Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122562
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar abstracta la cuestión de competencia planteada y carente de virtualidad la elevación efectuada por el Juzgado de Familia n° 4 de La Plata.
Asimismo, en virtud de lo referido en los puntos III y IV, remítanse estas actuaciones al Juzgado de Familia n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, el que deberá dar cumplimiento con lo allí dispuesto ordenando asimismo la recaratulación de estos actuados.
La Plata, 16 de Octubre de 2019.
I. El Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de La Matanza comunicó el 14 de septiembre de 2017 al Juzgado de Familia n° 3 de esa localidad, la adopción de una medida de protección de derechos (abrigo) respecto de M. O., consistente en su alojamiento en la "Comunidad Terapéutica A.C.I.A.R. El Reparo" de Marcos Paz, por el alto grado de vulnerabilidad de la joven, quien posee un largo recorrido institucional en distintos hogares. Dadas las circunstancias relatadas al efecto, descriptivas del riesgo corrido por la menor, se dispuso su ingreso en la citada Comunidad con la modalidad de internación completa (v. fs. 1, 2/4, 5/6, 9/10 y 11).
Posteriormente, el 20 de octubre de 2017, se comunicó su traslado al "Parador Juvenil de Abordaje Transitorio", ubicado en la ciudad de La Plata, debido al abandono del tratamiento en el anterior (v. fs. 21, 22 y 35).
En ese estado, la jueza preventora, por un lado, admitió, como medida cautelar los requerimientos de la Asesora de Incapaces (v. fs. 19 y 27/28) y del Servicio Zonal de La Matanza (v. fs. 23/25) a fin de evaluar y proteger a la joven y, por el otro, se declaró incompetente para continuar actuando con fundamento en el art. 716 del Código Civil y Comercial, al considerar que dado el tiempo en que aquélla se encontraba residiendo en la ciudad de La Plata ha mudado su centro de vida, incumbiendo al magistrado de esa localidad el conocimiento de la causa. En consecuencia, remitió los autos a la ciudad de La Plata el 1 de diciembre de 2017 (v. fs. 35 vta./37).
El órgano de igual fuero n° 4 de esta ciudad que resultó sorteado (v. fs. 44 vta.), rehusó la atribución conferida, con sustento en que desde el 9 de enero de 2018 M. O. mora en la "Comunidad Terapéutica A.C.I.A.R. El Reparo", de Marcos Paz, fuera de la órbita de su juzgado. En virtud de lo expuesto, devolvió los autos a su par de La Matanza (v. fs. 56 y 58).
Recibidas las actuaciones en el órgano preventor, la magistrada constató a través de una comunicación telefónica con el Servicio Zonal que la menor se encuentra en situación de calle en La Plata, por lo que en la inteligencia de que ésta reside nuevamente allí, no aceptó la atribución de competencia y envió los obrados a su par de la citada localidad (v. fs. 64 y vta.) quien los elevó a esta Corte (v. fs. 66).
Recepcionadas (v. fs. 67 vta.) y ante la informada situación de calle de M. O. sin que se hubieran adoptado medidas concretas tendientes a la superación de ese grave estado de vulnerabilidad, previo a resolver la cuestión de competencia, este Tribunal devolvió a la causa a la instancia a fin de que se tomen decisiones que protejan los derecho de la joven (v. fs. 68 y 71).
Luego, la jueza de La Plata ordenó la búsqueda de la adolescente al Servicio Zonal de esta ciudad y de Roque Pérez, disponiendo que en caso de ser hallada provean a M. de la totalidad de las medidas de protección del sistema de la ley 13.298 (v. fs. 76, 77). Asimismo, la magistrada de La Matanza acompañó un informe en el que relató los antecedentes de la causa (v. fs. 80/81).
A continuación, el órgano administrativo de La Plata anotició que desde el 7 de junio de 2018 -por disposición del Servicio Zonal La Matanza- la menor se encuentra internada en la Comunidad Terapéutica "Casa del Sur Mujeres" de Villa Linch (v. fs. 82, 83).
Posteriormente, se acumuló a los presentes, el expediente caratulado "O. M. c/ S. P. I. s/ Materia a categorizar" que se inició ante el Juzgado de Familia n° 4 de La Plata, con motivo de la denuncia penal efectuada por la Licenciada en psicología, la señora Lucentini, quien integra el programa "Autonomía joven" y relató -en breve síntesis- que tres meses atrás se presentó M. en ese programa diciendo que vivía con una amiga de nombre L. V., por la zona de calle … y … de La Plata. Después no supo nada más de ella, hasta el 5 de junio de 2018, cuando se volvió presentar y la joven contó que desde dos meses atrás estaba en situación de calle, en el parque Saavedra con dos amigas, quienes le ofrecieron ir a la casa de su tía –P. I. S.- domiciliada en Romero. Describió que la señora S., poniéndole algo en la bebida la hacía estar con distintos hombres íntimamente a cambio de dinero cobrado por la primera, que no podía salir de la casa, pero ese día con la excusa de ir a retirar su documento, se escapó y se acercó al programa (v. fs. 84, 85/87, 88/89, 90, 92, 93).
Asimismo, "Casa del Sur, prevención y tratamiento en problemáticas psicosociales" informó que desde el 7 de junio de 2018, la causante se encuentra allí internada, con tratamiento de rehabilitación por consumo problemático de sustancias psicoactivas, habiendo ingresado a esa institución acompañada por una operadora del Parador Juvenil La Plata (v. fs. 95).
Luego del requerimiento de esta Corte, para que se informe el estado actualizado de la situación de M. (v. escrito electrónico de 13-VIII-2019 y fs. 101), la actuaria certificó que la joven permanece en "Casa de Mujeres" de Chacabuco, con sede en San Martín, que ha alcanzado la mayoría de edad y se está efectuando un seguimiento de la misma (v. fs. 102). Además, obra agregado otro informe del 20 de agosto de 2019 de la citada institución que corrobora lo expuesto (v. fs. 103).
Por último, la magistrada de La Plata comunicó que la coordinación del Servicio Zonal de La Matanza, le hizo saber que M. es mayor de edad pero, sin perjuicio de ello, se encuentran trabajando con la misma mediante el programa "Autonomía del Joven", con posibles alternativas en caso de un eventual alta de la paciente, en relación a referentes vinculares. Evaluando la jueza, que habiéndose cumplido en su integridad las medidas ordenadas por este Tribunal, elevó los obrados (v. fs. 104).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Conforme surge de las constancias obrantes a fs. 2, 3, 4, la joven M. O., cuya situación de vulneración de derechos motivara la adopción de la medida de abrigo aludida y consiguiente intervención jurisdiccional a los fines de su contralor, nació el día 11 de marzo de 2001, por lo que –efectivamente- en la actualidad ha alcanzado la mayoría de edad (v. fs. 102, 104). En consecuencia, carece de relevancia expedirse en torno al conflicto de competencia suscitado en esta causa de abrigo, el que se ha tornado abstracto (conf. doctr. causa C. 117.701, "A., D. A." resol. de 24-IV-2013; C. 118.132, "C., F.", resol. de 31-VII-2013).
III. Sin embargo, en el supuesto que se considera, la ponderación de las particularidades reseñadas permite afirmar que las desdichadas circunstancias que enmarcaron el lamentable peregrinar institucional de la niña, ligado a la falta de contención familiar, selló el devenir de su biografía en un contexto de extrema vulnerabilidad (v. fs. 5/6, 10, 11, 18, 22, 23/25, 27/28, 35, 56).
En efecto, frente a la penosa historia de la joven, agravada por el hecho que surge del informe del Servicio Zonal dando cuenta de que M. se hallaba en situación de calle en la ciudad de La Plata, resultó inadecuado el desprendimiento de la causa por parte de la jueza de La Matanza bajo el argumento de que la joven tenía su "centro de vida" fuera de su jurisdicción (v. fs. 64).
En este marco, sumado a la grave denuncia penal realizada por la Licenciada en psicología e integrante del programa "Autonomía del Joven" (v. fs. 88/89), que la causante ha alcanzado la mayoría de edad (v. fs. 2, 3 y 4) y que se encuentra ingresada en la referida institución bajo tratamiento de rehabilitación por consumo problemático de sustancias psicoactivas (v. fs. 95 y 103), corresponde readecuar las presentes actuaciones como un supuesto de internación por consumo de sustancias tóxicas, a fin de brindar la protección que ante estas circunstancias demanda M..
Al respecto, cabe señalar que esta Corte ha decidido, reiteradamente, que en consideración al nuevo orden normativo vigente, la asignación de la competencia jurisdiccional para intervenir en el conocimiento de estos supuestos, adquiere especial relevancia acudir a la télesis de los arts. 35 y 36 del Código Civil y Comercial, enmarcados dentro de los denominados principios comunes a las restricciones a la capacidad (Causas 120.691, "G., J. D.", resol. de 22-VI-2016; C. 120.781, "D., J. M.", resol. de 29-VI-2016; C. 120.874, "L., C. J.", resol. de 13-VII-2016; C. 122.158, "B., H. J.", resol. de 11-IV-2018).
Frente a la disyuntiva de declarar competente al juez del domicilio de la persona sujeta al proceso o, si está internada, al del lugar donde se lleva a cabo la medida (Lorenzetti, Ricardo Luis [director], Kraut, Alfredo Jorge [autor] y Palacios, Agustina [autor], "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Tomo I, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, págs. 173/175) y ante el dilema de escoger el magistrado mejor posicionado para abordar las causas que involucren a quienes deben transitar una internación por consumo de sustancias tóxicas, no debe perderse de vista que éstas muchas veces son breves, como así también que pueden atravesar varias en distintos establecimientos, motivo por el cual habría que cambiar de juez, asesor, etc. en cada una de ellas, lo que provocaría el desconocimiento de la problemática que aqueja al paciente.
En vista de lo expuesto, en casos como el presente no parece atinado asignar la competencia al Juzgado del lugar de internación, pues para el seguimiento del enfermo, será conveniente que lo sea el juez de su domicilio real, conjugando así la normativa citada con los incs. "d" y "e" del art. 41 del mismo cuerpo legal (conf. C. 121.696, "M., D. C.", resol. de 21-II-2018 y C. 122.158, "B., H. J.", resol. de 11-IV-2018).
Sin embargo, en el presente caso, tal regla general debe ser interpretada acorde a las particularidades que enmarcan el derrotero personal y jurisdiccional de M., direccionando la causa hacia el Juzgado de La Matanza que primero intervino y dispuso las medidas de protección de derechos de la por entonces menor frente a la carencia de contención familiar.
De allí que una razonable interpretación del orden normativo señalado anteriormente y las particularísimas circunstancias de este caso conduce a resolver que el órgano hábil para intervenir en este caso es el Juzgado de Familia n° 3 de La Matanza.
IV. Además, se exhorta a los órganos intervinientes en estos autos a que observen en su tramitación la debida diligencia y celeridad y procedan a la adopción de las medidas definitivas pertinentes de protección de los derechos de la causante en el plazo más breve posible, a fin de proveer al debido resguardo de los mismos, ponderando en especial los informes y escritos obrantes a fs. 21/22, 23/25, 27/28, 56, 64, 88/89, 95 y 103 (arts. 11 y 36.5, Const. prov.; 75 inc. 22, Const. nac.; ley 26.657).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar abstracta la cuestión de competencia planteada y carente de virtualidad la elevación efectuada por el Juzgado de Familia n° 4 de La Plata.
Asimismo, en virtud de lo referido en los puntos III y IV, remítanse estas actuaciones al Juzgado de Familia n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, el que deberá dar cumplimiento con lo allí dispuesto ordenando asimismo la recaratulación de estos actuados.
Regístrese, hágase saber y remítase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia