Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 12373
Causa Nº MO-12373-2021
Con fecha impuesta al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B. R. B. S/ ABRIGO Causa N º MO-12373-2021" habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
V O T A C IÓ N
A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
I. Antecedentes recursivos:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Familia nro. 2 Departamental con fecha 30 de junio de 2022 resolvió declarar la situación de adoptabilidad del niño R. B. B.. Asimismo dispuso que se iniciara la búsqueda de aspirantes a guarda con fines de adopción juntamente con su hermanaÁ. V. M., encomendando al Equipo Técnico para que juntamente con el efector local aseguren el contacto fluido con sus sobrinas, las niñas U. G., M. C. y A. N. M..
La Sentenciante considera, en base a los antecedentes detallados en su resolución, que se desprenden elementos suficientes para entender que el niño se encuentra en estado de desamparo (art. 607, inc. "c", CCYCN), no contando con familiares o referentes afectivos que puedan asumir su guarda de una manera adecuada a su interés superior (art. 607 del CCyCN y art. 7 ley 14528).
Agrega que el niño tiene doble vínculo filial (Sra. M. de los Á. M. y Sr. E. E. B.), que ambos progenitores se encuentran privados de su libertad y que algunos de los integrantes de su familia ampliada se encuentran afectados por patologías mentales. Además las Sras. C. y B. no han demostrado encontrarse capacitadas para ejercer el rol de guardadoras. Así es como considera que el pedido efectuado por los progenitores del menor y por tales referentes no resulta adecuado al interés superior del infante, concluyendo que la familia ampliada deviene claramente disfuncional, que priorizan a los progenitores dando cuenta que en un futuro cuando recuperen su liberad posibilitarían que se encuentre nuevamente en una situación de vulnerabilidad.
A ello agrega la voz del niño pues su opinión fue oída por la Asesoría, por la sentenciante y por la asistencia psicológica de su lugar de residencia, concluyendo finalmente que la adopción se presenta como un remedio para su vida.
2. Contra tal forma de decidir se alzó la Sra. M. de los Á. M. -progenitora del niño R.- planteando recurso de apelación con fecha 4 de julio de 2022 en los términos del art. 48 del CPCC, solicitando se revoque el fallo impugnado. Dicho recurso fue concedido en relación y con efecto devolutivo en la misma fecha, fundado con el memorial de fecha 12 de julio -art. 48 del CPCC-, y corriéndose su respectivo traslado con fecha 13 de julio, todas fechas del mismo año (la recurrente ratificó el planteo recursivo el día 14 de julio del mismo año).
La recurrente considera que la declaración de adoptabilidad es prematura pues se resolvió sin informes, sin evaluación de la familia ampliada, sin contemplar la situación de la recurrente y sin oir a los niños. Y que no surge de la misma que se haya establecido un régimen de comunicación.
Alega que la pandemia vivida complicó la situación familiar pues la intervención empezó en julio 2020 por lo que dificultó el abordaje familiar y le impidió satisfacer las necesidades de los niños en cuanto a salud y educación. Que atendía a los niños, que eran educados por ella, que conforme el informe agregado en el mes de noviembre de 2021 no recibían maltrato alguno por lo que ningún niño manifestó haber sido maltratado o descuidado por su madre.
Refiere el informe de noviembre de 2021 respecto a las características del niño R. y agrega que la niña V. -su hermana- tiene deseos de volver a su lado, por lo que se confirma que el trato que los niños recibían no era malo, que presentan buenas conductas porque les brindó un lugar de afecto y contención, no estableciendo estrategia alguna de vinculación o visitas con su madre.
Agrega que la familia ampliada fue descartada porque no era demanda de los menores y que la justificación enunciada respecto a que los familiares "priorizan a los progenitores" es solo una conjetura del Servicio Local. Entiende que se infringe el art. 607 del CCyCN y que el fallo, especialmente respecto de la Sra. C., cercena el derecho de los niños a crecer y desarrollarse en un medio familiar, considerando que los lazos que los niños tienen con ella son fuertes y sólidos y que su situación económica no puede ser determinante de la guarda que ofrece pues la misma cuenta con recursos para alimentar y sostener a los niños.
Que a pesar de su situación personal -encontrase en prisión-, no ha dejado de pugnar por el interés superior de los niños, que no puede pasarse por alto su situación histórica de vulnerabilidad y la falta de colaboración del padre de sus hijos para su alimentación y crianza. Agrega que no se desplegaron estrategias a su respecto y que se la excluyó de la intervención del Servicio Local.
Finalmente, solicita se revoque la sentencia impugnada y se reintegre a los niños al seno materno, o en su defecto, que los integrantes de la familia ampliada sean designados como guardadores.
3. Asimismo, la Sra. C. B. C. apela la misma resolución planteando recurso con fecha 6 de julio de 2022, solicitando se revoque la resolución y se la designe tutora del niño. Dicho recurso fue concedido en relación con efecto devolutivo el día 8 de julio y fundado con el memorial de fecha 11 de julio, habiéndose corrido su respectivo traslado con fecha 13 de julio, todas fechas del mismo año.
La recurrente sostiene que la resolución apelada es injusta pues infringe el art. 607 del CCyCN en cuanto a que los lazos que la unen con R. son fuertes y sólidos, en su carácter de madrina de la hermana V., que ha estado presente en la vida de ambos desde su nacimiento y que compartían vida familiar. Le indicaba a la madre la necesidad de higiene para el niño. Refiere compromiso afectivo con el niño y su hermana pero que el ASPO afectó la relación.
Se agravia que la Sra. Jueza considere que no se encuentra capacitada para ejercer la guarda pues solo tuvo en cuenta el informe agregado con fecha 23 de junio, entendiendo que la falta de capacidad radica en la modestia de su vivienda y en sus problemas económicos y laborales, lo que viola el art. 33 ley 26061 (falta de recursos materiales), agregando que cuenta con los medios necesarios para afrontar los consumos de R. y su hermana.
Alega que no es real que cuando la progenitora recupere la libertad posibilitaría que R. se encuentre nuevamente en situación de vulnerabilidad, nunca refirió revincular con ella, quiere ampararlo.
Considera que en la audiencia del art. 12 la Sra. Jueza no indicó de qué modo valoró las opiniones del infante, que no fue entrevistado por el equipo técnico del Juzgado y que solo hay informes del Hogar y del Servicio Local.
Finalmente, considera que se vulnera el derecho del niño de preservar su relación con la recurrente, por lo que solicita se la revoque y se conceda la tutela de R. B. B..
4. El Sr. E. B. -progenitor de R.- plantea recurso en los términos del art. 48 del CPCC con fecha 6 de julio de 2022, solicitando se revoque la resolución. Dicho recurso fue concedido en relación con efecto devolutivo el día 8 de julio y fundado con el memorial también invocando el art. 48 del CPCC con fecha 15 de julio, habiéndose corrido su respectivo traslado en la misma fecha, todas del mismo año (el recurrente ratificó el planteo recursivo el día 6 de septiembre del mismo año).
El recurrente se agravia de la resolución apelada pues la considera prematura en cuanto a la realización de la prueba por él ofrecida, refiriéndose también a la prueba de testigos ofrecida por la Sra. W. B., su hermana.
Se agravia por la deficiente actuación del Servicio Local por cuanto no se preocupó por comunicarse con él y así su familia acercarse al Servicio con mayor rapidez.
Agrega que siempre se ocupó de las necesidades de R. y que la pena que está transitando no puede ser entendida como el hecho de que no es un buen padre, haciendo referencia al sistema penal argentino.
Expresa que no se le notificó la medida de abrigo ni su decreto de legalidad, que se lo descartó automáticamente y que no tuvo la posibilidad de proponer a ninguno de sus familiares para ser evaluados como guardadores de R..
Se agravia porque desde todo momento se trabajó sobre la base de que los cinco niños debían permanecer juntos cuando la situación jurídica de los mismos no es la misma -remitiéndose al memorial de la Sra. W. B.- y no buscando una estrategia individual con visión en las particularidades propias de cada niño, refiriendo que R. tiene una familia por parte de su padre que puede responsabilizarse.
Agravia también al recurrente porque la sentencia resuelve que la Sra. W. B. no ha demostrado estar capacitada para ejercer el rol de guardadora, refiriendo sentimientos de arrepentimiento y propósito de enmienda e insistiendo que los testigos por ella ofrecidos no fueron citados, volviendo a remitirse al memorial de la Sra. W. B. en cuanto a las consideraciones sobre su vivienda. Alega que si bien propuso a su hermana, nunca se entrevistó a su papá ni a sus otros hermanos.
Finalmente se agravia por la falta de estrategias de vinculación por parte del Servicio en relación a la Sra. W. B. o con otro miembro de la familia biológica, a pesar de encontrarse los plazos legales ampliamente vencidos, a fin de brindarle la posibilidad de vivir con su familia paterna.
