Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122771
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentados los escritos de fs. 500/503 vta. y 504/509 vta., reputándose inoficiosas dichas actuaciones (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. 4/07, CSJN);
2Denegar el recurso federal de fs. 474/494 vta. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48; 3 inc. "c", Ac. cit.) y 3) conceder el recurso federal interpuesto a fs. 455/472 vta. (arts. 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
La Plata, 25 de Septiembre de 2019.
I. Esta Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la progenitora de la niña M. L. y revocó el pronunciamiento de la Cámara interviniente que, a su turno, había confirmado el fallo del juez de primera instancia. En consecuencia, dejó sin efecto la declaración de adoptabilidad de la menor y dispuso que en la instancia de origen se lleve a cabo el proceso de revinculación previo, conforme a las pautas que fijó (art. 289, CPCC; v. fs. 332/346 y 401/406).
Frente a ello, deducen recursos extraordinarios federales, por un lado, M. A. y D. F. -en su calidad de guardadores actuales de M.- y, por el otro, el Director del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Tigre (v. fs. 455/472 vta., 474/494 vta.).
II. En la vía intentada, los primeros (guardadores) fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, legalidad y supremacía legal (arts. 18, 31 y 75 inc. 22, de la Const. nac.; 3 y 12, CDN; v. fs. 457 vta., 458 vta., 460 vta., 461 vta., 468, 469 vta. y 472).
II.1. Esgrimen que la sentencia en crisis se apartó de la ley y vulneró la Convención sobre los Derechos del Niño al decidir en contra del interés superior de la niña. Ello por cuanto, arguyen que el pronunciamiento atacado no realizó ninguna valoración de conveniencia en cuanto a la modificación del status quo de la menor, lo que incide -gravemente, según su modo de ver- en la vida actual y futura de una pequeña de 2 años de edad, configurando un agravio de imposible reparación ulterior. Y entienden que existe un riesgo cierto para la salud psíquica de M., dado que el pronunciamiento respecto de su estado de adoptabilidad necesariamente incidirá en el de su guarda preadoptiva (v. fs. 457 vta./459 y 469 vta./470).
Al respecto, alertan del escándalo jurídico que dicha situación podría provocar al colisionar con lo resuelto en el incidente de selección de postulantes de la causa "L., M.. Adopción" que, en forma previa a lo aquí decidido, les había otorgado la guarda con fines de adopción. Y, agregan, que el resultado de ese expediente se encuentra condicionado a la sentencia que ahora recurren, lo que los legitima para acudir ante la Corte Suprema nacional (v. fs. 461/465 y 463 y vta.).
II.2. Denuncian, por otro lado, que este Tribunal omitió escuchar a la niña y se apartó de las constancias de la causa al prescindir de pruebas decisivas y contradecir las existentes en expedientes relacionados (con identidad de sujetos) que tramitan o tramitaron ante el mismo juzgado de primera instancia. Esos elementos, afirman, fueron considerados por el juzgador que resolvió, tanto la declaración del estado de adoptabilidad como el otorgamiento de la guarda adoptiva. Ello conlleva -según su modo de ver- a que la decisión atacada sea descalificada como acto jurisdiccional válido (v. fs. 459/460 vta. y 463/472).
Puntualmente, exponen que de dichas causas surge: constantes situaciones de violencia que se vivieron y se viven en el seno familiar materno; el hecho de que la persona a quien esta Corte asignó el rol de adulto referente para ayudar a la progenitora en el desempeño de su nuevo rol de madre, además de ejercer violencia física contra sus propios hijos, atentó contra la vida de uno de ellos; la circunstancia de que su conviviente tiene hijos propios con quienes dice no tener relación y que M. no recibía lo imprescindible para su protección y formación por parte de su familia de sangre -incluida su madre biológica- al desentenderse de manera absoluta y continua de sus necesidades, incumpliendo los deberes que la ley les impone (v. fs. 459 vta. y 468 vta./469).
En sustento en lo antedicho, cuestionan que este Tribunal no haya pedido de oficio las causas referidas para adjuntarlas como prueba y concluyen que el pronunciamiento impugnado carece de fundamentación suficiente y se apartó de la normativa que rige la materia. Citan fallos del Máximo Tribunal nacional que entienden aplicables al caso (v. fs. 459 vta./461, 467 vta./468).
II.3. Alegan, en otro orden de ideas, que M. lleva más de las dos terceras partes de su vida con los guardadores aquí recurrentes, por lo que la sentencia atacada sólo logra apartarla de su centro de vida y afectos, colocándola en una situación de desamparo al insertarla en un grupo de personas en cuyo seno se ha constatado inestabilidad vincular así como graves circunstancias de violencia -de acuerdo a lo acreditado en los ya mencionados expedientes- en los que la madre biológica ha sido parte (v. fs. 462 vta.).
II.4. Finalmente, controvierten la medida de revinculación ordenada, en tanto arguyen que nunca existió vinculación con la progenitora, dado que la niña fue institucionalizada al poco tiempo de nacer y luego, ponderando su interés superior, fue integrada a una nueva familia. Y aducen que la revinculación fue ordenada con la expectativa de que se produzcan cambios favorables en la madre biológica para el mejor desempeño del rol materno sin escuchar a M. ni evaluar debidamente cuál sería la consecuencia si tal mejoría no sucede (v. fs. 470/471).
III. En lo que atañe al remedio incoado por el Director del Servicio Local de Tigre, funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los arts. 18, 31, 33 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 3, 9, 12, 19, 20 y 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 8, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 475 vta./477, 484/485, 487, 488, 489 vta./490, 491 y 492/494).
III.1. Sostiene que esta Corte se apartó sin fundamentación suficiente de las constancias de la causa y de la normativa aplicable al caso, incurrió en un deliberado recorte de la realidad y aplicó -erróneamente, según su entender- el principio de interés superior de la menor, al darle preeminencia al interés superior del adulto -madre biológica- vulnerando, así, lo normado por los arts. 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (v. fs. 475 vta./476 vta., 483 vta./488 vta. y 490/492 vta.).
Al respecto, detalla que los magistrados anteriores en grado -a diferencia de lo sucedido en sede extraordinaria- analizaron no sólo la prueba producida en este expediente sino también la aportada en las causas conexas y, así, ponderaron que el ámbito familiar materno no constituía para M. una red protectora que la acompañe y supervise. Ello dado que, reiteradamente, se expuso a la niña -y anteriormente a su hermana B.- a situaciones de riesgo para su integridad psicofísica. Con esos antecedentes, se tomaron las correspondientes medidas de protección excepcional con ambas hijas de la señora L., las que han culminado en sendos pedidos de adoptabilidad (v. fs. 485 vta./486 y 490/491 vta.).
En tal sentido, cuestiona que este Tribunal sólo haya dictado como medida para mejor proveer la evaluación de la señora L., desoyendo -a su modo de ver- a la niña y haciéndola invisible como sujeto de derecho. De tal manera, concluye, se cercenó su derecho de defensa en juicio (v. fs. 489 vta./490).
III.2. Se agravia, también, de que esta Corte haya ponderado que no se brindaron los recursos necesarios para que la progenitora pueda ejercer un adecuado rol materno. Asevera que, contrariamente a lo expuesto, surgen de los presentes actuados, así como de las causas relacionadas, reiterados ofrecimientos de ingresos a hogares de ayuda, tratamientos psicológicos y evaluaciones de equipos especializados, que derivaron en la adopción de la medida cuestionada (v. fs. 488 vta./489 vta.).
IV. Ordenado el traslado establecido por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 495), el mismo fue contestado por M. A. L. -progenitora- (v. fs. 500/503 vta. y 504/509 vta.), quien peticionó el rechazo de los remedios federales y por la Titular de la Asesoría de Incapaces (v. fs. 510/525), quien acompañando y haciendo propios los argumentos y críticas vertidos por los recurrentes, solicita que los recursos sean concedidos.
Con relación a las piezas de fs. 500/503 vta. y 504/509 vta., se advierte que no se ha dado cumplimiento con el requisito vinculado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (los escritos presentan más de 26 reglones a fs. 500/503 y 504/509, respectivamente). En razón de ello, se las tiene por no presentadas, reputándose inoficiosas dichas actuaciones (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. cit.).
V. En lo que atañe al remedio federal incoado por los guardadores, corresponde señalar que la dilucidación de la existencia de una cuestión federal exige, como es sabido, el análisis de los derechos fundamentales en juego (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
En el sub lite no caben dudas de que se debate la interpretación y aplicación de normas supranacionales, esto es, los arts. 3, 12 y concordantes de la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22, de la Const. nac.).
También surge, con claridad meridiana, que los recurrentes -en coincidencia con el Asesor de Incapaces- controvierten la adecuada ponderación de los intereses involucrados, primordialmente, los de la niña M. L., por lo que debe tenerse por configurada prima facie la presencia del "caso federal", en tanto que las cuestiones planteadas tienen una relación directa e inmediata con la decisión adoptada en la causa y la misma sería -de acuerdo con las alegaciones de los impugnantes- contraria al derecho invocado (v. fs. 457 vta./472; art. 14, ley 48; art. 3.1, Convención de los Derechos del Niño; doctr. CSJN, Fallos: 328:4511; 333:604).
En virtud de lo expuesto, encontrándose cumplidas las condiciones de habilitación de la instancia extraordinaria y demás requisitos formales exigibles, corresponde admitir el medio de impugnación formulado.
VI. En lo que refiere a la vía federal de fs. 474/494 vta., corresponde liminarmente señalar que carece de interés el Servicio Local para cuestionar la valoración efectuada en la sentencia en crisis -con remisión al dictamen del Procurador General- respecto a la actividad desplegada por dicha entidad. Ello, en tanto se trató de una apreciación de este Tribunal que no derivó en consecuencia o sanción alguna para el organismo, por lo que no se configura un agravio autónomo y con entidad suficiente para habilitar el carril recursivo intentado (art. 3 inc. "c", Ac. 4/07 cit.).
Por otro lado, en cuanto a los cuestionamientos vinculados con la afectación e incorrecta aplicación del principio del interés superior del niño, resultan -éstos- planteos que se encuentran debidamente abordados, tanto por el recurso federal de los guardadores -que aquí se concede- como por la contestación del Asesor de Incapaces interviniente, órgano al que Código Civil y Comercial le encomienda actuar en el ámbito judicial -de manera complementaria o principal- en resguardo de los derechos e intereses de las personas en situación de vulnerabilidad (arts. 103 y 608 inc. d, CCCN). De allí que, tampoco en este aspecto, la vía deducida porta un agravio que lo torne admisible (arg. arg. 3 inc. "c", cit.).
Como consecuencia de lo antedicho, corresponde desestimar el recurso extraordinario federal deducido por el Servicio Local (arts. 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48), debiendo imponerse las costas por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, CPCCN; v. fs. 510/525).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentados los escritos de fs. 500/503 vta. y 504/509 vta., reputándose inoficiosas dichas actuaciones (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. 4/07, CSJN); 2) denegar el recurso federal de fs. 474/494 vta. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48; 3 inc. "c", Ac. cit.) y 3) conceder el recurso federal interpuesto a fs. 455/472 vta. (arts. 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese con expresa habilitación de días y horas inhábiles (art. 153, CPCCBA y CPCCN) y remítase con urgencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia