los vínculos familiares que conforman su núcleo de origen.
a) Antecedentes fácticos:
La presente causa se inicia con el acta de toma de medida de abrigo de fecha 11 de mayo de 2020 (agregada el día 21 de mayo) donde se comunicó dicha medida en favor del niño I. D. R. de por entonces 1 año y 11 meses de edad quien estaría bajo los cuidados de la Sra. C. A., su abuela materna.
Antes de la medida de abrigo referida, el niño se encontraba bajo los cuidados de su progenitora, la Sra. V. S. R., hija de la Sra. A., quienes habitaban en el mismo domicilio pero a partir del mes de enero del año 2020 convivían -la progenitora y el niño- en el domicilio del progenitor, Sr. D. M. R..
Aquel informe establece que el Servicio Local de Morón Centro toma " conocimiento de la situación a través de informe que envía el Hospital de Morón donde I. presenta hipotonía generalizada. Pautas madurativas no acordes a la edad, no se sienta, no camina, no habla y tiene dificultades para sostén. La madre de I. tiene problemas de salud (retraso madurativo y dificultades motrices) por lo cual no puede cumplir con los cuidados básicos del niño. En cuanto al progenitor, se desprende del informe y de las entrevistas realizadas maltrato físico hacia el niño".
Dicha situación de salud es corroborada con la historia clínica proveniente del Hospital de Morón y que fuera agregada en autos con fecha 15 y 17 de noviembre de 2021.
Con fecha 29 de junio el Sr. Asesor interviniente, Dr. Zacoro, solicita que se legalice la medida y que el Servicio Local acompañe el Plan Estratégico de Restitución de Derechos del niño.
Con fecha 30 de junio la Sra. Jueza de grado, en base a dicho informe resuelve la legalidad de la medida de abrigo dispuesta respecto del niño I. R. la que se desarrolla en el domicilio de su abuela C. A., solicitando al Servicio Local de Morón Centro el pronto envío del Plante estratégico de Restitución de Derechos.
Luego de un año sin informe alguno, con fecha 25 de agosto de 2021 se agrega en autos un informe proveniente del Servicio Local interviniente donde se comunica que " con fecha 24/08/2021 se ha modificado el lugar donde R. I. se encontraba alojado/a. A partir de este momento, el nuevo lugar de cumplimiento de la medida oportunamente adoptada es: INSTITUCION - HOGAR CONVIVENCIAL - HOGAR DE NIÑOS PASTOR PASCUAL CRUDO", agregando que " se opta por una medida de abrigo institucional, solicitado por la abuela materna y previa abrigadora, debido a que la misma ha manifestado no poder garantizar el cuidado y controles de salud que necesita el niño ".
Con fecha 14 de septiembre de 2021 se presentan en autos la abuela materna Sra. A. y su pareja Sr. P., con el patrocinio letrado de UFD N° 2 Dptal., quienes expresan que el acta firmada por la Sra. A., de fecha 24 de Agosto de 2021 no es válida, pues nunca pudo comprender el contenido de la misma por ser analfabeta y no tener a nadie que le explique su alcance ya que no le
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