Solicita explicaciones respecto a las bases de los informes del Servicio Local para decidir cómo lo hizo y considera que no se ha llevado a cabo adecuadamente el plan estratégico de restitución de derechos por lo cual considera que la sentencia debe ser revocada.
5. La Sra. W. B. -tía paterna de R.- plantea recurso con fecha 6 de julio de 2022, solicitando se revoque la resolución. Dicho recurso fue concedido en relación con efecto devolutivo el día 8 de julio y fundado con el memorial también invocando de fecha 15 de julio, habiéndose corrido su respectivo traslado en la misma fecha, todas del mismo año.
Primero se agravia por la deficiente actuación del Servicio Local, planteando los distintos errores como agravios: que no se le notificó la medida de abrigo ni su decreto de legalidad al progenitor, que se presentó desde un primer momento en el Servicio pero le dijeron que debía hacerse cargo de los cinco niños siendo que R. no se encuentra en la misma situación pues tiene una familia por parte de su padre que puede responsabilizarse, que no le permitieron tener contacto con el niño, que no se le aclaró cuál era la situación de salud mental que impedía su contacto.
En su segundo lugar se agravia de la conclusión que no ha demostrado encontrarse capacitada para ejercer el rol de guardadora, alegando que ofreció la declaración de testigos pero que no fueron citados, que no se tuvo en cuenta el informe ambiental y que no se conversó con la familia ampliada que colaboraría con los cuidados de R.. Asimismo refiere que ha perdido contacto por un año durante el ASPO con el niño y considera que el hecho de que no nombren a los parientes no quiere decir que no hayan tenido relación. Y que conforme el art. 607 del CCyCN, apenas se le comunicó la situación de su sobrino se presentó en el Servicio y en e Juzgado con ansias de poder cuidarlo.
Finalmente, en su tercer agravio, refiere que se vulnera el espíritu de R. por forzarlo a conocer una familia externa cuando tiene un grupo familiar dispuesto a realizar las modificaciones necesarias para cobijarlo. Solicita explicaciones respecto a las bases de los informes del Servicio Local, que toma la sentencia, para decidir que no tiene un sentimiento genuino de albergar a su sobrino y considera que no se ha llevado a cabo adecuadamente el plan estratégico de restitución de derechos por lo cual considera que la sentencia debe ser revocada.
6. La Sra. Asesora, Dra. Roitman, dictamina con fecha 1 de agosto de 2022 solicitando que se confirme la resolución apelada.
7. Asimismo, el abogado de la niña Dr. Hervaez, con fecha 1 de febrero de 2023 contesta el traslado del memorial que se le corriera desde esta Alzada, solicitando que se confirme la resolución apelada.
II. Solución propuesta:
1. El estado de adoptabilidad:
La declaración judicial del estado de adoptabilidad es un proceso judicial cuyo objetivo consiste en definir si un niño se encuentra, efectivamente, en condiciones para ser dado en adopción, o que la satisfacción del derecho a vivir en familia se verá efectivizada si el niño/a se inserta en otro grupo familiar que el de origen .
La declaración judicial de la situación de adoptabilidad es el proceso que, a modo de puente, permite correr el eje de intervención centrado en la familia de origen o ampliada por imperativo del derecho a que el niño/a permanecerá con ellos, a la familia adoptiva.
Es un proceso en el que la familia de origen o ampliada -según el caso- ejerce de manera plena el derecho de defensa en juicio, derecho constitucional muy comprometido hasta la reforma del actual Código Civil y Comercial de la Nación pero que la doctrina y jurisprudencia han puesto en crisis en varias oportunidades, incluso repudiada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el renombrado caso "Fornerón C/ Argentina" del 27 de abril de 2012, surgiendo así con la referida reforma un proceso judicial de declaración de situación de adoptabilidad con reglas propias, en el que la familia de origen tiene plena participación (arts. 607 del CCyCN, "Código Civil y Comercial de la Nación -Comentado-", Dr. Ricrado L. Lorenzetti, Tomo IV, págs. 84 y sgtes., autora Marisa Herrera).
Dicho derecho de defensa en un proceso judicial de esta índole permite a la familia de origen del niño, niña o adolescente (NNA) utilizar todas las herramientas que considere necesarias conforme a su objetivo, sea conservar al NNA en su seno familiar o permitir que los menores encuentren otra familia que los cobije.
No obstante el carácter constitucional del derecho de defensa referido (art. 15 Const. Provincia de Buenos Aires), su ejercicio debe ser balanceado con los principios generales del derecho de familia, expuestos en el art. 706 del CCyCN .
