Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122826
En la ciudad de La Plata, a 21 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Negri , Genoud, Torres se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.826, "T., L. I.. Abrigo".
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la situación de adoptabilidad del niño L. I. T. (v. fs. 237/252).
Se interpuso, por la progenitora del niño, señora L. T., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 266/272).
Oído el Ministerio Público, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Se inician las presentes actuaciones con la comunicación de la medida de abrigo en institución dispuesta por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño San Isidro respecto de L. I. T., nacido el día 17 de octubre de 2016 (v. fs. 4/5 vta.).
El Juzgado de Familia n° 1 de San Isidro declaró el estado de adoptabilidad de L. I. T. (v. fs. 182/191).
II. Apelado dicho fallo por la progenitora del niño, señora L. T., la Sala III de la Cámara Primera de Apelación departamental lo confirmó (v. fs. 237/252).
III. Frente a ello, la señora L. T. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 266/272).
Sostiene que todo el presente proceso se siguió en franca transgresión a los preceptos jurídicos que delimitan la función institucional para la materia (v. fs. 269).
Expone que, al contrario de lo propiciado por el Comité de Derechos del Niño en su Observación General n° 7 en cuanto a la aplicación holística de la Convención en lo que hace a la realización de los derechos del niño en la primera infancia, el tratamiento de este caso es una fragmentación absoluta de todo aquello que debió tratarse de manera convergente y coordinada (v. fs. 269 vta.).
Considera que el caso más extraordinario en tal sentido y que autoriza a invalidar la sentencia que impugna es que la vulnerabilidad de la madre invocada como fundamento de la medida de abrigo inicial estaba signada por un severo cuadro de violencia de género que ejercía sobre la misma su expareja.
Apunta que dicha situación fue recogida en las decisiones judiciales e informada por la defensa de la señora T. en cada oportunidad, manifestando que las denuncias por violencia contra el agresor, que superan la media docena, fueron sistemáticamente desatendidas sin que se tomara al respecto siquiera un conjunto de medidas de protección ni de investigación (v. fs. 270).
IV. Si bien coincido con el señor Procurador General en cuanto propicia el rechazo del recurso extraordinario, lo hago por otros fundamentos.
IV.1. Los motivos esgrimidos por el Servicio Local de San Isidro para adoptar la medida de abrigo respecto de L. surgen del informe obrante a fs. 4 vta.
En el mismo se lee que con fecha 24 de octubre de 2016 se mantuvo una entrevista con la señora L. T., quien se había presentado de forma espontánea en la sede del Servicio Local manifestando su deseo de querer dar en adopción a su hijo L. I., dado que el señor R. R., expareja de la nombrada y padre del niño T. R. (también hijo de la señora L. T.), la había amenazado en varias oportunidades, diciéndole que la iba a matar a ella y al niño por nacer o que vendería a este último (v. fs. 4).
Asimismo, se informó que se había comenzado a trabajar con la señora T. para que esta pudiera concientizarse del riesgo que corrían tanto ella como sus otros hijos, quienes formaban parte del mismo grupo conviviente: A. R., J. A. R. y L. R..
Respecto del niño T., se expresó que el mismo se encontraba viviendo con su progenitor, quien impedía que la madre del niño lo retirara del domicilio, permitiendo que ésta lo visitara solamente en el hogar de aquel (v. fs. 4 y vta.).
Finalmente, señalaron que desde que se había tomado conocimiento de la dinámica violenta que mantenía la señora T. con su expareja R. R. y también con el supuesto progenitor de L. (anteriormente se había indicado que se venía trabajando desde el Servicio Local desde hacía tres meses; v. fs. 4), se la asesoró para que realizara las denuncias pertinentes en la Comisaría de la Mujer y para que concurriese a la Dirección de la Mujer para recibir asesoramiento y atención psicológica, no logrando a la fecha de la adopción de la medida de abrigo resultados favorables (v. fs. 4 vta.).
Se indicó que el presunto progenitor de L. I. sería el señor M. P., quien padecería consumo problemático de sustancias y también habría ejercido violencia sobre la señora L. T. mientras ésta se encontraba embarazada (v. fs. 4 vta.).
El Juzgado de Familia n° 1 de San Isidro decretó la legalidad de la medida de abrigo. Asimismo, en la misma resolución dispuso que, sin perjuicio de las circunstancias que habían dado lugar a la medida implementada, con carácter cautelar y a fin de salvaguardar la integridad y la estabilidad física y psíquica de L. I. no debería iniciarse proceso de vinculación alguno con la madre, padre ni referente familiar (v. fs. 7/9 vta.).
Además, se impuso la prohibición de acercamiento recíproco entre la señora L. T. y los señores R. R. y M. P. y de estos al niño L. I., quien por entonces se encontraba alojado en el dispositivo Hogar Convivencial Familias de Tránsito Nazaret (v. fs. 7/9 vta.).
A fs. 20 y vta. obra oficio dirigido por el Servicio Local interviniente al juzgado de familia informando sobre la situación de L..
En el mismo se refirió que el día 3 de noviembre de 2016 se había llevado a cabo una vinculación de L. con su progenitora en el marco de un encuentro junto con el Hogar Familia de Tránsito Nazaret donde se encontraba alojado el niño (v. fs. 20).
Destacaron que el equipo del Servicio que acompañó el espacio de vinculación observó que la señora T. manifestaba sentimientos positivos frente a la llegada de L. al lugar de encuentro, presentándose acompañada por su hija A. R., llevando ropa y juguetes como obsequios para el niño, dialogando la progenitora con las operadoras sobre la preocupación que le generaba no poder sostener el amamantamiento de su hijo, el cual consideraba fundamental para su desarrollo saludable. Destacaron, además que la madre había mostrado actitudes de cuidado respecto de la salud general de su hijo.
Asimismo, se dejó informado que la hermana de L., A. R., había manifestado interés y afecto por el niño, preguntando insistentemente por la posibilidad de poder convivir con él (v. fs. 20 vta.).
Concluyendo que la evaluación del organismo respecto de dicho encuentro había resultado favorable, se le solicitó a la magistrada actuante que tuviese a bien informar las causales que dieron origen a la medida cautelar de restricción y que considerase la posibilidad de reevaluar la misma, teniendo en cuenta que ello impedía el proceso de vinculación iniciado oportunamente en el marco de las acciones llevadas a cabo a fin de poder reintegrar a L. a su ámbito familiar (v. fs. 20 y vta.). Frente a ello el juzgado se limitó a tener presente y dar vista al Ministerio Pupilar (v. fs. 35).
Luego, la progenitora adjuntó un certificado de un médico psiquiatra que dictaminó que lo que padecía L. era un cuadro de sufrimiento a partir de las consecuencias que tuvieron para ella, como para muchos seres humanos, malas elecciones de parejas, lo que trajo dolorosas secuelas que podría procesar a través de un tratamiento psicoterapéutico. Asimismo refirió el profesional "...la separación de su bebé, para el que su madre no resulta un peligro, que a mi entender no se justifica demasiado, con las consecuencias que para el binomio madre-hijo dicha separación pueda traer aparejada..." (fs. 50 y 51). En respuesta a ello, el juzgado requirió nuevamente un informe actualizado de la situación de L. T. como así también que se indique si se encontraba en condiciones de iniciar el proceso vinculatorio con el niño L. (v. fs. 52).
De las resultas de dicha indagación, la trabajadora social del juzgado presenta un informe realizado a partir de una entrevista de la misma con el Servicio Local del que surge nuevamente el contexto de violencia en el que estaban atrapados L. y sus hijos y la necesidad de buscar un ámbito de vinculación con su hijo L. (v. fs. 62/63).
Más adelante, el Servicio Local informó que si bien la señora T. había asistido a todas las entrevistas pautadas, se observaba que la misma no había podido tomar conciencia de la situación de riesgo en la que se encontraban ella y sus hijos por la relación violenta que continuaba manteniendo con el señor R. (v. fs. 71).
En la resolución que prorroga la medida de abrigo, se reitera que el Servicio Local deberá expedirse concretamente respecto de la conveniencia de iniciar las vinculaciones de L. tanto con sus hermanos como con su progenitora (v. fs. 94).
A fs. 103/106 obra un informe elaborado por dos licenciadas del Equipo Técnico del juzgado en el cual concluyen, a partir de las entrevistas realizadas con el grupo familiar compuesto por la señora T. y sus hijos M., L. y J. R., que a partir de los vínculos de pareja mantenidos la señora T. habría sufrido un deterioro general (salud integral, área social y laboral, etc.).
Se señaló que si bien tanto ella como sus hijos pudieron dar cuenta del cambio, podrían inferir que la señora T. ya contaba previamente con una estructura de personalidad con una labilidad emocional que la volvía más vulnerable ante los vínculos violentos.
Se concluyó en que, dado el contexto y la situación de salud mental de la señora T. y su dificultad para poder arbitrar las medidas conducentes a su propio resguardo, esta no se encontraría en condiciones de poder resguardar la salud integral de sus hijos (v. fs. 106).
Luego de ello, el juzgado declaró a L. en situación de adoptabilidad (v. fs. 182/191).
IV.2. Tal como surge de la reseña de los antecedentes del caso, la presentación espontánea de la señora T. en el Servicio Local manifestando su deseo de querer dar a L. en adopción estuvo motivada en las amenazas proferidas por su expareja, el señor R., quien las había realizado en varias oportunidades, diciéndole que iba a matar a ella y al niño por nacer o que vendería al mismo (v. fs. 4).
Comunicada la medida de abrigo en institución, la magistrada interviniente decretó su legalidad e impuso una restricción de acercamiento hacia L., no solo de los señores R. y P., sino también de la progenitora del niño (v. fs. 9).
En dicho proceder se advierte una evaluación sesgada que omite la consideración de circunstancias especiales que delimitan el marco de violencia en que estaba inmersa la señora T. respecto del cuidado personal hacia su hijo. La observancia del deber de debida diligencia obligaba a los operadores a disponer de medidas de protección en tiempo oportuno. Hubiera correspondido arbitrar acciones de prevención y de protección estatal reforzada a través de la toma de medidas eficaces de seguridad que garantizaran, por un lado, un lugar de residencia libre de violencia, sin la separación de L. y que al mismo tiempo abordara también la situación de T.. Sobre este último aspecto, de la abundante prueba surge que el señor R. sería una persona peligrosa (v. fs. 203), incluso que habría amenazado a distintos profesionales del SLPP -informe de la licenciada Oliva, perito trabajadora social; ver fs. 62 vta.- y, que además, para poder tener contacto con T., L. tenía que acercarse al domicilio de R., bajo las pautas que aquel imponía desde su posición de poder (v. fs. 23 vta., 53 vta., 104 vta. y 164 vta.; 49 y 131, expte. SI-47591-2017).
Vale decir, hubiera correspondido generar otras condiciones para que se pudiera trabajar el fortalecimiento de L..
Asimismo, con ese proceder se obstruyó la continuidad del vínculo materno filial de L. durante su institucionalización cuando no existían restricciones jurídicas que avalaran tal medida en función de su interés superior (v. Guía de indicadores para el cuidad alternativo de niñas, niños y adolescentes en modalidad residencial, UNICEF, Dimensión IV.1 El acceso a derechos, Derecho a vivir en familia, diciembre 2018, Bs. As., Argentina, 1ra. edición, pág. 23).
Dichos antecedentes obligaban al juez a seguir las exigencias reforzadas de debida diligencia que no pueden dejar de observarse (arts. 2, 3, 19, 22, 27 y 39, Convención de los Derechos del Niño; 4, 7 inc. "b" y 8, Convención de Belém do Pará), ya que sin ese análisis contextual no cobra significación el comportamiento de la víctima de violencia de género en el desempeño del rol materno.
Interesa recordar que en la sentencia de "Campo Algodonero" la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que en los casos de violencia contra las mujeres el art. 7 inc. "b" de la Convención de Belém Do Pará impone "obligaciones reforzadas" (párr. 284, también Rosendo Cantú y otra vs. México , párr. 177) al Estado en cuanto al deber de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres (v. mi voto en C. 118.931, "González Salomón", sent. de 7-V-2014 y P. 118.953, resol. de 11-X-2012 y C. 118.472, "G., A. M.", sent. de 4-XI-2015).
En este sentido Víctor Abramovich señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al definir el alcance de las obligaciones de los Estados de adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad (art. 7 inc. "d", Convención de Belém do Pará), ha señalado que ésta es una dimensión particular del derecho a la protección judicial que consiste en el derecho a acceder a una tutela cautelar efectiva (CIDH, 2007, párr. 56, "El principio de igualdad y no discriminación en la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Aportes para la discusión de una Convención Internacional", ippdhercosur.org.uy).
Con ello se quiere significar que existen mecanismos para un debido abordaje de la situación de la señora T. que no han sido utilizados por los operadores intervinientes. Veamos.
IV.3. En el fallo impugnado se hace referencia a las conclusiones del Plan Estratégico de Restitución de Derechos en cuanto allí se señaló que "la progenitora no logró modificar las causales que motivaron la medida adoptada, no pudiendo asumir su responsabilidad en los hechos acontecidos que llevaron a la implementación de la medida"; que "Tampoco demostró la impugnante ser generadora de estrategias que reviertan la situación de vulnerabilidad propia, frente a las situaciones de violencia con sus ex parejas, no dando cuenta de la necesidad de ser promotora del cambio..." (fs. 246 vta.).
También se destaca que, a más de un año de adoptada la medida, no se logró alcanzar el fortalecimiento del desempeño del rol materno que permita inferir que a su cuidado L. podrá alcanzar el desarrollo integral y la protección de su persona y de sus bienes (v. fs. 247).
De ello se infiere que le asiste razón a la recurrente cuando denuncia que el tratamiento del caso es una fragmentación absoluta de todo aquello que debió tratarse de manera convergente y coordinada (v. fs. 269 vta.; principio de amplitud probatoria previsto en los arts. 16 inc. "i" y 31, ley 26.485).
En este sentido, el juzgado y el Tribunal de Alzada llegan a la convicción de que de las pruebas producidas, a través de las cuales se describen las características de la interacción familiar, se concluye que se encuentran configurados por demás los presupuestos dispuestos por el art. 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, de abandono y desamparo moral y material de la familia de origen (en forma continua y manifiesta) por lo que no cabe más que declarar la situación de adoptabilidad de L. (v. fs. 237 vta. y 251 vta.).
Ahora bien, como ya se observara, la señora T. no contó con el ofrecimiento concreto de medidas o programas de acompañamiento y fortalecimiento disponibles en el ámbito del Estado o, en su caso, exigibles a éste por mandato constitucional (arts. 14 bis y 75 incs. 22 y 23, Const. nac. y 36, Const. prov.) para que le fuera posible dejar de estar posicionada en esa desigualdad de poder producto de la violencia así como del lugar de atrapamiento en su relación personal con su pareja, o que visibilizara que sin ayuda ella sola no podía correrse de ese espacio.
Según se desprende del informe obrante a fs. 103/106, la señora T. habría sufrido un deterioro general (salud integral, área social y laboral, etc.) y habría manifestado con gran claridad que relegaba el cuidado de sus hijos en pos de la relación mantenida con el señor R..
En la evaluación de dicho informe se observa que en la calificación de abandónica que se le imputa a la progenitora no se comprendieron las especificidades de la violencia de género tales como el ciclo de violencia y el atrapamiento que afectan a las mujeres con mayor grado por estar colocadas dentro de un grupo históricamente sometido.
En este sentido, el ciclo de la violencia funciona como una trampa, que hace que la mujer se quede en la relación, porque el hombre se comporta como cuando la conquistó y asume actitudes de conquista y ella cree que su sueño de amor romántico se hizo realidad. El comportamiento del agresor funciona como un reforzador para que ella siga en la relación (v. Recomendación General n° 1 del Comité de Expertas del MESECVI sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres de acuerdo al art. 2 de la Convención de Belém do Pará, OEA, Ser.L/II.7-10, 5 de diciembre de 2018).
Si bien se señaló que L. no evidenciaba indicadores que pudieran dar cuenta de la reversión de las situaciones de vulnerabilidad existentes al momento de la adopción de la medida de abrigo (v. fs. 105 vta.), tampoco se tuvo en cuenta -tal como hemos expuesto- que el contexto ameritaba dar la oportunidad de ser interpretada su subjetividad y proceder de otro modo (arts. 16 inc. "i" y 31, ley 26.485; 484, CPCC; 4, dec. 1.011/10 reglamentario de la ley 26.485).
Es decir, no se incorporó el análisis contextual que posibilitara captar que su falta de toma de conciencia para enfrentar la situación de violencia no puede ser medida en la opción que se plantea -quedar con su pareja o con sus hijos- con los mismos estándares utilizados para una progenitora que no está atravesada por la violencia, máxime cuando su proceder está condicionado por la necesidad de tener contacto con su hijo T.. Es por ello que como dice la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, hay obstáculos y problemas que se oponen a una visión amplia de los derechos, que en el tema de género se profundizan a partir de la concepción sesgada que ha tenido el Derecho para la recepción de los derechos de las mujeres: así se ha mantenido insensible a las desigualdades estructurales y a las complejas y entrecruzadas relaciones de poder en la esferas pública y privada de la vida que se encuentran en la base de la discriminación sexual (Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género; violencia contra la mujer. La norma de la debida diligencia como instrumento para la Eliminación de la violencia contra la mujer, Yakin Erturk, 2006). Lo dicho surge evidenciado en su matriz estructural mediante datos recabados en el Registro de Violencia Familiar, correspondientes al año 2017, donde el porcentaje de víctimas de sexo femenino es del 79%, dando cuenta de que la violencia familiar en el ámbito doméstico resulta en su gran mayoría producto de la viol
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.