Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122771
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario deducido, se revoca la sentencia impugnada y se deja sin efecto la declaración de adoptabilidad de la niña M. L. (art. 289, CPCC).
En la instancia de origen se deberá llevar a cabo el proceso de revinculación previo, indicado a fs. 380 vta. de la pericia psicológica encomendada por esta Corte.
Costas por su orden, dada la índole de la cuestión debatida (art. 68, segunda parte).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Kogan, Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.771, "L., M.. Abrigo".
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, declaró el estado de adoptabilidad de la niña M. L. (v. fs. 332/346 vta.).
Se interpuso, por la progenitora de la niña, M. A. L., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 350/357).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Se inician las actuaciones con la medida de abrigo en ámbito institucional dispuesta por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Tigre respecto de M. L., nacida el día 11 de enero de 2017 (v. fs. 2/8).
En el informe elaborado por el organismo administrativo, con motivo de la adopción de dicha medida, se expresó que el día 12 de enero de 2017 habían sido puestos en conocimiento desde el Hospital Materno Infantil de Tigre de que la señora M. L. había dado a luz a la niña M. y que, teniendo en cuenta los antecedentes respecto a las posibilidades de M. de constituirse como referente adulto se había planteado como estrategia de resguardo la articulación con el Hogar Alas para el ingreso de ambas (madre e hija), pautándose a tal fin una entrevista en el citado Hospital para el día 6 de enero junto con el equipo de la Dirección de Género (v. fs. 5).
Se refirió que, con fecha 16 de enero, el equipo psicosocial del Hospital había informado que la señora L. se había retirado del nosocomio sin el alta médica y que la niña se encontraba con mal progreso de peso, motivo por el cual se evaluó que la niña permanecía en situación de alto riesgo y que no existían referentes adultos que pudieran responsabilizarse de su cuidado (v. fs. 6).
Con fecha 16 de marzo de 2017 M. L. se presentó en la causa y solicitó poder tener contacto con su hija M., toda vez que desde la adopción de la medida de abrigo no había podido tener comunicación alguna con ella. Puso en conocimiento del Juzgado interviniente que, conforme le fuera requerido por el Servicio Local, se había presentado en dicha sede en reiteradas oportunidades a los efectos de ir cumpliendo con los distintos tratamientos e introducción al Grupo de Adquisición de Competencia Parental (v. fs. 46 y vta.).
En el primer informe de seguimiento del Plan Estratégico de Restitución de Derechos se indicó que al entrevistar a M. L. la misma había manifestado que se había retirado del Hospital sin el alta médica por temor a que "infancia se la saque". Habría referido que durante su embarazo el progenitor de M., J. P. I., ejercía violencia física y sexual sobre ella, por lo que se había dirigido a la Dirección de Género para poder tramitar las medidas cautelares. Además, expresó que había solicitado un turno para una consulta psiquiátrica y que tenía intenciones de finalizar los estudios escolares (v. fs. 55/58).
Asimismo, en una entrevista posterior, M. refirió que se encontraba trabajando en una casa de familia y en un kiosco durante los fines de semana. Además, puso en conocimiento del organismo administrativo que ya tenía un turno asignado para la consulta psiquiátrica (v. fs. 56).
Luego, M. L. realizó varias presentaciones solicitando una vinculación con su hija M. y acreditando la realización de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos recomendados por los operadores intervinientes (v. fs. 46 y vta., 48, 50 y vta., 61/63 vta., 67/68, 86/93 vta., 98/102 vta., 108/111 vta., 119/120, 122/130, 138/139 vta., 149/150, 176/181, 194/198 vta., 206, 217, 244/245 vta.).
En el informe de conclusión del Plan Estratégico de Restitución de Derechos, los profesionales destacan que M. había podido avanzar en algunas cuestiones, como sostener un tratamiento psicológico, comenzar la escuela e iniciarse laboralmente. Asimismo, destacaron que observaban una gran inestabilidad en sus relaciones familiares y laborales.
Se esgrimió que, dadas sus dificultades estructurales cognitivas y emocionales y la falta de red social, familiar y comunitaria que pudiera acompañarla en su función materna, M. no podía constituirse como adulto protector de su hija M., motivo por el cual solicitaron la declaración de adoptabilidad de M., requiriendo que se evalúe la posibilidad de decretar la adopción simple (v. fs. 113/117).
Con fecha 14 de diciembre de 2017 el Juzgado de Familia n° 1 de Tigre declaró el estado de adoptabilidad de la niña M. L. (v. fs. 258/270).
II. Apelado dicho fallo por la progenitora de la niña, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental lo confirmó (v. fs. 332/346 vta.).