Y al respecto he de referir que " En materia de procesos de familia, el nuevo Código consagra una tutela efectiva y diferenciada con base en un modelo de justicia de acompañamiento (Rosales Cuello, Ramiro y Marino, Tomás; "Las normas procesales en el nuevo Código Civil y Comercial", publicado en SJA 2014/11/26-3; JA 2014, IV).
El art. 706 del Código Civil y Comercial pone de resalto una serie de principios rectores que deben aplicarse en los procesos de famili a.
Entre ellos se destaca el deber de respetar el principio de tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, especialmente en los casos en que -como en la especie- intervienen personas vulnerables (art. cit. inc. a).
Se completa el cuadro de principios generales aplicables con otras directivas: el principio de inmediación, la buena fe y lealtad procesal, la oficiosidad en la labor jurisdiccional, la preeminencia de la oralidad, el acceso limitado al expediente, la facilitación de la resolución pacífica de los conflictos, la especialización que deben tener los jueces del fuero, la posibilidad de contar con apoyo multidisciplinario, y la necesidad de tener en cuenta el interés y bienestar de la persona en cuyo interés se realiza el proceso .
Cabe recordar que la tutela judicial efectiva se encuentra reconocida en los arts. 8 º y 25 de la CADH (Pacto de San José de Costa Rica), y comprende la garantía de acceso a la justicia y s e complementa con los principios de concentración y celeridad, que derivan del principio de economía procesal (Bertoldi de Fourcade, María V. y Ferreyra de De la Rúa, Angelina, "Régimen Procesal del Fuero de Familia", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 42) .
El paso del tiempo es un elemento fundamental en la vida de los niños, niñas y adolescentes.
Dijo la Corte Interamericana en “Forneron” (CIDH, “Fornerón e Hija Vs. Argentina”, sentencia del 27/4/2012) que “ esta Corte también ha sostenido que en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades ”.
En este sentido, el art. 607 del CCyCN –en su párrafo final- determina que “ el juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de noventa días ”.
Es una norma clara e imperativa, a ser interpretada –como es lógico- en clave convencional, al estar en juego aquí algo fundamental: el tiempo de vida de niños, niñas y adolescentes, con un bien precioso e insustituible: el tiempo.
Con esto se quiere significar que muchas cuestiones pueden hacerse en el ámbito de un proceso judicial, pero hay algo que nunca –o casi nunca- se logrará: revertir las consecuencias del paso del tiempo.
Aquí resulta imprescindible referir que el " interés superior del niño (art. 3°, inc. 1°, CDN): entendido como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías de la infancia (art. 3°, ley 26.061), y que para nuestra Corte Suprema configura una pauta de decisión ante un conflicto de intereses y un criterio para la intervención institucional destinada a proteger a la persona menor de edad, en tanto proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio a ellos.
Además de funcionar como un derecho sustantivo y un principio interpretativo fundamental, el interés superior del niño es semejante a un derecho procesal que obliga al Estado a introducir disposiciones para garantizar que esa pauta sea considerada " ("Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes", Silvia Eugenia Fernández -directora-, "Principios rectores del Debido proceso de Infancia", Martín Alesi -autor-, Tomo III, pág. 2408).
La flexibilidad que conlleva el interés superior del niño no puede perderse de vista en la búsqueda de una solución acorde a la satisfacción de dicho principio, pensando exclusivamente en los beneficiarios de su aplicación: niñas, niños y adolescentes.
O, dicho de otro modo, en cada supuesto que se tenga que decidir por parte del órgano jurisdiccional es menester detenerse para ponderar, en el caso concreto (y de acuerdo con sus específicas circunstancias, art. 171 Const. Pcial.) cuál será el curso de acción que mejor satisfaga y resguarde aquel interés.
2. En este camino, he de definir el interés superior del niño R. para lo cual me he dedicado detalladamente a la lectura de los antecedentes obrantes en estos autos como en los conexos -a los cuales me remito en honor a la brevedad- y en base a ello considerar los vínculos familiares que conforman su núcleo de origen y dar respuesta a los recursos planteados por las recurrentes.
a) El rol de cuidado de la Sra. M. de los Á. M. y del Sr. E. B. -progenitores de R.-: sus recursos de apelación:
En primer lugar cabe dejar sentado que el niño R. posee doble vínculo filial (ver documentación agregada con fecha 30 de julio de 2021).
En segu
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