Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Sala II · Causa 29064
En la Ciudad de Quilmes, a la fecha de la firma digital del presente resolutorio, reunida en Acuerdo ordinario la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, integrada por los Sres. Jueces Dres. Diego De Rosa y Gonzalo A. López Cardoso, con la presencia de la Sra. Secretaria, se trajeron para dictar sentencia los autos caratulados: “F. D. B. S/ ABRIGO”, causa N° 29xxx.
Y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, se practicó el sorteo de ley, resultando que debía observarse el siguiente orden de votación: Dres. Diego De Rosa y Gonzalo A. López Cardoso.
LA EXCELENTÍSIMA CÁMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1. ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
2. ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR DE ROSA DIJO:
I. La sentencia dictada con fecha 17/03/2026 declaró la legalidad de la medida de abrigo oportunamente dispuesta respecto de la niña D. B. F. y, asimismo, declaró su situación de adoptabilidad.
Contra dicho pronunciamiento se alza la progenitora mediante memorial de fecha 06/04/2026, cuyos agravios fueron contestados por la Asesoría de Incapaces en su dictamen del 13/04/2026 -en el que se propició la confirmación del decisorio recurrido-, y por el progenitor de la niña el 27/04/2026.
II. La apelante centra sus agravios en los aspectos que resumidamente se indican:
a) En primer término, cuestiona la validez del procedimiento alegando la extemporaneidad del control judicial de legalidad de la medida excepcional de abrigo, sosteniendo que dicha circunstancia habría vulnerado su derecho de defensa y tornado nulo el trámite posterior.
b) En segundo lugar, sostiene que no se habrían agotado adecuadamente las estrategias de revinculación tendientes a preservar el vínculo familiar biológico, ni tampoco se habrían evaluado medidas alternativas menos gravosas.
c) Critica la valoración efectuada respecto de los informes interdisciplinarios incorporados a la causa, cuestionando particularmente sus conclusiones sobre las capacidades parentales de la progenitora y alegando que aquellos no identifican cuáles serían los riesgos actuales y concretos que justifiquen la persistencia de la restricción del vínculo familiar o que impidan implementar estrategias de fortalecimiento familiar o procesos graduales de revinculación. Afirma, además, que se omitió ponderar adecuadamente los avances terapéuticos y personales acreditados en autos.
d) En esa línea, invoca especialmente el informe psicológico acompañado con el memorial, sosteniendo que dicho elemento demostraría la existencia de recursos subjetivos suficientes para revertir las circunstancias que motivaron la intervención administrativa.
e) Por otro lado, objeta que la decisión recurrida habría otorgado indebida relevancia a hechos no acreditados judicialmente en sede penal, destacando la inexistencia de prueba concluyente o condena firme respecto de las situaciones de abuso denunciadas.
f) Finalmente, sostiene que el Informe Final no analiza específicamente la situación de D. , sino que se refiere principalmente a su hermana M.. Agrega que no existen elementos suficientes que permitan afirmar la imposibilidad permanente de la progenitora para ejercer funciones parentales, de modo que la declaración de situación de adoptabilidad resultaría prematura y desproporcionada, por cuanto existirían aún posibilidades de revinculación y reorganización familiar compatibles con el interés superior de la niña.
III. Puesto a resolver, corresponde señalar liminarmente que, convocada la niña D. B. F. a fin de cumplimentar el derecho/deber emergente del art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, este Tribunal tomó contacto con ella el día 28/05/2026.
Debido a su corta edad —dos años y ocho meses—, asistió junto con la Coordinadora del Hogar A. I. , quien informó que la niña asiste a la Sala de tres años del Jardín N° xxx, en el turno mañana.
Asimismo, manifestó que D. cuenta con el calendario de vacunación completo y actualizado, que se le realizan periódicamente los controles pediátricos correspondientes y que no recibe visitas en el hogar.
A partir de dichas manifestaciones, este Tribunal pudo constatar el adecuado estado de salud de la niña y las condiciones actuales de su cuidado.
IV. Sentado ello, y atento el tenor de los agravios precedentemente reseñados, corresponde recordar que las medidas de abrigo consisten en acciones que habilitan una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar (GIOVANNETTI, Patricia S., “Las medidas de protección de derechos y el interés superior del niño”, La Ley, AR/DOC/734/2016).
El objetivo principal de tales medidas consiste en la conservación o recuperación, por parte del sujeto afectado, del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados, así como en la reparación de sus consecuencias (arg. art. 39 de la ley 26.061).
En ese sentido, la ley nacional 26.061, al igual que las leyes provinciales 13.298 y 13.634 —y sus modificatorias—, ha diseñado un sistema de promoción y protección integral de derechos de intervención mixta —administrativa y judicial— ante situaciones de grave vulneración de derechos, denominado “Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos”, definido como un conjunto de organismos, entidades y servicios que coordinan, ejecutan y controlan políticas públicas en materia de infancia, con la finalidad de brindar adecuada protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes y asegurar el pleno goce de los mismos.
Dicho sistema funciona, básicamente, a través de dos tipos de medidas: 1) medidas de protección de derechos y 2) medidas excepcionales. Las primeras tienen por finalidad la preservación o restitución a los niños, niñas y adolescentes del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias (art. 32 de la ley 13.298). Las medidas excepcionales revisten mayor gravedad y, por ello, la ley 26.061 impone una doble intervención administrativa y judicial, siendo esta última la encargada de ejercer el correspondiente control. Tales medidas implican la separación del niño de su grupo familiar de origen y su inserción temporal en un dispositivo alternativo, familiar o institucional, pudiendo constituir —previo control judicial— la antesala de una eventual declaración de situación de adoptabilidad (art. 41 de la ley 26.061; conf. DE LA TORRE, Natalia, “Adopción”, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, dir. LORENZETTI, Ricardo Luis, Rubinzal Culzoni, 2015, págs. 92/95).
En ese orden, corresponde precisar que el alcance del “control de legalidad” consiste en asegurar el debido cumplimiento de las reglas establecidas por la ley —control de las facultades regladas de la Administración— y, dentro del marco de las facultades discrecionales –sin analizar el mérito, oportunidad o conveniencia decididos por el poder administrativo- controlar que no se violen los principios de razonabilidad, no desviación del poder o buena fe, asegurando que la decisión no sea irrazonable o arbitraria (conf. GARCÍA MÉNDEZ, Emilio y VITALE, Gabriel M., “Infancia y Democracia en la Provincia de Buenos Aires”, Ed. Del Puerto, 2009, pág. 152).
Asimismo, corresponde agregar que este nuevo procedimiento permite a los jueces de familia asumir un rol de garantía dentro del sistema, introduciendo un mecanismo de control cruzado entre el poder administrativo y el judicial, a fin de evitar abusos u omisiones (conf. GARCÍA MÉNDEZ Emilio y VITALE, Gabriel M, op. cit.) .
Por lo tanto, si durante la vigencia de la medida de protección se incurriera en violaciones a garantías constitucionales vinculadas a niños, niñas y adolescentes, o en afectaciones de derechos especialmente tutelados por el Código Civil y Comercial a los progenitores, ello habilita el acceso a la jurisdicción a los fines de su reparación.
V. Siguiendo el criterio establecido por la normativa vigente en la materia, los lineamientos rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes que integran el Sistema de Protección Integral, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que, en todas las medidas o decisiones que los afecten y sean adoptadas por tribunales o autoridades administrativas —entre otros órganos competentes—, la consideración primordial sea su interés superior.
Dicha directriz implica reconocer al niño como sujeto de derecho y atender prioritariamente a sus necesidades, habiendo sido definida como la “máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el desenvolvimiento de sus potencialidades y el desarrollo integral y armónico de su personalidad” (arts. 1, 3 y 9, incs. 1 y 3, CDN; arts. 18 inc. 1, 20 inc. 1, 21, 27 y 37 inc. c; art. 75 inc. 22 CN; art. 3 ley 26.061 y art. 4 ley 13.298).
Este estándar interpretativo de alcance amplio cumple una función integradora y correctora de las normas, constituyéndose en pauta de decisión frente a conflictos de intereses y en criterio rector de la intervención institucional destinada a la protección de niños, niñas y adolescentes.
En igual sentido se ha pronunciado el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General N° 14 (2013), relativa al derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (art. 3, párr. 1), cuyas directrices poseen relevante valor interpretativo respecto de la normativa antes referida.
VI. Ingresando al análisis de las actuaciones, se observa que el 07/11/2024 el Servicio Local adoptó la medida de abrigo de la niña D. B. F. ante indicadores de ASI intrafamiliar.
Las actuaciones administrativas se iniciaron a raíz de diversas intervenciones institucionales motivadas por manifestaciones efectuadas por los hermanos de la niña, circunstancia que surge de la comunicación remitida por el Servicio Local, en la que se informó que, con fecha 29/10/2024, mediante un informe de la Coordinación Integral de Prevención y Asistencia a las Violencias (CIPAV) respecto de los niños M. R. y E S. R. —hermanos de D. —, se tomó conocimiento de que el día 20/10/2024 una vecina había efectuado una comunicación a la línea 137 relatando situaciones de vulneración de derechos, entre ellas presuntos hechos contra la integridad sexual de M. por parte de su padrastro, S. F. .
El equipo técnico coordinó entrevistas con los niños en el ámbito educativo. S. manifestó que la pareja de su madre abusaba sexualmente de su hermana M.. La progenitora, inicialmente, manifestó desconocer los hechos y expresó que no efectuaría denuncia alguna contra su pareja, aunque posteriormente decidió radicarla y solicitar medidas de restricción y exclusión.
Del relato de M. surgirían episodios compatibles con ASI reiterados en el tiempo y, asimismo, de las entrevistas mantenidas con los niños se desprendería que la progenitora tenía conocimiento de la situación.
En virtud de ello, y ante sospechas de participación o falta de posicionamiento protector de la progenitora, se le informó que no podría retirar a la niña (D. ) del establecimiento, gestionándose vacante para su alojamiento.
Inicialmente, la niña fue alojada en un dispositivo de familia solidaria en Florencio Varela. Posteriormente, el Servicio Local informó que, con fecha 14/11/2024, se gestionó cambio de lugar de cumplimiento de la medida en el marco del Programa Acompañemos a Acompañar permaneciendo la niña en la localidad de Pilar. Luego, el 10/12/2024, la Fundación “Juguemos y Caminemos Juntos” informó tener a la niña alojada en su institución, siendo posteriormente derivada al Hogar A. I. , donde reside actualmente.
Por su parte, del Informe Inicial agregado el 28/08/2025 surgen las estrategias sugeridas (Entrevistas de seguimiento -Visitas al Hogar -Continuidad de los controles de salud), habiendo la magistrada interviniente decretado la legalidad de la medida.
VII. Sobre esta base, y con relación al agravio referido a la alegada extemporaneidad del control judicial de legalidad, cabe adelantar que el mismo no resulta de recibo.
Al respecto, adviértase que el art. 35 de la ley 13.298 establece que, comprobada la amenaza o vulneración de derechos, podrán adoptarse medidas excepcionales con comunicación al Asesor de Incapaces y al Juez de Familia dentro de las 24 horas, debiendo este último resolver sobre la legalidad de la medida dentro de las 72 horas.
Ahora bien, no puede perderse de vista que, en aquellos casos en los que debe adoptarse una medida tan excepcional como el abrigo, que importa una afectación temporal de relevantes derechos del niño, niña o adolescente, el control judicial de legalidad debe concebirse exclusivamente en beneficio e interés de éste.
La centralización del menor como sujeto de preferencia de atención y tutela por parte del sistema de promoción y protección integral de sus derechos lleva necesariamente a convalidar una reforzada intervención estatal, a través de la participación del órgano judicial, frente a la verificación de situaciones extremas (conf. CC0001 QL causa 26665, 30/11/2023, RR 663/2023).
Desde esa perspectiva, resulta indudable que el control jurisdiccional oportuno constituye una garantía esencial dentro del sistema de protección integral. Sin embargo, ello no autoriza a concluir que toda irregularidad temporal produzca automáticamente la nulidad absoluta de lo actuado.
En efecto, el principio de trascendencia requiere que quien invoca la nulidad alegue y demuestre (cargo específico) que el vicio le ocasionó un perjuicio cierto e irreparable, que no puede subsanarse sino con el acogimiento de la sanción y que no es suficiente la invocación genérica de haberse quebrantado las formas del juicio, debe existir agravios concretos y de entidad, porque el interés es el fundamento de la protección jurídica (conf. CC0203 LP 124612 RSI-312-18 I 06/11/2018) .
En el caso, lejos de verificarse una situación de indefensión material, la progenitora contó con amplia participación durante todo el trámite. Fue oída en diversas oportunidades; contó con asistencia letrada; pudo controlar la prueba producida; recurrir las decisiones adoptadas; y participar de evaluaciones interdisciplinarias integrales.
En efecto, conforme surge del informe remitido con fecha 22/11/2024, la Sra. A. se presentó espontáneamente, junto con su letrada, ante la sede administrativa, a fin de tomar conocimiento de la medida adoptada, manifestando su voluntad de iniciar tratamiento con acompañamiento del equipo técnico, en procura de la revinculación con los niños.
Asimismo, tuvo oportunidad de apelar la decisión judicial que ordenara la prohibición de acercamiento y hostigamiento (ver presentación electrónica del 21/11/2024), efectuar diversas presentaciones en sede jurisdiccional (ver presentaciones electrónicas del 15/05/2025, 26/08/2025, 14/10/2025, 10/12/2025, 26/02/2026) y participar de las evaluaciones realizadas por el equipo técnico (ver informe 29/12/2025).
No se advierte, entonces, de qué modo concreto la alegada demora habría afectado sustancialmente el ejercicio de su defensa o modificado el cuadro fáctico que motivó la intervención protectoria.
En consecuencia, aun cuando pudiera verificarse alguna irregularidad temporal en la secuencia procedimental, ello no autoriza —sin acreditación de afectación sustancial del derecho de defensa— a invalidar íntegramente un proceso protectorio desarrollado bajo permanente revisión jurisdiccional y sustentado en una situación objetiva de grave vulneración de derechos.
En consonancia con lo expuesto, y siendo que los argumentos vertidos por la recurrente no logran demostrar que la medida resulte arbitraria o irrazonable, corresponde confirmar la resolución que decretara la legalidad de la medida de abrigo dispuesta por el órgano administrativo (arts. 1, 3 y 9, incs. 1 y 3, CDN; arts. 18 inc. 1, 20 inc. 1, 21, 27 y 37 inc. c; art. 75 inc. 22 CN; art. 3 ley 26.061 y arts. 4, 32, 35 y cctes. ley 13.298).
VIII. Superada dicha cuestión, corresponde abordar los agravios vinculados con la declaración judicial de adoptabilidad.
El Código Civil y Comercial de la Nación regula específicamente el proceso de adopción y la declaración judicial de situación de adoptabilidad.
Se trata de un proceso judicial con reglas propias, cuyo objetivo consiste en definir si un niño se encuentra efectivamente en condiciones de ser dado en adopción o si la satisfacción de su derecho a vivir en familia habrá de concretarse mediante su inserción en un grupo familiar distinto al de origen (conf. LORENZETTI, Ricardo Luis, “Código Civil y Comercial de la Nación comentado, T° IV, Rubinzal-Culzoni, 2015, p.85).
En ese marco, el art. 607 del Código Civil y Comercial establece los supuestos de hecho a partir de los cuales corresponde el dictado de la declaración judicial de situación de adoptabilidad. En particular, el citado artículo en su inc. c determina que la misma procede si las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada, no han dado resultado en el plazo que prevé.
Asimismo, la norma señala en su anteúltimo párrafo que la declaración no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés del menor. Ello resulta coherente con la manda constitucional-internacional que la reforma explicita en su texto, pero se entiende que se trata de supuestos excepcionales, ya que es en la intervención previa realizada en el ámbito administrativo que se debe indagar sobre la red familiar, social y afectiva del niño (conf. LORENZETTI, op. cit., p. 96).
En consonancia con ello, y atendiendo al contexto particular de estas actuaciones, cabe recordar que, conforme lo normado por la ley 13.298, la medida de “abrigo”, en tanto implica la permanencia excepcional y provisoria del niño, niña o adolescente en ámbitos familiares alternativos o en entidades de atención social y/o de salud, se encuentra sujeta a un plazo máximo de ciento ochenta (180) días desde su adopción. Vencido dicho término sin que hayan podido revertirse las causas que la motivaron -circunstancia que, precisamente, debe ser evaluada durante la intervención administrativa-, cesa la actuación de los órganos administrativos y se habilita la instancia judicial. En esta última, luego de ejercer el control de legalidad de la medida excepcional y, en su caso, corresponde determinar la situación jurídica definitiva del niño, pudiendo declararse su estado de adoptabilidad cuando concurran los presupuestos previstos en las leyes 26.061 y 13.298 y en el art. 607 del CCCN.
IX. Efectuado el relevamiento normativo aplicable, corresponde examinar, por un lado, si las medidas excepcionales tendientes a preservar a D. dentro de su familia de origen han dado resultado y, por otro, si resulta adecuado a su interés superior el retorno al cuidado de la progenitora o su revinculación (arts. 607 y cctes. CCCN).
A fin de dilucidar ambas cuestiones, corresponde atender especialmente a lo que surge del Informe de Conclusión del PER elaborado por el Servicio Local, agregado el 04/08/2025, del que se desprende que “…el trabajo realizado con la progenitora no dio el resultado esperado, esto se ve reflejado en las últimas entrevistas con la señora en donde refiere que el motivo de la medida fue el maltrato que pudieron haber sufrido sus hijos, no reconociendo ni problematizando las situaciones del AS sufrido por su hija…El Equipo cree que al momento no se han modificado las causales que dieron origen a la medida, ya que la progenitora no ha problematizado el AS sufrido por M., hermana de D. …”.
En función de ello, el equipo interviniente concluyó que la situación resultaba irreversible y solicitó la declaración de adoptabilidad.
Con fecha 09/10/2025, en el marco de la audiencia prevista por el art. 1
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.