III. Frente a ello, M. A. L., con el patrocinio del Defensor Oficial a cargo de la Defensoría Oficial Civil n° 11 de Tigre, deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando la errónea aplicación de los arts. 7, 8, 9 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 14, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 y 36 inc. 5 de la Constitución provincial; 607, 621 y concordantes del Código Civil y Comercial y 37 de la ley 26.061 y ley 13.298 y sus modificatorias (v. fs. 350/357).
Expone que la conclusión a la que llega la Cámara en torno al despliegue de diferentes estrategias por parte del Servicio Local a los fines de lograr que M. pudiera constituirse en adulto responsable para permanecer a cargo de su hija M., se separa totalmente de los antecedentes de la causa, puesto que el alojamiento de ambas en el Hogar Alas nunca se llevó a cabo por inacción del propio organismo (v. fs. 353 vta.).
Denuncia que sólo la dejaron vincularse con M. una vez y que pese a que el Servicio Local dio un informe positivo del desempeño de la progenitora en dicho encuentro, sin justificativo alguno cortaron las vinculaciones (v. fs. 354).
Manifiesta que, respecto a la evolución psíquica y a contrario de lo expresado por la Cámara, surge de autos el informe de la licenciada Boix obrante a fs. 176 que refiere una evolución favorable en el tratamiento (v. fs. 354 vta.).
En lo que hace a la situación laboral, aclara que ha tenido distintos trabajos y que actualmente se encuentra trabajando en una pizzería de Tigre y que con gran esfuerzo se encuentra cursando sus estudios secundarios con miras a poder terminarlos y en un futuro elegir una carrera terciaria o universitaria (v. fs. 354 vta.).
Expresa que se encuentra viviendo junto a su pareja en una casa que reúne las condiciones para que M. tenga garantizados todos sus derechos (v. fs. 355).
Critica que, pese a que la jueza de grado prorrogó dos veces el plazo de la medida de abrigo para que el Servicio Local buscara alternativas a la situación habitacional de la recurrente, ello nunca fue cumplido (v. fs. 355).
Considera que el fallo impugnado trata de manera abstracta el principio del "interés superior del niño" (v. fs. 356).
Asimismo, controvierte el razonamiento expuesto en la sentencia en crisis en cuanto a que, pese a reconocer el notorio incumplimiento de Servicio Local interviniente, determina que "...el pedido de la recurrente de ingresar junto con su hija a un hogar para vivir juntas bajo supervisión y acompañamiento del Estado no es una alternativa real y posible en la actualidad ni en un futuro cercano y aun cuando lo fuera, no está probado que tal estrategia fuera una opción viable para atender el interés superior de M., dadas las características de la personalidad de su madre que surge de los informes de autos" (fs. 366 y vta.). Señala que dicha conclusión no sólo evidencia el incumplimiento notorio en el que incurrió el servicio local al no garantizar la posibilidad de alojar a la niña junto a su madre, sino que implica admitir como argumento el intento del Tribunal por "hacer futurología" (fs. 356 vta.).
IV. El recurso prospera.
IV.1. Comparto y hago propios los fundamentos vertidos por el señor Procurador General en el dictamen de fs. 392/399 vta. en cuanto señala que "...una detenida lectura del fallo en crisis evidencia una errónea aplicación de las pautas legalmente establecidas como límites a la discrecionalidad judicial encaminada a aplicar el principio rector del interés superior de la niña al utilizar las condiciones de vulnerabilidad de la Sra. L. como víctima de violencia de género y familiar, sin red ni trabajo ni vivienda como fundamento de la decisión de adoptabilidad" (fs. 395).
Con acierto el citado dictamen observa que "...no existió despliegue de actividad alguna dirigida a preservar la comunicación de la señora L. con su hija durante el transcurso de la medida de abrigo adoptada (fs. 84 y vta., 212/3 y ccs.) -recuérdese que la medida de abrigo fue adoptada el 18/1/2017 (a tan sólo 7 días de su nacimiento)-, a pesar del reclamo sostenido de la progenitora para que se autoricen visitas con su hija (fs. 43/6, 50, 63 y vta., 86/93, 95, 98/102, 108/110, 123/30, 194/6, 203/6, 217 y ccs.), del buen desarrollo informado por el hogar respecto del único encuentro llevado adelante entre M. y su hija en la Capilla Espíritu Santo del San Isidro (98/102 y vta. 115/6) y del informe elaborado por la psicóloga del Hospital Gral. Pacheco de Martínez, en el que se recomendó la revinculación de M. con su hija en virtud de considerar que la Sra. L. había concurrido de manera sostenida 'sin faltar ni a una cita' y demostrado compromiso con el tratamiento (fs. 113/7)" (fs. 398).
Y se concluye que "...las razones esgrimidas como fundamentos del decisorio -sintetizadas en la insuficiente evolución de la situación psíquica/social/laboral y habitacional- no sólo evidencian una errónea aplicación del derecho vigente al desconocer los límites legales establecidos a las amplias facultades del juez en estas clases de procesos (artículos 595, 706, 709 y ccs. CCyC), sino un notorio desvío de la prueba producida conteste en demostrar el óptimo grado de cumplimiento alcanzado por parte de la señora L. respecto de las estrategias implementadas y de la ausencia de recursos estatales tendientes a brindarle el apoyo necesario para revertir las condiciones exigidas por el tribunal para el ejercicio adecuado del rol materno" (fs. 398).
IV.2. Por otra parte, de las pericias elaboradas con motivo de la medida para mejor proveer -dirigida a conocer la situación actual de la recurrente- dispuesta en esta instancia y llevadas a cabo por profesionales de la Dirección General de Asesorías Periciales (v. fs. 359), se desprenden relevantes circunstancias que refuerzan la procedencia del carril de impugnación deducido.
IV.2.a. En efecto, en el informe elaborado por las peritos trabajadoras sociales (v. fs. 370/375) se expresa que "Actualmente M. A. L. mantiene una relación de pareja estable con A. A. con convivencia";
"Sostiene una relación laboral informal aunque estable de la cual detenta buen concepto en su desempeño, siendo valorada positivamente por su responsabilidad y disponibilidad";
"M. es alumna regular del CENS Nro. 452 de Tigre y se encuentra rindiendo los exámenes para finalizar el primer año. Pudo conocerse que desde el establecimiento se detectaron problemas de aprendizaje por la cual se le asigna una maestra de fortalecimiento que le brinda apoyo particular para algunas materias. Pese a ello M. viene aprobando con buenas calificaciones las materias rendidas, gracias a su esfuerzo y empeño";
"Realiza tratamiento psicoterapéutico de manera sostenida en el Hospital Magdalena Martínez de Gral. Pacheco con la Lic. Ana Clara Canal" (v. fs. 374 vta.);
"...A pesar de la acumulación de desventajas a lo largo de su vida, M. actualmente y particularmente desde el nacimiento de su hija M. ha demostrado su capacidad para sobreponerse, reorganizando su cotidianidad";
"Esto se ve reflejado en el empeño y constancia para finalizar sus estudios; en la responsabilidad en sostener un trabajo y en mantener un espacio psicoterapéutico en el tiempo";
"Cuenta con capital social esto es, que ha podido forjar una red de vínculos sociales que le permite sostenerse en el cotidiano" (fs. 375).
IV.2.b. Luego, de la evaluación psicológica se desprende que M. L. "...está desde el punto de vista afectivo y emocional, en condiciones de ejercer las funciones correspondientes al rol materno (de sostén y amparo), de momento con red de acompañamiento y supervisión" (fs. 380 vta.).
Se agrega que "...es esperable que en el futuro, puedan producirse cambios de relevancia favorables en M., dada la rapidez y disposición absoluta a adquirir conocimientos prácticos para el mejor desempeño del rol materno" (fs. 380 vta.).
IV.2.c. Finalmente, en la pericia psiquiátrica se concluye que la señora L. "...se encuentra en condiciones de cumplir con su rol materno, pero con supervisión y seguimiento, con evaluaciones periódicas médicas, psicológicas, sociales y el compromiso de su pareja actual, de su hermana R., quienes median como referentes efectivos y entorno continente" (fs. 388 vta./389).
V. En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido, revocar la sentencia impugnada y dejar sin efecto la declaración de adoptabilidad de la niña M. L. (art. 289, CPCC).
En la instancia de origen se deberá llevar a cabo el proceso de revinculación previo, indicado a fs. 380 vta. de la pericia psicológica encomendada por esta Corte.
Costas por su orden, dada la índole de la cuestión debatida (art. 68, segunda parte).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario deducido, se revoca la sentencia impugnada y se deja sin efecto la declaración de adoptabilidad de la niña M. L. (art. 289, CPCC).
En la instancia de origen se deberá llevar a cabo el proceso de revinculación previo, indicado a fs. 380 vta. de la pericia psicológica encomendada por esta Corte.
Costas por su orden, dada la índole de la cuestión debatida (art. 68, segunda parte).
Notifíquese con copia del dictamen de fs. 392/399 vta. y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia