Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123805
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en las actuaciones arribadas, al Juzgado de Familia n° 1 del Departamento Judicial de Junín.
La Plata, 15 de Abril de 2020.
I. El Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y del Adolescente de Junín comunicó al Juzgado de Familia n° 1 departamental que, el 4 de noviembre de 2013 había adoptado una medida de protección de derechos (abrigo en ámbito no institucional) respecto de los niños A. y G. P. Q., consistente en su alojamiento en el domicilio de su abuela paterna, señora S. M. Á., situado en la mencionada ciudad. La misma tuvo lugar en razón de las situaciones de maltrato físico y psíquico por parte de sus progenitores, como así a la continua presencia y exposición de situaciones de violencia entre sus padres (v. fs. 11/13; 26/28).
Inmediatamente, la magistrada decretó la legalidad del abrigo por el término de 90 días. El 6 de diciembre de 2013 se comunicó la modificación del lugar de cumplimiento de la medida en el domicilio del señor M. Q. -tío de los niños-, ubicado en Junín y posteriormente el 29 de enero de 2014 se informó el traslado de A. y G. P. a la casa de su tía paterna C. Q., en la localidad de Moquehua, partido de Chivilcoy (v. fs. 33/36; 51/52; 53/54; 55/56 y 57/58).
Más adelante obra glosado el informe de los peritos psicólogo y psiquiatra del cuerpo técnico auxiliar del juzgado, correspondiente a los progenitores, del cual se desprende que la medida cesó en marzo del año 2014 y que desde entonces los pequeños se encuentran con su madre en una pensión (v. fs. 123/124).
Transcurridos varios años, el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño interviniente comunicó al órgano -el 7 de diciembre de 2017-, la adopción de una nueva medida de protección respecto de los dos niños, en el domicilio particular de la hermana de ambos, señora G. Q., en la localidad de Junín, decretándose la legalidad de la misma (v. fs. 148/157; 158/167; 172/175).
Luego, el 12 de julio de 2018, ya vencido el abrigo dispuesto anteriormente y teniendo en cuenta lo que surgía del informe del Servicio Local, se ordenó, a título de medida cautelar genérica y por el término de 45 días, que G. permaneciera junto a su hermana en la ciudad de Junín y que A. pasara a residir con su abuela paterna, en la localidad de Moquehua, partido de Chivilcoy (v. fs. 273/277; 279/280; 286).
Posteriormente, el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Junín, por considerar que no se habían modificado las circunstancias que habían dado lugar a la medida y no habiéndose encontrado estrategias de protección de derechos para reintegrarlos a su grupo familiar, solicitó se concediera la guarda de A. y G. P. Q., a la señora S. M. Á., quien se encuentra al cuidado de ambos. Tal extremo fue corroborado por el informe ambiental a cargo del Juzgado de Paz de Chivilcoy, del que surgía que A. se encuentra viviendo allí desde el mes de marzo de 2018 y G. P. desde julio del mismo año. Así y para darle un correcto seguimiento al caso el Servicio Local se comunicó con su par de Chivilcoy que informó que desde allí se tramitaría la guarda, que los niños concurren a la escuela y que reciben ayuda de Acción Social (v. fs. 299/300; 301/308; 342/343; 350).
En vista de ello, la magistrada resignó su intervención en estos autos. Argumentó que los niños actualmente residen en la ciudad de Moquehua, partido de Chivilcoy con su abuela y no existe ninguna duda de que su centro de vida se desarrolla en esa localidad, concurriendo a la escuela y realizando actividades recreativas. Asimismo, en base en los principios generales de tutela efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficialidad y oralidad, de conformidad con lo normado por el art. 716 del Código Civil y Comercial de la Nación, la competencia de la presente correspondía sea desplazada al juez de familia del domicilio de los nombrados. En consecuencia, remitió los presentes al Juzgado de Familia del Departamento Judicial de Mercedes que correspondiera (v. fs. 354/356).
El Juzgado n° 2 del mismo fuero de Mercedes que resultó desinsaculado (v. fs. 362 vta.) no aceptó la atribución conferida, con sustento en que ante el órgano que previno tramitó el abrigo de los niños, ejerciendo en consecuencia dicha magistrada el control de legalidad de la medida excepcional y es allí donde se debía canalizar el pedido de guarda judicial a los fines de regularizar el cuidado de los niños. En ese marco, consideró que resultaba de aplicación el art. 612 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entendió que la guarda judicial que deriva de la adopción de una medida de abrigo -vencida- debe ser decidida por el órgano que previno en la conflictiva- en el presente caso desde hace 6 años- y devolvió los obrados a su par de Junín (v. fs. 368 y vta.), quien los elevó a este Tribunal (v. fs. 369).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Como se desprende sin dificultad, el expediente nace con la comunicación de una medida de abrigo ante el juez que era competente en razón del domicilio del grupo familiar. Con el correr del tiempo, y al momento de plantearse las inhibitorias los niños se hallaban al cuidado de su abuela que reside en una ciudad diferente a la del órgano que venía entendiendo en la causa y que ante la solicitud de guarda del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño a favor de ésta, entiende que debe dejar de intervenir.
La cuestión se centra en dos ejes esenciales en los cuales se asentaría la competencia en este caso y que plantean en sus argumentos los magistrados en sus respectivas declaraciones: 1) el centro de vida de los niños que según el órgano de Junín se encontraría en Chivilcoy y 2) la solución que brinda el Código Civil y Comercial en los supuestos que a la medida de protección de derechos le sigue la solicitud de adoptabilidad.
En lo medular en el caso se solicita una guarda judicial -sin fines de adopción- en cabeza de la abuela que implicaría -en esencia- el cambio legal del centro de vida que hasta ahora se había radicado en Junín. Empero, para analizar la viabilidad de la medida el órgano que defina la situación deberá analizar las conveniencias e inconveniencias de la mismas y dar en un breve lapso -atento los derechos en juego- una respuesta definitiva. Y en este tránsito, el juez que conoce toda la historia de esos niños y su entorno familiar es el que viene interviniendo desde el año 2013, que es precisamente el Juzgado de Familia de Junín (conf. art. 716 del Cód. Civ. y Com.).
Incluso como pone de resalto en la resolución el magistrado de Mercedes se podría aplicar analógicamente lo dispuesto por el art. 612 del Código Civil y Comercial de la Nación. En esta línea argumental el art. 609, inc. "a" del citado ordenamiento legal prevé que la declaración de adoptabilidad debe tramitar ante el juez que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcionales de protección de derechos (conf. causas C. 120.237, "B., A." resol. de 21-X-2015; C. 120.503, "M., N. B.", resol. de 2-III-2016).
En tal orden pues, las líneas directrices plasmadas para la designación del juez competente en la materia definen la contienda planteada. En virtud de las mismas, las pautas reseñadas en el relato de antecedentes que precede confluyen en señalar al Juzgado de Familia n° 1 de Junín para continuar las actuaciones inconclusas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en las actuaciones arribadas, al Juzgado de Familia n° 1 del Departamento Judicial de Junín.
Regístrese, hágase saber y remítanse.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia